La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la imputación del ex alcalde de Getafe, Juan Soler (PP), por el caso de presuntas irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación de los contratos del proyecto por el que se pretendía convertir el antiguo teatro de la calle Madrid del municipio en un Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales.

“Era el auto que esperaba, estaba muy tranquilo porque sabía que no había nada que pudiera afectarme ni a mí ni a los concejales”, ha declarado a Efe el propio Soler, asegurando sentirse víctima de “una persecución injusta”.

Soler ha asegurado que “la imputación era ilegal” y ha recordado que pidió declarar al inicio de la causa, pero “el juez no quiso”, ha dicho, insistiendo en que “si creía que había algo mal, lo tendría que pasado al Tribunal Supremo, como era su obligación”.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la sala recuerda que Juan Soler, en su calidad de senador, era aforado en el momento de su imputación, incoada en abril de 2015, y considera que el Juez de Instrucción “carecía de competencia objetiva para sustanciar la investigación, y por consiguiente, también para acordar su prórroga en relación a la misma”.

Soler fue llamado a declarar el pasado 28 de noviembre, aunque se acogió a su derecho de no hacerlo en base al escrito de apelación interpuesto por su defensa en la Audiencia Provincial contra el auto de fecha 21 de noviembre por el que se le llamaba a declarar como investigado, considerando que existían circunstancias invalidantes en la parte de la instrucción que le afectaba.

El recurso ha sido admitido en la Audiencia, en cuyo auto señala que el juez instructor tendría que haber remitido “la correspondiente exposición razonada” sobre la imputación de Soler a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siguiendo los plazos que marca la ley, antes de decidir la complejidad de la causa y de prorrogar la instrucción por un plazo de 18 meses.

“Las actuaciones procesales eventualmente seguidas en relación al mismo [Soler] carecen de valor legal”, dicen los magistrados en el auto, en el que declaran de oficio las costas y “deja sin efecto” la imputación del que fuera alcalde de Getafe entre 2011 y 2015.

La Fiscalía insiste en que se cometieron varios delitos durante las licitaciones de Juan Soler al frente de la alcaldía de Getafe y rechaza excluir de esas acusaciones a Miguel Garzón, a quien Cristina Cifuentes fichó para la Comunidad de Madrid pero tuvo que despedir a los pocos días después de que el juez del caso Teatro le imputase. El Ministerio Público le acusa de un delito de prevaricación.

En un escrito dirigido al juzgado de Instrucción Número 4 de Getafe, la Fiscalía responde a la petición que efectuó Garzón para que su acusaciones en el caso Teatro fuese archivadas. También lo solicitó la exconcejal de Urbanismo, y ambos se llevan la misma respuesta. La Fiscalía se remite al informe que presentó a finales de julio en el que concretaba las acusaciones para los más de treinta implicados en este caso.

La investigación se abrió por las irregularidades en la licitación para construir un teatro en Getafe bajo el mandato de Juan Soler, y posteriormente se han ido descubriendo nuevos indicios de delito en otros contratos públicos. En el informe que concretaba las acusaciones, la Fiscalía solicitó al juez del caso que pidiese al Supremo la imputación de Soler, aforado porque aún conserva su acta de senador.

En ese documento, la Fiscalía reseña que Garzón envió un correo a Álvarez, entonces titular de Urbanismo, informando de que iban a convocar plazas en la empresa municipal de limpieza de Getafe (LYMA). En ese correo le preguntó “si tenía compromisos de los de, presumiblemente,  Francisco Felipe González Gervaso, presidente del Grupo de empresas González Gervaso”.

En ese grupo de empresas se encuentra Promogonsa, una sociedad que según la Fiscalía participó en el amaño de contratos del Ayuntamiento. En uno de ellos, los responsables de esa empresa indicaron al consistorio a quiénes debían invitar a presentar ofertas, garantizándose el control del proceso de adjudicación. El escrito acusa al dueño de esa sociedad, el empresario Felipe González Gervaso, de un delito de alteración de precios en concurso público y fraude entre particulares.

Según la Fiscalía, el mail que envió Garzón preguntando por los compromisos con este empresario podría referirse a “compromisos adquiridos por el ayuntamiento/concejalía en contraprestación a favores realizados por este u otros empresarios, como aportar empresas para un concurso aun a sabiendas de que no sería adjudicatario”. De esos favores estarían enterados “el personal de la corporación local”.

El escrito en manos del juez del caso Teatro señala que Garzón “era también conocedor de la tramitación irregular que se estaba llevando a cabo, para construir dos escuelas infantiles y rehabilitar el antiguo mercado municipal”. Por todo ello, le consideran responsable de un delito de prevaricación.

Tras su paso por el Ayuntamiento de Getafe, Garzón dio el salto a la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes le fichó como asesor el pasado 2 de enero. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó que se incorporaba como asesor técnico del gabinete de la ya expresidenta regional, pero la Comunidad no concretó qué funciones iba a realizar y sólo dijo que haría el trabajo que se le encomendase en cada momento.

Cuando Cifuentes le fichó, la Policía ya le había incluido en un informe sobre las irregularidades de los contratos del Ayuntamiento. Pocos días después de incorporarse a su puesto, el 20 de enero, el juez decidía llamarle como imputado. Cuatro días después Cifuentes se veía obligada a cesarle de su puesto en el gabinete de Presidencia.

En el caso de la exconcejal de Urbanismo, la Fiscalía señala en su informe que asistió a negociaciones previas con Juan Soler “mediante las que se adjudicó a  la empresa A-Cero la construcción de tales escuelas, por lo que se considera la posible comisión de un delito de prevaricación”.

El Ministerio Público considera que hay pruebas suficientes de que Álvarez estaba al tanto de las irregularidades en las licitaciones, como máxima responsable de Urbanismo y por su puesto en la empresa pública GISA, a través de la que se hicieron los contratos públicos. Varios testigos la sitúan en reuniones claves y le dan un papel fundamental en los hechos.

Es ella quien firma la propuesta para la contratación del proyecto de derribo del antiguo teatro y quien decide esquivar a la Intervención General, que había puesto pegas, encomendando a GISA la licitación: “Esa encomienda no era una vía más rápida para la gestión de los contratos, sino más laxa al evitar la intervención de los órganos de fiscalización del ayuntamiento, Interventora, mesa de contratación, etc”.

La Fiscalía también le otorga un papel fundamental en las irregularidades para la adjudicación del contrato, que fue a parar a una empresa sin arquitectos contratados, sin el seguro económico necesario y que no había presentado pruebas de su viabilidad financiera. El informe cree probado que conoció que esta empresa era la ganadora a pesar de sus deficiencias porque fue a la única a la que no envió una carta de agradecimiento por haber participado en la licitación.

Además, un asesor del Ayuntamiento imputado en el caso confesó que la exconcejal estuvo en una reunión en la que, antes de iniciar siquiera el concurso, comunican a una de las empresas que será la ganadora.

El nombre de Juan Soler aparece en cada auto del juez el caso Teatro bajo el epígrafe investigado, pero nunca ha estado imputado. La causa judicial sobre la corrupción en su ayuntamiento le ha tenido como protagonista durante los últimos años, pero su condición de aforado ha impedido que el juez le cite a declarar. Ahora, tras más de tres años de investigación, la Fiscalía cree que es el momento de que el Supremo le impute, lo que obligará a los dirigentes del PP a tomar una decisión sobre uno de sus miembros más polémicos, protegido durante los últimos años y erigido en las últimas primarias como uno de los principales apoyos de Pablo Casado.

Soler se afilió al PP con 18 años y consiguió el acta de diputado en la Asamblea de Madrid con 27, en 1987. Medró a la sombra de Esperanza Aguirre hasta conseguir su logro político más importante. En 2011, en las elecciones autonómicas y municipales en las que los conservadores arrasaron, Soler se hizo con la alcaldía de Getafe. Ganó las elecciones y pactó con UPyD para suceder a Pedro Castro, el socialista que llevaba 28 años como alcalde.

En tan solo una legislatura, Soler acumuló escándalos, protagonizó polémicas y las irregularidades en su gestión dieron origen a una investigación que ha afectado a la práctica totalidad de su equipo de gobierno. Aguirre se retiró y Soler perdió la alcaldía en 2015. Sin embargo, ya con Cristina Cifuentes al frente del PP de Madrid, se mantuvo como portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Getafe, siguió de diputado regional y de senador.

Cifuentes consiguió que no volviese a presidir el PP de Getafe, pero le ha tenido durante estos años sentado en su bancada de la Asamblea. El caso de corrupción que le tiene como protagonista le ha supuesto varios dolores de cabeza con cada nueva revelación. De hecho, la expresidenta madrileña se vio obligada a cesar a un asesor a los pocos días de contratarle. Había estado en el gabinete de Soler y fue imputado en el caso Teatro.

Con Cifuentes fuera del partido y de la política, será el próximo líder del PP de Madrid quien tenga que lidiar con las novedades judiciales en torno a Soler. Pero con el cambio en el partido a nivel nacional, el caso también va a afectar a Pablo Casado. Soler ha sido uno de sus principales apoyos durante las primarias, dentro del núcleo de antiguos aguirristas que se ha avalado a Casado.

“Tiene las ideas claras explicándolas sin ofender. Tiene algo ‘kennedyano’, tiene carisma”, escribió en una tribuna que luego usó para sembrar dudas sobre los votos obtenidos por Soraya Sáenz de Santamaría. “La reconstitución del PP pasa por Pablo. Pocos lo dudan”, dice Soler en otra columna. En septiembre, el Supremo decidirá si se cruza en esa reconstrucción con la imputación de Casado por el caso Máster, un tribunal en el que también puede acabar Soler por su gestión como alcalde de Getafe.

Un contrato a la medida de la empresa escogida

Los posibles delitos que cometió se han investigado durante más de tres años, desde que en 2015 el activista contra la corrupción Roberto Benítez presentó la denuncia que dio origen al caso. La Fiscalía ha resumido ahora la investigación en en un escrito de 82 páginas con fecha de 23 de julio que incluye una lista de 34 acusados encabezada por Soler.

Ese escrito recoge cómo Soler prescindió de los requisitos exigibles cuando se licitan obras públicas. Se centra en la construcción de un nuevo teatro en la localidad, cuyas irregularidades comienzan desde el primer trámite. En lugar de encargarse el Ayuntamiento, la licitación quedó en manos de la empresa pública Getafe Iniciativas S.A. (GISA). La Fiscalía concluye que se hizo para saltarse trámites y esquivar la fiscalización de la Intervención General, así como evitar tener que informar al resto de partidos.

Hubo varios concursos para la demolición del edificio antiguo y la construcción del nuevo. El primero se fraccionó para poder otorgarlos a dedo, sostiene la Fiscalía, porque al procedimiento negociado sin publicidad se invitó a tres empresas relacionadas entre sí. Uno de los principales implicados, Julián Vegas, redactó las tres ofertas para el concurso del proyecto de demolición, asegura la Fiscalía.

Ya en el concurso para la obra de demolición fue otra compañía, Promogonsa, la que indicó a los responsables del Ayuntamiento a qué empresas se debía invitar. De hecho, esa empresa presentó físicamente la oferta de otra con la que teóricamente competía. Para la Fiscalía es un caso claro de amaño de concurso en el que varias sociedades, ayudadas por un procedimiento cerrado, presentan falsas ofertas en una adjudicación ya decidida para dar apariencia de legalidad.

Algo similar ocurrido en la licitación para construir el edificio, en el que se invitó a tres empresas relacionadas entre sí. Una de ellas, Vegas Arquitectura, no tenía ningún licenciado en arquitectura entre sus integrantes. La segunda oferta la presentó una socia del dueño de Vegas Arquitectura. La tercera corrió a cargo de un arquitecto técnico cuyo nombre aparece en la primera, como titular del seguro económico que se exigía para participar en el concurso.

Soler propuso que la adjudicación se diese a Vegas Arquitectura, “la oferta más ventajosa”. A partir de ahí, GISA realizó diversos cambios en las condiciones del contrato “sin los cuales Vegas Arquitectura nunca podría haber sido adjudicataria”. Es más, la Fiscalía asegura que se ha demostrado que a esa empresa se le comunicó que sería la ganadora antes incluso de comenzar los trámites del concurso.

Un paraíso para los arquitectos

Todos los implicados, empezando por Soler, conocían las irregularidades con el contrato para construir el nuevo teatro, y lo mismo ocurre con el resto de adjudicaciones investigadas. Por ejemplo, la que se hizo para construir nuevas escuelas infantiles en Getafe, “contactando directamente y sin concurso previo con el estudio de arquitectura previamente seleccionado para la realización del proyecto dejando en su mano la estimación del gasto de su propio trabajo”.

De esta forma era el arquitecto quien diseñaba el concurso a su antojo. En esa ocasión fue el estudio A-Cero, cuyo propietario, Joaquín Torres, cenó en alguna ocasión con Soler para fijar el presupuesto de la licitación.

A-Cero también se hizo con la reforma del Mercado Municipal. Un miembro de esa empresa estuvo sacando fotos del edificio para comunicar luego al Ayuntamiento si al estudio le interesaba o no la reforma. Para la Fiscalía, se daba a este estudio “un poder de decisión sobre los trabajos que realizaba el consistorio fuera de lo normal, ya que era esta empresa quien tenía conocimiento anticipado de los concursos, eligiendo y descartando a su antojo e incluso poniendo el precio de alguno de ellos”.

Algo similar ocurrió con el contrato para rehabilitar la antigua fábrica de harinas. “Antes de la celebración de un concurso para la redacción del proyecto de reforma, se solicita desde urbanismo un presupuesto a una empresa”, en este caso a Javier Fúster Arquitectos. “Esta solicitud de presupuesto se realiza no para sondear el mercado en busca del mejor precio, sino para amoldar los pliegos técnicos con ese informe”, añade el informe.

La Fiscalía cree más que probado que Soler conocía todas estas irregularidades, como muestras emails intervenidos y declaraciones de los implicados. En algunas ocasiones es él mismo quien impulsa el amaño, eligiendo de antemano las empresas que quiere para sus proyectos. Por ello reclama al juez que eleve su caso al Supremo, tres años después de la denuncia, y con Soler resguardado en el paraguas de Pablo Casado.

La Fiscalía cree que el caso Teatro ha reunido ya suficientes indicios como para imputar al exalcalde de Getafe Juan Soler. El ahora senador y diputado autonómico tiene condición de aforado ante el Supremo, por lo que el Ministerio Público ha pedido al juez del caso que envíe una exposición razonada a ese tribunal.

Soler no ha sido imputado nunca en el procedimiento, aunque es el protagonista de este caso de corrupción que investiga el amaño de contratos cuando era alcalde de Getafe. En concreto, seis contratos relacionados con el Teatro de la Calle Madrid y otras obras de Getafe.

Varios empresarios imputados en la causa habrían ayudado al Ayuntamiento a manipular adjudicaciones presentando empresas pantalla, mientras otros se llevaban los contratos con información privilegiada. A algunos se les ofrecía antes de sacarlos a concurso.

Por ello, la Fiscalía, según ha adelantado El Confidencial, ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe un informe en el que reúne los indicios contra Soler y pide que, en su caso, se eleve la causa al Tribunal Supremo.

En el informe se relata cómo varios testigos incriminan a Soler en la modificación del contrato para construir el teatro de Getafe. Primero lo licitó para que tuviese capacidad para 150 personas, pero cambió las condiciones del contrato acordando con el estudio de arquitectura que consiguió el concurso. El recinto pasó a estar diseñado para albergar a 250 personas.

La Fiscalía reúne testimonios que apuntan a que todas las modificaciones irregulares se hicieron por encargo directo de Soler. Esas irregularidades se repitieron en otros concursos públicos, como la construcción de escuelas infantiles o la remodelación del Mercado Municipal. Soler era “no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos, sino que también era el impulsor”, sostiene el escrito.

El caso Teatro nació tras la denuncia del activista contra la corrupción Roberto Benítez, ahora al frente del partido Impulsa Getafe. Su denuncia permitió abrir la investigación que ahora cerca a Soler, diputado en la Asamblea de Madrid y uno de los apoyos de Pablo Casado durante la campaña de las primarias para dirigir el PP de Madrid.

En un artículo publicado a finales de junio, Soler dijo de Casado que tenía “algo ‘kennedyano’, tiene carisma”. “Muchos amigos socialistas me han confesado que tienen miedo a que gane, para ellos es el candidato más difícil de batir. Quieren decir en realidad que se comería a Pedro Sánchez. Pablo es la estela que anuncia el mejor futuro. Para el PP y para España”, añade en ese artículo.

Tras conocer la noticia, el PSOE de Getafe ha pedido la dimisión de Soler y de tres concejales también imputados que mantienen su acta en la localidad.

Juan Soler quiere acabar con la investigación por corrupción que le acorrala desde hace dos años. El que fuera alcalde de Getafe entre 2011 y 2015 pide al juez que reúne las pruebas de amaños en contratos públicos que deje la investigación en manos del Supremo. El objetivo del ahora senador y diputado de Cristina Cifuentes es presentar ese tribunal un conjunto de alegaciones para tumbar el caso Teatro, en el que ya están imputados los concejales y asesores que le acompañaron en sus años al frente del municipio madrileño.

Soler se enfrenta desde 2015 a una investigación por presuntas irregularidades en al menos seis contratos relacionados con el Teatro de la Calle Madrid y otras obras de Getafe. Varios empresarios imputados en la causa habrían ayudado al Ayuntamiento a manipular adjudicaciones presentando empresas pantalla, mientras otros se llevaban los contratos con información privilegiada. A algunos se les ofrecía antes de sacarlos a concurso.

La defensa del exalcalde, ejercida por el abogado Ignacio Peláez, pidió al Supremo que parase las investigaciones contra él y este tribunal le contestó que eso no era de su competencia. El es titular del Juzgado número 4 de Getafe, Javier Achaerandio, quien se está encargando del caso Teatro. A este le presentaron los mismos argumentos, que los rechazó por una razón muy sencilla: Soler no es aún parte en este proceso, así que no puede pedir nada.

Desde entonces, sus abogados se afanan en conseguir que el juez, al que consideran una pieza de la estrategia del PSOE contra Soler, envíe el caso al Supremo para poder personarse y tumbarlo en este tribunal. Sus intentos han caído por el momento en saco roto, pero no desisten y en el último mes han presentado dos escritos para tal propósito.

Desprestigio social y político

Soler defiende que el caso es un invento del PSOE, que ahora gobierna en Getafe, para desprestigiarle “social y políticamente”. Es uno de los pilares con los que trata de frenar la investigación. El otro es que el juez forma parte de esa estrategia, en la que también estaría implicado el denunciante, el activista contra la corrupción Roberto Benítez.

Según el escrito que presentaron el pasado 24 de febrero para pedir “la nulidad de las actuaciones que se han practicado hasta el momento”, el juez se ha reunido en repetidas ocasiones con Sara Hernández, alcaldesa socialista de Getafe. Lo han hecho, según consta en el documento, para elaborar un protocolo antidesahucios, porque Achaerandio es juez decano de Getafe. Además, el exalcalde del PSOE Pedro Castro le entregó el premio a la trayectoria en 2012, que concede un periódico local.

“Es evidente que (…) existen algunas sospechas o indicios de que el Juez Instructor no va a ser objetivo, independiente e imparcial y (…) tendría que haberse abstenido”, sostienen los abogados de Soler con estas pruebas. Aportan más indicios que, a su parecer, son suficientes para cerrar el caso.

Así, critican por ejemplo que la investigación se mantuviese durante 10 meses bajo secreto de sumario “con una argumentación muy pobre” que provocó indefensión entre los imputados. Acusan también al juez de haber llevado a cabo algunas actuaciones a sabiendas de que no era competente o de haber enviado a los detenidos a los calabozos de Getafe en lugar de a los de Madrid.

Soler y sus abogados también acusan al juez de haberle investigado a sabiendas de que es aforado, lo que en su opinión es una causa más para anular el caso. El juez, sin embargo, les ha contestado que la Justicia no funciona así. El Supremo impone que “sólo una vez se recaben indicios que pudieran incriminar a personas aforadas (...) se debe exposición razonada al órgano judicial de aforamiento”, escribe en un auto fechado a principios de marzo.

Es la misma situación que afecta al ya expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco esperó a tener suficientes indicios de su implicación a la trama Púnica para enviar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Recurso a la Audiencia Provincial

Los argumentos del juez no son suficientes para Soler, que sigue intentando que desista y envíe ya el caso al Supremo, aunque la investigación aún no haya concluido. Para ello ha presentado ya varios escritos, el último a mediados del mes pasado. Se trata de un recurso de apelación enviado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid para que tenga a bien imponer al juez que le investiga “que remita las actuaciones” a la Sala Segunda del Supremo.

En ese recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, Soler reúne todas las alusiones que se han hecho hacia su persona durante la investigación para justificar que está implicado en el caso, y por que eso este debe ser enviado al Supremo. Se basa, incluso, en pruebas en su contra que son “claros elementos incriminatorios”.

Por ejemplo, sus abogados incluyen los pantallazos en los que Soler escribía en mayúsculas a sus subordinados que borrasen todo el historial de sus ordenadores antes de abandonar el Ayuntamiento. “Borrad todos los mails” añadía poco después tras el consejo de una trabajadora del consistorio.

Junto a esas pruebas incluyen las resoluciones judiciales y las declaraciones de los imputados que han nombrado en algún momento a Soler. El diputado de Cifuentes se enfrenta también a la Fiscalía, que apuesta por continuar investigando antes de elevar la causa al Supremo.

Ahora será la Audiencia Provincial la que decidirá sobre el recurso. El denunciante del caso ya se ha presentado un escrito en contra argumentando que tanto el juez como la Fiscalía se han opuesto a las pretensiones de Soler de enviar ya el caso al Supremo y critican que este no haya aportado ningún argumento nuevo.

Varios imputados en el caso Teatro han solicitado al juez que imponga al denunciante, Roberto Benítez, una fianza si quiere continuar como acusación en el proceso. El juez ha aceptado y le reclama que pague 1.000 euros antes del 11 de marzo o será expulsado de la causa que investiga el amaño de contratos en Getafe durante la etapa de Juan Soler.

La decisión del juez es una respuesta a un recurso formulado por la exconcejal de Urbanismo Paz Álvarez Sánchez-Arjona, quien pidió que se aclarase si Benítez actuaba como acusación particular o popular y, en este último caso, le reclamase una fianza para continuar su labor de acusación.

Benítez, que no está perjudicado directamente por las supuestas irregularidades del caso, solo puede ser acusación popular, así que ve detrás de esta maniobra un intento de echarle del caso. Al recurso de la exresponsable de Urbanismo de Getafe se han unido otro acusados.

Par afrontar esa fianza, Benítez ha iniciado una campaña de crowdfunding. Asegura que la gente se está volcando y donando dinero, que será devuelto a quien lo preste si el juez devuelve la fianza al final del proceso. Ha recaudado hasta ahora un 60% del total.

Fue una denuncia de este activista la que originó el caso que acecha al senador y diputado regional Juan Soler. Durante su etapa como alcalde de Getafe se produjeron una serie de irregularidades que ahora investiga un juzgado de la localidad. Están imputados exconcejales, antiguos asesores del Ayuntamiento y empresarios de la localidad, acusados de amañar contratos.

La figura del empresario Felipe González Gervaso va ganando peso en la instrucción del caso Teatro. El juez que investiga las irregularidades en Getafe durante la alcaldía de Juan Soler le ha vuelto a llamar a declarar. El motivo es que otro empresario le ha acusado de manipular su oferta a un concurso público de la localidad: subió su importe, falsificó su firma y se aseguró así de que no iba a ganar la adjudicación.

El juez Javier Achaerandio, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, ha tomado esta decisión después de escuchar a otro empresario imputado. Según fuentes judiciales, José Carlos Jiménez Fernández, al frente de la empresa GEAR Obras y Construcciones, contó en su declaración que había delegado la presentación física de la oferta a otro empresario que también optaba a hacerse con el contrato para el derribo del antiguo teatro. Ese empresario era Felipe González.

Según el testimonio del dueño de GEAR, le entregó un sobre cerrado con su oferta, en la que se comprometía a derribar el edificio con un coste de 120.000 euros. Cuando el juez le preguntó por qué había dejado que otro empresario, con el que competía, presentase su documentación, contestó que era un favor al tratarse de una empresa amiga.

Esa oferta llegó al Ayuntamiento, pero con un precio muy superior al de licitación: 194.000 euros. Por el camino, según este empresario, González cambió los datos de su oferta falsificando su firma. Puso un presupuesto 70.000 euros mayor y se aseguró así que no resultaría adjudicataria. Ante el juez, el dueño de GEAR aseguró que el papel de la oferta no llevaba su membrete y que faltaban datos.

El juez da credibilidad a esta versión. El 17 de febrero tomó declaración a uno de los trabajadores de González, Francisco Mendiola, que habría participado en el amaño comunicándose con los cargos públicos del Ayuntamiento. Salió del Juzgado con una acusación por falsedad documental. que amenaza también a su jefe.

Al final el concurso para el derribo se lo llevó Dragados porque el resto de empresas se presentó fuera de plazo. La Policía cree que la labor de Felipe González era aportar empresas pantalla a este tipo de concursos para darles apariencia de legalidad, cuando en realidad estaban amañados. Los agentes basan sus acusaciones en que un trabajador del empresario envió a un asesor de Urbanismo del Ayuntamiento las empresas a las que debía invitar al concurso.

El Ayuntamiento que dirigía Juan Soler, ahora senador y diputado autonómico del PP, habría agradecido después las gestiones del empresario. Según un informe policial incorporado a la causa, un asesor del alcalde preguntó a la concejal de Urbanismo en un email si tenía algún compromiso con González, porque podía enchufar a alguien en una empresa pública de la localidad.

Ese asesor era Miguel Garzón Andrés, hasta hace unas semanas asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Le fichó a principios de enero y tuvo que cesarle poco después, cuando el juez le imputó por su implicación en los amaños.

Durante su primera declaración, González admitió que en ocasiones había pedido favores al Ayuntamiento, pero los desligó de los amaños. Aseguró que era una práctica común: los políticos le pedían favores, y él pedía favores a los políticos. Ahora el juez le interrogará sobre estas nuevas revelaciones el 16 de marzo, cuando está citado a declarar de nuevo.

González es un empresario de la construcción con numerosos negocios en Getafe. Entre sus fuentes de ingresos se encuentra el alquiler de uno de sus edificios a la Comunidad de Madrid. Sirve como sede a los juzgados de lo penal número 4 y 5 de Getafe por 117.711 euros al año desde 2011, cuando se firmó el contrato con Francisco Granado al frente de la Consejería de Justicia.

Según el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, González y Granados mantenían una relación fluida. Unos meses antes de la detención de Granados en este caso, en octubre de 2014, Velasco argumentó la necesidad de pinchar sus teléfonos por la intensa actividad del exsenador y sus constantes reuniones con empresarios de todo tipo. En concreto, con González, de quien el juez alerta de que se trata de un empresario “vinculado a la promoción inmobiliaria”.

El caso Teatro nació tras la denuncia del activista Roberto Benítez. Ya están imputados varios concejales de la etapa de Soler, alguno actualmente en el cargo, además de asesores y empresarios. Todos están implicados, según la investigación, en el amaño de contratos para la construcción de un teatro municipal y para la remodelación del mercado de la localidad, entre otras obras.

La Comunidad de Madrid tiene alquilado a un imputado en el caso Teatro, Felipe González Gervaso, un edificio que sirve como sede a los juzgados de lo penal número 4 y 5 de Getafe. El 30 de mayo de 2011 este empresario firmó, en nombre de su empresa Promogonsa, un contrato de alquiler de uno de sus edificios para que la Comunidad de Madrid estableciera unos juzgados en esa localidad madrileña. El contrato de alquiler es por 9.809,25 euros mensuales (sin IVA) con una periodicidad de cinco años, 117.711 euros anuales. El pasado 30 de mayo de 2016, el contrato de arrendamiento fue prorrogado hasta 2021.

La empresa con la que ha contratado la Comunidad de Madrid es Promociones Inmobiliarias González Gersvaso SA, también conocida como Promogonsa. Estas es una de las compañías que el empresario utilizaba, según la Policía Nacional, para presentar como pantalla a los concursos y que pareciese que estos eran legales.

En el momento de la firma del contrato de alquiler el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid era Francisco Granados, con el que el empresario de Getafe mantenía una estrecha relación. Unos meses antes de la detención de Granados por el caso Púnica, en octubre de 2014,  el juez Eloy Velasco argumentó la necesidad de pinchar sus teléfonos. Entre las razones que daba, la intensa actividad del exsenador y sus constantes reuniones con empresarios de todo tipo. En concreto, con Felipe González Gervaso, de quien el juez alerta de que se trata de un empresario “vinculado a la promoción inmobiliaria”.

La Consejería de Justicia admite que el contrato de alquiler que se firmó en 2011, que ha sido prorrogado, “no incluye cláusula de rescisión” por lo que en caso de que la Administración decida romper el acuerdo tendría que pagar la totalidad del alquiler hasta 2021, es decir, 519.890 euros. Fuentes de la Consejería admitieron que no es habitual cerrar un acuerdo sin cláusula de rescisión.

El Reglamento de contratación pública de la Comunidad de Madrid establece la prohibición de contratar a personas físicas o jurídicas condenadas por delitos de corrupción pero, incluso si el empresario de Getafe fuese condenado en un futuro, hay dudas legales que se pueda aplicar retroactivamente el reglamento para anular el contrato de alquiler.     

Concertación de empresas

La Policía Nacional cree que el empresario Felipe González Gervaso es una de las piezas centrales en los amaños de Getafe. Según los informes que obran en manos del juez, González colaboraba para que los concursos públicos pareciesen legales, a cambio de obtener favores por parte de consistorio. En un informe fechado el pasado 16 de noviembre, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid se detiene en la adjudicación por parte de la empresa pública GISA de la demolición del antiguo teatro Madrid, un proceso en torno al que gira esta investigación sobre corrupción.

El informe asegura que uno de los concursos de Getafe, al que se invitó a varias empresas para un procedimiento negociado sin publicidad, fue “irregular”. Los agentes señalan que ha quedado probado que existía una concertación con la empresas en este proceso. Es así porque no fue el Ayuntamiento quien eligió a las tres que se presentaban al concurso, sino que fue una orden del González, que hizo llegar al asesor de Urbanismo, Rudy Lamas, las empresas seleccionadas y las personas de contacto. Un email encontrado en la papelera del ordenador de ese asesor así lo acredita. De esta manera, González aportaba empresas pantalla a un concurso para dotarlo de una apariencia de legalidad, aunque este estuviese amañado desde el inicio. Todas las empresas estaban vinculadas entre sí, y dos de ellas compartieron oferta “sabedoras de que no resultarían adjudicatarias”. A cambio, el Ayuntamiento le devolvía el favor ofreciéndole la posibilidad de enchufar a quien quisiese en otra empresa pública de la localidad.

Así lo creen los agentes, a partir de un email entre un asesor del Ayuntamiento y la exconcejal de Urbanismo, Paz Álvarez. En él, el asesor informa de que se van a convocar plazas en la empresa municipal de limpieza, y pregunta a la concejal “si tiene compromisos de los de Felipe González o similar. Urge saberlo para incorporar”. “Se deduce que esos compromisos pudieran ser prebendas del ayuntamiento a cambio de favores realizados por los empresarios”, señala la Guardia Civil.

Gonzalez declaró como investigado el pasado 27 de enero. Según fuentes presentes en esa declaración, el empresario reconoció que había pedido al Ayuntamiento que diese trabajo a algunas personas, pero dijo que se trataba de una práctica habitual y nada ilegal. Es más, añadió que en ocasiones eran los propios políticos quienes le pedían ese tipo de favores a él.

Juzgados “insuficientes” 

El alquiler del inmueble para los juzgados de Getafe es uno de los 41 contratos que tiene la Comunidad de Madrid para ubicar las sedes judiciales. El presupuesto madrileño gasta 2.439.769,63 euros al mes en el pago de la renta de unos edificios “de segunda categoría” donde se dan “deficiencias notables de seguridad y de salubridad”, según destaca la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Ya en 2013, el magistrado decano del partido judicial de Getafe hacía un llamamiento sobre las instalaciones judiciales a la que apunta como “insuficientes, sin posibilidades de constituir más unidades y servicios” y establece como “urgente” la ampliación para albergar juzgados y servicios necesarios como “el Servicio Orientación y Asistencia Jurídica Gratuita y de Asistencia a las Victimas, el Servicio Común de Información al Ciudadano, de Recepción de Piezas de Convicción y el Servicio de Registro de escritos civiles y penales”, entre otros.

A partir de 2014, el magistrado opta por dejar de especificar sus quejas y apunta a la “absoluta dejación por parte de la Comunidad de Madrid en cuanto a la realización de la más mínima inversión para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Roberto Benítez, presidente de la Asociación de vecinos del barrio de El Bercial de Getafe y director de el medio local elbercial.com sigue con su cruzada personal para aportar información que sirva para denunciar los casos de corrupción de su pueblo.

En mayo de 2015, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe admitió a trámite la querella que ha dado lugar al caso Teatro, la concesión ilegal de las obras que convertirían el conocido como Teatro Madrid de la localidad madrileña en un moderno centro de artes escénicas, con la imputación de cuatro concejales y de otros 14 cargos técnicos y empresarios. La demanda ha abierto la investigación policial de más adjudicaciones y ha puesto contra la pared al exalcalde de Getafe, Juan Soler, que hoy es diputado de la Asamblea de Madrid y senador.  

Ahora, Benítez ha presentado la documentación en los juzgados del supuesto amaño en la remodelación del espacio cultural la Fábrica de Harinas. Además, se queja de la escasa colaboración del PSOE, ahora en la alcaldía, que no ha iniciado una comisión de investigación del caso Teatro. Aunque ha sufrido una campaña de difamación, Benítez insiste que seguirá con sus denuncias. 

¿Qué documentación va a aportar en el juicio sobre la remodelación del espacio cultural la Fábrica de Harinas de Getafe?  

En este caso, como en otros, hemos aportado que la empresa adjudicataria, Javier Fuster Arquitectos, empieza a trabajar antes de que se licite la adjudicación. Esta empresa compite con los proyectos de Hector Miguel León López y de Alberto García Sanz, cuando las tres empresas tienen tienen vínculos muy fuertes y trabajan conjuntamente desde 2008, lo que convierte en irregular el concurso. Fue un amaño con empresas concertadas. La licitación se concede en 2012 por 67.000 euros, cifra que coincide con los honorarios que Javier Fuster Arquitectos, previamente a la puesta en marcha del concurso, había remitido por correo a los responsables municipales. Es otra concesión irregular del periodo de Juan Soler en el Ayuntamiento.

¿Cuál era la implicación de Juan Soler en la adjudicación de las obras?

La policía ha aportado a la causa unos mensajes telefónicos en los que Juan Soler da la orden de borrar todos los correos electrónicos y los discos duros de algunos ordenadores del Ayuntamiento justo cuando pierde la alcaldía en las elecciones en 2015. Luego pondrá la excusa de que se trata de información política y por eso pide el borrado.

Hay una persona que no los borra, el asesor de Urbanismo Rudy Lamas, que asegura en su declaración que solo es un vaso comunicador, no tiene capacidad de decisión, y que todas las ordenes le vienen por Juan Soler y por Paz Álvarez, concejal de Urbanismo. Lamas tiene mensajes en los que Soler le da el visto bueno para conceder a la empresa del arquitecto Juan Torres las obras de dos colegios y el mercado de abastos de Getafe. 

Por otro lado, cuando la interventora del Ayuntamiento comienza a poner reparos en el proyecto de construcción del edificio de artes escénicas, Soler firma la encomienda para que la obra pase a la empresa pública Getafe Iniciativas SA (GISA), ya sin los controles del interventor del Ayuntamiento y para acelerar el proyecto, entre otras cosas.

¿Se ha destruido mucha documentación de las licitaciones de obras?

Sí, hay mucha documentación que se ha destruido, las plicas de las adjudicaciones desaparecieron con la excusa de que no eran las adjudicatarias y las normas internas de GISA permiten eliminar la documentación si las empresas no las reclaman. La suerte es que cuando la policía detiene al directivo de Vegas Arquitectura en su ordenador encuentran su presupuesto y las plicas de las otras empresas que se presentaron a la licitación.

Juan Soler ha negado siempre que se tratará de casos de corrupción.

Juan Soler siempre ha dicho que se trata de un errores administrativos, pero la adjudicación de la obra para la construcción del nuevo centro de artes escénicas -que inicia el caso Teatro- fue de más de 2,4 millones, previamente hubo un proyecto básico, de ejecución y otro de derrumbe, con lo que nos ponemos en casi 3 millones de euros. Además, a Dragados se le tiene que compensar con 460.000 euros por la paralización de la obra del edificio, más los intereses de demora de las certificaciones que se han ido haciendo y que no se ha pagado, porque no había dinero en las arcas públicas. Lo único que puede acabar con esta sangría es que el juez declare nulo el contrato. 

Hasta el momento hay seis contratos del Ayuntamiento que se están investigando. ¿Cree que puede haber más?

Sí. Hay, al menos dos contratos más. Tengo la documentación, que estoy preparando junto a mi abogado, pero tenemos que actuar con cautela porque son otro tipo de contratos, por lo que no sabemos si se puede interpretar como una causa separada.

Soler ha contratado al abogado Ignacio Peláez, que consiguió acabar con la carrera del juez Baltasar Garzón.

Juan Soler está tratando de presionar al juez para que deje de instruir la causa que le toca a él más directamente. Lo que busca es que su investigación vaya al Tribunal Supremo, así se lo ha hecho saber ya al juez por dos veces.

¿Por qué ha habido un cambio de posición del arquitecto municipal de Getafe?

Armando García es el arquitecto municipal que trabaja en los proyectos cuando en la operación policial se detiene a una de las técnicas, Gema Garrido. Le manda un mensaje en el que dice que está dolido y que esto no hubiera pasado si se hubiera denunciado antes. Posteriormente, presenta una denuncia de 18 páginas contra el que fuera concejal de Obras, Antonio José Mesa, en el que explica cómo se adjudica ilegalmente la construcción del teatro a Dragados, que se puntúa mucho más los juicios de valor que el precio de licitación, de hecho, Dragados es la empresa que presenta el presupuesto más caro.

Además, denuncia que se admitieron otros elementos de valoración en la adjudicación que no tienen nada que ver con la obra en sí, entre otras irregularidades. En definitiva, denuncia que en esta adjudicación se le ha hecho un guante a la mano de Dragados y que el proyecto de construcción está plagado de irregularidades.

¿Por qué no actuó antes?

El arquitecto municipal asegura que sufre acoso en el trabajo, de hecho lo trasladan del Negociado de Proyectos a la Delegación de Deportes cuando pone objeciones al contrato para la construcción del centro de artes escénicas. Curiosamente lo traslada el que es ahora secretario general del PP de Getafe, Ruben Maireles. Maireles no está imputado pero sí aparece en las direcciones de los correos electrónicos, en poder de la policía, en los que se habla de las adjudicaciones ilegales.

¿Y el resto de los funcionarios?

La mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento son personal interino, su puesto de trabajo pende de un hilo del político de turno.

¿Por qué cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, mantiene su apoyo a Juan Soler?

Juan Soler es diputado de la Asamblea de Madrid, senador por la gracia de Cifuentes, ya que ocupa este puesto por designación autonómica, y sigue conservando su puesto como concejal portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe. Me llamó la atención que Cristina Cifuentes viniese a presentar la gestora del PP a Getafe cuando el caso ya estaba en marcha, da idea de la fuerza y el peso que tiene en el partido.

¿Cómo interpreta la contratación de Miguel Garzón como asesor de Cifuentes?

Me parece muy extraño. Miguel Garzón fue el gerente de GISA mientras era jefe de gabinete de Juan Soler, alternaba las dos ocupaciones. Hay un correo en el que queda patente que Garzón utilizaba a las empresas publicas como agencias de colocación para colocar a personal de limpieza por compromisos con empresarios.

¿Ha dado algún paso el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Getafe además de anunciar que se persona en el caso? 

Me he sentido solo, los concejales del PSOE me decían que la querella no iría adelante. Ahora el Ayuntamiento se quiere personar en la causa a través de la empresa GISA. Podrían haber actuado con más celeridad. Hay incluso una providencia del juzgado en el que pide al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, una documentación, y si no se la manda, que le dé explicaciones de por qué no la envía. Ni siquiera han puesto en marcha una comisión de investigación por el caso Teatro, algo realmente extraño porque la querella se admite en mayo de 2015 y Sara Hernández es alcaldesa desde junio.

¿Le ha puesto trabas la alcaldesa del PSOE, Sara Hernández, para que no siga investigando?

Un político me llegó a decir que era mejor no mirar al pasado. Pero hay más, soy presidente de la Asociación de Vecinos hace 10 años, he ido a decenas de reuniones en el Ayuntamiento, he formado parte de los consejos de los barrios, cuando se nos traslada información del Ayuntamiento se dirigen a mí por carta pero cuando mando un escrito pidiendo información de un expediente de contratación pública por el proyecto de derribo del teatro, ya con el Gobierno socialista, el gerente de GISA me contestó por carta diciendo que le mande una carta con membrete y sello de la asociación de vecinos y que justifique que soy presidente de la asociación de vecinos, pese a que tienen un registro de asociaciones que se renueva cada año. Todo bastante sorprendente.

Así están las cosas. Tanto el PSOE como el PP me vetaron para que acudiera a declarar en la comisión de investigación de Púnica, a petición de Ahora Getafe, con la excusa de que era un vecino y no tenia nada que aportar.

¿Ha recibido algún tipo de amenaza o presión?

Han aparecido publicaciones con mi nombre en las que se me difama y se me calumnia. Las han buzoneado por todo Getafe, una revista de 16 páginas a todo color, se han gastado mucho dinero. Le han hecho daño a mi familia. A mi mujer le dio un ictus cuando salió este panfleto por la presión que estaba sufriendo, ahora sigue de baja, pero no me voy a amilanar. En este caso los vecinos hemos quedado a años luz de los partidos políticos, porque los que tenían que actuar, los políticos, no lo han hecho.