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La Comunidad de Madrid alquila un edificio como sede judicial a un imputado del Caso Teatro

La Consejería de Justicia admite que el contrato es de 2011 y ha sido prorrogado.  "No incluye cláusula de rescisión" por lo que, en caso de romper el acuerdo, tendrían que abonar toda la renta hasta 2021  

El empresario Felipe González Gervaso, investigado en el caso Teatro, aparece en un informe judicial por sus relaciones con Francisco Granados, encarcelado por el caso Púnica    

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Juzgados de Getafe en el edificio del constructor Felipe González Gervaso.

Juzgados de Getafe en el edificio del constructor Felipe González Gervaso.

La Comunidad de Madrid tiene alquilado a un imputado en el caso Teatro, Felipe González Gervaso, un edificio que sirve como sede a los juzgados de lo penal número 4 y 5 de Getafe. El 30 de mayo de 2011 este empresario firmó, en nombre de su empresa Promogonsa, un contrato de alquiler de uno de sus edificios para que la Comunidad de Madrid estableciera unos juzgados en esa localidad madrileña. El contrato de alquiler es por 9.809,25 euros mensuales (sin IVA) con una periodicidad de cinco años, 117.711 euros anuales. El pasado 30 de mayo de 2016, el contrato de arrendamiento fue prorrogado hasta 2021.

La empresa con la que ha contratado la Comunidad de Madrid es Promociones Inmobiliarias González Gersvaso SA, también conocida como Promogonsa. Estas es una de las compañías que el empresario utilizaba, según la Policía Nacional, para presentar como pantalla a los concursos y que pareciese que estos eran legales.

En el momento de la firma del contrato de alquiler el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid era Francisco Granados, con el que el empresario de Getafe mantenía una estrecha relación. Unos meses antes de la detención de Granados por el caso Púnica, en octubre de 2014,  el juez Eloy Velasco argumentó la necesidad de pinchar sus teléfonos. Entre las razones que daba, la intensa actividad del exsenador y sus constantes reuniones con empresarios de todo tipo. En concreto, con Felipe González Gervaso, de quien el juez alerta de que se trata de un empresario “vinculado a la promoción inmobiliaria”.

La Consejería de Justicia admite que el contrato de alquiler que se firmó en 2011, que ha sido prorrogado, "no incluye cláusula de rescisión" por lo que en caso de que la Administración decida romper el acuerdo tendría que pagar la totalidad del alquiler hasta 2021, es decir, 519.890 euros. Fuentes de la Consejería admitieron que no es habitual cerrar un acuerdo sin cláusula de rescisión.

El Reglamento de contratación pública de la Comunidad de Madrid establece la prohibición de contratar a personas físicas o jurídicas condenadas por delitos de corrupción pero, incluso si el empresario de Getafe fuese condenado en un futuro, hay dudas legales que se pueda aplicar retroactivamente el reglamento para anular el contrato de alquiler.     

Concertación de empresas

La Policía Nacional cree que el empresario Felipe González Gervaso es una de las piezas centrales en los amaños de Getafe. Según los informes que obran en manos del juez, González colaboraba para que los concursos públicos pareciesen legales, a cambio de obtener favores por parte de consistorio. En un informe fechado el pasado 16 de noviembre, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid se detiene en la adjudicación por parte de la empresa pública GISA de la demolición del antiguo teatro Madrid, un proceso en torno al que gira esta investigación sobre corrupción.

El informe asegura que uno de los concursos de Getafe, al que se invitó a varias empresas para un procedimiento negociado sin publicidad, fue “irregular”. Los agentes señalan que ha quedado probado que existía una concertación con la empresas en este proceso. Es así porque no fue el Ayuntamiento quien eligió a las tres que se presentaban al concurso, sino que fue una orden del González, que hizo llegar al asesor de Urbanismo, Rudy Lamas, las empresas seleccionadas y las personas de contacto. Un email encontrado en la papelera del ordenador de ese asesor así lo acredita. De esta manera, González aportaba empresas pantalla a un concurso para dotarlo de una apariencia de legalidad, aunque este estuviese amañado desde el inicio. Todas las empresas estaban vinculadas entre sí, y dos de ellas compartieron oferta “sabedoras de que no resultarían adjudicatarias”. A cambio, el Ayuntamiento le devolvía el favor ofreciéndole la posibilidad de enchufar a quien quisiese en otra empresa pública de la localidad.

Así lo creen los agentes, a partir de un email entre un asesor del Ayuntamiento y la exconcejal de Urbanismo, Paz Álvarez. En él, el asesor informa de que se van a convocar plazas en la empresa municipal de limpieza, y pregunta a la concejal “si tiene compromisos de los de Felipe González o similar. Urge saberlo para incorporar”. “Se deduce que esos compromisos pudieran ser prebendas del ayuntamiento a cambio de favores realizados por los empresarios”, señala la Guardia Civil.

Gonzalez declaró como investigado el pasado 27 de enero. Según fuentes presentes en esa declaración, el empresario reconoció que había pedido al Ayuntamiento que diese trabajo a algunas personas, pero dijo que se trataba de una práctica habitual y nada ilegal. Es más, añadió que en ocasiones eran los propios políticos quienes le pedían ese tipo de favores a él.

Juzgados "insuficientes" 

El alquiler del inmueble para los juzgados de Getafe es uno de los 41 contratos que tiene la Comunidad de Madrid para ubicar las sedes judiciales.  El presupuesto madrileño gasta 2.439.769,63 euros al mes en el pago de la renta de unos edificios "de segunda categoría" donde se dan "deficiencias notables de seguridad y de salubridad", según destaca la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Ya en 2013, el magistrado decano del partido judicial de Getafe hacía un llamamiento sobre las instalaciones judiciales a la que apunta como "insuficientes, sin posibilidades de constituir más unidades y servicios" y establece como "urgente" la ampliación para albergar juzgados y servicios necesarios como "el Servicio Orientación y Asistencia Jurídica Gratuita y de Asistencia a las Victimas, el Servicio Común de Información al Ciudadano, de Recepción de Piezas de Convicción y el Servicio de Registro de escritos civiles y penales", entre otros.

A partir de 2014, el magistrado opta por dejar de especificar sus quejas y apunta a la "absoluta dejación por parte de la Comunidad de Madrid en cuanto a la realización de la más mínima inversión para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia".

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