El tramo de la red de alta velocidad en el que se produjo la tragedia ferroviaria del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), el tercer accidente más grave en España desde la década de los setenta, cuyas causas se están investigando, fue renovado el año pasado con una inversión total que ascendió a 48,58 millones, tras una modificación del contrato original adjudicado en 2022 que fue autorizada hace menos de un año, en marzo de 2025.

Los trabajos se realizaron en el marco de los trabajos de ejecución de las obras correspondientes al proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo comprendido entre Guadalmez (en la provincia Ciudad Real, en las primeras estribaciones de Sierra Morena) y Córdoba, de 80,7 kilómetros de longitud. Las obras fueron adjudicadas en marzo de 2022. Entonces la ministra de Transportes era Raquel Sánchez, la antecesora del actual titular de esa cartera, Óscar Puente. 

La adjudicataria del contrato fue una unión temporal de Empresas (UTE) integrada por cuatro firmas, entre las que están tres de las mayores constructoras españolas: Ferrovial Construcción, OHL (a través de su filial Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania), Contratas y Ventas (de FCC) y Azvi. 

Esta última ha sido señalada en los últimos años por el comisionista Víctor de Aldama por supuestos amaños en la adjudicación de obras y por una supuesta vinculación con el denominado caso ‘Koldo’, el escándalo de corrupción del ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional desde noviembre. Sin embargo, Azvi no aparece entre las constructoras que citaba la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el informe que el verano pasado propició la caída del anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Esa unión de empresas, bautizada como UTE Guadalmez Córdoba, presentó la segunda oferta más barata en el procedimiento, que se licitó por el procedimiento abierto y en el que la valoración económica tenía un peso del 51% en la puntuación final, mientras que los aspectos técnico-cualitativos suponían el restante 49%. La UTE de Ferrovial, OHL, FCC y Azvi se impuso a las propuestas presentadas por otras UTE formadas por empresas como Sacyr, Comsa-Acciona o ASCH, tras ser valorada como la mejor oferta técnica de todas las presentadas.

“El objetivo de estas obras es seguir garantizando los altos estándares de fiabilidad y confort que presta la línea desde su puesta en servicio”, explicó Adif en un comunicado en abril de 2022, tras la adjudicación de las obras, que contemplaban actuaciones para mejorar y acondicionar la infraestructura de la línea. En concreto, se optimizaron sus estructuras, túneles y explanaciones (desmontes y terraplenes), y su sistema de drenaje. También se acometieron otras actuaciones complementarias, como la instalación o sustitución de cerramientos, y la reposición de algunos caminos de servicio.

“Compleja orografía”

En el caso del tramo entre Guadalmez y Córdoba, “sortea una compleja orografía, ya que atraviesa toda Sierra Morena, con lo que su trazado incluye un total de 44 estructuras (marcos, viaductos, puentes y muros, entre otros) y once túneles”, destacó entonces Adif.

El contrato tenía un presupuesto de licitación sin IVA de 50.620.884,01 euros y se adjudicó por 43.382.101 euros, aunque en marzo pasado Adif Alta Velocidad autorizó una modificación de 5.201.642,25 euros, lo que llevó el importe total hasta 48.583.743,25 euros, más IVA.

Las actuaciones contemplaban “llevar a cabo una puesta a punto” de una infraestructura “con un alto grado de tráfico de viajeros, que lleva más de 25 años en funcionamiento (desde 1992) y que, aunque cuenta con actuaciones periódicas y puntuales de mantenimiento, requiere de una serie de mejoras de más alcance que permitan prolongar la vida útil de un importante eje vertebrador de más alcance” para prolongar la vida útil de “un importante eje vertebrador en las comunicaciones de las regiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía”, se lee en la documentación de la licitación. 

Esta actuación formó parte de las inversiones de 700 millones que citó el pasado domingo el ministro de Transportes para la renovación de esta línea de AVE, la primera que se abrió en España, y que Adif dio por culminadas hace menos de un año. Tanto Puente como Carlos Bertomeu, presidente de Iryo, la empresa propietaria de uno de los dos trenes siniestrados, han destacado lo “extraño” del accidente, con un tren prácticamente nuevo, en una recta y sin exceso de velocidad. El tren, modelo Frecciarossa (ETR 1000), salió de la factoría en 2022 y había pasado su última revisión cuatro días antes del brutal siniestro, el jueves 15 de enero, por parte de fabricante Hitachi Rail en talleres de Madrid.

Este lunes, el Ministerio de Transportes cree que el “primer indicio técnico” del gravísimo accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) “apunta a una rotura o alteración del carril, pero aún debe determinarse si esa rotura es causa o consecuencia del descarrilamiento. Esa relación causal no está establecida y requerirá tiempo”.

Fuentes del ministerio de Óscar Puentes explican que “la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis sobre soldaduras u otros defectos exige análisis de laboratorio”.

“Por ello, avanzar ahora una tesis definitiva sería especulativo y la versión publicada sobre un supuesto error de soldadura no forma parte, por el momento, de la investigación confirmada. Es inviable atribuir concluyentemente el siniestro a una soldadura en esta fase”.

El siniestro se ha saldado por ahora con un balance provisional de 40 muertos y 152 heridos en el accidente de tren.En las últimas horas, ya ha habido diferentes llamamientos a la prudencia a la hora de concluir qué ha sucedido. Por ejemplo, Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha pedido “cautela” este lunes ante las informaciones que están vinculando su petición de reducir la velocidad en esta línea y otras de alta velocidad por las vibraciones en las vías. “No sabemos las causas del accidente, de momento es especular”, dicen en el sindicato, que piden “no ser frívolos”

Además de la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil, el accidente ya está siendo analizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente, aunque formalmente cuelga del Ministerio de Transportes.

Esta comisión ya ha puesto en marcha la investigación, que implica, según detalla, a un tren de la empresa Ilsa (Iryo) y a otro de Renfe Viajeros (Alvia).

La Autoridad Vasca de la Competencia archivó, justo antes de la reciente renovación de su presidencia y composición, un expediente que le había sido trasladado por su equivalente estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con indicios de la que la empresa de Bilbao Sader, dedicada a la gestión de residuos y perteneciente al grupo Agaleus, había podido conformar un sistema de reparto del mercado para maximizar beneficios en contratos con grandes empresas como Petronor (del grupo Repsol), Zabalgarbi (con un 35% de participación pública) y Arcelor Mittal. Los indicios iniciales incluían la existencia de un grupo clandestino llamado “La Mesa” que celebraba reuniones periódicas para acordar precios. Un juzgado de Bilbao llegó a acordar en julio sendos registros en Sader y Agaleus. Pero la ausencia de material probatorio en ambas entradas ha motivado el cierre de la causa, según la documentación administrativa y judicial que obra en poder de este periódico.

“En ausencia de prueba directa, se considera que, a día de hoy, los indicios de que se disponen son insuficientes como para incoar un procedimiento sancionador; esto es, no se cuenta con evidencias de un posible ilícito de competencia que justifiquen la incoación de un expediente sancionador”, valoró la Competencia vasca en una resolución firmada por la expresidenta Ainara Herce, por la vocal Enara Venturini y por la secretaria del plenario, Noemí Angulo. Este dictamen se apoya, a su vez, en otro en el mismo sentido de la dirección de Investigación del organismo de control, que en las últimas semanas ha sido renovado.

El caso surge por una comunicación de la CNMC a su equivalente autonómico, que asume los casos de posible colusión en el ámbito vasco. La CNMC indicó que “tuvo conocimiento” de que Sader “podría estar manteniendo acuerdos anticompetitivos con sus competidores para repartirse el mercado de gestión de residuos de la comunidad autónoma de Euskadi”. ¿Qué empresa es Sader? La compañía forma parte del grupo Agaleus y, junto con Profersa, de la misma compañía y ubicadas una junto a la otra, son las dos últimas plantas potencialmente contaminantes en el casco urbano de Bilbao. Esto ha generado una cascada de protestas en los últimos años, en los que se ha conocido que en 2022 y 2023, por ejemplo, se superó el número de residuos “peligrosos” autorizados en Sader o que en 2024 Profersa tuvo dos incidentes químicos. En 2025, el exviceconsejero Xabier Caño dejó su puesto al frente de Agaleus y la firma renunció a sus planes en Ortuella. Hay otros proyectos en marcha y Sader también quedó momentáneamente exonerada de cualquier irregularidad en la polémica por los lixiviados de Zubieta, ahora archivada pero pendiente de recursos.

Según la comunicación de la CNMC ahora desestimada, “en concreto, Sader podría haber estado llevando a cabo reuniones con fines anticompetitivos, acuerdos de reparto geográfico de mercado que, internamente, se denominaban como 'La Mesa'”. “A raíz de un expediente sancionador tramitado por la CNMC, Sader y sus competidores habrían extremado las precauciones ante posibles inspecciones de competencia, por lo que desapareció el grupo denominado 'La Mesa', así como las reuniones formales que mantenían. Sin embargo, la conducta ilícita habría permanecido”, apuntaba.

La investigación de la Competencia vasca (cuyas siglas son AVC) se incoó en febrero de 2025. Fue en julio cuando se propuso la entrada y registro en Sader y en Agaleus. Se pidió permiso a un juzgado de Bilbao y se hizo 'inaudita parte', es decir, sin dar posibilidad de alegaciones a la empresa porque el factor sorpresa era fundamental. “En un caso como éste, el innegable peligro de que se destruyan medios de prueba hace imprescindible que la medida se adopte 'inaudita parte', sin perjuicio de los medios de defensa que competan a la parte una vez conocida la intervención. Otra solución dejaría vacía de contenido la medida toda vez que se frustrarían los fines con ella perseguidos”, se puede leer en el auto del magistrado de lo contencioso-administrativo Alfonso Álvarez-Buylla.

En aquel momento, Competencia hablaba de un presunto “anómalo” funcionamiento de los contratos de grandes productores de residuos con los gestores. Se aludía a “diferencias en las ofertas de casi un 800% o incrementos acumulados ne los precios de hasta un 52%” como indicios de una posible práctica colusoria, es decir, de cierre del mercado para evitar competencia y maximizar beneficios. “Presumiblemente, las empresas implicadas no colaborarán de forma voluntaria”, se podía leer también en la resolución judicial.

El juzgado autorizó el 11 de julio los registros en Sader y Agaleus, llevados a cabo por funcionarios públicos administrativos. La habilitación les permitía “la inspección de los libros y documentos contables que tengan transcendencia en materia contable y de contratación en relación con la libre competencia en cualquier soporte, así como a equipos informáticos que se hallen en los domicilios, debiéndose en todo caso salvaguardar la intimidad de las personas físicas o jurídicas afectadas”. Se fijaba como condición que el registro fuera “en horas diurnas” y se autorizaba el apoyo de la Policía, aunque no consta si finalmente fue o no necesario.

¿El resultado? “En la inspección realizada en la sede de Sader no se recabó ningún tipo de documentación ni en formato papel ni en formato electrónico”. ¿Y en Agaleus? “En la inspección realizada en la sede de Agaleus se recabó determinada documentación en formato electrónico que, una vez analizada junto con el resto de documentación del expediente, no resultó ser, en modo alguno, determinante”.

Así, vacaciones mediante, el 1 de septiembre se propuso ya el archivo de la causa. “Realizada la inspección, no se obtuvo prueba directa del acuerdo de reparto”, se insiste para argumentar el cierre de las actuaciones. En el dictamen final no se concreta nada más sobre “La Mesa” y su funcionamiento. En la documentación, los productores mencionados son Petronor, Zabalgarbi y Arcelor Mittal y los gestores, además de Sader, eran Tradebe, Lunagua (del mismo grupo), Ecoimsa, Linersa y Prezero (antigua Cespa). Pero, sobre todo, se repite el nombre de FCC, copropietaria de una parte de Zabalgarbi y la que ofertaba habitualmente precios mucho más altos cuando competía con Sader.

El Ayuntamiento de Vitoria no descarta tener que inyectar (todavía) más dinero a la futura contrata de limpieza, la mayor de la ciudad, después de que antes del verano fracasara el proceso de adjudicación a pesar de que el presupuesto anual ofrecido de partida a las empresas fuese 10 millones de euros anuales superior que lo que se abona ahora, una mejora de casi el 40%, y con una garantía de diez años, el doble que en la actualidad. Es decir, había 100 millones más encima de la mesa hasta 2036. “La solución a veces pasa por modificar la cuantía. Esto no se le escapa a nadie. Pero esto no implica plegarse a las empresas”, ha explicado esta semana el edil responsable del servicio, el socialista Pascual Borja, ante las quejas de la oposición de izquierdas, EH Bildu y la coalición Elkarrekin.

La relación de Vitoria con su contrata de limpieza y gestión de residuos es de amor-odio desde que en 2006 se sustituyera a la histórica contratista, Cespa, que parecía parte del imaginario de la ciudad con sus camiones coloreados de blanco, azul y amarillo, por FCC. En aquel proceso, con Alfonso Alonso del PP como alcalde antes de ser ministro, se proyectaron incluso algunas sombras de corrupción unidas a pagos a una sociedad del exedil José Antonio Pizarro. Cada relevo, sin excepción, genera una cascada de titulares.

Tras los primeros años de FCC en solitario, se pasó a una UTE de FCC con Viuda de Sainz (a través de su filial GMSM) imitando el modelo de Bilbao. Y ahora, desde 2021, el servicio lo prestan PreZero (la denominación actual de Cespa) y la local Onaindia, que emplean la marca Bira. Todavía hace unos meses, en abril se conoció que ha habido que poner 0,6 millones de dinero público adicional porque en el último cambio del servicio se entregó maquinaria en mal estado. Ese servicio arrancó presentado como refuerzo del parque móvil para las fiestas de 2022 un camión matriculado en 1986, como adelantó este periódico.

Este 2025, la ciudad que aún luce con orgullo su condición de 'green capital' de Europa, un premio otorgado en 2012, empezó a preparar ya una nueva contrata. La previsión era cerrar un acuerdo con las empresas para diez años, en busca de estabilidad en las inversiones y en los cambios necesarios en un contexto de emergencia climática. Y la gran novedad pasaba por haber dotado a esa contrata futura con un presupuesto de hasta 355 millones, 35,5 por año, es decir, 10 más que hasta ahora.

Pero los planes se frustraron en el camino y, quizás, tocará poner incluso más dinero encima de la mesa. Esto ha airado a la oposición al Gobierno de Maider Etxebarria, una coalición de PSE-EE y PNV. En primer lugar, una asociación de empresas del sector puso un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), una ventanilla del Gobierno vasco que dirime pugnas sobre licitaciones y llegó una suspensión cautelar del procedimiento. Pero ni siquiera fue necesario un pronunciamiento de fondo. Y es que se acabó el plazo de recepción de ofertas y ninguna empresa se presentó.

Este miércoles, en el Ayuntamiento, se ha celebrado una primera comisión de Limpieza después de las vacaciones de verano. Y EH Bildu y Elkarrekin, que aglutina a Podemos, Equo-Berdeak e IU, han coincidido en demandar al Gobierno municipal información actualizada sobre su gran contrato. Su tesis compartida es que el 'lobby' de las empresas -en realidad, en el pasado fueron sancionadas por conformar un “cártel”- ha intentado “boicotear” a la ciudad para sacar aún más dinero en la licitación. Así lo expresaron los ediles Ekaitz Díaz de Garayo y Óscar Fernández.

El socialista Borja explicó que sus funcionarios “están trabajando en un nuevo pliego”. De momento, recalcó, las nuevas “condiciones” no se pueden “revelar”, por motivos de confidencialidad. Serán públicas cuando la junta de Gobierno local les dé el visto bueno. En el nuevo proceso, eso sí, se puede dar por hecho que habrá “cambios” y “mejoras”. “Desde luego que estamos trabajando para hacer una oferta atractiva”, manifestó.

EH Bildu y Elkarrekin insistieron en querer conocer si esos cambios implicarán tener que poner más dinero encima de la mesa. No lograron concreciones, aunque sí la admisión por parte del Gobierno local de que “a veces” resolver estos entuertos “pasa por modificar la cuantía”. Según estas dos formaciones, un 'lobby' de empresas ha actuado de forma concertada y va a lograr más réditos y temen que PSE-EE y PNV se “plieguen” a sus chantajes. Borja negó con rotundidad estas consideraciones, pero subrayó que sí compartirán impresiones con el sector de cara al nuevo pliego. “Hay que hacer una licitación que sea atractiva. A nadie se le ocurre hacer una oferta que no sea atractiva para el sector. Sería de locos”, apuntó.

También hay que pagar más por la prórroga

En la misma sesión, el otro partido de la oposición, el PP, añadió al debate que “la ciudad está sucia”. Ahora mismo hay “un contrato insuficiente para mantener limpias las calles”, en palabras de Alfredo Iturricha, y se ve “porquería por todos los lados”. Se afea que en agosto, por los turnos vacacionales, no se han realizado muchos servicios contratados. El adelanto de la caída de la hoja por las altas temperaturas ha terminado por dar la puntilla a la imagen de las calles, ya condicionada por los seis meses de huelga en otra contrata clave, la de jardinería, en manos de Enviser.

Vitoria tendrá que negociar ahora una prórroga con la actual contrata, la de PreZero y Onaindia, para salvar los meses hasta que pueda firmar el nuevo contrato. Borja estima que el verano de 2026 sería un horizonte razonable. La extensión sería por “lo mínimo indispensable, entre nueve y diez meses”. “Queremos acortar los plazos todo lo que se pueda [...]. Pero éste es el contrato más importante que tiene el Ayuntamiento y necesita importancia en tiempo, plazos, estudios y análisis”, explicó el edil socialista.

Sin embargo, esa prórroga requerirá “inversiones”, es decir, más dinero público. ¿Por qué? “Gran parte de la maquinaria data de 2015 y su vida útil está completamente agotada”, señaló. “Deberemos trabajar en dotar, en el período de prórroga, de los medios materiales que requiere el servicio. De momento, no hay una cifra concreta”, le explicó a la oposición.

El Consejo Comarcal del Jiloca ha aprobado iniciar un expediente de penalidades por incumplimiento con la recogida de residuos. Una decisión acordada por unanimidad en la reciente sesión ordinaria, y que llega tras las críticas hacia el servicio, tachado de “una vergüenza” por los partidos de la oposición.

Este expediente supone la segunda de las acciones llevadas a cabo desde la institución comarcal como sanción a la empresa adjudicataria del servicio, FCC Medio Ambiente, dado el incumplimiento del contrato, y en relación a las faltas en la prestación del servicio.

Se recogen aspectos como las frecuencias de recogida, las levantadas de contenedores y la limpieza de los mismos, entre otros. El primer expediente se abrió por el incumplimiento en la implantación del servicio, debido a que no se renovó la flota de camiones ni se aplicaron los sistemas exigidos, entre otros aspectos.

La tercera sanción se ejecutaría en las facturas de la empresa, posteriormente al análisis por parte de la comarca. Para proceder con estas acciones, la institución va a contratar a un técnico con el fin de cuantificar económicamente el incumplimiento de la empresa y realizar los informes necesarios para las tres sanciones mencionadas.

El presidente de la comarca del Jiloca, Francisco Javier Hernández, ha asegurado que continúan “mirando todas las opciones para que se cumpla el contrato”. Asimismo, ha explicado que “las medidas acordadas suponen, económicamente, que, llegado su momento, la empresa tendrá que abonar el coste del servicio que no ha prestado y del incumplimiento del contrato”.

Hernández también ha detallado que hay parte del incumplimiento que ya se ha reflejado en un informe de penalidades, puesto en ejecución en diciembre de 2024. “Ahora queda saber cómo se traduce eso en cantidad, económicamente”, ha precisado.

Además, los consejeros dieron luz verde por unanimidad a la moción presentada por el Grupo Teruel Existe para estudiar la contratación urgente de un servicio alternativo de basuras para suplir el servicio en casos en que no sea prestado.

“Roza la insalubridad”

El servicio de recogida de residuos ya ha recibido críticas anteriormente. Días atrás, el grupo socialista de la comarca consideró “inaceptable” la gestión que estaba realizando el equipo de gobierno en esta materia y exigió una solución inmediata.

El portavoz de los socialistas, Ricardo Bruna, indicó que en las últimas semanas se han vivido situaciones “que rozan la insalubridad” en muchos municipios, con contenedores desbordados y una falta de respuesta que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Unas situación que recuerda “no es nueva”, sino que desde hace años la gestión de los residuos en la comarca es deficiente, sin que el equipo de gobierno conformado por PAR y PP haya puesto remedio alguno“, critica. ”Es una auténtica vergüenza que después de años con este problema, y tras haber subido el recibo de la basura a más del doble, no se haya dado todavía una solución real“, ha señalado Bruna.

Por su parte, el consejero por Teruel Existe, José María Hernández, reclamó la contratación urgente de un servicio alternativo de recogida de residuos en caso de que la adjudicataria vuelva a no prestar el servicio como critica que ha ocurrido este verano en la comarca. En ese sentido, Hernández criticó la “grave irresponsabilidad” de FCC por no cumplir con sus obligaciones y por seguir presentando “continuas deficiencias” en la recogida de basuras y residuos para el reciclaje.

Para el representante de Teruel Existe, “no basta con que se impongan sanciones a FCC por no cumplir con el contrato. Esas penalizaciones nos parecen bien, pero no resuelve nada a los vecinos que cada día tienen que sufrir los problemas de la basura sin recoger en los contenedores”, ha dicho.

Nuevo consejero

En la sesión de este pasado jueves también se celebró la toma de posesión de Bernardino Losilla como nuevo consejero. Manuel Agustín Gambaro, por su parte, se incorporó como portavoz del Partido Popular.

Por otro lado, en la reunión del Consejo, el presidente Hernández informó sobre las Guías de Patrimonio, elaboradas desde la Comarca del Jiloca. Ya se han presentado las de Bea, Godos y Santa Cruz de Nogueras y en 2026 se darán a conocer otras tres, como son las de Ojos Negros, Pozuel del Campo y Lechago, tras realizarse un sorteo en una comisión recientemente.

También se va a dar comienzo a las obras del paseo fluvial del Río Pancrudo y se ha ratificado la información a los ayuntamientos implicados: Torre los Negros, Barrachina y Calamocha, este último porque transcurre por Navarrete del Río.

El presidente ha informado sobre la licitación de los humedales del río Jiloca (Monreal del Campo, Caminreal y Fuentes Claras), cuya actuación se ejecutará por la segunda empresa licitadora, debido a que a la primera se le hizo un requerimiento de documentación y no ha habido respuesta.

Clara Aguilar, hermana de Montse Aguilar, la trabajadora de los servicios de limpieza municipal de Barcelona que falleció durante la ola de calor, asegura que “su muerte fue totalmente evitable”. Así lo ha dicho en una atención a prensa en la sede de la CGT, sindicato que está acompañando a los allegados de la fallecida, un día después de la comparecencia de la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, para dar explicaciones sobre el caso.

“Nos trataron como números y no como a personas. Nadie nos dio ni el pésame”, se lamenta Clara. La familia todavía sigue a la espera de la autopsia, que deberá determinar exactamente cuál fue la causa de la muerte de Montse. Sus allegados han asegurado que si, finalmente, se acaba demostrado que el deceso fue por un golpe de calor, emprenderán acciones legales, incluso si la empresa acaba reconociendo el fallecimiento como un accidente laboral. “Denunciaremos al Ayuntamiento y a la empresa, FCC”, ha sentenciado Clara.

La familia sostiene que la empresa adjudicataria no “cuida suficientemente” a sus trabajadores y aseguran que Montse expresó “en diversas ocasiones” que no se encontraba bien y que nadie la acompañó a un centro médico. Además, afean tanto a FCC como al consistorio que no enviaran un aviso a los trabajadores de que el 28 de junio, el día en que murió la trabajadora, se había activado la alerta amarilla por calor extrema.

Esta premisa, que también sostienen desde la CGT, es negada por la empresa y la UGT, el sindicato mayoritario en el sector. Desde esta parte aseguran que los encargados “nunca ponen problemas” si un trabajador tiene que parar su jornada o irse a casa en caso de malestar por calor.

“Aquel día trabajó a 37 grados y luego se desplomó en casa, frente a mi madre. Cuando llegó la ambulancia hasta le inyectaron adrenalina, pero no pudieron hacer nada”, sostiene Clara, que lamenta que el Ayuntamiento, “desde el primer momento aceptara la versión de la empresa” y rechazara iniciar una investigación. Una decisión que enmendaron dos días después del incidente. “Llegaremos hasta el fondo del asunto”, aseguró este martes Laia Bonet.

Pero para la familia de Montse esto no es suficiente y sostienen que, durante estas semanas, han sufrido “mentiras y maltrato” por parte de la Administración. “No queremos que esto vuelva a pasar nunca más. Sentimos impotencia y rabia. Sé que me la van a devolver, pero que no mientan”.

Por su parte, desde la CGT coinciden en que la muerte de Montse “se podría haber evitado” y recuerdan que las condiciones laborales de los trabajadores del servicio municipal de limpieza han sido “denunciadas en múltiples ocasiones ante la Inspección de Trabajo”. En concreto, aseguran que este organismo ha emitido 16 resoluciones en cinco años -la última de agosto de 2024- en las que incluye requerimientos y sanciones a FCC. “Las denuncias son recurrentes. No nos sirve de nada tener un protocolo si no se está aplicando”, apunta Ramñón San Blas, delegado de prevención de la CGT en el Ayuntamiento de Barcelona.

“Se ha pedido recurrentemente que la empresa reparta agua a los trabajadores o que cambie los uniformes, que no son transpirables y dan mucho calor, pero no ha habido respuesta”, lamenta el sindicalista. En la misma línea, también afean al Ayuntamiento y a las empresas adjudicatarias que todavía no se están aplicando los cambios en los protocolo por calor extremo que ambas partes acordaron tras la muerte de Montse.

La principal novedad es que los protocolos de las cuatro empresas -Sacyr, FCC, Urbaser y Sorigué- se unificarán para que todos tengan las mismas condiciones. También se ha pactado que las medidas por calor se empiecen a aplicar a partir de los 34 grados en lugar de los 37. En estos casos, se revisarán las rutas para evitar el trabajo bajo el sol durante las horas centrales del día.

Y, si se superan los 40 grados, se suspenderán los servicios a pie. Además se han tomado medidas de aplicación inmediata como es el permiso de cinco minutos cada hora -además de los ya establecidos para desayuno y merienda- para beber agua y resguardarse del sol. También se repartirán botellas isotérmicas de un litro a cada trabajador.

Pero desde la CGT lamentan que las empresas no han trasladado a la plantilla las medidas del nuevo protocolo, ni las de futura aplicación ni las que ya han entrado en vigor, como la pausa de cinco minutos. “Estamos igual o peor que antes”, sostienen, en referencia a los ocho trabajadores que han sufrido un golpe de calor durante su jornada laboral desde que falleciera la trabajadora.

Tres trabajadores del servicio de limpieza viaria de Barcelona sufrieron golpes de calor entre el miércoles y la mañana del jueves. Según informa la CGT, todos son empleados de la empresa FCC, una de las cuatro adjudicatarias de este servicio.

Una de las trabajadoras afectadas tuvo que ser atendida en un centro médico -al que acudió por su propio pie- cuando acabó su jornada laboral en el turno de mañana. Allí fue atendida y a las pocas horas se le dio el alta. Por la tarde, otra trabajadora fue atendida por los servicios médicos, que se la encontraron mareada y con síntomas de un posible golpe de calor.

El tercer caso se ha registrado a primera hora de la mañana de este jueves y ha afectado al conductor de un vehículo de agua, que ha requerido atención médica. Desde el Ayuntamiento han confirmado a elDiario.es que durante la jornada hubo diversas derivaciones a centros médicos, pero que en ningún caso ha habido hospitalizaciones.

Estos tres casos se suman a otros dos trabajadores que el martes tuvieron que ser derivados al CAP por sintomatología que coincide con la de un golpe de calor. Todo ello, pocos días después de la muerte de Montse, una trabajadora del mismo servicio y también empleada por FCC, que el sábado perdió la vida después de acabar su turno.

En su caso, trabajó en el turno de 14:30 a 21:30 horas y se desplomó al llegar a casa, donde fue atendida por los servicios de emergencia, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El Ayuntamiento ha solicitado la autopsia para aclarar si realmente falleció debido a un golpe de calor. A la espera de los resultados, el consistorio ha pactado con la UGT -sindicato mayoritario- y las cuatro empresas concesionarias unificar y revisar los protocolos por altas temperaturas.

La principal novedad es que los protocolos de las cuatro empresas -Sacyr, FCC, Urbaser y Sorigué- se unificarán para que todos tengan las mismas condiciones. También se ha pactado que las medidas por calor se empiecen a aplicar a partir de los 34 grados en lugar de los 37. En estos casos, se revisarán las rutas para evitar el trabajo bajo el sol durante las horas centrales del día. Y, si se superan los 40 grados, se suspenderán los servicios a pie. Además se han tomado medidas de aplicación inmediata como es el permiso de cinco minutos cada hora -además de los ya establecidos para desayuno y merienda- para beber agua y resguardarse del sol. También se repartirán botellas isotérmicas de un litro a cada trabajador.

Pero desde la CGT lamentan que las empresas no han trasladado a la plantilla las medidas del nuevo protocolo, ni las de futura aplicación ni las que ya han entrado en vigor, como la pausa de cinco minutos. “Estamos igual o peor que e sábado”, ha asegurado Cristina Pinto, delegada de la CGT en FCC.

Desde este sindicato alertan de que la plantilla está “desprotegida, con medidas insuficientes para garantizar la salud y la seguridad”. Aseguran que hay trabajadores que pasan toda la jornada bajo el sol y que no se adaptan los horarios ni las rutas para proteger a los empleados de las altas temperaturas.

El Ayuntamiento de Barcelona y los sindicatos difieren a la hora de buscar responsabilidades en el caso de la trabajadora del servicio municipal de limpieza que murió por lo que podría haber sido un golpe de calor. A la espera todavía de los resultados de la autopsia, el consistorio pide responsabilidades a la empresa concesionaria, FCC, mientras que la UGT exige también respuestas al Ayuntamiento.

“Como administración, tenemos protocolos sobre cómo actuar, pero sobre todo son consejos a la ciudadanía. Para los trabajadores, son las empresas y los departamentos de prevención de riesgos son los que deben elaborar los protocolos”, ha asegurado el director del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento, Carlos Vázquez.

El consistorio asegura que ha cumplido con su responsabilidad exigiendo a todas las empresas concesionarias los procedimientos de prevención de riesgos por calor en abril, antes de que empezaran las altas temperaturas. “Son procedimientos orientados a tres aspectos básicos: que los trabajadores conozcan los síntomas de un golpe de calor, que tengan herramientas para saber qué hacer si sucede, y que puedan ayudar a los compañeros”.

Pero los sindicatos consideran que estos protocolos, si bien son exigidos por la ley, son “claramente insuficientes”. “Las empresas son empresas y quieren ganar dinero. Así que van a apostar por medidas que no tengan coste y estos protocolos salen gratis”, afea Lluís Lampurdanes, secretario de Servicios a la Comunidad de UGT Catalunya.

En cambio, lo que consideran esencial son protocolos más profundos. Desde UGT asegura que “hace años” que exigen a todas las empresas concesionarias del servicio de limpieza “medidas organizativas” que permitan rediseñar turnos para evitar que aquellos trabajos más físicos o que aquellos recorridos que carezcan de sombra se realicen en las horas más calientes.

La fallecida, que iba a pie y al mando de un carrito mecánico de recogida de basuras, estuvo trabajando en el barrio del Raval entre las 14:30 y 21:30 horas del sábado, en plena ola de calor. El Ayuntamiento asegura que están “abiertos” a cambiar los horarios de los turnos, pero apuntan a que esa decisión tiene que venir de la empresa.

Por su parte, desde UGT niegan la mayor y aseguran que la responsabilidad de los horarios es del Ayuntamiento, ya que la licitación se hace especificando los turnos, horarios y zonas requeridas. “Deberían estar de nuestro lado a la hora de exigir más garantías”, opina Lampurdanes, quien es consciente de que son cambios organizativos “complicados y que tendrán un coste. Por eso nos dan largas”. Por eso, el sindicalista afea al consistorio que no presione más a las empresas. “No puede ser que un encarecimiento de la contrata pública valga más que la vida de un compañero”, remacha Lampurdanes.

Por su parte, la empresa todavía no ha contestado a este medio si plantea rediseñar los horarios. Por contra, insisten en que llevan años formando a sus trabajadores y encargados en “las pautas a seguir en situaciones de trabajo bajo temperaturas elevadas y dotándolos de instrucciones y elementos de protección adecuados”.

En esta línea, el Ayuntamiento insiste en que todas las empresas con las que trabajan han “cumplido los protocolos” y han dotado a sus trabajadores de carteles informativos, ropa de verano y crema. Por ello, descartan abrir cualquier investigación sobre los hechos. “Sabemos que la limpieza se realiza a la intemperie y está expuesta al clima. Por eso mostramos nuestro apoyo a los responsables de este trabajo tan poco agradecido y tan duro”, han asegurado desde el consistorio.

A la espera de la autopsia

La trabajadora fallecida cumplió su turno el sábado pasado sin mostrar ningún síntoma de malestar ni trasladar en ningún momento que se encontrara mal. Por contra, cuando llegó a su casa “cayó fulminada” y a pesar de que fue asistida poco después por los servicios de emergencias, no pudieron salvarle la vida. Así figura en el informe que la empresa FCC ha enviado al Ayuntamiento después de conocerse los hechos. Las investigaciones que ha realizado la UGT coinciden.

Ahora bien, hasta que no estén listos los resultados de la autopsia, no estará claro si la causa de la muerte fue un golpe de calor. “Hay cosas que pertenecen a la intimidad de la familia y que puede que no lleguemos a saber nunca”, ha apuntado Vázquez.

Por su parte, desde los sindicatos confían en que si la causa de la muerte sí fue una cuestión laboral, relacionada o no con el calor, la familia quiera comunicarlo para pedir “responsabilidades” a quien corresponda. Sea como sea, desde la UGT aseguran que aprovecharán el caso para exigir más medidas de protección a los trabajadores. “Tenemos protocolos, pero necesitamos más protección porque somos un sector muy desprotegido”, ha apuntado Lampurdanes.

Por eso, tras conocerse el incidente, el sindicato envió este domingo un comunicado a la plantilla de FCC para recordar a los empleados que tienen que seguir los protocolos establecidos para los días de calor intenso que, fijan, entre otras medidas, descansar en zonas de sombra y beber agua con frecuencia.

Fuentes de Protección Civil, por su parte, han dicho que, hasta el momento, no consta ningún otro incidente de salud que pudiera estar vinculado con el calor. FCC también impartió una charla sobre cómo actuar contra el calor pocas horas después de conocerse la muerte de la trabajadora.

Cuando la alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, cumple dos años en el cargo, el Ayuntamiento de Vitoria acumula en este arranque del verano problemas con los servicios públicos externalizados a empresas privadas. Los frentes inmediatos abiertos son tres. Uno: la plantilla de la contrata de jardinería, asignada a la empresa Enviser, supera ya los tres meses de huelga. Dos: también lo están los trabajadores del servicio de sumideros y alcantarillado, de Sacyr Aguas. Y tres: ha quedado finalmente desierto el concurso de la mayor de todas las contratas, la de limpieza, valorada en 355 millones de euros para diez años y sobre la que ya pesaba un recurso administrativo.

La presión que genera en la ciudad la huelga de los jardineros -que cobran 11.000 euros menos que los equivalentes funcionarios, según denuncian- se ha visto aliviada en parte por la imposición de servicios mínimos pero, al tiempo, no avanzan las negociaciones para mejorar las condiciones laborales. El pasado miércoles finalizó sin acuerdo una nueva reunión entre Enviser y los representantes sindicales. Los paros arrancaron en marzo.

Entretanto, el clima se ha enrarecido con la edil responsable del servicio, la teniente de alcaldesa y cabeza del PNV, Beatriz Artolazabal, interponiendo una denuncia ante la Policía porque en las hogueras de San Juan quemaron una imagen de ella vestida con el uniforme de Enviser, lo que sigue a otra queja anterior por movilizaciones en su propia casa en dos días diferentes de marzo y junio. “Han intentado intimidarme, señalarme y acosarme públicamente. No lo han conseguido y no lo conseguirán. Pero es mi deber denunciarlo. Por mí, por mi familia y por quienes puedan ser los siguientes. Esto no es libertad de expresión. Es acoso. Es violencia simbólica. No todo vale. La convivencia y la democracia tienen límites que hay que proteger”, ha manifestado públicamente.

A mediados de junio se conoció también el inicio de la huelga entre la plantilla de Sacyr Aguas, que gestiona la red de alcantarillado de pluviales para la sociedad pública Amvisa a cambio de unos 5,5 millones de euros. Los sindicatos demandan mejoras de entre 6.000 y 8.000 euros para superar un convenio precario. Según datos de 'El Correo', los paros están empezando ya a afectar al funcionamiento de la ciudad ya que se dejan de limpiar y desatascar 250 sumideros por cada día de paro.

Este contrato, precisamente, formaba parte antes de la contrata general de limpieza. Ésta es la mayor adjudicación municipal históricamente y cada vez que toca la renovación parece complicar la vida al alcalde de turno. Etxebarria no parece que vaya a ser la excepción. Ahora mismo el concurso ha decaído al no existir ofertas sobre la mesa. Semanas atrás trascendió un recurso administrativo de la patronal empresarial por las condiciones económicas, sin que se conocieran más detalles. La adjudicación estaba paralizada cautelarmente hasta que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (conocido por las siglas OARC) resolviera el fondo, pero ya ni siquiera será necesario. Toca volver a empezar.

Y eso que el presupuesto había crecido en 10 millones anuales y se estiraba por diez años. Es decir, se ofrecían 355 millones de euros. ¿Habrá que poner más dinero todavía? El Ayuntamiento aún no se pronuncia y espera acontecimientos. La principal fuerza de la oposición, sin embargo, avisa de que el escenario es muy grave. Según EH Bildu, que en pasadas legislaturas propuso publificar el servicio, Vitoria podría estar viendo un nuevo capítulo del “cártel” de las basuras, que ya fue detectado y sancionado en el pasado.

“Le rogamos al Gobierno municipal que no se quede de brazos cruzados y plante cara a estas empresas. Y es que es la propia Ley de Competencia la que prohíbe expresamente este tipo de prácticas y amaños. Ponerse de acuerdo entre las empresas para manipular una licitación es una práctica colusoria”, han manifestado desde la coalición abertzale, sugiriendo que el recurso de la asociación que aglutina a FCC o Cespa/Ferrovial/Prezero, las grandes adjudicatarias en los últimos lustros, pero también a otras grandes como Acciona, ahora en el ojo del huracán por investigaciones de corrupción, puede encerrar otros fines que una simple discrepancia administrativa.

Desde el Ayuntamiento, en todo caso, garantizan que el servicio no se va a ver resentido. Si no se llega tiempo al plazo previsto, finales de 2025, hay posibilidad de prorrogar la actual relación con la UTE de Prezero con la local Onaindia. De hecho, este mismo contrato ya arrancó con retraso por los problemas del anterior concurso. “Algo de retraso sí que va a haber, claro. Pero, evidentemente, el servicio básico no va a estar afectado. Se va a seguir prestando. No va a haber problemas”, garantizan estas fuentes, que recuerdan que el incremento presupuestario no era a cambio de nada, sino de más y mejores servicios y de una renovación general de la flota.

La ciudad, asimismo, ha vivido en los últimos años conflictos en las contratas de servicios deportivos, particularmente con Disport Eki. Ha habido afecciones en piscinas o en actividades en centros cívicos. El personal denunciaba impagos recurrentes. De hecho, esa firma está en liquidación. Y, fuera de lo municipal, por ejemplo, el Gobierno vasco tuvo que rescindir la contrata de ambulancias de Osakidetza con la cooperativa catalana Grup La Pau por una cascada de irregularidades constatadas por la Inspección de Trabajo.

En el buzón municipal, un foro abierto a quejas, sugerencias y debate en la web del Ayuntamiento, el asunto sobre las contratas está en ebullición. “Como ciudadana y contribuyente de Vitoria-Gasteiz no quiero unos servicios mínimos y lavado de cara de la ciudad. Quiero y exijo a este Ayuntamiento unas condiciones dignas para los empleados que dan servicio a esta ciudad. Y como Ayuntamiento tienen el deber de procurar esto a los trabajadores que realizan trabajos para Vitoria-Gasteiz”, ha escrito una vecina que responde a las siglas L.B.

Una mujer del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona, contratado a FCC, ha muerto en plena ola de calor que afecta a la ciudad y gran parte del país. Concretamente, la mujer estuvo recogiendo basura en Montjuïc y en el barrio del Raval. La muerte se produjo este sábado por la noche en el hospital, después de volver a casa tras completar su jornada laboral, según ha adelantado Betevé.

El Ayuntamiento ha lamentado la muerte de la trabajadora y ha indicado que se están “estudiando las causas” por las que ha tenido lugar el trágico suceso. Además, se le practicará una autopsia, tal y como ha informado el la televisión barcelonesa para determinar las causas de la muerte y confirmar si podría tratarse de un golpe de calor.

Lluís Lampurdanes, secretario de Servicios a la Comunidad de UGT Catalunya, ha explicado a EFE que la mujer, de unos 50 años, realizó “con normalidad” su turno de trabajo ayer sábado, de 14.00 a 21.00 horas, en la zona que tenía asignada al distrito de Ciutat Vella.

Cuando la mujer estaba cenando al atardecer, ya en su casa, “cayó fulminada” y, a pesar de que fue asistida poco después por los servicios médicos de emergencias, no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

Lampurdanes ha indicado que, hasta que no se practique la autopsia, no se podrá confirmar la causa de la muerte de la mujer, que hacía unos años que trabajaba a FCC, y que se desconoce si la difunta tenía algún tipo de patología.

UGT ha enviado este domingo un comunicado a la plantilla de FCC para recordar a los empleados que tienen que seguir los protocolos establecidos para los días de calor intenso que, fijan, entre otras medidas, descansar en zonas de sombra y beber agua con frecuencia.

Fuentes de Protección Civil, por su parte, han dicho que, hasta el momento, no consta ningún otro incidente de salud que pudiera estar vinculado con el calor.

Esta semana se han batido récords históricos de temperaturas. En las últimas 24 horas se ha registrado una temperatura máxima mucho más alta de lo habitual para junio en 46 provincias de toda España.

Charla contra el calor, pocas horas después

Un trabajador de la empresa con quien ha podido hablar Betevé ha explicado que este mismo domingo, pocas horas después de la muerte de la trabajadora, la empresa FCC ha impartido una charla sobre como actuar contra el calor. El empleado asegura que, a pesar de que este tipo de encuentros está previsto desde hace tiempos que tengan cierta periodicidad, no se acostumbran a hacer.

Entre los trabajadores de la empresa hay preocupación por lo ocurrido. En este sentido, han compartido por whatsapp la foto de una camiseta con el lema 'Cuidamos Barcelona' con un mensaje en que se lee: “Nosotros cuidamos Barcelona, quién nos cuida a nosotros?”.

El Ayuntamiento de Vitoria tiene que abonar cerca de 0,6 millones de euros públicos no previstos a la UTE conformada por PreZero —históricamente conocida como Cespa— y la empresa local Onaindia —que ha sido noticia esta semana por un grave incendio en una de sus instalaciones— porque asumieron en noviembre de 2021 la contrata de limpieza de la ciudad con grandes problemas en el mantenimiento de la flota. Los informes internos municipales destacan que el pago es ostensiblemente inferior a los más de 1,7 millones que había calculado inicialmente un perito contratado por estas empresas, pero la oposición ha preguntado ya por qué no se repercute este gasto a la anterior contrata, la UTE de FCC y GMSM (Viuda de Sainz), si es que son los responsables del problema.

La contrata de limpieza es claramente el contrato municipal más oneroso —unos 26 millones anuales ahora mismo— y también el más polémico, particularmente desde que en 2006, con Alfonso Alonso (PP) de alcalde, desembarcó FCC en sustitución de la adjudicataria historica de la ciudad, Cespa, que era casi parte del paisaje urbano. En los quince años en que FCC, primero en solitario y luego de la mano de la empresa vasca Viuda de Sainz, operó en la capital, se sucedieron denuncias de irregularidades, constataciones de pagos por servicios no prestados y también la evidencia de que los vehículos fallaban, como los camiones de basura que se estropeaban en plena calle. En 2021, Cespa regresó a Vitoria de la mano de Onaindia con un acuerdo de 103 millones de euros para cuatro años que expira a finales de este 2025.

Documentación que ha trascendido esta semana muestra cómo las contratistas actuales han reclamado dinero al Ayuntamiento por el mal estado de la flota que heredaron de FCC y Viuda de Sainz. En junio de 2022, un perito de la Comunidad de Madrid emitió un informe en el que remarcaba que la flota “no se encontraba en un estado óptimo” y que el coste de las reparaciones impedía ejecutar otras actuaciones incluidas en las obligaciones del contrato. En aquel momento se fijó en 1.429.504 euros más IVA la cantidad necesiaria para “paliar los defectos y carencias de la maquinaria”.

Las contratistas no solamente hicieron su reclamación en vía administrativa sino que acudieron a los tribunales. Finalmente, en julio de 2023 rebajaron sus pretensiones a 476.617,07 euros más IVA, que es la cantidad “efectivamente pagada” y “justificada” con facturas de arreglos en vehículos y máquinas. La asesoría jurídica municipal constata que las facturas se corresponden con reparaciones llevadas a cabo en 2022 y 2023 y que son de unidades “procedentes de la anterior contrata”, no del mantenimiento ordinario de una flota. También acreditan lo mismo funcionarios de Medio Ambiente y de Hacienda. Emerge, además, la necesidad de abonar unos 48.000 euros en concepto de “intereses de demora”. El Gobierno municipal, en manos de PSE-EE y PNV, ha acometido una “solicitud de crédito adicional” para atender este gasto extraordinario.

El concejal responsable del servicio, el socialista Pascual Borja, ha afirmado que “no es obligación del Ayuntamiento revisar la maquinaria”. Además, ha apuntado que hubo una gran “demora” desde que se anunció la salida de FCC y Viuda de Sainz hasta que se produjo, por lo que las primeras previsiones sobre la maquinaria quedaron superadas por muchos más meses de uso. Para el Ayuntamiento, “siempre es positivo” pagar menos de lo que se preveía. “Es un buen inicio” el acuerdo alcanzado, dijo Borja en una comisión municipal. Ahora, “siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos”, se buscará “en lo que se pueda” que la anterior contratista abone todo o parte de esos 0,6 millones.

Rocío Vitero, de EH Bildu, preguntó hasta la saciedad al Gobierno local si iba a reclamar a FCC y Viuda de Sainz el dinero ante la constatación de que ya se han “perdido” 0,6 millones de las arcas públicas. A su juicio, la gestión de la limpieza siempre ha sido “muy polémica” y ha señalado a PNV y PSE-EE —en la pasada legislatura la fuerza mayoritaria de la coalición eran los nacionalistas y ahora es al revés— por no haber controlado lo que estaba pasando. “O estaban a otra cosa o, peor, lo consintieron”, interpreta la portavoz de la principal fuerza de la oposición.

Desde la coalición Elkarrekin, el edil de Berdeak Equo Óscar Fernández habla de “agujero”. “Se ha demostrado que aquí no se han hecho las cosas bien”, ha apuntado sobre la “falta de mantenimiento”. Según sus datos, una veintena de unidades tienen una antigüedad próxima a los veinte años. Para el PP, finalmente, “hay responsabilidades políticas” porque “todo apunta” a que las arcas municipales van a sufrir un importante quebranto, según manifestó en la comisión Alfredo Iturricha.

Ahora, el Ayuntamiento se plantea ya una nueva licitación. El acuerdo con PreZero y Onaindia —que se reparten la UTE al 80-20%— expira a finales de 2025. Los datos que se conocen apuntan a una subida del coste, hasta los 35,5 millones anuales, y a una duración de diez años, mucho más larga. El edil Borja entiende que no se reproducirá el problema con la maquinaria porque “la mayoría” va a ser renovada. Cuando se produjo el cambio anterior, este periódico documentó que uno de los 'nuevos' vehículos aportados por PreZero y Onaindia era un camión de 1986.

Luz verde al contrato para levantar la mayor sede para funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Estará junto a la glorieta de Legazpi, en Arganzuela, y servirá para dar una nueva vida al Mercado de Frutas y Verduras, un lugar que lleva 40 años esperando una reforma definitiva que arranca este mes de noviembre.

La constructora FCC es la que se ha adjudicado el contrato municipal de obras, por 77.836.880 euros (impuestos incluidos), por delante de Sacyr, Ortiz y OHL, que presentó una propuesta con un coste menor y finalmente ha sido descartada por resultar temerariamente baja. Finalmente, el precio que pagará el consistorio se acerca a lo anunciado hace un año.

El edificio supondrá un gigantesco ahorro a largo plazo para las arcas municipales: allí reubicará a unos 2.500 trabajadores públicos, actualmente repartidos por edificios alquilados en la calle Antracita, 3 (Agencia Tributaria), paseo del Molino, 7 (Almacén de Objetos Perdidos), edificio APOT de la calle Ribera del Sena, 21 (Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad) y calle Bustamante, 16 (diversas áreas de gobierno).

El proyecto planeado por el área de Obras y Equipamientos, que dirige Paloma García Romero, plantea actuaciones sobre 46.100 m2, a los que hay que sumar los más de 8.400 m2 de la plaza. El edificio resultante tendrá dos plantas y una entreplanta donde las alturas lo permitan. Allí se ubicarán los despachos, salas de reuniones y aseos.

Esta parte será la primera que estará acabada, a los 18 meses de obras (previsiblemente en primavera de 2026). Allí se ubicará el personal que actualmente ocupa el edificio APOT, en Ribera del Sena, y los trabajadores de la Agencia Tributaria municipal. Al final del plazo de la obra -30 meses- está prevista la entrega de las zonas de sótanos y la urbanización exterior de la plaza central. Bajo ella habrá aulas de formación, zona de archivos y una sala polivalente, mientras que el segundo nivel estará dedicado al aparcamiento con las 197 plazas citadas.

El proyecto respetará la estructura de hormigón del edificio, al tratarse de un elemento protegido, mientras que el resto de los acabados se realizarán siguiendo los dictámenes de la Comisión de Patrimonio y con la estética del propio edificio y su entorno. Hasta el momento el consistorio ha invertido en el lugar más de 26 millones de euros en los trabajos de subsanación de patologías y de consolidación, durante los últimos cinco años.

3.000 m2 para dotaciones sin planificar

Las obras licitadas ahora no serán las últimas sobre el entorno: la memoria del proyecto aclara que no están contempladas las obras de “compartimentación interior y el acondicionamiento de las instalaciones en esta zona”, por lo que después de ellas el consistorio tendrá que licitar nuevos trabajos para dotar de mobiliario y distribución a las grandes salas que serán creadas.

También se quedan fuera 3.000 metros cuadrados del complejo, donde solo se ejecutará, de momento, el cerramiento exterior. Son las zonas donde están previstos varios equipamientos municipales que darán servicio al distrito y que se tendrán que definir con ayuda de la Junta de Arganzuela, como apuntó el alcalde en la primera presentación del proyecto.

Una inspección del área de Medio Ambiente del Gobierno vasco realizada en abril de 2024 sacó los colores a la gestión del vertedero de Gardelegi de Vitoria, de titularidad municipal aunque externalizado a la empresa FCC, que ahora lo lleva en solitario y antes lo hacía en UTE con otras firmas. A preguntas de EH Bildu en el Parlamento Vasco, el nuevo consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, no descarta que se active un expediente sancionador -cuya tramitación no ha comenzado, eso sí- y detalla que se detectaron importantes irregularidades. Explica, además, que algunos de esos problemas ya se habían localizado meses atrás sin que se les pusiera solución. De su lado, el Ayuntamiento indica que “esa inspección no supuso el inicio de ningún expediente sancionador” porque se respondió “en plazo” a todos los requerimientos, concretamente en el mes de junio.

¿Cuáles son esas desviaciones? Según enumera Jauregi en respuesta a la petición de información de EH Bildu, formulada por la exconcejal en Vitoria Amancay Villalba, hay una que es “poco relevante”, que la celda de residuos no peligrosos colmatada en 2021 “no ha sido sellada”. Los problemas más recurrentes son seis que tienen la tipificación de “moderados”, como que no hay “captación y tratamiento de los gases originados en las celdas inactivas”, lo que genera “emisiones difusas no controladas a la atmósfera de gases de efecto invernadero”, o como que la antorcha del sistema de tratamiento de gases no alcanza los 1.000 grados causando “que no se pueda asegurar su correcta combustión”. También se alude a que no hay “medidas de protección del paisaje” porque se observan “residuos ligeros dispersos” fuera de los vasos o a que hay 10.000 metros cuadrados de basura “expuesta” a la lluvia, “con lo que se maximiza la generación de lixiviados”. Gardelegi no tiene tampoco un cronograma para el sellado de zonas que se van llenando.

Además, hay un problema que alcanza el nivel de “significativo”: la impermeabilización de una celda incumple la autorización ambiental. Fuentes municipales destacan, eso sí, que “ninguna” de las anomalías detectadas recibe la catalogación de “severa”, “que es la de mayor relevancia”. Insisten, igualmente, en que ya se han dado explicaciones sobre la gestión de Gardelegi en comisiones municipales.

Desde 2019 ha habido doce inspecciones en el vertedero de Vitoria. Cinco fueron programadas y otras siete se realizaron por sorpresa para analizar si se habían resuelto las incidencias de los controles previos. La de abril de 2024 no estaba programada y tenía como misión revisar si los requerimientos de la visita rutinaria de octubre de 2023 estaba resueltos. ¿El resultado? De 18 puntos quedaban ocho aún sin resolver. Explica el consejero Jauregi que en el historial del vertedero municipal de Vitoria pesan “desviaciones” en variadas categorías. Cita la “protección de la calidad del aire” y de las aguas, problemas en la gestión de los residuos, contaminación de los suelos o problemas con las autorizaciones y licencias.

Precisamente en abril ya transcendió que Vitoria había tenido que afrontar cuatro multas por las irregularidades en Gardelegi. Suman, en total, 216.000 euros en el último lustro. Las hay por la presencia de lindano sin que nunca haya habido autorización para recepcionar con seguridad ese material altamente contaminante y que se ha acabado filtrando a las aguas, o también por deterioro en la lámina de protección, la multa más grande y que fue detectada con un dron.

A vueltas con el amianto

Jauregi, en esta ocasión a preguntas del PP, analiza también la situación de Gardelegi a la luz de los planes de que sea también uno de los puntos receptores de residuos de amianto. La normativa estatal de 2022 preveía que los municipios realizasen un censo de puntos con restos de fibrocemento y que elaborasen un calendario para su retirada con un horizonte en 2028. Esa tarea tiene importantes retrasos, aunque en el caso concreto de la capital se hizo una presentación “preliminar” en mayo.

Como complemento, el anterior Ejecutivo planteó que hubiese un punto en cada provincia para recepcionar esos materiales peligrosos que se iban a ir retirando. Hasta ahora, solo Bistibieta en Lemoa estaba autorizado para ello en Euskadi. En Vitoria se designó Gardelegi como referencia, lo que ha generado una polémica política y la oposición frontal de la alcaldesa, Maider Etxebarria. Ahora mismo este complejo, el más grande de Euskadi y uno de los más amplios de España, tiene autorización para residuos “no peligrosos” y habría que modificar su licencia. El consejero admite que, por el momento, “no ha existido ninguna solicitud” de cambios en las políticas de “admisión” del recinto. Se da la circunstancia de que Vitoria ya fue destino de parte de los camiones que dejaron de entrar en Zaldibar cuando esta instalación se desplomó en febrero de 2020. En concreto, la entrada de residuos industriales ha pasado de 17.156 toneladas en 2019 a 33.182 toneladas en 2022.

La semana en la que el grupo Ferrovial ha abierto una crisis empresarial y política al decidir trasladar su sede social a Países Bajos ha coincidido con las presentaciones de resultados, no solo de la empresa presidida por Rafael del Pino, de casi todas las grandes constructoras españolas.

En su informe financiero, Ferrovial repite uno de los argumentos que ha trasladado para explicar su mudanza de sede: España es una pequeña parte de su negocio aunque aquí tenga sus “raíces”. Y no es la única que hace énfasis en su internacionalización y en el fuerte peso de su actividad en el exterior, aunque en paralelo casi todas las compañías desglosan el desarrollo de las infraestructuras en España y, alguna de ellas, también el impulso que van a suponer los fondos de recuperación europeos para sus negocios.

“Somos el país más avanzado en el despliegue de dichos fondos, parte de los cuales están siendo destinados a la mejora del transporte y la movilidad, así como a las infraestructuras energéticas”, indica Sacyr en su informe al hablar de la inyección que pueden suponer los Next Generation. “Respecto al futuro del sector de la construcción en nuestro país, continúa siendo bastante prometedor, ya que las infraestructuras son clave a la hora de ganar competitividad en un país cuyos pilares económicos son el turismo y las exportaciones”, añade esta compañía que, en 2022, dejó atrás los números rojos postpandemia y ganó 110 millones de euros en un año récord en ingresos, más de 5.851 millones.

Unos negocios ligados a las concesiones

En el caso de Sacyr, casi dos tercios de sus ventas se generan fuera de España. En nuestro país obtiene el 38% de su facturación, cerca de 2.166 millones de euros. Un peso de España en su actividad que se repite en casi todas las grandes constructoras cotizadas, según detallan en la información que han remitido -aunque no todas- a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si se entra al detalle de los datos publicados por otros competidores, Acciona tiene en España el 43% de su actividad, 4.925 millones al cierre del ejercicio. La compañía controlada por los Entrecanales, en los últimos años, ha puesto el foco en las energías renovables. Sin embargo, habla del mercado español como clave en actividades de infraestructuras e inmobiliario.

Esa es una de las características de cómo ha cambiado el negocio de las grandes constructoras españolas que han virado su actividad desde la construcción tradicional a negocios ligados a las concesiones públicas, como autopistas, a las que se han abrazado, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá. Acciona, cuando explica el peso por mercados en sus actividades de construcción de infraestructuras, de los 4.650 millones de volumen de negocio, a España le corresponden 754 millones.  

No es una situación muy diferente a la de FCC, que está controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, que genera fuera de España casi la mitad de sus ingresos. De hecho, habla de Estados Unidos como eje a futuro en el negocio medioambiental, donde incluye la gestión de residuos y los servicios de limpieza urbana. “A nivel internacional destaca el fuerte crecimiento en EEUU, donde el crecimiento en ventas en 2022 respecto al año anterior fue del 121%. FCC ya está dentro del Top 15 de las empresas del sector en EEUU, con expectativas de estar en el Top 10 en los próximos 2 años”, desglosa.

En la construcción más tradicional, su negocio en España se redujo un 1,7% en 2022, hasta 870 millones de euros “aún con el buen ritmo de avance en la remodelación del estadio de fútbol Santiago Bernabéu”, asume, sin decir cuánto prevé ingresar por esa obra.

Hay otras empresas que son más escuetas a la hora de hablar de cuánto le supone cada país. Es el caso de OHLA, que en los últimos años ha pasado de estar en manos de la familia Villar Mir a la de los también mexicanos Luis y Mauricio Amodio. Esta multinacional solo apunta que España le supone casi el 30% de su actividad, mientras el conjunto de Europa -mercado español, incluido- es el 48%; Norteamérica, un 35,4%; y Latinoamérica, un 16,4%. No da más detalles de cómo le va el negocio doméstico. 

La que sí tiene en España la mayor parte de su actividad es San José, una constructora de menor tamaño -vale en bolsa 250 millones frente a los 19.000 de Ferrovial- que concentra el 75% de sus ingresos en España, cerca de 818 millones de euros.

Si San José es la que más, en el extremo contrario está ACS, que es la constructora con más ingresos (más de 33.000 millones) pero con menos negocio en España, inferior en porcentaje al de Ferrovial. La compañía presidida por Florentino Pérez solo concentra el 9% de su actividad en el mercado local, que un año antes era el 10,7%, según sus presentaciones de resultados, porque no ha publicado aún su informe anual. En concreto, en España factura 3.170 millones de euros. 

Casi 10 de cada 100 euros que ingresa ACS vienen de España, mientras que de Estados Unidos le llegan 56 y de Australia, 19. Esta proporción se repite si se ve dónde tiene localizada su cartera de proyectos. Con un matiz, su filial Clece, centrada en los servicios medioambientales, urbanos o aeroportuarios, sí depende de España, que le supone el 90% de la actividad.

Ferrovial prevé crecer en España con los fondos europeos

Y qué ocurre en Ferrovial. La multinacional argumenta al explicar su marcha a Países Bajos que su “negocio es predominantemente internacional”, porque su país de origen aporta el 18% de su facturación. En cambio, Canadá y Estados Unidos, donde aspira a crecer, son el 36%. 

Sin embargo, también prevé crecer en el negocio constructor en su, todavía, mercado doméstico por los fondos europeos. “En España se prevé un crecimiento en ventas con respecto a 2022 gracias al buen ritmo de contratación, con la adjudicación de varios contratos relevantes de ferrocarriles y para clientes privados, y una vez superados los retrasos en licitación derivados de la COVID”, argumenta en su informe anual. “En el medio plazo, la aplicación de los fondos europeos Next Generation mantendrá el impulso de la licitación, a lo que se suma la buena dinámica de iniciativas públicas ferroviarias y sanitarias, y privadas en proyectos industriales, de edificación y de energía renovable”, enumera sobre las palancas que cree le harán crecer en España.

Aquí, al cierre de 2022, Ferrovial contaba con 5.413 empleados. En Estados Unidos -donde también prevé crecer gracias al gasto público en infraestructuras-, con 4.178. En Países Bajos, donde prevé tener su sede antes del otoño, tenía cinco.

Una disparidad de plantillas, que conllevará mudanzas. Este jueves, la empresa explicó a la CNMV que “tras el momento de efectividad de la fusión, puede ocurrir que determinados empleados de Ferrovial se trasladen voluntariamente a los Países Bajos”. “Igualmente, cabe la posibilidad de que determinados empleados de Ferrovial sean recolocados y pasen a ser empleados de otras filiales del grupo Ferrovial en España”, reconoce.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia en un comunicado.

La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC.

“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”, subraya Competencia.

Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.

Sobrecoste en la obra con la que Almeida aspira a rebajar los atascos en la zona alta de la ciudad. El contrato para modificar el Nudo Norte se ha elevado en casi tres millones de euros esta semana, según la documentación del acuerdo a la que ha tenido acceso Somos Madrid. La subida de los costes llega acompañada de un aumento en los plazos para acabar los trabajos, que se alargarán casi dos meses más de lo previsto.

La empresa FCC, adjudicataria de uno de los contratos de obras más sustanciosos de esta legislatura, ingresará 2.969.871,88 euros extra por sus trabajos. Supone el 6,6% de los 44.949.309,38 euros (impuestos incluidos) que le serán abonados al finalizar la colección de viaductos y ramificaciones que facilitarán la circulación y las conexiones por esta zona de la M-30.

El Ayuntamiento de Madrid explica que el incremento del presupuesto se debe a los servicios afectados que han aparecido en zonas no definidas en los proyectos que se aprobaron en la primavera del año 2020, cuando se lanzó la adjudicación. “Fundamentalmente, afecciones en el Canal de Isabel II, telefónica, fibra óptica de la DGT y del consistorio”, justifican a este periódico fuentes del área de Movilidad, responsable de la obra.

En cuanto al aumento de los plazos, la dilación ascenderá a 52 días, según los documentos oficiales consultados por este medio. En Movilidad son un poco más optimistas y rebajan el retraso a 45 días. Lo achacan a que no han llegado a tiempo elementos para la obra en los túneles, como las luminarias, los paneles y otros materiales. Además, el Ayuntamiento paró la última semana la obra durante dos días para facilitar la movilidad durante la Cumbre de la OTAN.

Sumados los retrasos, serán 721 días con los que cuente FCC para finalizar sus trabajos en el Nudo Norte, lo que significará casi dos años de obra en uno de los puntos clave para el tráfico madrileño, que recoge circulación procedente o con dirección a la Carretera de Colmenar (M-607), la M-30, la Carretera de Burgos (A-1) y la M-11.

La reforma del Nudo Norte persigue reducir las congestiones de tráfico en la zona, por donde pueden llegar a pasar 34.000 vehículos diarios en hora punta de la mañana y 33.800 en la franja de tarde. El área de Movilidad asegura que cuando, acaben las obras, los conductores tardarán un 31% menos en los desplazamientos.

Hasta el momento, se han abierto al tráfico dos de las cuatro actuaciones previstas. El pasado mes de febrero se inauguró un viaducto para conectar de forma directa la M-607 con el Paseo de la Castellana, para facilitar los accesos desde Tres Cantos, Montecarmelo, Mirasierra o Herrera Oria.

En mayo se abrió el primero de los tres túneles con los que cuenta el proyecto, que permite desde entonces la conexión directa del tráfico rodado entre el paseo de la Castellana y la M-30 con destino a la A-1 (carretera de Burgos) y la M-11 (recintos feriales), eliminando la obligación de tomar varios desvíos para efectuar estos trayectos. También beneficia a los trayectos que discurren desde la M-607 hacia la M-30 dirección sur.

Las congestiones de tráfico que sufre Madrid después de la pandemia representan una de las preocupaciones de los mandatarios municipales. El fin de muchas jornadas de teletrabajo supuso el pasado otoño atascos considerables durante varios días, que el alcalde intentó combatir con la presencia de grúas gigantes. La pasada primavera, la capital volvió a vivir varias jornadas de retenciones kilométricas en sus carreteras.

Los retrasos en las obras del Nudo Norte pueden dejar este otoño un escenario similar al vivido el año pasado. No parece, en cualquier caso, que las dilaciones vayan a extender tanto las actuaciones que el consistorio llegue con los trabajos sin terminar para las próximas elecciones.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a detallar los conflictos de interés en los que ha incurrido la presidenta del denominado súperregulador de los mercados, Cani Fernández, desde su nombramiento hace casi dos años.

Transparencia ha estimado una reclamación de elDiario.es y ha instado a la CNMC a facilitar la relación de expedientes en los que se ha tenido que inhibir Fernández, ex abogada de élite en el bufete Cuatrecasas, desde su nombramiento en junio de 2020, para no incumplir la normativa de incompatibilidades de los altos cargos. Competencia, que no comenta este asunto, ha tenido que especificar el nombre de las empresas afectadas, como reclamó este medio.

Para argumentar su exigencia de que la CNMC publique esos datos, Transparencia subraya en su resolución que “la información no facilitada tiene un valor fundamental desde el punto de vista de los fines a los que responden el principio de trasparencia y el derecho de acceso a la información pública: que la ciudadanía pueda conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones de modo que esté en condiciones de someter a escrutinio la acción de los responsables públicos”.

La “relación de empresas afectadas en cada expediente que ha motivado la causa de abstención” recopilada el 17 de mayo, a instancias de Transparencia, por el secretario del consejo de la CNMC, Miguel Bordiú García-Ovies, recoge 15 expedientes en los que ha tenido que inhibirse Fernández.

Las empresas afectadas son Acciona, la constructora FCC, Rentrak (una compañía estadounidense que facilita información en tiempo real de los datos de taquilla de las salas de cine), el grupo logístico Toro y Betolaza, los restaurantes Áreas, la petrolera Cepsa y el grupo Mediaset, cuya relación con Fernández antes del nombramiento de esta como presidenta de la CNMC es de sobra conocida.

En el caso de FCC, una de las mayores constructoras españolas, la presidenta de la CNMC ha tenido que inhibirse en el expediente de obra civil contra varias de las principales empresas de este sector que Competencia acordó reiniciar en julio de 2020, un mes después del nombramiento de Fernández, porque la instrucción original había caducado.

La presidenta de la CNMC tampoco participó en la resolución que permitió desmantelar en agosto de 2021 un cártel de conservación de carreteras en el que participó la constructora controlada por Carlos Slim, a la que había asesorado en otro asunto, según fuentes del organismo.

El 17 de agosto de 2021, el organismo impuso 61,28 millones en multas a las infractoras, de los que 8,5 millones correspondían a una filial de FCC. Con la multa a ese grupo de empresas por repartirse contratos de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento, la entidad pidió la inhabilitación de filiales de todas las grandes de ese sector (ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y OHL) para recibir contratos públicos tras imponerles más de 100 millones en multas.

En el caso de Acciona, los expedientes son dos, relacionados con Audeca (filial de Elecnor) y Aceinsa (de ACS). La información remitida este medio incluye un tercer expediente, el citado cártel de mantenimiento de carreteras, pero se trata de un error, según aclaran fuentes del organismo.

Fernández también se ha inhibido en cuatro procedimientos relativos a Rentrak y en una operación de concentración que afectaba a Cepsa, la segunda compañía en el negocio de distribución de carburantes. Este sector lleva semanas en el foco ante las dudas sobre si las empresas han absorbido los descuentos que financia el Gobierno para mitigar el efecto de la Guerra en Ucrania en los precios de los carburantes.

Fernández también se inhibió en la autorización de la compra de los restaurantes Autogrill por parte del grupo Áreas y en otro expediente sancionador en el que se multó con 3,5 millones a seis empresas dedicadas a comercializar combustibles sólidos. Entre ellas estaba el grupo de servicios marítimos-portuarios y logísticos Toro y Betolaza. El presidente y director general de esta empresa vasca, Juan Carlos Toro Arrué, fue uno de los sancionados a título personal.

“Efectiva fiscalización”

El consejo de Transparencia destaca que “la identificación de las empresas que motivan la abstención de un alto cargo es un elemento esencial para la efectiva fiscalización por la ciudadanía de la observancia del deber legal de abstenerse cuando exista un conflicto de interés que pueda perjudicar los intereses generales”. “Es evidente que existe un destacado interés público en su conocimiento”.

Además, “la información solicitada ya ha sido expresamente declarada de carácter público por el legislador”, en un registro específico de actividades de altos cargos “en el que han de constar las entidades públicas y privadas con las que un alto cargo haya mantenido relaciones profesionales en los años anteriores a su toma de posesión y, por este motivo, sean susceptibles de generar un conflicto de interés”, recuerda el consejo.

Transparencia añade que el acceso a la información pública “es un derecho de rango constitucional que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, condición y alcance de los que se deriva de modo directo que cualquier restricción de su eficacia ha de partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación”.

El pasado 25 de agosto, y tras la negativa del organismo a facilitar la información a este medio, amparándose en “la relación de confidencialidad cliente-abogado”, este diario solicitó a la CNMC, a través de su portal de Transparencia, la relación de expedientes en los que se había inhibido Fernández desde su nombramiento, especificando las empresas afectadas que hubiera motivado la existencia de un conflicto de interés.

El organismo se limitó a remitir los expedientes en los que se había producido la abstención, sin precisar la empresa afectada cómo se le había solicitado. Argumentó que sus resoluciones son públicas y en ellas “se hace expresa mención de los miembros del Consejo que toman parte en cada deliberación y resolución, con lo que es posible comprobar la intervención o ausencia de la Presidenta”.

Secreto profesional y confidencialidad

Tras la nueva negativa de la CNMC a facilitar esa información, elDiario.es presentó una reclamación ante el CTBG amparándose en la Ley de Transparencia. En el proceso de alegaciones, Competencia argumentó que “no procede facilitar la información sobre la concreta empresa o empresas con las que existe el conflicto de interés”, amparándose, entre otros motivos, en el “secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”, que son, aseguró, “esenciales en cualquier relación comercial o profesional”.

El organismo público que vela por el buen funcionamiento de los mercados en España expuso ante el CTBG que “la identificación de las empresas afectadas por la causa de la abstención constituiría una vulneración directa del secreto profesional y del principio de confidencialidad que protege las relaciones profesionales”. “El acceso a esta información supondría un notable perjuicio para intereses privados de terceros, que no estaría justificado razonablemente por ningún interés público”.

Según el súperregulador, “el derecho a la información pública del ciudadano queda suficientemente garantizado con la identificación de los expedientes afectados, máxime cuando todas las empresas interesadas en los mismos aparecen en la versión pública de los acuerdos o resoluciones disponible en la página web de la Comisión”.

Competencia argumentó además que “la obligación de abstención se configura como un deber de naturaleza individual para el alto cargo. En el caso de la CNMC, como órgano colegiado, el resto de miembros del pleno o de cada una de las salas deben quedar informados de la existencia de la abstención, pero no de la motivación interna de la misma”.

“De hecho, forma parte de la esencia de la abstención que quien la formula no tenga ningún tipo de intervención en la tramitación del procedimiento, ni suministre información adicional que pudiese condicionar el sentido de la decisión afectada por el conflicto de interés”, expuso el organismo.

Según la tesis de Competencia, “es la Oficina de Conflictos de Intereses, y no la CNMC o cualquier otro ente u organismo, la única que debe conocer cuál ha sido la actividad desempeñada durante los dos años anteriores a su toma de posesión”.

“La petición de información sobre las empresas que generan el conflicto de interés no sólo carece de base normativa, sino que alude a información de la que la CNMC no dispone ni debe disponer de acuerdo con la normativa reguladora del alto cargo”. Finalmente, Transparencia ha echado por tierra sus argumentos.

El asunto de los posibles conflictos de interés ha acompañado a Fernández desde que fue propuesta para el cargo. Por su pasado como asesora de élite para numerosas empresas y por la actividad de su marido, Jorge Padilla, otro reputado abogado experto en competencia, director gerente sénior y jefe para EMEA de la consultora Compass Lexecon.

Esta firma especifica en su web que Padilla “no representará a clientes” ante la CNMC mientras dure el mandato de su esposa al frente de este organismo. Fernández ya ha firmado resoluciones que afectan a empresas a las que asesoró, como Uber. Cuando fue propuesta para el cargo prometió que iría “más allá” de lo que exige la normativa de incompatibilidades.

La empresa FCC Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en Alcoi, dejó de abonar gastos o incurrió en sobrecoges por un valor total de un millón de euros, según ha acreditado una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en cuyo informe de conclusiones pide al consistorio que reclame a la firma y que tramite los procedimientos de regulación económica. 

Fuentes de Aqualia señalan que las cuestiones analizadas en el informe son todas “de carácter interpretativo entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria” y, en todo caso, “meramente administrativas”. También destacan la duración de la concesión (dos décadas) y el hecho de que la AVA aceptara varias alegaciones de la empresa. Además, recuerda que el informe de Antifraude formula recomendaciones sin “implicaciones judiciales de ningún tipo”.

Tras una alerta recibida en la agencia, han aflorado varias irregularidades sobre la concesión. Así, el Ayuntamiento de Alcoi asumió los gastos del consumo de eléctrica del bombeo para el servicio de agua potable cuando, según el pliego de cláusulas administrativas, correspondían al concesionario. Entre 2004 y 2019, estos gastos han supuesto que el consistorio abonara 462.634 euros.

La empresa defiende que “cualquiera de las interpretaciones posibles sobre quién asume los costes de la energía eléctrica de unos bombeos tiene un efecto económico absolutamente neutro para Aqualia, toda vez que, aunque le correspondiera asumirlos al concesionario, se trataría de un coste más del servicio y, como tal, lo incluiría en la correspondiente liquidación del ejercicio”.

Además, la empresa percibió la retribución de la indemnización compensatoria por la gestión del canon de saneamiento de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), “incumpliendo la oferta presentada en la licitación del contrato”. El importe estimado, por ingresos directos derivados de la concesión del servicio no declarados en los estudios de tarifas, asciende a 432.276 euros. Aunque Antifraude apostilla que no le consta que se haya repercutido por parte de la empresa de forma directa a los usuarios.

Por su parte, la filial de FCC interpreta que no se trata de un servicio que preste como concesionaria “sino como gestor de ese servicio para la EPSAR”. En la prestación, añaden fuentes de la empresa, la prestación de la compañía “incurre tanto en gastos como en una indemnización, fijada por la propia EPSAR”. Así, defienden que “en ningún documento contractual analizado por la AVA se afirma que Aqualia tuviera que entregar al órgano de contratación esas indemnizaciones, que se le conceden por soportar costes reales para recaudar un tributo en beneficio de otra administración pública, como hace cualquier otra empresa gestora de servicios de agua”. 

Sobre las obras de renovación del sector Eixample de la red de agua potable de Alcoi ejecutadas por FCC Aqualia, el informe destaca que no figuraban en el anteproyecto ni en las bases o las especificaciones técnicas del contrato de concesión que, en todo caso, deberían ser previos a la adjudicación. Los importes de la inversión en el proyecto aprobado después de la adjudicación “no se corresponden, siendo superiores, a los recogidos en la oferta económica de la entidad concesionaria”, agrega la AVA.

El informe estima un sobrecoste en las obras, financiadas con el canon variable que la concesionaria abona al ayuntamiento, de 51.132 euros respecto al importe ejecutado. Además, los 77.655 euros de honorarios por la dirección de obras del proyecto, fueron asumidos directamente por la Corporación municipal “cuando en paridad se trata de un coste asociado a la concesión”, señala Antifraude.

Fuentes de la firma concesionaria señalan que se trata de “una pequeña diferencia” entre el presupuesto y el valor de obra certificado de unos 50.000 euros en una actuación de más de dos millones de euros“. Una ”circunstancia absolutamente normal y que sucede habitualmente en la realización de obras civiles“, agregan.

Por otro lado, la AVA también reprocha a la empresa que, desde el inicio de la concesión en 2000, haya incumplido la obligación de presentar ante el Ayuntamiento de Alcoi las copias certificadas de la cuenta de pérdidas y ganancias y de los balances de situación sobre la concesión, tal como preveían los pliegos que rigen la contratación. Tampoco consta la aprobación de las liquidaciones definitivas anuales por parte del consistorio.

Datos inexactos en la actualización de la tarifa

Además, Antifraude ha constatado la coincidencia entre las previsiones de costes e ingresos previstos en los estudios de solicitud de actualización de las tarifas, previas al inicio del ejercicio, y los documentos presentados “sin certificar de ningún modo” en formato de cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación de la unidad independiente del servicio de abastecimiento de agua de Aqualia Alcoi.

La AVA también lamenta la “falta de rigor” en los datos recogidos por la entidad concesionaria en los datos recogidos en los estudios de actualización de las tarifas del agua potable. Finalmente, el informe también destaca que la Comisión de Seguimiento y Control del Servicio, regulada en el pliego de condiciones de la concesión, sólo se ha reunido una vez desde el 2003.

Además de recuperar las cantidades que desglosa la agencia, que suman un millón de euros, el informe también insta al Ayuntamiento de Alcoi a exigir a FCC Aqualia la documentación necesaria para aprobar las liquidaciones anuales pendientes y a que establezca una periodicidad para la convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Control del Servicio.

Finalmente, y dada la “inexactitud de los datos” de las memorias de la empresa, Antifraude recomienda que “se extreme la diligencia” en la revisión de la documentación presentada por FCC Aqualia y que incluso se soliciten aclaraciones o rectificaciones. La empresa, por su parte, indica que está en “permanente contacto” con el Ayuntamiento de Alcoi para “dirimir estas cuestiones”.

Vitoria estrenará nuevo servicio de limpieza a partir del próximo lunes, 1 de noviembre, con un presupuesto para los próximos cuatro años de 101.957.344 euros y a cargo de la UTE Servicios Urbanos Vitoria, integrada por las compañías Ferrovial Servicios (Cespa) y Onaindia, según ha confirmado este viernes el alcalde, Gorka Urtaran, en rueda de prensa. Desde que se adjudicara la nueva contrata de limpieza de la ciudad, el pasado mes de abril, ya está “prácticamente concluido” el proceso de trasvase entre empresa saliente y entrante de maquinaria y personal, entre otras tramitaciones, ha explicado el alcalde.

La UTE iniciará de forma gradual la puesta en marcha de todas las novedades que incluye el contrato municipal de Vitoria, entre ellas, la reorganización de la recogida selectiva por islas de contenedores o la instalación de 200 papeleras para separación selectiva, informa Europa Press. Además se facilitará la accesibilidad para personas con discapacidad en todos los contenedores y se implantará el cierre con chip de los de orgánica de forma que se pueda identificar a las personas que hacen uso de él y, por lo tanto, están muy concienciadas y sensibilizadas en el reciclaje y en la recogida selectiva de nuestros residuos“.

Este dispositivo, ha destacado Urtaran, una vez que se extienda por toda la ciudad, servirá también para desarrollar, “para 2023 o 2024”, una futura política de bonificaciones fiscales respecto a la tasa de basuras, “de tal manera que aquel que más recicle y más separe sea el que menos tenga que pagar”. “Con todas las mejoras, que iremos implementando de forma gradual, perseguimos varios objetivos, pero especialmente que los índices de reciclaje sigan mejorando y lo hagan de forma significativa”, ha destacado el alcalde, para recordar que el objetivo es “llegar a lo que marca Europa en los próximos años para la recogida selectiva, que es el 50% y estamos en el 35%, por lo que ahí tenemos un deber”.

Asimismo, ha indicado que con el aumento del número de contenedores y de papeleras y la reagrupación por islas quieren “ponérselo muy fácil a todas las personas concienciadas”, pero también, el Ayuntamiento reforzará servicios “para tener cada vez la ciudad más limpia”. El contrato de limpieza, que echará a andar el próximo lunes, cuenta con un presupuesto para los próximos cuatro años de 101.957.344 euros, IVA incluido.

Vitoria dispondrá de más medios humanos y materiales, ya que aquellos servicios que hasta ahora no han sido del todo “satisfactorios, como la recogida de voluminosos y la limpieza de alcorques, sumideros y fuentes”, los realizarán empresas especializadas, al margen de esta contrata, ha explicado. Con el nuevo contrato, el Ayuntamiento ha exigido, además, nuevas inversiones al adjudicatario. Por ejemplo, deberá invertir 650.000 euros al año en contenedores. Además, a pesar de que algunos servicios ya no se incluyen en el contrato principal (los realizará otra empresa), se va a mantener el mismo número de efectivos para el trabajo. También se ha eliminado la revisión de precios anual, con lo que durante los cuatro años el Ayuntamiento abonará la misma cantidad a la empresa adjudicataria.

Más personal en domingos y festivos

Con la nueva contrata se sustituirán los 947 contenedores que tienen más de cuatro años y se adquirirán 78 de envases, 376 de papel y cartón y 854 de materia orgánica, cerraduras electrónicas y medidores volumétricos de llenado de contenedores. También se adquirirán 90 nuevas bocas 'tipo panera' para los contenedores de recogida neumática. En el apartado de la limpieza viaria, además, se incrementará el personal de limpieza en domingos y festivos, se crearán equipos polivalentes (capaces de realizar las labores de calles, jardines, papeleras o juegos infantiles), y se reforzará el lavado con agua a presión con más hidrolimpiadoras en vez de baldeos.

En relación a la recogida, se incrementarán desde las 700 actuales a 1.200 las islas de recogida con los cinco contenedores —cartón, envases, vidrio, resto y orgánica con chip—. A través de los contenedores con chip, se logrará identificar a las personas usuarias y, a futuro (una vez que la normativa fiscal lo permita), poder primar a quien recicla la materia orgánica.

El modelo de recogida estará adaptado a cada zona. En el caso de los barrios con recogida neumática (Salburua, Zabalgana, Ibaiondo y Casco Medieval), se completará el sistema con contenedores. Los comercios y la hostelería seguirán teniendo servicio a demanda.

Urtaran ha advertido que, “para lograr el objetivo de mayor limpieza, de mayor reciclaje y de mayor orgullo de ciudad, no solo es suficiente un mejor contrato o más recursos económicos en este contrato”, sino que se requiere también “una mayor sensibilización y concienciación ciudadana”. “Sé que la mayoría de los gasteiztarras estamos muy concienciados y sensibilizados en una gestión adecuada de los residuos, pero también sé que hay una parte minoritaria que todavía no lo es, y a ellos apelo”, ha concluido.

La Xunta ha dado por concluida la construcción de la Cidade da Cultura, pero los quebraderos de cabeza que genera el complejo ideado por Manuel Fraga no han cesado. La administración autonómica tiene que afrontar el pago de un millón de euros en intereses por un sobrecoste en las obras porque no vio un aviso judicial que el sistema de correo electrónico no reconoció y envió a la carpeta de spam.

Según publica Praza Pública, todo empezó después de que la constructora FCC reclamase a la Xunta el pago unos sobrecostes en la Cidade da Cultura. El Tribunal Supremo confirmó a finales de 2019 que el Gobierno gallego debía asumir esa cantidad, de 2,5 millones y también los intereses de demora desde 2013. La auditora de la Cidade da Cultura había calculado que esos intereses sería en torno a medio millón de euros, pero FCC presentó ante la Justicia una valoración del doble de esa cantidad. Un juzgado de primera instancia de Santiago se lo comunicó en enero de 2020 a la Xunta y dio un plazo de diez días para que aportase su estimación. No lo hizo, de modo que quedó validada la cifra de la constructora.

El argumento de la Xunta para no haber contestado fue que hubo un error en el sistema de correo y la comunicación entró, pero se archivó en la carpeta de correo basura cuando se le reenvió a la abogada que se estaba ocupando de este caso concreto. Las alegaciones no han sido aceptadas por la Audiencia Provincial de A Coruña, que responde que el fallo era “previsible y evitable” y no un caso de fuerza mayor.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido ya qué empresas gestionarán durante los próximos seis años su servicio de limpieza, el contrato más cuantioso de los que adjudica la corporación de la capital. Será a cambio de 1.636.419.788,82 euros (impuestos incluidos), según consta en la propuesta de adjudicación del consistorio a la que ha tenido acceso este periódico y que se divide en seis lotes. El importe total es ligeramente inferior al precio inicial calculado por el área de Medio Ambiente al sacar la licitación, que cifró en 1.692,39 millones.

La compañía Urbaser, que antiguamente pertenecía a ACS y actualmente está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se ha hecho con dos de los contratos, el del lote 3 (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros, y el del lote 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones. Ambos ya han sido adjudicados, como también el del lote 1, el más cuantioso de todos y que da servicio a los distritos de Centro, Chamberí y Tetuán. Se lo ha llevado por 306 millones la empresa Cespa, filial de Ferrovial, la constructora que hasta ahora ostentaba el contrato sobre la misma zona.

Quedan por adjudicar formalmente los lotes 2, 4 y 6, aunque el Ayuntamiento de Madrid ya ha propuesto otorgárselos a otros tres grupos empresariales: la unión de Valoriza (de la constructora Sacyr) y OHL se hará previsiblemente con la limpieza de Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín por 274 millones; Acciona y Alfonso Benítez SA se encargarán de las zonas de Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas por 300,1 millones y FCC se hará cargo de los distritos de Usera, Villaverde y Carabanchel por 252,8 millones.

Hace unas semanas, el área de Medio Ambiente alargó durante mes y medio los contratos que aprobó Ana Botella en 2013 y que continuarán vigentes hasta la firma de las nuevas adjudicaciones. Los trabajadores del servicio estaban pendientes de que no se extendiera mucho más porque la entrada en vigor de las licitaciones incluye importantes mejoras ligadas al nuevo convenio colectivo, entre ellas una subida del 2,17% salarial y la contratación de unos 2.000 operarios más, según anunció el Ayuntamiento en la presentación del concurso.

El consistorio aseguró en su momento que estos nuevos lotes “blindan la limpieza de la ciudad” al establecer el Ayuntamiento las características de las prestaciones, en lugar de ser la concesionaria la que determinaba los medios para el servicio. “Los propios ciudadanos serán auditores a través de un canal de atención las 24 horas para comunicar incidencias”, añadió también. Los nuevos contratos se extenderán durante tres legislaturas: la actual, la que salga de las elecciones de 2023 y la de los comicios de 2027, cuya alcaldía será la encargada de convocar un nuevo concurso.

Quejas por el servicio del anterior contrato

La adjudicación llega tras años de polémicas y en medio de las críticas de vecinos y partidos de la oposición por la escasa limpieza en los distritos del sur de Madrid. “Los barrios del sur estamos viviendo este verano una situación terrible”, se quejaba este jueves desde Usera el concejal de Más Madrid Félix Rey. “No sabemos si usted tiene algún control sobre las empresas de la limpieza o más bien son las empresas de la limpieza las que tienen un control sobre usted, pero no nos puede tener diez días sin que un barrio se limpie”, ironizaba. La compañía que se encargará del nuevo contrato en los distritos del sur será la misma que lo ejecutaba en el anterior: Fomento de Construcciones y Contratas.

Desde el Ayuntamiento rechazan las acusaciones de que se esté limpiando menos en los distritos del sur en las últimas semanas: “No se han detectado anomalías significativas en ningún distrito, incluido el de Usera, si bien siempre pueden producirse incidencias puntuales, de carácter leve, en cualquier zona de la ciudad”, explican fuentes del área de Medio Ambiente. “Es inviable la permanencia de residuos sin recoger en la vía pública”, añaden antes de señalar que la recogida de residuos se ha incrementado recientemente y que las encuestas de satisfacción están mejorando cada año.

Un servicio blindado desde hacía ocho años

Los contratos de limpieza vigentes en Madrid datan del año 2013, cuando Ana Botella adjudicó seis concesiones durante ocho años a cuatro de las empresas que ahora también repetirán a través de diferentes fórmulas: la citada FCC se ha encargado hasta ahora de Moratalaz, Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Usera; Sacyr ha limpiado los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Fuecarral-ElPardo y Moncloa-Aravaca; Ferrovial se adjudicó entonces Tetuán, Centro, Chamberí y Barrio del Pilar y OHL estuvo al cargo de la limpieza de Barajas, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Ciudad Lineal.

Las condiciones de limpieza que establecían los contratos de Botella eran tan deficitarias que Manuela Carmena se planteó anular los acuerdos a su llegada a la alcaldía, a la vista de una legislatura lastrada por la suciedad en las calles. Sin embargo, el alto coste en indemnizaciones le hizo cambiar de idea y en lugar de cancelarlos, planteó multas en forma de descuentos sobre la concesión a las empresas cuando detectaba incumplimientos.

Después de su elección, José Luis Martínez Almeida admitió que el servicio de limpieza heredado de su compañera de partido no era el más adecuado para mantener la ciudad en condiciones: “Queremos recuperar el orgullo que teníamos los madrileños de tener una ciudad limpia. En estos momentos no podemos decir que está lo limpia que queríamos que estuviera”, afirmó hace casi un año. Después anunció, ante las presiones de la oposición y de los vecinos, que incrementaría el presupuesto un 45% más (de 282 millones anuales frente a los 194 anteriores) y que exigiría un mínimo de personal para evitar los despidos que acometieron las adjudicatarias en el año 2013, al poco de obtener los contratos.