La presidenta de la CNMC ya toma decisiones sobre empresas a las que asesoró como abogada

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién. EFE/ Fernando Alvarado/Archivo

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ya toma decisiones que afectan a empresas a las que asesoró como abogada de élite en el bufete Cuatrecasas. Los registros del organismo acaban de publicar una resolución favorable a los intereses de una filial del gigante tecnológico Uber, su cliente antes de llegar al cargo en junio de 2020.

El pasado 21 de diciembre, la Sala de Competencia de la CNMC, con Fernández como presidenta, acordó seguir el criterio de la Dirección de Competencia del organismo y no incoar un procedimiento sancionador en el mercado español de plataformas online de gestión de pedidos de comida a domicilio por los contratos de exclusividad con los restaurantes que tienen los operadores del sector.

En el expediente era parte afectada Uber Eats, filial de Uber, junto con Just Eat, Deliveroo y Glovo, según se recoge en la resolución. Esta indica que “procede la no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las actuaciones seguidas a partir de la denuncia presentada”.

“La Presidenta no incurría en conflicto de intereses, con lo que podía perfectamente participar en la deliberación y resolución”, señala el organismo en un correo electrónico, a preguntas sobre este asunto.

Fernández fue abogada de Uber en su guerra contra el taxi español ante el Tribunal de Justicia de la UE, en un pleito para determinar si la app del grupo estadounidense debía considerarse un servicio de transporte, como exigía el sector del taxi de Barcelona, o sólo como un servicio de la sociedad de la información, como defendió sin éxito Cuatrecasas.

La sentencia desfavorable a Uber fue dictada el 20 de diciembre de 2017. Se desconoce hasta qué fecha asesoró al gigante estadounidense Fernández, que cuando fue propuesta para el cargo prometió que iría “más allá” incluso de lo que exige la normativa para evitar conflictos de interés.

Según la ley de incompatibilidades de los altos cargos, estos están incursos en conflicto de intereses cuando tomen una decisión que afecte a empresas a las que hayan estado vinculados profesionalmente en los dos años previos al nombramiento.

“Les aseguro que nunca se producirá un conflicto de intereses, que me abstendré incluso voluntariamente cuando la ley no lo requiera pero deba dar un paso más allá, y que además lo haré no solamente por la neutralidad de la independencia de la CNMC sino por su prestigio y buen nombre”, prometió Fernández a los diputados cuando fue propuesta por el Gobierno en junio de 2020.

“Sobre mi etapa profesional previa o cualquier otra fuente de potencial conflicto, les garantizo, por supuesto, que nunca se producirá un conflicto de intereses. Ante cualquier duda me abstendré de conocer sobre el asunto y garantizaré no ya la independencia y neutralidad de la CNMC, sino también su prestigio y su buen nombre”, insistió.

Entonces, Fernández pronosticó que no habría “un número significativo de asuntos en los que habrá conflicto y desde luego no se va a producir esa situación de falta de operatividad que les preocupa”. También anunció su renuncia a la excedencia que había pedido meses antes en Cuatrecasas para incorporarse como asesora al Gabinete de Presidencia del Gobierno que en ese momento dirigía Iván Redondo. 

La resolución que acuerda archivar esa denuncia en la que era parte afectada Uber Eats indica que “no se considera que las redes paralelas de acuerdos verticales que contienen exclusividades por parte de los distintos operadores sean susceptibles de tener un impacto significativo sobre la capacidad competitiva de terceros competidores actuales o potenciales ni de restringir la competencia de forma significativa en los mercados afectados. En consecuencia, no se aprecian indicios de que estos acuerdos puedan ser restrictivos de la competencia, ni individualmente ni considerando su efecto paralelo acumulativo”.

La firma de Fernández aparece también en varias resoluciones fechadas en octubre pasado relacionadas con el cártel de la automoción desmantelado en 2015 por la CNMC. Fernández fue la artífice de la solicitud de clemencia que permitió al grupo Volkswagen denunciar los hechos y librarse de casi 40 millones en multas.

Ahora, ha firmado las resoluciones que han rebajado ligeramente las multas a algunas de las infractoras al ser estimados parcialmente sus recursos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A las 99 participantes en ese cártel la entidad les impuso la mayor multa de su historia, de 171 millones de euros.

“Relación de confidencialidad”

El asunto de los posibles conflictos de interés ha acompañado a Fernández desde que fue propuesta para el cargo. Por su brillante trayectoria como abogada para numerosas empresas como Mediaset, multada junto a Atresmedia con 77 millones de euros por la CNMC por el duopolio televisivo en un contencioso pendiente de resolverse en los tribunales. Y por la actividad de su marido, Jorge Padilla, otro reputado abogado experto en competencia, director gerente sénior y jefe para EMEA de la consultora Compass Lexecon.

Esta firma especifica en su web que Padilla “no representará a clientes” ante la CNMC mientras dure el mandato de su esposa al frente de este organismo.

El pasado agosto, Competencia se escudó en “la relación de confidencialidad cliente-abogado” para no detallar los conflictos de interés en los que se ha visto inmersa su presidenta. Entre los expedientes en los que, según reconoció entonces la CNMC, estaba “conflictuada”, sin precisar la empresa afectada ni el motivo, son la multa de 61,2 millones a un cártel de 12 constructoras por repartirse contratos de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento.

La firma de Fernández tampoco aparece en el expediente a varias distribuidoras cinematográficas que la sala de Competencia acordó archivar en septiembre; ni en la resolución que autorizó la compra por parte de Ribera Salud del 65% del hospital privado de Denia a la aseguradora DKV; ni en la que dictó en octubre la Sala de Competencia para decidir archivar una denuncia de varias patronales de ingeniería contra la empresa pública Ineco, en una decisión que contó con el voto en contra de dos consejeros del organismo que pidieron devolver el expediente a la Dirección de Competencia de la CNMC. La entidad no precisa si en esos casos Fernández estaba “conflictuada”.

Hace algo menos de un año, en otra comparecencia en el Congreso en la que denunció la falta de medios y autonomía del organismo, la presidenta de la CNMC dio algunos datos a los diputados sobre los conflictos de interés que habían aflorado hasta entonces. Explicó que había tenido que abstenerse en 11 ocasiones, en referencia a seis asuntos, de un total de 698 decisiones.

“Me abstengo cuando corresponde” y esta situación “no está bloqueando” el funcionamiento “normal” de la institución, afirmó. El organismo ha optado por un perfil bajo en la reciente crisis de precios de la luz pese a las llamadas del Gobierno a investigar posibles comportamientos anómalos.

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