La presidenta de la CNMC denuncia falta de autonomía y “dificultades” para proteger a denunciantes e informadores

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha denunciado este miércoles que el organismo tiene una “falta de independencia funcional” y una “infradotación de recursos” que es “evidente” y ha lamentado las “dificultades” para proteger a denunciantes e informadores. Fernández ha dicho que hay “factores que realmente explican” el comportamiento de los precios de la luz durante el temporal del mes pasado y ha señalado que no tiene “la percepción” de que el mercado eléctrico sea “un oligopolio”. También ha asegurado que sus conflictos de interés no están “bloqueando” el funcionamiento de la entidad.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, Fernández ha dicho que el organismo está encontrando “dificultades” para “dotar a los denunciantes y a los informantes de un estatuto de protección suficiente”.

Pero la mayor parte de su intervención ha estado dedicada a la falta de autonomía de la CNMC, que en teoría debe desarrollar sus funciones con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, las Administraciones Públicas, los agentes del mercado y cualquier interés empresarial o comercial. “No estamos pidiendo más presupuesto” porque en la entidad son “muy conscientes de la situación en la que estamos ahora mismo”. “Lo que estamos pidiendo es poder gestionar bien el que tenemos”.

Fernández, al frente del organismo desde el verano pasado, ha dicho que desconocía esta situación antes de llegar al cargo y que su “prioridad absoluta” es conseguir esa “autonomía de gestión de los recursos”, que está “lejos” de la del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pese a que “existe una previsión clara en la normativa europea respeto a la necesaria autonomía en la ejecución del presupuesto” de los organismos reguladores.

La presidenta de la CNMC ha explicado que por sus funciones, independencia, relevancia en la regulación y supervisión y relaciones en el marco de la UE, la entidad debería disponer de un presupuesto estimativo, como el regulador bursátil y el supervisor bancario, y no limitativo, como ahora. De esta forma, y con independencia de la “infradotación” de recursos del organismo, podría efectuar una mejor distribución interna de sus créditos en función de las necesidades puntuales de cada momento, “sin que ello comporte un incremento del gasto público”.

“Problema histórico”

La falta de autonomía funcional es un “problema histórico” y una vieja reivindicación de la CNMC desde su creación en 2013 que Fernández ha atribuido a la “inacabada” fusión de organismos que dio origen a una entidad que nació “infradotada”, y a que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (conocida como CECIR) de los ministerios de Hacienda y Función Pública tiene “una interpretación de la ley muy restrictiva para el personal laboral”, mayoritario en el organismo.

Esto “favorece situaciones potencialmente discriminatorias” para este colectivo, que tiene “pocas expectativas de promoción”, y ha visto reconocidos sus derechos en sentencias judiciales que el organismo no puede ejecutar.

Fernández ha pedido una modificación de la Ley 3/2013 de Creación de la CNMC y del Estatuto del organismo para solucionar esta carencia y ha puesto varios ejemplos prácticos de las consecuencias de esta situación.

La falta de autonomía ha impedido, según ha explicado, crear una subdirección de Inteligencia Económica u otra de Energías Renovables, como las que ya existen para Gas o Electricidad; el organismo cuenta con “cuatro comités de empresa distintos más el que representa a los funcionarios”. En audiovisual, tras el éxodo de efectivos tras la absorción de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la situación es “dramática”: “Tenemos 15 personas” y con la nueva ley del sector “vamos a asumir la función de regular a los influencers y a los youtubers”.

Hay “más de 1.000 bloggers que tenemos identificados” y “no vamos a poder” porque esas nuevas funciones se suman a la supervisión de los contenidos que emiten las televisiones. “Somos el último de Europa”, si se tiene en cuenta la población de cada país. Francia tiene “300 personas” en su Consejo Audiovisual, el de Alemania, más que toda la CNMC, que cuenta con algo más de 500 efectivos; Portugal tiene 85 y Dinamarca, 90.

Según ha explicado, para afrontar la carga de trabajo extra que suponían las nuevas funciones en materia de regulación de electricidad y gas que asumió en 2019 el organismo, se solicitó a la CECIR cinco puestos que se dotarían mediante la eliminación de cinco ya existentes. La petición “fue denegada” porque esas vacantes debían cubrirse con funcionarios.

Un perfil que no existe en el ámbito de la supervisión de las tarifas aeroportuarias o del sector audiovisual. Y para cubrir una vacante de inspector con un funcionario del cuerpo de farmacéuticos dedicado a “investigar en plena pandemia”, “hemos tardado un año”.

Subida de la luz

Preguntada por el episodio de precios récord de la luz de enero a raíz de la tormenta Filomena, que el Gobierno exhortó al organismo a investigar, Fernández ha señalado que “fue realmente la tormenta perfecta”. Hubo “factores que realmente explican esa situación”, con el precio del gas “absolutamente disparado”, “nada de renovables”, problemas de suministro desde Argelia y falta de producción hidráulica. “Desde el primer día” la CNMC monitorizó la situación “para poder descartar que no hubiera ningún elemento de cartelización, de distorsión de precios, etcétera”.

En contra de lo afirmado por ministros como el titular de Consumo, Alberto Garzón, ha negado que el mercado eléctrico sea “un oligopolio”: “Yo no tengo esa percepción”. Ha puesto como ejemplo la subasta de renovables de la semana pasada, cuando 27 empresas se adjudicaron potencia fotovoltaica y otras ocho, eólica.

Preguntada por los conflictos de interés que ha afrontado desde su nombramiento, por su pasado como asesora de élite para empresas en materia de competencia, ha explicado que hasta ahora ha tenido que abstenerse en 11 ocasiones, en referencia a seis asuntos, de un total de 698 decisiones. “Me abstengo cuando corresponde” y esta situación “no está bloqueando” el funcionamiento “normal” de la institución.