Tras reunir más de 10.000 firmas y solicitar a las Juntas Generales de Bizkaia que los perros de más de 8 kg puedan viajar en metro, la petición formada por la Agrupación de Ciudadanos por un Metro Bilbao Inclusivo con las Familias con Perro de Compañía ha escalado este martes a la Comisión de Movilidad Sostenible del Parlamento Vasco. En Bilbao, el artículo 18 de la normativa del Metro de Bilbao establece que se permite a las personas usuarias ir acompañadas de un único perro o gato, cuyo peso sea inferior a 8 kg, siempre y cuando viajen en las condiciones idóneas y no resulte peligroso, ni molesto por su forma, volumen, ruido u olor. Sin embargo, esta normativa es distinta a la del tranvía de Bilbao que establece que los perros de cualquier tamaño pueden viajar, siempre que vayan atados con correa, sin necesidad de transportín. Esto ocurre porque el tranvía está gestionada por la empresa pública Euskotren, quien en sus trenes, también en la línea 3 del mismo metro, que recorre la capital vizcaína desde Otxarkoaga hasta Matiko, permite la entrada de perros de cualquier tamaño. Una situación que, a ojos de la plataforma ciudadana, es “anómala” y “carece de sentido”.

 “Una de cada tres familias en Bilbao tiene perro. Por tanto, estas familias necesitan poder desplazarse con el perro por la ciudad. Es más, en metro, actualmente, podemos ir cómodamente desde Basauri a Santurtzi o Plentzia. No tiene sentido que impidamos que una de cada tres familias no pueda hacer uso de esta importante infraestructura que es de todos. Una ciudad que aspira a ser moderna no puede dejar, en la actualidad, sin opciones para desplazarse con su perro a una de cada tres familias”, han denunciado desde la plataforma, quienes han destacado que en la línea 1 y 2 del metro no se puede ir con perros grandes pero en la línea 3 sí, porque esta última, al estar gestionada por Euskotren, tiene una normativa diferente.

En la comisión, los parlamentarios han presentado sus dudas acerca de la propuesta, sobre todo en cuanto a seguridad, higiene y “el tema de las alergias” a los canes. Al igual que ocurrió en las Juntas Generales, los miembros de la plataforma han respondido asegurando que en la línea 3 del metro los perros grandes viajan con total normalidad, y que su propuesta puede limitarse a un único vagón y un horario específico. “La sociedad de Bilbao ya conoce y ya está acostumbrada a todo esto. Es decir, los bilbaínos y los usuarios de los medios de transporte en Bilbao ya viajan con perros grandes desde hace muchos años en Euskotren, en el tranvía o en el funicular. No estamos hablando de algo nuevo que haya que implementar, o de algo que traemos de otro planeta, de otro país o de otra ciudad. Es algo que ya está en Bilbao. Está inventado, no entendemos el rechazo. Las personas que tienen alergia ya viajan en esos medios de transporte. Las personas que tienen miedo por algún motivo a los animales también viajan en esos medios de transporte en los que ya se cruzan cada día con familias que van con su perro. No es un debate nuevo. Lo que hay que hacer es implantar la medida y Metro Bilbao tendrá que comunicarla de la mejor manera posible a todos sus usuarios para transmitirles tranquilidad y no resucitar un debate de hace 30 años de perros sí o perros no. En 2026 lo que hay que hacer es comunicar, formar y sensibilizar simplemente de la medida que se implanta”, han argumentado los miembros de la plataforma.

En el Parlamento Vasco han mostrado los ejemplos del metro de Madrid, Barcelona, Granada o Palma de Mallorca, donde desde hace años los perros grandes pueden viajar en metro en vagones específicos y un horario determinado. “¿Qué están haciendo en esas ciudades? Si usted tiene alergia, no hay ningún problema, tiene todo el tren para ir, excepto un vagón en el que va la gente que va con perro. Problema solucionado. Si usted tiene fobia a los perros, no hay ningún problema, usted tiene todo el tren para viajar, excepto un vagón. Esas garantías ya existen, es cuestión de bienestar animal y cuestión de seguridad. En las horas punta no se viaja con perro, en la mayoría de metros, entre semana no se viaja antes de las 10.00 horas, no se viaja al mediodía en una franja que suele ser de una o dos horas y no se viaja a la salida de los trabajos. En fin de semana o periodo estival, no hay limitaciones. Madrid, Barcelona, Palma y Granada ya lo tienen. Está todo inventado. No se trata de crear un debate nuevo en la sociedad inexistente, ni de enfrentar a las personas”, han señalado.

Según han destacado, en su lucha por conseguir que los perros grandes viajen en metro han visitado distintas localidades de España y se han percatado de que no se trata de “una cuestión de colores políticos”. “El mismo partido en una ciudad que toma medidas avanzadas y en otra no. Es una cuestión simplemente de sensibilidad social y de responder a las demandas”, han apuntado, tras recalcar que la medida, además de al número de usuarios de transporte público, podría beneficiar al turismo de países que ya están más avanzados en esta materia, como Francia, Italia o Inglaterra. “Todos los europeos que vienen aquí, están acostumbrados a viajar con su perro en el metro, llegan a Bilbao y se llevan una imagen pésima. Entonces, por favor, tengamos ese chip, dejemos de estar en hace 30 años. Estamos en 2026 y hay que hacerlo por Bilbao. Hay que hacerlo por Euskadi y hay que hacerlo por las familias, la movilidad sostenible y el planeta”, han apuntado.

Al igual que han explicado en otras ocasiones, desde la plataforma se han reunido varias veces con Metro Bilbao, y reconocen que entienden sus preocupaciones, pero no su rechazo a la medida. “Nosotros entendemos la postura de Metro Bilbao. Lo entendemos porque así se nos ha transmitido en las reuniones que hemos tenido con ellos la preocupación por la seguridad y la preocupación también por los usuarios que pueden tener problemas de alergias, problemas de fobias y es algo perfectamente razonable. De hecho, nosotros somos los primeros que hemos manifestado la preocupación por poder viajar en Metro Bilbao con nuestra mascota con total seguridad. No es un sitio al que vamos a llevar a nuestro perro a pasear. No es un hábitat normal para un para una mascota, es un medio de transporte. Yo quiero ir del punto A al punto B con total seguridad, sin que nadie me moleste y sin generar molestias a nadie y poder volver de nuevo a mi punto de partida. Eso es lo que estamos pidiendo”, han solicitado.

Desde Metro Bilbao realizaron una encuesta de satisfacción a finales de 2025, en la que un 27% de los participantes, alrededor de 86.000 personas, indicaron que si se permitiera viajar con perros de más de 8 kg reducirían el uso del metro e incluso dejarían de utilizarlo. Sin embargo, desde la plataforma, lamentan que las preguntas de la encuesta iban dirigidas y no se preguntó si estaban “a favor o en contra”, sino si consideran que el hecho de que hubiera perros en el metro podría alterar su uso o las instalaciones. “Yo fui a la única de la plataforma a la que le hicieron la encuesta, una tarde en Algorta. Lo que vi es que las preguntas carecían de contexto. No se informaba sobre qué medidas se han adoptado en otros lugares o en qué condiciones se aprobaría la nueva medida. Metro Bilbao proponía, por ejemplo, que el acceso se garantizara. Entonces, cuando tú tienes una propuesta, una pregunta la puedes hacer de muchas formas, pero la puedes dirigir o la puedes presentar con una carencia de información que no te permita tomar una decisión informada. Eso es lo que echamos en falta”, ha asegurado una de las miembros de la plataforma ciudadana en el Parlamento Vasco.

Del mismo modo que el pasado marzo en las Juntas Generales de Bizkaia, los partidos políticos que forman parte de la Comisión de Movilidad Sostenible del Parlamento Vasco han valorado positivamente la iniciativa y se han abierto a estudiarla. No obstante, los miembros de la plataforma han lamentado que con las buenas palabras no basta, ya que hace 10 años, el 26 de abril de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao acordó solicitar a Metro Bilbao la posibilidad de modificar la normativa de mascotas facilitando el acceso y acompañamiento de las mismas a semejanza de otros metros de Europa. “Es una solicitud que lleva tiempo dando vueltas sin dar pasos. Las propias Juntas de Bizkaia aprobaron el 12 de junio de 2020 por unanimidad una enmienda transaccional en la que se instaba a los diferentes operadores de transporte público de Bizkaia a analizar a la mayor brevedad posible la regulación en relación con el transporte de mascotas adoptando las modificaciones oportunas para permitir viajar con perros de más de 8 kg. Solicitamos que se analicen y estudien este caso, que tomen las decisiones que les parezcan oportunas para que se modifique la normativa de Metro Bilbao”, han argumentado desde la plataforma ciudadana, que ya ha acudido a la mayoróa de los organismos vascos para que valoren y aprueben las medidas que posibiliten el acceso a perros grandes a todas las líneas de Metro Bilbao.

L'Audiència Provincial de Balears ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació presentat contra l'arxivament del cas de la coneguda com a “macrogranja dels horrors” de Llucmajor (Mallorca), en el qual se sol·licitava la recerca de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l'ordenació del territori i d'estafa al consumidor. El procediment es reobre en aquesta fase exclusivament a l'efecte d'estudi del recurs, després que el Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma acordés el sobreseïment provisional en considerar que no quedava acreditada la comissió de cap delicte per part de l'empresa Avícola Son Ballester –l'activitat comercial de la qual desenvolupa sota la marca Avícola Són Perot S.A–, tal com va informar aquest diari. Cal assenyalar que l’explotació avícola ha estat en el focus informatiu arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el 26 de maig de 2025 i que es van fer virals per les condicions de manca d’higiene i brutícia extremes de l’interior.

El despatx Peñas Roldán Abogados, que defensa la plataforma veïnal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, va presentar un recurs d’apel·lació contra l’interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma en entendre que la decisió del sobreseïment de les actuacions s’havia produït sense haver esgotat “les possibilitats d’indagació i investigació dels fets”. “És que ni tan sols s’han iniciat”, va lamentar Lorenzo Peñas a elDiario.es. Els veïns i veïnes afectats, ara constituïts en una plataforma, insistien que s’havien adherit a la denúncia presentada per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal a causa de “les males condicions de vida que patien els mateixos a causa de la situació d’insalubritat de la granja en qüestió”.

Nati García, que viu a la urbanització de Tolleric —a un quilòmetre de la granja—, va comprar la casa on viu el 2003. Aleshores, segons el seu relat, ja arribaven olors de la granja, però en cap cas com ara. “Quan es va tornar insuportable va ser a partir del 2019: vam passar d’olors puntuals a una situació insostenible”, va assenyalar a aquest diari. “Hem de tancar portes i finestres perquè els gasos fètids, possiblement tòxics, no entrin a les cases”, afegia. Pep, que viu a escassos 500 metres de la granja, va lamentar en aquest sentit que no podia “menjar fora ni tampoc a la cuina”.

En el recurs d’apel·lació —ara acceptat a tràmit— es recordava que l’explotació avícola, quan va ser ampliada, va començar a funcionar “sense la corresponent autorització administrativa, sent coneixedores d’aquest extrem les autoritats competents”. El motiu de la denúncia es fonamenta, segons assenyalaven, en una sèrie de “danys i perjudicis patits pels veïns confrontants amb la granja des de l’any 2019”. L’origen del dany que denuncien és, asseguren, en les “plagues d’insectes i mosques” i en les “males olors” que van començar a produir-se en totes les residències properes a l’explotació avícola. Els fets denunciats per la plataforma veïnal van ser comprovats en inspeccions posteriors de tècnics del Govern balear, segons els expedients administratius consultats per aquest diari.

“Perjudici emocional i econòmic”

A aquests danys denunciats cal sumar, afirmen, una “pèssima gestió del tractament dels cadàvers dels animals, havent-se trobat durant diversos anys diferents fosses d’animals morts als voltants de l’explotació”. Aquests danys els han comportat, lamenten, un perjudici “tant emocional com econòmic”, segons la seva versió, motiu pel qual van decidir constituir-se en plataforma. Anteriorment, afirmen que van fer arribar les seves denúncies a les administracions de manera individual, sense resultat.

A causa del perjudici que afirmen patir, es van presentar com a acusació particular després de l’obertura de diligències, en les quals se sol·licitava investigar la societat mercantil, propietària de l’explotació avícola, per la comissió de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l’ordenació del territori, així com d’estafa al consumidor. “És important aquest extrem, perquè no només estem parlant d’un maltractament animal, sinó que també està en risc la salut de les persones, no havent-se practicat cap diligència en relació amb els quatre apilonaments il·legals de fems que es van localitzar, es van fotografiar i es van comunicar a l’autoritat competent els anys 2024 i 2025”, van argumentar.

Pel que fa al possible delicte contra l’ordenació del territori, la plataforma veïnal considera, després d’haver estudiat el sòl de la zona, que hi ha sospites fonamentades que “la majoria de les naus construïdes a la zona l’any 2017, concretament sis de les set naus —cal assenyalar que una ha estat tancada—, es troben construïdes en sòl no urbanitzable”. Així mateix, alguna de les naus podria estar construïda, afirmen, sobre una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Tot i que afirmen haver sol·licitat l’obertura de diferents diligències (la declaració dels representants legals de l’empresa en qualitat d’investigats; la declaració testifical de càrrecs públics tant de l’Ajuntament de Llucmajor com del Govern; la declaració de la representant legal de la mercantil AENOR; l’aportació de la cèdula urbanística de totes les parcel·les on s’han construït les set naus de l’empresa per comprovar si les obres de reforma es van fer d’acord amb la llei; la declaració d’un pèrit catedràtic que pugui valorar els “diferents focus de plagues i infecció”, així com la declaració del veterinari de la macrogranja), el jutge instructor només ha tingut en compte “el concís informe emès pel Seprona en què només es fa referència a l’absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en cap altre aspecte, com ara el tema de les plagues d’insectes a les cases veïnes, les males olors o el tracte donat als cadàvers de la granja”.

Segons els veïns, el jutge instructor només ha tingut en compte 'l'escàs informe emès pel Seprona en què només es fa referència a l'absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en cap altre extrem'

En l’escrit presentat davant el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma es denunciava la presència d’animals morts, les deficiències higienicosanitàries i els riscos per a la salut animal i pública derivats de les condicions de la macrogranja. A més, s’hi va adjuntar l’informe emès pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil, complementat per un de Ramaderia i Sanitat Animal, dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern.

El jutjat va descartar els delictes denunciats

La interlocutòria judicial reconeixia la presència de cadàvers de gallines en diferents estats de descomposició a les instal·lacions, cosa que evidenciava deficiències en la seva retirada i, per tant, en les condicions higienicosanitàries. Tanmateix, va concloure que aquestes deficiències corresponien a infraccions administratives, ja sancionades, i no penals. De fet, després del reportatge publicat per aquest diari, es va iniciar una investigació per part de les autoritats que va derivar en el tancament d’una de les naus, l’adopció de mesures cautelars, a més d’una multa superior a 200.000 euros per set faltes greus i una de lleu.

Després del reportatge publicat per aquest diari, es va iniciar una investigació per part de les autoritats que va derivar en el tancament d'una de les naus, assumpció de mesures cautelars, a més d'una multa superior a 200.000 euros per set faltes greus i una lleu

Pel que fa a l’alta mortalitat de l’explotació, el jutjat va argumentar que els índexs es trobaven dins dels límits considerats “normals” —segons la interlocutòria—, és a dir, per sota de l’1%. Un percentatge que no s’atribueix a cap classe de maltractament ni malaltia. La jutgessa tampoc no va considerar que existissin riscos sanitaris a l’explotació de Mallorca, una conclusió que es desprenia de les proves de sanitat animal realitzades, que van descartar els serotips de salmonel·la controlats, “no apreciant-se risc sanitari d’entitat penal”, recollia la resolució.

Pel que fa a la presència de rosegadors i els nombrosos errors de bioseguretat de les naus on s’allotgen les aus, el jutjat va reiterar que es consideraven estrictament incompliments de caràcter administratiu per part de l’empresa del sector alimentari. A més, es va considerar que aquests incompliments, ja corregits, no van causar un perjudici greu acreditat per a la salut o el medi ambient.

Finalment, respecte al possible delicte de maltractament animal, la Sala va descartar el delicte de l’article 340 bis del Codi Penal en interpretar que no s’havia comès un maltractament actiu o dolós. Afegia, així mateix, que no quedava acreditada cap lesió greu, ni patiment greu ni tampoc morts causades per una conducta penalment rellevant.

En aquest sentit, va resoldre que les deficiències detectades a la macrogranja de Llucmajor, que afectaven el benestar de les gallines, no “assoleixen el llindar de gravetat exigit pel tipus penal”. Per aquests motius, en considerar que els fets no constituïen delicte —sense perjudici de les responsabilitats administratives—, el jutjat va decretar el sobreseïment provisional de la causa. No obstant això, l'Audiència Provincial de Balears ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació presentat pels afectats, que sol·licita la recerca de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l'ordenació del territori i d'estafa al consumidor.

La Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado contra el archivo del caso de la conocida como “macrogranja de los horrores” de Llucmajor (Mallorca), en el que investigaban posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor. El procedimiento se reabriría a efectos de estudio del recurso, después de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma acordara el sobreseimiento provisional al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa Avícola Son Ballester –cuya actividad comercial desarrolla bajo la marca Avícola Son Perot S.A–, como informó este diario. Cabe señalar que la explotación avícola ha estado en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el 26 de mayo de 2025 y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

El despacho Peñas Roldán Abogados, que defiende a la plataforma vecinal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma al entender que la decisión del sobreseimiento de las actuaciones se había producido sin haber agotado “las posibilidades de indagación e investigación de los hechos”. “Es que ni tan siquiera se han iniciado”, lamentó Lorenzo Peñas a elDiario.es. Los vecinos y vecinas afectados, ahora constituidos en una plataforma, insistían en que se habían adherido a la denuncia presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal debido a las “las malas condiciones de vida que estaban padeciendo los mismos debido a la situación de insalubridad de la granja en cuestión”.

Nati García, que vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señaló a este diario. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añadía. Pep, que vive a escasos 500 metros de la granja, lamentó a este respecto que no podía “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

En el recurso de apelación –ahora aceptado a trámite– se recordaba que la explotación avícola, cuando fue ampliada, empezó a funcionar “sin la correspondiente autorización administrativa, siendo conocedor de dicho extremo las autoridades competentes”. El motivo de la denuncia se fundamenta, según señalaban, debido a una serie de “daños y perjuicios sufridos por los vecinos colindantes a la granja desde al año 2019”. El origen del daño que denuncian está, aseguran, en las “plagas de insectos y moscas” y por los “malos olores” que empezaron a producirse en todas las residencias aledañas a la explotación avícola. Los hechos denunciados por la plataforma vecinal fueron probados en consiguientes inspecciones de técnicos del Govern balear, según los expedientes administrativos consultados por este diario.

“Perjuicio emocional y económico”

A estos daños denunciados hay que sumar, afirman, una “pésima gestión de tratamiento con los cadáveres de los animales, habiéndose encontrado durante varios años diferentes fosas de animales muertos en las inmediaciones de la explotación”. Estos daños les han reportado, lamentan, un perjuicio “tanto emocional como económico”, según su versión, motivo por el cual decidieron constituirse en una plataforma. Anteriormente, afirman que hicieron llegar sus denuncias a las administraciones individualmente, sin resultado.

Debido al perjuicio que afirman estar sufriendo, se presentaron como acusación particular tras la apertura de diligencias, en las cuales se solicitaba investigar a la sociedad mercantil, dueña de la explotación avícola, por la comisión de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, así como de estafa al consumidor. “Es importante dicho extremo, porque no solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas, no habiéndose practicado diligencia alguna en relación a los cuatro amontonamientos ilegales de estiércol que se localizaron, se fotografiaron y se comunicó a la autoridad competente en el año 2024 y 2025”, argumentaron.

Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, la plataforma vecinal considera, tras haber estudiado el suelo de la zona, que existen sospechas fundadas de que “la mayoría de las naves construidas en la zona en el año 2017, concretamente seis de las siete naves –cabe señalar que una ha sido cerrada–, se encuentran construidas en suelo no urbanizable”. Asimismo, alguna de las naves podría estar construida, afirman, sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Pese a que afirman haber solicitado la apertura de diferentes diligencias (la declaración de los representantes legales de la empresa en calidad de investigados; la declaración testifical de cargos públicos tanto del Ayuntamiento de Llucmajor como del Govern; declaración de la representante legal de la mercantil AENOR; la aportación de la cédula urbanística de todas las parcelas donde se han construido las siete naves de la empresa para comprobar si las obras de reforma se hicieron conforme a la ley; la declaración de un perito catedrático que pueda valorar los “diferentes focos de plagas e infección”, así como la declaración del veterinario de la macrogranja), el juez instructor solo ha tenido en cuenta “el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo, como puede ser el tema de las plagas de insectos en las casas colindantes, los malos olores o el trato dado a los cadáveres de la granja”.

Según los vecinos, el juez instructor solo ha tenido en cuenta 'el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo'

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma se denunciaba la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. Además, se adjuntó el informe emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, complementado por uno de Ganadería y Sanidad Animal, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

El juzgado descartó los delitos denunciados

El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y, por lo tanto, de las condiciones higiénico-sanitarias. Sin embargo, concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. De hecho, después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve.

Después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve

En cuanto a la alta mortandad de la explotación, el juzgado argumentó que los índices se encontraban dentro de los límites considerados “normales” –según el auto del juzgado–. Es decir, por debajo del 1%. Un porcentaje que no se atribuye a ningún tipo de maltrato ni enfermedad. La jueza tampoco consideró que existieran riesgos sanitarios en la explotación de Mallorca, una conclusión que se desprendía a partir de las pruebas de sanidad animal realizadas, que descartaron los serotipos de salmonella controlados, “no apreciándose riesgo sanitario de entidad penal”, recogía el fallo.

Respecto a la presencia de roedores y los numerosos fallos de bioseguridad de las naves donde se alberga a las aves, el juzgado reiteró que se consideraban estrictamente incumplimientos de carácter administrativo por parte de la empresa del sector alimenticio. Además, se consideró que dichos incumplimientos, ya corregidos, no causaron un perjuicio grave acreditado para la salud o el medio ambiente.

Por último, respecto al posible delito de maltrato animal, la Sala descartó el delito del artículo 340 bis del Código Penal (CP) –que regula los actos delictivos cometidos en contra de los animales– al interpretar que no se había cometido un maltrato activo o doloso. Añadía, asimismo, que no quedaba acreditada ninguna lesión grave, ni el sufrimiento grave ni tampoco muertes causadas por una conducta penal que se pudiera considerar relevante.

En ese sentido, resolvió que las deficiencias detectadas en la macrogranja de Llucmajor, que afectaban al bienestar de las gallinas, no “alcanzan el umbral de gravedad exigido por el tipo penal”. Por estos motivos, al considerar no ser los hechos constitutivos de un delito –sin perjuicio de las responsabilidades administrativas–, el juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por los afectados, que solicita la investigación de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor.

* Una primera versión de esta información aseguraba erróneamente que la Audiencia Provincial había ordenado reabrir el caso.

En Bilbao, un perro que pese más de 8 kg puede ir en la línea tres del Metro y en el tranvía, pero no tiene permitida la entrada a la línea uno ni a la dos. El artículo 18 de la normativa del Metro de Bilbao establece que se permite a las personas usuarias ir acompañadas de un único perro o gato, cuyo peso sea inferior a 8 kg, siempre y cuando viajen en las condiciones idóneas y no resulte peligroso, ni molesto por su forma, volumen, ruido u olor. Sin embargo, esta normativa es distinta a la del tranvía de Bilbao que establece que los perros de cualquier tamaño pueden viajar, siempre que vayan atados con correa, sin necesidad de transportín. Esto ocurre porque el tranvía está gestionada por la empresa pública Euskotren, quien en sus trenes, también en la línea 3 que recorre la capital vizcaína desde Otxarkoaga hasta Matiko, permite la entrada de perros de cualquier tamaño.

Para David Fernández, Iñaki Valentín y Pablo Muñoz esta situación carece de sentido. Por ello, han creado una plataforma y una recogida de firmas con la que han llegado hasta las Juntas Generales de Bizkaia. “Una de cada tres familias en Bilbao tiene perro. Por tanto, estas familias necesitan poder desplazarse con el perro por la ciudad. Es más, en metro, actualmente, podemos ir cómodamente desde Basauri a Santurtzi o Plentzia. No tiene sentido que impidamos que una de cada tres familias no pueda hacer uso de esta importante infraestructura que es de todos. Una ciudad que aspira a ser moderna no puede dejar, en la actualidad, sin opciones para desplazarse con su perro a una de cada tres familias. Si bien es cierto que los perros menores de 8 kg se pueden desplazar en metro, estos son una minoría”, lamentan los miembros de la plataforma, que ya suma más de 11.800 firmas con las que buscan que la capital vizcaína imite a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona que permiten el acceso en el metro con perros grandes con alguna restricción horaria.

Tras reunirse en varias ocasiones con Metro Bilbao y comprobar los nulos avances en esta materia, los tres se presentaron el pasado 30 de marzo en la Comisión de Peticiones y Reclamaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia para denunciar la situación y exigir el apoyo de los grupos junteros. “Nuestra solicitud parece bastante razonable. Se trata de una situación anómala teniendo en cuenta que en unos transportes sí que pueden viajar los perros de más de 8kg, pero en Metro Bilbao no. Estamos tratando de reducir el uso del transporte privado, queremos ser sostenibles, y a la vez impedimos que una de cada tres familias aproximadamente se puedan desplazar en transporte público. Esto es inconcebible, no lo entiende nadie”, justificaron los miembros de la plataforma en las Juntas Generales.

Una de las razones que esgrimen los contrarios a la presencia de los perros en el metro es la suciedad y la falta de seguridad que estos podrían ocasionar. No obstante, desde la plataforma sostienen que no habría diferencia entre los usuarios de Euskotren que van con perros grandes desde hace tiempo y los del metro. “La realidad diaria nos demuestra con hechos que en la línea 3 gestionada por Euskotren no está ocurriendo nada de eso y entran perros, ni en el tranvía ni en el funicular. Entre otras cosas porque los perros se localizan en un vagón, no están en su medio y no se dedican a orinar en las esquinas ni a hacer sus necesidades ahí, aunque nadie dice que no pueda haber un accidente, pero lo mismo ocurre cuando cogemos el metro un sábado por la noche y nos han vomitado al lado y no perros, sinceramente. Todas esas cuestiones han sido testadas. En el caso de las personas alérgicas, una alergia no se produce si no hay una exposición determinada durante un tiempo determinado. Son miedos que los entendemos, pero muchas veces son ideales. En cuanto a la seguridad, se nos dice que si un perro salta a las vías se paraliza todo el Metro Bilbao, por el trazado en Y que tiene. Pero son miedos irreales, porque ni Madrid ni Barcelona ni en París los perros saltan, no sé por qué los perros de Bilbao van a decidir saltar a la vía y más cuando van atados”, justificaron durante su intervención en la que se abrieron a la posibilidad de que los perros utilicen un único vagón, en horas concretas y tampoco se niegan a pagar un billete extra por el animal. “Si hay que pagar un billete porque se ocupa un espacio, se paga sin problema”, argumentaron.

Desde Metro Bilbao, tras la reunión mantenida con la plataforma, realizaron una encuesta de satisfacción a finales de 2025, en la que un 27% de los participantes al rededor de 86.000 personas, indicaron que si se permitiera viajar con perros de más de 8 kg reducirían el uso del metro e incluso dejarían de utilizarlo. Sin embargo, desde la plataforma, lamentan que las preguntas de la encuesta iban dirigidas y no se preguntó si estaban “a favor o en contra”, sino si consideran que el hecho de que hubiera perros en el metro podría alterar su uso o las instalaciones. “Para nosotros fue una sorpresa que en la citada encuesta no se planteó una pregunta, se plantearon varias a nuestro entender dirigidas, porque no se preguntó de una forma aséptica si se estaba a favor ni se dio información de que ya se hace en otras capitales, se preguntó '¿Permitiría usted que los perros viajasen teniendo en cuenta que puede aportar más suciedad o hay personas alérgicas?'. A pesar de ello el 73% de las personas encuestadas no se opuso y el 27% aseguró que se plantearían usar el suburbano en caso de que se modifique la norma. Creemos que con esta actitud Metro Bilbao lo que busca es dividir a los ciudadanos, pero la realidad es que la ciudadanía avanza”, reconocieron, tras informar de que en Madrid la medida se aprobó en 2016 y al año siguiente el número de pasajeros subió un 7% y, en el caso de Barcelona la medida se aprobó en 2014 y en el año siguiente aumentó el número de viajeros un 3%.

Desde las Juntas Generales de Bizkaia los partidos políticos han valorado positivamente la iniciativa y se han abierto a estudiarla. No obstan, los miembros de la plataforma lamentan que hace 10 años, el 26 de abril de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao acordó solicitar a Metro Bilbao la posibilidad de modificar la normativa de mascotas facilitando el acceso y acompañamiento de las mismas a semejanza de otros metros de Europa. “Es una solicitud que lleva tiempo dando vueltas sin dar pasos. Las propias Juntas de Bizkaia aprobaron el 12 de junio de 2020 por unanimidad una enmienda transaccional en la que se instaba a los diferentes operadores de transporte público de Bizkaia a analizar a la mayor brevedad posible la regulación en en relación con el transporte de mascotas adoptando las modificaciones oportunas para permitir viajar con perros de más de 8 kg. Solicitamos que se analicen y estudien este caso, que tomen las decisiones que les parezcan oportunas para que se modifique la normativa de Metro Bilbao”, solicitan desde la plataforma ciudadana, que no descartan seguir dando pasos y llevar su protesta, en el caso de que sea necesario, hasta el Parlamento Vasco.

El arrastre de piedra es un deporte rural muy extendido Euskadi y otras zonas del país, especialmente en la modalidad de arrastre de piedra por bueyes, aunque también se celebran competiciones de arrastre de piedra por humanos, por burros, por mulas o por caballos. La modalidad de arrastre de piedra por burros, o Asto probak es una que se sigue llevando a cabo a día de hoy en localidades como Leioa, Bizkaia. Para evitar que se practiquen estas actividades en sus fiestas de San Bartolomé, a finales de agosto, los vecinos iniciaron, además de diferentes protestas, una recogida de firmas que ha recabado un total 3.115 firmas de vecinos para su valoración en Pleno Municipal.

La reivindicación de que las pruebas de arrastre con animales desaparezcan de los programas de fiestas ya fue apoyada a través de Change.org por 11.500 firmas en 2015 y por 45.000 en 2019, pero, según lamentan desde la asociación Leioa Contra el Maltrato Animal, fue ignorada por el Ayuntamiento. Ahora que han recabado las más de 3.000 firmas de personas empadronadas y residentes en el municipio, lo que supone el 10% de las personas mayores de 18 años residentes en Leioa, la iniciativa popular deberá tratarse y votarse en el Pleno Municipal.

“El Ayuntamiento de Leioa ha venido considerando hasta este momento que la programación festiva elaborada por la Comisión de Fiestas del Barrio de San Bartolomé representaba las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal correspondiente, a pesar de que dedicara mucho más dinero a premios en metálico para los dueños de los burros que a juegos infantiles. La escasa asistencia a las Asto Probak, asistencia que es escasísima si se tienen en cuenta únicamente a las personas residentes en el barrio, desmiente que dicha programación represente las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal del barrio de San Bartolomé”, sostienen los vecinos, que han entregado al Ayuntamiento un informe de 40 páginas para desarrollar la iniciativa popular que cuenta con valoraciones de veterinarios que certifican “el dolor y estrés” que producen en los burros las pruebas de arrastre de piedra en fiestas.

En los informes veterinarios, los expertos identifican múltiples factores que causan “un sufrimiento innecesario en los burros”. En primer lugar, destacan el “esfuerzo extremo”. “Las Asto probak son una actividad anaeróbica de alta intensidad, lo que significa que requiere un gran esfuerzo en un corto período de tiempo. Los burros, que pesan alrededor de 400 kg, arrastran una piedra de 700 kg, por ejemplo, en repeticiones de 15 segundos con 6 segundos de descanso durante un total de 20 minutos. Aunque se descuente el tiempo de descanso, el esfuerzo se prolonga por 14 minutos, un tiempo considerablemente más largo que los tres a seos minutos de duración máxima de otras pruebas reguladas con équidos”, detallan los veterinarios, que afirman que esta prolongación del esfuerzo causa “un sufrimiento injustificado en los burros”.

En segundo lugar, los expertos detectan “signos de dolor y estrés” durante y tras la práctica. “Los burros reaccionan al estrés con una inmovilidad estoica, un comportamiento que les ayuda a no parecer vulnerables a sus posibles depredadores. Por esta razón, el malestar debe identificarse a través de sus expresiones corporales y faciales. En las Asto probak, se observa que los burros tiran de la piedra con la cabeza muy levantada, lo que es un signo de estrés, miedo y deseo de huir”, destaca el informe que también señala expresiones de “evitación por miedo”, como la retirada de la cabeza ante la vara, así como expresiones de dolor o malestar en la cara, como tensión en la zona de las fosas nasales, arrugas sobre los belfos y ojos con la ceja elevada.

La tercera de las conclusiones a las que llega el informe es que las Asto probak suponen para estos animales “un castigo físico y psicológico”. “Hay varias formas de castigo utilizadas en las 'asto probak'. Los gritos generan reacciones de evitación en los burros debido a un entrenamiento previo que asocia el grito con el dolor. También se observan tirones de riendas y golpes con la vara o akullu”, sostienen los expertos, que destacan que el reglamento de la Federación de Herri Kirolak permite el uso de la vara, pero a diferencia de en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, donde también se llevan a cabo actividades con animales, el uso de la vara se considera maltrato animal. “En Euskadi también se utiliza una serreta, una pieza metálica dentada que se coloca sobre el hueso nasal del burro, cubierta con una cinta que no elimina el dolor de la presión”.

Según concluyen, las actividades que se basan “en el miedo o el dolor por castigo y que implican altos niveles de estrés son incompatibles con el bienestar animal”. Además, recuerdan que la Ley 17/2021 reconoce a los animales como seres sintientes, lo que implica que su bienestar no solo es físico, sino también emocional y sostiene que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSAOIE) también recomienda evitar actividades que causen sufrimiento a los équidos de trabajo.

“Con esta iniciativa popular exigimos que las Asto Probak se sustituyan por una actividad que nos una y nos divierta, sin sufrimiento y que el Ayuntamiento no organice, subvencione ni conceda permiso para la utilización de espacios o edificios públicos a ninguna fiesta o evento que incluya en su programa pruebas de arrastre de piedra con animales”, exigen desde la asociación, que lamentan que la decisión de celebrar o no este tipo de actividades, es competencia municipal.

“La Diputación de Bizkaia certifica que los animales participantes en las Asto Probak están registrados y en condiciones sanitarias para hacerlo y les da un primer permiso, pero la autorización definitiva la otorga el Ayuntamiento, cuando les permite utilizar el espacio público para llevar a cabo las Asto Probak. Además, el Ayuntamiento subvenciona las fiestas de San Bartolomé con 19.250 euros, de los que 13.000 euros se materializan mediante un Convenio en el que la Comisión de Fiestas, asume compromisos en materia de igualdad, establecidos por el Ayuntamiento. Y otros 6.250 euros se obtienen mediante una convocatoria para el uso del euskera en las actuaciones musicales de las fiestas de barrio. Si fuera su voluntad, el Ayuntamiento podría incluir entre las condiciones para esas subvenciones la no celebración de pruebas con animales”, defienden.

Además de la prueba en sí, la asociación animalista lamenta que hay “otros factores perjudiciales para los animales, como las condiciones de traslado, las temperaturas, el ambiente ruidoso y las heridas causadas en las patas por las estructuras metálicas que conectan al burro con la piedra”. “Todas estas circunstancias hacen que una prueba que genera tanto sufrimiento a los animales no pueda formar parte de las fiestas, ni ocupar espacios públicos, ni recibir subvenciones municipales. Consideramos que las Asto probak deberían sustituirse por una actividad vinculada a la tradición vasca y que dé uso al carrejo existente, como podría ser el arrastre de piedra por personas (giza probak). Pero ni la Comisión de fiestas del barrio de San Bartolomé ni el Ayuntamiento de Leioa están dispuestos a admitir que están organizando, autorizando y subvencionando una actividad que genera maltrato animal”, sostienen.

Desde el Ayuntamiento de Leioa señalan a este periódico que “las Asto probak, que se desarrollan en el marco de las fiestas del barrio de San Bartolomé, cuentan con los permisos pertinentes de Diputación, están sujetas a la normativa foral referente al control de sanidad y bienestar de los animales que participan en deportes rurales”. “Esta no es una actividad propuesta por el Ayuntamiento de Leioa, sino que se desarrolla a petición e iniciativa de la Comisión de Fiestas de San Bartolomé; compuesta por vecinos y vecinas del barrio. Es decir, que es una actividad que se desarrolla porque vecinos y vecinas así lo solicitan”, justifica el Consistorio, que en el caso de aceptar la iniciativa popular de los vecinos, tendrá que debatir en Pleno Municipal su continuidad.

Gàbies corroïdes per l’òxid, sostres que es desprenen després de cada temporal i filtracions que amaren els habitacles on viuen prop d’un centenar d’animals, comprometent la seva seguretat i també la del recinte. Aquest és l’escenari que descriu l’associació Acts4Animals sobre el Centre de Protecció Animal (CPA) de sa Coma, a Eivissa, el deteriorament del qual —denuncien— afecta directament el benestar de gossos i gats.

L’estat de la instal·lació municipal ha preocupat els animalistes, que han assegurat a través d’un comunicat públic que els voluntaris del servei s’han vist obligats a improvisar arranjaments d’emergència davant la manca de resposta institucional per evitar fugues o accidents. El col·lectiu qualifica la situació d’“abandó” i reclama una intervenció urgent de l’Ajuntament de Vila, responsable de la competència, per garantir unes condicions mínimes dignes per als animals.

Les crítiques apunten a una “falta greu de manteniment” que s'arrossegaria des de fa almenys dos anys, segons informacions que van publicar diversos mitjans locals en 2023, quan la Fundació de Gossos Abandonats d'Eivissa també va denunciar que el centre estava al límit de la seva capacitat. Sobretot, per la presència de PPP (Gossos Potencialment Perillosos) que troben més difícilment una família que els vulgui adoptar. Al llarg d'enguany, l'estat de sa Coma ha empitjorat després dels consecutius temporals de l'hivern, que han agreujat la situació.

“Vaig demanar l’octubre de 2024 a la Regidoria que arreglassin el sostre [perquè no hi hagués filtracions a les gàbies] i em van respondre que a Eivissa no plovia. Poc després, a la tardor, va passar el de la DANA”, lamenta el representant d’Acts4Animals i portaveu de PACMA Eivissa, Olivier Hassler. Entre altres desperfectes, hi ha un forat al sostre de la zona destinada als gats i on una coberta, durant les abundants pluges, va arribar a desprendre’s. Això va obligar els col·laboradors de sa Coma a fer reparacions d’emergència amb brides per evitar fugues o accidents. Les filtracions, a més, s’estenen a les àrees canines: l’aigua entra directament en algunes gàbies, dificultant les tasques de neteja i higiene. “Mentre l’Ajuntament prioritza despeses estètiques o festives, els treballadors i col·laboradors ens veiem obligats a actuar”, critiquen amb rotunditat.

Entre altres desperfectes, hi ha un forat al sostre de la zona destinada als gats i on una coberta, durant les abundants pluges, va arribar a desprendre’s. Les filtracions, a més, s’estenen a les àrees canines: l’aigua entra directament en algunes gàbies

En una d’aquestes gàbies amb filtracions es troba Ikram, la cadella que va arribar en pastera a les illes a través de la ruta migratòria amb Algèria i rescatada per Salvament Marítim a poques milles de Formentera. La gossa, sana i amb cartilla veterinària, va estar a punt de ser sacrificada per motius burocràtics, però l’Ajuntament i PACMA es van mobilitzar per protegir-la. Finalment, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va enviar un ofici al consistori en què cedia a l’administració local tota la responsabilitat sobre el futur de la gossa d’acord amb la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals. A dia d’avui, continua esperant una família que l’aculli. El mateix estiu, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitava les instal·lacions acompanyada de l’alcalde de Vila, Rafael Triguero, i convidava, a través de les xarxes socials, a visitar l’Eivissa “interior i rural”, alhora que promovia les adopcions al centre.

Gairebé 30.000 euros invertits en gàbies

Enfront d'aquestes acusacions, l'Ajuntament de Vila defensa davant elDiario.es que el centre ha experimentat millores significatives des de l'any 2023. El Consistori assegura haver invertit entre 20.000 i 30.000 euros en noves gàbies (en el centre en general s'ha invertit més), la instal·lació de teulades on faltaven, l'enrajolat d'espais deteriorats i la incorporació de sistemes de seguretat. Encara que només ha acreditat un contracte menor per a l'adquisició d'aquests “recintes individuals canins” per valor de 15.881 euros (IVA inclòs). 

A això se suma la rehabilitació d'oficines, la creació d'un recinte perquè els gossos puguin estar solts i l'eliminació d'una zona amb presència permanent de rates. Olivier considera que aquesta inversió s'ha fet, sobretot, a cuidar la façana –“a posar bonic el que està cara al públic”– i en les dependències per als treballadors del centre.

Les intervencions més destacades s’han fet fins ara, a ulls dels animalistes, en els espais més visibles, mentre que les zones on romanen els animals continuen patint deficiències que es podrien resoldre amb una inversió reduïda. Per això, critiquen l’actitud de l’àrea de Benestar Animal que, segons afirmen, “desatén” les seves peticions i sol·liciten una major inversió en matèria de protecció animal de cara als pròxims pressupostos municipals.

L’Ajuntament rebutja aquest relat d’abandonament de sa Coma i sosté que les instal·lacions “han millorat molt”, tot i que reconeix que continuarà actuant. Pel que fa a l’òxid a les gàbies, ha respost a aquest diari que no respon a una manca de manteniment, sinó a l’ús intensiu d’aigua per a la seva neteja diària, i assegura que es van reposant progressivament. “Les inversions són contínues: s’han reparat 36 gàbies i se n’han enrajolat altres 26 per millorar l’espai”, detalla Manuel Jiménez, regidor de l’àrea.

Des de l’equip municipal de govern insisteixen que cap animal roman exposat a la pluja sense protecció: tots els espais compten, asseguren, amb zones cobertes o sistemes per resguardar-los en cas de mal temps. També assenyalen altres mesures, com l’eliminació de la taxa d’adopció —que ara és gratuïta— i la supressió de les llistes d’espera per al voluntariat.

Des de l’equip municipal de govern insisteixen que cap animal roman exposat a la pluja sense protecció

Deficiències en el model de gestió

ASSAIB Animalistes d’Eivissa assegura que la situació del centre no és nova i que fa anys que arrossega deficiències estructurals. Recorden que ja van denunciar en un ple municipal “el lamentable estat de les instal·lacions i la manca de seguretat per als animals” i adverteixen que, malgrat el pas del temps, problemes com les humitats a les gàbies persisteixen. “Fa més de trenta anys ja hi anàvem a ajudar com a voluntaris i les condicions continuen sent molt similars”, lamenten. Per això, no poden fer una valoració “positiva” del centre. Unes crítiques que estenen al model de gestió de l’illa.

L’històric ranxo de Can Dog, a Sant Joan, va tancar les seves portes després de tres dècades de calamitats i insalubritat, amb cans envoltats de brutícia, rosegadors i excrements, sense que les irregularitats haguessin derivat fins aleshores en la seva clausura, tal com va publicar elDiario.es. Els animalistes feia anys que denunciaven les pèssimes condicions en què vivien els animals sense que s’hagués instat al seu tancament.

Diverses inspeccions del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i dels tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan van determinar, finalment, el novembre de 2025, que les condicions del lloc no permetien que el “refugi” pogués continuar operant ni com a residència canina —per als períodes vacacionals dels propietaris de les mascotes o altres supòsits— ni tampoc com a nucli zoològic, segons van informar des de PACMA Eivissa en aquell moment a aquest diari.

Des d’ASSAIB denuncien que, malgrat els avenços legislatius en matèria de benestar animal, la realitat sobre el terreny no ha millorat. “S’han creat departaments i estructures, però la situació dels animals abandonats continua empitjorant”, sostenen. Al seu parer, la solució passa més per la implicació i la voluntat política que per la normativa.

Ara, els col·lectius animalistes han creat la pàgina ‘Salvem al CPA sa Coma’ a través de Google en la qual demanen ajuda per als gossos i gats del centre municipal. En la plataforma hi ha un apartat que permet als interessats obrir directament el correu electrònic per a “enviar un email directe a l'alcalde Rafael Triguero i al regidor de Protecció Animal Manuel Jiménez exigint: la reparació urgent dels sostres (impermeabilització i fixació segura, tractament antioxidant o pintat complet de les gàbies i un compromís públic amb pressupost i calendari d'obres”. “Amb interès real i una mínima inversió, les condicions podrien ser molt diferents”, conclouen des de ASSAIB, insistint en la necessitat d'actuar amb urgència per a garantir el benestar dels animals.

Jaulas corroídas por el óxido, techos que se desprenden tras cada temporal y filtraciones que empapan los habitáculos donde viven unos cien animales, comprometiendo su seguridad y también la del recinto. Ese es el escenario que describe la asociación Acts4Animals sobre el Centro de Protección Animal (CPA) de sa Coma, en Eivissa, cuyo deterioro –denuncian– afecta directamente al bienestar de perros y gatos. El estado de la instalación municipal ha preocupado a los animalistas, que han asegurado a través de un comunicado público que los voluntarios del servicio se han visto obligados a improvisar arreglos de emergencia ante la falta de respuesta institucional para evitar fugas o accidentes. El colectivo categoriza la situación de “abandono” y reclama una intervención urgente del Ayuntamiento de Vila, responsable de la competencia, para garantizar unas condiciones mínimas dignas para los animales.

Las críticas apuntan a una “falta grave de mantenimiento” que se arrastraría desde hace al menos dos años, según informaciones que publicaron varios medios locales en 2023, cuando la Fundación de Perros Abandonados de Ibiza también denunció que el centro estaba al límite de su capacidad. Sobre todo, por la presencia de PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) que encuentran más difícilmente una familia que les quiera adoptar. A lo largo de este año, el estado de sa Coma ha empeorado tras los consecutivos temporales del invierno, que han agravado la situación.

“Pedí en octubre de 2024 a la Concejalía que arreglaran el techo [para que no hubiera filtraciones en las jaulas] y me respondieron que en Eivissa no llovía. Poco después, en otoño, pasó lo de la dana”, lamenta el representante de Acts4Animals y portavoz de PACMA Eivissa, Olivier Hassler. Entre otros desperfectos, hay un agujero en el techo de la zona destinada a los gatos y donde una cubierta, durante las abundantes lluvias, llegó a desprenderse. Esto obligó a los colaboradores de sa Coma a realizar reparaciones de emergencia con bridas para evitar fugas o accidentes. Las filtraciones además se extienden a las áreas caninas: el agua entra directamente en algunas jaulas, dificultando las tareas de limpieza e higiene. “Mientras el Ayuntamiento prioriza gastos estéticos o festivos, los trabajadores y colaboradores nos vemos obligados a actuar”, critican con rotundidad.

Entre otros desperfectos, hay un agujero en el techo de la zona destinada a los gatos y donde una cubierta, durante las abundantes lluvias, llegó a desprenderse. Las filtraciones además se extienden a las áreas caninas: el agua entra directamente en algunas jaulas

En una de estas jaulas con filtraciones está Ikram, la cachorra que llegó en patera a las islas mediante la ruta migratoria con Argelia y rescatada por Salvamento Marítimo a pocas millas de Formentera. La perra, sana y con cartilla veterinaria, estuvo a punto de ser sacrificada por motivos burocráticos, pero el Ayuntamiento y PACMA se movilizaron para protegerla. Finalmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió finalmente un oficio al Consistorio en el que cedía a la administración local toda la responsabilidad sobre el futuro de la perra en función de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. A día de hoy, sigue esperando una familia que la acoja. El mismo verano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitaba las instalaciones acompañada del alcalde de Vila, Rafael Triguero e invitaba, a través de redes sociales, a visitar la Eivissa “interior y rural”, a la vez que promovía las adopciones en el centro.

Casi 30.000 euros invertidos en jaulas

Frente a estas acusaciones, el Ayuntamiento de Eivissa defiende ante elDiario.es que el centro ha experimentado mejoras significativas desde el año 2023. El Consistorio asegura haber invertido entre 20.000 y 30.000 euros en nuevas jaulas (en el centro en general se ha invertido más), la instalación de techados donde faltaban, el embaldosado de espacios deteriorados y la incorporación de sistemas de seguridad. Aunque solo ha acreditado un contrato menor para la adquisición de estos “recintos individuales caninos” por valor de 15.881 euros (IVA incluido). A ello se suma la rehabilitación de oficinas, la creación de un recinto para que los perros puedan estar sueltos y la eliminación de una zona con presencia permanente de ratas. Olivier considera que esta inversión se ha hecho, sobre todo, en cuidar la fachada –“en poner bonito lo que está cara al público”– y en las dependencias para los trabajadores del centro.

Las intervenciones más destacadas se han hecho hasta ahora, a ojos de los animalistas, en los espacios más visibles, mientras que las zonas donde permanecen los animales continúan sufriendo deficiencias que podrían resolverse con una inversión reducida. Por ello, critican la actitud del área de Bienestar Animal que, según afirman, “desoye” sus peticiones y solicitan una mayor inversión en materia de protección animal de cara a los próximos presupuestos municipales. 

El Ayuntamiento rechaza este relato de abandono de sa Coma y sostiene que las instalaciones “han mejorado mucho”, aunque reconoce que seguirá actuando. En cuanto al óxido en las jaulas, ha respondido a este diario que no responde a falta de mantenimiento, sino al uso intensivo de agua para su limpieza diaria, y asegura que se van reponiendo progresivamente. “Las inversiones son continuas: se han reparado 36 jaulas y se han embaldosado otras 26 para mejorar el espacio”, detalla Manuel Jiménez, concejal de Bienestar Animal.

Desde el equipo municipal de gobierno insisten en que ningún animal permanece expuesto a la lluvia sin protección: todos los espacios cuentan, aseguran, con zonas cubiertas o sistemas para resguardarlos en caso de mal tiempo. También señalan otras medidas, como la eliminación de la tasa de adopción —que ahora es gratuita— y la supresión de las listas de espera para el voluntariado. 

Desde el equipo municipal de gobierno insisten en que ningún animal permanece expuesto a la lluvia sin protección

Deficiencias en el modelo de gestión

ASSAIB Animalistas Ibiza asegura que la situación del centro no es nueva y que lleva años arrastrando deficiencias estructurales. Recuerdan que ya denunciaron en un pleno municipal “el lamentable estado de las instalaciones y la falta de seguridad para los animales” y advierten de que, pese al paso del tiempo, problemas como las humedades en las jaulas persisten. “Hace más de treinta años ya íbamos a ayudar como voluntarios y las condiciones siguen siendo muy similares”, lamenta. Por lo que no pueden hacer una valoración “positiva” del centro. Unas críticas que extienden al modelo de gestión de la isla.

El histórico rancho de Can Dog, en Sant Joan, cerró sus puertas tras tres décadas de calamidades e insalubridad, con perros rodeados de suciedad, roedores y excrementos, sin que las irregularidades hubieran derivado hasta ahora en su clausura hasta entonces, como publicó elDiario.es. Los animalistas llevaban años denunciando las pésimas condiciones en las que vivían los animales sin que se hubiera instado a su cierre. 

Varias inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de los técnicos del Ayuntamiento de Sant Joan determinaron, finalmente, en noviembre de 2025, que las condiciones del lugar no permitían que el ‘refugio’ pudiera seguir operando ni como residencia canina –para los periodos vacacionales de los dueños de las mascotas u otros supuestos– ni tampoco como núcleo zoológico, informaron desde PACMA Ibiza en su momento a este diario.

Desde ASSAIB denuncian que, pese a los avances legislativos en materia de bienestar animal, la realidad sobre el terreno no ha mejorado. “Se han creado departamentos y estructuras, pero la situación de los animales abandonados sigue empeorando”, sostienen. A su juicio, la solución pasa más por la implicación y la voluntad política que por la normativa.

Ahora, los colectivos animalistas han creado la página ‘Salvamos al CPA sa Coma’ a través de Google en la que piden ayuda para los perros y gatos del centro municipal. En la plataforma hay un apartado que permite a los interesados abrir directamente el correo electrónico para “enviar un email directo al alcalde Rafael Triguero y al concejal de Protección Animal Manuel Jiménez exigiendo: la reparación urgente de los techos (impermeabilización y fijación segura, tratamiento antioxidante o pintado completo de las jaulas y un compromiso público con presupuesto y calendario de obras”. “Con interés real y una mínima inversión, las condiciones podrían ser muy diferentes”, concluyen desde ASSAIB, insistiendo en la necesidad de actuar con urgencia para garantizar el bienestar de los animales.

RankingEs más que obvio que este relato de vanguardia que nos quieren vender colisiona, sobre todo, con una realidad institucional que parece empeñada en el anacronismo: la reciente declaración de la ciudad como ‘Municipio Taurino de Extremadura’. En estos momentos, esto no ha sido una decisión aislada sino la banderilla por la que se desangra la coherencia de toda una candidatura.

No estamos ante un debate sobre gustos estéticos, sino ante una colisión de cosmologías. Europa no premia cualquier modelo cultural. A través de sus políticas y programas de financiación, impulsa una cultura orientada a la cohesión social, la diversidad, la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Es decir, una cultura que construye ciudadanía y refuerza valores democráticos. En ese marco, resulta contradictorio aspirar a un reconocimiento como capital cultural europea mientras se institucionalizan prácticas que se sostienen sobre la violencia hacia los animales, cada vez más cuestionadas en el propio contexto europeo y esto sitúa a Cáceres en la periferia de la sensibilidad ética continental.

Esta desconexión no es solo simbólica, sino que ignora advertencias de calado internacional. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha sido taxativo: España debe alejar a los menores de la tauromaquia para proteger su desarrollo emocional. Ignorar estas recomendaciones desde un ayuntamiento que aspira a la excelencia cultural europea no es simplemente una imprudencia.

Una caída en el ranking de excelencia

La falta de un rumbo cultural claro ya está pasando factura en los indicadores de prestigio. Es necesario recordar que Cáceres logró un hito excepcional en 2021: entrar en el selecto ‘Top Ten’ de las ciudades con mejor oferta cultural de España. Fue una proeza para una ciudad de su tamaño, compitiendo de tú a tú con gigantes como Madrid, Barcelona, Bilbao o Málaga. Aquella décima posición fue el reflejo de una ciudad vibrante y ambiciosa culturalmente.

Sin embargo, el espejismo se desvanece. En el reciente Observatorio de la Cultura de 2025 (publicado en enero de 2026), Cáceres ha caído hasta el 15º puesto. Esta pérdida de cinco posiciones en el ránking nacional es el síntoma de una gestión que ha sustituido el impulso creativo por la inercia institucional.

Del budismo al silencio: El caso de la 'Ciudad de la Paz'

La incoherencia del actual gobierno local alcanza su cénit con el boicot a proyectos que sí encajaban en ese concepto de ‘Transcultura’. Resulta paradójico que, mientras se abraza el rito taurino, se pongan trabas hasta hacer caer el proyecto ‘Gran Buddha’ y su 'Ciudad de la Paz'.

Este complejo budista, que incluía la construcción de un monasterio, una estatua de Buda de 47 metros y un centro de bienestar y meditación, aspiraba a convertir a Cáceres en un referente mundial de la espiritualidad y el diálogo intercultural. Era un proyecto de paz, formación y atracción de un turismo de calidad que buscaba la calma, no el estrépito de la plaza. Su descarte por falta de voluntad política reafirma que no hay una apuesta real por la diversidad cultural, sino un repliegue hacia lo de siempre.

De la cultura viva al escaparate privado

Esta falta de coherencia se extiende al resto de la política cultural: la privatización de lo común. La cesión de espacios públicos a entidades privadas, mientras se desplaza a instituciones educativas vitales como la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) o el Conservatorio de Danza, muestra qué tipo de “cultura” busca el gobierno local. Se prefiere el contenedor de prestigio y la marca privada frente a la formación artística y la creación joven. Se vacía el centro histórico de su pulso cotidiano para convertirlo en un decorado para el visitante. Lo mismo que con el Festival de Cine Español que directamente se ha desvinculado de la candidatura para Capital Europea de la Cultura 2031 por la falta de apoyos y por la dejadez institucional.

Y hablando de falta de lógica, otra muestra: porque la incoherencia no solo se mide en ránkings, sino en el desprecio a proyectos locales de éxito contrastado. Resulta sangrante que iniciativas como el Irish Fleadh hayan sido inicialmente rechazadas en la programación de la candidatura bajo el pretexto de una supuesta falta de “dimensión europea”. Es un argumento casi cómico (y dramático) cuando hablamos de un festival que lleva años hermanando a músicos de Irlanda, Reino Unido y el continente con el patrimonio extremeño. Que a un pilar de la cultura viva de la ciudad se le envíe una carta de rechazo estándar es, sencillamente, no haber entendido nada de lo que significa ser una Capital Cultural.

El dossier contra la realidad

Cáceres tiene el potencial, pero la ‘Transcultura’ no puede ser solo un concepto pegadizo en un dossier brillante. La cultura es una forma de entender el mundo y de relacionarnos con los otros seres vivos. No se puede pedir el respaldo de Europa mientras se subvenciona el sufrimiento, se ignora a la ONU, se espantan proyectos de paz internacional y se desplaza a estudiantes de arte o se ignora al cine de proyección internacional.

La ciudad aún puede elegir entre ser un referente de innovación o un reducto de anacronismos. Para que 2031 sea una oportunidad de progreso y no un simple espejismo, Cáceres necesita valentía política y honestidad intelectual. Ojalá 2031 sea el año en el que Cáceres consiga la capitalidad cultural, pero que lo haga siendo una ciudad repleta de cultura viva y vacía de violencia ritualizada y complejos frente a la modernidad. La modernidad de la buena.

Casi ocho años después, el caso de la muerte de la perra Sota se ha cerrado gracias a la mediación. El agente de la Guàrdia Urbana de Barcelona que disparó mortalmente al animal y su dueño, un hombre sin hogar, han llegado a un acuerdo que archiva la causa penal.

Los hechos se remontan al año 2018. El agente y el dueño del animal, Tauri Ruusalu, mantenían versiones opuestas sobre el incidente que terminó con la perra Sota tiroteada. El caso es un ejemplo de que hay causas penales en las que un juicio no soluciona nada: el hombre sin hogar se enfrentaba a una acusación por atentado a la autoridad, mientras que el agente podía terminar condenado por maltrato animal.

A iniciativa de sus letradas (Paz Vallès, del guardia urbano, e Inés Guardiola, del sintecho), ambos vencieron sus reticencias iniciales y participaron en un proceso de mediación y justicia restaurativa, un camino que va abriéndose en España para resolver conflictos pese a la tradicional apuesta por la litigación.

En un auto, adelantado por El Periódico y El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez archiva al caso tras constatar que ambas partes, tras participar en un proceso de mediación, “manifestaron su deseo de dejar atrás la situación vivida y no reclamarse nada el uno al otro”.

Ambas letradas expresan su satisfacción por el acuerdo alcanzado. “Ir a juicio no resolvía nada y la solución ha sido satisfactoria”, constata Guardiola. “Este acuerdo demuestra que la justicia restaurativa funciona cuando las partes y sus abogadas creen en ella y trabajan para reparar el conflicto, no solo para ganar un juicio”, valora Vallès.

El acuerdo se ha alcanzado tras varias reuniones entre los dos hombres con un mediador del servicio de justicia restaurativa de la Generalitat. Se han analizado los hechos y se ha logrado la responsabilización, reflexión y reparación de ambas partes, que han concluido que el conflicto que dio origen a las actuaciones ha quedado definitivamente resuelto.

El caso desató una oleada de protestas animalistas, y obligó al Ayuntamiento de Ada Colau a establecer nuevos protocolos para los agentes de la Urbana en el trato con animales.

Pese al éxito restaurativo y al acuerdo entre los afectados, las distintas asociaciones animalistas que ejercen la acusación popular y que alegan defender los intereses de la perra muerta podrían recurrir el archivo del caso y reclamar que vaya a juicio.

L’empresa Avícola Son Perot S.A., que opera sota la marca comercial Avícola Ballester, ha procedit al sacrifici de gairebé 90.000 gallines de les seves instal·lacions a Llucmajor (Mallorca), la coneguda com a “macrogranja dels horrors”. Aquesta mesura s’ha executat en compliment de les mesures cautelars dictades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern balear.

Una d’elles consistia que l’explotació avícola passés de gairebé 136.000 aus al sostre de 40.000 animals, tal com estableix la legislació autonòmica. Cal assenyalar que l’explotació avícola es va situar sota el focus mediàtic a finals de maig de 2025, quan elDiario.es va publicar en primícia les condicions d’insalubritat, manca d’higiene i brutícia extremes que es desprenien de les imatges inèdites, gravades per les associacions ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d’abril.

El sacrifici massiu s’ha dut a terme tot i que la Federació de Santuaris d'Animals (FESA) va sol·licitar formalment una “solució ètica i urgent” per evitar la mort de les aus. “Fem una crida urgent a les autoritats locals, al propietari de l’explotació i a la Conselleria d’Agricultura per aturar aquesta mesura cruel i innecessària”, va assenyalar a aquest diari María González Sola, secretària de la Federació, en referència al “buidatge sanitari” –és a dir, el sacrifici– que va imposar la Conselleria que dirigeix Joan Simonet (PP), després de decretar el tancament d’una de les set naus –destinada a gallines camperoles–.

Va ser una de les mesures que va imposar el Govern de Marga Prohens després que diversos tècnics de la Conselleria, així com agents del Seprona de la Guàrdia Civil, comprovessin que s’havien comès un total de set infraccions qualificades de “greus”. El tancament de la nau set va suposar el sacrifici d’unes 20.000 gallines. Tot i que inicialment es va proposar una sanció de 420.000 euros, finalment es va imposar una multa de 200.100, per set faltes greus i una de lleu, com va informar aquest diari. La Conselleria, però, va assegurar no tenir competències quant a la gestió de les aus i va traslladar la responsabilitat a la propietat. González Sola va assegurar a aquest mitjà que l’alternativa que proposava FESA no posava en risc “en cap moment les mesures sanitàries necessàries per al correcte trasllat dels animals”.

“Els diners estan per damunt de tot”

El portaveu de Satya Animal, Kike Gimeno, explica a aquest diari que el cas de Llucmajor és una mostra més “de la cosificació dels animals tant per part de l’empresa, que només busca el benefici econòmic, com per part de l’administració, a qui no li interessen gens ni mica els animals”. Gimeno lamenta que sembli que els diners estan “per damunt de tot: de les persones, dels animals i del medi ambient”.

L’explotació avícola de Llucmajor, situada a la finca de Ses Cisternetes, compta amb un total de set naus –sis per a les aus, així com un centre de classificació d’ous–, amb una capacitat màxima de 135.696 gallines (54.672 gallines en gàbies, 63.024 gallines camperoles –tipus 1– i 18.000 aus en producció d’aviari). Tanmateix, després de la investigació publicada per aquest diari, i arran de diverses irregularitats detectades pel Govern en inspeccions anteriors, s’imposa a la macrogranja l’obligació –que marca també la nova llei– d’acollir un màxim de 40.000 gallines.

Aquesta mesura cautelar ha estat complerta per part de la macrogranja, tal com es desprèn de la resolució de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, arran d’una petició de transparència sol·licitada per aquest diari. El 5 de desembre de 2025, una veterinària oficial del Servei de Producció Ramadera va revisar la documentació relativa a l’expedient de l’explotació avícola, així com els registres de moviment i cens. La inspecció va constatar que tres dies abans, el 2 de desembre, la granja de Llucmajor havia reduït el nombre d’aus per sota de les 40.000 gallines.

Segons la informació sol·licitada, Fernando Fernández, director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, va dictar una resolució mitjançant la qual s’ordenava “la ratificació de la suspensió parcial de l’activitat de producció i reproducció de l’espècie avícola”. A la pràctica, suposava la prohibició de l’entrada de noves aus i la desescalada progressiva fins a situar el sostre per sota de les 40.000 gallines. En aquest cas, com va ocórrer després del “buidatge sanitari” de la nau 7 –la que es trobava en estat més greu, segons van determinar les autoritats mitjançant inspecció–, l’empresa ha procedit al sacrifici de totes elles, malgrat que diferents organitzacions van oferir els seus santuaris per evitar-ho.

Concretament, FESA va manifestar que existia “una alternativa real i compassiva: el trasllat immediat de tots els animals afectats a una xarxa de santuaris associats, on podran ser acollits, rehabilitats i viure lliures d’explotació”. Així, afirmen que diversos dels seus membres van confirmar la seva disponibilitat per acollir les gallines i “garantir-los una vida digna”. Van oferir la seva infraestructura de santuaris i refugis com La Vida Color Frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia i El Hogar. Per transportar-les de manera segura, sostenien que comptaven amb diverses organitzacions com Salvando Peludos, que van mostrar “interès i suport” per encarregar-se del trasllat. Per finançar-ne el rescat, indicaven que disposaven de la col·laboració ciutadana.

Finalment, FESA va exigir al Govern balear facilitar “permisos per al seu rescat i transport”, indicant que la federació animalista seguiria “en tot moment els protocols de trasllat d’acord amb els permisos sanitaris pertinents”. “Aquest cas reflecteix la necessitat urgent, com a societat, de canviar la manera com tractem els altres animals”, van concloure. En aquest sentit, Gimeno destaca la implicació de les organitzacions animalistes agrupades a FESA, que “sempre estan al costat dels animals i no s’amaguen quan cal actuar solidàriament”. “És una cosa que deixa encara més en evidència els nostres governants”, manifesta.

Un jutjat de Palma arxiva la causa

Després que aquest diari revelés en primícia la situació de la macrogranja de Llucmajor, les entitats animalistes, juntament amb una plataforma veïnal afectada per les males olors del femer –l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor–, van presentar diverses denúncies davant els òrgans judicials corresponents. En una interlocutòria amb data 3 de juny de 2025, el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma va obrir diligències penals contra l’empresa Avícola Ballester per la presumpta comissió d’un delicte de maltractament animal. En la seva resolució, a la qual va tenir accés aquest mitjà, la jutgessa va sol·licitar al Seprona de la Guàrdia Civil que dugués a terme les investigacions necessàries per esclarir els fets, així com els informes complets de totes les actuacions efectuades entorn de l’explotació avícola.

Tanmateix, el jutjat va acordar el sobreseïment provisional de la causa en considerar que no quedava acreditada la comissió de cap delicte per part de l’empresa. En l’escrit es denunciaven la presència d’animals morts, les deficiències higienicosanitàries i els riscos per a la salut animal i pública derivats de les condicions de la macrogranja. La interlocutòria judicial reconeixia la presència de cadàvers de gallines en diferents estats de descomposició a les instal·lacions, fet que evidenciava deficiències en la seva retirada i, per tant, higienicosanitàries. No obstant això, la Sala va concloure que aquestes deficiències corresponien a infraccions administratives, ja sancionades, i no penals.

“Els animals no tenen cap protecció per part del sistema legislatiu actual”, opina Gimeno sobre aquest punt. El portaveu de Satya Animal lamenta que no han estat suficients “una infinitat d’imatges de l’horror de la granja perquè es consideri un maltractament als animals”. “Costa de creure-ho, i costa imaginar-se què ha de passar perquè [el maltractament] sigui penalment punible”, valora.

Lorenzo Peñas, advocat de l’Associació Stop Macrogranja, va presentar un recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma davant l’Audiència Provincial de les Balears. Una mesura que té el suport també de les entitats que van denunciar el cas perquè sortís a la llum. “Pensem que el recurs és el mínim que es pot fer per reclamar la justícia que mereixen tant els animals com els veïns”, assegura Gimeno. “Visibilitzar aquesta realitat és primordial perquè comencem a generar un canvi legislatiu i social”, conclou.

La empresa Avícola Son Perot S.A., que opera bajo la marca comercial Avícola Ballester, ha procedido al sacrificio de casi 90.000 gallinas de sus instalaciones en Llucmajor (Mallorca), la conocida como “macrogranja de los horrores”. Esta medida se ha ejecutado en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

Una de ellas consistía en que la explotación avícola pasara de las casi 136.000 aves al techo de 40.000 animales, como establece la legislación autonómica. Cabe señalar que la explotación avícola se situó bajo el foco mediático a finales de mayo de 2025, cuando elDiario.es publicó en primicia las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas que se desprendían de las imágenes inéditas, grabadas por las asociaciones ARDE y Satya Animal, entre los días 21 y 29 de abril.

El sacrificio masivo se ha llevado a cabo a pesar de que la Federación de Santuarios de Animales (FESA) solicitó formalmente una “solución ética y urgente” para evitar la muerte de las aves. “Hacemos un llamamiento urgente a las autoridades locales, al propietario de la explotación y a la Conselleria d’Agricultura para detener esta medida cruel e innecesaria”, señaló a este diario María González Sola, secretaria de la Federación de Santuarios de Animales, en referencia al “vaciado sanitario” –es decir, el sacrificio– que impuso la Conselleria que dirige Joan Simonet (PP), después de decretar el cierre de una de las siete naves –destinada a gallinas camperas–.

Fue una de las medidas que impuso el Govern de Marga Prohens después de que varios técnicos de la Conselleria, así como agentes del Seprona de la Guardia Civil, comprobaran que se habían cometido un total de siete infracciones calificadas como “graves”. El cierre de la nave siete supuso el sacrificio de unas 20.000 gallinas. Aunque inicialmente se propuso una sanción de 420.000 euros, finalmente se impuso una multa de 200.100, por siete faltas graves y una leve, como informó este diario. La Conselleria, sin embargo, aseguró no tener competencias en cuanto a la gestión de las aves y trasladó la responsabilidad a la propiedad. González Sola aseguró a este diario que la alternativa que proponía FESA no ponía en riesgo “en ningún momento las medidas sanitarias necesarias para el correcto traslado de los animales”.

“El dinero está por encima de todo”

El portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno, explica a este diario que el caso de Llucmajor es una muestra más “de la cosificación de los animales tanto por parte de la empresa, que solo busca el beneficio económico, y por parte de la administración, a quien no le interesan ni lo más mínimo los animales”. Gimeno lamenta que parece que el dinero está “por encima de todo: de las personas, de los animales, y del medio ambiente”.

La explotación avícola de Llucmajor, situada en la finca de Ses Cisternetes, cuenta con un total de siete naves –seis para las aves, así como un centro de clasificación de huevos–, con una capacidad máxima de 135.696 gallinas (54.672 gallinas en jaulas, 63.024 gallinas camperas –tipo 1– y 18.000 aves en producción de aviario). Sin embargo, después de la investigación publicada por este diario, y tras varias irregularidades detectadas por el Govern en inspecciones anteriores, se impone a la macrogranja la obligación –que marca también la nueva ley– de acoger un máximo de 40.000 gallinas.

Esta medida cautelar ha sido cumplida por parte de la macrogranja, como se desprende de la resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, tras una petición de transparencia solicitada por este diario. El 5 de diciembre de 2025, una veterinaria oficial del Servicio de Producción Ganadera revisó la documentación relativa al expediente de la explotación avícola, así como los registros de movimiento y censo de la explotación. La inspección constató que tres días antes, el 2 de diciembre, la granja de Llucmajor había reducido el número de aves por debajo de las 40.000 gallinas.

Según la información solicitada, Fernando Fernández, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dictó una resolución mediante la cual se ordenaba “la ratificación de la suspensión parcial de la actividad de producción y reproducción de la especie avícola”. En la práctica, suponía la prohibición de la entrada de nuevas aves y la progresiva desescalada hasta situar el techo por debajo de las 40.000 gallinas. En este caso, como ocurrió tras el “vaciado sanitario” de la nave 7 –la que se encontraba en estado más grave, según determinaron las autoridades mediante inspección–, la empresa ha procedido al sacrificio de todas ellas, pese a que diferentes organizaciones ofrecieron sus santuarios para evitarlo.

Concretamente, FESA manifestó que existía “una alternativa real y compasiva: el traslado inmediato de todos los animales afectados a una red de santuarios asociados, donde podrán ser acogidos, rehabilitados y vivir libres de explotación”. Así, afirman que varios de sus miembros confirmaron su disponibilidad para acoger a las gallinas y “garantizarles una vida digna”. Ofrecieron su infraestructura santuarios y refugios como La vida color frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia y El Hogar. Para transportarlas de forma segura, sostuvieron, cuentan con varias organizaciones como Salvando Peludos que mostraron “interés y apoyo” para encargarse del traslado. Para financiar su rescate, indicaron que contaban con la colaboración ciudadana.

Finalmente, FESA exigió al Govern balear facilitar “permisos para su rescate y transporte”, indicando que la federación animalista seguiría “en todo momento los protocolos de traslado acordes a los permisos sanitarios pertinentes”. “Este caso refleja la urgente necesidad, como sociedad, de cambiar la forma en que tratamos a los demás animales”, concluyeron. En este sentido, Gimeno destaca la implicación de las organizaciones animalistas agrupadas en FESA, quienes “siempre están del lado de los animales y no se esconden cuando hay que actuar solidariamente”. “Es algo que deja todavía más en evidencia a nuestros gobernantes”, manifiesta.

Un juzgado de Palma archiva la causa

Después de que este diario desvelara en primicia la situación de la macrogranja de Llucmajor, las entidades animalistas, junto a una plataforma vecinal afectada por los malos olores del estercolero –la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor–, presentaron varias denuncias ante los órganos judiciales correspondientes. En un auto fechado el 3 de junio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma abrió diligencias penales contra la empresa Avícola Ballester por la presunta comisión de un delito de maltrato animal. En su resolución, a la que tuvo acceso este medio, la jueza solicitó al Seprona de la Guardia Civil que llevara a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, así como los informes completos de todas las actuaciones efectuadas en torno a la explotación avícola.

Sin embargo, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa. En el escrito se denunciaban la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y por lo tanto higiénico-sanitarias. No obstante, la Sala concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. 

“Los animales no tienen ninguna protección por parte del sistema legislativo actual”, opina Gimeno, sobre este punto. El portavoz de Satya Animal lamenta que no han bastado “infinidad de imágenes del horror de la granja para que se considere un maltrato a los animales”. “Cuesta creerlo, y cuesta imaginarse qué tiene que pasar para que [el maltrato] sea penalmente punible”, valora.

Lorenzo Peñas, abogado de la Asociación Stop Macrogranja, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ante la Audiencia Provincial de Balears. Una medida respaldada también por las entidades que denunciaron el caso para que saliera a la luz. “Pensamos que el recurso es lo mínimo que se puede hacer para reclamar la justicia que se merecen tanto los animales como los vecinos”, asegura Gimeno. “Visibilizar esta realidad es primordial para que empecemos a generar un cambio legislativo y social”, concluye.

Una nova polèmica esquitxa PP i Vox a les Illes Balears, que governen les principals institucions de Mallorca a través de diferents acords de governabilitat. L’hipòdrom de Son Pardo, situat a la capital, no té la llicència d’activitats, segons ha pogut comprovar elDiario.es a través de documentació del Consell Insular. El recinte esportiu va intentar regularitzar la seva situació quan el 2017 va sol·licitar una llicència d’obres-activitat, que implicava una reforma de l'interior, però aquesta mai no es va arribar a completar, com consta en la documentació municipal consultada per aquest diari. Malgrat això, l’hipòdrom de Son Pardo està acollint activitats esportives amb total normalitat.

Després de sol·licitar una llicència d’obres el 2017, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) va rebre finalment el permís el 2020, i les obres van començar el 5 de novembre d’aquell any. Tres anys més tard, el 26 de setembre de 2023, l’IEHM va sol·licitar una pròrroga per acabar els treballs. El 15 d’abril de 2024, el regidor d’Urbanisme, Óscar Fidalgo (PP), va aprovar l’extensió per tretze mesos, fixant com a nova data límit el 5 de desembre de 2024, encara que amb algunes condicions. En la resolució d’Urbanisme, consultada per aquest diari, es permet sol·licitar una segona i última pròrroga de fins a sis mesos i mig, sempre que s’hagi executat almenys la meitat de l’obra i estiguin acabades façanes, cobertes i fusteries exteriors, certificat per la direcció de l’obra. Però, segons la documentació del Consell, aquestes condicions encara no es compleixen, perquè falten per completar les fases II i III de les obres.

La Llei 7/2013 estableix que, quan un edifici es construeix o reforma per a una activitat concreta —per exemple, un hipòdrom que acull competicions esportives—, no es poden tramitar per separat les obres i l’activitat. És a dir, ambdós han de gestionar-se conjuntament, assegurant que el lloc sigui segur, compleixi les normes de salubritat i medi ambient, i respecti la normativa urbanística. Es pot presentar un sol projecte que abasti tot o dos projectes separats, però sempre coordinats i revisats conjuntament. A més, la normativa balear indica que les activitats han de complir les condicions de la seva llicència i la resta de la normativa aplicable, inclosa la Llei 39/2022, de l’Esport.

Mentre es fan les curses de cavalls, l’hipòdrom de Son Pardo no compta amb la llicència d’activitat vigent, cosa que podria constituir un incompliment de la normativa, segons denuncien el PSIB-PSOE i Progreso en Verde. 'La situació a Son Pardo és d’extrema gravetat', ha afirmat Andreu Serra, conseller del PSIB-PSOE, que ha acusat el Consell Insular de 'no haver actuat amb diligència i no haver fet res' per evitar perdre la llicència provisional d’activitats. Pedro Bestard és vicepresident segon i conseller no adscrit de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, després d’haver abandonat la direcció de Vox a les Balears el setembre de 2024. Óscar Fidalgo (PP), tercer tinent d’alcalde, controla la cartera d’Urbanisme.

Ni l’Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca han respost a les preguntes d’aquest diari en relació amb la presumpta activitat irregular en el moment en què es publica aquesta notícia. L’hipòdrom no ha contestat els missatges ni les trucades.

Més subvencions públiques

Malgrat tot, el departament de Pedro Bestard ha incrementat en gairebé un 19% el pressupost destinat aquest any al món del trot, segons va informar el Consell de Mallorca. En aquest sentit, el pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) ha pujat a gairebé 4,8 milions d’euros. La Federació Balear de Trot (FBT) ha augmentat la seva partida en 100.000 euros, situant-se en un milió dos-cents cinquanta mil euros. L’objectiu, segons el Consell Insular, és “augmentar el nombre de curses als hipòdroms” gestionats per l’IEHM.

Amb aquest augment, el departament d’Esports del Consell Insular esperava incrementar en 28 les curses de cavalls que se celebrarien a Son Pardo, passant de les 238 de 2024 fins a les 266 de 2025. En aquest sentit, el conseller Bestard va afirmar que el compromís de la institució insular és “continuar donant suport al món del trot, augmentant el nombre de curses i millorant les instal·lacions dels hipòdroms, amb l’objectiu de potenciar un esport tan arrelat a Mallorca”.

Progreso en Verde denuncia “explotació animal”

“Hem enviat un escrit al Seprona —de la Guàrdia Civil— perquè investigui què està passant”, ha explicat a aquest diari Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde. Segons el portaveu animalista, la situació és d’“extrema gravetat” perquè, com que no té la corresponent llicència, totes les curses que s’estan fent “serien il·legals”, a parer seu. Per tant, qualsevol incident que pogués ocórrer amb els assistents a les competicions esportives “també seria de molta gravetat”, ha apuntat.

No obstant això, Amengual recorda que les presumptes irregularitats al voltant de l’hipòdrom són constants. Una situació a la qual cal sumar el cas de dopatge que va sortir la setmana anterior. “És una darrere l’altra”, ha remarcat i ha acusat l’Ajuntament de manca de transparència. “Portem gairebé tres anys de legislatura i tenim zero respostes. Tot el que hem enviat sobre diferents temes, i al qual tenen l’obligació de respondre —això ens ho diuen tant el Seprona com la Policia Local—, no obtenim respostes”, ha retret. Segons Amengual, el Consistori ni tan sols respon al Seprona.

“En un cas anterior, relacionat amb les calesses, el Seprona va aixecar un ofici contra l’Ajuntament per deficiències a l’ordenança i tampoc van contestar. Quan no es respon a les autoritats, a nosaltres evidentment molt menys”, ha insistit. Progreso en Verde demana “el tancament immediat” de l’hipòdrom de Son Pardo, de manera cautelar, fins que “s’aclareixi realment què està passant”.

En aquest sentit, Amengual es remet a les declaracions del PSOE, que sostenen que el recinte funciona sense llicència. “Això ho sap tothom, fins i tot la Federació Balear de Trot (FBT). Em vaig queixar al Seprona perquè no entenc que, si no hi ha llicència d’activitats, es permeti que continuï operant”, ha valorat. La FBT no ha respost a la consulta d’aquest diari en relació amb l’activitat presumptament irregular de l’hipòdrom.

“És com un restaurant o un bar al qual li suspenen la llicència i continua obert: la multa seria molt gran i probablement el tancarien”, ha lamentat Amengual. Al seu entendre, els assumptes relacionats amb l’explotació animal semblen poder operar fora de les normes, sense control. “Si la llicència està paralitzada per unes obres, hauria de tancar-se immediatament. Estem convençuts que no serà així, que continuarà operant amb normalitat”, ha indicat i ha afegit que des del seu partit insistiran al Seprona “fins on pugui arribar”. “Però si el Consell o l’Ajuntament no volen tancar-lo, no el tancaran”.

És com un restaurant o un bar al qual li suspenen la llicència i continua obert: la multa seria molt gran i probablement el tancarien. Si la llicència està paralitzada per unes obres, hauria de tancar-se immediatament

Guillem Amengual — Progreso en Verde

Així, el president de Progreso en Verde descriu que els cavalls de curses pateixen “explotació” i “maltractament”, tant en els entrenaments com en les competicions. “Quan deixen de guanyar premis i de generar diners, molts acaben a les calesses per continuar sent explotats allà”, ha opinat.

També enumera altres suposats casos de males pràctiques: quadres que no estan en condicions i nombrosos casos de dopatge —no un ni dos, sinó molts—. “Estem convençuts que si en cada cursa es fes un control antidopatge, no hi hauria curses, perquè presumptament se’ls administren substàncies per evitar el dolor, sobretot a les potes, on pateixen moltes lesions”, ha assegurat.

Amengual ha afirmat que, després de les denúncies de Progreso en Verde, es van fer moltes revisions veterinàries i que la Fiscalia va confirmar que “tots els cavalls examinats tenien lesions antigues a les potes”. “També hi ha hagut casos de material il·legal, com les justes amb què es colpejava els cavalls, cosa que hauria d’estar totalment prohibida”, ha lamentat. Finalment, ha recordat el cas de Sorky Das Pon, un cavall que va ser assassinat per un dels seus propietaris després de perdre una cursa. “És explotació i maltractament animal”, ha conclòs.

És explotació i maltractament animal. Quan deixen de guanyar premis i de generar diners, molts cavalls acaben a les calesses per continuar sent explotats allà. Si en cada cursa es fes un control antidopatge, no hi hauria curses, perquè presumptament se’ls administren substàncies per evitar el dolor

Guillem Amengual — Progreso en Verde

En la mateixa línia s’ha pronunciat l’associació Satya Animal. “Continuar operant sense llicència d’activitats és una mostra més de la permissivitat i complicitat de les administracions amb negocis basats en l’explotació cruel d’animals, tal com veiem amb altres activitats com la tauromàquia”, ha afirmat a aquest diari Kike Gimeno.

El portaveu de l’entitat animalista lamenta que aquest tipus d’activitats es fonamenten en l'“errònia idea” que “tot el que és tradicional és vàlid”. “Ja anem tard, com a societat, en la revisió de costums i tradicions que no s’alineïn amb uns valors ètics mínims”, ha sostingut.

Els cavalls són éssers molt sensibles i intel·ligents que són domesticats a la força, obligats a realitzar esforços que comprometen la seva salut i tractats com a objectes que es rebutgen quan pateixen una lesió greu o quan el seu rendiment competitiu baixa

Kike Gimeno — Portaveu de Satya Animal

Gimeno ha recordat que els cavalls són “éssers molt sensibles i intel·ligents” que són domesticats “a la força” i “obligats a realitzar esforços que comprometen la seva salut i tractats com a objectes que es rebutgen quan pateixen una lesió greu o quan el seu rendiment competitiu baixa”. Al mateix temps, ha lamentat que aquesta “explotació” dels cavalls es combini amb una altra activitat perniciosa com són les apostes esportives, que degraden “encara més el nivell moral de la societat”.

Una nueva polémica salpica a PP y Vox en Balears, que gobiernan las principales instituciones de Mallorca a través de diferentes acuerdos de gobernabilidad. El hipódromo de Son Pardo, ubicado en la capital, carece de la licencia de actividades, según ha podido comprobar elDiario.es a través de documentación del Consell Insular. El recinto deportivo intentó regularizar su situación cuando en 2017 pidió una licencia de obras-actividad, que implicaba una reforma de su interior, pero ésta nunca se llegó a completar, como consta en la documentación municipal consultada por este diario. Pese a ello, el hipódromo de Son Pardo está acogiendo actividades deportivas con total normalidad.

Después de solicitar una licencia de obras en 2017, el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) recibió finalmente el permiso en 2020, y las obras comenzaron el 5 de noviembre de ese año. Tres años más tarde, el 26 de septiembre de 2023, el IEHM solicitó una prórroga para terminar los trabajos. El 15 de abril de 2024, el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo (PP), aprobó la extensión por 13 meses, fijando como nueva fecha límite el 5 de diciembre de 2024, aunque con algunas condiciones. En la resolución de Urbanismo, consultada por este diario, se permite pedir una segunda y última prórroga de hasta seis meses y medio, siempre que se haya ejecutado al menos la mitad de la obra y estén terminadas fachadas, cubiertas y carpinterías exteriores, certificado por la dirección de la obra. Pero, según la documentación del Consell, estas condiciones no se cumplen todavía, porque faltan por completar las fases II y III de las obras.

La Ley 7/2013 establece que, cuando un edificio se construye o reforma para una actividad concreta —por ejemplo, un hipódromo que acoge competiciones deportivas—, no se pueden tramitar por separado las obras y la actividad. Es decir, ambos deben gestionarse juntos, asegurando que el lugar sea seguro, cumpla con las normas de salubridad y medio ambiente, y respete la normativa urbanística. Se puede presentar un solo proyecto que abarque todo o dos proyectos separados, pero siempre coordinados y revisados conjuntamente. Además, la normativa balear indica que las actividades deben cumplir las condiciones de su licencia y el resto de la normativa aplicable, incluida la Ley 39/2022, del Deporte.

Mientras se realizan las carreras de caballos, el hipódromo de Son Pardo no cuenta con la licencia de actividad vigente, lo que podría constituir un incumplimiento de la normativa, según denuncian el PSIB-PSOE y Progreso en Verde. “La situación en Son Pardo es de extrema gravedad”, ha afirmado Andreu Serra, conseller del PSIB-PSOE, que ha acusado al Consell Insular de “no haber actuado con diligencia y no haber hecho nada” para evitar perder la licencia provisional de actividades. Pedro Bestard es vicepresidente segundo y conseller no adscrito de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, después de haber abandonado la dirección de Vox en Balears en septiembre de 2024. Óscar Fidalgo (PP), tercer teniente de alcalde, controla la cartera de Urbanismo.

Ni el Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca han respondido a las preguntas de este diario en relación a la presunta actividad irregular en el momento en que se publica esta noticia. El hipódromo no ha contestado a los mensajes ni a las llamadas.

Más subvenciones públicas

Pese a todo, el departamento de Pedro Bestard ha incrementado en casi un 19% el presupuesto destinado este año al mundo del trote, según informó el Consell de Mallorca. En este sentido, el presupuesto del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) ha ascendido a casi 4,8 millones de euros. La Federación Balear de trot (FBT) ha aumentado su partida en 100.000 euros y se ha situado en un millón doscientos cincuenta mil euros. El objetivo, según el Consell Insular, es “aumentar el número de carreras en los hipódromos” gestionados por el IEHM.

Con este aumento, el departamento de Deportes del Consell Insular esperaba incrementar en 28 las carreras de caballos que se fueran a celebrar en Son Pardo, pasando de las 238 de 2024 hasta las 266 de 2025. En este sentido, el conseller Bestard afirmó que el compromiso de la institución insular es “seguir apoyando el mundo del trote, aumentado el número de carreras y mejorando las instalaciones de los hipódromos, a fin de potenciar un deporte tan arraigado en Mallorca”.

Progreso en Verde denuncia “explotación animal”

“Hemos enviado un escrito al Seprona —de la Guardia Civil— para que investigue qué es lo que está sucediendo”, ha explicado a este diario Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde. Según el portavoz animalista, la situación es de “extrema gravedad” porque, al no disponer de la correspondiente licencia, todas las carreras que se están haciendo “serían ilegales”, en su opinión. Por tanto, cualquier incidente que pudiera ocurrir con los asistentes a las competiciones deportivas “también sería de muchísima gravedad”, ha apuntado.

No obstante, Amengual recuerda que las presuntas irregularidades en torno al hipódromo son constantes. Una situación a la que hay que sumar el caso de dopaje que salió la semana anterior. “Es una detrás de otra”, ha remarcado y ha acusado al Ajuntament de falta de transparencia. “Llevamos casi tres años de legislatura y tenemos cero respuestas. Todo lo que hemos enviado sobre distintos temas, y que tienen la obligación de responder —esto nos lo dicen tanto el Seprona como la Policía Local—, no obtenemos respuestas”, ha reprochado. Según Amengual, el Consistorio ni siquiera responde al Seprona.

“En un caso anterior, relacionado con las calesas, el Seprona levantó un oficio contra el Ayuntamiento por deficiencias en la ordenanza y tampoco contestaron. Cuando no se responde a las autoridades, a nosotros evidentemente mucho menos”, ha insistido. Progreso en Verde pide “el cierre inmediato” del hipódromo de Son Pardo, de forma cautelar, hasta que “se aclare realmente qué está sucediendo”.

En este sentido, Amengual se remite a las declaraciones del PSOE, que sostienen que el recinto funciona sin licencia. “Esto lo sabe todo el mundo, incluso la Federación Balear de trot (FBT). Yo me quejé al Seprona porque no entiendo que, si no hay licencia de actividades, se permita que siga operando”, ha valorado. La FBT no ha respondido a la consulta de este diario en relación a la actividad presuntamente irregular del hipódromo.

“Es como un restaurante o un bar al que le suspenden la licencia y sigue abierto: la multa sería tremenda y probablemente lo cerrarían”, ha lamentado Amengual. En su opinión, los asuntos que tienen que ver con la explotación animal parecen poder operar fuera de las reglas, sin control. “Si la licencia está paralizada por unas obras, debería cerrarse inmediatamente. Estamos convencidos de que no será así, que va a seguir operando con normalidad” ha indicado y ha añadido que desde su partido insistirán al Seprona “hasta donde pueda llegar”. “Pero si el Consell o el Ayuntamiento no quieren cerrarlo, no lo cerrarán”.

Es como un restaurante o un bar al que le suspenden la licencia y sigue abierto: la multa sería tremenda y probablemente lo cerrarían. Si la licencia está paralizada por unas obras, debería cerrarse inmediatamente

Guillermo Amengual — Progreso en Verde

El presidente de Progreso en Verde describe que los caballos de carreras sufren “explotación” y “maltrato”, tanto en los entrenamientos como en las competiciones. “Cuando dejan de ganar premios y de generar dinero, muchos acaban en las calesas para seguir siendo explotados allí”, ha opinado.

Así, enumera otros supuestos casos de malas prácticas: cuadras que no están en condiciones y numerosos casos de dopaje —no uno ni dos, sino muchos—. “Estamos convencidos de que si en cada carrera se hiciera un control antidopaje, no habría carreras, porque presuntamente se les administran sustancias para evitar el dolor, sobre todo en las patas, donde sufren muchas lesiones”, ha asegurado.

Amengual ha afirmado que, tras las denuncias de Progreso en Verde, se hicieron muchas revisiones veterinarias y que la Fiscalía confirmó que “todos los caballos examinados tenían lesiones antiguas en las patas”. “También ha habido casos de material ilegal, como las justas con las que se golpeaba a los caballos, algo que debería estar totalmente prohibido”, ha lamentado. Finalmente, ha recordado el caso de Sorky Das Pon, un caballo que fue asesinado por uno de sus propietarios tras perder una carrera. “Es explotación y maltrato animal”, ha concluido.

Es explotación y maltrato animal. Cuando dejan de ganar premios y de generar dinero, muchos caballos acaban en las calesas para seguir siendo explotados allí. Si en cada carrera se hiciera un control antidopaje, no habría carreras, porque presuntamente se les administran sustancias para evitar el dolor

Guillermo Amengual — Progreso en Verde

En la misma línea se ha pronunciado la asociación Satya Animal. “Seguir operando sin licencia de actividades es una muestra más de la permisividad y complicidad de las administraciones con negocios basados en la explotación cruel de animales, tal y como vemos con otras actividades como la tauromaquia”, ha afirmado a este diario Kike Gimeno. 

El portavoz de la entidad animalista lamenta que este tipo de actividades se fundamentan en la “errónea idea” de que “todo lo que es tradicional es válido”. “Ya vamos tarde, como sociedad, en la revisión de costumbres y tradiciones que no se alineen con unos valores éticos mínimos”, ha sostenido.

Los caballos son seres muy sensibles e inteligentes que son domesticados a la fuerza, obligados a realizar esfuerzos que comprometen su salud y tratados como objetos que son desechados cuando sufren una lesión grave o cuando su rendimiento competitivo baja

Kike Gimeno — Portavoz de Satya Animal

Gimeno ha recordado que los caballos son “seres muy sensibles e inteligentes” que son domesticados “a la fuerza” y “obligados a realizar esfuerzos que comprometen su salud y tratados como objetos que son desechados cuando sufren una lesión grave o cuando su rendimiento competitivo baja”. Al mismo tiempo, ha lamentado que esta “explotación” de los caballos se junta con otra actividad perniciosa como son las apuestas deportivas que degradan “aún más el nivel moral de la sociedad”.

Han passat tres dècades des de l’obertura del 'refugi' d'animals d'Eivissa Can Dog. Trenta anys de calamitats i insalubritat, amb gossos mal cuidats, envoltats de rosegadors, excrements i escombraries. Unes negligències que, no obstant això, no havien estat suficients per a instar la seva clausura, fins ara. El Consell Insular va confirmar la setmana passada que el centre Can Dog ja no exerceix com a residència canina ni com a nucli zoològic, en constatar reiterats incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal en diverses inspeccions realitzades en els últims dos mesos. No sols dels tècnics de la institució, sinó també per part del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil.

Representants del Partit Animalista amb el Medi Ambient (Pacma) han reclamat durant molt de temps el tancament del centre, sobre el que pesen a més acusacions de maltractament animal, com van declarar els voluntaris a elDiario.es el novembre passat. Les denúncies del partit venien recolzades pels informes, sancions i les nombroses acusacions que emboliquen al gestor del ranxo, P.A. L'empresari acumulava, a més, impagaments als seus treballadors i va anar perdent, a poc a poc, les concessions públiques que se li havien atorgat, mantenint, tan sols, el servei de recollida d'animals amb l'Ajuntament de Sant Antoni.

Ara, segons ha declarat a aquest diari el seu propi fill, qui treballava en el refugi on després de denunciar el cas té prohibida l'entrada, l'explotador podria enfrontar-se a una ordre de desnonament per part de la propietària del terreny. Però no és a l'única cosa a la que haurà de fer front, sinó que el Consell ha tramitat un expedient sancionador que de moment continua obert, pel que es desconeix encara l'import de la multa que haurà d'abonar.

Segons ha declarat a aquest diari el fill del propietari, qui treballava en el refugi -al qual té prohibida l'entrada després de denunciar el cas-, l'explotador podria enfrontar-se a una ordre de desnonament per part de la propietària del terreny. Per part seva, el Consell ha obert un expedient sancionador contra ell

Prohibició de nous animals i gossos abandonats

La institució insular va ordenar el passat 17 d'octubre la baixa del nucli zoològic i va dictar mesures cautelars que prohibien l'entrada de nous animals i obligaven a retornar als seus propietaris els gossos que estaven allà allotjats. Malgrat això, inspeccions posteriors van revelar la presència d'entre 21 i 41 cans, molts d'ells pertanyents a persones alienes al centre. Després que la Policia Local localitzés als seus amos, quatre dels animals que seguien a l'interior de Can Dog van ser retirats per l'Ajuntament de Sant Joan i traslladats al centre municipal de protecció animal.

Així mateix, el Consell va remetre al Consistori altres set possibles casos d'abandó de gossos per part d'un mateix propietari, qui no s'havia fet responsable de recollir-los dins del termini fixat per l'administració. Olivier Hassler, representant de Pacma, va denunciar en aquest moment que la situació era “lamentable” i va retratar la injustícia que els animals acabessin pagant els problemes del ranxo.

El Consell d'Eivissa va notificar set possibles casos d'abandó de gossos per part d'un mateix propietari, qui no s'havia fet responsable de recollir-los dins del termini fixat per l'administració

La cadena d'inspeccions va començar, no obstant això, molt abans. Al juny, després de l'obertura d'un expedient per presumptes incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal, els serveis veterinaris del Consell es van dirigir al problemàtic centre d'acolliment. La vigilància es va intensificar durant els mesos d'octubre i novembre, revelant un escenari sostingut d'irregularitats.

En un dels primers reconeixements, realitzat el 15 d'octubre, els tècnics van observar com Can Dog continuava funcionant com a residència malgrat no complir els requisits legals. Les inspeccions posteriors van confirmar que les mesures no s'estaven complint plenament: el 28 d'octubre encara hi havia 38 cans en el recinte, 28 d'ells allotjats en règim de residència. El responsable del centre va assegurar llavors que necessitaria uns vint dies per a completar les devolucions, excepte en els casos en que els propietaris no acudissin a recollir-los.

En una de les primeres inspeccions, els tècnics van observar com Can Dog continuava funcionant com a residència malgrat no complir els requisits legals. Els reconeixements posteriors van confirmar que les mesures no s'estaven complint plenament: encara quedaven 38 cans en el recinte, 28 d'ells en règim de residència

Un abandó múltiple

El 21 de novembre, una altra visita va constatar la presència de 21 gossos, 11 d'ells pertanyents a persones sense relació amb l'establiment, que seguien allà cinc dies després, quan van tornar els inspectors. En l'última inspecció, a finals de novembre, es va verificar que set gossos del mateix titular seguien encara en el refugi, tramitant-se, a través de la Policia Local, la seva reubicació per abandó múltiple, de competència municipal.

A la parcel·la, finalment, tan sols van romandre sis gossos, els de P.A., que han estat cedits a l'Ajuntament de Sant Joan -tal com segons va assenyalar en un recent fòrum el regidor de Medi Ambient, Andreu Roig- i altres quatre d'un treballador resident. Des del Consistori han detallat a elDiario.es que, en la seva obligació de complir la llei de benestar animal, han signat un contracte amb Natura Parc perquè s'encarregui dels mateixos serveis que oferia el ranxo extint de Sant Llorenç.

Amb tot, el tancament definitiu de Can Dog podria no estar encara jurídicament blindat. El propietari sosté que no ha rebut el decret d'inici del procediment, datat el 16 d'octubre, ja que va ser remès a un advocat que el va representar en el passat però que ja no exerceix com el seu defensor, segons va publicar El Periódico de Ibiza. D'acord amb la mateixa informació -i com han requerit fonts de Pacma a elDiario.es-, el lletrat ha remès un escrit al Consell on explica que la resolució va ser lliurada en el seu despatx malgrat no ser ja el representant legal actual de la societat gestora del centre, motiu pel que ha rebutjat la notificació.

El tancament de Can Dog podria ser anul·lat si es confirma que l'expedient sancionador va ser notificat de manera incorrecta. El propietari afirma no haver rebut el decret d'inici del procediment, que el Consell va remetre a un advocat que el va representar en el passat

Un abans i un després

Per part seva, Pacma ha celebrat la clausura del centre. Un fet que posa fi, asseveren els animalistas, a tres dècades marcades per denúncies i condicions insalubres que, malgrat tot, no havien derivat en la seva clausura definitiva fins ara. Hassler ha agraït l'actuació coordinada entre les institucions, que ha permès recuperar i reubicar als gossos que romanien en el recinte malgrat no estar vinculats a la titularitat del centre. Per al partit, el tancament suposa “un abans i un després” a l'illa i revela que les inspeccions rigoroses tenen resultats, el que també els fa qüestionar-se si, fins ara, no s'havien pres les accions necessàries contra Can Dog.

Pacma celebra el tancament i agraeix l'actuació coordinada entre les institucions. Per al partit, la clausura suposa “un abans i un després” a l'illa i revela que les inspeccions rigoroses tenen resultats, el que també els fa qüestionar-se si, fins ara, no s'havien pres les accions necessàries contra Can Dog

La formació reclama ara que aquest episodi serveixi per a reforçar el control públic sobre tots els nuclis zoològics i residències canines d'Eivissa mitjançant inspeccions més freqüents, transparència en les dades sobre sancions i reubicacions i un servei operatiu les 24 hores per a atendre els animals abandonats o decomissats. A més, insta a mantenir la col·laboració amb les entitats de protecció animal per a evitar nous episodis d'amuntegament i garantir adopcions responsables. “No estem contents que tanqui una empresa, però els animals estaven maltractats i són 30 anys d'aquesta història. Volíem passar pàgina”, sentencia Hassler.

Han pasado tres décadas desde que abriera el 'refugio' de animales de Eivissa Can Dog. Treinta años de calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura. Unas negligencias que, sin embargo, no habían sido suficientes para instar su clausura, hasta ahora. El Consell Insular confirmó la semana pasada que el centro Can Dog ya no ejerce como residencia canina ni como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas en los últimos dos meses. No solo de los técnicos de la institución, sino también por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Representantes del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) han reclamado durante mucho tiempo el cierre del centro, sobre el que además pesan acusaciones de maltrato animal, como declararon los voluntarios el pasado mes de noviembre a elDiario.es. Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envuelven al gestor del rancho, P.A. El empresario acumulaba, además, impagos a sus trabajadores y fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Ahora, según ha declarado a este diario su propio hijo, quien trabajaba en el refugio donde tras denunciar el caso tiene prohibida la entrada, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Pero no es a lo único a lo que tendrá que hacer frente, sino que el Consell ha tramitado un expediente sancionador que de momento sigue abierto, por lo que se desconoce todavía el importe de la multa que deberá abonar.

Según ha declarado a este diario el hijo del propietario, quien trabajaba en el refugio -al que tiene prohibida la entrada tras denunciar el caso-, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Por su parte, el Consell ha abierto un expediente sancionador contra él

Prohibición de nuevos animales y perros abandonados

La institución insular ordenó el pasado 17 de octubre la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron la presencia de entre 21 y 41 canes, muchos de ellos pertenecientes a personas ajenas al centro. Después de que la Policía Local localizase a sus dueños, cuatro de los animales que seguían en el interior de Can Dog fueron retirados por el Ayuntamiento de Sant Joan y trasladados al centro municipal de protección animal. 

Asimismo, el Consell remitió al Consistorio otros siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración. Olivier Hassler, representante de Pacma, denunció en ese momento que la situación era “lamentable” y retrató la injusticia de que los animales terminaran pagando los problemas del rancho.

El Consell de Eivissa notificó siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración

La cadena de inspecciones comenzó, sin embargo, mucho antes. En junio, tras la apertura de un expediente por presuntos incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal, los servicios veterinarios del Consell se dirigieron al problemático centro de acogida. La vigilancia se intensificó durante los meses de octubre y noviembre, revelando un escenario sostenido de irregularidades.

En uno de los primeros reconocimientos, realizado el 15 de octubre, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Las inspecciones posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: el 28 de octubre aún había 38 canes en el recinto, 28 de ellos alojados en régimen de residencia. El responsable del centro aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones, salvo en los casos en los que los propietarios no acudieran a recogerlos. 

En una de las primeras inspecciones, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Los reconocimientos posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: aún quedaban 38 canes en el recinto, 28 de ellos en régimen de residencia

Un abandono múltiple

El 21 de noviembre, otra visita constató la presencia de 21 perros, 11 de ellos pertenecientes a personas sin relación con el establecimiento, que seguían allí cinco días después, cuando volvieron los inspectores. En la última inspección, a finales de noviembre, se verificó que siete perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple, de competencia municipal. 

En la parcela, finalmente, únicamente permanecieron seis perros, los de P.A., que han sido cedidos al Ayuntamiento de Sant Joan -tal como según señaló en un reciente foro el concejal de Medio Ambiente, Andreu Roig- y otros cuatro de un trabajador residente. Desde el Consistorio han detallado a elDiario.es que, en su obligación de cumplir la ley de bienestar animal, han firmado un contrato con Natura Parc para que se encargue de los mismos servicios que ofrecía el rancho extinto de Sant Llorenç. 

Con todo, el cierre definitivo de Can Dog podría no estar aún jurídicamente blindado. El propietario sostiene que no ha recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejerce como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. De acuerdo a la misma información -y como han precisado fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado ha remitido un escrito al Consell en el que explica que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que ha rechazado la notificación.

El cierre de Can Dog podría ser anulado si se confirma que el expediente sancionador fue notificado de forma incorrecta. El propietario afirma no haber recibido el decreto de inicio del procedimiento, que el Consell remitió a un abogado que lo representó en el pasado

“Un antes y un después”

Por su parte, Pacma ha celebrado la clausura del centro. Un hecho que pone fin, aseveran los animalistas, a tres décadas marcadas por denuncias y condiciones insalubres que, pese a todo, no habían derivado en su clausura definitiva hasta ahora. Hassler ha agradecido la actuación coordinada entre las instituciones, que ha permitido recuperar y reubicar a los perros que permanecían en el recinto pese a no estar vinculados a la titularidad del centro. Para el partido, el cierre supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog.

Pacma celebra el cierre y agradece la actuación coordinada entre las instituciones. Para el partido, la clausura supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog

La formación reclama ahora que este episodio sirva para reforzar el control público sobre todos los núcleos zoológicos y residencias caninas de Eivissa mediante inspecciones más frecuentes, transparencia en los datos sobre sanciones y reubicaciones y un servicio operativo las 24 horas para atender a los animales abandonados o decomisados. Además, insta a mantener la colaboración con las entidades de protección animal para evitar nuevos episodios de hacinamiento y garantizar adopciones responsables. “No estamos contentos de que cierre una empresa, pero los animales estaban maltratados y son 30 años de esta historia. Queríamos pasar página”, sentencia Hassler.

Ver un jaguar en libertad es una de esas experiencias que parecen reservadas a la paciencia, a la suerte y a los territorios donde la naturaleza sigue mandando más que las personas. Con motivo del Día Mundial de la Conservación del Jaguar, surge una pregunta inevitable: entre tantos bosques, selvas y parques naturales, ¿existe realmente un lugar que pueda considerarse “el” territorio por excelencia para encontrarlo? La respuesta es sí, y tiene nombre propio: el Pantanal. Pero para llegar a esa conclusión conviene recorrer antes el mapa emocional y ecológico del felino más emblemático de América.

La especie Panthera onca ocupa desde México hasta el norte de Argentina, un corredor vastísimo donde alterna selvas cerradas, pantanos, manglares y zonas ribereñas. Esa amplitud explica por qué su presencia continúa siendo un indicador de salud ecológica: solo allí donde todo funciona —agua, presas, vegetación y corredores naturales— un jaguar puede prosperar. El problema es que no todos esos lugares permiten verlo. La mayoría ofrecen indicios, rastros, huellas, cámaras trampa… pero no encuentros. Y ahí empieza la diferencia entre los destinos donde vive y los pocos donde se deja ver.

El Pantanal: el gran santuario del hábitat del jaguar

No todos los ecosistemas con jaguares son iguales, y eso se nota en el avistamiento de jaguares. En el Pantanal, el mayor humedal del planeta, las condiciones se alinean como en ningún otro lugar. La extensión —que abarca Brasil, Bolivia y Paraguay— es tan amplia que podría parecer incompatible con la observación, pero ocurre justo lo contrario: durante la estación seca, de junio a noviembre, el agua retrocede y concentra a los animales en los mismos corredores fluviales.

Ese fenómeno convierte al Pantanal en un escenario único: los jaguares cazan a plena luz, descansan a orillas de los ríos y se mueven entre la vegetación sin necesidad de ocultarse. Para el visitante, eso significa algo simple pero extraordinario: en este territorio, el avistamiento de jaguares deja de ser un golpe de suerte y se convierte en una posibilidad real.

La alta densidad de individuos está ampliamente documentada por organismos conservacionistas y por proyectos científicos que estudian el comportamiento del felino. Y no se trata solo de cantidad: la naturalidad de las escenas —jaguares nadando, subiendo árboles, cazando capibaras o simplemente patrullando los márgenes de los ríos— ha hecho del Pantanal el punto de referencia mundial para quienes buscan observar al depredador en su vida cotidiana.

Más allá del Pantanal: grandes selvas, grandes desafíos en la conservación del jaguar

El hábitat del jaguar se extiende por regiones que, aunque espectaculares, exigen otra mirada. En Perú, el Parque Nacional del Manu ofrece uno de los entornos más biodiversos del planeta, un mosaico de selva alta y baja en el que el felino vive, pero rara vez se deja ver. La observación es posible, sí, pero siempre dentro de un margen mucho más incierto.

En México, la Reserva de Sian Ka'an combina manglares, lagunas y selvas tropicales. Es uno de los corredores mejor conservados de la península de Yucatán. Allí el jaguar se desplaza silencioso, esquivo, dueño del territorio. La presencia es fuerte; la visibilidad, baja.

Algo similar ocurre en el Parque Nacional Madidi, en Bolivia, uno de los enclaves más intactos de la Amazonía, donde la geografía es tan salvaje que el encuentro con un felino depende más del azar que de la previsión.

En Ecuador, el Parque Nacional Yasuní representa otra de las grandes fortalezas amazónicas. Pocas regiones del mundo concentran tanta vida por metro cuadrado. Los jaguares están ahí, moviéndose entre ríos y vegetación impenetrable, pero solo quienes han pasado días enteros en la selva amanecen con la recompensa de cruzarse con uno.

En todos estos lugares, el hilo conductor es el mismo: el jaguar está, pero no siempre se ve. Por eso, al comparar estos destinos con el Pantanal, se entiende por qué este humedal se considera un territorio imprescindible para el avistamiento de jaguares.

Turismo responsable y conservación: dos caras de la supervivencia del felino

Hablar del Día Mundial de la Conservación del Jaguar implica asumir que el felino vive un momento clave. La fragmentación del hábitat del jaguar, los conflictos con comunidades rurales y la pérdida de territorio han reducido su distribución histórica. Aquí entra en juego el papel del ecoturismo: bien gestionado, puede ser un aliado decisivo.

En el Pantanal, la activación de rutas reguladas, la formación de guías y los ingresos asociados a la observación han conseguido que el jaguar pase de ser percibido como una amenaza a convertirse en un valor ecológico y económico. Lo mismo sucede, a otra escala, en regiones amazónicas donde la presencia del turismo aporta recursos para la vigilancia ambiental, la investigación y los programas de conservación del jaguar.

Pero para que eso funcione, la responsabilidad del visitante es esencial: mantener la distancia, no interferir en el comportamiento de los animales, evitar la basura y seguir las indicaciones de las autoridades ambientales. Ver un jaguarno es un derecho del turista, sino un privilegio que solo se mantiene si el entorno permanece intacto.

El Govern balear ha reconegut aquest dijous que no pot tramitar els permisos ambientals de l’anomenada ‘macrogranja dels horrors’, situada a Llucmajor (Mallorca), que es va situar en el punt de mira informatiu després que elDiario.es publiqués en primícia les condicions d’insalubritat, brutícia extrema i presumpte maltractament animal que presentava l’interior de les instal·lacions. El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha admès que, amb la legislació vigent, les condicions actuals de la granja no permeten efectuar aquesta tramitació.

Així ho ha assenyalat després de ser interpel·lat per Ferran Rosa, diputat del grup ecosobiranista Més per Mallorca, en la compareixença parlamentària que ha oferit el conseller per informar sobre la situació actual de l’explotació avícola. Cal recordar que la granja va acaparar l’atenció mediàtica després que, el passat 26 de maig, aquest periòdic publiqués imatges inèdites de l'interior, gravades per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d’abril. En aquell primer reportatge, aquest mitjà va informar que els propietaris de la granja de gallines ponedores havien rebut una sanció de 150.000 euros per part de l’Executiu autonòmic  per no disposar de l’autorització ambiental integrada.

Aquest fet suposa un compliment del que estableix el Reial decret legislatiu 1/2016, que delimita els requisits per regular la contaminació. Enguany, a més, va entrar en vigor el Decret Llei 1/2025, de 17 de gener, que endureix els requisits per a les explotacions avícoles intensives de les Balears. La disposició addicional quarta del text estableix que les noves explotacions avícoles, així com les ampliacions de les ja existents, només es podran autoritzar si respecten unes distàncies mínimes de qualsevol nucli residencial, determinades segons la seva capacitat ramadera. En concret, les granges amb més de 80.000 gallines s’han de situar a més de sis quilòmetres de les zones poblacionals.

En el cas de la granja de Llucmajor, aquesta es troba a aproximadament un quilòmetre dels nuclis urbans de Tolleric i Badia Gran. Si l’explotació supera les 80.000 gallines ponedores, segons la nova normativa, hauria de mantenir una distància “no inferior a 6.000 metres lineals respecte del sòl urbà residencial més proper”. Per tant, si es volgués tramitar qualsevol nova autorització, aquesta s’hauria d’ajustar a les exigències del nou decret llei, requisits que actualment l’explotació no compleix, tal com va informar en el seu moment aquest diari.

L’oposició qüestiona el Govern

El diputat ecologista Ferran Rosa (Més per Mallorca) ha recordat que la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental —dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat— va desestimar la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de l’explotació de Llucmajor en una resolució signada el 25 de setembre, fet que, segons ell, posa en evidència les contradiccions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per no haver arxivat abans l’expedient.

En aquesta resolució, Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, afirma que per autoritzar la tramitació ambiental s’ha de tenir en compte l’entrada en vigor de la nova llei que modifica la llei agrària i que, en la seva disposició addicional quarta, estableix que les explotacions ramaderes que superin les 80.000 gallines ponedores —com era el cas, aleshores, de la granja de Llucmajor— han de mantenir una distància mínima al sòl urbà més proper no inferior a 6.000 metres lineals. Tanmateix, el projecte no compleix aquestes condicions, ja que les urbanitzacions de Tolleric i Badia Gran es troben, aproximadament, a un quilòmetre. “La instal·lació no és autoritzable”, conclou Andrade, d’acord amb la redacció inicial del Decret llei 1/2025, la redacció definitiva del qual ha quedat recollida en la Llei 2/2025.

A la descripció del projecte, recollida a la resolució, s’indica que la granja de Llucmajor té una autorització màxima de 40.000 gallines ponedores. No obstant això, va funcionar amb sis naus amb capacitat per a 135.696 gallines. La sol·licitud de legalització de les instal·lacions va ser desestimada. Això significa que la granja ha estat funcionant durant anys il·legalment.

En les seves conclusions, Paz Andrade sosté que, a més d’arxivar l’expedient de sol·licitud d’autorització ambiental integrada, el promotor (Avícola Son Perot S.A., empresa que explota la marca Avícola Ballester) haurà de reduir la capacitat de la granja a un màxim de 40.000 gallines ponedores i presentar un pla verificable per complir aquest objectiu abans del 31 de desembre de 2025. Aquest document s’haurà de presentar a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, dirigida per Fernando Fernández (PP). A més, el promotor haurà de tramitar també “les autoritzacions corresponents de què actualment no disposa”, tant pel que fa a la capacitat màxima de l’explotació com al femer de Sa Llapassa. També ha de comptar amb l’autorització APCA (activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera) i complir amb la Llei 3/2019, de 31 de gener, d’activitats agràries, així com amb el Reial decret 637/2024, de 27 de juliol, que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les granges avícoles.

Rosa s’ha mostrat sorprès que Simonet, conseller del ram, hagi comparegut el 13 de novembre, quan l’“escàndol” es va fer públic el 26 de maig. “No només afecta els veïns de Llucmajor, sinó que va escandalitzar bona part de la població de les Illes Balears”, ha dit. El diputat ha recordat que la resolució que desestimava l’autorització ambiental integrada es va signar el 25 de setembre i es va publicar al BOIB el 9 d’octubre.

“La proposta de desestimació es va fer el 23 de juliol”, ha dit Rosa. Com que no es van presentar al·legacions, des de l’11 d’agost ja s’hauria pogut concloure el procés, ha indicat el diputat ecologista. I va més enllà: “El curiós és que, durant tot aquest període d’elaboració del procediment d’avaluació ambiental integrada, no hagin informat des del minut u que la llei agrària havia canviat i, per tant, era legalment impossible” atorgar aquesta autorització a la instal·lació de Ses Cisternetes, ha puntualitzat Rosa.

En aquest punt, el diputat ecologista ha començat a enumerar tots els canvis normatius que s’han succeït des del gener de 2025. En conseqüència, segons Rosa, aquest expedient s’hauria pogut arxivar ja al gener, i no a l’octubre, com finalment ha ocorregut. A més, ha lamentat que de la resolució adoptada per Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, es desprèn que els informes que remetia la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural (concretament a través del Servei de Producció Ramadera) eren “condicionats” en lloc de “desestimatoris”. “No eren informes desestimatoris, com vostè ha dit avui [aquest dijous], sinó condicionats”, ha retret.

Basant-se en aquests arguments, sosté Rosa, els tècnics de la Conselleria d’Agricultura, com a òrgan substantiu en matèria agrària, haurien d’haver-hi “remès un informe d’ofici a la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, explicant que, com a òrgan substantiu, instaven a arxivar aquest expedient perquè no era legalment viable d’acord amb la normativa vigent”.

Rosa ha recordat que aquests informes condicionats del Servei de Producció Ramadera es van emetre els dies 15 d’abril i 27 de maig, respectivament. El diputat ecologista afirma que és especialment significatiu que aquest segon informe s’emetés un dia després que aquest diari revelés, en primícia, la situació de l’interior de la granja, i que s'hi establissin les condicions mitjançant les quals la granja podria tramitar aquesta autorització ambiental integrada, que és obligatòria per al seu funcionament.

Unes condicions que són impossibles, atès que no es compleixen les distàncies mínimes entre l’explotació avícola i els nuclis urbans dels voltants, motiu pel qual la granja hauria de canviar d’ubicació i tramitar nous permisos per poder continuar la seva activitat legalment. Aquesta és una opció. L’altra, per la qual finalment s’ha optat, és reduir la capacitat màxima de les instal·lacions a 40.000 gallines per operar legalment. “Em sap greu, senyor conseller, però crec que ens prenen el pèl”, ha afirmat Rosa. “No van fer res en el moment en què es va aprovar la llei i no ho van fer fins que es va publicar a la premsa”, ha lamentat.

Simonet (PP): “Els nostres informes són desfavorables”

Joan Simonet, que en la seva primera intervenció s’ha limitat a llegir els expedients relacionats amb l’explotació investigada per les seves irregularitats, així com a defensar la gestió de la seva Conselleria, ha respost a Rosa que “crec que la Direcció General d’Harmonització [Urbanística i Avaluació Ambiental] sap perfectament quines lleis s’aproven”. “De totes maneres, quan ens demanen informes (...), tots han estat desfavorables”, ha indicat el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

“No condicionats, desfavorables”, ha insistit Simonet. En els informes d’autorització d’impacte ambiental, ha argumentat el conseller, ens demanen que indiquem “quins són els condicionants que hi hauria per poder superar-la si fos el cas”. Així ha justificat la seva actuació Simonet, que ha afegit que José Luis Mateo (PP), conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, ja havia argumentat anteriorment que el procediment es va dur a terme així per una qüestió de “doble seguretat jurídica”.

D’altra banda, Marc Pons, portaveu adjunt del PSOE al Parlament balear, ha lamentat que existeixin “llacunes evidents”, segons la seva opinió, pel que fa al procediment que ha dut a terme la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, i que quedaria reflectit en els expedients. Així, Pons ha començat a enumerar el procés iniciat per la Conselleria en diferents informes i expedients en relació amb l’explotació avícola. L’informe i l’expedient sancionador que fan referència a la gestió del femer, així com al seu pla de gestió —signats els dies 12 de desembre de 2023 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, indiquen que s’hi podrien haver comès tres infraccions greus i dues de lleus, tal com va informar elDiario.es.

Tanmateix, segons ha recordat Pons, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural— va suspendre el 5 de novembre de 2024 un procediment sancionador, així com les mesures cautelars aparellades al mateix, iniciat contra Avícola Son Perot S.A. Tot això malgrat les greus deficiències detectades pels tècnics del mateix Executiu balear. “Qui signa aquesta suspensió de les mesures és el director general d’Agricultura, Ramaderia i Medi Rural, Fernando Fernández”, ha detallat Pons, i ha afegit que ho va fer tot i que la suspensió no anava acompanyada “de cap informe tècnic que avali la suspensió del procediment sancionador”. Així mateix, s’ha qüestionat si no s’hauria produït la comissió d’un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

Simonet es defensa: “No és prevaricació”

“No és prevaricació ni de bon tros”, ha resolt Simonet. El conseller del ram ha argumentat que, quan hi ha un procediment obert tant a la Fiscalia com a un jutjat, és la cap dels serveis jurídics de la Conselleria qui prepara una resolució. “No la redacta el director general”, ha aclarit, i ha afegit que es fa d’acord amb la normativa vigent de procediment administratiu, així com amb la llei agrària. “Tranquil·litat total en relació amb aquest tema”. “Se suspenen els procediments sancionadors que després es tornen a activar”, ha conclòs Simonet.

Pel que fa a aquest procediment de l’expedient de suspensió del procediment sancionador, al qual va accedir aquest diari, la Conselleria d’Agricultura va citar el Decret 1/2004, pel qual s’aprova el reglament sancionador de la Comunitat Autònoma de les Balears. Mitjançant l’article 12, sobre la transcendència penal dels fets i la suspensió del procediment, l’administració pública considera que els fets “poden ser constitutius d’il·lícit penal”. Després de les investigacions, creuen que existeixen “elements de judici suficients” per arribar a aquestes conclusions, motiu pel qual la Conselleria d’Agricultura va decidir remetre la documentació a la Fiscalia.

Així mateix, va puntualitzar que el procés penal “no impedeix el manteniment de les mesures cautelars acordades en el procediment administratiu sancionador”. Finalment, el text legal citat per la Conselleria d’Agricultura recordava que, una vegada hi hagi una resolució judicial —de condemna o de sobreseïment—, l’administració competent haurà de “dictar la resolució que correspongui” i notificar-la a les parts interessades.

El Govern balear ha reconocido este jueves que no puede tramitar los permisos ambientales de la conocida como la ‘macrogranja de los horrores’, ubicada en Llucmajor (Mallorca), que se situó en el foco informativo después de que elDiario.es publicara en primicia las condiciones de insalubridad, suciedad extrema y presunto maltrato animal que presentaba el interior de las instalaciones. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha admitido que, con la legislación vigente, las actuales condiciones de la granja no permiten efectuar esa tramitación.

Así lo ha señalado tras ser interpelado por Ferran Rosa, diputado del grupo ecosoberanista Més per Mallorca, en la comparecencia parlamentaria que ha ofrecido el conseller para informar sobre la situación actual de la explotación avícola. Cabe recordar que la granja acaparó la atención mediática después de que, el pasado 26 de mayo, este periódico publicara imágenes inéditas de su interior, grabadas por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal entre los días 21 y 29 de abril. En ese primer reportaje, este medio informó de que los dueños de la granja de gallinas ponedoras habían recibido una sanción de de 150.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico por no disponer de la autorización ambiental integrada.

La obligatoriedad de esta autorización se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta para regular la contaminación de este tipo de explotaciones. Este año, además, entró en vigor el Decreto Ley 1/2025, de 17 de enero, que endurece los requisitos para las explotaciones avícolas intensivas de Balears. La disposición adicional cuarta del texto establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si respetan unas distancias mínimas de cualquier núcleo residencial, determinadas según su capacidad ganadera. En concreto, las granjas con más de 80.000 gallinas deben situarse a más de seis kilómetros de las zonas poblacionales.

En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, debería mantener una distancia “no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, ésta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple, tal como informó en su día este diario.

La oposición cuestiona al Govern

Durante su intervención, el ecosoberanista Ferran Rosa ha recordado que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental —dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad— desestimó la solicitud de autorización ambiental integrada en la explotación de Llucmajor mediante una resolución firmada el 25 de septiembre, lo que, en su opinión, pone en evidencia las contradicciones de la Conselleria de Agricultura al no haber archivado con anterioridad el expediente.

En dicha resolución, la directora general, Paz Andrade, señala que, para autorizar la tramitación ambiental, se debe tener en cuenta la entrada en vigor de la ley 2/2025 -derivada del decreto ley 1/2025-, principalmente en lo referido al número máximo de gallinas ponedoras —como era el caso, en ese momento, de la granja de Llucmajor— y a la distancia respecto a los núcleos urbanos, condiciones que el proyecto no cumple. “La instalación no es autorizable”, concluye Andrade.

No en vano, la descripción del proyecto, recogida en la resolución, indica que la granja de Llucmajor tiene una autorización máxima de 40.000 gallinas ponedoras, pese a lo cual estuvo funcionando con seis naves con capacidad de hasta 135.696 aves. La solicitud de legalización de las instalaciones, sin embargo, fue desestimada. La resolución de la Dirección General confirma así que la granja ha estado durante varios funcionando de forma ilegal.

Además de archivar la solicitud de autorización ambiental, el documento emplaza al promotor (Avícola Son Perot S.A., la sociedad que explota la marca Avícola Ballester) a reducir la capacidad de la granja a un máximo de 40.000 gallinas ponedoras, además de a presentar, antes del 31 de diciembre de 2025, un plan verificable de cumplimiento de estos objetivos, que la empresa deberá presentar ante la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que dirige Fernando Fernández (PP).

También deberá tramitar “las correspondientes autorizaciones necesarias de las cuales no dispone actualmente”, relativas tanto a la capacidad máxima de la explotación como a su vertedero, el de Sa Llapassa; contar con la autorización APCA (actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera), y cumplir con la Ley 3/2019, de 31 de enero, de actividades agrarias, así como con el Real Decreto 637/2024, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

Ferran Rosa (Més per Mallorca): “Nos toman el pelo”

Rosa, en su intervención, se ha mostrado sorprendido de que Simonet haya comparecido el 13 de noviembre, cuando el “escándalo” se hizo público el pasado 26 de mayo. “No solo afecta a los vecinos de Llucmajor, sino que escandalizó a buena parte de la población de las Illes Balears”, ha argumentado. El diputado ecologista ha dado inicio a su intervención haciendo referencia, precisamente, a la resolución que desestimó la autorización ambiental integrada, firmada el 25 de septiembre y publicada el 9 de octubre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

“La propuesta de desestimación se hizo el 23 de julio”, ha aseverado. Dado que no se presentaron alegaciones, desde el 11 de agosto se podría haber concluido ya el proceso, ha subrayado el ecosoberanista, quien ha ido más allá: “Lo curioso es que, en todo este periodo de la elaboración del procedimiento de evaluación ambiental integrada, no hayan informado desde el minuto uno de que la ley agraria había cambiado y de, por tanto, era legalmente imposible” otorgar dicha autorización.

En este punto, Rosa ha comenzado a enumerar todos los cambios normativos que se han sucedido desde enero de 2025, reprochando al Govern su tardanza en archivar un expediente que “podía haberse cerrado en enero”, en cuanto entró en vigor la nueva ley, y no en octubre, como finalmente ha ocurrido. Además, ha aseverado que de la resolución de la directora general de Armonización Urbanística se desprende que los informes que remitía la Conselleria de Agricultura -concretamente a través del Servicio de Producción Ganadera- eran “condicionados” en lugar de “desestimatorios”. “No eran informes desestimatorios, como usted ha dicho hoy [este jueves], sino condicionados”, ha recriminado.

En base a estos argumentos, sostiene Rosa, los técnicos de la Conselleria deberían haber remitido un informe de oficio a la Dirección General “explicando que, como órgano sustantivo, instaban a archivar este expediente porque no era legalmente viable de acuerdo a la normativa vigente”.

El ecosoberanista ha recordado que esos informes condicionados del Servicio de Producción Ganadera se emitieron los días 15 de abril y 27 de mayo, respectivamente, remarcando el hecho de que ese segundo informe se emitiera un día después de que este diario desvelara, en primicia, la situación del interior de la granja, y que en él se estableciesen las condiciones mediante las cuales la granja podría tramitar esa autorización ambiental integrada, que es obligatoria para su funcionamiento.

Unas condiciones que, dado que no se cumplen las distancias mínimas entre la explotación avícola y los núcleos urbanos de los alrededores, son imposibles. Una de las opciones de las que dispone la granja para poder continuar de forma legal con su actividad pasaría por cambiar de ubicación y tramitar nuevos permisos. Otra de las alternativas, por la que finalmente se ha optado, es reducir la capacidad máxima de las instalaciones a 40.000 gallinas para operar legalmente. “Me sabe mal, señor conseller, pero creo que nos toman el pelo”, ha afirmado Rosa. “No hicieron nada en el momento en que se aprobó la ley y no lo hicieron hasta que se publicó en prensa”, ha lamentado.

Simonet (PP): “Nuestros informes son desfavorables”

Simonet, que en su primera intervención se ha limitado a leer los expedientes relacionados con la explotación investigada por sus irregularidades, así como a defender la gestión de su Conselleria, ha respondido a Rosa: “Creo que la Dirección General de Armonización [Urbanística y Evaluación Ambiental] sabe perfectamente qué leyes se aprueban”. “De todas maneras, cuando nos piden informes (...), todos han sido desfavorables”, ha indicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

“No condicionados, desfavorables”, ha insistido Simonet. En los informes de autorización de impacto ambiental, ha argumentado el conseller, “nos piden que digamos cuáles son los condicionantes que debería haber para superarla si fuera el caso”. Así ha justificado su actuación Simonet, quien ha añadido que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo (PP), ya había argumentado anteriormente que el procedimiento se llevó a cabo de esta forma por una cuestión de “doble seguridad jurídica”.

Por su parte, Marc Pons, portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament balear, ha lamentado que existen “lagunas evidentes”, en su opinión, en cuanto al procedimiento que ha llevado a cabo la Conselleria de Agricultura, y que tendrían su reflejo en los expedientes. El parlamentario socialista ha descrito el proceso iniciado por la Conselleria a través de diferentes informes y expedientes relacionados con la explotación avícola: el informe y expediente sancionador relativos a la gestión del estercolero, así como a su plan de gestión —firmados los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, según los cuales podrían haberse cometido tres infracciones graves y dos leves, como informó elDiario.es.

Sin embargo, ha recordado Pons, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural suspendió el 5 de noviembre de 2024 un procedimiento sancionador, así como las medidas cautelares aparejadas al mismo, iniciado contra Avícola Son Perot S.A. Todo ello a pesar de las graves deficiencias detectadas por los técnicos del propio Ejecutivo balear. “Quien firma esta suspensión de las medidas es el director general de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Fernando Fernández”, ha detallado el socialista, quien ha añadido que lo hizo pese a que la suspensión no iba acompañada “de ningún informe técnico que avalase la suspensión del procedimiento sancionador”. Asimismo, se ha cuestionado si no se habría incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa.

“No es prevaricación ni mucho menos”, ha zanjado Simonet. El conseller del ramo ha argumentado que, cuando hay un procedimiento abierto tanto en la Fiscalía como en un Juzgado, la jefa de servicios jurídicos de la Conselleria prepara una resolución. “No la redacta el director general”, ha aclarado, añadiendo que se desarrolla en base a la normativa en vigor de procedimiento administrativo así como a la ley agraria. “Tranquilidad total en relación a este tema”, ha espetado: “Se suspenden los procedimientos sancionadores que luego se vuelven a activar”.

Con la llegada del otoño y los tiempos de ‘spooky season’ y Navidad hay algunas películas que ganan en popularidad y vuelven a tener atención por parte de muchos espectadores que deciden disfrutar de una temática acorde en el cine y dos de ellas son ‘Pesadilla antes de Navidad’ o ‘La novia cadáver’ de Tim Burton, que ha celebrado recientemente su 20 aniversario con un reestreno en cines.

Seguramente estas dos películas sean, además, dos de las más famosas de las rodadas con la técnica del stop motion, pero no son las más taquilleras, sino que las dos primeras corresponden al estudio británico Aardman, autor de ‘Wallace y Gromit’, segunda en el ranking, pero la campeona es ‘Chicken run: Evasión en la granja’ que recaudó 224 millones de dólares en el año 2000.

‘Chicken Run’: la exitosa adaptación de comedia y animación de ‘La gran evasión’

Exactamente un 14 de agosto del 2000 llegó a los cines ‘Chicken Run’, considerada una de las grandes películas de animación y que fue el primer largometraje producido por el humilde estudio Aardman, que realizaba su animación de una forma artesanal y que se hizo famosa en Reino Unido por los cortos de ‘Wallace y Gromit’.

El estudio quiso lanzarse a la gran pantalla, pero consideró que Wallace y Gromit quizá no fueran los mejores personajes para estrenarse de cara a que la cinta triunfara también en Estados Unidos y pensaron en idear algo más ambicioso que pudiera competir en ese mercado.

Así fue como indagando, Peter Lord y Nick Park, sus directores, pensaron en recordar el cine de los 60 norteamericano y hacer una versión de la historia de ‘La gran evasión’, con la que se criaron durante sus vacaciones. De lo que fue “un chiste” en el comienzo de adaptarla a una granja de gallinas fue haciéndose una idea menos descabellada que acabaría dando lugar a ‘Chicken Run’, una película que protagoniza una gallina llamada Ginger que hace de Steve McQueen y convertir una prisión nazi en una granja en Yorkshire.

Así, lo complicado fue encontrar presupuesto, y para eso el estudio Aardman tuvo que irse hasta Estados Unidos para colaborar con Dreamworks, que aceptó el proyecto a pesar de que tenía sus dudas, sobre todo por la viabilidad económica, pues se necesitaron más de 200 animadores para crear la animación en ‘stop motion’ y de si la historia cuajaría en el mercado estadounidense. Pero lo llevó adelante e incluso la productora francesa Pathé entró a formar parte.

El legado cultural y animalista de ‘Chicken Run’

‘Chicken Run: evasión en la granja’ resultó ser un éxito en taquilla y crítica y superó así las expectativas puestas en ella, además de que dejó una cierta huella de algunos temas que trataba en su historia de las gallinas, en la que se explica el problema entre lo tradicional y casero frente a lo industrial y artificial, así como la batalla de sexos.

No solo eso, se pasa también por reflexionar sobre el capitalismo y se nota también como funciona esa batalla cultural entre un Estados Unidos más capitalista y lujo y un Reino Unido más tradicional. Temas que daban potencial para una secuela que llegó más de dos décadas después, en 2023.

Sin embargo, el legado que dejó ‘Chicken Run’ fue la reflexión animalista, sobre el trato humano a los animales y como la sociedad les afecta de una manera u otra, y que podía educar a los niños y adultos en cuanto al consumo de carne o la industria cárnica actual, así como la vida en las granjas.

La protectora Progatos, la responsable de las colonias felinas en Toledo, ha sido expedientada por encontrarse ntre “60 y 65” gatos en condiciones insalubres en el refugio que tiene esta entidad en el Polígono industrial de la ciudad, según ha señalado el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano.

El edil señala que hay evidencias que sugieren una “dejación de funciones” y un “incumplimiento de las responsabilidades” y de la concesión que se había otorgado a las personas responsables para el cuidado de las colonias felinas, una situación que desmiente un portavoz de la protectora -que opta por mantenerse en el anonimato- en declaraciones a Toledodiario.es.

A preguntas de los medios por un posible “abandono” de los animales en este espacio, Lozano ha indicado que el Ayuntamiento ha procedido a limpiar y mejorar ese entorno después de que el pasado viernes, agentes de la Policía Nacional y un veterinario se personaran en las instalaciones para verificar el estado de las mismas y de los animales.

“Se observó que esas tareas no se estaban llevando a cabo de forma adecuada y desde el Ayuntamiento hemos procedido a limpiar y mejorar ese entorno para los gatos. Por otro lado hemos iniciado un expediente para ver qué es lo que ha ocurrido y tomar las medidas oportunas con el personal que tenía responsabilidad en ese entorno”, apunta Lozano.

Cuestionado sobre si desde el Ayuntamiento consideran que se haya podido cometer un posible delito de maltrato animal contra los gatos que han encontrado en el refugio, el concejal indica que “las evidencias hacen pensar que ha habido una dejación de funciones y un incumplimiento de las responsabilidades”.

“Si hay que retirar esa concesión y reiniciar un nuevo proceso se hará puesto que lo que tenemos que hacer es cumplir la Ley de Protección Animal, mantener ese espacio saneado y cuidados, donde los gatos estén en las mejores condiciones posibles”, subraya el edil.

Progatos niega maltrato animal y reprocha que el Ayuntamiento tiene “deudas” con la protectora

Sin embargo, Progatos replica que, desde principios de 2025, está operando las instalaciones sin contrato vigente puesto que ya habrían apurado el presupuesto otorgado -de 22.000 euros- que se destinó en el contrato que firmaron en abril de 2024 con el Ayuntamiento para la esterilización, identificación y atención veterinaria de colonias sitas en el resto del término municipal.

La duración del mismo se alargaba hasta agotar dicho presupuesto. No obstante, Progatos ha continuado durante este año atendiendo a gatos heridos o abandonados en la vía municipal, gestionando el centro, alimentando y limpiando a los animales, bajo el principio de que los animales “no se pueden quedar sin atención”.

Así, Progatos está pasando los gastos al Ayuntamiento por el mismo coste de la licitación anterior, a 0,75 euros por gato/día. Así, apunta que el Consistorio les debe los gastos veterinarios que han tenido desde marzo con los animales y desde junio las cantidades acordadas para atender a los animales.

Además, apunta que la visita a la que hace referencia Lozano fue por parte de personal de la Consejería de Agricultura que ha intervenido en el refugio municipal “ante la falta del estatus como núcleo zoológico” del mismo y que llevan reclamando solicitar “desde hace meses” al Ayuntamiento.

Afirman también que en la visita que realizaron junto a agentes de la Policía Nacional “no se apreciaron indicios de maltrato animal” puesto que, defienden, “los gatos están en buen estado”. En cambio, sí reconoce deficiencias estructurales en las instalaciones del centro.

En este sentido, enumeran que para que el refugio pueda ser declarado núcleo zoológico requiere contar con agua caliente o la instalación de una ventana en una zona que hay sin ventilación ni luz natural en el centro. También existen deficiencias de desbroce, una tarea que Progatos recalca que le corresponde asumir al Ayuntamiento, y que “solo ha realizado” tras la mencionada visita.