El Grup La Pau, una cooperativa que ganó hace un año junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias —valorado en 381 millones de euros— cuando ya tenía graves problemas de tesorería, ha entrado en concurso de acreedores. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, la compañía solicitó el concurso el pasado 21 de mayo ante la incapacidad de hacer frente a sus deudas. El procedimiento concursal fue concedido el pasado lunes por un juzgado mercantil de Barcelona. 

El concurso, fase previa a la liquidación de la cooperativa, llega cuando solo falta un mes para que esta empresa iniciara su despliegue para prestar el servicio en la zona Barcelonès Nord tras ganar la mencionada licitación pública junto a otra compañía.

Será precisamente esta empresa con la que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) la que se encargará de prestar el servicio individualmente a partir del 24 de junio, cuando está previsto que empiecen gestionen las ambulancias en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, tres ciudades de la provincia de Barcelona.

Desde el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat explican a elDiario.es que, a pesar del concurso de acreedores, se garantizará “en todo momento” la “atención ciudadana” y la “continuidad asistencial”. Añaden que el SEM “monitoriza de manera permanente” la situación para que no haya problemas en el servicio.

Cuando la licitación estaba en marcha, esta redacción ya informó de los graves problemas de tesorería que tenía el grupo La Pau. La propia cooperativa había advertido en un documento interno, apenas seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024.

Buena parte de estas deudas provenían de una gestión errática durante los años en los que la cooperativa prestó el servicio de ambulancias en algunas provincias del País Vasco, en las que La Pau recibió durante esos años más de 55 actas de inspección laboral.

El Ejecutivo vasco acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia de La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa había acreditado su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

“La adjudicación se hizo cumpliendo estrictamente la normativa de contratación pública”, insisten ahora desde el SEM. “La UTE acreditó la solvencia requerida y no existía ningún impedimento legal para no adjudicarle el contrato”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección del grupo La Pau, que no ha respondido a las diversas llamadas y mensajes para recabar su opinión. Desde el Comité de Empresa lamentan que la cooperativa no les trasladara que había solicitado el concurso de acreedores el pasado mayo.

Desde el pasado marzo, cuando la cooperativa entró en la fase de preconcurso de acreedores, los directivos del grupo La Pau han intentado sin éxito renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal. 

Hace solo dos meses, el vicepresidente de la compañía aseguraba en conversación telefónica con este medio que la cooperativa tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

La otra empresa de la UTE se ofrece a comprar los activos

Direxis, la empresa con la que se presentó al concurso para gestionar parte de las ambulancias de Catalunya, ha presentado una oferta formal para quedarse con los activos en poder del grupo La Pau y absorber los 484 empleados de la cooperativa necesarios para prestar el servicio. 

Según la oferta vinculante presentada ahora por Direxis, obtenida por esta redacción, la compañía le ha ofrecido apenas 140.000 euros a La Pau. A cambio, pretende quedarse todos sus activos intangibles —bases de datos, software, derechos de propiedad industrial e intelectual…— así como todos los bienes muebles: mobiliario, instalaciones, equipos sanitarios e informáticos, maquinaria…

Con esta oferta, el grupo Direxis también se ofrece a asumir los más de 5,5 millones de euros que el grupo La Pau le debe a la matriz de esta compañía así como el coste de la subrogación de los contratos laborales de los empleados de La Pau, valorados por Direxis en unos 9,6 millones de euros debido a la asunción de la antigüedad de los trabajadores.

La empresa considera que, sumando la deuda, los gastos de la subrogación del personal y la cantidad de dinero ofrecida, la oferta tiene un valor de 15,4 millones de euros. El grupo La Pau tiene hasta el 22 de junio para decidir si acepta las condiciones del trato.

El concejal de Izquierda Unida de Santander, Keruin Martínez, ha anunciado este martes que su formación llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir al equipo de Gobierno (PP) que ponga en marcha el Observatorio Municipal de la Contratación para fiscalizar los grandes contratos externalizados del Ayuntamiento

La creación de este órgano fue aprobada en 2019 y ratificada en 2020 pero “sigue sin estar operativo casi siete años después”, ha denunciado en un comunicado el edil.

Martínez ha advertido de que Santander mantiene “un modelo de servicios públicos profundamente dependiente de la externalización”, con contratos que afectan a ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, los parques y jardines, la limpieza de colegios y dependencias municipales, el alumbrado o distintos servicios de mantenimiento.

El edil ha subrayado que “cuando un servicio público se entrega a una empresa privada, el Ayuntamiento no se quita responsabilidad: al contrario, tiene que controlar más, fiscalizar mejor y garantizar que se cumplen los pliegos, las inversiones, las condiciones laborales y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”.

Según ha expresado Martínez, las experiencias de los últimos años han “evidenciado que los mecanismos actuales de control son insuficientes”, y al respecto ha apuntado a “conflictos laborales en servicios externalizados, quejas de vecinos y usuarios por posibles incumplimientos de condiciones previstas en los pliegos, retrasos en nuevas licitaciones, contratos vencidos, prórrogas forzosas y servicios que han seguido prestándose, una vez finalizados los contratos, mediante fórmulas extraordinarias”.

El concejal ha puesto como ejemplos los “problemas históricos” en la gestión de servicios externalizados, señalando que “Santander no necesita otro caso como el de las basuras”, ni “otro expediente fallido en Parques y Jardines”.

Martínez se ha referido también al “incumplimiento del contrato de explotación del mercado de Puertochico”, formalizado en 2017 con un plazo no superior a un año, pero “diez años después, es evidente que este contrato no se ha cumplido, porque ni está totalmente rehabilitado, ni totalmente operativo”, lo que ha calificado como “absolutamente incomprensible”.

El edil ha enfatizado que “lo que estamos viendo no son incidencias aisladas, sino un problema estructural de planificación, seguimiento y control”. En su opinión, “Santander paga cada vez más por grandes contratos, pero la ciudadanía no siempre recibe servicios a la altura de ese esfuerzo económico”.

Más de 80 millones en externalizaciones

Martínez ha recordado que el análisis presupuestario del ejercicio 2026 cifra en más de 80 millones de euros el volumen destinado a contratos externalizados, un volumen que “no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas”.

En este contexto, Martínez ha concluido que el Observatorio Municipal de la Contratación, cuya creación apoyaron todos los partidos políticos en 2020, “tiene que formar parte ordinaria de la gestión municipal” y ha reprochado al Partido Popular que “sigue sin buscar un modo de controlar con más eficiencia los contratos más importantes de la ciudad”.

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) ha acusado al Servicio Extremeño de Salud de recortar los salarios previstos en el nuevo pliego del contrato de limpieza de los centros sanitarios de Plasencia, que afecta al Hospital Virgen del Puerto y al Centro de Especialidades Luis de Toro, por lo que impugnará nuevamente el procedimiento, por vía administrativa y judicial.

Según la patronal, el nuevo concurso público, publicado tras la anulación del anterior por la Comisión Jurídica de Extremadura, introduce una reducción en la partida destinada a costes salariales, a pesar de mantener las mismas condiciones de servicio en cuanto a número de trabajadores y horas de trabajo.

La FEC sostiene, además, que el pliego no contempla la actualización salarial derivada del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ni los posibles aumentos vinculados a la negociación del convenio colectivo sectorial, que se encuentra actualmente en fase de negociación.

La organización empresarial recuerda que la resolución previa de la Comisión Jurídica ya había declarado la nulidad del anterior pliego por insuficiencia presupuestaria, y advierte de que esta nueva licitación podría volver a vulnerar la normativa vigente en materia de contratación pública.

Por todo ello, ha anunciado en un comunicado su intención de impugnar nuevamente el procedimiento por la vía administrativa y judicial, al considerar que el nuevo pliego podría afectar tanto a los derechos laborales de los trabajadores como a la calidad del servicio en los centros sanitarios del área de Plasencia.

Asimismo, la FEC ha instado a los sindicatos del sector a pronunciarse y a sumarse a las acciones de defensa de los derechos laborales, advirtiendo de que la situación podría derivar en un deterioro del servicio de limpieza en los centros sanitarios afectados, con posibles consecuencias para la atención y la seguridad de los usuarios del sistema público de salud en el área de Plasencia.

El soroll de les obres trenca la calma dels jardins que, durant dècades, han romàs gairebé intactes davant la badia de Palma. Dins, operaris revisen murs clivellats, sistemes de reg envellits i piscines castigades pel salnitre. Al palau de Marivent, el so metàl·lic de les eines, el pujar i baixar dels treballadors i la terra remoguda delaten una reforma llargament ajornada a la qual el Govern balear ha donat llum verda amb un pressupost que rondarà els 500.000 euros de diners públics. L'objectiu: frenar el deteriorament acumulat durant més de dues dècades a la residència estiuenca dels reis, que havia de convertir-se en espai obert a la ciutadania i va acabar consolidant-se com un enclavament institucional d'accés restringit. Només en determinats períodes la ciutadania pot passejar pels seus jardins.

La intervenció actual, però, no és un episodi aïllat, sinó una peça més d'un sistema de despesa sostingut que es reactiva especialment durant els períodes d'estada dels reis a Mallorca. Només en neteja i subministraments, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el de Balears (BOIB) recullen contractes de més de 217.000 euros anuals, als quals s'afegeixen serveis de reforç adjudicats amb fórmules de contractació per hores que permeten ampliar el servei durant els mesos d'estiu. A nivell global, l'Executiu autonòmic, titular de l'immoble, destina més d'1,2 milions d'euros cada any al seu manteniment, una xifra que va arribar a assolir els 1,7 milions el 2013, amb José Ramón Bauzá (PP) com a president.

No són les úniques inversions que rep el palau. Sense precisar quantitats econòmiques concretes, la memòria d'activitats de Patrimoni Nacional relativa a 2025, consultada per aquest mitjà, recull que l'any passat es van instal·lar nous sistemes de detecció i protecció contra incendis en diferents immobles de la seva propietat i, tot i no estar inclòs entre ells, també a Marivent —més concretament a l'edifici Camaretas—. Així mateix, es va dur a terme la renovació dels banys als apartaments del personal de servei i la demolició del forjat de l'antiga piscina per problemes estructurals. El 2024 es van dur a terme estudis i tomografies de l'arbrat amb càrrec als fons del Govern. Segons dades obtingudes en el seu moment per Newtral a través del Portal de Transparència, l'ens encarregat de la gestió dels béns vinculats a la Corona destinava —almenys fins a 2021— uns 220.000 euros anuals per sufragar despeses de personal i subministraments.

En aquest context, la reforma actual reobre una qüestió de fons: quin retorn públic tenen aquestes inversions en una residència institucional d'ús limitat en un escenari, a més, marcat per la crisi d'accés a l'habitatge, la saturació turística i el debat sobre el model econòmic de les illes?

La reforma reobre una qüestió de fons: quin retorn públic té la inversió pública sostinguda en una residència institucional d'ús limitat en un escenari, a més, marcat per la crisi d'accés a l'habitatge, la saturació turística i el debat sobre el model econòmic de les illes?

Més de 25 anys sense reformes profundes

En la pròpia memòria justificativa de la reforma actual, a la qual ha tingut accés elDiario.es, la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques considera fins i tot que és “totalment necessari incrementar la partida prevista” per al manteniment de Marivent davant el deteriorament del palau, que arrossega més de 25 anys sense reformes profundes. L'informe va més enllà i adverteix que el cost del manteniment ordinari ja supera els límits dels contractes menors —reservats per a despeses puntuals i de minsa quantia—, fet que obliga a recórrer a noves licitacions de major import i a planificar intervencions més àmplies per evitar que els danys estructurals s'agreugin. Un fet que confirma el caràcter estructural i elevat de la despesa associada al complex. Marivent ha deixat de ser una despesa puntual per convertir-se en una estructura de despesa permanent.

La memòria de la reforma adverteix que el cost del manteniment ordinari ja supera els límits dels contractes menors -reservats per a despeses puntuals i de nínima quantia-, la qual cosa obliga a recórrer a noves licitacions de més import i a planificar intervencions més àmplies per evitar que els danys estructurals s'agravin

D'acord amb el document consultat per aquest mitjà, la reforma prevista abasta tant elements estructurals com instal·lacions i espais exteriors. Entre les actuacions previstes hi ha la restauració de paviments de pedra i empedrats, la substitució de baranes corroïdes per l'oxidació i la intervenció en cobertes, cornises i façanes exposades al salnitre, així com la reparació del vial d'accés danyat per arrels. També es contemplen actuacions a la piscina —amb filtracions i maquinària obsoleta—, vestuaris, camins interiors i edificis auxiliars, així com la reparació de murs, canalitzacions i sistemes de drenatge. A l'exterior, es preveuen treballs en jardins, la rehabilitació de fonts ornamentals en desús, la reparació de danys causats pels temporals i la millora dels sistemes de reg.

El pressupost base de licitació ascendeix, en concret, a 470.444 euros (IVA inclòs). No obstant això, l'expedient preveu la possibilitat d'incrementar l'import fins a un 20% addicional en cas d'aparició de vicis ocults —defectes no detectats en la inspecció inicial que solen aflorar durant l'execució d'una obra—, cosa que podria elevar el cost final per sobre dels 560.000 euros.

Com explicita la memòria justificativa, arran de la constitució de la Comunitat Autònoma, els immobles que conformen el recinte de Marivent varen ser transferits per l'aleshores Consell General Interinsular, passant així a formar part del patrimoni autonòmic. En conseqüència, la seva administració, conservació i protecció és responsabilitat del Govern balear, tal com disposa la llei de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

“Com qualsevol altre immoble del qual és propietària, la Comunitat Autònoma té l'obligació de cuidar de la conservació i el manteniment de Marivent per un doble motiu: la protecció de la finca, com a conjunt arquitectònic que forma part d'un llegat integrat en el nostre patrimoni, i la necessitat que pugui servir a la finalitat a la qual l'immoble està destinat”, afegeix el document. En definir aquest “destí”, l'informe, lluny de fer referència a l'ús original del palau —concebut com a museu obert a la ciutadania—, assumeix plenament que el complex és, “des de fa molt de temps, no només la residència d'estiu de la Família Reial, sinó també lloc de descans al llarg de l'any, per la qual cosa és freqüentment utilitzat per tots els seus membres i hi passen nombroses personalitats de tots els àmbits”.

Un model de contractació fragmentada

Tot i que el procediment d'adjudicació és obert, la reforma s'insereix en un model de contractació fragmentada que caracteritza la gestió de Marivent des de fa dècades. El manteniment del complex no es licita com un servei integral, sinó que es divideix en múltiples contractes individuals —neteja, jardineria, plagues, electricitat, climatització, obres— adjudicats a diferents empreses. En aquest cas, la contractació ha recaigut en Bonfill Enginyeria, Arquitectura i Paisatge SL, una empresa mallorquina fundada el 2011 que ha incrementat la seva presència en la contractació pública balear en els darrers anys. Només el 2025, el volum de contractes va superar els cinc milions d'euros. La seva activitat es concentra en reformes d'edificis públics, infraestructures i projectes per a diferents administracions.

Tot i que el procediment d'adjudicació és obert, la reforma s'insereix en un model de contractació fragmentada que caracteritza la gestió de Marivent des de fa dècades

Cal destacar que la despesa a Marivent no es limita a obres i contractes externs. Un acord del Consell de Govern aprovat al juliol de 2025 inclou explícitament al personal que presta serveis en el palau dins dels col·lectius que poden percebre retribucions per hores extraordinàries, la qual cosa evidencia que l'activitat del complex genera també costos laborals addicionals vinculats al seu funcionament ordinari. La mesura es justifica, segons el propi document, per la impossibilitat de compensar aquestes hores amb descans, la qual cosa reforça la idea que el manteniment i ús del palau comporta una càrrega estructural de despesa pública més enllà de les partides pressupostàries visibles.

En les últimes legislatures, d'acord amb la documentació analitzada per aquest mitjà, el Govern ha adjudicat serveis de reforç per imports de fins a 100.000 euros, amb sistemes flexibles que permeten ampliar el servei durant els mesos de major activitat. Depenent del període, les diferents contractacions han recaigut en una o altra empresa: així, el 2011 el Govern va adjudicar per 47.200 euros a Hidràulica i Electricitat SA el manteniment de les instal·lacions elèctriques del complex, mentre que la climatització va ser encarregada a Refrigeració i Confort SA per imports similars en contractes de dos anys formalitzats el 2014. A això s'hi sumen actuacions puntuals d'obra menor, com el contracte adjudicat el 2016 a Construcciones Llull Sastre SA per 56.562 euros per a la reposició de paviments, murs i escales, i altres per al control de plagues, que va recaure en mercantils com Will Kill SA per 41.300 euros.

Incompliment de contracte

Mentrestant, algunes de les contractacions no s'han deslliurat de la polèmica. En 2014, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va ratificar que 292.132 euros reclamats per Lireba Serveis Integrats -que va operar com a filial del grup ACS- arran de la liquidació del contracte per a la neteja i manteniment del palau de Marivent corresponien al Govern, que li va adjudicar aquests treballs a l'agost de 2007. La Sala declarava provat com, durant la vigència del contracte, l'empresa va facturar i va cobrar l'anterior quantitat sense cap contraprestació per part seva.

Posteriorment, el Tribunal Suprem va validar l'actuació de l'Executiu balear de rescindir el contracte abans de la seva resolució definitiva, en considerar que la mesura estava justificada per raons d'interès públic i seguretat, especialment en un entorn sensible com Marivent. Entre altres aspectes, l'Alt Tribunal destaca que Lireba havia de mantenir un servei permanent amb un nombre concret d'empleats adaptat a les estades de la Família Reial. No obstant això, l'empresa va arribar a prestar el servei amb menys de la meitat del personal exigit, incomplint una condició que el propi contracte qualificava com a essencial. La sala subratlla que aquest dèficit no era un aspecte menor, sinó un “trencament” del nucli del contracte, en afectar directament la qualitat i viabilitat del manteniment del complex.

La resolució, no obstant això, anava més enllà: deixava al descobert rellevants disfuncions en la gestió d'aquests serveis públics, no sols respecte a les fallades en el control de l'execució contractual -el fet que l'empresa arribés a facturar serveis no prestats conforme als pactes-, sinó que posa en relleu la complexitat d'un model basat en contractes fragmentats i altament dependents de condicions variables, com les estades de la Família Reial. El resultat és un sistema en el qual el seguiment efectiu del servei es torna clau, però també difícil de fiscalitzar.

El 2014, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va ratificar que l'empresa Lireba, que va operar com a filial d'ACS, va percebre 292.132 euros sense haver efectuat la corresponent contraprestació per la neteja i manteniment de Marivent que tenia encomanat des de l'agost del 2007

La despesa pública a Marivent ha estat —i continua sent— objecte de crítiques polítiques i socials durant anys. A més dels fons públics destinats al seu manteniment, formacions polítiques i moviments ciutadans han denunciat la falta de transparència sobre el procés que va convertir el palau en la residència d'estiu de la Família Reial a Mallorca. elDiario.es va treure a la llum l'escriptura amb la qual José Carlos Herrmann–Marconi, hereu del filàntrop Ionannes Saridakis, renunciava el 1978 al palau, contravenint el que havia disposat el seu padrastre en el testament. Saridakis, filantrop d'origen grec, havia fet fortuna a Sud-amèrica i va trobar a Mallorca el seu retir daurat. L'illa el va enlluernar fins a tal punt que va decidir donar a Balears un immens llegat artístic i arquitectònic que incloïa el palau que va fer aixecar a la vora del mar.

Va ser la seva vídua qui, el 1965, va cedir l'edifici, els terrenys de 33.905 metres quadrats sobre els quals havia estat construït i la col·lecció d'art del filantrop a l'aleshores Diputació Provincial sota la condició que els mallorquins —i la població en general— poguessin delectar-se amb la cultura i el pensament que albergaven les seves parets. Un extrem que només es va complir entre 1965 i 1972. Durant diversos anys, l'espai museístic va romandre obert al públic, però, després de la seva cessió als reis per part de la franquista Diputació Provincial de Balears, mai més no va tornar a obrir les seves portes, convertint-se en la residència privada de la Família Reial durant les seves estades a Mallorca.

L'escriptura de renúncia, un document de 14 pàgines que mai abans havia sortit a la llum, és el paper al qual s'agafen a la Casa Reial per justificar l'ús privatiu de Marivent per part de la reialesa. En el document, però, l'hereu (José Carlos Herrmann-Marconi) no justifica els motius que el porten a incomplir l'última voluntat de Saridakis.

El document deixa constància del moment en què, sis mesos abans de la promulgació de la Constitució, el 6 d'abril de 1978 Marconi compareixia davant el notari Julio Albi, amb despatx a Madrid, per formalitzar la renúncia. De la mansió va desistir en ple procés judicial impulsat pels hereus contra el Govern —que havia absorbit la Diputació Provincial— i la Fundació Museu d'Art Saridakis —declarada aleshores en rebel·lia— pel mal ús de la donació del seu ascendent. Marconi va recuperar la titularitat dels béns del seu padrastre, però no el palau. Durant cinc dècades, els reis han convidat al palauet presidents del Govern i il·lustres mandataris estrangers i han gaudit de les vacances a l'illa a costa dels contribuents, que es van quedar sense palau i sense museu.

Els jardins amb les escultures de Miró, oberts al públic

A l'actualitat, de totes les pintures que pengen a l'interior de Marivent, més de vuitanta són propietat del Govern, com consta a l'Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), consultat per elDiario.es. Juntament amb els quadres, l'Executiu autonòmic també posseeix bona part del mobiliari de l'edifici, com diversos llits mallorquins dels segles XVIII i XIX, un bagul gòtic mallorquí, un banc neoclàssic, un escriptori barroc i nombrosos miralls i còmodes. Elements de gran valor als quals la ciutadania, tanmateix, no té accés.

Per contra, els jardins de Marivent, que ocupen una superfície total de 9.155 metres quadrats, sí que estan oberts al públic arran de l'acord assolit el maig de 2017 entre el Govern de Francina Armengol i la Casa Reial per conjugar l'obertura de la zona exterior amb l'ús del palau com a residència de la Família Reial. S'hi exhibeixen dotze escultures en bronze que Joan Miró va realitzar entre 1969 i 1981 i que la família de l'artista va cedir per donar un valor afegit a les visites. Una iniciativa que pretén, a més, posar de manifest el vincle de l'obra de l'artista amb el barri de Cala Major, que ell mateix va escollir per viure i treballar.

El ruido de las obras rompe la calma de los jardines que, durante décadas, han permanecido casi intactos frente a la bahía de Palma. Dentro, operarios revisan muros agrietados, sistemas de riego envejecidos y piscinas castigadas por el salitre. En el palacio de Marivent, el sonido metálico de las herramientas, el ir y venir de los trabajadores y la tierra removida delatan una reforma a la que el Govern balear ha dado luz verde con un presupuesto que rondará los 500.000 euros de dinero público. El objetivo: frenar el deterioro acumulado durante más de dos décadas en la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose como enclave institucional de acceso restringido. Solo en determinados periodos la ciudadanía puede pasear por sus jardines.

La intervención actual, sin embargo, no es un episodio aislado, sino una pieza más de un sistema de gasto sostenido que se reactiva especialmente durante los periodos de estancia de los reyes en Mallorca. Solo en limpieza y suministros, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge contratos de más de 217.000 euros anuales, al que se añaden servicios de refuerzo adjudicados con fórmulas de contratación por horas que permiten ampliar el servicio durante los meses de verano. A nivel global, el Ejecutivo autonómico, titular del inmueble, destina más de 1,2 millones de euros cada año a su mantenimiento, una cifra que llegó a alcanzar los 1,7 millones en 2013, con José Ramón Bauzá (PP) como presidente.

No son las únicas inversiones que recibe el palacio. Sin precisar cantidades económicas concretas, la memoria de actividades de Patrimonio Nacional relativa a 2025, consultada por este medio, recoge que el año pasado se instalaron nuevos sistemas de detección y protección contra incendios en distintos inmuebles de su propiedad y, pese a no estar incluido entre ellos, también en Marivent -más en concreto en el edificio Camaretas-. Asimismo, se llevó a cabo la renovación de los baños en los apartamentos del personal de servicio y la demolición del forjado de la “antigua piscina” por problemas estructurales. En 2024, se llevaron a cabo estudios y tomografías en el arbolado con cargo a los fondos del Gobierno. Según datos obtenidos en su momento por Newtral a través del Portal de Transparencia, el ente encargado de la gestión de los bienes vinculados a la Corona destina -al menos hasta 2021- una medida de 220.000 euros anuales para sufragar gastos de personal y suministros.

En este contexto, la reforma actual reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tienen las inversiones en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas.

La reforma reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tiene la inversión pública sostenida en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas

Más de 25 años sin reformas profundas

En la propia memoria justificativa de la reforma actual, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas considera incluso que es “totalmente necesario incrementar la partida prevista” para el mantenimiento de Marivent ante el deterioro del palacio, que arrastra más de 25 años sin reformas profundas. El informe va más allá y advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores –reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía–, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven. Un hecho que confirma el carácter estructural y elevado del gasto asociado al complejo. Marivent ha dejado de ser un gasto puntual para convertirse en una estructura de gasto permanente.

La memoria de la reforma advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores -reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía-, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven

De acuerdo al documento consultado por este periódico, la reforma prevista abarca tanto elementos estructurales como instalaciones y espacios exteriores. Entre las actuaciones previstas se encuentran la restauración de pavimentos de piedra y empedrados, la sustitución de barandillas corroídas por la oxidación y la intervención en cubiertas, cornisas y fachadas expuestas al salitre y la reparación del vial de acceso dañado por raíces. También se contemplan actuaciones en la piscina –con filtraciones y maquinaria obsoleta–, vestuarios, caminos interiores y edificios auxiliares, así como la reparación de muros, canalizaciones y sistemas de drenaje. En el exterior, se prevén trabajos en jardines, la rehabilitación de fuentes ornamentales en desuso, la reparación de daños causados por los temporales y la mejora de los sistemas de riego.

El presupuesto base de licitación asciende, en concreto, a 470.444 euros (IVA incluido). Sin embargo, el expediente prevé la posibilidad de incrementar el importe hasta un 20% adicional en caso de aparición de vicios ocultos, es decir, defectos no detectados en la inspección inicial que suelen afloran durante la ejecución de una obra, lo que podría elevar el coste final por encima de los 560.000 euros.

Como explicita la memoria justificativa de la reforma, a raíz de la constitución de la Comunidad Autónoma, los inmuebles que conforman el recinto de Marivent fueron transferidos por el entonces Consejo General Interinsular, pasando así a formar parte del patrimonio autonómico. En consecuencia, su administración, conservación y protección es responsabilidad del Govern balear, tal como dispone la ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Balears.

“Como cualquier otro inmueble de la cual es propietaria, la Comunidad Autónoma tiene la obligación de cuidar de la conservación y el mantenimiento de Marivent por un doble motivo: la protección de la finca, como conjunto arquitectónico que forma parte de un legado integrado en nuestro patrimonio, y la necesidad de que pueda servir a la finalidad a la cual el inmueble está destinado”, añade el documento. Al definir ese “destino”, el informe, lejos de hacer referencia al uso original del palacio –concebido como museo abierto a la ciudadanía–, asume plenamente que el complejo es, “desde hace mucho tiempo, no solo la residencia de verano de la Familia Real, sino lugar de descanso a lo largo del año, por lo cual es frecuentemente utilizado por todos sus miembros y pasan numerosas personalidades de todos los ámbitos”.

Un modelo de contratación fragmentada

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas. El mantenimiento del complejo no se licita como un servicio integral, sino que se divide en múltiples contratos individuales –limpieza, jardinería, plagas, electricidad, climatización, obras– adjudicados a distintas empresas. En este caso, la contratación ha recaído en Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje SL, una empresa mallorquina fundada en 2011 que ha incrementado su presencia en la contratación pública balear en los últimos años. Solo en 2025, el volumen de contratos superó los cinco millones. Su actividad se concentra en reformas de edificios públicos, infraestructuras y proyectos para distintas administraciones.

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas

Cabe destacar que el gasto en Marivent no se limita a obras y contratos externos. Un acuerdo del Consell de Govern aprobado en julio de 2025 incluye explícitamente al personal que presta servicios en el palacio dentro de los colectivos que pueden percibir retribuciones por horas extraordinarias, lo que evidencia que la actividad del complejo genera también costes laborales adicionales vinculados a su funcionamiento ordinario. La medida se justifica, según el propio documento, por la imposibilidad de compensar esas horas con descanso, lo que refuerza la idea de que el mantenimiento y uso del palacio comporta una carga estructural de gasto público más allá de las partidas presupuestarias visibles.

En las últimas legislaturas, de acuerdo a la documentación analizada por este medio, el Govern ha adjudicado servicios de refuerzo por importes de hasta 100.000 euros, con sistemas flexibles que permiten ampliar el servicio durante los meses de mayor actividad. Dependiendo del periodo, las distintas contrataciones han recaído en una u otra empresa: así, en 2011 el Govern adjudicó por 47.200 euros a Hidráulica y Electricidad SA el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del complejo, mientras que la climatización fue encargada a Refrigeración y Confort SA por importes similares en contratos de dos años formalizados en 2014. A ello se suman actuaciones puntuales de obra menor, como el contrato adjudicado en 2016 a Construcciones Llull Sastre SA por 56.562 euros para la reposición de pavimentos, muros y escaleras, y otros para el control de plagas, que recayó en mercantiles como Will Kill SA por 41.300 euros.

Incumplimiento de contrato

Mientras tanto, algunas de las contrataciones no se han librado de la polémica. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ratificó que 292.132 euros reclamados por Lireba Serveis Integrats -que operó como filial del grupo ACS- a raíz de la liquidación del contrato para la limpieza y mantenimiento del palacio de Marivent correspondían al Govern, que le adjudicó estos trabajos en agosto de 2007. La Sala declaraba probado cómo, durante la vigencia del contrato, la empresa facturó y cobró la anterior cantidad sin contraprestación alguna por su parte.

Posteriormente, el Tribunal Supremo validó la actuación del Ejecutivo balear de rescindir el contrato antes de su resolución definitiva, al considerar que la medida estaba justificada por razones de interés público y seguridad, especialmente en un entorno sensible como Marivent. Entre otros aspectos, el Alto Tribunal destaca que Lireba debía mantener un servicio permanente con un número concreto de empleados adaptado a las estancias de la Familia Real. Sin embargo, la empresa llegó a prestar el servicio con menos de la mitad del personal exigido, incumpliendo una condición que el propio contrato calificaba como esencial. La sala subraya que este déficit no era un aspecto menor, sino un “quebrantamiento” del núcleo del contrato, al afectar directamente a la calidad y viabilidad del mantenimiento del complejo.

La resolución, sin embargo, iba más allá: dejaba al descubierto relevantes disfunciones en la gestión de estos servicios públicos, no solo respecto a los fallos en el control de la ejecución contractual -el hecho de que la empresa llegase a facturar servicios no prestados conforme a lo pactado-, sino que pone de relieve la complejidad de un modelo basado en contratos fragmentados y altamente dependientes de condiciones variables, como las estancias de la Familia Real. El resultado es un sistema en el que el seguimiento efectivo del servicio se vuelve clave, pero también difícil de fiscalizar.

En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ratificó que la empresa Lireba, que operó como filial de ACS, percibió 292.132 euros sin haber efectuado la correspondiente contraprestación por la limpieza y mantenimiento de Marivent que tenía encomendado desde agosto de 2007

El gasto público en Marivent ha sido –y continúa siendo– objeto de críticas políticas y sociales durante años. Además de los fondos públicos destinados a su mantenimiento, formaciones políticas y movimientos ciudadanos han denunciado la falta de transparencia sobre el proceso que convirtió el palacio en la 'residencia real' de verano en Mallorca. elDiario.es sacó a la luz la escritura con la que José Carlos Herrmann–Marconi, heredero del filántropo Ionannes Saridakis, renunciaba en 1978 al palacio, contraviniendo lo que había dispuesto en su testamento su padrastro. Saridakis, filántropo de origen griego, había hecho fortuna en Sudamérica y encontró en Mallorca su retiro dorado. La isla lo encandiló hasta tal punto que decidió donar a Balears un inmenso legado artístico y arquitectónico que incluía el palacio que hizo levantar a orillas del mar.

Fue su viuda quien, en 1965, cedió el edificio, el terreno de 33.905 metros cuadrados sobre el que había sido construido y la colección de arte del filántropo a la entonces Diputación Provincial bajo la condición de que los mallorquines –y la población en general– pudieran deleitarse con la cultura y el pensamiento que encerraban sus paredes. Un extremo que solo se cumplió entre 1965 y 1972. Durante varios años, el espacio museístico permaneció abierto al público, pero, tras su cesión a los reyes por parte de la franquista Diputación Provincial de Balears, nunca más volvió a abrir sus puertas, convirtiéndose en la residencia privada de la Familia Real durante sus estancias en Mallorca.

La escritura de renuncia, un documento de 14 páginas que nunca antes había salido a la luz, es el papel al que se agarran en la Casa Real para justificar el uso privativo de Marivent por parte de la realeza. En el documento, sin embargo, el heredero (José Carlos Herrmann-Marconi) no justifica los motivos que le conducen a incumplir la última voluntad de Ionannes Saridakis.

El documento deja constancia del momento en el que, seis meses antes de la promulgación de la Constitución, el 6 de abril de 1978 Marconi comparecía ante el notario Julio Albi, con despacho en Madrid, para formalizar la renuncia. De la mansión desistió en pleno proceso judicial impulsado por los herederos contra el Govern –que había absorbido a la Diputación Provincial– y a la Fundación Museo de Arte Saridakis –declarada entonces en rebeldía– por el mal uso de la donación de su ascendiente. Marconi recuperó la titularidad de los bienes de su padrastro, pero no el palacio. Durante cinco décadas, los reyes han invitado al palacete a presidentes del Gobierno e ilustres mandatarios extranjeros y han disfrutado de las vacaciones en la isla a costa de los contribuyentes, que se quedaron sin palacio y sin museo.

Los jardines con las esculturas de Miró, abiertos al público

En la actualidad, de todas las pinturas que cuelgan en el interior de Marivent, más de ochenta son propiedad del Govern, como consta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (CAIB), consultado por elDiario.es. Junto a los cuadros, el Ejecutivo autonómico también posee la propiedad de buena parte del mobiliario del edificio, como varias camas mallorquinas de los siglos XVIII y XIX, un arcón gótico mallorquín, un banco neoclásico, un escritorio barroco e innumerables espejos y cómodas. Elementos de gran valor a los que ciudadanía, sin embargo, no tiene acceso.

Por el contrario, los jardines de Marivent, que ocupan una superficie total de 9.155 metros cuadrados, sí se encuentran abiertos al público tras el acuerdo alcanzado en mayo de 2017 entre el Govern de Francina Armengol y la Casa Real para conjugar el proyecto de apertura de la zona exterior del complejo con el uso del palacio como residencia de la familia real. En ellos se exhiben doce esculturas en bronce que Joan Miró realizó entre los años 1969 y 1981 y que la familia del pintor cedió para dar un valor añadido a las visitas. Una iniciativa que pretende, además, poner de manifiesto el vínculo de la obra del artista catalán con el barrio de Cala Major, que él mismo escogió para vivir y trabajar. 

El Ayuntamiento de Sevilla ha reanudado este miércoles la licitación del contrato de limpieza de colegios tras el aval del Tribunal de Recursos Contractuales. Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el Consistorio ha recibido la resolución de este órgano, que “avala los aspectos fundamentales de los pliegos”.

En este sentido, el tribunal ha rechazado las principales alegaciones presentadas por las asociaciones del sector, “confirmando que los criterios de solvencia, las exigencias de personal y los criterios de adjudicación cumplen la legalidad y son proporcionales a la dimensión del contrato”.

El gobierno municipal ha destacado que esta resolución “confirma el rigor técnico y jurídico con el que se ha trabajado desde el inicio, frente a las críticas que solo han generado incertidumbre en un servicio esencial”. Asimismo, ha subrayado que la suspensión del procedimiento “ha sido una medida cautelar habitual, ya superada”, por lo que el proceso continúa ahora “con todas las garantías para asegurar un servicio de limpieza de calidad en los centros educativos públicos”.

“Dentro de la normalidad”

La decisión llega tras las críticas de los partidos de la oposición y la petición de explicaciones por parte de los sindicatos, con los que el Ayuntamiento cerró un acuerdo el pasado 27 de marzo para continuar la externalización del servicio “garantizando los puestos de trabajo ocupados actualmente en la limpieza en los colegios”.

El gobierno municipal ha subrayado “su compromiso con una gestión eficaz, transparente y centrada en mejorar los servicios públicos, frente a quienes intentan poner en duda el trabajo técnico sin fundamento”.

Tras conocerse la paralización de la licitación este lunes, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, aseguraba en un comunicado que el plan Colegios Limpios “seguía adelante con todas las garantías”. Bueno indicaba que la paralización “entra dentro de la normalidad en contratos de gran envergadura” y defendía que “lo responsable es suspender temporalmente la licitación para que la Secretaría General analice y resuelva los recursos con todas las garantías jurídicas, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia”.

Dos entidades de la patronal presentaron sendos recursos que “afectaban a un elemento esencial como la solvencia de las empresas licitadoras, es decir, su capacidad para prestar el servicio en condiciones adecuadas”. De esta manera, denunciaban que el precio de la licitación es insuficiente para atender los costes de la actividad.

3,6 trabajadores por colegio

El plan Colegios Limpios, aprobado por el gobierno municipal en marzo, contempla, como mínimo, 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato. En total, los tres lotes suman 1.087.232 horas anuales mínimas de prestación del servicio, con refuerzo específico en periodos no lectivos.

Con el nuevo plan, el Consistorio ha asegurado que pasaran los colegios a tener un mínimo de 3,6 trabajadores de limpieza por colegio de media y 2,8 en el resto de edificios municipales.

El ámbito temporal del contrato se divide en dos grandes periodos. El primero comprende el periodo lectivo, del 1 de septiembre al 30 de junio, con un total de 201 días de prestación. El servicio continuará también en periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad.

El Ayuntamiento ha afirmado que la limpieza ordinaria se realizará todos los días lectivos en turnos de mañana y tarde, preferentemente en horario diurno, e incluirá tareas con frecuencias diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, adaptándose a imprevistos o cambios en el uso de los espacios.

Características del servicio

Asimismo, se llevarán a cabo limpiezas generales en profundidad al inicio, mitad y final del curso, coincidiendo con los periodos no lectivos. En verano, el servicio contará con al menos tres cuadrillas móviles –una por lote– durante 38 días hábiles, que atenderán tanto centros con actividad como trabajos complejos de abrillantado, encerado, limpieza de cristales exteriores, cubiertas, rejas y pistas deportivas.

El contrato también contempla limpiezas especiales de carácter extraordinario ante emergencias como obras menores, incendios, vandalismo o fenómenos meteorológicos, garantizando una actuación en un plazo máximo de tres horas desde el aviso en caso de urgencia.

El Ayuntamiento ha indicado que cada lote contará con un director y tres encargados encargados de velar por la correcta ejecución del servicio. Asimismo, se implantará un sistema de valoración y control de calidad que permitirá disponer de información constante para mejorar de forma continua la prestación.

Como novedad, la empresa adjudicataria deberá disponer de una aplicación informática de gestión accesible desde smartphone, en la que se registrarán diariamente los servicios realizados, los centros atendidos, empleados y horarios, así como el control semanal de herramientas y productos disponibles.

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a frenar el proceso para externalizar la limpieza de los colegios públicos, después de que las principales patronales del sector hayan recurrido los pliegos de la licitación. Esta pausa llega justo cuando el camino parecía haberse despejado merced al acuerdo alcanzado con la plantilla municipal que ponía fin a meses de conflicto.

Tras sortear el escollo de la presión sindical con el pacto firmado el pasado Viernes de Dolores, el Consistorio se enfrenta ahora a un nuevo impedimento: dos recursos interpuestos por las principales patronales del sector de la limpieza en España, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), al entender que el precio ofertado –25 millones de euros– es muy ajustado, tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar SevillaelDiario.es.

La impugnación de los pliegos mantiene en suspenso el procedimiento a la espera de su revisión por parte de la Secretaría General. Pese a ello, desde el Ayuntamiento restan importancia a la paralización actual del proceso y la enmarcan en el funcionamiento habitual de la contratación pública. Según indican fuentes municipales a este medio, se trata de un “trámite administrativo” habitual cuando se registran recursos en una licitación pública, algo que ocurre “cada semana en todas las áreas”.

En este sentido, subrayan que la suspensión no pone en riesgo el proceso ni altera los planes del Gobierno local, sino que responde a la necesidad de analizar y resolver los recursos antes de continuar con la adjudicación. Una vez superado este paso, añaden, la licitación se reanudará y seguirá su curso.

Costes “insuficientes” para cubrir el servicio

Los recursos presentados por las principales patronales del sector de la limpieza cuestionan dos aspectos clave de los pliegos aprobados por el Ayuntamiento hispalense. En primer lugar, el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Ignacio Beltrán, señala a este periódico que “los costes previstos no son suficientes para cubrir el servicio, ya que los gastos reales estarían por encima de lo contemplado en la licitación”.

Además del precio ofertado, Beltrán apunta a una infraestimación del absentismo laboral, un factor especialmente relevante en el sector: “En la limpieza el absentismo ronda el 13%, mientras que la media está en el 7%; si no se calibra bien, supone un sobrecoste importante”.

Desde Aspel, su presidente informa que anualmente interponen entre 50 y 60 recursos sobre licitaciones públicas relacionadas con la limpieza cuyos pliegos no cumplen los parámetros adecuados para las empresas. En cuanto a los plazos, Beltrán indica que la resolución no debería demorarse en exceso. “Son procedimientos más ágiles que los judiciales; en aproximadamente un mes se sabrá si se estiman o no los recursos”, explica. En función de esa decisión, el Ayuntamiento podría rechazar la propuesta, introducir cambios en los pliegos o, en el otro extremo, optar por sacar una nueva licitación.

El proceso continúa

En la misma línea que el Gobierno local, el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, enmarca la situación dentro de la normalidad de este tipo de procesos y asegura que la suspensión de los plazos no compremete ni el procedimiento ni el acuerdo alcanzado el viernes 27 de marzo. “Se suspende el plazo, no el pliego, y el procedimiento sigue adelante”, resume.

En cuanto al acuerdo con la plantilla, el representante sindical precisa que el conflicto también queda en suspenso mientras se cumplan los plazos pactados con el alcalde, aunque advierte de que podría reactivarse si estos no se respetan.

Con todo, la situación resulta llamativa por el momento en el que se produce. El conflicto por la limpieza de los colegios ha sido uno de los principales focos de tensión en la ciudad en los últimos meses, hasta el punto de provocar protestas, encierros y movilizaciones por parte de la plantilla municipal de limpieza en contra de la privatización.

El pulso se dio por cerrado hace apenas unos días con un acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, que garantizaba el mantenimiento del empleo y rebajaba la conflictividad generada por el anuncio de externalización del servicio. Ese pacto puso fin a semanas de enfrentamiento y permitió encauzar una tensión que había ido en aumento desde principios de año.

Ahora, con el procedimiento en pausa, el proceso entra en una fase técnica que, según las fuentes consultadas, no debería prolongarse en exceso ni tener mayores consecuencias sobre el desarrollo de la licitación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga desde hace un año a cuatro empresarios cántabros de la construcción por un posible reparto de licitaciones de obra pública. El organismo sospecha que las empresas podrían haber presentado ofertas ficticias a concursos convocados por el Gobierno de Cantabria, ayuntamientos y entidades públicas de la comunidad autónoma. También a “clientes privados, en relación con servicios de obra civil, edificación y otros servicios de construcción”.

Según adelanta Onda Cero Cantabria, que ha tenido acceso al documento de la investigación, Competencia apunta a indicios que señalan a los empresarios Óscar San Emeterio (vicepresidente de COPSESA), Juan Carlos Echevarría (director general de Cuevas Gestión de Obras), Álvaro Quintanal y Javier Palomera (de Palomera Obras y Proyectos).

Unas horas antes de que se haya hecho pública esta información, Palomera había dimitido como presidente de la Asociación de Constructores de Cantabria alegando “motivos personales” debido a una “imposibilidad sobrevenida”, sin más explicaciones. El comunicado añade que el cese se produce para “preservar el buen funcionamiento de la Asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige”.

Competencia, que inició esta investigación en marzo de 2025, considera que “existen indicios racionales” de “acuerdos o prácticas concertadas, así como intercambios de información comercialmente sensible, para la manipulación y reparto de las licitaciones”.

En concreto, se investiga si los cuatro empresarios cántabros “diseñaron y ejecutaron posibles conductas anticompetitivas” en el ámbito de la obra civil. Según el acuerdo de la directora de Competencia al que ha tenido acceso Onda Cero, se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

El decreto-ley aprobado el pasado viernes por la Junta de Extremadura permitirá al Gobierno en funciones licitar en breve la obra de la avenida Martín Palomino de Plasencia (Cáceres), según ha anunciado este miércoles el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín.

Martín ha hecho estas declaraciones, a pregunta de los periodistas, antes del acto de inauguración de una pasarela peatonal sobre la estación de tren de Mérida. El consejero ha explicado que la situación del Gobierno en funciones no afecta a las obras de emergencia para paliar los daños producidos por las borrascas, porque está sí se pueden llevar a cabo. De hecho, “han finalizado prácticamente todas ellas”, por lo menos en lo que respecta a su consejería, ha precisado.

El decreto-ley que modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sí va a permitir poner en marcha otras actuaciones y obras pendientes, siempre que se justifique la urgencia, el interés general o que esté supeditada a la consecución de fondos finalistas.

Como ejemplo ha puesto el caso de la avenida Martín Polomino en Plasencia, ya que al ser un contrato de regulación armonizada con el Gobierno en funciones no podría haber licitado. La licitación está “a punto” de pasar por el Consejo de Gobierno para su publicación posterior, ha asegurado.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre un real decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de seis millones de euros a la Junta de Extremadura para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630 a su paso por Plasencia.

La actuación se ubica entre los kilómetros 472,395 y 474,385 de esta vía, correspondiente a las avenidas de España y de Martín Palomino, según informó entonces el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. 

El Ayuntamiento de Torrelavega ha licitado la compra de casi 1.000 metros cuadrados de pavimento de madera desmontable destinado a la celebración de eventos multidisciplinares en la ciudad, un contrato de 223.850 euros pagado con el Plan de Sostenibilidad Turística. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de abril y el contrato tiene un plazo de ejecución de 45 días.

El pliego técnico recoge que el pavimento deberá formar una pista de 43 metros de largo por 22 metros de ancho, lo que supone un total de 946 metros cuadrados, y se podrá usar tanto en instalaciones deportivas como en recintos destinados a ferias, mercados o eventos culturales.

Entre sus características técnicas destaca que es espesor de la madera estará entre 44 y 55 milímetros, una absorción de impacto entre el 50 % y el 55 %, un bajo coeficiente de deslizamiento, y un rebote de balón de entre el 92 % y el 97 %, además de una alta resistencia al desgaste.

El concejal de Dinamización, Jesús Sánchez, ha explicado en un comunicado que el sistema incluirá también rampas perimetrales para facilitar el acceso y evitar desniveles, así como carros de almacenamiento con ruedas para facilitar su traslado y montaje en distintas ubicaciones.

El Ayuntamiento de Logroño licita nueve puestos en el Mercado de San Blas: cinco interiores y cuatro exteriores. Así lo ha avanzado esta mañana el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, quien ha detallado los aspectos más relevantes que se recogen en el pliego de condiciones para la concesión del uso privativo de estos puestos de venta, que se aprobará mañana miércoles en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Uno de los puestos ofertados queda libre tras la jubilación de su actual usuario, mientras que los ocho restantes no recibieron ofertas en el proceso de licitación puesto en marcha en abril del año pasado. “En principio, tal y como estipula la ley, el Ayuntamiento contaba con un año para la adjudicación directa de estos ocho puestos, siempre bajo las premisas marcadas en el pliego inicial, pero dado el gran interés suscitado por estos espacios en los últimos meses, con hasta dos interesados en cada puesto, ponemos en marcha un nuevo proceso de licitación pública de libre concurrencia, aunque con un carácter más acelerado para reducir considerablemente los plazos administrativos y agilizar así el proceso de adjudicación”, ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad.

El valor estimado del contrato de los puestos asciende a 377.063,06 euros, referido al canon total de los puestos objeto de licitación hasta la finalización del plazo de concesión. Así, en el caso de los puestos exteriores, el canon base anual oscila entre los 3.852,22 euros y los 4.835,45 euros, mientras que en los puestos interiores el canon oscila entre los 1.585,77 y los 4.170,15 euros anual.

Estos nuevos espacios en el Marcado de San Blas se suman a los adjudicados en el anterior proceso (puesto en marcha en marzo de 2025 y finalizado en julio de ese mismo año), en el que se adjudicaron cinco lotes, alguno dotado con varios puestos, a las empresas Sagasta Market, S.L. (lote I, formado por los puestos exteriores n.º 10 y 11), Bodegas Cerrolaza, S.L. (lote II, formado por el puesto exterior n.º 14), Adriana Patricia Maine Degrave (lote V, puesto exterior n.º 21) y Embutidos Alejandro, S.A. (lote VII, puesto exterior n.º 26; y lote VIII, compuesto por los puestos exteriores n.º 27, 28 y 29).

“Esperamos que estos puestos adjudicados el pasado verano estén en pleno funcionamiento en el próximo trimestre, pues se encuentran en tramites para obtener las licencias de obras para realizar las adecuaciones de los espacios que sus concesionarios consideren oportunas”, ha apuntado el concejal Miguel Sáinz.

Agilización del proceso administrativo de la nueva licitación

Como novedad para agiliza el proceso, el plazo de presentación de ofertas será de 15 días naturales a partir de la publicación en el Perfil del Contratante del Consistorio a través de la página de la sede electrónica http://www.logrono.es/licitacion.

Los siguientes pasos administrativos también se reducirán para acelerar la adjudicación de los puestos, cinco interiores y cuatro exteriores. Los licitadores podrán presentar oferta sin limitación de puestos, debiendo establecer su orden de preferencia conforme al modelo recogido en el pliego. Únicamente podrán resultar adjudicatarios de dos lotes como máximo.

Según se detalla en el nuevo pliego de condiciones, la concesión de los nueve puestos, cuya superficie oscila entre los 6,56 y los 23,15 metros cuadrados, se realizará hasta el 6 de marzo del año 2037.

En lo que respecta a las actividades permitidas, el pliego subraya que quedarán prohibidas aquellas de restauración, bares y, en general, aquellas que impliquen la instalación de extractores de humo y olores.

Para la adjudicación de las concesiones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: hasta un 20% se obtendrá de la valoración del Plan de Viabilidad del proyecto empresarial (que contempla aspectos como el plan de negocio del proyecto empresarial, la previsión de ingresos y gastos del negocio a dos años vista, la experiencia en el sector o la inversión y la inversión económica que se va a realizar incluyendo obras de adecuación, elementos técnicos y personal que se va a contratar); mientras que el 80% restante corresponderá al alza sobre el tipo de licitación.

“Más allá de su importancia desde el punto de vista patrimonial, el Mercado de San Blas es un motor comercial de nuestra ciudad, en el que se ofrece un producto de calidad, una atención cercana y profesional y que cuenta con un público fiel que apuesta por el producto de kilómetro cero. El interés suscitado por estos puestos por parte de los potenciales licitadores refuerza la apuesta que este equipo de Gobierno está realizando para apoyar e impulsar esta Plaza de Abastos, que va más allá de un mero mercado gracias a su potencial desde el punto de vista turístico y de promoción enogastronómica de nuestra ciudad”, ha destacado el concejal Miguel Sáinz.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya se está preparando para el concurso de acreedores al que se asoma el Grup La Pau, una cooperativa que ganó en 2025 junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias, valorado en 381 millones de euros, a pesar de tener problemas de tesorería. 

Según ha podido saber elDiario.es, el Grup La Pau está actualmente en fase de preconcurso de acreedores, un proceso previo en el que, durante un periodo de hasta cuatro meses, la empresa puede renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal.

Ante esta situación, el SEM ha solicitado un dictamen a los servicios jurídicos del departamento de Economía para valorar si, en caso de llegar el concurso, la otra compañía a la que se adjudicó el contrato junto a La Pau en una Unión Temporal de Empresas (UTE) podría acreditar por su cuenta la solvencia que se requiere para prestar el servicio.

La amenaza del concurso de acreedores en La Pau planea sobre la cooperativa cuando solo faltan dos meses para que empiecen a ofrecer sus servicios en el área metropolitana norte de Barcelona. El primero de los lotes del macroconcurso, que en total sumó unos 2.000 millones de euros, empezará a desplegarse este 1 de abril en las Terres de l'Ebre. El de La Pau está previsto para el 13 de mayo.

Los problemas económicos de La Pau no han sorprendido a nadie en el sector. La propia cooperativa, seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, ya había advertido en un documento interno de que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024. 

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia del Grupo La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa acreditó su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

Desde el SEM no han querido hacer ningún comentario para este artículo. Vicenç Chicharro, vicepresidente del Grup La Pau, aseguró el viernes en conversación telefónica que la compañía tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

Antecedentes polémicos

El origen de las reticencias de la Generalitat durante el concurso estaba en los problemas que tuvo la cooperativa en el País Vasco, donde gestionó parte del servicio de ambulancias y fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades, que incluían el uso de los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud por parte de clínicas privadas y el adeudo de salarios y pagas extras a buena parte de la plantilla.

El Ejecutivo vasco, que aseguró que La Pau estaba en una “situación económica complicada”, acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

Los problemas de tesorería de La Pau han supuesto que la otra empresa de la UTE, Direxis, haya ido adquiriendo más protagonismo de manera paulatina en la unión de empresas. Apenas cuatro meses después de ganar el concurso en Catalunya, se acordó la cesión del 9% de La Pau a Direxis, un porcentaje que ha ido aumentando hasta el punto de que actualmente, en la UTE que prestará el servicio, La Pau solo tiene el 1%.

Ha sido Direxis, de hecho, quien ha pagado durante meses parte de los salarios de la plantilla de La Pau. Pero esta compañía dejó de aportar esas cantidades a finales de octubre debido a la “falta de confianza e inseguridad jurídica” con la cooperativa, según comunicó el comité de empresa a la plantilla. 

El dictamen del departamento de Economía, obtenido por esta redacción, considera que en caso de concurso de acreedores será Direxis quien deberá acreditar los requisitos de solvencia que se solicitaban en la licitación.

Lo podrá hacer, asegura el documento, con “medios distintos” a los presentados en un primer momento e incluso recurriendo, si fuera necesario, a “terceras empresas” para demostrar que habrá dinero para ofrecer el servicio.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha publicado la licitación del proyecto de acondicionamiento y urbanización de la plaza de las Ánimas y su entorno en Viérnoles, con un presupuesto base de 271.982 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Actualmente este lugar presenta grandes desperfectos en el pavimento rodado, así como ausencia de espacios de estancia, carencias en la red de recogida de aguas pluviales, abundancia de redes aéreas y mal estado de las instalaciones.

el concejal de Obras Públicas, José Luis Urraca, ha considerado que, con esta actuación, los camiones de bomberos podrán acceder a las viviendas y también se evitarán las inundaciones, al tiempo que se ganará un pequeño espacio público para los vecinos: “Después de muchos años damos ya por fin respuesta” a esta petición de la Junta Vecinal de Viérnoles para mejorar la seguridad en el barrio de Río Arriba con una “importante inversión”.

La ejecución de la nueva plaza, junto al humilladero de Las Ánimas y la antigua casa de Gregorio Lasaga Larreta, incluirá la renovación de los pavimentos, ejecución de accesos y zonas de estancia y el soterramiento de las actuales líneas aéreas de los servicios de alumbrado y Viesgo. También el acondicionamiento y reparación de viales dañados y desgastados por el tránsito para la mejora de la seguridad vial, así como la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y la eléctrica con la instalación de 15 nuevas luminarias LED.

Se llama Marina y llega en un Mercedes a la sede de Girona del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Ahí recoge muestras biológicas de pacientes y los traslada con su vehículo a otros laboratorios que tiene la entidad así como al Banco de Sangre y Tejidos (BST).

Solo entre 2022 y mediados de 2025, Marina ha facturado por estos traslados 180.000 euros al Govern. Sin concurso, sin tener una empresa de transportes, sin ninguna experiencia que la avale: siempre con contratos inferiores a 15.000 euros para evitar el preceptivo concurso público. 

Durante años el ICO, cuyo presupuesto depende del departamento de Salud de la Generalitat, ha estado fraccionando contratos para evitar licitar todo tipo de servicios que deberían haber sido contratados tras un concurso público.

Este periódico desveló en enero que el ICO había abierto un expediente a varios directivos de la entidad después de que una denuncia interna alertara de que se estaban troceando los contratos de mantenimiento y duplicando pagos a una constructora. 

Las presuntas irregularidades en la contratación, sin embargo, no acaban ahí. También el servicio de mensajería de la entidad e incluso, en ocasiones, el traslado de pacientes en ambulancia llevan años adjudicándose a dedo mediante contratos menores, según un análisis de la contratación realizado por elDiario.es.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 60% de la población adulta de Catalunya. 

Los hechos desvelados muestran el descontrol en la contratación de un organismo público cuyo presupuesto asciende a 390 millones de euros. Los contratos que se han estado adjudicando a dedo cubren servicios que le cuestan al ICO cada año cientos de miles de euros. Solo el servicio de mensajería se calcula que asciende a casi medio millón de euros anuales.

Gracias a esta práctica irregular, una persona como Marina lleva facturando alrededor de 50.000 euros al año, IVA incluido, a este ente público con una media de tres contratos a dedo al año por servicios de mensajería sin ni siquiera tener una empresa especializada.

Preguntados por elDiario.es, desde el ICO no quieren precisar por qué se le han estado adjudicando tantos contratos a esta persona. Afirman que es una autónoma y “cumple en todo momento la normativa vigente”.

Respecto al traslado de muestras biológicas en un transporte particular, afirman que “se trasladan debidamente protegidas en contenedores adecuados” y añaden que no se requiere de “un medio de transporte específico” para su traslado entre centros.

Irregularidades sin responsables

Desde el ICO admiten las irregularidades en la contratación, pero en esta ocasión no se ha abierto ningún expediente ni se sancionará a ningún directivo por haber estado fraccionando contratos durante años. 

“En 2025 se detectaron las incidencias mencionadas y se inició la preparación de una licitación”, responden desde la entidad. “Tenemos un procedimiento de análisis de la contratación iniciado por la dirección actual de manera voluntaria, a raíz de la denuncia del año pasado”, remachan. 

La licitación por el servicio de mensajería por carretera, puesta en marcha tras denunciarse el troceo de contratos, asciende a 845.000 euros por los próximos dos años y actualmente está en fase de recepción de ofertas.

La actuación de la entidad en esta ocasión contrasta con el expediente que se abrió el pasado noviembre tras una denuncia anónima. La investigación apreció una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa por parte de algunos directivos de este organismo de referencia de la cura e investigación sobre el cáncer.

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Los trabajadores del ICO mostraron recientemente a la dirección su enojo por el desaguisado en la contratación de la entidad. Según fuentes presentes en la conversación, los directivos trasladaron a los empleados que en esta ocasión no se abriría ningún expediente porque no se había presentado ninguna denuncia al canal ético de la entidad.

La Intervención General del Gobierno de Navarra ha detectado “irregularidades” en el fraccionamiento de contratos para la reconstrucción del parque de la naturaleza Sendaviva tras los incendios que lo calcinaron en 2022. El parque está gestionado por Parquenasa, sociedad de la que el Ejecutivo foral posee un 45% de las participaciones (el otro 55% es de accionistas privados), que adjudicó de manera directa a la empresa Adentro Construimos por un valor cercano a los 800.000 euros cuatro contratos por separado. Ahora la Intervención concluye que los cuatro contratos debieron licitarse en uno solo y mediante el procedimiento abierto.

Estos hechos está siendo también investigados por un juzgado de Pamplona y por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. Ambos consideran que los contratos se pudieron trocear de forma indebida para adjudicarlos de manera directa, ya que por separado ninguno supera los 200.000 euros por escaso margen, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas.

En su informe, al que ha tenido acceso este periódico, Intervención señala que los cuatro contratos tienen un objeto “muy similar”, que se adjudicaron a la misma empresa, que las obras se llevaron a cabo en “el mismo momento temporal” y que en su conjunto “responden a una única unidad económica, funcional y operativa”. Destaca que se licitaron por el importe máximo fijado por ley para los procedimientos simplificados, es decir, 200.000 euros, lo que constituye “un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido”. Así, destaca que en el caso de ser susceptibles de ejecución diferenciada, “podría haberse previsto su licitación por lotes, pero en todo caso tomando como valor estimado el importe de los mismos, lo que habría exigido el seguimiento de un procedimiento abierto”.

Con los modificados superaron los 200.000 euros

La Intervención General también apunta que tras los modificados de los cuatro contratos, cada uno de ellos terminó siendo superior a los 200.000 euros. “Estas modificaciones, fundadas por la beneficiaria principalmente en su carácter imprevisible, afectan de modo muy acusado al procedimiento de licitación, ya que, de haberse previsto, habrían dado lugar a que el importe de licitación de cada una de ellas hubiera sido superior a 200.000 euros, lo que habría exigido acudir a un procedimiento abierto”, añade.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción también apreció irregularidades en varios abonos a la empresa adjudicataria “fuera de presupuesto” y para las que no consta “justificación alguna”. Así, señaló: “Con estos trabajos fuera de presupuesto, el importe superaría los 200.000 euros, por lo que, de haberse incluido en el proyecto original, no habría podido licitarse por el procedimiento simplificado y habría que haber acudido al procedimiento abierto”.

Con todo, en sus conclusiones la Intervención General estima que el incumplimiento en la licitación de las obras ha sido “parcial” dado que la ejecución de las obras se ha realizado “correctamente”. Así, señala que “debe cuantificarse el impacto económico del incumplimiento observado de cara a la incoación del correspondiente expediente de reintegro”.

En una comisión parlamentaria, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, quien además es la presidenta de Parquenasa, la sociedad gestora de Sendaviva, ya avanzó que se va a solicitar el reintegro del gasto, tal y como les solicita la Intervención.

El Institut Català d’Oncologia (ICO), perteneciente al Departament de Salut de la Generalitat, troceó contratos de manera “irregular” para esquivar un concurso público entre 2023 y 2025, según demuestran documentos obtenidos por elDiario.es.

Las presuntas irregularidades incluyen también el pago duplicado de servicios que ya tenían licitados, así como una gestión “inadecuada” del presupuesto para materiales que implicó sobrecostes “excesivos y descontrolados” para el erario.

El ICO abrió el pasado noviembre un expediente a media docena de dirigentes y exdirigentes de esta empresa pública por, en algunos casos, “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa de este organismo de referencia en asistencia de enfermos de cáncer, cuya financiación depende íntegramente del Govern.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —Bellvitge, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 40% de la población adulta de Catalunya. 

Los expedientes se abrieron tras una denuncia anónima de un trabajador el pasado abril, en un caso que era conocido por buena parte de los dirigentes del ICO sin que nadie actuara, según figura en los expedientes a los que ha tenido acceso esta redacción. 

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Algunos de estos dirigentes habrían propiciado, siempre según la documentación, prácticas contrarias a la normativa de contratación pública que tuvieron un “impacto económico y reputacional” para el ICO.

Unas obras fraccionadas en contratos de 49.000 euros

Uno de los focos de la investigación interna es el fraccionamiento de las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales del ente. El proyecto, cuyo coste asciende por ahora a 251.000 euros (todavía sin acabar), fue troceado en ocho contratos menores inferiores a 49.000 euros para así evitar la preceptiva licitación. 

El jefe de Contratación Administrativa declaró que, ante la urgencia en ejecutar esas obras, desde la dirección del ICO se le pidió buscar la manera de tramitarlo como contratos menores y se acabó dividiendo la obra en lotes. Este dirigente declaró que avisó de que el procedimiento adecuado era hacer un concurso, pero aun así tiró adelante con el fraccionamiento. 

El Jefe de Proyectos, por su parte, justificó el fraccionamiento de contratos asegurando que en su experiencia previa en el sector farmacéutico privado estaba acostumbrado a hacer las cosas “de esa manera”.

Las irregularidades también están vinculadas al contrato de mantenimiento del ICO. La empresa adjudicataria COMSA, salpicada en el pasado por el caso 3%, facturaba aparte trabajos como reubicaciones de lugares de trabajo, telefonía, redes o reparaciones de maquinaria por las que ya cobraba en virtud de una adjudicación por labores de mantenimiento, de manera que acababa cobrando dos veces por los mismos servicios. 

“Se refleja una reiteración de contratos menores en el área de mantenimiento a favor de COMSA” o de “empresas vinculadas” a este compañía, apunta el expediente, “y la aportación por parte de COMSA de proveedores ‘competidores’, lo cual erosiona la concurrencia real”.

Este aspecto, junto a un aumento “excesivo y descontrolado” de costes en la partida de materiales —cuyo límite pasó de 75.000 a 500.000 euros— supuso un exceso de gasto para esta entidad que superó “los límites legalmente establecidos”, apunta el expediente.

Desde esta entidad responden a elDiario.es que el caso no afecta a cinco personas con perfil directivo, sino solo a “una persona directiva de primer nivel”, siendo el resto “responsables de distintas áreas y distintos niveles” bajo responsabilidad del mismo dirigente.

Explican que los hechos ocurrieron bajo una dirección distinta a la actual —aunque las irregularidades se registran hasta la primavera de 2025— y que a los implicados que aún trabajan en el ICO se les han aplicado “medidas disciplinarias”, sin precisar cuáles. Añaden que la entidad ha realizado un “cambio organizativo inmediato” para separar el área de contratación y compras del área de gestión económica.

“Se ha activado un plan de actuación para diagnosticar, analizar y supervisar el estado actual de los procesos de contratación”, responde una portavoz. “Se están revisando los mecanismos de control interno y aplicaremos las medidas que sean necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro”.

Desde el Departament de Salut “valoran positivamente” la gestión del caso. “Se constata que las herramientas de control del ICO han funcionado correctamente”, apuntan.

Antecedentes de mala gestión en el ICO

El expediente abierto a media docena de dirigentes y exdirigentes de esta entidad ha llegado apenas dos años después de que el antiguo director general del ICO, Ramon Salazar, dimitiera de su cargo por haber cobrado pagos de hasta siete farmacéuticas sin declararlos al portal de Transparencia.

El caso, distinto al revelado en este artículo, fue publicado por El Periódico de Catalunya y puso la lupa sobre el descontrol en la gestión económica del ICO, al destaparse también que Salazar estaba detrás de una empresa que organizaba jornadas anuales sobre cáncer, patrocinadas por laboratorios, bajo el sello de alguna institución sanitaria pública de Catalunya. 

El secretario general técnico del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Eduardo Jiménez, ha manifestado este miércoles que su departamento está estudiando “las fórmulas jurídicas para poder abonar los sobrecostes” que recogía el modificado de las obras de los túneles de Belate que ha recibido el reparo suspensivo por parte de la Intervención General. Según ha explicado, él ha “avalado jurídicamente” dichos cambios propuestos en el modificado de la obra, aunque ha señalado que no siente que tenga “ninguna responsabilidad”. “Emití un informe jurídico con una dirección facultativa que asegura unos imprevisibles y lo razona con motivos que figuran en el informe jurídico”, ha confesado durante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra.

El de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate es el mayor contrato que se llevó en Navarra Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo después de haber encontrado en el domicilio particular del empresario vasco un documento privado por el que Santos Cerdán adquirió en 2016 el 45% de las participaciones de la compañía. También es la obra de infraestructuras viarias más relevante de Navarra.

La obra fue licitada por el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, del que forma parte Eduardo Jiménez. Para ello se conformó una mesa de contratación, que a diferencia de otras anteriores contó con más miembros. Estuvo conformada por ocho, de los que cinco eran ingenieros (los que emitieron las puntuaciones) y tres, personal jurídico. El presidente de la mesa fue Jesús Polo Soriano, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Administración Foral. Tenía 73 años en el momento de la licitación y se le permitió seguir como funcionario pese a estar en edad de jubilación merced a tres prórrogas especiales contempladas en la ley navarra.

Según ha relatado en la comisión el presidente de la mesa, Jesús Polo, durante el proceso se generó un muy mal ambiente de trabajo entre la parte técnica (los ingenieros) y la jurídica (los letrados). Polo se llegó a referir a una “guerra abierta” entre ambas partes. ¿El motivo? Las discrepancias que surgieron sobre la forma de valorar técnicamente las ofertas. Mientras los letrados reclamaron “mayor justificación” de las valoraciones, los ingenieros acusaron a los letrados de ser “técnicamente ignorantes” en sus cuestionamientos. Estas tensiones llevaron a que los miembros de la mesa de contratación se reunieran de forma presencial únicamente en tres ocasiones y que la propuesta de adjudicación se terminase decidiendo a través de una sucesión de correos electrónicos.

Según ha detallado Jiménez, se incorporó como secretario general técnico de Cohesión Territorial en octubre de 2023, por lo que la propuesta de la adjudicación de la obra ya estaba hecha, pero era consciente de las discrepancias técnicas dentro del proyecto de la adjudicación de la obra de los túneles de Belate. “Ha habido discrepancias entre los técnicos y los vocales jurídicos y el interventor del procedimiento y al final se aprobó una adjudicación con unos votos particulares o se hizo una propuesta de la Mesa de contratación con unos votos particulares de los vocales técnicos y del vocal de intervención”, ha confesado.

Preguntado sobre si tuvo información de que hubiera habido influencia externa en algún miembro de la mesa o si escuchó hablar de los rumores sobre la adjudicación, Eduardo Jiménez ha explicado que a él no le llegó “nada”. “Se comentó algo del rumor, que habían comentado los técnicos, pero para nada ningún motivo de influencia, todo lo contrario. Yo creo que en las comparecencias todos los técnicos y todo el personal han votado y han valorado en conciencia, sin ningún tipo de presión”, ha señalado.

Además, Eduardo Jiménez no ha considerado que la adjudicación de Belate se pueda considerar nula de pleno derecho. “La nulidad de pleno derecho es la sanción más grave que hay en derecho y tiene que ser para un caso en el que hay una infracción absoluta del procedimiento. En este caso, nosotros entendemos que se han cumplido los requisitos -en la mesa de contratación- porque hay actas, hay correos. Los correos se consideran documentos de trabajo y la ley, en principio, lo admite como forma de comunicación en la que se plasma la voluntad de los distintos miembros de la mesa de contratación a la hora de tomar las decisiones. Por lo tanto, vemos que se ajusta la normativa y entendemos que no hay una causa de nulidad de pleno derecho”, ha indicado.

Sobre quién va a asumir el coste derivado del modificado, Jiménez ha señalado que “eso es competencia de la Dirección General de Obras Públicas”. “Con este informe lo que plantea ahora, están las certificaciones desde mayo sin abonar y se van a abonar quitando las unidades modificadas. Ahora mismo se está trabajando desde la Dirección General de Obras Públicas, que ya ha remitido a Intervención esas certificaciones y se está trabajando para sacarlas adelante. A la vez se están estudiando posibilidades jurídicas a futuro con la cuestión de estas unidades. En el informe lo que se propone son modificaciones de unas unidades que se consideran necesarias. Ahora Intervención ha entendido que hay unos incrementos de precios hacia algunas unidades. Es una propuesta por los órganos competentes de modificación de un contrato”, ha declarado tras negar que “hace un simple seguidismo del Gobierno” en su informe como le ha acusado el parlamentario de UPN Pedro González en su interrogatorio.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,4 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la reposición y ejecución de 91,35 km de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria en Extremadura.

Los nuevos cerramientos se instalarán en la línea Madrid-Valencia de Alcántara, en el entorno de los municipios de Casatejada, Casar de Cáceres, Mirabel y Garrovillas de Alconétar, en la provincia de Cáceres. En la línea Cáceres-Frontera Portuguesa, en el entorno de Cáceres. Y en la línea Zafra-Jerez de los Caballeros, en los términos municipales de Burguillos del Cerro, Puebla de Sancho Pérez y Zafra, en la provincia de Badajoz. 

Estas actuaciones responden a la necesidad de reforzar la infraestructura en el entorno de poblaciones que han experimentado un importante crecimiento urbano en los últimos años, con el fin de disuadir de intrusiones y tránsitos indebidos por las vías. 

La instalación de cerramientos favorece el tránsito por los pasos habilitados, incrementando las condiciones de seguridad para los ciudadanos y para las circulaciones ferroviarias.  

Además de estas actuaciones más localizadas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue trabajando para el desarrollo de la alta velocidad a Extremadura y, recientemente, ha adjudicado por 157,5 millones tres contratos para avanzar en el desarrollo del tramo Talayuela-Plasencia. Estos trabajos contribuyen a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).

La Diputación de Badajoz, a través de su Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, ha publicado la licitación para la realización de obras de reforma, adecuación, conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones pertenecientes a la institución provincial. El presupuesto base de licitación asciende a cas 1,14 millones de euros para la anualidad de 2026. 

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de diciembre de 2025 y consultar toda la documentación en el Portal de Licitación Pública de la Diputación de Badajoz. (https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=24473) .

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses y se divide en siete lotes que abarcan diferentes zonas y edificios provinciales.

Distribución por lotes

El Lote 1, correspondiente al Edificio de Palacio y Hospital Centro Vivo, cuenta con un presupuesto base de licitación de 121.000 € (IVA incluido); el Lote 2, relativo a la Manzana de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, con 363.000 €; el Lote 3 abarca los Conservatorios de Música y el MUBA, con 121.000 €; el Lote 4, referente a la Finca La Cocosa, el Parque Móvil Provincial y EMFRON, con 134.700 €; el Lote 5 corresponde a los edificios de la Zona Este, La Serena y Siberia, con 133.100 €; el Lote 6, para los de edificios de la Zona Centro y Los Baldíos, con 133.100 €; y el Lote 7, relativo a la Zona Sur-Suroeste, con 133.100 €.

Estas actuaciones reafirman el compromiso de la institución provincial con los objetivos de desarrollo sostenible, contribuyendo especialmente al ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; al ODS 9 sobre Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Después de la renuncia este sábado de la empresa BOAL Eventos de seguir en la licitación del espacio festivo La Terraza de San Mateo, para lo que era la única oferta presentada, las reacciones no han tardado en llegar. Entre las primeras, la del propio Ayuntamiento de Logroño, que ha dicho mantener “su compromiso por configurar un programa festivo de San Mateo 2025 completo, diverso y variado que pueda ser disfrutado por todos los públicos”.

“El Ejecutivo local lamenta las actitudes que diferentes partidos y colectivos han mantenido durante estas semanas respecto al procedimiento administrativo de la Terraza de San Mateo”, en referencia a las acusaciones de irregularidades en la licitación y las críticas de parte de la sociedad logroñesa por que el administrador de la empresa fuera un exdirigente de la asociacion 'Nueva Época“, declarada ilícita. El Equipo de Gobierno ha defendido que ha sido ”un procedimiento impecable, legal, avalado por los técnicos municipales y que se ha desarrollado con total transparencia“

La Terraza de San Mateo buscaba ofrecer a una empresa la gestión de un espacio festivo como lo era anteriormente el Espacio Peñas y justifican que “el objetivo era dotarle de permanencia durante los próximos cuatro años con una licitación pública en libre concurrencia” para conseguir un formato consolidado.

El Ejecutivo local ha dicho estar “ultimando el diseño de un buen programa en el que se han introducido novedades importantes apostando por una mayor calidad artística musical, diversidad de estilos y música en todos los rincones de la ciudad”, entre lo que han destacado el concierto de Mikel Izal.

Por su parte, el PSOE ha pedido la dimisión o cese del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, “como máximo responsable del proceso de adjudicación de la terraza de San Mateo, un proceso marcado por la opacidad, viciado desde el primer momento y profundamente injusto”.

Para el PSOE, “el PP está instalado en un desgobierno marcado por un absoluto descontrol, sin rumbo y sin liderazgo”. Conrado Escobar “es el peor alcalde de la historia de la democracia”, han señalado. “Estamos ante las segundas fiestas de San Mateo que organiza el PP y, de nuevo, vuelve a cometer errores de bulto y a demostrar una incapacidad para gobernar que resulta preocupante”, han finalizado.

En el lado contrario, el grupo municipal del PP en Logroño ha acusado de “sabotaje contra las fiestas de todos los logroñeses” al “PSOE y la extrema izquierda” y ha considera que las críticas sobre la Terraza de San Mateo son “una campaña de acoso contra el ayuntamiento y contra una iniciativa festiva familiar y logroñesa” y han defendido que la licitación ha sido “un procedimiento perfectamente legal”.