El juicio del 'caso Alquería' encara sus últimas sesiones con las conclusiones de las acusaciones populares y las defensas. La letrada de la entidad 'Acción Cívica contra la Corrupción', Miriam Salmerón, ha señalado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez como el máximo responsable de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra enjuiciados. Rodríguez, ha apostillado la abogada, “ocultó la contratación ilegal a los miembros del Consejo de Administración que no eran miembros del equipo de gobierno y ocultó los informes jurídicos negativos previos y posteriores”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en el juicio del 'caso Alquería' penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

La abogada ha trazado una panorámica sobre los cargos contratados en la firma, afines al PSPV-PSOE y a Compromís: “Fueron un engaño pues no se les otorgaban poderes ni facultad alguna; sus beneficiarios, todos ellos compañeros de partido político, no obligaban a la empresa ni dirigían su gestión, no formalizaban compras, no realizaban pago alguno, no tenían autonomía ni asumían responsabilidad alguna, algunos no tenían ni presupuesto, ni personal a cargo, otros ni siquiera acudían con regularidad al puesto de trabajo, alguno ni trabajó”.

La acusación popular ha recordado que, tras el cese de siete de los contratados de alta dirección, Divalterra “siguió funcionando sin cubrir dichos puestos”. La letrada, en la línea de la Fiscalía Anticorrupción en su exposición de conclusiones, ha destacado que el empleo público la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad “está fuera de toda duda”.

Las defensas sostienen que existe un debate jurídico sobre los contratos de alta dirección (el policía encargado de la investigación reconoció que desconocía este extremo). Sin embargo, la acusación popular argumenta que en los contratos del 'caso Alquería' “se seleccionó directamente a dedo sin ningún tipo de análisis de la capacidad de los contratados”. “Se maquinó” para “contratar a dedo” a los altos directivos “sin evaluar ningún tipo de mérito ni capacidad”, ha denunciado Miriam Salmerón.

La acusación popular ha pedido al tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia una sentencia condenatoria. Una absolución, ha dicho, “lesionaría gravemente la prevención general y específica del derecho penal para toda la clase política porque la impunidad de la corrupción es un crimen en sí misma”.

El letrado de la otra acusación popular, que ejerce el PP, también ha señalado a Jorge Rodríguez como el “principal instigador” de los contratos de alta dirección y ha aludido a una “intencionalidad directa” de saltarse la ley, según recoge Europa Press. “Se hizo una trama de contratación ilegal en perjuicio del erario público”, ha abundado el abogado Vicente Ibor.

La acusación popular del PP ha recordado que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración de Divalterra. “¿Por qué no se hizo, pese a que PSPV y Compromís tenían mayoría en el Consejo?”, se ha preguntado el letrado, y ha contestado: “Es evidente que no llevaron los contratos al Consejo porque no podían contar con los informes favorables preceptivos”.

“Todo se hizo de forma deliberada”, ha apuntado el abogado, quien ha añadido que había una “ilegalidad” en el modo de la elección de los contratados, un “clientelismo político”.

Jorge Rodríguez “no dio ningún nombre”

La defensa de Jorge Rodríguez, que ejerce la letrada Ángela Coquillat, ha dado una versión diametralmente distinta. “No participó en los contratos de altos directivos ni enchufó a nadie. Tampoco sabía nada de su presunta ilegalidad”, ha dicho. Su cliente tampoco participó en el acuerdo de Gobierno de 2015 entre el PSPV-PSOE, Compromís y València en Comunitat que repartió las áreas, según ha destacado la letrada. También ha negado que Rodríguez tuviese la intención de enchufar a afines a su antiguo partido (tras su detención por el 'caso Alquería' dejó de militar en las filas socialistas y creó La Vall Ens Uneix, formación con la que revalidó su mandato como alcalde de Ontinyent). “De haber sido así también hubiera nombrado a otros directivos en otras empresas públicas que gestionaba. Y no se hizo”, ha añadido.

Cuando Rodríguez llegó a Divalterra, ha proseguido, “se necesitaba control y había mucho que hacer”, lo que justificó, a su entender, el nombramiento de cogerentes. “Había que poner controles en la empresa y se pusieron. Y así lo decía el exjefe jurídico José Luis Vera en un informe”, ha manifestado.

“Era una empresa [Divalterra] muerta y sin futuro y tan solo utilizada para intereses espúreos de algunas personas. Se quiso trabajar y solucionar este problema y, para fomentar la transparencia, se buscó una empresa auditora externa”, ha dicho, y se ha preguntado: “¿Qué sentido tiene que vigilen tu legalidad si tu intención es hacer ilegalidades?”.

La letrada ha recordado que hubo dos informes favorables a las contrataciones de alta dirección. “Rodríguez no participó entregando ningún currículum ni en las entrevistas. Solo le informaron sobre las capacidades de ellos. No dio ningún nombre ni mandó ningún correo o WhatsApp enchufando a nadie. No participó en la redacción de contratos ni se le advirtió de ningún problema de forma inicial, ni por parte de los expertos ni de los técnicos jurídicos de Divalterra”, ha aseverado.

No fue hasta noviembre de 2015, una vez efectuados los contratos, cuando supo por parte del exgerente Víctor Sahuquillo que podía haber alguna irregularidad. Y a la vista de sus manifestaciones, fue cuando pidió a los gerentes que solicitaran a José Luis Vera un informe, en el que sólo se hablaba de “dudas” pero no de “ilegalidades”. “Salvo esos correos ninguna irregularidad se le hizo saber a Rodríguez”, ha dicho la letrada.

La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia ha reconocido que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración: “No cabe duda de ello, pero tampoco hay duda de que no había ninguna reticencia ni nadie informó que la hubiera. Y de ahí a que no se conociera que se había contratado a siete personas, eso no. Se ha acreditado que estos nombramientos se hicieron a bombo y platillo y se les dio publicidad”, ha subrayado.

La Diputació de València ha iniciado este martes el proceso de conversión de Divalterra y el Patronato de Turismo en un único organismo público que seguirá prestando los servicios de ambos entes de forma unificada y bajo el control de Intervención de la Diputació. Así lo han decidido en el pleno de febrero los seis grupos representados en la cámara provincial, que han dado luz verde de forma consensuada a este proceso en el que se ha hecho partícipes a los representantes de los trabajadores.

El presidente de la Diputació, Toni Gaspar, ha leído durante el pleno la enmienda al dictamen de la Comisión de Administración General de 24 de enero del presente año, que incluye como principal novedad la creación de una comisión informativa en la que estarán representados todos los grupos y en la que podrá debatirse la memoria que incluirá las posibles formas de gestión del nuevo organismo público, así como la propuesta de estatutos. Esta enmienda llega después de que el propio Gaspar pospusiera hace 15 días el inicio del proceso de conversión a petición de los grupos de la oposición, en busca del consenso alcanzado.

Los representantes de los grupos políticos en la oposición han agradecido al presidente su invitación al diálogo. El diputado del PP Carlos Gil ha valorado la creación de la comisión informativa que permita a todos los grupos “disponer de la información en tiempo y forma”. Populares y Vox han votado a favor de este proceso de conversión junto al equipo de gobierno formado por el PSPV y Compromís, mientras que Ciudadanos y La Vall se han abstenido tras valorar positivamente la voluntad de implicar a todos en el futuro de Divalterra.

El portavoz de La Vall ens Uneix, Joan Sanchis, ha propuesto que los estatutos del nuevo ente público recojan el espíritu de la Diputació de ayudar a los pueblos más pequeños, extremo que podrá abordarse en la comisión informativa creada para escuchar a todos los representantes públicos de la Diputació, como ha recordado el presidente, Toni Gaspar.

Un mes para la Memoria

Con la aprobación del expediente para la transformación de estos dos entes dependientes de la Diputació en uno distinto, que garantice una gestión más eficiente y sin aumentar coste alguno, se abre un mes de plazo para que la Secretaría General de la Diputació y Dirección Gerencia de Divalterra elaboren una memoria justificativa que valore las posibles formas de gestión previstas en el artículo 85.2 a de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL).

La transformación de Divalterra y el Patronato de Turismo, segun la Diputación, “supone la total garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que fue el compromiso adquirido por el presidente Gaspar como punto de partida para este proceso, asegurando a su vez la continuidad en la prestación del servicio que se viene desempeñando en los municipios valencianos”.

El objeto social recogerá las actividades que hasta ahora Divalterra ejecutaba por encomienda de la Diputació de València, como la gestión de las brigadas forestales, o la encuesta de infraestructuras locales, además de competencias en turismo.

El modelo de gestión escogido debe quedar justificado en la memoria que, además, debe incluir una propuesta de Estatutos para el nuevo organismo, con sus funciones y competencias, los máximos órganos de dirección, el patrimonio y los recursos económicos que se le asignen y el régimen de recursos humanos y contratación. Todo con el objetivo de reforzar los controles sobre la actividad de la empresa y aclarar el funcionamiento y la gestión del personal, garantizando los derechos de las plantillas de Divalterra y de Turismo.

El juez del caso Alquería ha aceptado que preste declaración la antigua cogerente de Divalterra, Agustina Brines, testimonio que se realizará a petición de la propia Brines. La declaración también tendrá lugar el 30 de enero, el mismo día en el que decarará también un perito económico a propuesta de Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y principal investigado en el caso.

Se trata del Economista-Auditor José Andreu, autor de un informe pedido por el mismo Rodríguez, y en el que se niega perjuicio alguna en Divalterra por la gestión del expresidente de la diputación en el periodo 2015-2018.

En dicho informe pericial se afirma que “la gestión del órgano de Administración y su Presidente Don Jorge Rodríguez Gramaje no ha perjudicado económicamente la Entidad Divalterra S.A.”. El documento consta de 20 páginas, y a lo largo de su escrito se afirma que “se observa una reducción importante de los costes (personal y explotación) registrados por la sociedad, lo cual supone un importante beneficio para la Administración Pública (socio único de Divalterra, S.A.) al verse reducidas las necesidades de financiación (subvenciones) de la entidad participada…”.

En las conclusiones de dicho informe se indica que las cuentas de Divalterra fueron auditadas de forma externa y que dichos informes no presentaron salvedad alguna.

Los contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) investigados en el caso Alquería (por el que fueron detenidos inicialmente e imputados media docena de políticos y cargos de la corporación provincial) no estaban claros desde el principio para el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y para los propios responsables de la empresa pública del PSPV y de Compromís, como muestran las conversaciones de WhatsApp analizadas por la UDEF en un informe entregado al juez al que ha tenido acceso eldiario.es.

La cogerente de empresa pública por Compromís Agustina Brines, investigada en la causa, reconoce en un mensaje que “la situación en Divalterra es complicada jurídica y políticamente”. “Estoy muy preocupada (...) que la mierda del PSOE no nos arrastre a Compromís. ¡Lo conseguiremos!”, exclama.

Al final, la “mierda del PSOE” acabó salpicando a ambos socios de gobierno y el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, la misma Brines y varios responsables de Divalterra, tanto del PSPV como de Compromís, están investigados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. 

El informe de 300 páginas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entregado al juez el pasado 16 de octubre, analiza una treintena de teléfonos, memorias USB y ordenadores de los principales investigados y  vuelve a apuntalar las conclusiones del sumario: los imputados conocían que los contratos de alta dirección en Divalterra eran ilegales, entre otros motivos porque la decena de informes jurídicos solicitados por la Diputación, a excepción de uno, eran desfavorables.  

Una conversación entre el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y su asesor Manuel Reguart (hijo del anterior alcalde socialista de Ontinyent, ciudad de la que es alcalde Rodríguez, incluos tras haber abandonado el PSPV por su imputación en el caso), muestra, a juicio de la Policía, la “incertidumbre jurídica respecto a la contratación de los altos directivos”:

Manolo Reguart Jr: “Estos son los 6 puestos de alta dirección de IMELSA que quieren contratar, sueldo 50mil”.

MR Jr: “Los técnicos que se indican con flechita quieren que sean por concurso”.

Jorge Rodríguez: “No eran 6”.

MR Jr: “A nosotros (al presidente, vaya) nos proponen cambiar el título del puesto ”estudios y estrategia local“, por un título que nos interese, y poner a la persona que queramos”.

Jorge Rodríguez: “Eran 4”.

MR Jr: “Correcto”.

J.R.: “Eso es una barbaridad”.

J.R.: “Porque además nosotros solo tenemos 2 chorradas de medio ambiente”.

J.R.: “Compromís se queda de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica”.

J.R.: “Esa era nuestra y es el perfil que hemos buscado nosotros”.

Otra conversación, esta vez entre Ricard Gallego, jefe de gabinete de Rodríguez, y Jorge Cuerda, secretario del Consejo de Administración de Divalterra, también “demuestra” según la UDEF, que los investigados sabían que los contratos de alta dirección no cumplían los requisitos legales. Gallego pasaba las órdenes a Cuerda, el hombre fuerte del presidente en Divalterra encargado de facilitar “la hoja de ruta para la contratación del resto de altos cargos”: “Me gustaría que el informe hablase en general, no del nombramiento de uno o dos cargos sino de todos, de manera que evitemos hablar de competencias concretas. Tú escribes las generales y después el acuerdo de consejo que añada las que considere (...)”.

En un ordenador de Cuerda, la Policía localiza un borrador de “reproche a Jorge Ochando”, el diputado provincial de Ciudadanos, uno de los denunciantes del caso junto a los cargos nombrados por Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, que denunciaron inicialmente las presuntas irregularidades. El documento, que propone la expulsión de Ochando del Consejo de Administración de Divalterra, supone una “amenaza velada” al denunciante del caso, según apunta la UDEF. El borrador sugiere “interponer una denuncia por la supuesta comisión de un delito de denuncia falsa, achacándole que únicamente tiene afán personal y partidista en sus denuncias de irregularidades”, indica la Policía.  

Xavier Simó, cogerente del PSPV junto a Brines en Divalterra, pregunta en un WhatsApp a un interlocutor desconocido sobre un informe jurídico para regularizar los contratos de alta dirección. “En el Consejo se dijo de quitar algo —responde el interlocutor desconocido— cosa que yo no recomiendo porque al final no quedarán funciones directivas y, por tanto, informaré en contra”. La respuesta demuestra, según la Policía, la “intencionalidad e interés respecto al encaje legal” por parte de los investigados que pretendían “realizar una contratación ad hoc”. Simó sustituyó a Víctor Sahuquillo —quien advirtió en un e-mail profético al presidente de la Diputación sobre el desastre que se avecinaba— en la gerencia de la empresa pública.  

En el teléfono móvil de Ricard Gallego los investigadores analizaron un chat en el que participaban Jorge Rodríguez, su jefe de gabinete y la entonces mano derecha del presidente de la Diputación, Rebeca Torró. Aunque la UDEF comprueba que en este chat “no existen conversaciones relacionadas con los hechos investigados”, sí que desliza que hablan “sobre la organización del PSPV a nivel provincial y a nivel autonómico y el apoyo que Jorge Rodríguez pueda dar a Ximo Puig”. Torró, que era la número dos de Jorge Rodríguez en el Ayuntamiento de Ontinyent, acabaría rompiendo con él cuando creó su porpio partido al margen de los socialistas, La Vall Ens Uneix, al ser apartado de la candidatura por su imputación en el caso Alquería y fue nombrada más tarde secretaria autonómica del Gobierno de Puig.  

Los investigadores también destacan los extractos bancarios con algunas de las aportaciones mensuales del asesor Manuel Reguart y del jefe de gabinete, Ricard Gallego, al PSPV. La Policía considera, además, que los investigados crearon un  Consejo de Dirección, paralelo al Consejo de Administración, que resulta “ajeno totalmente a la estructura de Divalterra”. El propio Gallego desliza en un mensaje enviado al diputado provincial de Compromís Josep Vicent Bort que se trata de un “consejo de dirección político”.

El jutjat d'Instrucció que investiga el cas Alqueria, que va acabar amb la detenció de cinc persones i l'expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez, ha reiniciat la instrucció que segueix baix secret de sumari. La denúncia inicial d'un treballador de l'empresa pública Divalterra que va precipitar la posterior denúncia del fiscal en el jutjat assenyalava la contractació per “recomanació” de set alts càrrecs de PSPV i Compromís i les amenaces i coaccions que hauria patit per part de Rodríguez i el seu entorn per a “legalitzar” aquestes contractacions en un consell d'administració de novembre de 2016.

L'empleat que va presentar aquesta denúncia per nepotisme i falta de competència en l'accés als llocs directius va entrar en l'empresa al setembre de 2013 a dit quan era gerent Marcos Benavent, l'autodenominat ionqui dels diners. El seu accés, com el de tots els llocs que van accedir a l'empresa pública Divalterra entre 2007 i 2014, van ser irregulars, com va concloure la Intervenció General de l'Estat en un informe pericial present en el sumari del cas Taula -que investiga el saqueig de l'anterior Imelsa en l'etapa del PP- i al qual ha tingut accés eldiario.es.

En el cas del denunciant del cas Alqueria, que en parlar amb aquest periòdic fa diversos mesos es va negar a explicar la denúncia en estar la causa sota secret de sumari, el seu accés a l'empresa com a tècnic jurídic en 2013 ni va tenir prova de coneixements ni test psico-tècnic ni una valoració de mèrits. Aquest empleat, que gaudeix d'un important estatus en l'actualitat, va ser seleccionat amb una sola entrevista entre vint aspirants, segons l'informe de la Intervenció. És a dir, va accedir d'una manera totalment discrecional quan Marcos Benavent controlava l'empresa.

Però no va ser l'únic benefici que va rebre del “ionqui dels diners”, ja que en 2014 va rebre un plus de productivitat de 6.129 euros. Aquest pagament, que també van cobrar Benavent i altres alts càrrecs de la saquejada Imelsa, està sent investigat en el cas Taula després del peritatge d'Intervenció de l'Estat. Com va explicar eldiario.es fa dos mesos, aquest empleat va ser un d'aquells el sou dels quals va ser ocultat als responsables d'administració. Un fet més que certifica el bon tracte que va rebre el cervell del cas Taula.

L'actual govern d'esquerres ha mantingut a aquest jurista en llocs de responsabilitat i amb retribucions especials fins a la seua ruptura amb Rodríguez i el seu equip als quals, a més de denunciar per col·locar alts càrrecs, també acusa de coaccions i amenaces, presumptes delictes que no s'estan investigant en una causa que encara és secreta. Crida l'atenció que aquest empleat realitzara una denúncia per les contractacions i que el seu mateix accés també haja sigut ratllat d'irregular per la Intervenció en el cas Taula.

Divalterra, la empresa pública que ha hecho caer a los dos últimos presidentes de la Diputación de València, Alfonso Rus (PP) -cuando todavía era Imelsa-, y Jorge Rodríguea (PSPV) ha iniciado su autoliquidación.

PSPV, Compromís, EU, València en Comú, PP y Ciudadanos (y la abstención del no adscrito José Enrique Aguar) aprobaron por unanimidad el nombramiento de los 12 miembros del organigrama de la empresa pública que van a ponerle punto y final, final que no obstante todavía no tiene fecha.

De este modo se aprobó este martes en el pleno de la Diputación de València lo que ha denominado “transformación jurídica y el cierre ordenado de la empresa”, y que tiene una hoja de ruta que el presidente de la corporación, Toni Gaspar, transmitió a los trabajadores de la empresa pública este mismo mes, aunque ha eludido directamente poner fecha y ha derivado la responsabilidad en el nuevo consejo.

Esta hoja de ruta fija una nueva figura jurídica para gestionar la empresa, que será determinada por el nuevo consejo. Este consejo, integrado por 12 miembros, se reunirá por primera vez este miércoles, en una sesión en la que quedarán definidos los cargos directivos y se abordarán los temas ordinarios pendientes para no bloquear la gestión de la empresa.

Los consejeros que representarán a cada uno de los grupos políticos serán Mercedes Berenguer (PSPV), Rafael Soler (PP), Emili Altur (Compromís), Jorge Ochando (Ciudadanos), Roberto Jaramillo (València en Comú) y Rosa Pérez-Garijo (EUPV). Los integrantes serán completados por Ruth López, presidenta del Comité de Empresa, como representante de los trabajadores de Divalterra; los técnicos de la institución Pedro Domingo, José Javier Cuenca, Beatriz Moreno y Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada; y el secretario de la corporación, Vicente Boquera.

El presidente de la Diputació, Toni Gaspar, ha destacado “el esfuerzo tanto de los grupos políticos como de los empleados de la Diputación y los trabajadores de Divalterra para alcanzar el consenso y buscar una solución definitiva que garantice los empleos” de una empresa que cuenta en la actualidad con cerca de 700 personas en plantilla.

Els investigadors del cas Alquería segueixen aprofundint en l'aclariment de l'estructura -o estratègia- que es va utilitzar des de l'empresa pública Divalterra (antiga Imelsa) per a contractar set alts càrrecs sense el corresponent procés de selecció públic i de lliure concurrència i pels quals van detenir i van imputar sis persones pels presumptes delictes de prevaricació i malversació de cabals públics, entre ells l'expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez.

El titular del jutjat número 9 de València, Miguel Ángel Casañ, i el fiscal Anticorrupció, Pablo Ponce, indaguen en les persones que “van muntar” i van justificar amb aparença de legalitat la contractació de set alts càrrecs que van ocupar persones afins a PSPV i Compromís. En la desena d'interrogatoris que els investigadors han realitzat a testimonis i imputats les preguntes han anat a la recerca del pecat original.

Segons ha pogut saber eldiario.es de diferents fonts, les declaracions dels interrogats han apuntat al primer equip de la empresa Imelsa -posterior Divalterra- quan l'esquerra va aconseguir el poder al maig de 2015. En concret, el primer gerent José Ramón Tíller; el primer cap de gabinet de Jorge Rodríguez, José Manuel Orengo, i el director dels serveis jurídics, José Luis Vera, que va encarregar i va redactar informes sobre la contractació en els quals donava opció de continuar amb les contractacions.

La causa continua secreta però la documentació amb la qual treballen els investigadors -excepte els documents extrets dels aparells electrònics confiscats en els registres- és pública i ja obra en la investigació. Per exemple, l'acta del primer consell d'administració de Divalterra -encara es deia Imelsa- de 24 de juliol del 2015 en què el Partit Popular ja avisava dels problemes de contractar directius sense concurrència pública.

Així i després d'aprovar el nomenament per part del gerent, José Ramón Tíller, de José Luis Vera com a director dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència de Divalterra, ja salta la primera espurna amb el PP. És el portaveu dels populars Rafael Soler qui demana la paraula en el consell d'administració i pregunta al secretari i a l'assessor jurídic si “la contractació de personal en l'empresa pública ha de fer-se seguint els mateixos principis de publicitat, mèrit i capacitat que en l'administració pública”.

El secretari, reflecteix l'acta, respon que efectivament així ha de ser. En aqueix moment demana la paraula en el consell d'administració el cap de gabinet de Rodríguez, en aqueixa època José Manuel Orengo. Aquest últim assegura que “els estatuts socials no són limitatius dels contractes d'alta direcció, que no estan subjectes a la publicitat, mèrit i capacitat, amb un règim especial de contractació”. És en aqueix moment, i així ho han declarat davant el jutge i el fiscal varis interrogats, quan es comencen a asseure les bases per a la creació de llocs de “alta adreça” en *Divalterra que abans tenien la figura legal de directors d'àrea.

D'aquesta manera *Divalterra comença a encarregar informes per a justificar les contractacions. Entre setembre de 2015 i juny de 2016 es presenten fins a set informes sobre aquesta contractació. Les opinions dels experts són contradictòries amb negatives taxatives com la de Santiago Blanes (*Tomarial). El 14 de juny, el cap de jurídic Vera ofereix dues opcions, mantenir als set directius contractats estudiant la possibilitat de donar-los poders executius als càrrecs o rescindir els contractes i traure'ls a concurs. S'opta per la primera opció i es manté la guerra d'informes fins a la denúncia que desencadena l'operació *Alquería.

Los investigadores del caso Alquería siguen profundizando en el desenmarañamiento de la estructura -o estrategia- que se utilizó desde la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) para contratar a siete altos cargos sin el correspondiente proceso de selección público y de libre concurrencia y por los que detuvieron e imputaron a seis personas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

El titular del juzgado número 9 de Valencia, Miguel Ángel Casañ, y el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, indagan en las personas que organizaron y justificaron con apariencia de legalidad la contratación de siete altos cargos que ocuparon afines a PSPV y Compromís. En la decena de interrogatorios que los investigadores han realizado a testigos e imputados las preguntas han ido en busca del pecado original.

Según ha podido saber eldiario.es de distintas fuentes, las declaraciones de los interrogados han apuntado al primer equipo de la Imelsa -posterior Divalterra- cuando la izquierda alcanzó el poder en mayo de 2015. En concreto, el primer gerente José Ramón Tíller; el primer jefe de gabinete de Jorge Rodríguez, José Manuel Orengo, y el director de los servicios jurídicos, José Luis Vera, quien encargó y redactó informes sobre la contratación en los que daba opción de continuar con las contrataciones.

La causa continúa secreta pero la documentación con la que trabajan los investigadores -excepto los documentos extraídos de los aparatos electrónicos incautados en los registros- es pública y ya obra en la investigación. Por ejemplo, el acta del primer Consejo de Administración de Divalterra -todavía se llamaba Imelsa- de 24 de julio de 2015 en el que el Partido Popular ya avisaba de los problemas de contratar a directivos sin concurrencia pública.

Así y tras aprobar el nombramiento por parte del gerente, José Ramón Tíller, de José Luis Vera como director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia de Divalterra, ya salta la primera chispa con el PP. Es el portavoz de los populares, Rafael Soler, quien pide la palabra en el Consejo de Administración y pregunta al secretario y al asesor jurídico si “la contratación de personal en la empresa pública debe hacerse siguiendo los mismos principios de publicidad, mérito y capacidad que en la administración pública”.

El secretario, refleja el acta, responde que efectivamente así debe ser. En ese momento pide la palabra en el Consejo de Administración el jefe de gabinete de Rodríguez, en esa época José Manuel Orengo. Este último asegura que “los estatutos sociales no son limitativos de los contratos de alta dirección, que no están sujetos a la publicidad, mérito y capacidad, con un régimen especial de contratación”. Es en ese momento, y así lo han declarado ante el juez y el fiscal varios interrogados, cuando se empiezan a sentar las bases para la creación de puestos de “alta dirección” en Divalterra que antes tenían la figura legal de directores de área.

De esta manera Divalterra empieza a encargar informes para justificar las contrataciones. Entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se presentan hasta siete informes sobre esta contratación. Las opiniones de los expertos son contradictorias con negativas tajantes como la de Santiago Blanes (Tomarial). El 14 de junio, el jefe jurídico Vera ofrece dos opciones: mantener a los siete directivos contratados estudiando la posibilidad de darles poderes ejecutivos a los cargos o rescindir los contratos y sacarlos a concurso. Se opta por la primera opción y se mantiene la guerra de informes hasta la denuncia que desencadena la operación Alquería.

Los grupos de izquierda que gobiernan la Diputación de Valencia han decidido ahora lo que no decidieron al inicio del mandato: cerrar la antigua Imelsa, rebautizada como Divalterra. La Junta de Gobierno local celebrada este lunes ha acordado un “cierre ordenado”, según confirman desde la Corporación Provincial para la empresa pública a la que se acumulan escándalos de corrupción, desde el que lleva el nombre de la antigua empresa -Imelsa- hasta la última operación policial bautizada como Alquería. Ambas se han cobrado dos presidentes provinciales.

La Corporación provincial asegura que se velará por los derechos de los trabajadores y que el cierre no será precipitado “de la noche a la mañana” para que se haga con todas las garantías posibles. La Junta, presidida por Maria Josep Amigó en funciones, no ha puesto fecha para el cierre de la empresa pública y no se atreve a aventurar un plazo. “No podemos marcar plazos porque la hoja de ruta es vaciarla de competencias, pero dependerá de lo que jurídicamente podamos hacer; Necesitamos informes técnicos y jurídicos que nos digan cómo poder hacerlo”, ha señalado Amigó.

La presidenta en funciones ha explicado que esta idea, que durante las semanas anteriores se iba apartando, ha ido siempre en la hoja de ruta del equipo de Gobierno del ente como vaciar de competencias Divalterra. El resto de formaciones que firmaron el acuerdo de legislatura -PSPV, València en Comú (Podemos) y Esquerra Unida- habáin incrementado la presión desde la detención de Jorge Rodríguez para el cierre de la empresa pública y Compromís no parecía convencido para dar el golpe sobre la mesa.

“Seguimos nuestra hoja de ruta que acordamos en 2015: acabar con el clientelismo y los amiguismos”, insiste Amigó. Desde la Diputación señalan que se irán dejando acabar los contratos y buscando una salida para los trabajadores de entidad, desde brigadistas forestales -casi 600- hasta el personal administrativo.

El caso Alquería continúa secreto tras la declaración como testigos de los cuatro portavoces de Compromís, Ciudadanos, PP y PSPV en Divalterra. Los interrogatorios han girado sobre la contratación como altos cargos de afines a los partidos sin procedimiento de libre concurrencia. La pasada semana la Policía detuvo a seis personas por los presuntos delitos de malversación y prevaricación lo que motivó la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, María Josep Amigó, de Compromís, ha sido la primera en declarar como testigo y su interrogatorio ante el juez y el fiscal ha durado una hora y media. A su salida ha admitido este viernes que los miembros del equipo de gobierno provincial se han planteado ya que “hay que hacer una reflexión” en torno a la empresa pública de esta corporación Divalterra, la antigua Imelsa.

Amigó ha dicho que no podía hacer declaraciones porque la causa está declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 9 que la lleva desde el pasado 26 de junio, y ha garantizado que su colaboración con la Justicia “es total” y que venía a prestar su testimonio “con la voluntad de colaborar”.

Preguntada sobre si deben dimitir de sus cargos los cinco investigados que aún siguen en sus puestos -Jorge Rodríguez dimitió el pasado lunes como presidente y renunció al acta de diputado provincial-, ha respondido que eso lo deben decidir los partidos políticos a los que pertenecen, en alusión al PSPV y a Compromís.

Ha dicho que el próximo lunes se reunirá el equipo de gobierno para convocar a la Junta de Portavoces que debe fijar, para un día de esa semana, la celebración del pleno donde se haga efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez, suspendido además de militancia en el PSOE y apartado de sus cargos orgánicos en el PSPV aunque mantiene el acta de concejal en Ontinyent, cuya alcaldía ha cedido temporalmente a una de sus ediles.

Amigó ha señalado que desconoce la situación laboral de los investigados y que le parecen legales los contratos de alta dirección cuya legalidad se investiga.

Sobre si Divalterra tiene que desaparecer, un debate abierto en los últimos días por parte de los partidos políticos, ha insistido en reclamar “cautela” pues en ella trabajan “muchísimas personas” y “hay que preservar siempre los derechos de los trabajadores” de esa empresa pública dedicada al empleo provincial y a la gestión forestal.

“Hay que estudiar la situación”, ha añadido para matizar que no solo en Divalterra sino en el resto de entidades de la Diputación y añadir: “Lo que ha pasado en Divalterra no significa que en estos tres años el gobierno haya trabajado mal. Se han hecho cosas buenas y tenemos que mantener los servicios que damos a los pueblos”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Jorge Ochando, que además es denunciante en la causa, ha asegurado que los seis detenidos deberían dejar de cobrar de la empresa pública Divalterra y de la Diputación de Valencia. Ochando ha explicado a preguntas de los periodistas que el juez y el fiscal solo le han inquirido por los contratos de alta dirección.

También han comparecido como testigos los portavoces de PSPV y PP, Pablo Seguí y Rafael Soler. Seguí ha defendido “la honorabilidad” de sus compañeros de partido detenidos y ha mostrado tranquilidad y confianza. “Veremos si se ha metido la pata, pero seguro que no la mano como dijo el presidente Rodríguez”, ha afirmado.

El futuro de Divalterra está abocado a ser el tema que marque el último año de Gobierno de la Diputación de Valencia.

También el que lo haga en las negociaciones para la investidura de Toni Gaspar, el candidato propuesto por el PSPV que previsiblemente será el próximo presidente en sucesión del dimitido Jorge Rodríguez.

Buena parte de Compromis, partido que sustenta el gobierno de la corporación provincial, parece dispuesta a llevarse por delante la empresa pública. O, al menos, a vaciarla de competencias todo lo posible, ya que es la piedra en el zapato que más incordia en el Palau de la Batlia.

No obstante, está alternativa -ya barajada por los socialistas antes de esta crisis- se debe hacer con cautela. Al menos así lo apunta la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromis, Mónica Oltra, que pedía este miércoles tener cuidado.

“Se ha de hablar de Divalterra sin apriorismos, teniendo en cuenta que hay 600 personas”, explicaba la vicepresidenta, que señalaba que los gobernantes deben “tranquilizar a los trabajadores”.

La coportavoz de Compromis ha explicado que la estructura de la antigua Imelsa es compleja, algo que dificultó jurídicamente el intento de cierre de los socialistas y lleva a problemas laborales y jurídicos.

Sobre esta cuestión, para proteger a los trabajadores, Oltra considera que se debe actuar “sin prisas ni frivolidades”.

El equipo de Gobierno de la Diputación de Valencia se reúne este martes para abordar la sucesión de Jorge Rodríguez en la presidencia de la Diputación de Valencia tras su dimisión por la Operación Alquería. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la pasada semana que su sucesor sería el diputado provincial socialista Toni Gaspar, aunque no se consultó con los demás miembros del pacto provincial Compromís, EUPV y València en Comú. Así que habrá que negociar y algunos partidos prevén que no será fácil.

Esquerra Unida presentará a su diputada provincial Rosa Pérez como candidata a la presidencia de la Diputación de Valenciancon la intención de recabar los apoyos de sus actuales socios. En el partido de izquierdas, que ha reivindicado su posición de lucha contra la corrupción, consideran que Pérez es la única candidata que disiparía cualquier duda después de la detención de seis personas -militantes y cargos públicos de Compromís y PSPV- por presuntamente enchufar a siete altos cargos en la empresa pública de Divalterra.

En un principio, la candidatura de Pérez podría contar con el apoyo de València en Comú, pero será difícil que socialistas y la coalición la secunden. 

De esta manera, la diputada de EUPV condiciona su apoyo a Toni Gaspar a que se empiece el proceso de cierre de Divalterra. Cabe recordar que Pérez se negó a firmar las cuentas de la antigua Imelsa en 2016 y 2017 por su desconfianza con la cogerente de Compromís Agustina Brines, detenida y ahora imputada. 

Además, según ha podido saber eldiario.es, EUPV también pedirá que se “levante las alfombras” en la empresa mixta de la Diputación de Valencia Egevasa y que se inicie el proceso de vaciado de contenido del ente provincial al considerarlo “poco democrático”.

La cogerente de Divalterra detinguda dimecres passat en el marc de la 'Operació Alqueria', Agustina Brines, ha deixat el seu càrrec al capdavant d'aquesta empresa. L'altre gerent, Xavier Simón, ja ha sigut destituït pels socialistes. L'Executiva del Bloc, partit majoritari de Compromís i al qual pertanyia l'arrestada, s'ha reunit d'urgència aquest divendres per a prendre una decisió, hores després que Ferraz decidira suspendre de militància el president de la Diputació de València i a altres dos detinguts.

La Permanent del Bloc -nom del seu òrgan directiu- d'aquest divendres ha sigut bastant tibant, ja que el sector crític de la formació es negava a apartar-la.

Segons ha comunicat la secretària general del Bloc, Àgueda Micó, Brines ha informat el seu partit que ha donat aquest pas fins que puga declarar davant el jutge i queden aclarides “totes les qüestions que la vinculen als últims esdeveniments” de l'empresa pública Divalterra, la causa de la qual està sota secret. L'exgerent va ser nomenada el 2015 a proposta de Compromís.

Els contractes d'alts directius de l'empresa pública Divalterra que han motivat aquesta operació, mitjançant una fórmula que evitava la concurrència pública i els mèrits, són alcaldes socialistes de xicotets municipis com Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el president de la gestora del PSPV en la comarca de la Foia de Bunyol, Lucas Ferrando; o l'exsecretario d'Organització del Bloc (partit que forma part de la coalició Compromís) i regidor de Silla, Josep Melero. Aquest últim té certes afinitats amb el sector poc inclinat a prendre la decisió.

Compromís -integrada per tres partits- es reuneix al llarg de la vesprada d'aquest divendres per a escoltar les explicacions de Brines i prendre una decisió sobre el seu carnet de militant. Compromís també ha de valorar la proposta de Toni Gaspar com a successor de Jorge Rodríguez al capdavant de la Diputació de València, un suport que anirà condicionat a una reforma dràstica de la gestió i el possible tancament de l'empresa pública que ha sigut germen de diversos casos de corrupció.

El jefe de gabinete del presidente de la Diputación de Valencia, Ricard Gallego, que fue detenido en el marco de la Operación Alquería y puesto en libertad con cargos en la tarde del jueves, ha mostrado su “rabia e impotencia ante los hechos vividos” y ha asegurado: “Toca volver a levantarse con más fuerza, porque los enemigos del proyecto de Jorge Rodríguez son muy poderosos y nos quieren echar, pero nosotros somos más de los que dicen y quieren”.

Así se ha manifestado a través de su Facebook en un mensaje escrito tras quedar en libertad sin medidas cautelares pero investigado, como los otros cinco detenidos -entre ellos el presidente provincial, Jorge Rodríguez-, en la causa abierta por prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra.

“De vuelta a casa no puedo más que agradecer a mi gente las muestras de cariño y apoyo en estos momentos tan intensos emocionalmente. Podéis entender la rabia la rabia y la impotencia ante los hechos vividos y por ciertos comportamientos mediáticos y políticos que, sin ser ninguna sorpresa, producen mucha pena por su carácter miserable e inhumano”, ha indicado Gallego, quien ha sido suspendido de militancia por el PSOE al igual que Jorge Rodríguez y Xavier Simón.

Además, ha agregado: “Pero en estos momentos tampoco quiero olvidarme de aquellos con los que he compartido unas horas tan intensas: Manuel Reguart, Xavi Simón, Jorge Cuerda, Agustina Brines i Jorge Rodríguez. Incluso ha habido tiempo para la risa”.

Ahora, ha indicado, “toca volver a levantarse porque los enemigos del proyecto de Jorge Rodríguez son muy poderosos y nos quieren echar. Pero nosotros somos más de los que dicen y quieren y nos debemos a la gente honrada, trabajadora y combativa que siempre nos guía”.

“No es posible seguir como si no hubiera pasado nada”, señalan en el entorno de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, en referencia al cambio en la presidencia de la Diputación de Valencia tras la dimisión de Jorge Rodríguez, detenido esta semana en una operación policial por irregularidades en los contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa que costó el cargo a su antecesor, Alfonso Rus, del PP, y que fue escenario de una trama de corrupción investigada todavía en los juzgados.

Oltra ha dicho este jueves que el nombramiento del socialista Toni Gaspar, alcalde de Faura y hasta ahora vicepresidente, como nuevo presidente de la Diputación debe ser votada por “una corporación plural”, en alusión a que el gobierno provincial está apoyado por el PSPV-PSOE, Compromís, la plataforma València en Comú (vinculada a Podemos) y Esquerra Unida. Y ha añadido que hay que poner encima de la mesa “reformas profundas” para que lo ocurrido no vuelva a suceder.

Compromís reclama “hablar seriamente de Divalterra” porque, ha advertido Oltra, “no se pueden tener estructuras podridas que sigan generando podredumbre”. 

La posición de la vicepresidenta valenciana contrasta con las justificaciones que los responsables de su coalición en la Diputación de Valencia han tratado de sostener en declaraciones públicas tras la 'operación Alquería' que ha llevado a la detención del presidente de la Corporación y otras cinco personas, entre ellas la cogerente de Divalterra, Agustina Brines, que pertenece a Compromís.

Mientras Xavier Rius, diputado de la coalición en la Corporación provincial, defendía que los tres directivos nombrados por Compromís en Divalterra tenían currículos adecuados a sus funciones, por lo que no se les podía calificar de “enchufados”, Oltra ha asegurado que, cuando hubo informes contrarios a las contrataciones de alta dirección, “se tomó la decisión de que las personas propuestas por Compromís fueran despedidas” y que eso ocurrió “la primavera pasada”.

En declaraciones a los periodistas, Ximo Puig ha asumido que “evidentemente el PSPV deberá negociar la investidura” de Toni Gaspar. El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos no se ha negado a hablar de cambios en la estructura de la Corporación provincial. “Cuando sepamos qué ha pasado se tomarán medidas”, ha indicado. Pero ha añadido que, aunque no quiere quitarle peso ni gravedad a la investigación, “si no hubiera habido controles”, no se habría sabido lo que ocurría en la institución.

La posibilidad de cerrar la antigua Imelsa fue descartada al inicio del mandato y se optó por una reestructuración y un cambio de nombre. A la vista de lo sucedido, Oltra no descarta ahora el cierre, aunque reconoce que presenta dificultades, e insiste en que debe haber “cambios en estructuras y actuaciones para que estas cosas no puedan pasar”. El mensaje es que un escándalo como el protagonizado por la Diputación debe producir modificaciones drásticas en el funcionamiento de la institución.

Por otra parte, Compromís ha convocado a sus representantes en la Diputación a una reunión con los dirigentes de la coalición este viernes en la que, en palabras de Oltra, se adoptarán decisiones “colectivas y con contundencia” tras escuchar las explicaciones y en función de lo que acuerde el juez, que dejó la tarde de este jueves en libertad con cargos a todos los detenidos. La líder de la coalición no ha descartado que se produzcan destituciones y suspensiones de militancia entre los responsables de Compromís en la Diputación de Valencia.

Hasta ahora, la única consecuencia política de la operación Alquería, sin duda la más relevante, fue adoptada la noche del miércoles por la ejecutiva del PSPV-PSOE al suspender a Jorge Rodríguez de todas sus funciones (era portavoz del partido) y apartarlo de la presidencia de la Corporación provincial.

Los seis detenidos este miércoles en la 'operación Alquería', entre los que se encuentra el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, han sido puestos en libertad con cargos después de declarar este jueves ante el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Todos ellos se han negado a declarar en una causa que se mantiene secreta hasta conocer de qué se les acusa.

A su salida de la Ciudad de la Justicia, Rodríguez ha insistido en calificar la operación de desproporcionada, mientras que Manuel Reguard, algo más agresivo, ha considerado que: “es una barbaridad lo que me está pasando”. El también alcalde de Ontinyent, quien ha asegurado ante los medios sentirse muy “tranquilo”, ha defendido la decisión del líder del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, de destituirle de todos sus cargos orgánicos y solicitarle la renuncia de los institucionales: “es bastante lógica”. Los detenidos han pasado poco más de una hora en el juzgado y al salir han sido recibidos por sus familiares carnales y de partido. Varios asesores del PSPV y personal de Blanquerías se encontraban en la puerta trasera de los juzgados, organizando los coches para que fueran saliendo rápido. A la detenida Brines, de Compromís, ha ido a recogerla Emili Altur, también diputado provincial.

Los seis arrestados quedan como imputados en la causa abierta por prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo y deberán comparecer en el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia cuando sean llamados.

Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, Manuel Reguard, Jorge Cuerda, Xavier Simó y Agustina Brines han pasado este jueves por la tarde a disposición judicial después de dormir en los calabozos de la comisaría de Zapadores. Este miércoles, agentes de la Udef ponían en marcha la operación 'Alquería', con registros en las sedes de la Diputación de Valencia, la empresa pública Divalterra, el Ayuntamiento de Ontinyent y los domicilios particulares de algunos detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación. Estos registros eran ordenados por el juez, mientras que fue la propia policía nacional la que decidía las detenciones de los acusados.

A lo largo de este jueves está previsto que declaren ante el juez los seis detenidos en la operación Alquería, entre quienes se encuentra el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez -inicialmente no estaba previsto que esto sucediera hasta el viernes-. Se da la circunstancia de que fue la policía nacional la que ordenó la detención de los seis implicados, mientras que el juez tan sólo había autorizado las entradas policiales y los registros en las dependencias públicas y en los domicilios de los detenidos.

Al también alcalde de Ontinyent y los otros arrestados, que han pasado la noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores, se les investiga por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por fraccionamiento de contratos y designación de cargos de alta dirección.

En la mañana del miércoles, agentes de la Udef se personaban en las dependencias de la Diputación de Valencia, la empresa pública Divalterra y el Ayuntamiento de Ontinyent en busca de documentación y arrestaba a Jorge Rodríguez y otras cinco personas (su jefe de Gabinete, Ricard Gallego; el asesor Manuel Reguart; el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda; y los cogerentes de la empresa pública de la institución provincial Xavier Simón y Agustina Brines).

Después de un día de intensa actividad policial, el secretario general del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, proponía la destitución de Jorge Rodríguez de todos sus cargos, tanto en el partido, donde era portavoz y secretario de Comunicación, como en la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent. Puig propone como relevo de Rodríguez en la institución provincial al actual diputado de Hacienda y alcalde de Faura, Toni Gaspar.

La decisión del líder de los socialistas valencianos de destituir a Rodríguez se producía horas después de que el secretario de Organización del PSOE, el también valenciano José Luis Ábalos, apuntara que el alcalde de Ontinyent debía dimitir: “no está en condiciones de continuar”.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que el despliegue policial y el tipo de actuaciones judiciales en la operación en la que ha sido detenido el presidente de Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, apuntan a “algo serio y feo” aunque ha afirmado que todavía es pronto.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el cónsul general de Alemania, Oltra ha afirmado que si de las actuaciones se desprende que ha habido irregularidades “se actuará con contundencia” como siempre ha hecho el Consell.

Rodríguez ha sido detenido esta mañana por irregularidades en la contratación de directivos de la empresa pública de la Diputación Divalterra, en unas diligencias secretas que investigado el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Oltra ha señalado que se le hace difícil hacer una valoración de estos hechos, pues se está enterando de lo sucedido por los medios de comunicación y desconoce el contenido, pero ha señalado que por el tipo despliegue policial y por las actuaciones judiciales “parece algo serio y feo”.

Ha indicado que es pronto para plantearse si piden la dimisión de Rodríguez, que también es alcalde de Ontinyet (Valencia) y portavoz del PSPV, y ha dicho que esperarán a ver “qué hay detrás de todo esto porque todavía nos estamos dasayunando con esto”, ha apuntado.

La vicepresidenta, quien todavía no ha podido hablar de este asunto con el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, aunque espera hacerlo a lo largo del día, ha asegurado que “cualquier caso que apunte a un posible caso corrupción preocupa al Gobierno, sea del partido que sea y de la sigla que sea”.

Ha explicado que este caso les preocupa porque “está costando mucho que la Comunitat salga del estigma de la corrupción” y noticias como la detención de Jorge Rodríguez son “preocupantes y desoladoras”.

“Con lo que está costando desestigmatizar la Comunitat y que la gente sepa que en esta comunidad millones de personas todos los días se levantan y honradamente sacan adelante sus familias, estos titulares son demoledores”, ha insistido Oltra.

El fraccionamiento de contratos en la Diputación de València sería el origen de la operación policial que este miércoles ha supuesto la detención del presidente del ente provincial, el socialista Jorge Rodríguez, junto a otras cinco personas, así como los registros de la sede del gobierno provincial, de la empresa pública Divalterra, del Ayuntamiento de Ontinyent (del que es alcalde Jorge Rodríguez) y de sus domicilios particulares. Las denuncias habrían partido del PP provincial y se habría sumado también la denuncia de Ciudadanos hace unos meses.

Los orígenes se remontan a la denuncia que presentó Rafael Soler, dirigente del PP miembro del Consejo de Administración de Divalterra, ante la Fiscalía Provincial Anticorrupción el 30 de noviembre de 2016 y amplió el 29 de diciembre de 2016. En dicha denuncia Soler advierte de posibles delitos de administración desleal de la sociedad, delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.

Pero esta denuncia, aunque fue admitida a tràmite el 2 de enero de 2017, acabó archivándose, lo cual hizo que el dirigente del PP optara por la vía del juzgado de guardia que recayó en el número 9 que ahora lleva las diligencias.

La denuncia se basa en un informe del auditor interno que advertía de la contratación de servicios sin un contrato/presupuesto firmado entre las partes; compromiso de créditos sin haberse iniciado el expediente de contratación con los documentos mínimos necesarios; o negociación de presupuestos con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros, lo que evitaría la firma mancomunada de los dos gerentes, el del PSPV y la de Compromís.

Entre las denuncias se explicitan tres contratos con la misma letrada, Emma Ramón Bautista, por la “contratación de servicios de defensa en juicio” para Divalterra por un montante de 90.000 euros más IVA y más gastos, servicios que serían dos contratos de adjudicación directa por 12.000 euros y 18.000 euros y otro por procedimiento negociado sin publicidad por 60.000 euros más IVA. Aquí cabe recordar que Ramón representó al exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, ex jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y ex número tres del PSPV con Ximo Puig, en otros procedimientos.

Ciudadanos también denunció

Desde Ciudadanos también se atribuye el origen de la operación afirmando que el pasado mes de abril denunció posibles irregularidades en contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación de València Divalterra.

La portavoz de Cs en la corporación provincial, Mari Carmen Peris, ha indicado que esa denuncia fue admitida a trámite y acumulada al procedimiento principal.

“Llevamos más de un año registrando preguntas e iniciativas, denunciado contrataciones a espaldas del consejo de alta dirección, pero nos han ignorado; por eso en abril no nos quedó otra vía que acudir a los tribunales”, ha explicado Peris, quien también ha concretado que la Fiscalía les contestó que aceptaban la denuncia de Cs y la acumulaban a diligencias ya abiertas previamente.

De hecho, el representante de Cs en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, presentó esa denuncia contra el presidente de la Corporación provincial por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa. La Fiscalía acabó interponiendo denuncia en el mes de mayo y hoy miércoles se ha desplegado la llamada 'operación Alquería'.

La empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra, antes llamada Imelsa, arrastra en los últimos años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial que la ha mantenido en el punto de mira.

Así, este organismo, con competencias en gestión forestal, se ha visto implicado en varios asuntos en los tribunales, desde las presuntas prácticas irregulares para financiar al PP valenciano confesadas por el exgerente Marcos Benavent -el autodenominado 'yonqui del dinero'- hasta la detención este miércoles del presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por contratos de alta dirección que se están investigando. Y todo ello, pasando por la polémica dimisión de otro exgerente, el socialista Víctor Sahuquillo, tras un informe de un auditor que apuntaba a gastos en gin-tonics apuntados como dietas.

El origen del denominado caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa. En concreto, se acusaba a Marcos Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

Las diligencias abiertas dieron como resultado que en enero de 2016 se desarrollara una operación anticorrupción que sacudía de lleno al PP con la detención de 24 personas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus; la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, recientemente fallecida; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

“Dos milions de pelas”

Uno de los episodios más conocidos de esta supuesta trama son las grabaciones que se hicieron públicas en las que presuntamente se puede escuchar a Alfonso Rus y a otros dirigentes populares -entre ellos, Benavent- contando billetes del cobro de comisiones, extremo que este siempre ha negado. En concreto, se oye como uno de ellos dice: “Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas”.

Una de las ramas de esta causa es el caso Taula, por el que están investigadas 50 personas, entre ellas nueve de los diez concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València. Se trata del 'pitufeo', el presunto delito de blanqueo de dinero para costear campañas electorales de los populares.

Por otra parte, es llamativo que la diputada que denunció el caso Imelsa, actualmente vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez Garijo, de EU, se encuentra investigada. La representante de Esquerra Unida ha mantenido que su citación como investigada fue “indignante”, ya que fue ella quien denunció los hechos. “Es una maniobra de despiste para poner en la palestra nombres que no tocan”, señaló cuando fue llamada a declarar por la Guardia Civil.

Ya en 2015, con el cambio político en las instituciones valencianas, un gobierno cuatripartito -integrado por PSPV, Compromís, València en Comú y EU- llega a la Diputación de Valencia. Unos meses después, en 2016, la empresa pública anuncia el cambio de nombre e imagen para dejar de ser Imelsa y convertirse en Divalterra.

“Déficit de reputación”

El objetivo, según se explicó entonces, era superar el “gran déficit de reputación corporativa” de Imelsa, cuya gestión investiga la justicia, y “comenzar una nueva etapa” en la que buscaba convertirse en “un referente de gestión pública eficiente”.

Sin embargo, se da la circunstancia de que aquel cambio fue anunciado por los que eran gerentes de la entidad: el socialista Víctor Sahuquillo (PSPV), que acabó dimitiendo tras conocerse un informe de un auditor interno que cuestionaba fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas, gin tonics, como dietas; y Agustina Brines, de Compromís, una de las personas contra las que este miércoles se ha dictado una orden de detención dentro de la 'operación Alquería'.

La historia 'negra' de esta empresa pública ha vivido este miércoles un nuevo acto con 'Alquería', la operación que coordina el Juzgado de Instrucción número 9 de València y en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de la localidad de Ontinyent y portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez.

La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Además de Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego.