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Fiscalía abre diligencias por las irregularidades del socialista Víctor Sahuquillo en Divalterra

El Ministerio Público investigará la denuncia presentada por el PP basada en un informe de un auditor interno 

Sahuquillo pagó las dietas cuestionadas y fue cesado el pasado 27 de diciembre como gerente de la antigua Imelsa

Los gerentes de Divalterra, Agustina Brines y Víctor Sahuquillo, en la presentación de la nueva marca de la antigua Imelsa.

El exgerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo junto a la cogerente Agustina Brines, en la presentación de la nueva marca de la antigua Imelsa

La Fiscalía de Valencia ha decidido abrir diligencias de investigación ante la denuncia del PP en la Diputación Provincial sobre presuntas irregularidades en la empresa pública Divalterra -que sustituyó a la antigua Imelsa y sobre la que se ha anunciado una nueva etapa- a raíz del informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión del ente.

La portavoz del PP en la corporación provincial, Mari Carmen Contelles, explicó en rueda de prensa a mediados del pasado mes de noviembre que ese informe cuestionaba, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como dietas.

El PP, que anunció que no descartaba acudir a la Justicia para que se investigaran esas irregularidades detectadas, señaló en ese momento que las incidencias apuntarían directamente al entonces uno de los gerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo, nombrado por el PSPV y que presentó el pasado 14 de diciembre su cese irrevocable del cargo tras pagar las dietas cuestionadas, por un total de 252 euros. El Consejo de Administración de Divalterra aprobó su cese el 27 de diciembre.

El auditor advertía en su informe de la contratación de servicios sin un contrato/presupuesto firmado entre las partes; compromiso de créditos sin haberse iniciado el expediente de contratación con los documentos mínimos necesarios; o negociación de presupuestos con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros, lo que evitaría la firma mancomunada de los dos gerentes, el del PSPV y Compromís, según denunció públicamente Contelles.

Asimismo, se advertía de que Divalterra había pagado más de 90.000 euros por tres contratos suscritos a la letrada Emma Ramón que representó al exalcalde de Gandia, ex jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y ex número tres del PSPV con Ximo Puig, José Manuel Orengo, en otros procedimientos.

Según la denuncia de Contelles, la letrada tiene domiciliado el despacho en el bufete "con un conocido penalista que ha representado al PSPV en muchos procedimientos y sobre el que por todos es conocido la cantidad que se le adeuda".

Los contratos contaron con el visto bueno de José Luis Vera, entonces director de los servicios jurídicos de Divalterra. El pasado 18 de noviembre, el presidente de la Diputación de Valencia anunció que iba a pedir al consejo de administración de Divalterra apartar a Vera, al que pidió "explicaciones convincentes y documentadas" de los trabajos realizados a la entidad pública por Ramón dentro del caso Taula.

Una semana más tarde, el 24 de noviembre, la Diputación anunció que Divalterra iba a sustituir a Ramón, que hasta ese momento defendía a la empresa pública en tres asuntos judiciales vinculados al caso 'Taula', tras haber anunciado la letrada su "renuncia irrevocable".

Gastos de representación y dietas

El informe del auditor también contempla incidencias en dietas, gastos de representación y otros gastos. En concreto, señala que antes del 1 de noviembre, en que entró en vigor una nueva norma que regula estos aspectos, se incluían en los tickets conceptos no regulados como bebidas alcohólicas; no existían limitaciones sobre el gasto en comidas diarias en jornadas de trabajo convencional; no existía un concepto claro de los gastos de representación; ni un procedimiento único para todo el personal en la justificación y pago de dietas.

Contelles también se refirió públicamente al contrato de asesoría jurídica para Divalterra, por un importe de casi 600.000 euros, que se paralizó esa misma semana. En este expediente, la baremación era del 90% la parte técnica y solo del 10% la económica.

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