Jorge Rodríguez, el expresidente de la Diputación de València expulsado del PSPV-PSOE tras su detención e imputación en el 'caso Alquería', se enteró de su absolución dos días después de las elecciones del pasado 28 de mayo. Tras ser detenido el 27 de junio del 2018 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Rodríguez fue expulsado de su partido y creó otra formación que barrió a los socialistas en la comarca de la Vall d'Albaida. Tras las últimas elecciones, su nueva formación —Ens Uneix— se decantó por pactar con el PP y dar la presidencia de la Diputación de València al popular Vicente Mompó, dejando de paso a una exhausta izquierda sin la única institución a la que podía optar tras la debacle electoral. Así se convirtió Natàlia Enguix, de Ens Uneix, en vicepresidenta de la institución provincial mientras que Rodríguez conserva la alcaldía de Ontinyent.

Tras la sentencia absolutoria, dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, recurrió el fallo. El PP, que ejercía la acusación popular en el 'caso Alquería' junto con la entidad Acción Cívica contra la Corrupción, no recurrió la absolución y ni siquiera se adhirió al recurso del Ministerio Fiscal. Y es que los populares estaban en plenas negociaciones para arrebatarle al PSPV-PSOE la única institución valenciana que podía quedar en manos del espacio progresista.

La actuación de las acusaciones populares ha sorprendido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), que ha avalado la sentencia absolutoria. La extrañeza del alto tribunal autonómico encabeza el primer apartado de los fundamentos jurídicos de la sentencia de apelación. “Sorprendentemente las acusaciones populares ejercidas por el Partido Popular y por la entidad Acción Cívica contra la Corrupción ni formularon su propio recurso ni se adhirieron al interpuesto por el Ministerio Fiscal”, afirma la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV.

En su discurso de investidura, el pasado 14 de julio, Vicente Mompó agradeció a Jorge Rodríguez que hubiera aceptado sus disculpas —tardías pero sinceras, dijo— y le pidió perdón, algo que Rodríguez echó de menos en su anterior partido y, singularmente, en Ximo Puig. “El dolor que habéis tenido que soportar no lo merece nadie”, reconoció Mompó. “Nos equivocamos”, apostilló en referencia al ejercicio de la acusación popular en el 'caso Alquería', una causa que se prolongó durante cinco años, incluyendo la fase de instrucción y el juicio, y que supuso un alto coste personal para los acusados.

Más allá de los imprevisibles caminos que puede tomar la política institucional, la sentencia del TSJ-CV avala de plano la absolución de Rodríguez y de los otros 13 acusados, vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís, y rechaza que se celebre un nuevo juicio oral ante un tribunal distinto al que dictó la sentencia inicial, tal como solicitaba Anticorrupción en su recurso. El fallo vuelve a destacar que el Ministerio Fiscal es el “único recurrente”, ya que “las acusaciones populares decidieron no apelar”.

El fiscal consideraba que Rodríguez y su equipo, además de Agustina Brines, vicegerente de Divalterra, de Compromís, contrataron altos directivos en la empresa pública de la institución provincial por afinidad política. Y también señalaba, a diferencia de la sentencia absolutoria, que las empresas o fundaciones públicas no sirven para “implantar políticas” sino para una “mejor gestión de los servicios públicos”. “No están puestas al servicio de los políticos sino de los ciudadanos”, argumentaba el representante del Ministerio Público.

Sin embargo, el TSJ-CV considera que se trata de “meras alusiones legales” de Anticorrupción y destaca las “dificultades” que hubo durante el mandato de Rodríguez para “determinar con claridad cuál era el procedimiento idóneo para la contratación” de los siete altos directivos. Tampoco cree que se pueda afirmar “tajantemente” que resultara de aplicación en las contrataciones el Estatuto Básico del Empleo Público, un farragoso debate jurídico que sobrevoló gran parte del juicio oral. Además, la sentencia sostiene que el encargo de numerosos informes sobre la materia no tuvo un “propósito espurio”. 

Posibles irregularidades pero no delito

El fiscal también lamentaba que el análisis de la interventora del Estado, designada en funciones de auxilio judicial, tampoco se tuvo en cuenta en la sentencia absolutoria, algo que el TSJ-CV rechaza al afirmar que el informe de la funcionaria se contempló “expresamente”.

“Es posible apreciar que pudiese haberse cometido alguna irregularidad en las labores llevadas a cabo por los acusados”, concede el alto tribunal autonómico. Sin embargo, esas supuestas irregularidades “no llegan a eliminar la consideración acerca de que su proceder estuvo sustancialmente ajustado a los criterios marcados en los informes de referencia”, agrega.

Otro argumento central del recurso de la Fiscalía era que las contrataciones de alta dirección no pasaron o incluso de ocultaron al consejo de administración de la mercantil publica. Sin embargo, el TSJ-CV alega que a pesar de que “es factible admitir que esa omisión supuso una irregularidad procedimental”, no habría tenido la “trascendencia que se pretende, al menos desde la óptica del delito de prevaricación”. 

“Se podrá compartir o no no compartir por este tribunal de apelación lo dicho por el tribunal de primera instancia, pero no es posible afirmar que sus apreciaciones sean contrarias al sentido común, a la lógica o a la experiencia, ni por tanto que sean absurdas, arbitrarias, inconsistentes o incoherentes”, concluye el TSJ-CV, que avala la absolución —“tanto si la comparte como si no”— porque, en definitiva, “no está carente de sentido”.

Natàlia Enguix es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, experta en Igualdad y cuenta con un máster en derecho y violencia de género. Feminista y de base progresista, ha sido la mano derecha de Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, expulsado del PSOE por su imputación en el Caso Alquería, del que fue absuelto un día después de las elecciones municipales tras cuatro años cuestionado.

Enguix es desde hace un mes la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, en virtud de un acuerdo de su partido, Ens Uneix, con el PP, en la única institución grande en la que la izquierda tenía mayoría en la Comunitat Valenciana. Su voto, a su propia formación, decantó la balanza hacia la derecha; con el sí de Vox, el candidato del PP Vicente Mompó obtuvo la presidencia.

La vicepresidenta, que durante la entrevista ejerce de presidenta en funciones, gestiona las áreas de memoria democrática, igualdad, cooperación municipal e internacional, las más sensibles en un contexto en el que la extrema derecha ha entrado en los Gobiernos. En el PSPV, su antiguo partido, les acusan de haberse vendido a la derecha; ellos a su expartido de haberlos maltratado mientras la causa judicial estuvo abierta.

¿Cómo están siendo estos primeros días?

Para mí esta es mi segunda casa. Empecé como secretaria de presidencia de la Diputación, después fui asesora, luego diputada y ahora vicepresidenta. Tengo una visión global de todas las áreas. Estoy bien, cómoda, muy tranquila. Conozco a los compañeros, tanto a los funcionarios como a los diputados. Ya hemos tenido la primera reunión de gobierno y encuentro buena sintonía. Tengo ganas de trabajar, de empezar a poner en marcha todas las áreas.

¿Por dónde van a empezar?

Empezaremos manteniendo reuniones con asociaciones de mujeres, memorialísticas, ayuntamientos y mancomunidades que tengan asuntos pendientes. Tengo que ponerme al día con el área de cooperación municipal, continuar el trabajo que se ha hecho y continuar atendiendo a los alcaldes y alcaldesas. Lo que quiero es tener contacto con las entidades y los alcaldes.

No se ha entendido muy bien el pacto de gobierno con el PP, si fue algo previo, algo posterior a la investidura... ¿Cómo se ha gestado todo eso?

Previo no hubo nada. Empezamos las negociaciones reuniéndonos con el PP y el PSPV con una hoja en blanco. Con la idea de ver con quién podíamos pactar, qué sintonía había, cómo venían a las negociaciones y qué nos ofrecían... Y así se fue gestando la decisión de votarnos a nosotros mismos. Ahora, intencionadamente, se está planteando si teníamos un pacto con el PP. Nosotros le propusimos al PSPV pactar: que nos votaran a nosotros, que compartiéramos la presidencia durante un tiempo; esa fue nuestra condición de pactar. Lo que no puede ser es que quieras pactar con nosotros y no te podamos pedir nada.

Pero sí que pidieron a ambos partidos una serie de inversiones mientras negociaban.

Sí, nosotros planteamos al PSPV y al PP una serie de necesidades en la comarca. Somos un partido municipalista, comarcalista; yo soy la diputada del partido judicial de La Vall d'Albaida, tengo que mirar y defender los intereses de los ciudadanos de la comarca. Hablamos con los alcaldes y planteamos una serie de inversiones. Más allá de eso, tenemos el derecho de pedir lo que consideramos que en el pacto tiene que estar. Pero como dijo Jorge Rodríguez, se fueron dando una serie de acontecimientos en las últimas semanas que nos hacían dudar de la fiabilidad y de la confianza que el PSOE nos podía dar. No es que no quisiéramos pactar con ellos; queríamos llegar a un acuerdo, y a quién primero se lo planteamos fue al PSOE. Les dijimos que necesitábamos un margen de tiempo en el que arreglaran su situación interna, algo dicho por ellos, para poder confiar.

¿Durante las negociaciones, Carlos Fernández-Bielsa -el candidato a la presidencia de la Corporación por el PSPV y secretario general provincial- dijo en algún momento que tuvieran una situación complicada?

Bueno, el congreso del PSOE [valenciano] está pendiente de realizarse. Y ellos saben perfectamente que quieren hacer un cambio en la secretaría general. Que lo consigan o no es un problema de ellos; de aquí a unos meses veremos si era la intención que tenían. Lo que no puedes hacer es usar la Diputación para tu carrera política. La Diputación es una institución que tiene que servir a los alcaldes. Creo que se están equivocando en el ambiente que están creando de conflicto. Los alcaldes no quieren una Diputación que se base en el conflicto, quieren una Diputación de consenso, como siempre ha sido, quitando de algunas épocas... Cuando Jorge Rodríguez entró a la Diputación en 2015 volvió el consenso y la armonía.

Precisamente esa es la acusación que se vuelve contra ustedes. Rebeca Torró, la portavoz del PSPV, en una entrevista con elDiario.es, dijo: “El partido de Jorge Rodríguez ha pasado de llorar a facturar”.

Bueno, ya nos conocemos desde hace muchos años. La que más ha rentabilizado la traición a Jorge Rodríguez ha sido ella. Una persona que nunca se ha presentado a unas elecciones y que nunca ha ganado nada. En las municipales el PSPV quedó como quinta fuerza política; en las autonómicas quedaron por detrás del PP y Compromís. Las pocas veces que se ha presentado ha sido para perder, a diferencia de Jorge Rodríguez, que lleva tres mayorías absolutas. La gente del PSOE se tendría que mirar que el problema no lo tienen los líderes nacionales, Pedro Sánchez ha ganado las elecciones; el problema lo tienen los líderes autonómicos y locales. Y el problema en concreto lo tiene ella, que en Ontinyent no la quieren porque saben que ha traicionado a Jorge Rodríguez, que ella era su mano derecha, a cambio de un puestecito en la Generalitat.

¿Este ambiente con el PSPV cómo se ha trasladado a la Diputación?

Nosotros queremos que las cosas se calmen. Nos vamos a centrar en la gestión, en exportar el modelo de Ontinyent. Llevamos tres mayorías absolutas, conocemos la Diputación como nuestra casa, tenemos capacidad de gestión y experiencia, vamos a llevar áreas vertebradores y muy importantes en cuanto a valores, al tipo de sociedad que queremos. Vamos a demostrar que somos los mismos. Tenemos una base progresista, sabemos de dónde venimos.

¿Cómo se define Ens Uneix ideológicamente?

Priorizamos gobernar para las personas más allá de las siglas políticas. Todas las personas, nuestras alcaldías, son personas que han venido a buscarnos por nuestra manera de hacer política. Jorge [Rodríguez] ya lo dijo: ser socialista no te lo da un carnet. En los últimos cinco años no hemos hecho más que trabajar, demostrar que lo hemos hecho bien. En Ontinyent hemos demostrado que somos un ayuntamiento saneado, llevamos años sin subir impuestos, con un superávit de 2,5 millones de euros, hemos mejorado los servicios sociales, el área de igualdad, la promoción económica... Creo que esa gestión es lo que tenemos que explicar. Independientemente de eso, tenemos una base progresista y la gente que viene con nosotros lo sabe. No nos escondemos. Tenemos a gente que ha salido del PP y está con nosotros; otros han venido y no se han quedado. Tenemos un proyecto político que abarca a quién quiera estar con nosotros.

¿Cómo encaja esa base progresista y esa defensa de los servicios públicos de la igualdad, con gobernar con el PP, en un momento en el que pacta con Vox?

Nosotros nos hemos votado a nosotros mismos. A partir de ahí los números han hecho que gobierne el PP. Ellos nos plantearon que entráramos en el gobierno. También lo dijimos desde el principio: queríamos estar, creemos que tenemos mucho que aportar. Es la segunda vez que sacamos el diputado provincial y si no lo hubiéramos sacado nosotros lo hubiera sacado el PP. Si tenemos que esperar a que lo saque el PSOE... Nosotros somos quienes le arrebatamos el diputado al PP en La Vall d'Albaida, por 17 votos; somos nosotros quienes hemos parado a la extrema derecha porque nuestro diputado ha permitido que el PP no gobierne con Vox y gobierne con nosotros. Eso el PP lo tenía claro desde el primer momento: si podían elegir, preferían estar con nosotros a estar con Vox. Por eso insistimos en que hemos parado a la ultraderecha. A partir de ahí hemos recibido confianza del PP, de Vicent Mompó, porque somos personas serias, responsables y con experiencia. Él confía en nuestra manera de hacer las cosas. Vamos a tener cuatro años para demostrar lo que podemos hacer en las áreas que pedimos gestionar

Según los números, va a faltar un voto para sacar adelante los presupuestos y otras medidas en el pleno. Todo apunta que el voto, por inclinación ideológica del PP, lo va a buscar en Vox. ¿Qué harán ante ese escenario?

Nosotros vamos a gobernar para todos. Hará falta el apoyo de otros grupos políticos: está el Vox, Compromís y el PSOE. Vamos a tender la mano a los tres por igual. En función de su responsabilidad decidirán.

¿No van a tener un socio preferente?

No. Pero si tenemos que pactar con Vox, Compromís o el PSPV, lo tendremos que hacer.

Pero tanto los programas electorales como las medidas de gobierno que anuncia Vox son radicalmente opuestas a las áreas que gestiona usted.

Ellos nos conocen y nosotros a ellos también. Hay una predisposición a hablar. Pero lo que tenemos claro ambos es que no queremos una Diputación que se base en el conflicto, que no se pueda gestionar. Queremos una Diputación que beneficie a todos los municipios. A partir de ahí, cada uno tiene su responsabilidad. No vamos a hacer lo que nos hizo el PSOE en el anterior mandato; a Ens Uneix no nos pidieron apoyo y nunca votamos en contra del equipo de gobierno. No han tendido puentes con nosotros durante cuatro años. Nunca nos han agradecido nada. Nosotros no vamos a ser así, vamos a hablar y negociar con todos; todos los grupos políticos tienen la misma importancia.

¿Y el equipo que lidera Bielsa, que también formaba parte de la Diputación en el pasado mandato, ahora es distinto? Por lo que cuenta parece que les han hecho el vacío.

Nos han hecho el vacío durante cuatro años. Nos han tratado como una marca blanca del PSOE, como uno más. No se han sentado con nosotros para pedirnos el voto. No han tenido ninguna consideración con nosotros. Si querían tender puentes, nos podrían haber dado una delegación, como hemos hecho nosotros en el Ayuntamiento de Ontinyent. Creo que no se esperaban que la situación fuera la que ha sido. Si consideraban que éramos progresistas y que podríamos ir de la mano se lo tendrían que haber trabajado más. Y aún así, al negociar, lo hicimos dejando todo eso de lado. No nos hemos dejado llevar por el rencor, hemos tenido cuatro años para gestionar lo que nos pasó.

Cuando sale Jorge Rodríguez a decir que hasta que no haya un congreso que renueve al secretario general, Ximo Puig, no se puede negociar con el PSPV... Parece que atrás no ha quedado.

Es que en las últimas semanas hubo hechos que indicaban que la negociación no la estaba llevando Bielsa. La llevaban Ximo Puig y Alfred Boix. No hemos podido formar gobierno en Adzaneta de Albaida; su candidata dijo que su presidente nunca la dejaría pactar con nosotros. En Villalonga, nuestro concejal pedía una media liberación para formar parte del equipo de gobierno; nos dijeron que sí, con un acuerdo firmado, y no se la dieron. Diana Morant [la ministra de Ciencia y número 1 del PSOE por Valencia] vino a La Vall d'Albaida y no pasó por Ontinyent...

¿La dirección autonómica del PSPV ha boicoteado la negociación de la Diputación?

Sí. Eran mensajes. No somos tontos. Pero a Bielsa le faltó trabajárselo más. Daban por hecho que íbamos a apoyarles porque veníamos del PSOE. Pero ya no lo somos y no tenemos ningún trauma. También tenemos derecho a cambiar de opinión. Parece que ellos sí tienen derecho a negociar con el PP cuando quieren, como han hecho en muchos municipios. La política municipal y en las diputaciones es muy diferente. Tendrían que hacer autocrítica; Ens Uneix no tiene la culpa del fracaso de la izquierda valenciana. Han perdido la Generalitat, muchísimos municipios... En lugar de criticarnos deberían pensar por qué han sido incapaces de mantener el Pacto del Botánico hace ochos años.

¿Pero no les parece algo extraño distanciarse del PSOE y de su dirección por la expulsión del partido, a raíz de la causa judicial, que terminó en absolución, y acercarse al partido que encarnaba la acusación popular en esa causa?

Partíamos de una posición muy complicada. A Jorge Rodríguez Ximo Puig le pidió que dejara la Diputación la misma noche que entró en el calabozo. No hemos recibido apoyo en estos cuatro años. Pues ellos se lo pierden. Si tienes un líder como Jorge, que gana elecciones una tras de otra... Yo no lo dejaría escapar.

Volviendo a Vox: ¿Está cerrada la puerta para que entren en el gobierno de la Diputación?

Fue una condición que pusimos desde el principio y Vicent Mompó la aceptó.

¿Para toda la legislatura?

Veremos lo que pasa. No me quiero adelantar, pero esa fue nuestra condición. Tenemos clarísimo que no íbamos a gobernar con Vox.

¿Si ellos entraran, ustedes saldrían?

Entendemos que eso no va a pasar. Nosotros confiamos en el presidente y en las negociaciones que hemos cerrado con él.

En algún momento se planteó la posibilidad de una moción de censura, un cambio de gobierno en la Diputación.

No estamos en ese momento. Eso se enmarca en las negociaciones. Esto es un pacto sólido que le da estabilidad al gobierno de la Diputación. Nosotros queremos gestionar y exportar el modelo de Ontinyent. Tengo muchas ganas de empezar la legislatura.

¿Cómo va a gestionar sus áreas?

Seguir la línea que empezó Jorge Rodríguez en materia de memoria democrática con la exconsellera Rosa Pérez, continuar con la línea de las exhumaciones, trabajar con el museo de Etnografía... En igualdad; que empezó con Isabel García y con nosotros en Presidencia [en 2015, con el PSOE], antes no tenía área, me gustaría reforzar la Xarxa municipal contra la violencia de género, reforzar la formación a las policías locales, ver cómo están las Casas de la Dona, ayudar con los recursos en materia de personal y memoria, reunirme con asociaciones feministas... En cooperación municipal hay muchas necesidades, especialmente en el interior. Y en cooperación internacional, quería continuar también esa línea. Estamos revisando las subvenciones de la pasada legislatura, con la entidad externa que la evalúa, para ver cómo mejorar.

¿Y cómo está Jorge Rodríguez?

Bien. Está centrado en Ontinyent. Han sido cuatro años muy duros en lo político y lo personal, pero ahora está bien.

¿Ens Uneix aspira a ser un partido que salga del ámbito comarcal?

Queremos ser una mancha de aceite, expandirnos a las comarcas próximas. En estas elecciones no queríamos ir más allá de lo que podíamos hacer, acabábamos de pasar un juicio... Hemos conseguido 6 alcaldías, que para nosotros es un éxito, pero nos quedan municipios de La Vall. Queremos extendernos por las comarcas limítrofes, pero ir despacio, con pie firme. Lo más importante ha sido Ontinyent, si no tenemos Ontinyent no tenemos nada; es nuestra patria. Es lo que nos ha hecho sobrevivir estos cuatro años. Todo lo que nos quite tiempo de Ontinyent o la Diputación... iremos poco a poco.

El partido del expresidente socialista de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez entrega la corporación provincial al PP. La decisión de la única diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, de apoyarse a sí misma provoca que automáticamente gobierne la lista más votada como marca la ley electoral, en este caso la del PP. Vicente Mompó, alcalde de Gavarda y diputado en las Corts Valencianes, será el nuevo presidente de la institución tras ocho años de gobierno de la izquierda. La Diputación de Valencia era la última baza que tenía la izquierda valenciana de conservar la representación institucional.

La presidencia para el PP llega después de dos votaciones, donde ninguna opción ha conseguido la mayoría absoluta. El PP cuenta con 13 representantes, Vox con 2; mientras que el PSPV tiene 12 y Compromís 3. Enguix, de Ens Uneix, era la diputada que inclinaba la balanza y ha optado, como anunció su formación, por respaldarse a sí misma en ambas votaciones, dejando un empate a 15. Mompó ha recibido también los votos de Vox.

Minutos antes del pleno, el expresidente de la Diputación y secretario general de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha reiterado su negativa a apoyar al candidato del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, que sí cuenta con el respaldo de Compromís. Rodríguez ha justificado esta decisión en la desconfianza sobre su expartido y propone a su diputada como una solución transitoria, hasta que “el PSPV sea de nuevo confiable”, en una acusación clara hacia el secretario general, Ximo Puig.

Rodríguez ha indicado que la confianza volvería “cuando haya un Congreso nacional -máximo órgano del PSPV- que haga que aquellos que han puesto palos en las ruedas en esta negociación desaparezcan del escenario que tanto daño le ha hecho al Botànic”. Preguntado en concreto por Puig, ha dicho: “El que ha perdido las elecciones tiene que irse, pero esa reflexión debe hacerla quien pierde las elecciones”. “No se trata de venganza, se trata de dignidad y de generosidad”, ha reiterado.

Rodríguez ha insistido en que no han encontrado en los socialistas ningún gesto que permita “reevaluar la situación” y ha recordado que en el pasado mandato, cuando Ens Uneix también obtuvo un diputado provincial, “no nos llamaron para nada”. Tras varias semanas de negociación, el dirigente, que fue expulsado del PSPV tras su detención en el caso Alquería, del que ha sido absuelto, comunicó el pasado jueves su decisión e invitó a PSPV y Compromís a votar a su representante. El PP ejerció de acusación en el proceso judicial que se prolongó cinco años, con Vicente Mompó en los poderes notariales del partido.

Tras el pleno, Enguix, ha asegurado que su partido está dispuesto a entrar en el gobierno de la corporación provincial presidido por el PP, aunque no ha querido confirmar si gobernarían con Vox, que marcaron como línea roja. “Para nosotros es muy importante estar en este gobierno, porque creo que nos lo merecemos y que podemos aportar muchísimo en lo que tiene que ver con los pueblos, con la cooperación municipal, con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, ha subrayado la diputada.

Mompó ha apuntado que ofrecerá un lugar al partido comarcal, que con su decisión ha facilitado que la presidencia recaiga en el PP, aduciendo que “nadie más que ellos se lo merecen”. Sin querer aclarar las responsabilidades de Vox, el dirigente del PP ha enfatizado: “Si hoy estamos aquí es por los votos de Vox, pero también tenemos que ser conscientes que el votarse a sí mismos nos ha dado la posibilidad de que estemos hoy en la presidencia”.

En su discurso de toma de posesión, el líder popular, que ejerció de acusación en el caso Alquería, ha pedido perdón a Ens Uneix y a Jorge Rodríguez: “Nos equivocamos y es justo reconocerlo aquí y ahora en el pleno de la Diputación”, ha dicho, para lamentar que “el dolor por el que ha pasado no se lo merece ninguna persona y menos gente honesta”.

Sobre su gestión en la corporación provincial, ha apuntado: “Me preocuparé por nuestra cultura y por nuestras señas de identidad, especialmente, por nuestra lengua, el valenciano; por nuestra agricultura; por la mayor pandemia de los pueblos, la despoblación; por el turismo; por la gestión forestal; por que se mejoren las instalaciones existentes y por la protección del patrimonio”, ha prometido.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia de absolver al expresidente de la Diputación por el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por Ens Uneix, Jorge Rodríguez, y a los otros 13 juzgados en el caso Alquería, según han confirmado a Europa Press fuentes del procedimiento.

La sala absolvió a los acusados al no ver delito en su actuación en relación con las contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra entre 2015 y 2018 para favorecer a personas afines a PSPV y Compromís: ni prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos ni falsedad documental.

El proceso arrancó precisamente con una denuncia de Fiscalía Anticorrupción, tras denuncias previas de dos exdirectivos de la empresa pública dependiente de la Diputación y ya liquidada. En total, en este procedimiento había 14 acusados, entre ellos Rodríguez, quien siempre mantuvo que era inocente y que en los comicios del 28 de mayo obtuvo mayoría absoluta en la localidad.

Fiscalía es la única de las acusaciones que han decidido recurrir la sentencia ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ya que el PP y Acción Cívica, que ejercieron la acusación popular, han renunciado a hacerlo al ver técnicamente fundada la resolución de la Audiencia.

Las tres partes pedían ocho años de prisión para Rodríguez; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; para el asesor Manuel Reguart y para los dos exgerentes de Divalterra: Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV) por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Además, el fiscal pedía para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación.

La Audiencia concluyó que no había resultado acreditado que Divalterra resultase perjudicada económicamente por el nuevo modelo de gestión implantado en la empresa pública, sino que la nueva estructura de la sociedad “permitió ampliar significativamente su actividad sin que lo hiciera su presupuesto”. Y señalaba que la nueva estructura no obedecía “a la necesidad o voluntad de contratar a determinadas personas, como una forma de pagar favores o conceder prebendas”.

Jorge Rodríguez (Ontinyent, 1979) presidió la Diputación de Valencia hasta su detención el 27 de junio del 2018 por la Unidad de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco del 'caso Alquería', relativo a las contrataciones de altos directivos y del que, cinco años después, ha sido absuelto. Tras su imputación y su expulsión del PSPV-PSOE, partido del que llegó a ser líder emergente, Rodríguez creó 'La Vall Ens Uneix', una formación que arrasó en la comarca de la Vall d'Albaida y que barrió a los socialistas. La sentencia absolutoria, dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, se notificó a las partes dos días después de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, en las que la diputada provincial de la formación de Jorge Rodríguez se ha convertido en la clave para que la izquierda mantenga la única institución que no estará en manos del PP: la Diputación de Valencia.

En esta entrevista con elDiario.es, Rodríguez repasa los cinco años de instrucción y los casi tres meses de juicio y denuncia la “absoluta indefensión” que dice haber sufrido. Las negociaciones para conservar la Diputación de Valencia no están exentas de tensiones a raíz de su expulsión del PSPV-PSOE. El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, habló por teléfono con Jorge Rodríguez tras la absolución pero el actual alcalde de Ontinyent recuerda que en su momento “no tuvo piedad”.

¿Cómo se siente tras su absolución en el 'caso Alquería'?

Feliz y satisfecho de que la verdad se haya abierto camino. Hemos pasado cinco años de absoluta indefensión por parte de un juez instructor y un fiscal que nos negaron cualquier defensa. Durante todos estos años hemos sentido una impotencia enorme de ver que cómo la novela que se creyó el fiscal de dos enchufados de [Marcos Benavent, autodenominado] 'yonqui del dinero' era la única versión del caso.

¿Cómo recuerda la detención?

Pues te quedas en shock. De los peores momentos de tu vida. Uno que sepa que hace cosas malas puede pensar que cualquier día le pueden pillar y que la policía vaya a tu casa. Pero una persona honrada, como es nuestro caso, nunca puede imaginarse un escenario así. Es todo lo contrario de lo que te imaginas y más cuando ves toda la operación policial que se montó para detener a unas personas como nosotros.

La detención fue de los peores momentos de mi vida

¿Cómo ha vivido estos cinco años de instrucción y los casi tres meses de juicio?

La instrucción fue un calvario que no se lo deseo a nadie. Suerte que en el juicio encontramos a un tribunal muy profesional y tuvimos a unos abogados y peritos excelentes, que fueron capaces de desmontar una a una las patrañas de los denunciantes, José Luis Pellicer y José Luis Castellote, enchufados en su momento por el 'yonqui del dinero', y de José Luis Vera, 'el jurista de reconocido prestigio' [investigado en el 'caso Azud] que nos puso [el exdirigente socialista José Manuel] Orengo y que luego nos traicionó. 

La sentencia considera que las contrataciones de altos directivos no fueron ilegales. ¿Volvería a crear puestos de dirección en una empresa pública que ocuparan personas de partidos del gobierno si presidiera la Diputación de Valencia?

La sentencia deja claro que, en contra del discurso antidemocrático imperante, contratar a personas altamente cualificadas de un partido político y de confianza es lo más oportuno para salvar a una empresa pública del desastre. Otra cosa es rodearse de ganapanes que no van a trabajar. Eso es lo delictivo. En nuestro caso lo que hicimos fue crear una estructura directiva de gente preparada y de confianza que en tres años levantó una empresa que el 'caso Alquería' destruyó. Por eso decimos que el 'caso Alquería' sólo ha servido para generar mucho dolor y un gasto público incalculable del que ni el fiscal ni el juez instructor van a tener que rendir cuentas.

El 'caso Alquería' sólo ha servido para generar mucho dolor y un gasto público incalculable

¿Qué opina de la reacción a la sentencia del PSPV y, singularmente, de Ximo Puig?

Ya dije que, en política, primero están las personas y luego lo demás. Y eso hay gente que no lo tiene claro. Es triste que todo un presidente de la Generalitat no tenga la empatía de pedir disculpas públicas a unos excompañeros con los que no se portó bien. Nos echó del partido como apestados, sin contemplaciones, y no fue capaz de dar ninguna explicación. Estos días me ha llamado y hemos hablado, pero el dolor no lo borra una llamada de teléfono.

Estos días me ha llamado Ximo Puig y hemos hablado, pero el dolor no lo borra una llamada de teléfono

La Vall Ens Uneix se ha convertido en un actor clave tras el 28M en la única institución que puede conservar la izquierda valenciana. ¿Cómo encara la negociación?

Nuestra idea es formar parte del Gobierno. Llevamos 12 años gobernando en Ontinyent, transformamos la Diputación durante los tres años que la gestionamos, así que estamos en condiciones de asumir responsabilidades. Nuestra diputada, Natàlia Enguix, conoce bien la casa y hará un buen trabajo. 

¿Están Ens Uneix y el PSPV-PSOE condenados a entenderse?

Condenados no, porque el PSPV no tuvo piedad con nosotros y, a nivel local, se ha pasado la campaña insultándonos. También es verdad que han quedado por detrás de Vox, lo que da a entender cuál es su peso social. Nosotros venimos de donde venimos, es cierto, pero no vamos a dar ningún cheque en blanco.

Nos reunimos con el PP antes del juicio para que retiraran la acusación

¿Hasta qué punto la dura vivencia personal por el caso Alquería’ influye en la negociación política?

Ya he comentado que en el caso del PSPV-PSOE hay infinidad de agravios. Pero es que el PP pidió ocho años de prisión para nosotros. Y eso que nos reunimos con ellos antes del juicio para que retiraran la acusación. Era un caso que ni les iba ni les venía y se negaron. Fue una torpeza por su parte, la verdad, aunque también es cierto que en la vida hay que pasar página. De todas formas, nuestra gente está tranquila porque sabe que vamos a decidir lo mejor para Ontinyent y la Vall d'Albaida.

El 27 de junio del 2018, el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, fue detenido por agentes de la Unidad de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en una operación comandada por la Fiscalía Anticorrupción. La imputación del político socialista en la causa, relativa a la presunta contratación ilegal de una decena de cargos de alta dirección vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís, supuso su salida del partido y la creación de la candidatura de La Vall Ens Uneix, que arrasó en Ontinyent, la localidad de la comarca de la Vall d'Albaida de la que Rodríguez es alcalde. Tras un lustro de suplicio judicial, el 'caso Alquería' ha quedado en nada.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a todos los acusados en una sentencia que tumba todas y cada una de las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, ejercidas por el PP y por la entidad Acción Cívica Contra la Corrupción. No hubo, según el fallo, ni prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos, ni falsedad en documento oficial.

Toda la causa pivotaba sobre la contratación como personal de alta dirección en Imelsa (la empresa pública de la Diputación de Valencia que había sido el epicentro del 'caso Taula' durante el último mandato del PP de Alfonso Rus) de siete personas de confianza del PSPV-PSOE y de Compromis: Josep Lluís Melero, María Soledad Torija, Raúl Ibáñez Fos, Manuel Carot Martínez, Miguel Ángel Ferri Llopis, Salvador Femenía Peiró y Pau Pérez Lledó (éste último finalmente no fue acusado), cuyas retribuciones y cotizaciones alcanzaron un coste total aproximado de un millón de euros. Además de Jorge Rodríguez, también se sentaron en el banquillo de los acusados su jefe de gabinete, Ricard Gallego, su asesor Manuel Reguart, y los cogerentes José Ramón Tíller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís).

Sin embargo, lejos de ser 'enchufes dorados', tal como mantenían las acusaciones, no ha resultado acreditado “ni que las áreas carecieran de contenido real, ni que esta nueva estructura de Imelsa se mantuviera oculta al Consejo de Administración”, aunque este órgano no las acordara.

Además, agrega la sentencia, “no sólo no resulta acreditado que la sociedad [Imelsa] resultase económicamente perjudicada por este nuevo modelo de gestión, sino que podría afirmarse que la nueva estructura” de la empresa pública “permitió ampliar significativamente su actividad sin que lo hiciera su presupuesto”. Es decir, que a la postre las contrataciones de los altos directivos cercanos al PSPV-PSOE y a Compromís no salieron caras a la institución provincial.

La sentencia tampoco asume un punto en el que incidió especialmente la acusación pública: la existencia de una suerte de órgano paralelo al consejo de administración, para eludir a la oposición formada por el PP y Ciudadanos. Así, no hubo “una maniobra de ocultación” de las contrataciones al consejo de administración, aunque no fueran refrendadas por este órgano. 

Sobre el singular procedimiento de contratación, el fallo reconoce que no hubo un concurso público para cubrir los puestos de alta dirección pero apostilla que todos los seleccionados eran personas “formadas académicamente y con una amplia experiencia laboral”, desarrollada en ámbitos relacionados con la política o que directamente habían sido cargos públicos (con la única excepción de Soledad Torija, que no tenía vinculación partidista alguna).

La clave de la absolución de todos los acusados radica en que no se ha acreditado que la creación de las nuevas áreas de alta dirección “obedeciera a la necesidad o voluntad de contratar a determinadas personas como una forma de pagar favores o conceder prebendas”. De hecho, la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia sostiene que “más bien” fue al revés: “Se dotó a Imelsa de una nueva estructura que, con más o menos acierto, no estamos en condiciones de valorarlo, se consideró más eficaz para el cumplimiento de los fines sociales”.

Así, “se buscaron personas que fueran capaces para el desempeño y, no menos importante que su capacidad, formación y profesionalidad, se buscaron personas que pudieran merecer la confianza del equipo directivo”. Y es que, según la sentencia, “no es extraño” que fueran perfiles políticamente próximos a los partidos que gobernaban la Diputación de Valencia “pues, en definitiva, se trataba de desarrollar acciones que, dentro del objeto social de la mercantil [Imelsa] tienen un marcado carácter político.

La empresa pública, agrega, “no es sino un ente instrumental de la Diputación para la implementación sus políticas”. Además, no se ha podido establecer que los acusados desempeñaran un “trabajo irrelevante o carente de responsabilidad”, apostilla. Los contratados sostuvieron al unísono que nunca habían visto un contrato de alta dirección (ni siquiera el letrado Raúl Ibáñez) y que simplemente les explicaron “en líneas generales” las condiciones y el sueldo. También les advirtieron de que se trataba de un contrato temporal y no tuvieron ocasión de negociar la modalidad de la contratación ni las condiciones.

“Lo reprochable sería el descontrol”

Sobre Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, no resulta “censurable” que procurara controlar —“en el estricto sentido de este término”— la empresa pública, “pues es su responsabilidad hacerlo y lo reprochable sería más bien de lo contrario, el descontrol”. La sentencia también arguye que “parece de sentido común” que su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y su asesor Manuel Reguart, estuvieran al tanto de “la marcha” de Imelsa, hablaran con sus gerentes e incluso asistieron a los consejos de dirección (sin voz ni voto) para informar al presidente de la institución provincial. Gallego, además, no tuvo participación en las primeras contrataciones del año 2015, remarca el fallo.

Tampoco ha resultado acreditado que el actual alcalde de Ontinyent remitiera ningún currículum o “propusiera, indicara o sugiriera” nombre alguno de los altos directivos contratados. Ni que tuviera “una estrecha relación, por amistad o afinidad política con ninguno de ellos”, tal como se desprende de los abundantes mensajes telefónicos y correos electrónicos analizados por los investigadores de la UDEF. 

La clave de todo el asunto ha sido la supuesta ilegalidad de los contratos, que ha “monopolizado buena parte del debate” en el juicio oral, más propio por momentos de una discusión de la jurisdicción administrativa o laboral que del ámbito estrictamente penal. No es en absoluto “un tema pacífico” en la jurisprudencia, recuerda la sentencia.

Un debate sin precedentes en el ámbito penal

“No hemos hallado precedentes en la jurisprudencia en los que se haya abordado el tema de la contratación de directivos o altos directivos por parte de una sociedad mercantil de capital público, ni de ningún otro ente instrumental público, en el ámbito de la jurisdicción penal”, recuerda la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia.

Sí que existen, por el contrario, en materia de contratación por parte de las administraciones estatales o locales; sin embargo “no hay parangón” en relación con el 'caso Alquería'. “En definitiva, no puede decirse que el tema no sea polémico”, concluye la sentencia. Y, además, en el ámbito laboral “tampoco puede decirse que el tema esté exento de polémica”.

El fallo también establece que, tal como declaró el inspector de la UDEF que analizó “los innumerables archivos de correo”, no hubo presiones. Por el contrario, “está fuera de toda duda que se pidieron los informes a los técnicos”.

Uno de los principales colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción en el 'caso Alquería', el jefe jurídico de la empresa pública José Luís Vera (actualmente investigado en el marco del 'caso Azud') “mantuvo criterios diversos y, en algún caso, contradictorio”, reprocha el fallo en referencia a uno testigos principales del juicio. 

Sobre la presunta malversación que se imputaba a los acusados, el fallo indica que las cantidades “fueron satisfechas en concepto de salario”, según los respectivos contratos de trabajo, lo que “impide hablar de sustracción o de desvío de fondos”. Así, “no ha habido perjuicio para las arcas públicas”, ya que la empresa pública “se benefició del trabajo que los contratados desempeñaron”. Por otro lado, sobre la supuesta falsedad en documento oficial, la sentencia reprocha a las acusaciones que “son muy poco concretas”.

La Audiencia Provincial de València ha absuelto al expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y al resto de investigados en el marco del 'caso Alquería'. De esta forma, el juzgado no ha considerado delictivos los siete contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra, ya disuelta, a miembros del PSPV-PSOE y de Compromís, cuyo coste ascendió a 1,1 millones de euros, según apuntó el fiscal Pablo Ponce. 

En concreto, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, quedan absueltos Jorge Rodríguez Gramaje, Agustina Brines Siserol, Josep Ramón Tiller, Ricardo Gallego Perales, Manuel Reguart Serna, Jorge E. Cuerda y Xabier Simón Alventosa, de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, por los que estaban acusados.

Además, también quedan absueltos Josep Luis Melero Martí, María Soledad Torija Urbano, Raúl Ibáñez Fos, Manuel Carot Martínez, Miguel Ángel Ferri Llopis, Salvador Femenía Peiró y Víctor Jiménez Bueso, de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

La operación del 'caso Alquería', comandada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción, se cobró la cabeza del entonces presidente de la institución provincial tras su detención en una espectacular operación policial en junio de 2018, que abandonó el PSPV-PSOE y, tras crear la marca electoral La Vall Ens Uneix, revalidó su mandato como alcalde de Ontinyent. De hecho, tras las pasadas elecciones, al haber obtenido un diputado provincial, tiene la llave de la presidencia de la Diputación de València, lo que podría decantar la balanza hacia un gobierno de izquierdas.

La Fisclía Anticorrupción solicitaba penas de hasta ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para los acusados que finalmente han sido absueltos. Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El fiscal anticorrupción Pablo Ponce ha desglosado las conclusiones de la acusación pública en el juicio del 'caso Alquería', por el que se sienta en el banquillo el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. “El empleo público no tiene que ser para las personas que designen los políticos, tiene que ser para las personas que reúnan la condición de mérito y capacidad”, ha remarcado Ponce ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, que juzga la contratación presuntamente irregular de una decena de altos directivos de la empresa pública Divalterra vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís. 

El representante del Ministerio Público ha defendido la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargada de las pesquisas: no se ha probado “en absoluto” que la actuación policial haya tenido “halo de ilegalidad” alguno, como han deslizado las defensas de los acusados. El fiscal sostiene que los contratos de alta dirección tramitados en la empresa pública de la Diputación de Valenciana, que han supuesto un “quebranto para las arcas públicas” de 1,1 millones de euros según Anticorrupción, se efectuaron “al margen de la legalidad” y omitiendo el procedimiento y las normas estatutarias.

Junto a Jorge Rodríguez, en el banquillo de los acusados se sienta también la excogerente de Divalterra Agustina Brines, de Compromís, además de varios cargos en la institución provincial, para los que el Ministerio Público solicita penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación. Los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Los contratos de alta dirección “constituyen una argucia legal para evitar el procedimiento de la empresa”, todo con el objetivo de “colocar única y exclusivamente a determinados miembros de uno u otro partido político”, ha expuesto Pablo Ponce, que también ha desvinculado el 'fichaje' de los altos directivos del pacto político por el que los partidos progresistas, tras las elecciones del 2015, se hicieron con el control de la institución provincial. 

La “única cualificación de mérito o capacidad es la adscripción a determinado partido político”, ha recordado el fiscal, que ha remarcado que un pacto político “no puede justificar una contratación pública”. La empresa pública Imelsa (cuya marca se rebautizó como Divalterra) fue el foco principal de la corrupción investigada en el 'caso Taula', del que se encarga precisamente el fiscal Pablo Ponce. “Imelsa ya venía de un clientelismo político perfectamente conocido”, ha recordado.

“Ya veníamos del clientelismo, partidismo y enchufismo objeto de otro procedimiento [el 'caso Taula'] y es triste que los nuevos gestores de la sociedad realicen estas mismas actuaciones cuando se incorporan en 2015”, ha lamentado el fiscal, que incide en que los acusados realizaron los contratos de alta dirección a sabiendas de su ilegalidad, con decenas de informes en contra, además de la negativa del primer secretario de la empresa pública. “Se obvia al consejo de administración hasta que se consigue un secretario afín”, ha dicho.

Sahuquillo no era “el charcutero o el florista de enfrente”

El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha repasado pormenorizadamente los correos electrónicos intervenidos por la UDEF. Especialmente los de Agustina Brines, en los que muestra su preocupación por los contratos de alta dirección y anhela que “la mierda del PSOE” no salpique a Compromís. “Brines tenía perfecto conocimiento de la ilegalidad de esas contrataciones en 2015”, ha concluido.

Sin embargo, los correos que mejor apuntalan la tesis de Anticorrupción son los que envió Víctor Sahuquillo, excogerente socialista de la empresa pública, a Jorge Rodríguez, presidente de la institución provincial: “Son todos a cada cual más elocuente”. En su declaración, Jorge Rodríguez vino a decir que Sahuquillo no tenía precisamente el don de la síntesis y que ni siquiera leía sus informes. El fiscal, por el contrario, ha destacado que Víctor Sahuquillo era el cogerente de Divalterra, no “el charcutero o el florista de enfrente”. En sus proféticos correos “dice que son ilegales los contratos de alta dirección”.

Los investigadores de la UDEF también hallaron una conversación de WhatsApp entre Jorge Rodríguez y Manuel Reguart, también acusado, en el que discuten sobre el presunto reparto de los cargos de alta dirección y en el que el entonces presidente de la Diputación lamenta que los socialistas sólo se quedan “dos chorradas de medio ambiente”. El mensaje, además de “mostrar la importancia que le da a la alta dirección” (en referencia al concepto de “chorrada”), evidencia según el fiscal que la creación de las áreas era “única y exclusivamente” para repartirlas entre el PSPV-PSOE y Compromís.

El fiscal anticorrupción ha tildado de “impensable” que se hiciera una proceso de selección de altos directivos en una empresa pública sin publicidad. “Estoy acostumbrado a verlo, se simulan contrataciones para dar apariencia de legalidad. Si no, ¿cómo se va a pagar un sueldo público si no se hace este artificio?”, se ha preguntado.

“Sin estudios jurídicos”, ha remarcado la letrada del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional con número 105.601, responsable de los informes del 'caso Alquería' ha comparecido este jueves en calidad de testigo perito en el juicio a Rodríguez y otros 13 acusados por las presuntas irregularidades en la contratación de cargos de alta dirección en la empresa pública Divalterra. Las defensas han aprovechado la ocasión para sembrar dudas sobre los informes de la UDEF que figuran en el sumario y que mantienen la tesis de que los acusados tramitaron los contratos de alta dirección pese a saber que no era la vía idónea para su contratación.

Ángela Coquillat, la letrada de Jorge Rodríguez, le ha preguntado al inspector si tenía formación jurídica. El testigo ha defendido su trayectoria de 15 años en la UDEF y ha detallado sus estudios superiores: una licenciatura en Biología, un máster en Ciencias Policiales y un doctorado en Geografía. La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia le ha preguntado si tenía conocimiento de que la opción de los contratos de alta dirección “es un tema polémico en la jurisprudencia” a lo que el policía ha respondido que “no”.

La abogada, en un largo interrogatorio, también le ha arrancado otra declaración clave al responsable de la investigación: se reunió con Jose Luis Vera, responsable jurídico de Divalterra y una suerte de agente doble en el seno de la empresa pública. “Vera no es denunciante”, ha recordado Ángela Coquillat.

A preguntas del fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, el agente ha ratificado ante el tribunal los informes que corroboran que los acusados sabían que los contratos de alta dirección cuestionados eran ilegales.

“Absoluto conocimiento”

El testigo ha declarado que Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent, tenía “absoluto conocimiento” de la “arbitrariedad” en estos contratos y se ha referido a los avisos del cogerente de Divalterra Víctor Sahuquillo en los que le avisaba precisamente de eso. “Sahuquillo deja bastante claro en alrededor de 13 correos [electrónicos] que es una ilegalidad y que es un riesgo”, ha dicho el agente.

Además, en un chat que mantiene Rodríguez con otra persona, se puede leer también, según ha reproducido el perito, que éste comenta textualmente: “Compromís se queda de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica. Ese era nuestro perfil que hemos buscado nosotros”. “Se intuye el reparto político de direcciones de área entre los miembros del partido”, ha concluido.

Preguntado por el fiscal si había algún tipo de vinculación entre Rodríguez y los contratos de alta dirección de 2018, el testigo ha manifestado que “sí”, puesto que uno de ellos (Víctor Jiménez) era amigo suyo y comenzaron a militar juntos en Juventudes Socialistas. El policía ha reconocido a preguntas de la letrada de Jorge Rodríguez que la fuente de esa vinculación es el digital OkDiario, lo cual ha causado hilaridad entre las defensas.

El agente de la UDEF ha afirmado que Agustina Brines, una de las cogerentes de Divalterra, conocía las contrataciones de alta dirección “exactamente igual o más que Rodríguez”, ha dicho. El testigo ha insistido en que los acusados en Divalterra conocían “fehacientemente” los informes elaborados por abogados y catedráticos que aludían a la presunta ilegalidad de los contratos de alta dirección.

Sobre estos informes ha aseverado que concluían “sin ningún género de duda” que la fórmula de los contratos de alta dirección no era correcta. En relación con el número de contratos efectuados, el agente ha manifestado que les llamó “poderosamente” la atención que mientras que en Divalterra, con un volumen de negocio de 25 millones en 2015, se contrataron a 10 altos directivos; en Egevasa, con un volumen de 35 millones, no existía ningún alto directivo; y en el Consorcio de Bomberos, con 46 millones, solo hubiera un alto directivo. “Esto nos lleva a sospechar que hay algo raro”, ha aseverado.

¿Puede un agente de la Policía Nacional suspendido declarar en un juicio como testigo perito? Es la situación que debe resolver la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia en el marco del juicio del 'caso Alquería'. El próximo 10 de noviembre están citados a declarar en condición de testigos peritos cuatro agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las defensas de los acusados. Sin embargo, el agente con carnet profesional 81.712 ha enviado un escrito al tribunal, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que anuncia que se encuentra suspendido de empleo y sueldo por un expediente disciplinario y que se le ha retirado “temporalmente” tanto el carnet profesional como la placa.

El hombre informa de que no puede “ejercer labores de Policía Nacional”. El agente con carnet profesional 81.712 fue uno de los investigadores que llevó las pesquisas del 'caso Alquería', sobre las presuntas irregularidades en la contratación de una decena de cargos de alta dirección vinculados al PSPV-PSOE y Compromís en la empresa pública de la Diputación de Valencia.

Los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Así, solicita penas de hasta ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para los acusados.

“Mi asistencia al juicio sería para asistir por mi condición de Policía Nacional, condición para la cual estoy suspendido y no puedo ejercer, ni representar en modo alguno, no pudiendo identificarme como tal”, advierte en el escrito.

El agente suspendido participó en la elaboración de diversos informes que constan en el sumario del 'caso Alquería', aunque “la actualidad es bien distinta”, señala. Sólo podría asistir a declarar al juicio, según argumenta, como “civil” y no como “perito con carnet profesional 81.712 que es lo que refleja la citación judicial” que entregó un agente judicial en su actual domicilio en Cantabria.

Una “anomalía”

“Un dato que refleja la anomalía en la que me encuentro es el hecho que una citación para asistir a un juicio en relación a mi trabajo, sea entregada en mi domicilio particular y no en la secretaria de la Unidad a la que pertenezco”, señala el escrito. El hombre también indica que “existen más personas que trabajaron en la elaboración de dichos informes, perfectamente capacitados para defender el trabajo realizado en el juicio oral junto al inspector instructor de las diligencias”.

El escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Valencia concluye “a la espera de una comunicación” para “saber la manera de proceder”. El tribunal ha dado tres días de plazo a las defensas y a Anticorrupción para que decidan si retiran o mantienen la declaración del testigo perito, en su singular condición de policía suspendido de empleo y sueldo.

La Sala Tirant II de la Ciudad de la Justicia de Valencia acoge a partir de este lunes el juicio por el 'caso Alquería' que se prolongará en casi una treintena de sesiones hasta el mes de noviembre. El tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia debe establecer si los siete contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra, ya disuelta, a miembros del PSPV-PSOE y de Compromís, fueron delictivos. La operación del 'caso Alquería', comandada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción, se cobró la cabeza del entonces presidente de la institución provincial, que abandonó el PSPV-PSOE y, tras crear una nueva marca electoral, revalidó su mandato como alcalde de Ontinyent.

En el banquillo de los acusados se sientan Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el exsecretario del consejo de administración de Divalterra, Jorge Cuerda; los exgerentes de la empresa pública, Xavier Simón, Agustina Brines y Josep Ramón Tiller; además del asesor Manuel Reguart y los siete cargos con contrato de alta dirección. Los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Así, solicita penas de hasta ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para los acusados.

En la sala desfilarán casi medio centenar de testigos, además de 13 peritos, entre ellos cuatro agentes de la Policía Nacional y una interventora estatal. Los acusados, a pesar de los numerosos informes jurídicos en contra, ficharon con contratos de alta dirección a personas vinculadas a las formaciones políticas que gobernaban la Diputación de Valencia tras el cambio en 2015. La empresa pública de la institución provincial se había erigido como el epicentro del 'caso Taula' y constituía un auténtico agente tóxico heredero de la anterior etapa del popular Alfonso Rus.

Los nuevos responsables de Divalterra “fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba y que respondía a una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes a los partidos político PSPV y Compromís, los cuales se estaban repartiendo las diferentes áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública”, reza el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

A pesar de que los cargos con contratos de alta dirección no ejercen esas funciones y de que Divalterra no tenía una “necesidad real y efectiva” de su trabajo, el coste del personal ascendió a 1,1 millones de euros, según apunta el fiscal Pablo Ponce. 

Los acusados, por su parte, defienden la legalidad de las contrataciones escudándose en los informes jurídicos que las avalaban. Agustina Brines, excogerente de la empresa pública, defendió ante el juez instructor que los puestos se cubrían por mérito, capacidad y confianza y destacó que el entonces jefe jurídico, José Luis Vera, “no puso ninguna objeción”. El letrado, uno de los principales colaboradores de Anticorrupción durante la investigación, figura como investigado en el marco del 'caso Azud'.

Las defensas del caso Alqueria, en el que se investiga la posible contratación a dedo de trabajadores afines al equipo de gobierno del PSPV y Compromís en la Diputación de Valencia, han presentado este jueves un escrito a la Audiencia de Valencia para solicitar una nueva batería de comparecencias. Entre la veintena de nuevas solicitudes, tanto los abogdados del Grupo Popular como la defensa del expresidente Jorge Rodríguez solicitan que acuda al juzgado la ministra de Ciencia, Diana Morant.

En la fecha que compete a la investigación Morant era diputada provincial en Valencia, cargo que abandonó en 2017 para centrarse en la alcaldía de Gandia. Cuando los socialistas accedieron al Gobierno en coalición de la Diputación de Valencia, hasta entonces feudo del PP, la ministra fue escogida representante del PSPV por el partido judicial de Gandia y ejerció durante dos años de delegada de mancomunidades y comarcalización.

El magistrado aún debe admitir o no las propuestas de las defensas, que incluyen a altos cargos del Ejecutivo valenciano y a otros representanes en la Corporación provincial. La defensa de dos de los directivos bajo la lupa y del exasesor de Rodríguez en la diputación reclaman la comparecencia de la actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, entonces diputada de Memoria Histórica o de la secretaria autonómica de Eficiencia Sanitaria, Concha Andrés. Rodríguez ya reclamó su comparecencia como parte de las personas que negociaron el pacto de gobierno en la institución.

Las defensas han solicitado además que acudan como testigos multitud de miembros de las corporaciones locales y provinciales, como el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa; Conxa García, alcaldesa de Picassent, Isabel García, entonces diputada de Juventud o Berto Jaramillo, diputado de Transparencia.

El juez del caso Alquería ha aceptado que preste declaración la antigua cogerente de Divalterra, Agustina Brines, testimonio que se realizará a petición de la propia Brines. La declaración también tendrá lugar el 30 de enero, el mismo día en el que decarará también un perito económico a propuesta de Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y principal investigado en el caso.

Se trata del Economista-Auditor José Andreu, autor de un informe pedido por el mismo Rodríguez, y en el que se niega perjuicio alguna en Divalterra por la gestión del expresidente de la diputación en el periodo 2015-2018.

En dicho informe pericial se afirma que “la gestión del órgano de Administración y su Presidente Don Jorge Rodríguez Gramaje no ha perjudicado económicamente la Entidad Divalterra S.A.”. El documento consta de 20 páginas, y a lo largo de su escrito se afirma que “se observa una reducción importante de los costes (personal y explotación) registrados por la sociedad, lo cual supone un importante beneficio para la Administración Pública (socio único de Divalterra, S.A.) al verse reducidas las necesidades de financiación (subvenciones) de la entidad participada…”.

En las conclusiones de dicho informe se indica que las cuentas de Divalterra fueron auditadas de forma externa y que dichos informes no presentaron salvedad alguna.

El exportavoz socialista en la Diputación de Valencia José Manuel Orengo y otros dirigentes del PSPV y de Compromís comparecerán en calidad de testigos los próximos lunes y viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el conocido como caso Alquería.

De acuerdo a la petición formulada por la defensa del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, Orengo ha sido citado este lunes 16 de diciembre a las 9.30 horas, y tras él la actual secretaria autonómica de Eficiencia Energética y exalcaldesa de Moncada, Concha Andrés.

Este lunes también están citados el diputado de Compromís Xavier Rius y los exdiputados de esta formación Emili Altur y Josep Bort.

El viernes día 20 de diciembre deberán comparecer la exdiputada de Compromís María Pilar Moncho y Francisco Pastor Laparra.

El juez, sin embargo, ha descartado las comparecencias del ex diputado provincial y ex portavoz socialista Pablo Seguí; y la de la vicepresidenta de la Diputación María Josep Amigó (Compromís), por constar ya sus declaraciones en la causa.

La intención de la defensa de Rodríguez, según explicaron fuentes del caso a EFE, era la de tratar de acreditar que la contratación de supuestos “enchufados” en la empresa pública Divalterra se hizo para sustituir a un número todavía mayor de directivos de la empresa pública Imelsa (posteriormente Divalterra) que fueron cesados cuando cambió el Gobierno de la corporación provincial.

Además de estos nueve supuestos “enchufados”, el juez investiga al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y a quienes han ocupado el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.

Los contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) investigados en el caso Alquería (por el que fueron detenidos inicialmente e imputados media docena de políticos y cargos de la corporación provincial) no estaban claros desde el principio para el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y para los propios responsables de la empresa pública del PSPV y de Compromís, como muestran las conversaciones de WhatsApp analizadas por la UDEF en un informe entregado al juez al que ha tenido acceso eldiario.es.

La cogerente de empresa pública por Compromís Agustina Brines, investigada en la causa, reconoce en un mensaje que “la situación en Divalterra es complicada jurídica y políticamente”. “Estoy muy preocupada (...) que la mierda del PSOE no nos arrastre a Compromís. ¡Lo conseguiremos!”, exclama.

Al final, la “mierda del PSOE” acabó salpicando a ambos socios de gobierno y el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, la misma Brines y varios responsables de Divalterra, tanto del PSPV como de Compromís, están investigados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. 

El informe de 300 páginas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entregado al juez el pasado 16 de octubre, analiza una treintena de teléfonos, memorias USB y ordenadores de los principales investigados y  vuelve a apuntalar las conclusiones del sumario: los imputados conocían que los contratos de alta dirección en Divalterra eran ilegales, entre otros motivos porque la decena de informes jurídicos solicitados por la Diputación, a excepción de uno, eran desfavorables.  

Una conversación entre el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y su asesor Manuel Reguart (hijo del anterior alcalde socialista de Ontinyent, ciudad de la que es alcalde Rodríguez, incluos tras haber abandonado el PSPV por su imputación en el caso), muestra, a juicio de la Policía, la “incertidumbre jurídica respecto a la contratación de los altos directivos”:

Manolo Reguart Jr: “Estos son los 6 puestos de alta dirección de IMELSA que quieren contratar, sueldo 50mil”.

MR Jr: “Los técnicos que se indican con flechita quieren que sean por concurso”.

Jorge Rodríguez: “No eran 6”.

MR Jr: “A nosotros (al presidente, vaya) nos proponen cambiar el título del puesto ”estudios y estrategia local“, por un título que nos interese, y poner a la persona que queramos”.

Jorge Rodríguez: “Eran 4”.

MR Jr: “Correcto”.

J.R.: “Eso es una barbaridad”.

J.R.: “Porque además nosotros solo tenemos 2 chorradas de medio ambiente”.

J.R.: “Compromís se queda de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica”.

J.R.: “Esa era nuestra y es el perfil que hemos buscado nosotros”.

Otra conversación, esta vez entre Ricard Gallego, jefe de gabinete de Rodríguez, y Jorge Cuerda, secretario del Consejo de Administración de Divalterra, también “demuestra” según la UDEF, que los investigados sabían que los contratos de alta dirección no cumplían los requisitos legales. Gallego pasaba las órdenes a Cuerda, el hombre fuerte del presidente en Divalterra encargado de facilitar “la hoja de ruta para la contratación del resto de altos cargos”: “Me gustaría que el informe hablase en general, no del nombramiento de uno o dos cargos sino de todos, de manera que evitemos hablar de competencias concretas. Tú escribes las generales y después el acuerdo de consejo que añada las que considere (...)”.

En un ordenador de Cuerda, la Policía localiza un borrador de “reproche a Jorge Ochando”, el diputado provincial de Ciudadanos, uno de los denunciantes del caso junto a los cargos nombrados por Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, que denunciaron inicialmente las presuntas irregularidades. El documento, que propone la expulsión de Ochando del Consejo de Administración de Divalterra, supone una “amenaza velada” al denunciante del caso, según apunta la UDEF. El borrador sugiere “interponer una denuncia por la supuesta comisión de un delito de denuncia falsa, achacándole que únicamente tiene afán personal y partidista en sus denuncias de irregularidades”, indica la Policía.  

Xavier Simó, cogerente del PSPV junto a Brines en Divalterra, pregunta en un WhatsApp a un interlocutor desconocido sobre un informe jurídico para regularizar los contratos de alta dirección. “En el Consejo se dijo de quitar algo —responde el interlocutor desconocido— cosa que yo no recomiendo porque al final no quedarán funciones directivas y, por tanto, informaré en contra”. La respuesta demuestra, según la Policía, la “intencionalidad e interés respecto al encaje legal” por parte de los investigados que pretendían “realizar una contratación ad hoc”. Simó sustituyó a Víctor Sahuquillo —quien advirtió en un e-mail profético al presidente de la Diputación sobre el desastre que se avecinaba— en la gerencia de la empresa pública.  

En el teléfono móvil de Ricard Gallego los investigadores analizaron un chat en el que participaban Jorge Rodríguez, su jefe de gabinete y la entonces mano derecha del presidente de la Diputación, Rebeca Torró. Aunque la UDEF comprueba que en este chat “no existen conversaciones relacionadas con los hechos investigados”, sí que desliza que hablan “sobre la organización del PSPV a nivel provincial y a nivel autonómico y el apoyo que Jorge Rodríguez pueda dar a Ximo Puig”. Torró, que era la número dos de Jorge Rodríguez en el Ayuntamiento de Ontinyent, acabaría rompiendo con él cuando creó su porpio partido al margen de los socialistas, La Vall Ens Uneix, al ser apartado de la candidatura por su imputación en el caso Alquería y fue nombrada más tarde secretaria autonómica del Gobierno de Puig.  

Los investigadores también destacan los extractos bancarios con algunas de las aportaciones mensuales del asesor Manuel Reguart y del jefe de gabinete, Ricard Gallego, al PSPV. La Policía considera, además, que los investigados crearon un  Consejo de Dirección, paralelo al Consejo de Administración, que resulta “ajeno totalmente a la estructura de Divalterra”. El propio Gallego desliza en un mensaje enviado al diputado provincial de Compromís Josep Vicent Bort que se trata de un “consejo de dirección político”.

El juez instructor del caso Alquería que investiga a Jorge Rodríguez y otros colaboradores en un presunto caso de malversación y otros delitos ha reclamado a las defensas más motivación para llamar a declarar como testigos a varios dirigentes políticos de PSPV y Compromís.

Así concretamente ha pedido a las defensas de Rodríguez y de otros acusados “que dé razón de ciencia de tal petición en relación con el caso que se investiga. Los testigos llamados a declarar són Jose Manuel Orengo, Concha Andres y Pablo Seguí (todos ellos del PSPV) y Maria Josep Amigó, Emili Altur, Josep Bort y Xavi Rius (de Compromís).

De esta forma las defensas pedían tomar testigo a los principales negociadores del pacto a la Diputación de València en 2015, negociación en la que se abordó la gestión de la antigua Imelsa, que había provocado la apertura del caso Mesa. Hubo quién quiso cerrarla en un primer momento, aunque después se impuso la tesis de mantenerla en funcionamiento cambiándola de nombre por Divalterra.

Pero por otro lado además el juez ha denegado la declaración de Vicente Boquera, secretario del consejo de administración de Divalterra “por constar ya su declaración en autos”. Tampoco se acepta el testigo de Adrián Serrano y de Carlos Alfonso Mellado por la ratificación de los informes periciales “por resultar esta prueba superflua para las investigaciones, dado que ya constan en la misma, además de ser conocidos y admitidos en su momento por las partes personadas en el

procedimiento“.

No obstante la resolución judicial no es firme y cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado en un plazo de tres días, recurso que las defensas ya han dicho que presentarán.

El alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha querido especificar que la entrada este martes de la UDEF nuevamente a las sedes de la Diputación, del Ayuntamiento y de Divalterra dentro de las investigaciones de la operación 'Alquería', ha sido para descargar los tres correos electrónicos que ya intervinieron en el mes de junio, pero que todavía no habrían podido abrir los investigadores.

El TSJCV ha informado de esta entrada policial en las sedes para “completar” la información recabada en el primer registro, a la vez que se especificaba que “no se trata de una entrada y registro”.

Rodríguez ha concretado que “han venido a descargar nuevamente los mismos correos que ya se descargaron el 27 de junio, porque parece que después de la descarga tuvieron una serie de problemas que no les permitieron visualizarlos bien, así que la única cosa que han hecho es venir, volver a descargar los tres correos electrónicos e irse”. Además el alcalde ha añadido que “han mostrado una orden judicial en la que se especificaban los tres correos”, que corresponederían al suyo, al de su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y al de su asesor Manuel Reguart.

Por otro lado Rodríguez también ha lamentado que con el comunicado el TSJCV “airea acciones judiciales que están bajo secreto de sumario”, y además destacaba ironizando que “siempre son muchas coincidencias, porque han venido el día antes de ser oficilamente el candidato del PSPV en Ontinyent”.

Cabe destacar esta situación ya que el PSPV puso de margen el 5 de diciembre para poder hacer primarias en Ontinyent en el caso de que se levantara el secreto de sumario y se desvelaran acusaciones de corrupción de peso sobre Rodríguez. Pero la nueva prórroga que tuvo lugar hace poco más de una semana -detrás de la cual al parecer estaría la dificultad de la apertura de dichos correos- ha hecho que esta posibilidad de primarias ya no se contemple, y Rodríguez vaya a ser así el candidato oficial al menos hasta que eventual levantamiento de sumario con argumentos de peso no lo impide antes de las elecciones.

El pacto de aplazar las primarias de Ontinyent al 5 de diciembre y dar este margen para que se levante el secreto de sumario del caso Alqueria que investiga por prevaricación y malversación a Jorge Rodríguez para que así se pueda aclarar su futuro político, habrá sido en vano ya que el secreto volverá a alargarse, como mínimo hasta finales de año.

Este alargamiento lo anuncian medios como Levante-EMV y Valencia Plaza que apuntan que este retraso en el levantamiento del secreto de sumario se debe al gran volumen de trabajo de la investigación, fundamentalmente en el vuelco de las fuentes digitales.

Explican así que no se podrán conocer a fondo las acusaciones que señalan a Rodríguez, sus asesores y los responsables de Divalterra, y evaluar así si tienen suficiente peso para apartarlo de la carrera política en Ontinyent, hasta que llegue el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional. Este documento debe mostrar la transcripción de los correos electrónicos y los mensajes telefónicos de los diferentes dispositivos incautados en los registros de las oficinas de la Diptuación de València, el Ayuntamiento de Ontinyent y los domicilios particulares.

El pacto al que llegaron Rodríguez y la dirección del PSOE en Madrid, después de que Ferraz vetara la candidatura del alcalde de Ontinyent, fue retrasar hasta el 5 de diciembre el proceso en la ciudad de forma excepcional y esperar a que para entonces se conociera el fondo de la investigación. Pero las informaciones del alargamiento abocarían a la celebración de unas primarias en Ontinyent que remontarían a la situación del 25 de septiembre, cuando al proceso interno concurría Jorge Rodríguez sin saber todavía el calado de las acusaciones que se le investigan.

Con todo la segunda parte del pacto se mantendría, que es que si se destaparan acusaciones graves antes de las elecciones se elegiría otro candidato. Cabe recordar aquí las declaraciones que apuntaba el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, quien afirmaba que, de darse esta situación, “Jorge Rodríguez nos ayudará a tomar decisiones”, en el sentido de que se pactaría una nueva cabeza de cartel.

Jorge Rodríguez, el expresidente de la Diputación de València investigado dentro del caso Alquería, ha retomado su actividad como alcalde de Ontinyent, un regreso que desde las filas socialistas se relaciona con la dilatación del mantenimiento del secreto de sumario del caso que investiga a Rodríguez.

Cabe recordar que Jorge Rodríguez fue suspendido de militancia tras una “aparatosa” operación policial, según como la definió el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien pidió su dimisión. Así lo hizo del cargo de presidente de la Diputación, pero no del cargo de alcalde, función que ha delegado durante las tres últimas semanas en su mano derecha municipal, Rebeca Torró, hasta este lunes.

La vuelta a las funciones de alcaldía fue explicado en un comunicado hecho público por el PSPV de Ontinyent en las redes sociales, apuntando que “una vez organizada la defensa y mientras no se levante el secreto de sumario no tiene sentido continuar delegando la Alcaldía de una ciudad en la cual no se investiga nada. Estamos convencidos que una vez se abra el secreto del sumario todo quedará aclarado y, por lo tanto, esperamos que ese día llegue cuanto antes”.

Los socialistas afirman que “nos felicitamos que nuestro Alcalde recupere la agenda institucional y sobre todo que lo haga para reunirse con la consejera Ana Barceló para seguir trabajando en el nuevo hospital de Ontinyent”. Y es que Rodríguez ha contado continuamente con el apoyo de sus más cercanos, empezando por los trabajadores del Ayuntamiento, así como también por la propia Rebeca Torró que ha accedido al acta de diputada provincial que abandonó Rodríguez demostrando su disconformidad con la situación al afirmar que tomaba posesión “por responsabilidad política”.

Esta dilatación de los tiempos en la investigación ha causado malestar entre los imputados dde la Operación Alqueria. Así varios de ellos han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia a la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia de prorrogar el secreto de sumario de la causa durante un mes más. Los investigados consideran que mantener la causa secreta para las partes cae en contradicción con haberlos dejado en libertad tras las detenciones. Y es que, según los recurrentes, el magistrado justifica el mantenimiento del secreto en que no se ponga en riesgo el secreto de las actuaciones y les decretó la libertada tras tomarles declaración porque no había riesgo de que ninguno de los investigados pudiera ocultar, destruir o alterar fuentes de prueba.

Tres semanas después de que Jorge Rodríguez delegara en la primera teniente, Rebeca Torró, la alcaldía de Ontinyent, ha retomado su actividad como jefe del gobierno municipal. Rodríguez ha delegado cada cada una de las tres últimas semanas sus funciones en Torró después, empezando el pasado 2 de julio cuando anunció que dimitía como presidente de la Diputación de València, después de haber sido detenido la semana anterior dentro de la operación policial Alqueria.

Para su regreso a la actividad como alcalde Rodríguez lo ha hecho con un tema positivo, como es el anuncio de un incremento en el presupuesto del proyecto de ejecución del hospital de Ontinyent, anuncio fruto de la reunión que ha mantenido con la consellera de Sanidad, Ana Barcelo, en una reunión de seguimiento de los trámites para la construcción del hospital. En el encuentro también se ha anunciado que el proyecto de ejecución se presentará en agosto, la licitación se hará al último trimestre de este año y las obras empezarán en la primera mitad de 2019

En cifras concretas se ha explicado que la Consejería de Sanidad ampliará en casi un 20% la inversión prevista en las obras del hospital de Ontinyent, que pasa de 26.115.000 a 32.000.000 de euros. Además también exponía que el proyecto básico y de ejecución de obra se presentará este mes de agosto y la licitación se hará al último trimestre de este año, para que las obras puedan empezar en la primera mitad de 2019.

Al encuentro, al cual también asistían la primera teniente de alcalde, Rebeca Torró, el regidor de Territorio, Jaime Peris, y la Directora General de Eficiencia y Régimen Económico, Carmelina Pla, también se explicaba que todo esto va a hacer necesaria una adenda al convenio para ajustar el nuevo precio y con él las anualidades, la primera de las cuales, la correspondiente a 2019, pasará a ser de 4’25 millones de euros.

La consejera Ana Barceló ha subrayado que desde su área “vamos a seguir avanzando y ejecutando las gestiones previstas y necesarias para hacer realidad la construcción de este centro sanitario tan demandado, para que los vecinos y vecinas de Ontinyent y el área de influencia disponen de una infrastructura sanitaria pública de la máxima calidad”, manifestaba.

Por su parte, el alcalde de Ontinyent ha señalado que el anuncio de la ampliación de la inversión y de los avances en los trámites “es una muy buena noticía que agradecemos a la Consejera, y que demuestra la apuesta del Gobierno Valenciano para hacer realidad este proyecto que está suponiendo para la ciudad un largo camino lleno de esfuerzos, pero que pagará la pena porque una vuelta construido también supondrá un antes y uno después en la atención sanitaria en Ontinyent y la Vall d'Albaida”, concluía.