Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran el sábado 18 de abril una nueva jornada de puertas abiertas, de modo que las personas interesadas en conocer su sede del Convento de San Gil de Toledo en Toledo, también conocida como 'Gilitos', puedan formar parte del grupo que llevará a cabo un recorrido guiado.

Esta actividad enmarcada en el programa 'Cortes Abiertas' del Parlamento regional comenzará a las 10.30 horas. El itinerario permite a la ciudadanía pasar por las diferentes dependencias del parlamento y recibir algunas nociones sobre patrimonio y actividad parlamentaria.

Desde las Cortes informan de que las personas interesadas en participar en esta actividad gratuita solo tienen que dirigir un correo electrónico a puertasabiertas@cortesclm.es o telefonear al número 925 259 807.

Itinerario

El itinerario divulgativo arranca en el recibidor del antiguo convento y atraviesa las principales estancias del parlamento, como el Salón de Plenos instalado en la antigua iglesia, las salas de comisiones y de la Mesa y la biblioteca, hasta desembocar en la terraza del edificio de grupos, con una fantástica panorámica sobre el Río Tajo.

Entre las curiosidades, la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado y de lujo de la Constitución Española. Además, existe la opción de concertar una visita guiada para un grupo cerrado (centro educativo, asociación vecinal, de mujeres, etc.) contactando en los mismos números de teléfono y correo electrónico que para las 'puertas abiertas'.

Durante el año pasado cerca de 2.700 personas pasaron por el antiguo Convento de San Gil, una cifra que mantiene el intenso ritmo de visitas que se ha instalado en la institución durante esta legislatura.

El Oratorio de San Felipe Neri es sin duda uno de los lugares más emblemáticos de Cádiz. Hablamos de un edificio destacado por su alto valor arquitectónico, pero con el que es imposible dejar a un lado su gran relevancia histórica. Este lugar se convirtió en el escenario donde se reunieron las Cortes de Cádiz y se promulgó la famosa Constitución de 1812.

Para entender la importancia del Oratorio debemos remontarnos al año 1808, cuando gran parte del país quedó bajo control francés tras la invasión napoleónica y la abdicación del rey Fernando VII. Cádiz, sin embargo, resistió el asedio y se convirtió en uno de los principales focos de resistencia en España.

En este contexto, se convocaron unas Cortes Extraordinarias, conocidas como Cortes de Cádiz, en las que representantes de distintos territorios se reunieron para reorganizar el país e intentar establecer un nuevo modelo político. Aunque las primeras reuniones se celebraron en el teatro de comedias de la actual localidad de San Fernando, pronto se trasladaron a este edificio de la capital. 

Así, el Oratorio de San Felipe Neri, ubicado en la calle Calle San José del casco antiguo de Cádiz, se convirtió en uno de los principales protagonistas de la Constitución de 1812. En su interior se llevaron a cabo las sesiones donde los diputados debatieron, redactaron y finalmente aprobaron los artículos de la Carta Magna, la primera Constitución española. 

Su construcción y el tsunami

La historia de este edificio empezó mucho antes de que este se convirtiera en escenario clave de la historia política de nuestro país. Hablamos de uno de los pocos ejemplos de templo de planta elíptica del barroco andaluz, el cual fue construido en 1688 siguiendo los planos del alarife Blas Díaz e inaugurado en 1719.

Con un total de siete capillas rectangulares con bóvedas de cañón, destaca principalmente la del Sagrario, con un retablo barroco del siglo XVIII de mármol policromado que está presidido por un crucifijo de madera. En el interior, el retablo mayor alberga un lienzo de la Inmaculada Concepción realizado por el pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo.

Uno de los sucesos más particulares que rodean al templo es que su cúpula, encamonada, de doble tramo y con ocho ventanales, tuvo que rehacerse tras el terremoto de Lisboa de 1755. Apenas unos minutos más tarde de producirse el seísmo, se formó un tsunami que llegó hasta la localidad gaditana. El agua deterioró gravemente la cubierta, que fue restaurada en 1764.

Cómo y cuándo visitar el edificio

Si queremos visitar el edificio, debemos tener en cuenta su horario: este abre de lunes a viernes de 10:30 a 16:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 hoas, con horario especial en julio y agosto. Además, los domingos se celebra misa de 12:00 a 13:00 horas. Las entradas tienen distintos precios: desde los 5 euros de la tarifa general, a los 4 euros de la tarifa reducida (mayores de 65 años y jóvenes menores de 25) y la entrada gratuita para menores de 12 años. 

Además, junto al Oratorio de San Felipe se encuentra el Centro de Interpretación de la Constitución de 1812, un espacio que permite conocer en profundidad el contexto de este edificio histórico. La visita al centro está organizada en tres secciones: una dedicada a la ciudad a principios del siglo XIX y la creación de las Cortes españolas, otra centrada en el contexto de la Guerra de la Independencia y, la última, sobre la Constitución de 1812.

Dicen que enterramos muy bien porque a nadie se le ocurre hacer un obituario injurioso del difunto. Cuestión de elegancia, delicadeza y buena educación. El protocolo funerario forma parte de las costumbres ancestrales que, por repetición y asimilación, se convierten en cultura de una sociedad, mediante la incorporación del consiguiente relato a su identidad como grupo para dotar de significado al ritual, sea religioso o no. Si actuamos de forma consciente y acordada en las despedidas, más aún lo hacemos con motivo de nacimientos, aniversarios y efemérides. Especialmente, en España, lo celebramos todo y no hay meses en el año en los que falte una fiesta diaria en cada uno de los territorios. La ceremonia con motivo de la longevidad de la Constitución del 78 —que convocó a la clase política esta semana en el Parlamento— parecería algo forzado o, cuando menos, sobreactuado si no la enmarcamos en esta manía ritual de inventar causas de celebración. Teniendo en cuenta nuestros antecedentes como pueblo experto en la discrepancia, más proclive a los altibajos pasionales que a la concienzuda perseverancia, hay muchos motivos para darnos un chute de autoestima y aprovechar la ocasión para sentirnos orgullosos y orgullosas del trabajo bien hecho. ¡¡¡Hay tan poco que celebrar últimamente!!!

Festejar la estabilidad política y jurídica de nuestro marco de convivencia, que no ha cumplido siquiera 50 años, puede parecer bisoño y autocomplaciente. Lo es si tenemos en cuenta que la Constitución de Estados Unidos lleva en vigor desde 1787 (con sus posteriores enmiendas) y la no codificada del Reino Unido aplica documentos históricos anteriores a 1215. Pero no se trata ahora de medir el simple paso del tiempo como un valor positivo en sí mismo, sobre todo cuando estamos viendo cómo la longevidad de la “Carta de Derechos” norteamericana parece papel mojado en manos del trumpismo. Pongamos el foco en los valores que este proceso constituyente ha aportado al desarrollo en paz de una sociedad moderna surgida de un país que era pobre y atrasado, ahora convertido en uno de los más avanzados, integrado en el espacio geopolítico más próspero del planeta. Nadie habría dado un duro por ello cuando se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal, tras 40 años de dictadura. ¿Que habría sido posible otra transición? Puede ser... ¿Que se cometieron errores? Sin duda. Pero en esa tesitura quisiera ver yo a los que hoy fanfarronean menospreciando la obra del 78, un auténtico milagro realizado en tiempo récord por constituyentes sin experiencia democrática, con los cuarteles en pie de guerra, el búnker en primera posición y la vida diaria del país ensangrentada de muerte por el terrorismo etarra o fascista. 

Que el hoy devaluado consenso y la altura de miras de la clase política de los años 70 fueron las claves del éxito es una obviedad. Como también lo es que el marco de convivencia haya llegado vivo a nuestros días por haber sido resultado de un acuerdo que comprometió a todo el espectro económico, social y político (con el añadido de los Pactos de La Moncloa). La sacralización de la Constitución durante estos años impidió su reforma y una necesaria adecuación a los tiempos modernos (con tan solo tres cambios muy parciales), pero sin duda ha preservado toda su virtualidad como anclaje fiable de nuestra convivencia. Las dos grandes fuerzas políticas (socialdemócratas y conservadores) fueron artífices de su aplicación en las primeras décadas pero la transformación del espectro electoral y el final del bipartidismo con nuevos elementos de convivencia en el siglo XXI ha alterado este equilibrio. No basta con ensalzar la santa obra constitucional de forma retórica. Como bien dijo Felipe VI en el Parlamento, hay que aplicarla. En la forma y fondo. 

La lealtad constitucional está hoy claramente en entredicho por culpa de tirios y troyanos. La oposición no ejerce de tal ni busca controlar el trabajo del Gobierno para mejorar la vida de la ciudadanía sino que usa y abusa de los instrumentos de que dispone con el único afán de destruir al adversario. Y el Gobierno se ha atrincherado en su parcela de poder multiplicando su gestión de manera unilateral, sin duda más preocupado de contar con los votos que le permitan seguir administrando el país que de conservar el espíritu del consenso fundacional de la democracia del 78 que implicó la complicidad con el partido opositor. Ni el PSOE es lo que era ni mucho menos el PP actual responde al espíritu centrista de los herederos de la UCD. Pero la Constitución que nos rige sigue siendo la misma y ambos partidos están obligados a acatarla y aplicarla, más allá de sus intereses electorales coyunturales. 

El texto de la Carta Magna supuso un ejercicio de pericia y prestidigitación que permitió la articulación de distintas sensibilidades políticas, identitarias y culturales en un modelo que entonces era novedoso y demostró su eficacia durante años. El reparto de competencias, poderes y contrapoderes está basado en el principio de la lealtad institucional para así preservar su equilibrio y eficacia. Es esa lealtad, que implica el respeto a las leyes y las instituciones, la piedra de toque de la Constitución, lo que nos garantiza la paz y asegura la convivencia. Si pervertimos y destruimos ambas estamos debilitando su arquitectura y corrompiendo sus valores. Se dañan las instituciones cuando las autonomías incumplen sistemáticamente las leyes del gobierno central o llevan a los consejos territoriales posiciones que obedecen a tácticas de partido; los ayuntamientos aplican las normas de acuerdo con su ideología y desequilibran el reparto territorial de los servicios públicos; cuando las mayorías reforzadas previstas en la Constitución son utilizadas como herramientas de bloqueo, el Senado se convierte en una jaula de grillos o la sesión de control al Gobierno simula un patio de monipodio; las instancias judiciales se usan para ajustes de cuentas y siempre que los adversarios se comportan como enemigos mortales. 

De poco servirá seguir celebrando efemérides constitucionales si estamos minando sistemáticamente su espíritu de respeto institucional y fidelidad a sus principios. Ya podemos proclamar la longevidad de un bonito marco jurídico si lo estamos dinamitando en sus cimientos, cuales termitas depredadoras, porque se convertirá en un texto inane y hueco de imposible aplicación. Así que, menos fastos y más esfuerzos. Menos predicar y más dar trigo, como dice el refrán. Porque, al final, los temporales no eligen territorios, pueden llegar por igual a cualquiera, las danas e incendios devastadores pueden afectar hoy a una y mañana a otra autonomía, las pandemias o los accidentes ferroviarios, de aviación o marítimos no eligen el color del gobierno al que le explotan. Todos y todas vamos en el mismo barco. Ocupémonos de que la carga vaya bien estibada, el motor esté en condiciones y la ruta, certera. Por lo menos, cuidemos los botes salvavidas, por si acaso.

El Congreso de los diputados celebra hoy que la Constitución vigente en España es ya la más duradera en toda nuestra historia. Y eso que no tiene ni 50 años. España históricamente ha tenido muchas constituciones, y muy cortas, interrumpidas por guerras, golpes de Estado y autoritarismos de todo tipo. La Constitución era casi un libro sagrado. Tanto que no se podía criticar ni tocar. Durante décadas, estar contra la Constitución era casi tanto como estar contra la democracia. Pero todo cambia en torno al 15M. Y no solo fue la izquierda, también partidos de la derecha se abrieron a su posible reforma. 

Han pasado diez años y una reforma constitucional queda lejos. De hecho, los que la querían reformar, ahora presumen de conservarla frente a la amenaza de la extrema derecha. Analizamos aquel momento histórico en la que se habló de una reforma y quedó en nada, así como la situación actual, con el profesor de Derecho y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías; con el escritor, guionista y activista en varios procesos políticos desde el 15M, Guillermo Zapata, y con la politóloga y experta en movimientos de extrema derecha, Anna López. 

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Formentera ha fet aquest dimarts un pas clau per corregir una anomalia que arrossega des de fa gairebé dues dècades. El Congrés dels Diputats ha debatut una proposició de reforma de l’article 69.3 de la Constitució perquè l’illa pugui escollir, finalment, un senador propi. La iniciativa, impulsada des del Parlament balear i avalada per una amplíssima majoria de forces polítiques estatals, vol posar fi al que els seus defensors qualifiquen d’“injustícia territorial” i de “dèficit democràtic” únic a tot l’Estat.

Ha estat el senador per Eivissa i Formentera integrat en el grup parlamentari de l’Esquerra Confederal —Eivissa i Formentera al Senat, Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera i Geroa Bai—, Juanjo Ferrer, qui ha pres la paraula a la cambra baixa per proposar la modificació de la Carta Magna amb l’objectiu que la menor de les Pitiüses pugui comptar amb un senador propi que li permeti desvincular-se del ‘tàndem’ electoral que actualment conforma amb Eivissa.

Per la seva banda, Llorenç Córdoba, diputat independent del Parlament balear i expresident de Formentera, ha recordat que l’illa compta des de 2007 amb un Consell Insular propi, amb capacitat plena per gestionar els interessos dels seus ciutadans, però que, en canvi, no es veu plenament representada a la cambra territorial. Formentera és, de fet, l’única de les illes dels arxipèlags balear i canari —amb Consell Insular o Cabildo— que no té un senador propi, tal com ja va informar elDiario.es. En paraules de Córdoba, es tracta d’una “anomalia constitucional”, com van repetint altres càrrecs públics. La reforma també compta amb el suport de representants de l’arxipèlag canari, així com d’altres regions de l’Estat.

Córdoba, únic diputat de Formentera a la cambra balear, ha insistit que no es tracta d’un debat “partidista ni sobiranista”, ni tampoc d’un “debat entre illes”, sinó d’una actualització raonable del disseny constitucional perquè Formentera deixi de ser l’únic territori insular amb Consell —o Cabildo— sense representació al Senat. La representació formenterera és imprescindible al Senat, consideren, perquè la pitiüsa del sud pugui expressar les seves necessitats pròpies en matèria d’infraestructures, serveis públics o política turística.

Així, el representant conservador ha recordat les dificultats que té l’illa pel que fa a la connectivitat marítima; l’alta pressió estacional; la necessitat de protecció del litoral; els sobrecostos per la triple insularitat i el “dèficit” de serveis públics per la manca de treballadors. Factors pels quals és encara “més fonamental” una representació estatal que pugui “lluitar pels interessos de l’illa balear”. Cristina Gil, diputada del PP al Parlament, ha afirmat que la reforma suposaria un fet “històric”. Tot i la tradició institucional compartida entre ambdues illes, també ha donat suport a la reivindicació històrica de Formentera.

Una majoria favorable

L’any 2004, l’extint Ajuntament de Formentera —l’actual Consell Insular de l’illa inclou les competències municipals— va acordar, per unanimitat, que l’illa pogués escollir com a circumscripció electoral pròpia un senador. Tanmateix, el consistori no té competències per aprovar aquesta reforma, i només pot elevar aquesta proposició a organismes superiors. Tres anys després, el 2007, es va reformar l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, mitjançant el qual es va crear el Consell Insular. “És just que Formentera pugui portar a la cambra alta amb veu pròpia la seva realitat”, ha afirmat Gil. Per aquests motius, la diputada conservadora ha demanat l’actualització del text constitucional, amb l’objectiu que es compleixi el principi d’“igualació territorial”, previst a l’article 138 de la Carta Magna.

En tercer lloc, en representació del PSIB-PSOE, ha intervingut Pilar Costa, exsenadora i actual diputada socialista al Parlament. “Aquesta iniciativa concreta va ser presentada al Parlament pel Partit Socialista i per Gent per Formentera —formació progressista d’àmbit insular— i ha tingut un suport unànime per part de totes les forces polítiques”, ha dit Costa. “I ara la ratificarem amb tots els partits excepte un”, ha assenyalat, en referència a Vox.

En aquest sentit, ha aprofundit en el fet que resulta “incomprensible” que la pitiüsa del sud sigui l’única illa “de tot el país” sense una circumscripció territorial pròpia. Costa ha dedicat la seva intervenció a Isidor Torres, el primer oriünd de Formentera que va representar les dues Pitiüses. L’actual senador, Juanjo Ferrer —que deixarà d’aquí a uns mesos el seu escó a la suplent de Formentera, Neus Massanet—, espera que amb aquesta tramitació Formentera pugui escollir el seu propi representant a la cambra territorial a partir de les eleccions de 2027, sempre que no hi hagi un avançament electoral.

Després de la intervenció de la diputada socialista, Noemí Santana (Podem), diputada per Las Palmas del Grup Parlamentari Mixt, ha expressat el seu suport a la reforma, que ha considerat “no una demanda identitària sinó una qüestió de democràcia”. Així, ha traçat un paral·lelisme amb el seu propi arxipèlag, fent referència als “costos estructurals”, que són “molt superiors” als de la resta de l’Estat; a la fragmentació del territori i a les “especificitats” de cada illa, que ha considerat necessari valorar. En aquest sentit, s’ha referit a l’illa de la Graciosa, que es diferencia de Formentera en el fet que encara no disposa de cabildo i que, per tant, depèn administrativament de Lanzarote.

El Partit Nacionalista Basc (PNB), Junts per Catalunya i el Grup Republicà també han aprovat favorablement la proposició. El portaveu de Junts, Josep Pagès i Massó, ha defensat com a “indiscutible” el fet de traslladar la singularitat de Formentera al Senat.

Per la seva banda, la diputada per Barcelona Teresa Jordà i Roura (ERC) ha justificat el seu vot favorable assenyalant que, a més de l’autogovern, Formentera té més població que altres circumscripcions que sí que disposen de senador propi. A més, ha sol·licitat que la disposició final de la reforma estableixi que el text es publiqui en totes les llengües de l’Estat.

El Grup Plurinacional Sumar, representat per Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca), que va estar quatre anys al Senat, també ha donat suport a la reforma. Vidal ha expressat que la modificació és “necessària” perquè Formentera tingui un diputat que “els representi directament i es preocupi exclusivament per les seves realitats”.

El diputat ha recordat les quatre modificacions de la Constitució al llarg de la seva història: l’entrada al conveni de Maastricht el 1992, que va permetre votar a ciutadans sense la nacionalitat espanyola; la del 2009, mitjançant la qual es va prioritzar el deute davant els drets de les persones; la del 2024, en què s’estableix que les persones amb diversitat funcional no són menys vàlides; i aquesta seria la quarta.

Vox, l’únic en contra

A continuació ha intervingut el diputat de Vox per les Balears Jorge Campos Asensi. El grup d’ultradreta és l’únic que ha votat en contra de la reforma, tot i reconèixer que Formentera compleix els requisits institucionals. Campos ha recordat que la proposició ha estat impulsada pels “mateixos partits d’esquerres que agreugen amb les seves polítiques els problemes” de l’illa, com ara la deficient connectivitat del transport, els recursos públics insuficients o la impossibilitat d’accedir a un habitatge. El diputat de Vox també ha carregat contra les persones migrants, a les quals responsabilitza de la saturació dels serveis públics formenterers i de crear “inseguretat”.

D’altra banda, Milena Herrera, diputada eivissenca del PSOE, ha mostrat el suport dels socialistes a la proposició i ha lamentat que fins ara la pitiüsa del sud s’hagi vist obligada a demostrar la seva “majoria d’edat política”, així com el fet que l’illa hagi arrossegat fins ara una “anomalia institucional” i un “dèficit democràtic”. L’últim a intervenir ha estat el diputat per les Balears i portaveu del Grup Popular, José Vicente Marí Bosó, que ha reclamat que la reforma constitucional se centri en la voluntat dels ciutadans de Formentera i no en “interessos partidistes”. A més, ha recordat que el PP ha donat suport “sempre” a la seva autonomia política.

El diputat, també president del PP d’Eivissa, ha situat el debat en un moment de tensions sobre la Constitució i ha demanat consensos amplis per a qualsevol canvi. Finalment, ha sol·licitat no frustrar una iniciativa que considera justa. Al ple hi han assistit membres tant del Consell de Formentera com del Parlament balear, entre ells la suplent a la candidatura d’Eivissa i Formentera al Senat, Neus Massanet; l’exsenador Rafa Ramírez; el també socialista Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, i l’actual president del Consell de Formentera, Óscar Portas. També hi ha assistit el periodista Carmelo Convalia, que va informar durant anys sobre la petició de reforma constitucional en la seva cobertura a l’illa de Formentera.

L’origen del disseny actual

L’illa arrossega aquesta anomalia històrica des de l’any 2007, quan es va crear el Consell Insular de Formentera. Anteriorment, només comptava amb un ajuntament com a institució local pròpia. La reforma de l’Estatut d’Autonomia, amb Francesc Antich (PSIB-PSOE) com a president del Govern, va separar el Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dues institucions diferenciades: el Consell d’Eivissa, d’una banda, i el Consell de Formentera, de l’altra. Formentera té una altra singularitat única que la diferencia de la resta d’illes espanyoles: és l’única que unifica en una sola institució les competències d’un ajuntament i les pròpies del Consell Insular.

Però, aleshores, per què Formentera no té un senador propi mentre que la resta d’illes sí que en tenen? La resposta es troba al tercer punt de l’article 69 de la Constitució. “A les províncies insulars, cada illa o agrupació d’elles, amb cabildo o consell insular, constituirà una circumscripció a efectes de l’elecció de senadors, corresponent-ne tres a cadascuna de les illes majors —Gran Canària, Mallorca i Tenerife— i un a cadascuna de les illes o agrupacions següents: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma”, afirma la Carta Magna. Es va redactar així, possiblement, perquè l’any 1978 no es preveia que Formentera avancés tant en el seu autogovern. És a dir, Eivissa i Formentera es van unificar en una agrupació perquè el 1978 no existia el Consell Insular de Formentera.

“L’Estatut es va reformar el 2007 i això implicava que la Constitució quedava una mica obsoleta”, va explicar a elDiario.es Guillermo Bezzina, politòleg de Passes Perdudes. En aquest sentit, Bezzina considera que, pel que fa a l’organització territorial, la Carta Magna està “molt inacabada” perquè “no hi va haver un acord sobre com havia de ser, tot i que sí que hi ha un mínim comú denominador que és el que diu la Constitució”. Així, el politòleg apunta que el títol VIII, pel que fa a l’organització territorial, “no acaba de definir gaire bé en quin tipus d’Estat vivim, si és un Estat autonòmic, a mig camí entre un Estat federal o descentralitzat”. “La Constitució, per exemple, no fa un llistat d’autonomies”, concreta.

Formentera ha dado este martes un paso clave para corregir una anomalía que arrastra desde hace casi dos décadas. El Congreso de los Diputados ha debatido una proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución para que la isla pueda elegir, por fin, un senador propio. La iniciativa, impulsada desde el Parlament balear y respaldada por una amplísima mayoría de fuerzas políticas estatales, busca poner fin a lo que sus defensores califican de “injusticia territorial” y “déficit democrático” único en todo el Estado.

Ha sido el senador por Eivissa y Formentera integrado en el grupo parlamentario de la Izquierda Confederal -Eivissa i Formentera al Senat, Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai-, Juanjo Ferrer, quien ha tomado la palabra en la Cámara Baja para proponer la modificación de la Carta Magna con el objetivo de que la menor de las Pitiüses pueda contar con un senador propìo que le permita de desvincularse del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Eivissa.

Por su parte, Llorenç Córdoba, diputado independiente del Parlament balear y expresidente de Formentera, ha recordado que la isla cuenta desde 2007 con un Consell Insular propio, con capacidad plena para gestionar los intereses de sus ciudadanos pero, en cambio, no se ve plenamente representada en la cámara territorial. Formentera es, de hecho, la única de las islas de los archipiélagos balear y canario –con Consell Insular o Cabildo– que no tiene un senador propio, como ya informó elDiario.es. En palabras de Córdoba, se trata de una “anomalía constitucional”, como vienen repitiendo otros cargos públicos. La reforma también cuenta con el respaldo de representantes del archipiélago canario, así como de otras regiones del Estado.

Córdoba, único diputado de Formentera en la Cámara balear, ha insistido en que no se trata de un debate “partidista ni soberanista”, ni tampoco de un “debate entre islas”, sino de una una actualización razonable en el diseño constitucional para que Formentera deje de ser el único territorio insular con Consell –o Cabildo– sin representación en el Senado. La representación formenterera es imprescindible en el Senado, consideran, para que la pitiusa del sur pueda manifestar sus necesidades propias en materia de infraestructuras, servicios públicos o política turística.

Así, el representante conservador ha recordado las dificultades que tiene la isla respecto a la conectividad marítima; la alta presión estacional; la necesidad de protección del litoral; sobrecostes por la triple insularidad y el “déficit” de servicios públicos por la falta de trabajadores. Factores por los que es todavía “más fundamental” una representación estatal que pueda “luchar por los intereses de la isla balear”, ha considerado. Cristina Gil, diputada del PP en el Parlament, ha afirmado que la reforma implicaría un hecho “histórico”. Pese a la tradición institucional compartida entre ambas islas, también ha apoyado la reivindicación histórica de Formentera.

Una mayoría favorable

En 2004, el extinto Ayuntamiento de Formentera –el actual Consell Insular de la isla incluye las competencias municipales– acordó, por unanimidad, que la isla pudiera elegir como circunscripción electoral propia un senador. Sin embargo, el Consistorio no tiene competencias para aprobar tal reforma, y solo puede elevar a organismos superiores tal proposición. Tres años después, en 2007, se reformó el Estatut de las Illes Balears, mediante el cual se creó el Consell Insular. “Es justo que Formentera pueda llevar a la Cámara Alta con voz propia su realidad”, ha aseverado Gil. Por estas razones, la diputada conservadora ha pedido la actualización del texto constitucional, con el objetivo de que se cumpla con el principio de “igualación territorial”, previsto en el artículo 138 de la Carta Magna.

En tercer lugar, en representación del PSIB-PSOE, ha intervenido Pilar Costa, exsenadora y actual diputada socialista en el Parlament. “Esta iniciativa concreta fue presentada en el Parlament por el Partido Socialista y por Gent per Formentera –formación progresista de ámbito insular– y ha tenido un apoyo unánime por parte de todos las fuerzas políticas”, ha dicho Costa. “Y ahora la vamos a ratificar con todos los partidos excepto uno”, ha señalado, en referencia a Vox.

En este sentido, ha ahondando en que resulta “incomprensible” que la Pitiusa del sur sea la única isla “de todo el país” sin una circunscripción territorial propia. Costa ha dedicado su intervención a Isidor Torres, el primer oriundo de Formentera que representó a las dos Pitiusas. El actual senador, Juanjo Ferrer –dejará en unos meses su escaño a la suplente de Formentera, Neus Massanet– espera que con esta tramitación Formentera pueda escoger su propio representante en la cámara territorial, a partir de las elecciones de 2027, suponiendo que no haya un adelanto electoral.

Tras la intervención de la diputada socialista, Noemi Santana (Podemos), diputada por Las Palmas del Grupo Parlamentario Mixto, ha expresado su apoyo a la reforma que ha considerado “no una demanda identitaria sino una cuestión de democracia”. Así, ha dibujado un paralelismo con su propio archipiélago, haciendo referencia “a los costes estructurales” que son “mucho mayores” que en el resto del Estado; a la fragmentación del territorio y a las “especificidades” de cada isla, que ha considerado necesario poner en valor. En este sentido, se ha referido a la isla de la Graciosa, que se diferencia de Formentera en que la misma aún no dispone de cabildo y que, por tanto, depende administrativamente de Lanzarote.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts per Catalunya y el Grupo Republicano también han aprobado favorablemente la proposición. El portavoz de Junts, Josep Pagès i Massó ha defendido como “indiscutible” el hecho de trasladar la singularidad de Formentera al Senado.

Por su parte, la diputada por Barcelona, Teresa Jordá i Roura (ERC), ha justificado su voto favorable a que, además de un autogobierno, Formentera cuenta con más población que otras circunscripciones que sí tienen senador propio. Además, ha solicitado que la disposición final de la reforma establezca que el texto se publique en todas las lenguas el Estado.

El Grupo Plurinacional Sumar, representado por Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca), quien estuvo cuatro años en el Senado, ha apoyado asimismo la reforma. Vidal ha expresado que la modificación es “necesaria” para que Formentera tenga un diputado que “les represente directamente y se preocupe exclusivamente por sus realidades”.

El diputado ha recordado las cuatro modificaciones de la Constitución en toda su historia: la entrada en el convenio de Maastricht en 1992 y que permitió votar a ciudadanos sin la nacionalidad española; la del 2009 mediante la que se prioriza la deuda ante el derecho de las personas; la aprobada en el 2024 en el que se establece que las personas con diversidad funcional no son menos válidas y esta sería la cuarta.

Vox, el único en contra

A continuación ha intervenido el diputado de Vox por Balears Jorge Campos Asensi. El grupo ultraderechista es el único que ha votado en contra de la reforma a pesar de que Formentera cumple con los requisitos institucionales, ha reconocido. Campos ha recordado que la proposición ha sido impulsada por los “mismos partidos de izquierdas que agravan con sus políticas los problemas” de la isla, como la deficiente conectividad del transporte, los recursos públicos insuficientes o la imposibilidad de acceso a una vivienda. El diputado de Vox ha arremetido también contra los migrantes, a quienes responsabiliza de la saturación de los servicios públicos formenterenses y de crear “inseguridad”.

Por otro lado, Milena Herrera, diputada ibicenca por el PSOE, ha mostrado el apoyo de los socialistas a la proposición y ha lamentado que hasta ahora la Pitiusa del sur se haya visto obligada a demostrar su “mayoría de edad política”, así como el hecho de que la isla haya arrastrado hasta ahora una “anomalía institucional” y un “déficit democrático”. El último en intervenir ha sido el diputado por Balears y portavoz del Grupo Popular, José Vicente Marí Bosó, que ha reclamado que la reforma constitucional se centre en la voluntad de los ciudadanos de Formentera y no en “intereses partidistas”. Además, ha recordado que el PP ha respaldado “siempre” su autonomía política.

El diputado, también presidente del PP de Eivissa, ha situado el debate en un momento de tensiones sobre la Constitución y ha pedido consensos amplios para cualquier cambio. Por último, ha solicitado no frustrar una iniciativa que considera justa. Al pleno han acudido miembros tanto del Consell de Formentera como del Parlament balear, entre ellos, la suplente en la candidatura de Eivissa y Formentera en el Senado, Neus Massanet; el exsenador Rafa Ramírez; el también socialista Josep Marí Ribas 'Agustinet' y el actual presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. También ha asistido el periodista Carmelo Convalia, que ha informado sobre la petición de reforma constitucional durante sus años de cobertura en la isla de Formentera.

El origen del diseño actual

La isla lleva arrastrando esta anomalía histórica desde el año 2007, cuando se creó el Consell Insular de Formentera. Anteriormente, únicamente contaba con un ayuntamiento como institución local propia. La reforma del Estatut d’Autonomia, con Francesc Antich (PSIB-PSOE) como presidente del Govern, separó el Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dos instituciones separadas: Consell d’Eivissa, por un lado, y Consell de Formentera, por otro. Formentera tiene otra singularidad única que la diferencia respecto al resto de las islas españolas: es la única que unifica en una institución las competencias de un ayuntamiento y las propias del Consell Insular.

Pero entonces, ¿por qué Formentera no tiene un senador propio mientras que el resto de islas sí que lo tiene? La respuesta está en el tercer punto del artículo 69 de la Constitución. “En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma”, afirma la Carta Magna. Se redactó así, posiblemente, porque en 1978 no se vislumbraba la posibilidad de que Formentera avanzara tanto en su autogobierno. Es decir, Eivissa y Formentera se unificaron en una agrupación porque en 1978 no existía el Consell Insular de Formentera.

“El Estatut se reformó en 2007 y esto implicaba que la Constitución quedaba un poco obsoleta”, explicó a elDiario.es Guillermo Bezzina, politólogo de Passes Perdudes. En este sentido, Bezzina considera que, en cuanto a organización territorial, la Carta Marga está “muy inacabada” porque “no hubo un acuerdo de cómo debía ser, aunque sí hay un mínimo común denominador que es lo que dice la Constitución”. Así, el politólogo apunta a que el título VIII, respecto a la organización territorial, “no acaba de definir muy bien en qué tipo de Estado vivimos, si es un Estado autonómico, a medio camino entre el Estado federal o descentralizado”. “La Constitución, por ejemplo, no hace un listado de autonomías”, especifica.

El 15 de diciembre de 2025 el presidente del Gobierno de Aragón firmaba el decreto de disolución de las Cortes y consiguiente convocatoria electoral. Se desplegaban así los dos primeros apartados del artículo 52 del Estatuto de Autonomía (EAAr): “1. El Presidente, previa deliberación del Gobierno de Aragón y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de las Cortes de Aragón con anticipación al término natural de la legislatura. 2. La disolución se acordará por decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la legislación electoral aplicable”. Igualmente, se daba cumplimiento al artículo 4.3 del Decreto Legislativo 1/2022, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, que recoge como atribución presidencial la de convocar elecciones a las Cortes de Aragón, así como su sesión constitutiva y al 4.4, que recoge la atribución de disolver las Cortes de Aragón, previa deliberación del Gobierno.

Se ha llamado la atención estos días acerca del hecho de que es esta la primera vez que, en Aragón, se disuelve anticipadamente el parlamento y se convocan unas elecciones. Así es, en efecto. Por ello, se hace necesario formular algunas reflexiones desde una perspectiva jurídica; que también es política, en un sentido amplio.

Es sabido que una de las características de los sistemas parlamentarios es la de que en ellos –dentro de las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, basadas en la combinación de confianza y control– el primer ministro o presidente del gobierno cuenta con la herramienta de la disolución anticipada. Si repasamos la génesis y evolución de nuestro modelo autonómico, se comprueba que la estructura institucional que la Constitución prefiguraba –asamblea legislativa, consejo de gobierno, presidente (artículo 152.1)– lo era solo para aquellas comunidades autónomas que se creasen por medio de la que se dio en llamar vía rápida de acceso a la autonomía. Aun así, los Acuerdos Autonómicos suscritos en 1981 entre el Gobierno de España y el Partido Socialista se redactaron dando por hecha la generalización de tal estructura a todas las autonomías. No obstante, la igualdad de instituciones no implicó una igualdad en el funcionamiento de estas. En aquellos acuerdos se estableció que –a excepción de las de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía– todas las demás elecciones autonómicas se celebrarían a la vez. No solo eso, sino que se pactó expresamente que el consejo de gobierno u órgano ejecutivo no pudiese disolver la asamblea. Reflejo de ello fueron tanto los silencios del Estatuto de Autonomía de 1982, como, en esta misma línea, los contenidos de su Disposición Transitoria Tercera.

Pero, a mediados de la década de los noventa del pasado siglo, es precisamente Aragón quien –junto con Canarias– lidera un proceso de reformas de las llamadas comunidades autónomas de vía lenta. En 1996 se produce una reforma del Estatuto aragonés que supone un salto cualitativo y que, entre otras cuestiones, incluye en su artículo 23.2 la facultad presidencial de disolución anticipada de las Cortes de Aragón. Pero seguía existiendo una peculiaridad desde el punto de vista de la lógica del parlamentarismo, así como en relación con las dinámicas de algunas otras autonomías. Esta consistía en que la legislatura resultante de las elecciones tendría la duración que restaba de la anterior. Una duración, por lo tanto, limitada.

Fue en el antes citado artículo 52 del vigente Estatuto de Autonomía de 2007 donde la limitación desapareció. Como puede comprobarse, ha ido habiendo cambios normativos, pero esta es –como también se recordaba más arriba– la primera vez que esta facultad toma cuerpo. Pensando en algunas otras comunidades autónomas creadas por la vía del artículo 143 de la Constitución, ha habido adelantos electorales en el Principado de Asturias en 2012 (aunque allí todavía con la duración limitada del mandato de la Junta General resultante), en la Comunidad Valenciana en 2019 (si bien en las elecciones de 2023 se volvió al calendario conjunto), en la Comunidad de Madrid en 2021 (también con limitación en la duración de la legislatura de la nueva Asamblea), en 2022 en Castilla y León (en este caso, con la facultad completa; lo que explica que vayan a celebrarse de nuevo elecciones en esa Comunidad en 2026) y ahora en Extremadura, donde se han generado dudas en la interpretación.

En definitiva –y más allá de análisis centrados en estrategias partidistas y en prospectivas electorales–, la materialización en Aragón de esta medida viene a expresar la culminación de un proceso jurídico-político de perfeccionamiento del modelo parlamentario, así como del propio autogobierno aragonés.

Este 6 de diciembre volvemos a conmemorar el Día de la Constitución Española. Hace 47 años, el 88,5 % de quienes votamos dijimos sí a la reconciliación, sí a la libertad y sí a un futuro compartido. Fue el mayor ejercicio de inteligencia colectiva de nuestra historia reciente y permitió dejar atrás definitivamente la dictadura, construir un Estado del bienestar sólido y situar a España como uno de los países más igualitarios de Europa.

Hoy, sin embargo, no basta con recordar aquel logro. Celebrar la Constitución significa, sobre todo, exigir que se cumpla. Porque nuestra Carta Magna está en peligro, no por quienes proponen reformarla con lealtad y dentro de sus propios cauces, sino por quienes la bloquean y la vacían de contenido desde las instituciones que deben protegerla. Llevamos más de siete años, exactamente 2.556 días, con el Consejo General del Poder Judicial caducado. España es el único país de la Unión Europea que sigue sin cumplir las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para evitar la politización de la justicia. El Tribunal Constitucional ha tenido que hacer de suplente en más de 1.200 nombramientos clave, algo que nunca estuvo previsto. Además, según el último CIS, el 73% de la ciudadanía considera que los partidos utilizan las instituciones en su propio beneficio.

La igualdad que proclama con rotundidad el artículo 14 sigue siendo papel mojado en demasiados órganos de poder. La violencia machista continúa cobrándose vidas. Las mujeres mayores sufren una doble invisibilidad por razón de género y de edad. La emergencia climática, la brecha digital y la falta de vivienda dignamente agravan las desigualdades que la Constitución prometió combatir.

Como defensora de los derechos humanos, sostengo que una Constitución solo es viva cuando protege de verdad a las personas más vulnerables: a la niña que necesita una escuela pública de calidad, a la persona mayor que no quiere sentirse olvidada, a la mujer que reclama vivir sin miedo, a quien migra y busca respeto, a las familias que aspiran a un hogar digno.

Este 6 de diciembre no podemos quedarnos en actos protocolarios ni discursos nostálgicos. Exijamos la renovación inmediata del Poder Judicial sin más excusas ni tacticismos y con mecanismos antibloqueo automático que garantizan su independencia real, un pacto educativo de Estado que blinde la escuela pública e inclusiva como verdadero ascensor social, la actualización de los derechos sociales frente a los nuevos retos ecológicos y tecnológicos, y el reconocimiento explícito de la violencia de género y de la dignidad de las personas mayores como principios irrenunciables.

La Constitución no es un museo ni un texto intocable: es un contrato vivo que nos obliga a todos. A los partidos, a dialogar en lugar de bloquear; a los jueces, a ser independientes; a la ciudadanía, a participar y a exigir sus derechos.

En tiempos marcados por tensiones políticas, incertidumbre económica y creciente desconfianza institucional, volver a la Constitución es volver a un lenguaje común. Ella recoge principios que son también la base de los derechos humanos: igualdad, libertad, participación, justicia, dignidad y pluralismo. Recordarlo hoy es esencial, porque estos principios no pertenecen a un partido ni a una ideología; pertenecen a la ciudadanía.

En tiempos marcados por tensiones políticas, incertidumbre económica y creciente desconfianza institucional, volver a la Constitución es volver a un lenguaje común

Celebrar la Constitución no significa conformarnos; significa asumir la responsabilidad de mejorar. La Constitución es un marco que debe dialogar con su tiempo. Las sociedades cambian, las necesidades también, y un texto fundamental tiene que ser lo suficientemente sólido para sostenernos, y lo bastante flexible para adaptarse. La verdadera fidelidad constitucional consiste en garantizar que ninguna persona quede atrás.

Necesitamos instituciones fuertes, transparentes y responsables; necesitamos políticas públicas basadas en evidencia, no en ruido; necesitamos un debate público que no confunda diversidad con confrontación. La Constitución nos ofrece un terreno común desde el que avanzar: no como adversarios, sino como ciudadanos que comparten destino.

En este 6 de diciembre, reivindiquemos la Constitución como lo que es: un punto de partida para construir futuro. Renovemos el pacto de respeto, dignidad y convivencia. No celebremos solo lo que fuimos, sino lo que todavía podemos llegar a ser.

Cada 6 de diciembre recordamos la Constitución de 1978 como el pacto que abrió la puerta a la democracia y a un amplio catálogo de derechos y libertades. Pero, cuarenta y siete años después, muchas de aquellas promesas siguen sin hacerse realidad en la vida cotidiana de la mayoría social, y especialmente en territorios como Castilla-La Mancha.

Movimiento Sumar nació reconociendo la Constitución como marco de convivencia, sí, pero también como una hoja de ruta para transformar el país y garantizar derechos efectivos. Defender la Constitución hoy significa hacerla avanzar: reforzar el Estado social, blindar la sanidad, la educación y la dependencia, y combatir desigualdades territoriales y sociales que ya se están cronificando.

Porque mientras una parte de la derecha convierte la Constitución en un eslogan vacío, la ciudadanía se enfrenta cada día a dificultades muy reales: acceder a una vivienda digna, encontrar un empleo estable o recibir atención sanitaria de calidad, especialmente en el medio rural. Los derechos están reconocidos en el texto, pero las políticas públicas no han acompañado al ritmo necesario. Y esa brecha golpea de forma particular a jóvenes, mujeres, personas LGTBIQ+ y a quienes viven en zonas amenazadas por la despoblación.

Por eso, hablar hoy de reforma constitucional solo tiene sentido si es para ampliar y blindar derechos, no para vaciarlos. Actualizar la Carta Magna significa incorporar un lenguaje inclusivo, reforzar la igualdad entre mujeres y hombres, reconocer la diversidad familiar y proteger de forma explícita los derechos de las personas con discapacidad, del colectivo LGTBIQ+, del medio ambiente y de los animales.

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, defender la Constitución es comprometerse con una región más justa, feminista, verde y cohesionada, donde vivir en un pueblo o en una ciudad no marque los límites de los derechos de nadie. En este Día de la Constitución, la prioridad es clara: menos retórica y más cumplimiento; menos discursos vacíos y más políticas que hagan realidad el mandato de una España social, democrática y verdaderamente igualitaria.

El puente de diciembre comienza con el festivo 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, y se enlaza con el del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Es el período festivo más largo antes de las fiestas de Navidad, pero su origen se remonta tan solo a hace cuatro décadas.

¿Por qué es festivo el Día de la Constitución?

El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, festivo en España que conmemora la aprobación de la carta magna española en 1978 y que fue el momento clave de la transición en la que se entró definitivamente en una democracia plena en el formato de monarquía parlamentaria.

Esto no ha sido así desde ese 1978, sino que el origen del día festivo el 6 de diciembre viene de 1983, ya con Felipe González como presidente del gobierno, cuando se reguló este día como fiesta nacional a través del Real Decreto 2964/1983 del 30 de noviembre, en el que se estableció oficialmente como tal.

Ese mismo día que se aprobó entro en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que ese 6 de diciembre de 1983 fue el primero en el que se celebró el Día de la Constitución Española como festivo. El motivo que se dio fue con el fin “de solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución”.

¿Por qué el Día de la Constitución es el 6 de diciembre?

La elección del 6 de diciembre del Día de la Constitución Española se debe a que ese mismo día de 1978 fue cuando se votó en referéndum el texto constitucional que se elaboró por las Cortes Constituyentes y que tuvo un apoyo mayoritario de la población, de en torno al 90 %.

Una vez aprobada la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, que fue luego sancionada por el entonces rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de ese mismo año, siendo así un momento clave en la historia reciente del país y de la Transición, adquiriendo ya los ciudadanos plenos derechos y libertades.

La Constitución Española de 1978, a diferencia de las anteriores, se redactó desde cero, sin basarse en su predecesora, como era habitual desde la primera que se dio en las Cortes de Cádiz en 1812 hasta la de 1931. Su creación se inició el 18 de noviembre de 1976 a través de la aprobación de las Cortes Generales de la Ley para la Reforma Política.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, tras las denuncias que por supuesto acoso sexual se han dirigido contra el exasesor de la Presidencia del Gobierno Francisco Salazar, ha pedido a Ferraz que actúe con “la máxima celeridad, con la máxima contundencia, con las máximas garantías para proteger un bien preciado que no son los votos de las mujeres, sino el discurso feminista”, según recoge Europa Press.

“Creemos que es importante hacer sentir que el PSOE no es un partido donde hay feministas, que es un partido feminista. Y creo que eso lo definimos en cómo tratamos asuntos como éste”.

“Sinceramente, espero que se resuelva, no me cabe ninguna duda, con la mayor celeridad, con las mayores garantías”, ha dicho el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos este jueves en Toledo, según ha informado el partido.

La ausencia de Paco Núñez el 25N y el Día de la Constitución

Durante una rueda de prensa, Gutiérrez también ha afeado al presidente regional del PP Paco Núñez su ausencia en los actos institucionales celebrados en Castilla-La Mancha durante el 25N, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer y el que esta semana se ha dedicado al Día de la Constitución.

Ha avisado de que cuando se “desprecian” los actos institucionales de esta tierra, el PP deja claro que “hay una deriva radical y de pérdida de la institucionalidad por su parte”, por lo que el presidente regional del PP, “no puede ser candidato a nada si no se da el ejemplo desde tus propias filas”, ha añadido.

En un contexto en el que Castilla-La Mancha está impulsando el Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, decía, es “lamentable” que el líder del principal partido de la oposición “no acudiera a esta cita institucional”, y le ha pedido que “rectifique” porque la sociedad merece más que una excusa a sus “desprecios”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran un año más el aniversario de la Constitución Española con un programa de actividades en la propia sede del parlamento en Toledo, que incluye el acto institucional con Presidencia de la Junta en el propio Convento de San Gil, una jornada de puertas abiertas que en esta ocasión contará con visitas teatralizadas, iluminación durante tres noches de la fachada principal con la bandera de España y una exposición de fotografías de la Agencia Efe repasando sus 40 años en la comunidad autónoma.

“Celebramos el aniversario de la Constitución con mucho orgullo”, ha asegurado el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, al explicar que “hay regiones que pretenden ignorar que son fruto de que tenemos una constitución que nos ha dado lugar a nacer y que somos fruto del modelo descentralizado de la Constitución de 1978, que es la mejor que hemos tenido porque es la que ha permitido más años de paz, más años de libertad, más años de democracia y, sobre todo, más años de convivencia”.

Bellido ha presentado la programación para conmemorar la promulgación de le Carta Magna en la Sala Institucional del Parlamento en Toledo junto a la delegada de la agencia Efe en Castilla-La Mancha, Lidia Yanel, coincidiendo con la apertura de esta muestra de fotografías, la primera de las actividades enmarcadas en el Día de la Constitución. Se trata de la exposición que ya estuvo en octubre y noviembre en el Centro Cultural San Marcos y que se ha realizado con patrocinio de la Junta de Castilla-La Mancha y colaboración de las Cortes regionales, el Ayuntamiento de Toledo y Aqualia, con una selección buceando en las más de 103.000 imágenes de la región que tiene el archivo de la agencia.

40 años en fotos

A través de 40 fotografías de 18 fotoperiodistas de la agencia, esta muestra compone un testimonio diverso de estas cuatro décadas de la comunidad -prácticamente casi todo su recorrido como autonomía- a través de la política, el deporte, los sucesos, la cultura o sus parajes naturales. “Son 40 fotografías que nos dicen algo representativo de lo que somos como comunidad autónoma”, ha subrayado Yanel, que ha agradecido que las Cortes hayan dado “una segunda vida” a esta exposición, como ha dicho Bellido. Ambos han contemplado las fotos exhibidas junto a la vicepresidenta primera del Parlamento Autonómico, Josefina Navarrete, y diputados del Grupo Socialista.

Bellido ha reconocido la labor de la agencia Efe, “puro rigor y veracidad y uno de los grandes instrumentos públicos que tenemos para fortalecer la democracia”, así como el trabajo del conjunto de los medios de comunicación que han contribuido durante estos más de 40 años “de manera decisiva a hacer región” y que lo hacen, ha añadido, “de manera veraz para consolidar nuestra democracia” frente a “los intoxicadores que cada vez más utilizan espacios de comunicación para desvirtuar la realidad”.

La exposición ‘Momentos icónicos de nuestra historia reciente’ puede verse hasta el próximo martes 16 de noviembre en la planta noble del Convento de San Gil de Toledo de lunes a jueves en horario de 9:00 a 19:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Acto e iluminación con la bandera

Un año más, la actividad central de esta programación la constituye un acto institucional junto a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, el miércoles 3 de diciembre, con intervenciones de los presidentes Bellido y Emiliano García-Page en el Salón de Plenos, donde habrá actuaciones musicales, y un segundo bloque en el patio principal de San Gil para el tradicional izado de banderas.

También como en las ocasiones anteriores desde que Bellido preside el parlamento, la fachada principal del antiguo convento será iluminada con una imagen en movimiento de la bandera de España, visible desde diferentes puntos de la ciudad de Toledo, en las tardes y noches de los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Visitas teatralizadas

La principal novedad de la programación de este año consiste en que la habitual jornada de puertas abiertas del propio 6 de diciembre serán en esta ocasión unas visitas teatralizadas, en las que personajes caracterizados de época harán guiños a las diferentes etapas y usos que ha tenido la actual sede del parlamento. Bellido ha avanzado que inicialmente habrá dos pases a las 10:30 y 12:00 horas, aunque si hay mayor demanda podría ampliarse a la tarde. Las personas interesadas en participar tienen que hacer una reserva gratuita escribiendo al mail puertasabiertas@cortesclm.es.

Toda esta actividad coincide con una campaña en medios de comunicación con el lema “el valor de convivir, el impulso de avanzar” y que muestra una imagen con dos ejemplares de la Constitución Española, cuyo aniversario se conmemora ahora, y del Estatuto de Autonomía, cuya profunda reforma aprobada por la asamblea regional en mayo están tramitando en estos momentos las Cortes Generales como ley orgánica.

Una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran el exjuez José Castro –conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos– y Juan Pedro Yllanes –quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos–, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclaman, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI aproveche su discurso de Navidad para anunciar su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución. Se trata de una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En la misiva, a la que ha tenido acceso en primicia elDiario.es, recuerdan que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los juristas, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aluden a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentan que “han transcurrido más de tres años y medio” desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteran su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunciará el próximo 24 de diciembre, incluya su renuncia al privilegio de la inviolabilidad. “Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayan los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcan.

El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022

Juristas firmantes de la misiva

Se refieren, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

El pasado mes de mayo, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El pasado mes de mayo, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él

Recabar la opinión a través del CIS

En este contexto, los juristas incorporan en su carta una petición dirigida exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”.

Los solicitantes consideran que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

Los solicitantes consideran que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal: "Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil.  

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta reciente entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

En los últimos años, el debate sobre la inviolabilidad del rey y la imposibilidad de exigirle responsabilidades más allá de los actos cometidos como jefe del Estado se intensificó a partir del estallido del caso Nóos

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey. 

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española

“Indefensión” ante los delitos del rey

En esta misma línea, numerosos juristas han reflexionado sobre el hecho de si, con el paso del tiempo, este escudo se ha convertido en un privilegio personal más que en una garantía constitucional. A tenor de las anteriores sentencias, el catedrático de Derecho Constitucional Josu de Miguel Bárcena subraya que “la inviolabilidad del rey es un privilegio de carácter sustantivo, lo que supone construir un halo frente a la injerencia de otros poderes del Estado y particulares y el impedimento de cualquier sanción de naturaleza jurídica y política”. En su trabajo La inviolabilidad del Rey en el constitucionalismo español, considera que el rey, “en una democracia constitucional, tiene que ejemplarizar con sus actos públicos y privados al resto de ciudadanos”.

“Si usted va conduciendo su coche por la calle y atropellase a una persona, ni siquiera se le podría perseguir por eso”, señalaba, por su parte, el histórico abogado laboralista Ferran Gomila en una entrevista concedida a este periódico. “Dado que hay una interpretación feroz a propósito del artículo 56.3 de la Constitución de parte del Consejo de Estado y de parte de todos los juzgados y órdenes jurisdiccionales del país, asuma usted una responsabilidad mínima y es que renuncie a un fuero de protección personal de inviolabilidad en lo que se refiere a su actuación personal como persona física”, incidía Gomila, miembro también del grupo de juristas que suscribe la misiva.

Para el magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) José Antonio Martín Pallín, “la cuestión sobre la inviolabilidad de la persona del rey, proclamada en nuestra constitución, se ha convertido en un debate teológico alejado de cualquier interpretación racional y lógica exigible en un estado de derecho”. En esta columna publicada en elDiario.es asevera: “Si un ciudadano o ciudadana, que no súbditos, es víctima de un delito cometido por la persona del Rey, su derecho constitucional a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos se ve quebrantado, relegándolos a la más absoluta indefensión”.

Si un ciudadano o ciudadana, que no súbditos, es víctima de un delito cometido por la persona del Rey, su derecho constitucional a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos se ve quebrantado, relegándolos a la más absoluta indefensión

José Antonio Martín Pallín — Magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)

“La cuestión adquiere unos caracteres pintorescos y difícilmente asimilables por el común de los mortales, cuando se les dice que, si tienen alguna reclamación civil, por deudas o por cualquier otra circunstancia privada, deben olvidarse de acudir a los jueces y tribunales porque se lo impide la sagrada inviolabilidad de la persona del rey”, abunda Martín Pallín, quien en 2006 dejó el TS tras casi tres décadas impartiendo justicia desde la sala de lo penal del Alto Tribunal.

A juicio de Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, la interpretación de la inviolabilidad del rey entra en contradicción con el principio de legitimidad democrática del artículo 1.2 de la Constitución, según el cual “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. “Si la inviolabilidad exonera al rey de responsabilidad de manera universal y vitalicia respecto de todo el derecho aprobado con base en ese principio de legitimidad democrática, ¿de qué vale la proclamación de dicho principio?”, asevera el jurista. 

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

El mismo grupo de juristas reclama que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República

La confección y los resultados de tales encuestas había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

El Parlament balear ha ratificat aquest dimarts la Proposició de Llei (PL) adreçada a instar la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola perquè Formentera, l'única illa espanyola que no té senador propi, pugui defensar la seva veu a la Cambra Alta. Es tracta d'una reivindicació històrica de la petita de les Pitiüses, que comparteix representació amb Eivissa al Senat.

La iniciativa, impulsada el 2018 per Gent per Formentera (GxF) i PSIB-PSOE, ha comptat amb el suport de la majoria de grups parlamentaris: 50 diputats han votat a favor, mentre que cinc (Vox) s'han posicionat en contra i quatre s'han abstingut. Amb la seva ratificació, la proposta serà ara presentada al Congrés dels Diputats perquè aquest promogui la modificació del precepte que, en l'actualitat, estableix que “en cada província s'elegiran quatre senadors”, cosa que provoca que la més petita de les Balears quedi diluïda en la circumscripció d'Eivissa-Formentera, elegint conjuntament un sol representant.

En defensa de la iniciativa, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha comparegut en nom de GxF per “profunda convicció insularista”, per la “complicitats entre les forces progressistes de cada illa” i “per justícia atès que va ser un dels promotors d'aquesta iniciativa”, ha subratllat que es tracta d'una “demanda justa del poble de Formentera” que va arrencar amb l'acord unànim assolit en ple el 2004 a l'antic ajuntament de l'illa.

El 20 d'agost d'aquell any, la Corporació va posar de manifest la seva voluntat perquè l'illa pugui elegir, com a circumscripció electoral pròpia, un representant al Senat, “la Càmera de representació territorial de l'Estat espanyol”, mitjançant la modificació de la redacció actual de l'article 69.3 de la Carta Magna.

El diputat ecosobiranista ha manifestat que, “el 1978, mentre milers de canaris i totes les seves illes disposaven de cabildos, a les Pitiüses teníem l'anomalia administrativa d'un Consell per cada dues illes, d'aquí el terme agrupació d'illes i aquest pervers guionet entre Eivissa i Formentera”. Tot seguit, ha recordat una de les principals fites de la història política de la menor de les Pitiüses, quan, amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia el 2007, amb Francesc Antich (PSOE) com a president del Govern, va ser creat el Consell Insular de Formentera. “Un llarg camí de lluita i reivindicació política”, com ho ha considerat Apesteguia.

Abans del 2007, l'illa únicament comptava amb un ajuntament com a institució local pròpia. La reforma de l'Estatut va separar el Consell d'Eivissa i el de Formentera en dues institucions separades. Malgrat que Formentera consolidava així la seva autonomía política dins del marc balear, aquesta separació institucional no es va traslladar a l'mbit estatal, on Formentera continua sent considerada una extensió de la circumscripció pitiüsa. A més, l'illa compta amb una altra singularitat única que la diferencia respecte a la resta de les illes espanyoles: és l'única que unifica en una institució les competències d'un ajuntament i les pròpies del Consell Insular.

La diputada del PSIB Pilar Costa ha asseverat, per la seva banda, que la designació del senador propi és una reivindicació històrica per a Formentera, especialment des que té Consell Insular. En aquest sentit, ha asseverat que la menor de les Pitiüses “viu una situació anacrònica, amb una alternana de senadors eivissencs i formenterencs a través d'un sistema de suplència”. Un model que, ha afegit, és “totalment injust i anormal”.

Mentre tant, el secretari general de la Federació Socialista a Formentera, Rafel Ramírez, ha celebrat que s'hagi donat un pas més en una “reclamació històrica que s'ha de solucionar”, ja que Formentera és l'únic territori insular espanyol sense senador propi.

La ratificació de la PL no implica, tanmateix, un canvi immediat. La modificació de l'article 69 requereix una reforma constitucional ordinària, cosa que exigeix majoria de tres cinquens en ambdues càmeres i, eventualment, un referèndum si no s'assoleix un acord entre el Congrés i el Senat. A més, el text constitucional vincula la representació senatorial a les províncies, cosa que converteix la modificació en un debat de major calat sobre l'estructura territorial de l'Estat.

El Parlament balear ha ratificado este martes la Proposición de Ley (PL) dirigida a instar la reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española para que Formentera, la única isla española que no tiene senador, pueda tener voz propia en la Cámara Alta. Se trata de una reivindicación histórica de la pequeña de las Pitiüses, que comparte representación con Eivissa en el Senado.

La iniciativa, impulsada en 2018 por Gent per Formentera (GxF) y PSIB-PSOE, ha contado con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios: 50 diputados han votado a favor, mientras que cinco (Vox) se han posicionado en contra y cuatro se han abstenido. Con su ratificación, la propuesta será ahora presentada en el Congreso de los Diputados para que éste promueva la modificación del precepto que, en la actualidad, establece que “en cada provincia se elegirán cuatro senadores”, lo que provoca que la más pequeña de las Balears quede diluida en la circunscripción de Eivissa-Formentera, eligiendo conjuntamente un solo representante.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha comparecido en nombre de GxF por “profunda convicción insularista”, por la “complicidad entre las fuerzas progresistas de cada isla” y “por justicia dado que fue uno de los promotores de esta iniciativa”, ha subrayado que se trata de una “demanda justa del pueblo de Formentera” que arrancó con el acuerdo unánime alcanzado en pleno en 2004 en el antiguo ayuntamiento de la isla.

El 20 de agosto de aquel año, la Corporación puso de manifiesto su voluntad para que la isla pueda elegir, como circunscripción electoral propia, un representante en el Senado, “la Cámara de representación territorial del Estado español”, mediante la modificación de la redacción actual del artículo 69.3 de la Carta Magna.

El diputado ecosoberanista ha manifestado que, “en 1978, mientras miles canarios y todas sus islas disponían de cabildos, en las Pitiüses teníamos la anomalía administrativa de un Consell por cada dos islas, de ahí el término agrupación de islas y ese perverso guion entre Eivissa y Formentera”. Acto seguido, ha recordado uno de los principales hitos de la historia política de la menor de las Pitiüses, cuando, con la reforma del Estatut d'Autonomia en 2007, con Francesc Antich (PSOE) como presidente del Govern, fue creado el Consell Insular de Formentera. “Un largo camino de lucha y reivindicación política”, como lo ha considerado Apesteguia.

Antes de 2007, la isla únicamente contaba con un ayuntamiento como institución local propia. La reforma del Estatut separó el Consell de Eivissa y el de Formentera en dos instituciones separadas. Pese a que Formentera consolidaba así su autonomía política dentro del marco balear, esta separación institucional no se trasladó al ámbito estatal, donde Formentera continúa siendo siendo considerada una extensión de la circunscripción pitiusa. Además, la isla cuenta con otra singularidad única que la diferencia respecto al resto de las islas españolas: es la única que unifica en una institución las competencias de un ayuntamiento y las propias del Consell Insular.

La diputada del PSIB Pilar Costa ha aseverado, por su parte, que la designación del senador propio es una reivindicación histórica para Formentera, en especial desde que tiene Consell Insular. En este sentido, ha aseverado que la menor de las Pitiüses “vive una situación anacrónica, con una alternancia de senadores ibicencos y formenterenses a través de un sistema de suplencia”. Un modelo que, ha añadido, es “totalmente injusto y anormal”.

Mientras tanto, el secretario general de la Federación Socialista en Formentera, Rafel Ramírez, ha celebrado que se haya dado un paso más en una “reclamación histórica que debe solucionarse”, puesto que Formentera es el único territorio insular español sin senador propio.

La ratificación de la PL no implica, sin embargo, un cambio inmediato. La reforma del artículo 69 requeriría una reforma constitucional ordinaria, lo que exige mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, eventualmente, un referéndum si no se alcanza un acuerdo entre el Congreso y el Senado. Además, el texto constitucional vincula la representación senatorial a las provincias, lo que convierte la modificación en un debate de mayor calado sobre la estructura territorial del Estado.

Todo empieza con una iniciativa local. Con un bulo al que se adhiere el alcalde de Madrid, el síndrome post aborto. Spoiler: no existe… y el PP tiene que recular. Ese traspiés del PP de Madrid ofrece un flanco débil a la izquierda. El PSOE aprovecha para cavar más hondo y tender una trampa… y acabar proponiendo una reforma en la Constitución para blindar el aborto. 

¿Qué significa eso de blindar un derecho en la Constitución? ¿Cómo se hace? Si el gobierno no es capaz de aprobar una reducción de jornada laboral… ¿Cómo va a aprobar una reforma constitucional sobre el aborto? ¿Qué estrategia política sigue el Gobierno con esta propuesta? Lo analizamos con los periodistas de elDiario.es Ana Requena, José Enrique Monrosi y Marta Borraz. 

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El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha reclamado hoy “recuperar el espíritu de la Constitución” del que, ha dicho, “nos obligaba a pactar, a moderarnos, a escucharnos y a evitar los extremos”, frente a “la extrema polarización y el frentismo que se busca desde las instancias institucionales. Todos están trabajando como si fuera un zafarrancho de combate ideológico”.

El barón castellanomanchego cree que “los partidos se han convertido en un fin en sí mismo, en vez de ayudar a los demás. Hoy en España se ha pulverizado el espíritu constitucional”, aunque sostiene que al menos se mantiene “el fondo” de la Constitución.

“Recuperar ese espíritu es el objetivo nacional que yo me plantearía para todos los españoles” porque cree que “España está mucho más sólida de lo que muchos pudieran pensar”.

Se ha referido a esta fecha del 12 de octubre en la que, en su opinión, “nos reivindicamos como lo que realmente somos, una de las grandes culturas del planeta. Nos reivindicamos no solo como españoles, no solo porque nos recreemos en nuestra historia, que es muy antigua sino porque la España de hoy es una España de éxito, admirada en el resto del planeta. La que tiene la esperanza de vida más alta”.

Agradecimiento a la labor de la UME en Letur y Mira tras la dana

Este año en el acto también han participado como invitados los alcaldes de Letur (Albacete), Sergio Marín, y de Mira, en Cuenca, Miriam Lava, las dos poblaciones de Castilla-La Mancha más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Entre ambos municipios, las inundaciones aquel día dejaron siete personas fallecidas.

En este 2025 se cumplen 20 años de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bajo el mandato entonces de José Luis Rodríguez Zapatero. La alcaldesa de Mira ha trasladado el “agradecimiento infinito por la labor que realizaron en nuestro pueblo, que no solamente fue de logística, sino que se llegó a crear un lazo, un vínculo con la población difícil de olvidar”, comentaba.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha reconegut el dret d'una menor de Palma a rebre ensenyament de religió islàmica. Ho fa en una sentència que considera vulnerat l'article 27.3 de la Constitució, que garanteix als pares que els fills rebin formació religiosa i moral conforme a les seves conviccions. Els magistrats asseveren que l'Administració té l'obligació d'oferir ensenyament religiós a l'escola pública, amb caràcter voluntari per als alumnes, i que aquest deure s'estén a totes les confessions que així ho hagin acordat amb l'Estat.

La resolució, consultada per elDiario.es, estima parcialment el recurs que la família de dos menors que cursen infantil i primària. Inicialment, la petició va ser cursada davant l'Ajuntament i inadmesa per la Conselleria d'Educació, que al·legava no haver rebut la sol·licitud i que aquesta tampoc no havia estat presentada al col·legi. El tribunal, no obstant, considera provat que la petició va ser registrada correctament al Consistori i remesa al Govern, encara que només en relació amb una de les filles.

La sentència, dictada el 10 de setembre passat, assenyala que el silenci de l'Administració autonòmica va vulnerar els drets fonamentals de la nena en ignorar la sol·licitud i no oferir cap alternativa per accedir a aquest ensenyament. Tot i això, matisa que el dret que empara la menor de rebre les classes de religió islàmica no implica que aquestes s'hagin d'impartir necessàriament al centre concret sol·licitat, sinó que s'ha de garantir “en un centre públic de proximitat” dins de la ciutat.

La sentència es recolza en l'Acord de Cooperació entre l'Estat i la Comissió Islàmica d'Espanya, aprovat per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, una normativa llavors pionera a Europa l'article 10 de la qual garanteix als alumnes musulmans el dret a rebre ensenyament religiós islàmic als centres docents públics i concertats, des d'educació infantil i primària fins a educació secundària, sempre que així ho sol·licitin els pares i tutors i l'exercici d'aquest dret no entri en contradicció amb el caràcter propi del centre.

L'acord desenvolupa així el principi constitucional de llibertat religiosa i el dret a l'educació, situant l'ensenyament de l'Islam en el mateix pla jurídic que les religions catòlica, evangèlica o jueva, amb què l'Estat manté convenis similars.

A les Balears, l'aplicació pràctica d'aquest dret es va regular mitjançant un conveni signat el 2019 entre la Conselleria d'Educació i la Comissió Islàmica d'Espanya, que permetia impartir classes en un màxim de deu col·legis públics. Tot i això, l'acord va expirar el setembre del 2023 i no ha estat renovat. La sentència retreu al Govern balear no haver restablit un marc normatiu ni haver informat les famílies sobre els centres on sí que s'impartia l'assignatura durant el curs 2024-2025, cosa que va deixar les famílies sense opcions reals.

“La Conselleria d'Educació ha de desplegar l'activitat precisa per impartir aquest ensenyament religiós als centres públics de què disposa a tota l'illa, cosa que inclou Palma. I no ho ha fet”, recalquen els magistrats, que recriminen que, en extingir-se la vigència de l'acord de 2019, el Govern “ni ho ha renovat, ni tampoc ha justificat en el debat que hagi organitzat impartir aquest ensenyament, d'acord amb els recursos públics de què disposa, i d'acord amb les necessitats de població que demana aquest ensenyament en la confessió islàmica”.

Al contrari, sosté el tribunal, “amb l'actitud seguida davant de la petició del recurrent, consistent a ignorar-la del tot, ha vulnerat el seu dret fonamental a poder rebre el seu fill ensenyament de religió islàmica, negant-li tota informació que pogués fer efectiu aquest dret. Insistim, la demandada no ha exposat ni explicat, ni en via administrativa, ni tampoc en fase judicial, quins col·legis de Palma ofereixen aquest ensenyament religiós”, sentencien els jutges.

Un dels problemes que afecten la implementació d'aquest dret és la manca de professorat especialitzat. Segons la Comissió Islàmica d'Espanya, el gener del 2022 hi havia 106 professors que impartien l'assignatura de religió islàmica davant dels més de 312.500 alumnes musulmans que, calcula l'entitat, estudien a Espanya.

El Govern assegura que acatarà la sentència

Després de conèixer la sentència, el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha assegurat que l'acatarà, assenyalant que estan estudiant-la i analitzant com donar encaix al seu contingut. En declaracions als mitjans, Vera ha expressat el seu respecte pel pronunciament de l'alt tribunal i ha avançat que el conveni amb la Comissió Islàmica en aquesta matèria es troba en procés de revisió.

Segons les dades facilitades pel departament d'Educació, avui dia l'assignatura de religió islàmica la imparteixen cinc docents en 12 centres educatius de l'arxipèlag. L'estan cursant 727 alumnes.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha reconocido el derecho de una menor de Palma a recibir enseñanza de religión islámica. Lo hace en una sentencia que considera vulnerado el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza a los padres que sus hijos reciban formación religiosa y moral conforme a sus convicciones. Los magistrados aseveran que la Administración tiene la obligación de ofrecer enseñanza religiosa en la escuela pública, con carácter voluntario para los alumnos, y que este deber se extiende a todas las confesiones que así lo hayan acordado con el Estado.

La resolución, consultada por elDiario.es, estima parcialmente el recurso de la familia de dos menores que estudian en infantil y primaria. Inicialmente, la petición fue cursada ante el Ayuntamiento e inadmitida por la Conselleria de Educación, que alegaba no haber recibido la solicitud y que ésta tampoco había sido presentada en el colegio. El tribunal, sin embargo, considera probado que la petición fue registrada correctamente en el Consistorio y remitida al Govern, aunque solo en relación con una de las hijas.

La sentencia, dictada el pasado 10 de septiembre, señala que el silencio de la Administración autonómica vulneró los derechos fundamentales de la niña al ignorar la solicitud y no ofrecer alternativa alguna para acceder a dicha enseñanza. No obstante, matiza que el derecho que ampara a la menor de recibir las clases de religión islámica no implica que éstas deban impartirse necesariamente en el centro concreto solicitado, sino que debe garantizarse “en un centro público de proximidad” dentro de la ciudad.

La sentencia se apoya en el Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, una normativa entonces pionera en Europa cuyo artículo 10 garantiza a los alumnos musulmanes el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y concertados, desde educación infantil y primaria hasta educación secundaria, siempre que así lo soliciten los padres y tutores y el ejercicio de ese derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro.

El acuerdo desarrolla así el principio constitucional de libertad religiosa y el derecho a la educación, situando la enseñanza del Islam en el mismo plano jurídico que las religiones católica, evangélica o judía, con las que el Estado mantiene convenios similares.

En Balears, la aplicación práctica de este derecho se reguló mediante un convenio firmado en 2019 entre la Conselleria de Educación y la Comisión Islámica de España, que permitía impartir clases en un máximo de diez colegios públicos. Sin embargo, el acuerdo expiró en septiembre de 2023 y no ha sido renovado. La sentencia reprocha al Govern balear no haber restablecido un marco normativo ni haber informado a las familias sobre los centros donde sí se impartía la asignatura durante el curso 2024-2025, lo que dejó a las familias sin opciones reales.

“La Conselleria de Educación debe desplegar la actividad precisa para impartir tal enseñanza religiosa en los centros públicos de que dispone en toda la isla, lo que incluye Palma. Y no lo ha hecho”, recalcan los magistrados, que recriminan que, al extinguirse la vigencia del acuerdo de 2019, el Govern “ni lo ha renovado, ni tampoco ha justificado en el debate que haya organizado impartir esa enseñanza, con arreglo a los recursos públicos de que dispone, y de acuerdo a las necesidades de población que demanda esa enseñanza en la confesión islámica”.

Al contrario, sostiene el tribunal, “con la actitud seguida frente a la petición del recurrente, consistente en ignorarla por completo, ha vulnerado su derecho fundamental a poder recibir su hija enseñanza de religión islámica, negándole toda información que pudiera hacer efectivo ese derecho. Insistimos, la demandada no ha expuesto ni explicado, ni en vía administrativa, ni tampoco en fase judicial, qué colegios de Palma imparten esa enseñanza religiosa”, sentencian los jueces.

Uno de los problemas que afectan a la implementación de este derecho es la falta de profesorado especializado. Según la Comisión Islámica de España, en enero de 2022 había 106 profesores que impartían la asignatura de religión islámica frente a los más de 312.500 alumnos musulmanes que, calcula la entidad, estudian en España.

El Govern asegura que acatará la sentencia

Tras conocer la sentencia, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que la acatará, señalando que están estudiándola y analizando cómo dar encaje a su contenido. En declaraciones a los medios, Vera ha expresado su respeto por el pronunciamiento del alto tribunal y ha avanzado que el convenio con la Comisión Islámica en esta materia se encuentra en proceso de revisión.

Según los datos facilitados por el departamento de Educación, a día de hoy la asignatura de religión islámica la imparten cinco docentes en 12 centros educativos del archipiélago. La están cursando 727 alumnos.

Si Hacienda fuéramos todos, otro gallo cantaría, y mucho más si cantara el gallo rojo de Chicho Sánchez Ferlosio. Pero, ahora, el que vuelve a cantar más fuerte es el gallo negro y Hacienda sigue echando de menos a los contribuyentes que más cariño deberían darle.

Hecha la ley, hecha la trampa. De encontrarla viven esos profesionales súper capacitados que asesoran a los parásitos o aspirantes a serlo -normalmente patriotas de pelo en pecho y bandera en ristre- para que escondan sus monedas de oro en islas casi desiertas que, en algunos casos, incluso facilitan una nacionalidad alternativa, por si las moscas, ya que cuando la mierda empieza a oler toca volar lejos.

Y de altos vuelos y largo recorrido resultó la magnífica prosopopeya que parieron los jerarcas económicos de la Transición. Aquello de que Ahora, Hacienda somos todos otorgaba al órgano recaudador la posibilidad de sentir a través de millones de almas, de súbditos que recién estrenaban ciudadanía y que, además de los colores de la selección, ahora se identificarían con un Estado que, por fin, los dejaba elegir, eso sí, entre opciones bien tasadas.

Ese verano de 1978, España no pasó de primera ronda (el gol que no lo fue de Cardeñosa) en la Copa del Mundo de la Argentina de la Junta Militar, pero unos meses después el país estrenó la Constitución que aún nos ampara. Los desalmados que no se dieron por aludidos en la unanimidad contributiva siguieron acarreando los billetes en maletines hacia Andorra o Suiza, paraísos naturales con el cielo más transparente y el sistema financiero más opaco, que hacen gala de la neutralidad menos altruista del mundo.

Más de 40 años después, ya nadie viaja cargado de efectivo y cagado de miedo por si un agente con tricornio o un aduanero perspicaz lo pilla in fraganti. No hay necesidad de pasar ningún embarazo para desembarazarse de una fortuna que podría arder debajo del colchón, como tampoco hay que gastarse una fortuna para volar a Londres a desembarazarse sin riesgo de morir. Esto último, por fortuna.

Más de 40 años después, Hacienda sigue sintiéndose defraudada. No quiero pensar lo que debió de sentir la pobre al saber que la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un piso comprado (presuntamente, claro) con dinero distraído de su asignación. Tampoco quiero imaginarme el sentimiento de desamparo que sufrirá cuando los madrileños (presuntamente parte de ese todos unánime) vuelvan a elegirla condotiera.

Las letras de tango constituyen en sí mismas un género especializado en el fraude y sus consecuencias políticas, sociales y, por supuesto, sentimentales

Aunque, en el fondo, a Hacienda le ocurre lo que a cualquier otro ser humano. El mundo en general nos defrauda. Nos sentimos engañados, robados y estafados. Las letras de tango (Chorra, Cambalache, Mano a mano) constituyen en sí mismas un género especializado en el fraude y sus consecuencias políticas, sociales y, por supuesto, sentimentales. El hecho de que sea un producto específicamente argentino (según León Gieco, del país de Cristo, que lo da todo sin recibir; de un país esponja, que se chupa todo lo que pasó), no es óbice para que tenga una proyección universal.

Como es universal Violeta Parra y su voz quejumbrosa cuando, en la fiesta nacional chilena, a los niños hambrientos les reparten “una medallita o bien una banderita” o cuando su amante le da la combinación de una caja sin cerradura, “como quien dice la llave del tarro de la basura”. Mientras que el tango es más bien acomodaticio y resignado, Violeta denuncia violentamente la estafa del Estado a su pueblo o de un hombre a la mujer que lo adora.

A todos nos dan gato por liebre y, en algún momento, acabamos comiendo morteruelo o gazpacho manchego cocinado a base de felino mechado. Aunque, seamos sinceros; a veces somos gato y a veces, liebre. ¿Quién no ha incumplido el programa? ¿Quién no ha falseado nunca un currículum? ¿Quién no ha maquillado su rostro o su personalidad? ¿Quién no ha engañado a la persona amada? ¿Quién no ha hecho pasar su correosa carne de gato por la también fibrosa pero mucho más suculenta carne de liebre? El que esté libre de pecado que dispare el primer perdigón.