El centro de internamiento de menores infractores (CIMI) Tierras de Oria, en Almería, vuelve a situarse en el centro de la polémica. Considerado desde hace años uno de los centros más conflictivos de Andalucía, no ha dejado de arrastrar problemas desde la muerte de Iliass Tahiri, el joven de 18 años que falleció atado bocabajo a una cama en mayo de 2019. Aquello se saldó con cuatro años de cárcel para cuatro trabajadores y marcó un antes y un después en el funcionamiento del recinto. Seis años después, lo que se denuncia ahora no son malos tratos a los internos, sino un clima que hace insostenible el trabajo para las personas que cada día acuden allí para cumplir su jornada laboral.

Parte de las denuncias las firma el sindicato CCOO que, a través de una circular interna, ha puesto sobre la mesa agresiones físicas y psíquicas al personal, reclamando medidas de protección que, según insisten, no son las adecuadas para un centro de estas características. Desde fuera, el hermetismo es absoluto. Nadie que trabaje hoy allí quiere hablar, ni siquiera con el anonimato garantizado, por miedo a perder su empleo. Solo un antiguo trabajador accede a relatar lo que ocurre, con un nombre falso y dejando claro que la discreción es absoluta. “Al que diga algo, lo echan”, zanja nada más empezar.

“Antes ya era duro. Ahora es un infierno”

El testimonio de este extrabajador, al que renombraremos como Luis y que durante años estuvo dentro del centro, dibuja un lugar sin apenas control efectivo, con un personal agotado y en tensión constante, que les lleva a darse de baja habitualmente. “Antes ya era duro. Ahora es un infierno”, resume. Asegura que los perfiles que llegan allí son “el 95% violentos”, con varios procedimientos judiciales abiertos cuando pisan por primera vez Oria. Y matiza algo que muchas veces no se entiende desde fuera: “Aquí no hay chavales de 14 o 15 años. Por la ley del menor, quien comete un delito con 17 o 17 y medio puede terminar cumpliendo condena hasta los 21 o 22. Incluso hay internos con 25 o 26 años. Con un metro noventa, fuertes, que han pasado por la calle y saben perfectamente cómo manejar la situación”.

El relato de este trabajador coincide con lo que en ocasiones trasciende a través de partes médicos o filtraciones. “Hace poco a un compañero le tuvieron que dar tres puntos debajo del ojo. Un menor le pinchó. Si le llega a dar un poco más arriba, le saca el ojo. En el parte pusieron que había sido accidental”. Otro caso: “Un chaval desmontó un futbolín, lo destrozó y empezó a golpear. El compañero terminó con la mano chorreando de sangre de los cristales antivandálicos. Eso son cortes que ni ves venir”.

Preguntado por la plantilla, asegura que está compuesta casi en el mismo número que cuando él trabajaba, aunque ahora con la mitad de internos (cuenta con 116 plazas y actualmente hay alrededor de 70 jóvenes) desde que bajó la ocupación tras la pandemia. “Pero el problema no es cuántos hay, sino qué perfiles entran. Antes se repartía a los más conflictivos por distintos módulos. Ahora, por decisiones de la dirección, los han juntado a todos en el mismo. Así pasan las cosas que pasan”, explica. De fondo, sobrevuela siempre el temor a represalias. “Nadie quiere hablar. Y los sindicatos, que deberían sacar esto, están también amarrados. El que se mueva, va fuera”. Este medio, sin ir más lejos, ha intentado hablar con otros trabajadores sin éxito.

El comité defiende la normalidad

Ginso, la entidad madrileña que gestiona el centro desde hace años mediante una concesión de la Junta de Andalucía, evita responder directamente a las acusaciones que sindicatos y trabajadores hacen sobre el ambiente de trabajo. Por el contrario, basan su postura en la que emite el comité de empresa que, a través de un escrito, defiende la situación actual del centro. Según el documento remitido a este periódico, “no existe ningún incremento de conflictividad ni de conductas de vejaciones o agresiones al personal”, y el clima es de “absoluta normalidad”, con cifras similares a las de otros años o a otros centros de reforma juvenil.

El comité señala que el CIMI Tierras de Oria cuenta con un programa de formación obligatoria para el personal, vigilancia mediante cámaras, dispositivos antipánico y once vigilantes de seguridad por turno, además de protocolos específicos en caso de situaciones graves. También insisten en que cuando se produce un episodio violento se activan los mecanismos de apoyo, desde la atención médica al acompañamiento jurídico y psicológico.

Aprovechan, además, para deslizar que estas denuncias podrían estar relacionadas con el momento actual del contrato: “Consideramos que la información difundida responde a intereses particulares en un momento clave de decisión sobre la prórroga y concurso de gestión con la Junta de Andalucía”, sentencian en su nota.

La Junta descarta problemas de fondo

Por su parte, la Consejería de Justicia, responsable última del servicio, niega que haya un problema estructural. Fuentes oficiales aseguran que el contrato con Ginso sigue vigente y se va a cumplir. Recuerdan que, desde la pandemia, el centro está a la mitad de su ocupación habitual porque han bajado las medidas impuestas por los juzgados de menores, algo que afecta a toda Andalucía. “Eso significa que ahora hay el doble de personal para la mitad de internos, no más carga de trabajo ni saturación”, señalan.

De hecho, la propia bajada de población llevó recientemente al comité de empresa a pedir una reunión con la Dirección General para expresar su temor a un posible cierre. “En ese encuentro no trasladaron ninguna cuestión de inseguridad ni problemas de gravedad, solo su preocupación por el futuro del centro. Se les garantizó que seguirá abierto”, añade la Consejería.

Sobre los casos concretos que han trascendido, desde el Gobierno andaluz admiten que hace poco hubo un incidente “que salió de lo habitual”, pero remarcan que el centro dio cuenta, se pidió un informe y se realizó una visita sin previo aviso. “No se nos ha trasladado que esto ocurra de manera frecuente”.

Detrás de todo, Luis, el extrabajador que ha participado en este reportaje, cree que hay mucho más que una simple huida hacia adelante de la empresa y el Gobierno andaluz. “Ginso lo que tiene ahí es un negocio. No hay un proyecto serio de reinserción. El 95% de los chavales que pasan por Oria terminan después en prisión. Pero mientras haya contrato con la Junta, van a cuidarse mucho de que no salga nada que moleste”.

Mientras tanto, en uno de los centros de menores más conflictivos de Andalucía el día a día no calma las aguas: denuncias sindicales, un comité que insiste en la normalidad, una administración que subraya el control permanente y trabajadores que prefieren el silencio para no perder su empleo. Hasta que, según denuncian quienes trabajan en Tierras de Oria, pase algo peor. Algo que quieren evitar a toda costa, aunque el miedo a ser señalados les impida hablar con tranquilidad.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Purchena ha dictado auto de apertura de juicio oral contra tres vigilantes de seguridad y un coordinador empleado de la asociación Ginso por la muerte de Iliass Tahiri, el joven de 18 años que falleció el 1 de julio de 2019 atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama del centro de justicia juvenil Tierras de Oria, en la provincia de Almería, gestionado por la citada empresa privada por contrato de servicio de gestión integral con la Junta de Andalucía.

La jueza ha decidido que sea Ginso la que responda como responsable civil subsidaria, pero no la Junta de Andalucía, como pedía la familia, que solicita cuatro años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados y cuantiosas indemnizaciones. Según la representación legal de la madre y los hermanos aquel joven, además de la compañía aseguradora, la empresa de seguridad y la propia Ginso, debía ser la administración quien también debiera indemnizar subsidiariamente por aquellos hechos.

En el auto, fechado este 26 de junio y al que ha tenido acceso este medio, también se recogen las peticiones de la acusación particular que ejerce la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que solicita un año y seis meses de prisión a cada uno e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por plazo de cuatro años.

El relato de los hechos que ha expuesto recientemente la familia en su escrito de acusación es bien conocida, y se apoya principalmente en la grabación de los momentos previos a la muerte de Iliass, a la que accedió en noviembre de 2019 elDiario.es Andalucía, donde se mostraba cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar.

Cabe recordar que la inmovilización sobre Iliass se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el entonces vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo. El Defensor del Pueblo Español denunció inmovilizaciones con correas de más de seis horas en el mismo centro almeriense. El propio Marín volvió a tener que responder sobre el asunto pero igualmente se negó a asumir cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido en el centro. La entonces Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ya informó de que aceptaba las sugerencias y de que iba a revisar “una a una” ese tipo de contenciones.

Después del archivo del caso en enero de 2020, se debe recordar que en octubre de aquel año la Audiencia de Almería reabrió por primera vez el procedimiento, como así se lo pidió la Fiscalía. Tras el segundo archivo en mayo de 2022, la Audiencia volvió a revocar el sobreseimiento en abril del año pasado, ordenando la reapertura del caso y dando voz a las partes para que vuelvan a pronunciarse cinco años después de aquella trágica muerte.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Purchena, que en mayo de 2022 archivó por segunda vez la investigación por la muerte de Iliass Tahiri (el joven de 18 años que falleció el 1 de julio de 2019 atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama del centro de justicia juvenil Tierras de Oria), ha estimado a instancias de la Fiscalía de Almería que el caso se someta a un juicio de delitos leves (anteriormente conocidos como juicio de faltas), previsto en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, el caso se juzgará como un delito leve.

A finales de julio, el juzgado estimó la petición del fiscal y reputó el hecho como leve para seguir el procedimiento por delitos leves, si bien la resolución ha sido recurrida por la acusación particular, según informan fuentes judiciales a elDiario.es Andalucía. Se debe recordar que, en octubre de 2020, la Audiencia de Almería reabrió por primera vez el caso, como así se lo pidió la Fiscalía. Tras el segundo archivo, la Audiencia revocó el sobreseimiento el pasado mes de abril, ordenando el procesamiento de los tres vigilantes de seguridad del centro de internamiento que fueron encargados de ejecutar la reducción del joven.

El Ministerio Fiscal ha entendido, según el último escrito enviado al juzgado, que “la conducta desarrollada por los investigados podría ser constitutiva de imprudencia menos grave, en lugar de imprudencia leve”, estando ante un presunto delito de “homicidio por imprudencia menos grave”, tipificado en el artículo 142.2 del Código Penal y que castiga con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses al que “por imprudencia menos grave causare la muerte de otro”.

Maniobras “de forma incorrecta”

El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Almería consideró que las maniobras de reducción del joven debieron realizarse de forma incorrecta“, informó entonces Europa Press. La Sección Tercera concluyó que hubo ”una imprudencia con resultado de muerte“ por parte de ”aquellos que ejecutaron“ la inmovilización, remarcando que debía ser en un juicio donde debe determinarse ”con qué clase de imprudencia se actuó, grave, menos grave o leve“ y, de acuerdo a esto, proceder a la condena o absolución de estos investigados. El auto estimaba así el recurso de apelación presentado por la familia de Iliass, ordenando transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado contra los tres vigilantes de seguridad.

La Audiencia mantuvo el sobreseimiento del caso para el resto de investigados, entre ellos el director del centro de menores Tierras de Oria, el representante de la empresa gestora y los representantes de Junta, a los que “ningún reproche penal hay que hacer”, pero sosteniendo que “otra cuestión es la actuación de los vigilantes de seguridad que actuaron directamente sobre el cuerpo del menor”. Acerca de ello, si bien su actuación “no puede tener reproche alguno dentro del ámbito, pues están ante un menor tremendamente alterado”, y constando que fueron “cumpliendo paso a paso el protocolo que hay para estos casos”, otra cuestión era “cómo se ejecuta, cuando se ejecuta y qué precaución hay que tener cuándo se hace”.

“Van siguiendo las órdenes que van recibiendo desde la dirección, haciéndolo de forma correcta, al menos hasta que se procede a colocar al menor boca abajo y a taparle la cara con una almohada, acción que era permitida en casos excepcionales, por lo que no debe haber responsabilidad penal en su ejecución”, remarcó la Audiencia.

Un largo proceso judicial

La grabación de los hechos, a la que accedió en noviembre de 2019 elDiario.es Andalucía, mostraba cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar.

Iliass falleció el 1 de julio de 2019 aquella inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica. El juzgado de Purchena sobreseyó las actuaciones en enero de 2020 al considerar que su fallecimiento fue “accidental” y que los trabajadores aplicaron “correctamente el protocolo” (denominado 'Protocolo 9', posteriormente suspendido). La Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso, gestora del centro de Oria, defendió en febrero de 2022 en el juzgado que cumplió “escrupulosamente” con el protocolo.

La Fiscalía recurrió en su momento el archivo del caso al considerar que el protocolo antes mencionado era “contrario a derecho” y seguía “poniendo en peligro la vida y la integridad física de los menores” en los centros de Andalucía y Madrid gestionados por Ginso, bajo titularidad pública de la Junta de Andalucía en el caso de esta comunidad autónoma. Antes, la representación legal de la familia ya había recurrido el auto de archivo del caso ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de homicidio imprudente.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Purchena (Amería) no considera que hubiera delito en la muerte de Iliass Tahiri, el joven de 18 años que murió el 1 de julio de 2019 atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama en el centro de justicia juvenil Tierras de Oria, sobreseyendo las actuaciones aunque aún cabe la interposición de recurso. Se debe recordar recordar que, en octubre de 2020, la Audiencia de Almería reabrió el caso, como así se lo pedía la propia Fiscalía, que en esta ocasión, como así ha decidido el juzgado, habia pedido el archivo porque no había “indicios suficientes” para la perpetración de delito.

La jueza, en una decisión avanzada por La Voz de Almería, señala que todos aquellos que, encontrándose en el centro de Menores Tierras de Oria, intervinieron de algún modo el día y en el momento en que acaeció la muerte del menor, de las diligencias practicadas hasta la referida fecha y de las acordadas y practicadas con posterioridad, no puede inferirse que la actuación de los mismos pueda calificarse como imprudente desde el punto de vista penal“, dice en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, respecto a las personas que declararon como investigados con anterioridad a la revocación del sobreseimiento de la causa.

En ese sentido concluye que “del resultado del informe de autopsia, de las declaraciones practicadas y de las grabaciones y documental obrante en autos puede desprenderse que la muerte del menor fue de tipo accidental y que no concurrió en la conducta de los investigados una extralimitación en el uso de la fuerza, deduciéndose que los mismos aplicaron correctamente el protocolo de contención vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos y por el que los mismos debían regirse”. Añade en esa línea que resultó “patente además el pleno cumplimiento por éstos de las directrices que tenían por objeto garantizar la integridad física del interno, resultando de las declaraciones mencionadas que la decisión de llevar a cabo la contención del menor en posición decúbito prono se adoptó al considerarse necesaria y pertinente atendiendo al estado en que se encontraba el mismo y la inexistencia de contraindicaciones relativas a dicha aplicación respecto a la persona que, finalmente, resultó fallecida”.

“Por tanto, no practicándose con posterioridad a la fecha del dictado del auto de sobreseimiento mencionado ninguna otra diligencia de investigación de la que quepa inferir que la actuación de las personas que se encontraban en el centro de menores y que actuaron ante la agitación del menor no se llevase a cabo en la forma anteriormente expuesta, resulta procedente acordar el sobreseimiento de la causa respecto a los mismos al considerarse, como se ha afirmado, que su actuación fue proporcionada ante las circunstancias del momento y del estado del menor y, en todo caso, se rigió por la normativa vigente en el momento en que se produjo el fallecimiento, no pudiendo calificarse la imprudencia en que eventualmente hubieran podido incurrir como relevante penalmente”, resume el nuevo auto.

“Inviable una adaptación inmediata” de los protocolos

La jueza también se refiere a la relevancia penal de la conducta de las personas investigadas por ser responsables de la elaboración, aprobación y aplicación del protocolo aplicado por los intervinientes. En ese sentido, la jueza “comparte plenamente las argumentaciones contenidas en el informe del Ministerio Fiscal”, del que informó este medio, que acogen “como propias”, detallándose el itinerario administrativo relativo a la modificación de los protocolos de contención a consecuencia de las reformas y modificaciones legislativas.

Explica el auto en ese punto que de la documental obrante en actuaciones y de las declaraciones de los investigados “se pone de manifiesto que los distintos encargados de la elaboración de dichos protocolos, así como de su adaptación a la normativa vigente, llevan a cabo su cometido a través de distintos trámites burocráticos que pueden dilatarse en el tiempo”. “Así, la reelaboración de los protocolos requiere no sólo la elaboración de una propuesta de modificación, sino también la aprobación de tal propuesta por órganos administrativos, debiendo tenerse en cuenta que las directrices de actuación se encuentran sometidas a continuos cambios guiados por las reformas legislativas, resultando prácticamente inviable una adaptación inmediata a las mismas”.

El protocolo vigente en el momento en que se produce el fallecimiento del menor “fue objeto de un proceso de adaptación y reelaboración llevado a cabo de forma activa a pesar de que el resultado del mismo se pusiera de manifiesto tras el transcurso de un extenso período de tiempo y, desafortunadamente, de forma tardía en orden a modificar las técnicas de contención que en el caso de autos hubieran podido concurrir como causas coadyuvantes de la muerte del menor Illias”, explica la jueza. Por eso “no se aprecia en los investigados un incumplimiento o ignorancia deliberada de la normativa sino, tal y como determina el Ministerio Público en su informe, un intento de adaptarse a la misma, no produciéndose tal adaptación en el momento requerido por causas ajenas a la voluntad de aquéllos”. La conclusión es que “su conducta no puede ser calificada como constitutiva de ilícito criminal, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran en su caso imponerse a consecuencia de la tardanza en la implantación de los nuevos protocolos”.

Por todo ello, “procede acordar el sobreseimiento de la presente causa, sin perjuicio de las reclamaciones que las personas legitimadas para ello puedan efectuar en la vía correspondiente en orden a obtener el resarcimiento correspondiente a consecuencia del fallecimiento del menor y a depurar las responsabilidades civiles y administrativas que puedan derivarse de tal hecho”.

Posición de Ginso

Ante la decisión del juzgado, la gestora del centro, Ginso (Asociación para la Gestión de la Integración Social), se muestra “muy satisfecha con la decisión judicial ya que ratifica, de nuevo, la correcta actuación de los profesionales del centro Tierras de Oria, así como de la entidad gestora, de acuerdo a los protocolos y procedimientos vigentes”, informan fuentes de la gestora a este periódico.

La organización, destaca, “sigue estando a la entera disposición de las autoridades competentes para cualquier requerimiento adicional”. GINSO indica que “durante sus 21 años de experiencia, por los centros de Ginso han pasado 17.000 jóvenes y nunca ha sido condenada por ninguna circunstancia que tenga que ver con la atención que llevamos a cabo en Ginso con los menores infractores, ni con ningún otro aspecto. GINSO es un referente a nivel nacional que colabora de forma habitual con distintas administraciones públicas ejerciendo una labor social de manera responsable y siempre teniendo como primer criterio de actuación el interés del menor”, dicen las fuentes.

Un largo proceso judicial

La grabación de los hechos, a la accedió en noviembre de 2019 elDiario.es Andalucía, mostraba cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar.

Iliass falleció el 1 de julio de 2019 durante una inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica. El juzgado de Purchena sobreseyó las actuaciones en enero de 2020 al considerar que su fallecimiento fue “accidental”, como insiste ahora, y que los trabajadores aplicaron “correctamente el protocolo” (denominado 'Protocolo 9', posteriormente suspendido). La gestora del centro defendió en febrero en el juzgado que cumplió “escrupulosamente” con el protocolo, como ahora insisten las fuentes de la gestora.

La Fiscalía recurrió en su momento el archivo del caso al considerar que el protocolo antes mencionado era “contrario a derecho” y seguía “poniendo en peligro la vida y la integridad física de los menores” en los centros de Andalucía y Madrid gestionados por Ginso, bajo titularidad pública de la Junta de Andalucía en el caso de esta comunidad autónoma. Antes, la representación legal de la familia ya recurrió el auto de archivo del caso ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de homicidio imprudente, rechazando que la jueza se basara “únicamente” en el protocolo existente en el centro en aquel momento, realizado por la empresa privada que gestiona el centro.

La inmovilización sobre Iliass se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo. El Defensor del Pueblo Español denunció inmovilizaciones con correas de más de seis horas en el mismo centro almeriense. El propio Marín volvió a tener que responder sobre el asunto pero igualmente se negó a asumir cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido. La Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de quien depende finalmente el centro, ya informó de que aceptaba las sugerencias y de que iba a revisar “una a una” este tipo de contenciones. Cabe recordar que la práctica de atar menores a la cama en los centros andaluces de internamiento se duplicó tras la muerte de Iliass.

“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima”, reseñó en 2017 el CPT. Un año después, fue el Defensor del Pueblo de España el que denunció ante la Junta de Andalucía determinadas deficiencias en las inmovilizaciones a menores en Oria.

El mes que viene cumplirá 30 años y acaba de ser condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de revelación de secretos al haber difundido imágenes en vídeo de dos menores sometidos a sujeción mecánica en una cama en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria (Almería), donde él mismo estuvo internado años atrás (con 17) y donde, durante uno de esos mecanismos de inmovilización, fallecía en el verano de 2019 el joven Iliass Thairi. “¿Por defender los derechos de niños amarrados a una cama tienes que acabar en la cárcel? No me voy a conformar ni con solo un día de cárcel ni con un indulto porque no he hecho nada malo ¿Defender los derechos de las personas es un delito?”, se pregunta Alfonso Galiana en conversación con elDiario.es Andalucía.

El joven reside en Málaga y tiene su propia empresa. Asegura que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial. El juzgado de Purchena que se encarga de las denuncias que puedan proceder de ese centro de menores “archivaba todas las denuncias” cuando él u otros internos denunciaban haber sido “maltratados”, como asegura haberlo sido él también. Por eso, cuando salió, quiso denunciar ese tipo de prácticas. “Yo lo pasé muy mal allí. Ni me quiero acordar, se me ponen los pelos de punta, y todo esto es ahora una pesadilla. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es la historia de nunca acabar”.

Muy disconforme con el desarrollo del juicio el pasado 12 de noviembre, que no pudo ser presenciado por los medios de comunicación “con la excusa del aforo”, explica Galiana, el joven alude a otra cuestión, puramente judicial, y que su abogado planteó al tribunal durante la vista oral. Se trata de una supuesta “falta del requisito de procedibilidad” teniendo en cuenta que el menor que mantiene la acusación contra él, filmado en julio de 2011, no compareció en el juicio por “la imposibilidad de ser hallado”, habiendo sido “citado por edictos”, según reconoce la sentencia. Su abogado sostuvo que, al tratarse de un delito perseguible a instancia de parte, el artículo 130 del Código Penal exige exhortarle a que manifieste si desea continuar con la acusación o manifiesta su perdón.

De hecho, así ocurrió con el otro menor filmado en abril de 2014, que retiró la acusación y permitió la absolución de dos de los trabajadores de seguridad acusados. “No sabemos si él también me perdona a mí. No se ha hablado con él y a mí me puede costar la cárcel. ¿Cómo me pueden condenar si no aparece la persona que me denunció? ¿Cómo puede quedar esto así? Nunca me lo podía imaginar. ¿Pasa esto en un centro de la Junta de Andalucía y no va a pasar nada?”, se pregunta. El tercero de los exempleados juzgados, que fue el que grabó al menor que ha mantenido la denuncia, ha sido condenado a 24 meses de prisión por descubrimiento y revelación de secretos, con la concurrencia de la atenuante, como muy cualificada, de reparación del daño, al haber consignado en la cuenta del juzgado 4.500 euros como pedían las acusaciones en concepto de indemnización a favor del menor “perjudicado”. “A mí me han puesto dos años y medio para asegurarse que acabo en la cárcel”, denuncia Galiana.

Imágenes pixeladas

Otra de las cuestiones que explica la sentencia se refiere al pixelado de las imágenes difundidas. “La jueza dice que, aunque las caras estuvieran pixeladas, se les podía reconocer por la figura de los cuerpos. Es absurdo. Y ningún medio de comunicación ha dicho durante la instrucción que yo haya enviado las imágenes sin pixelar. No hay pruebas en ese sentido. Se basa en la suposición”, comenta. “¿En qué país del mundo te meten en la cárcel por una denuncia social? Es que es absurdo”, insiste. El vídeo por el que ha sido condenado el joven fue publicado en febrero de 2015 en este periódico a través de Youtube con los rostros de los menores pixelados para preservar su intimidad.

Según la sentencia, Galiana, aunque su defensa respondió que había pixelado previamente las imágenes antes de mandarlas a los medios, antes “había respondido al Ministerio Fiscal con rotundidad que las entregó sin pixelar a los medios de comunicación con la condición pactada de que ellos las pixelararan, llegando a decir que él no las podía pixelar para no incurrir en una manipulación de la imagen”. Esa cuestión la asegura la jueza basándose principalmente en las declaraciones tanto de un agente de la Guardia Civil como de Manuel Madrid, director entonces del centro de menores, “quienes la han visto de ambas formas”. La exnovia del menor también le reconoció en “un vídeo en televisión” y le dio aviso, tras lo cual se inició el proceso judicial al sentirse el menor “profundamente perjudicado” por haber sido reconocido, según explica la sentencia.

Para la jueza, “es evidente que la conducta desarrollada por el acusado al facilitar a los medios de comunicación el vídeo en el aparecía el menor para difundirlo, pone de manifiesto de manera palmaria no sólo el dolo genérico de saber lo que se hace y la voluntad de hacerlo, sino también el dolo requerido por esta figura delictiva, caracterizado por el ánimo tendencial de invadir la esfera de privacidad e intimidad de las personas”. En todo caso, “la cesión a terceros realizada por el acusado de tales imágenes supuso, en definitiva, la vulneración de la intimidad del menor, quien se sintió por ello muy perjudicado”.

“Autor criminalmente responsable de un delito de revelación de secretos”, y condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión, ha sido el castigo para el joven que difundió imágenes de dos menores atados boca abajo a una cama con gomas y gritando de dolor pidiendo “por favor” que se les retiraran las sujeciones mecánicas a las que se les estaba sometiendo en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria, el mismo de titularidad pública donde el verano de 2019 murió el joven de 18 años Iliass Thairi tras ser inmovilizado de la misma manera y sin presencia médica. El vídeo por el que ha sido condenado el joven fue publicado en febrero de 2015 en este periódico a través de Youtube con los rostros de los menores pixelados para preservar su intimidad.

De esta forma, el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a A.G., presidente de la plataforma centrosdemenores.es, y dos extrabajadores de la empresa de seguridad del centro han sido absueltos, como informó este medio hace unos días, debido a que uno de los jóvenes internos que fueron grabados retiró la acusación y se disculpó por videoconferencia durante la vista oral. El tercero de los exempleados juzgados ha sido condenado a 24 meses de prisión. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, este trabajador fue el encargado de filmar al joven que aparece en el vídeo “con ánimo de atentar contra su intimidad y su derecho a la propia imagen”, le filmó “sin consentimiento” y sin que haya retirado su acusación durante el proceso, de ahí la doble condena.

Según relata la sentencia, adelantada por Efe, el joven condenado manifestó en el juicio que recibió las grabaciones del año 2011 de un vigilante de seguridad del centro y las pasó a los medios de comunicación como denuncia social, pidiendo siempre que se pixelaran. Reconociendo, en un principio, que las entregó sin pixelar pero pactando con periodistas que se pixelaran, sin que él lo hiciera porque en tal caso habría una manipulación de las imágenes. A preguntas de su defensa, dijo que antes de mandarla a los medios de comunicación las pixeló, pues él pertenecía a una plataforma cuyo objeto es la protección de menores, añadiendo que en el vídeo no se reconocía la cara del menor. Su ánimo al divulgarlas, dijo, era denunciar al centro de menores en el que él había estado interno y donde fue “torturado”, sin que se dirigiera a las autoridades pues en el Juzgado de Purchena otras denuncias similares han sido siempre archivadas.

La esfera de privacidad e intimidad

A ese respecto dice la sentencia que “es evidente que la conducta desarrollada por el acusado al facilitar a los medios de comunicación el vídeo en el aparecía el menor para difundirlo, pone de manifiesto de manera palmaria no sólo el dolo genérico de saber lo que se hace y la voluntad de hacerlo, sino también el dolo requerido por esta figura delictiva, caracterizado por el ánimo tendencial de invadir la esfera de privacidad e intimidad de las personas”. En todo caso, “la cesión a terceros realizada por el acusado de tales imágenes supuso, en definitiva, la vulneración de la intimidad del menor, quien se sintió por ello muy perjudicado”.

El ahora condenado “divulgó a diversos medios de comunicación la grabación obtenida, entre ellos, a elDiario.es, que lo publicó alcanzando de esta forma mayor difusión”. Además, al joven también se le impone una multa de 22 meses, a razón de 11 euros al día. Tanto él como el extrabajador deberán indemnizar al interno filmado con 4.500 euros de forma conjunta y solidaria.

Cabe recordar que la Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de las imágenes que ahora han sido juzgadas, archivó el caso hace cinco años al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre los menores. Los trabajadores del centro acusados, despedidos tras lo sucedido y con expedientes disciplinarios a sus espaldas, se enfrentaban a penas de entre tres y cinco años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tal y como para ellos piden tanto el centro, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía de Almería.

“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima. El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) considera que, tal como se describe en el informe, el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica”, advirtió el CPT del Consejo de Europa el año pasado en un informe comprobado por elDiario.es Andalucía. El Defensor del Pueblo Español acaba de denunciar inmovilizaciones con correas de más de seis horas en el mismo centro almeriense.

“Lo grabé para denunciar lo que allí pasaba”

Como ya informó este periódico, la práctica de la inmovilización de pies y manos en las camas la corroboraron a este medio en su momento dos de los acusados y una educadora social que trabajó durante doce años en el centro. “El vídeo lo grabé para denunciar lo que allí pasaba. No hay que llegar a esos extremos. Si es un centro para reeducar, con violencia no se reeduca. Hay otros métodos. Yo sé lo que pasaba y lo que supongo seguirá pasando. El problema es que allí se les da todo a los chavales y llega un momento en que no se les puede dar más. Simplemente queríamos denunciar un hecho que pensamos delictivo y ahora los delincuentes somos nosotros. En el centro, si no eres su bufón, te largan”.

Otro de los acusados, jefe de equipo de seguridad en el centro, donde trabajó trece años, indicó a este periódico que “los vídeos hablan por sí solos. Quisimos denunciar cosas que vimos presuntamente ilegales. He tenido que realizar informes que no respondían a la realidad, diciendo que las inmovilizaciones duraban un par de horas cuando realmente duraban cinco o seis. Imagínese escuchando gritos de dolor durante cinco o seis horas. Pero lo que decían los mandos era lo que se hacía”, relató este antiguo trabajador de Tierras de Oria.

Este acusado también señaló incluso que, en uno de los juicios laborales que se han celebrado por estos hechos, se le mostró una especie de “recreación” de uno de los vídeos, presentado por el centro de menores. El exempleado apuntó en todo caso que “la inmovilización se puede utilizar para tranquilizar o para que el menor deponga su actitud pero no para causar el mayor daño y sufrimiento posible como yo he visto, apretando al máximo las correas. Lo tratamos de denunciar en su día y lo seguimos queriendo hacer. La Junta y el director se apresuraron en desmentirlo pero, insisto, los vídeos hablan por sí solos”.

“Seguimos pidiendo justicia, que se juzgue a los que ha matado a mi hermano y que el protocolo se quite para que no sufra ningún niño más. Que la muerte de mi hermano salve muchas vidas. Confiamos mucho en la justicia española”. El hermano de Iliass Tahiri, el joven de 18 años que murió el 1 de julio del pasado año atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama durante una inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria (Almería), sigue apelando a la Justicia cuando se cumple un año de su muerte.

La familia ha recobrado la esperanza en que al menos el caso llegue a juicio tras la petición de reapertura por parte de la Fiscalía, seis meses después de que el juzgado instructor de Purchena diera carpetazo al asunto por tratarse de una muerte de tipo “accidental”. Igual que se archivaron las diligencias hace casi cinco años cuando otro chico, igualmente a través de un vídeo, fue colocado boca abajo y sujeto a una cama aunque no con consecuencias tan trágicas. Aquel caso sí ha llegado a juicio, pero por la difusión audiovisual con la que se quiso denunciar el uso de correas en centros de menores, idéntico mecanismo que el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa considera “trato degradante o inhumano” y recomendó a España “que las autoridades pongan fin a esta práctica”.

“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima”, reseñó en 2017 el CPT. Un año después, fue el Defensor del Pueblo de España el que denunció ante la Junta de Andalucía determinadas deficiencias en las inmovilizaciones a menores en Oria, que durante este año se han vuelto a visibilizar a raíz de la muerte de Iliass.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha dictaminado en distintos momentos que la ejecución de las referidas medidas de sujeción puede suponer una vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), según considera la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que hace un año puso el caso de Iliass en conocimiento del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer.

En el informe emitido por en 2017 tras la visita girada a nuestro país el año anterior, según se recuerda en el informe de 2019 del Defensor del Pueblo de España en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), el CPT consideraba que “inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y la reintegración social de los menores […]. En su lugar, deberían emplearse métodos alternativos en la gestión de incidentes violentos y otros medios de contención, tales como las técnicas verbales que impiden que aumente el conflicto y el control manual”.

Según detalla el informe del Defensor, presentado este mismo martes, “a la vista de los dos casos producidos en los últimos dos años (en Melilla y Almería) de fallecimientos de jóvenes en centros de menores que habían sido sometidos a este tipo de sujeción, se ha solicitado información a varias administraciones competentes, sobre su criterio acerca del uso de correas homologadas en centros de menores, así como si está prevista la adopción de alguna medida al respecto”, indicando al respecto que “aún no se ha recibido respuesta”.

Boca abajo

El mismo uso de correas que en septiembre de 2015 veía la fiscal que “no se ha vulnerado la legislación vigente ni los derechos fundamentales” es considerado ahora por otro fiscal como “contrario a derecho” a tenor del protocolo vigente, el último aprobado por la Junta en 2018 y que, como el anterior, permite la posición boca abajo en la cama, una cuestión clave para que la Fiscalía pida reabrir el caso. El fiscal, como la Junta, no pone en duda que se ejecuten inmovilizaciones mecánicas, pero la posición del cuerpo la aprecia muy importante. De hecho, ha pedido al juzgado la medida cautelar de que se retire la aplicación del protocolo porque “sigue poniendo en peligro la vida y la integridad física de los menores” en los centros de Andalucía y Madrid de titularidad pública pero gestionados por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso).

La asociación, consultada por este medio, no quiere pronunciarse tras el escrito de la Fiscalía, ni siquiera para decir si se va a seguir aplicando el protocolo que el fiscal considera peligroso para la salud de los jóvenes a los que se le aplique, manteniendo que “tras la investigación practicada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena que archivó la causa el pasado 29 de enero, quedó patente la necesidad y correcta aplicación de las medidas de contención por parte de los empleados, quienes cumplieron de manera escrupulosa con el protocolo y procedimientos vigentes en su momento, en materia de contenciones”. La jueza parece que tampoco se pronunciará por el momento, ya que el asunto está ya en fase de recurso de apelación y le corresponde a la Audiencia resolverlo, confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Para Abdel Tahiri, que prepara una concentración convocada por la familia este miércoles en Almería en conmemoración del aniversario de su muerte, apoyada por Movimiento contra la Intoelrancia y la asociación Esperanza en el Futuro, hay “asociaciones y partidos políticos que se están intentando aprovechar del caso de mi hermano”. La familia está “contenta” de que la Fiscalía haya pedido que se reabra el caso pero también se muestran “sorprendidos” por las “informaciones falsas publicadas en Marruecos”. “Una guerra entre asociaciones”, señala el hermano de Iliass, añadiendo que confía en la Justicia en España y que tiene “esperanza de que nos van a defender y que no van a dejar a esa gente así suelta”.

Abdel, en ese sentido, comparte una carta de la Presidencia del Gobierno español firmada por Iván Redondo, director del gabinete, fechada este pasado 29 de junio, donde se le dice a una asociación que se interesa por el caso de Iliass que se le da traslado de la misiva al Ministerio de Justicia para que tenga conocimiento, conumicándole en cuanto a su petición de que se investiguen las causas de la muerte que eso exceden las competencias de la Presidencia del Gobierno.

La Instrucción tras el 'caso Iliass'

La grabación de los hechos, a la accedió en noviembre eldiario.es Andalucía, mostraba que la inmovilización de Iliass se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo. La semana pasada, el propio Marín volvía a tener que responder sobre el asunto pero igualmente se negó a asumir cualquier tipo de responsabilidad.

En la grabación se ve cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar.

Desde primeros del pasado septiembre, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local tiene en vigor una nueva Instrucción sobre el procedimiento a seguir para la aplicación de la medida de contención con sujeción mecánica en los centros de menores infractores de Andalucía. En el nuevo protocolo de actuación ya consta que los menores deberán ser colocados “en posición de decúbito supino -boca arriba”, evitando “otro tipo de posturas”, por ejemplo la que se ejecutó en Oria, “salvo indicación expresa justificada del personal médico basada en alguna razón específica (existencia de quemaduras, escaras u otras lesiones dérmicas o de otro tipo que contraindiquen el decúbito supino”.

El pasado mes de febrero, la representación legal de la familia ya recurrió el auto de archivo del caso ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de homicidio, rechazando que la jueza se basara “únicamente” en el protocolo existente en el centro en aquel momento, realizado por Ginso. Sus trabajadores, tanto en calidad de investigados como de testigos, personal de seguridad, educadores, tutores, psicólogos y formadores, acudieron al juzgado los días 4, 11 y 18 de noviembre de 2019, tras lo cual el juzgado procedió al archivo de las actuaciones.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha negado este jueves a asumir responsabilidades en la muerte del joven de 18 años Ilias Thairi, que falleció el 1 de julio del pasado año atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama durante una inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria (Almería), de titularidad pública aunque gestionado por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso).

Marín, pese a que la Fiscalía de Almería solicitó el pasado viernes la reapertura del caso por apreciar que el protocolo que aplicó el centro, aprobado por la Junta en 2018, era “contrario a derecho”, ha dicho “no voy a entrar en eso” en respuesta oral a la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora, que había pedido la presencia de Marín en la comisión parlamentaria para que informase sobre la aplicación del protocolo actual de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores.

“No le voy a contestar por Tierras de Oria porque hay un procedimiento judicial y la Fiscalía ha planteado reabrir el caso después del archivo. No voy a entrar en eso. La responsabilidad será de quien haya cometido una irregularidad, pero no de este consejero ni de este Gobierno”, ha dicho Marín, que en todo caso ha dicho que para él “todas las vidas humanas valen lo mismo”, apuntando que la Junta suspendió en 2019 la colocación boca abajo en las contenciones, “no como su Gobierno en Islas Baleares, que lo aprobó así el otro día”.

Marín se ha amparado otra vez en la Ley del Menor, como hace once meses en la misma comisión, y ha recordado que en septiembre pasado la Junta aprobó una nueva instrucción para la aplicación de las contenciones en todos los centros de menores a su cargo, un asunto que “hasta entonces no estaba protocolizado”.

“Es su competencia y responsabilidad”

La diputada de Adelante Andalucía le ha recordado que las contenciones mecánicas se deben aplicar “en casos extremos”, preguntando insistentemente cómo se realiza su aplicación sin respuesta por parte del consejero y sugiriendo que se hace “de manera habitual”, aludiendo en ese sentido tanto al Informe del Consejo de Europa de 16 de noviembre de 2017, que había girado visita de Inspección al centro Tierras de Oria en 2016, como al del Defensor del Pueblo, que había hecho lo propio en marzo de 2018.

“¿En qué contexto educativo cabe atar a un menor a una cama durante horas? Piénselo. Una cosa es que sea legal y otro que sea lo justo”, ha comentado Mora, que ha indicado también que “internacionalmente” se trata de “una medida muy discutida”, pidéndole que suspenda su aplicación “porque es su competencia y responsabilidad” y “es incompatible con educar a los menores que están bajo la tutela de la administración”, ha señalado Mora, que no ha podido hacer réplica al consejero al haber consumido todos sus minutos sin saberlo por una modificación en el reparto de tiempo aprobada en la Mesa de Portavoces.

“¿Usted quiere que incumpla una Ley Orgánica?”, le ha preguntado Marín amparándose en la normativa que expuso en su primera intervención. Respecto al número de aplicación de las contenciones, Marín ha cfrado en 210 las veces registradas en 2016, a los que aludían Europa y el Defensor, cifrando en 62 veces las que se produjeron en 2019 en 1.472 jóvenes que se encuentran en estos centros de reforma juvenil. “Eso no es habitual. Yo tengo que cumplir la Ley y que los centros estén con seguimiento activo por parte de la Consejería. Siempre puede haber cuestiones extraordinarias que provoquen alguna situación. Y si fueran 200 o 300 no sería por capricho del personal”, ha comentado, concluyendo que está “de acuerdo” con que se elimine pero que tiene que “cumplir la Ley”, según ha insistido.

Cabe recordar que la semana pasada, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pidió al Ministerio de Justicia, a la ciudad autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía la abolición de las sujeciones mecánicas en los centros de internamiento de menores, cursando una nueva visita a Tierras de Oria para ver si la Junta ha incluido las mejoras sugeridad en anteriores visitas.

A juicio de Mora, la Junta “tiene competencia para suspender una medida que no es obligatoria, no lo establece así la ley, como han dicho el Consejo de Europa y el Defensor la semana pasada”. “Quien impone la medida son los responsables del centro y por eso lo puede suspender”, añade.

Sin presencia médica

La jueza sobreseyó las actuaciones el pasado mes de enero al considerar que el fallecimiento del joven de origen magrebí fue “accidental” y que los trabajadores aplicaron “correctamente el protocolo” (denominado 'Protocolo 9') cuando lo sujetaron con correas. La grabación de los hechos, a la accedió en noviembre eldiario.es Andalucía, mostraba que la inmovilización se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el propio vicepresidente andaluz, ni hubo supervisión a la hora de la aplicación por parte de personal sanitario como dijo a finales de julio del año pasado en sede parlamentaria que marcaba el protocolo.

El protocolo que dio por válido la jueza, en su versión actualizada de 19 de marzo de 2018 -la vigente el día de los hechos- fue aprobado el 28 de mayo de 2018 por la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, pero “no forma parte del ordenamiento jurídico” ya que “es una mera reglamentación de funcionamiento interno, elaborada por la comisión técnica del centro.

Dicho protocolo, según la Fiscalía, “ha puesto y sigue poniendo en peligro la vida y la integridad física de los menores” en los centros de Andalucía y Madrid gestionados por Ginso, por lo que pidió al juzgado la suspensión “inmediata” del mismo y la reapertura del caso, apuntando tanto a la entidad como a la Junta de Andalucía, a quien no exonera de responsabilidad.

“La existencia del protocolo no exonera de responsabilidad, sin embargo, a quien lo ha elaborado, ni a quien lo ha aprobado e impuesto como norma de conducta en el seno de la empresa a sabiendas, o debiendo conocer, que ese protocolo no refleja los estándares mínimos de seguridad en la intervención y salvaduarda de la integridad física de los internos, sino que injustificadamente los rebaja; máxime si ha sido advertido expresamente al respecto por organismos oficiales como es el caso, a tenor del Informe del Consejo de Europa de 16 de Noviembre de 2017, que había girado visita de Inspección al Centro Tierras de Oria en 2016, y del Defensor del Pueblo, que había hecho lo propio en Marzo de 2018”, dijo el fiscal como ya hizo este medio.

Según el fiscal, “la causa de la muerte de I.T. no tiene relación con la inmovilización misma, sino con la manera de practicarla: no con el hecho de que se le sujetara a la cama, sino con que se le sujetara boca abajo, sin criterio profesional ni prescripción médica, y por decisión exclusiva de los vigilantes. Las tres cosas, autorizar la posición de inmovilización en decúbito prono, encomendar la decisión de hacerlo a personal no cualificado, y autorizarlo por causas no determinadas, contribuyeron decisivamente al luctuoso resultado”.

El pasado mes de febrero, la representación legal de la familia ya recurrió el auto de archivo del caso ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de homicidio, rechazando que la jueza se basara “únicamente” en el protocolo existente en el centro en aquel momento.

La Fiscalía de Almería ha pedido reabrir el caso del joven de 18 años que murió el 1 de julio del pasado año atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama durante una inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria (Almería).

La jueza sobreseyó las actuaciones el pasado mes de enero al considerar que el fallecimiento del joven de 18 años fue “accidental” y que los trabajadores aplicaron “correctamente el protocolo” (denominado 'Protocolo 9') cuando lo sujetaron con correas. Pero el fiscal considera ahora que dicho protocolo es “contrario a derecho” y “ha puesto y sigue poniendo en peligro la vida y la integridad física de los menores” en los centros de Andalucía y Madrid gestionados por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) bajo titularidad pública, por lo que pide al juzgado la suspensión “inmediata” del protocolo y la reapertura del caso, apuntando tanto a la entidad como a la Junta de Andalucía, a quien no exonera de responsabilidad.

El pasado mes de febrero, la representación legal de la familia ya recurrió el auto de archivo del caso ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de homicidio, rechazando que la jueza se basara “únicamente” en el protocolo existente en el centro en aquel momento, realizado por la empresa privada que gestiona el centro, Ginso, si bien la titularidad del centro la ostenta la Junta de Andalucía.

La grabación de los hechos, a la accedió en noviembre eldiario.es Andalucía, mostraba que la inmovilización se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo.

Pues bien, la Fiscalía, en un escrito fechado este mismo jueves, en todo caso “mantiene la posición procesal sostenida hasta ahora, en el sentido de considerar que de la información disponible en la causa no se desprende en este momento la existencia de delito imputable a las personas que figuran como investigadas” ya que N“no se ha acreditado intervención dolosa alguna contra el joven fallecido”. “No existe reproche en el informe de autopsia de la Clínica Médico Forense de Almería que indique que los hasta ahora investigados pudieran haber aplicado un exceso de fuerza física sobre el joven, ni se aprecian lesiones más allá de algunas erosiones superficiales o un hematoma menor, irrelevantes en la causación de la muerte, ni se aprecian síntomas de asfixia u otros que pudieran denotar una coerción personal indebida”, argumenta el Ministerio Fiscal.

Revocar el sobreseimiento

No obstante, atendiendo a la información y consideraciones puestas de manifiesto por la familia y demás partes en sus escritos de recurso y de alegaciones, así como por la información disponible de la Oficina del Defensor del Pueblo y del Consejo de Europa, “estimamos que procede atender algunas de tales alegaciones y pedimentos, y revocar el auto de sobreseimiento, ordenando la continuación de la investigación”.

Explica pormenorizadamente la Fiscalía que está de acuerdo con la jueza de instrucción en cuanto a que el día de los hechos el joven estaba muy agitado y se hacía necesaria su contención mecánica, por lo que se procedió primero a su inmovilización mediante grilletes o sujeción mecánica reducida, y luego a la sujeción mecánica prolongada mediante correas en una cama dispuesta al efecto. Los empleados de seguridad del centro aplicaron ambas medidas ajustándose al protocolo del centro y sin excederse en el uso de la fuerza, y que la muerte se produjo, según los postulados precedentes, por causas que carecen de relevancia penal. Sobre todo ello existen, a juicio del fiscal, “acreditados elementos bastantes”.

Pero en relación a que el juzgado decline poner en cuestión la vigencia, imperatividad y el valor normativo del protocolo de Ginso, que estima vinculante, y en particular, considera válidamente aplicable la contención mecánica en decúbito prono que se aplicó al fallecido. Según la Fiscalía, aquel protocolo “coloca al menor en una situación de riesgo mayor, que no está justificado, y es por ello ilegítimo. En derecho penal, quien provoca una situación de peligro se convierte en garante, y si ese peligro se traduce causalmente en lesión, es responsable de ésta”.

El protocolo que dio por válido la jueza, en su versión actualizada de 19 de marzo de 2018 -la vigente el día de los hechos- fue aprobado el 28 de mayo de 2018 por la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, pero “no forma parte del ordenamiento jurídico” ya que “es una mera reglamentación de funcionamiento interno, elaborada por la comisión técnica del centro, dependiente de la asociación privada GINSO, concesionaria del servicio público tutelar de los menores que custodia”. El protocolo tiene carácter vinculante para los empleados del centro que lo aplican, explica el fiscal, pero “no excluye la antijuridicidad de la conducta de quien lo aplica porque, si es contrario a derecho -como estimamos- no puede constituir causa de justificación”.

Protocolo vigente

“La existencia del protocolo no exonera de responsabilidad, sin embargo, a quien lo ha elaborado, ni a quien lo ha aprobado e impuesto como norma de conducta en el seno de la empresa a sabiendas, o debiendo conocer, que ese protocolo no refleja los estándares mínimos de seguridad en la intervención y salvaduarda de la integridad física de los internos, sino que injustificadamente los rebaja; máxime si ha sido advertido expresamente al respecto por organismos oficiales como es el caso, a tenor del Informe del Consejo de Europa de 16 de Noviembre de 2017, que había girado visita de Inspección al Centro Tierras de Oria en 2016, y del Defensor del Pueblo, que había hecho lo propio en Marzo de 2018”, recuerda el fiscal como ya hizo este medio.

Tal proceder creó “una situación de grave peligro de cuyas consecuencias se convierte en responsable el autor de esa conducta a partir de ese momento, a título de dolo, directo o eventual, o cuando menos a título de imprudencia grave”, dice el fiscal, ya que el protocolo “se mantiene vigente por los responsables del centro a pesar de haber recibido advertencias y recomendaciones expresas de los organismos públicos españoles y europeos competentes para cesar en la práctica de la contención mecánica prolongada sobre la cama en posición decúbito prono por su peligrosidad y su afectación de la dignidad de las personas al punto de poder constituir un trato cruel, inhumano y degradante”.

Según el fiscal, “la causa de la muerte de I.T. no tiene relación con la inmovilización misma, sino con la manera de practicarla: no con el hecho de que se le sujetara a la cama, sino con que se le sujetara boca abajo, sin criterio profesional ni prescripción médica, y por decisión exclusiva de los vigilantes. Las tres cosas, autorizar la posición de inmovilización en decúbito prono, encomendar la decisión de hacerlo a personal no cualificado, y autorizarlo por causas no determinadas, contribuyeron decisivamente al luctuoso resultado”.

La responsabilidad “deberá individualizarse seguidamente en las presentes diligencias, puesto que la investigación no se ha dirigido hasta el momento a venficarlo- que alguna persona o grupo de personas elaboró, aprobó e impuso la observancia del protocolo para todos los centros de la Asociación Ginso. Ese protocolo sigue vigente a pesar del luctuoso resultado de muerte de I.T. el 1 de Julio de 2019- por decisión de la empresa en todos los centros de internamiento de menores de Ginso en Andalucía y Madrid. Ignoramos, y deberá ser igualmente objeto de averiguación, si los servicios de Inspección de Madrid y Andalucía han girado visitas de Inspección a esos centros, si han formulado recomendaciones u observaciones, si éstas han sido acatadas o no”, observa la Fiscalía.

“¿Por qué no se aplica el protocolo de la Junta?”

Para el fiscal, “el mero análisis comparativo de los protocolos vigentes del Defensor del Pueblo y de la Junta de Andalucía con el de la Asociación Ginso permite determinar que este último, en las palabras de nuestro Tribunal Supremo, es idóneo para constituir un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, el primero de los elementos objetivos constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia. ”Aprobando, publicando y poniendo en aplicación su Protocolo 9 en los centros que administra, los responsables de la asociación Ginso ha puesto y sigue poniendo en peligro la vida y la integridad física de los menores bajo su custodia“.

Dice el escrito que “el protocolo de contención mecánica de la Junta de Andalucía, elaborado por algunos de los mejores especialistas de psiquiatría de la comunidad autónoma y que indiscutiblemente es aplicable a todos los enfermos mentales internados contra su voluntad en cualesquiera centros dependientes de esta comunidad autónoma, se trate de adultos o menores, españoles o extranjeros, en centros médicos o de otra clase, públicos o privados, prohíbe simplemente la inmovilización de decúbito prono”. Y se pregunta: “¿porqué no se aplica ni respeta ese protocolo en un centro como el de Tierras de Oria que pertenece a la Junta de Andalucía, por más que su gestión esté encomendada a una entidad privada?”.

Cabe recordar que el juzgado, cuando archivó el caso, dijo que el protocolo de la Junta es aplicable a las instituciones sanitarias de la Junta pero el centro de Oria no lo es. Discrepa la Fiscalía al decir que Oria no es primariamente un centro sanitario, pero es obvio que presta asistencia sanitaria permanente en régimen de internamiento a jóvenes con padecimientos fisicos y mentales. “Si el centro de Oria tiene previstos mecanismos de inmovilización de sus internos, es porque tiene entre ellos enfermos psiquiátricos, como era el caso de I.T., que es para quienes está particularmente indicada la inmovilización cuando están agitados, como era el caso de I.T. ”El protocolo de la Junta es plenamente aplicable, en todo caso, más que el aprobado por una empresa privada. Y lo es más y preferentemente, en última instancia, porque protege mejor el interés superior del menor“, apunta Fiscalía, que también indica que el protocolo de sujeción mecánica prolongada del Defensor del Pueblo también excluye la posición decúbito prono.

Cabe recordar que el juzgado, de acuerdo a las manifestaciones de los investigados, señaló que a I.T. se le colocó boca abajo “porque el joven interno estaba muy agitado y llevaba puestas unas esposas, por lo que su colocación boca arriba le podría haber ocasionado graves lesiones, no considerándose procedente la retirada de las esposas hasta que se calmara”, añadiendo incluso que en la valoración médica que se hizo a su ingreso en el centro no se indicaba que él presentase “alguna contraindicación a la aplicación de las medidas de contención”. Unos argumentos muy contrarios a los que ahora expone la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso de apelación formulado contra el auto de sobreseimiento y pide que se revoque, dictando nuevo auto por el que se ordene la continuación de la tramitación de las diligencias “para la averiguación de los hechos y la depuración de las responsabilidades a que haya lugar”. Interesa como medida cautelar a prevención, con vigencia inmediata y durante todo el tiempo de la sustanciación la presente apelación, que el juzgado ordene al centro Tierras de Oria y a la asociación Ginso “la suspensión de la aplicación del protocolo” de aplicación de medios de contención.

Ginso, consultada este viernes por este periódico, señala que “por el momento no vamos a hacer ningún comentario al respecto”, remitiéndose a un reciente comunicado difundido a la prensa, donde presumía de haber cumplido “escrupulosamente” con el protocolo que ahora ha puesto muy en duda la Fiscalía.

Sin presencia médica

El recurso de la familia también aludió al hecho, recogido en el vídeo al que accedió eldiario.es Andalucía, de que “se avisara al médico con posterioridad a la aplicación de la medida, y no con carácter previo a la misma, para determinar el riesgo existente en ese momento, y que se realizaba conforme a una correcta praxis médica”, algo que para la acusación “también fue determinante para que ocurriera el fallecimiento de Ilyas”.

La familia se preguntó en el recurso: “¿Se dio la opción a otras medidas menos gravosas para funcionar? Cuando se inmovilizó parcialmente a Ilyas, colocándole las esposas, ¿se le dio la opción a calmarse para que no hubiera que aplicarle la medida de contención mecánica prolongada? ¿Se conversó con él en este momento, durante el tiempo suficiente, para que se calmara? ¿Se estuvo trabajando con él el tiempo suficiente para concluir que la contención mecánica prolongada era la única alternativa? ¿Se le dio la opción a tomar medicación ansiolítica para calmarse? ¿Se le ofreció estar en un espacio aislado, sólo, para calmarse?”.

Según concluyó el recurso, “el fallecimiento de Ilyas, en las circunstancias de ausencia de la debida diligencia en la decisión de la medida y en la aplicación de la misma, debería continuar siendo juzgada penalmente, ya que de lo investigado hasta el momento, a la vista de cómo deberían hacerse las cosas y cómo se hicieron, existen suficientes indicios que justifican la continuación del presente procedimiento penal contra los investigados”.

El pasado 1 de julio murió Ilyas T., de 18 años, atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama de un centro de menores infractores, inmovilizado con medidas de contención y de sujeción mecánica en el centro de reforma Tierras de Oria (Almería), que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), dependiente de la Junta de Andalucía.

La grabación de los hechos, a la que accedió eldiario.es, mostraba que la inmovilización se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se aprecian en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo.

La portavoz de IU, en el Parlamento Europeo, Sira Rego, pidió en septiembre pasado a la Comisión Europea que investigara el caso, y recordaba que el centro en cuestión “fue investigado durante una visita del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en 2016, que recomendó el fin de esta práctica, ya que supondría un trato inhumano o degradante. Esta misma recomendación fue hecha en 2009 por el Defensor del Pueblo de España”.

Así, Rego preguntaba si Bruselas consideraba que se habían respetado “la integridad y la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes” y “qué pasos tomará para acabar con esta práctica contraria a los derechos fundamentales”.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha sido el encargado de responder para decir que Bruselas no va a intervenir en el caso. “No se han establecido normas de la UE en lo que concierne a la detención de menores. Las condiciones de detención son fundamentalmente responsabilidad de los Estados miembros, que acordaron respetar las normas vigentes del Consejo de Europa en la materia, tales como las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006”.

“Las condiciones penitenciarias son atentamente supervisadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), fundado por el Consejo de Europa”, concluye Reynders.

La representación legal de la familia del joven de 18 años que murió el pasado 1 de julio atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama durante una inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria (Almería) ha recurrido el auto de archivo del caso. Y lo hace ante la posibilidad de la comisión de un delito de homicidio, rechazando que la jueza se haya basado “únicamente” en el protocolo existente en el centro en dicho momento, realizado por la empresa privada que gestiona el centro (Ginso), entre otras cuestiones.

El recurso de reforma y subsidiario de apelación incide en que la instrucción “pone de relieve” que “existen suficientes indicios” que “justifican la continuación” del procedimiento penal contra los investigados “sin prejuzgar” a los mismos, denunciando que la jueza “no ha tenido en consideración ni lo mantenido por el médico forense ni lo establecido en los protocolos oficiales y directrices de organismos públicos”.

“Básicamente, [la jueza] parece decirnos que se ha centrado únicamente en el contenido de este texto para verificar si se ha actuado o no de forma correcta en este caso. Esto es, que el estándar de actuación por parte de los investigados se ha medido, en exclusiva, basándose en este texto”, señala el recurso.

A cargo de un menor

Recuerda el escrito enviado al juzgado, y remitido al resto de las partes para que hagan las oportunas alegaciones, que la instructora mantiene dicho “sin juzgar su contenido vigente en aquel momento”, como dice textualmente el auto de archivo, “sin querer entrar en si entiende que el protocolo existente es correcto o no” y “para poder llegar a una conclusión en contra de lo manifestado por el informe del médico forense y por la totalidad de los protocolos y normas de actuación, oficiales, existentes”. “No nos podemos quedar en el contenido de un protocolo de carácter privado que realiza la empresa que gestiona el centro de menores (GINSO)”, concluye.

A juicio de la familia del joven fallecido, “la medida de contención mecánica prolongada fue aplicada con vulneración total y flagrante de todos los protocolos y directrices oficiales existentes, ya que se realizó colocando a Ilyas boca abajo, cuando esta posición es muy peligrosa, y el mismo informe del médico forense indica que pudo ser una de las causas que concurrieron al fatal desenlace”.

Según el recurso, “la actuación llevada a cabo dista mucho de coincidir con la 'diligencia debida' que se debe exigir a los profesionales que se encontraban a cargo de un menor, que se encontraba en el centro de menores para ser ayudado a integrarse en la sociedad, educándolo y formándolo, y no para terminar perdiendo la vida en una actuación totalmente contraria a las indicaciones que prescriben los protocolos y recomendaciones oficiales sobre este particular”.

“¿Se dio la opción a otras medidas?”

El escrito alude por otra parte a la declaración de uno de los cinco testigos que narró las actuaciones previas a la toma de decisión de aplicar el protocolo de contención mecánica. Este testigo se encontraba vigilando las dependencias de protocolos de prevención de suicidios, donde había dos menores más con protocolos activados además. El ahora fallecido llegó sobre las 14:24, estando charlando con él hasta que salió para el cambio de turno, dejando a Ilyas bajo supervisión del vigilante de seguridad. El se encontró con otra persona sobre las 14:50 horas, que iba para la habitación, calculando que tardaría un minuto aproximadamente en llegar allí. “Lo importante es que, al parecer, a las 14:50 horas el menor no había agredido a nadie ni había realizado ninguna actuación contra el mobiliario y se procede a aplicarle el protocolo en unos minutos, falleciendo escasos minutos después de todo esto (sobre las 15:00 horas)”, relata el recurso.

La familia se pregunta: “¿Se dio la opción a otras medidas menos gravosas para funcionar? Cuando se inmovilizó parcialmente a Ilyas, colocándole las esposas, ¿se le dio la opción a calmarse para que no hubiera que aplicarle la medida de contención mecánica prolongada? ¿Se conversó con él en este momento, durante el tiempo suficiente, para que se calmara? ¿Se estuvo trabajando con él el tiempo suficiente para concluir que la contención mecánica prolongada era la única alternativa? ¿Se le dio la opción a tomar medicación ansiolítica para calmarse? ¿Se le ofreció estar en un espacio aislado, sólo, para calmarse?”.

Según el recurso, “el hecho de que no se haya dado opción a las acusaciones a interrogar a los investigados (por decisión expresa de ellos, acogiéndose a su derecho constitucional) hace que no hayamos podido plantearles estas cuestiones, que entendemos son de gran importancia para concluir la existencia de una posible imprudencia y mala praxis al haber actuado como se hizo, al haber tomado esta decisión, reservada a casos excepcionales y como último recurso, sin haber agotado previamente todas las actuaciones que podían haberse tomado”. Por ello concluye que “no está acreditada la necesidad y correcta toma de decisión de la aplicación de la medida, que debería haber sido tomada como último recurso, y tras haber agotado todas las demás opciones, lo que no ocurrió en este caso”.

Sin presencia médica

El recurso también alude al hecho, recogido por eldiario.es Andalucía, de que “se avisara al médico con posterioridad a la aplicación de la medida, y no con carácter previo a la misma, para determinar el riesgo existente en ese momento, y que se realizaba conforme a una correcta praxis médica”, algo que para la acusación “también fue determinante para que ocurriera el fallecimiento de Ilyas”.

El centro de reforma Tierras de Oria (Almería) lo gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) pero su titularidad la ostenta la Junta de Andalucía. La grabación de los hechos, a la accedió eldiario.es Andalucía, mostraba que la inmovilización se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo.

Según concluye el recurso, “el fallecimiento de Ilyas, en las circunstancias de ausencia de la debida diligencia en la decisión de la medida y en la aplicación de la misma, debería continuar siendo juzgada penalmente, ya que de lo investigado hasta el momento, a la vista de cómo deberían hacerse las cosas y cómo se hicieron, existen suficientes indicios que justifican la continuación del presente procedimiento penal contra los investigados”.

Tres extrabajadores de la empresa de seguridad del centro de reforma juvenil Tierras de Oria de Almería y un antiguo interno serán juzgados el 12 de marzo

"Queríamos denunciar un hecho que pensamos delictivo y los delincuentes somos nosotros", lamenta uno de los acusados de descubrimiento y revelación de secretos

La Fiscalía archivó el caso hace tres años aunque el Consejo de Europa recomienda acabar con esa práctica que "podría considerarse trato degradante o inhumano"

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha señalado para el próximo 12 de marzo a las 10.15 horas el inicio del juicio oral contra tres extrabajadores de la empresa de seguridad del centro de reforma juvenil Tierras de Oria de Almería y un antiguo interno del mismo por difundir imágenes de dos menores atados boca abajo a una cama con gomas y gritando de dolor pidiendo “por favor” que se les retiraran las sujeciones.

Un juzgado de Purchena abrió en 2018 juicio oral contra etsas cuatro personas relacionadas con este centro, cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía pero que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO). Se trata del mismo centro de jóvenes donde el pasado verano murió un chico de 18 años tras inmovilizado sin presencia médica, según un vídeo al que tuvo acceso eldiario.es, y que está investigando el juzgado.

La Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de las imágenes que ahora van a ser juzgadas, archivó el caso hace cuatro años al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre los menores. Pero la denuncia del centro por la difusión del vídeo, publicado en febrero de 2015 por eldiario.es, siguió su curso y el juzgado ya ha señalado fecha para el juicio.

Penas de prisión de entre tres y cinco años

Los acusados, despedidos tras lo sucedido y con expedientes disciplinarios a sus espaldas, se enfrentan a penas de entre tres y cinco años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tal y como para ellos piden tanto el centro, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía de Almería.

“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima. El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) considera que, tal como se describe en el informe, el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica”, advirtió el CPT del Consejo de Europa el año pasado en un informe comprobado por eldiario.es Andalucía.

La Fiscalía de Almería dijo en sus conclusiones provisionales que el vídeo difundido fue manipulado para su reproducción en bucle, ya que uno de los incidentes tuvo lugar en julio de 2011 mientras que el segundo se produjo en enero de 2014. La Fiscalía contabilizó en su investigación 61 contenciones realizadas entre 2011 y 2014 en Tierras de Oria. En el vídeo se observa a uno de los jóvenes golpeándose contra el colchón y al otro gritando “¡guardia, por favor te lo pido!”, lo que corresponde, como dice el fiscal, a dos momentos diferentes.

“Lo grabé para denunciar lo que allí pasaba”

La práctica de la inmovilización de pies y manos en las camas la corroboraron a este medio dos de los acusados y una educadora social que trabajó durante doce años en el centro. “El vídeo lo grabé para denunciar lo que allí pasaba. No hay que llegar a esos extremos. Si es un centro para reeducar, con violencia no se reeduca. Hay otros métodos. Yo sé lo que pasaba y lo que supongo seguirá pasando. El problema es que allí se les da todo a los chavales y llega un momento en que no se les puede dar más. Simplemente queríamos denunciar un hecho que pensamos delictivo y ahora los delincuentes somos nosotros. En el centro, si no eres su bufón, te largan”.

Otro de los acusados, jefe de equipo de seguridad en el centro, donde trabajó trece años, indicó a este periódico que “los vídeos hablan por sí solos. Quisimos denunciar cosas que vimos presuntamente ilegales. He tenido que realizar informes que no respondían a la realidad, diciendo que las inmovilizaciones duraban un par de horas cuando realmente duraban cinco o seis. Imagínese escuchando gritos de dolor durante cinco o seis horas. Pero lo que decían los mandos era lo que se hacía”, relató este antiguo trabajador de Tierras de Oria.

Este acusado también señaló incluso que, en uno de los juicios laborales que se han celebrado por estos hechos, se le mostró una especie de “recreación” de uno de los vídeos, presentado por el centro de menores. El exempleado apuntó en todo caso que “la inmovilización se puede utilizar para tranquilizar o para que el menor deponga su actitud pero no para causar el mayor daño y sufrimiento posible como yo he visto, apretando al máximo las correas. Lo tratamos de denunciar en su día y lo seguimos queriendo hacer. La Junta y el director se apresuraron en desmentirlo pero, insisto, los vídeos hablan por sí solos”.

La educadora, por su parte, señaló las “muchísimas irregularidades” en la gestión del centro y recuerda que, antes de ser despedida “de la noche a la mañana”, sufrió acoso laboral por reivindicar aspectos metodológicos relacionados con los menores. “Muchas cosas de las que se hacían no eran lógicas. Yo he tenido que hacer informes falsos, pero era lo que tenía que hacer”, denuncia esta extrabajadora, con juicios del ámbito laboral pendientes con el centro y que también alude a presiones de sus superiores jerárquicos para la realización de informes, señalando que observó “muchas veces” el uso de la práctica denunciada por sus antiguos compañeros.

Filmación sin consentimiento

Según la Fiscalía, tres de los cuatro acusados (de 46, 47 y 59 años), en los dos hechos diferentes ocurridos en 2011 y 2014, habían sido encargados de la vigilancia de los menores mientras estaban siendo sometidos a mecanismo de contención mediante sujeción mecánica e inmovilización y, “con ánimo de atentar contra su intimidad y su derecho a la propia imagen”, procedieron a “su filmación sin consentimiento”.

Respecto al otro acusado, de 27 años, el fiscal apunta que recibió las filmaciones en las que los internos resultaban reconocibles y, “con conocimiento” de que no habían prestado consentimiento para su grabación “divulgó a diversos medios de comunicación las grabaciones obtenidas, entre ellos a eldiario.es, que lo publicó alcanzando de esta forma mayor difusión”. Los menores, según el fiscal, “se sienten perjudicados por la grabación y difusión a nivel nacional de sus imágenes y reclaman por los perjuicios causados”, en concreto 4.500 euros cada uno.

El director del centro, Manuel Madrid, que negó en su momento a eldiario.es todos los hechos y aseguró que era “imposible” que ocurrieran porque él mismo “nunca permitiría ese tipo de actos”, señaló a eldiario.es Andalucía que por su centro “ha pasado todo el mundo, el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo, la Junta, etc.” y siempre ha estado “todo ajustado a derecho, como dijo la Fiscalía de Menores”.

Los medios de contención como los que se apreciaron en el vídeo publicado “se siguen utilizando en las ocasiones en las que pueda haber riesgo para las personas”, explicó. El vídeo difundido, en todo caso dice el director, “es una manipulación con los fines de dar morbo y de causarnos el mayor daño posible”. Contiene, reconoce, “hechos reales”, pero “distorsionando el tema”. “Lo manipularon para añadir morbo. Las imágenes están distorsionadas y unidas entre sí”, insiste. El director recordó que la jurisdicción social validó los despidos por parte de la empresa de los trabajadores.

Vídeo “manipulado”

Una de las defensas de los acusados, en uno de sus recursos, señalaba que “aún no se ha establecido de manera cara e indubitada la identidad de los presuntos menores grabados en las imágenes referidas en el atestado inicial de la causa”, detallando que dichos menores “nunca han declarado en sede judicial ni han hecho constar su voluntad contraria a la captación y difusión de las imágenes del maltrato al que estaban siendo sometidos, ni la identidad de los intervinientes en tal grabación”.

Sobre la cuestión en sí, esta defensa argumentó que “ante el conocimiento de que tales hechos [el uso excesivo de la contención mecánica] pueden estar siendo producidos, un vigilante encargado de velar por la seguridad del centro no sólo tiene el derecho de denunciar los mismos, sino que tal acto de denuncia es una obligación intrínseca a su función”.

“Por su trabajo, es su obligación velar porque se salvaguarde la seguridad y la dignidad de los menores. La exposición al público de dichas imágenes, sin revelar la identidad del perjudicado, tomadas en todo caso en un centro público y no en espacio reservado a la intimidad de los menores, no es más que un acto de denuncia de un atentado contra la dignidad de los menores y en ningún caso puede entenderse como un hecho delictivo. Antes bien, es la denuncia de un hecho vergonzoso y degradante”, relataba el recurso presentado ante la Audiencia de Almería.

Esta defensa también relató que el vídeo inicial contenía imágenes pixeladas de las caras de los menores y otro vídeo “aportado por la acusación y que ha sido manipulado” tiene imágenes despixeladas. “Los empleados de Ginso que declararon en la causa como testigos manifestaron, falsamente, que habían sido esas imágenes despixeladas por la Guardia Civil”, un extremo negado expresamente por la Benemérita en un oficio aportado a la causa en junio de 2017, como comprobó este periódico.

“La identificación de los menores no sólo es dudosa, sino incierta”, concluía esta parte, que dio cuenta del “extravío o desaparición de un elemento sustancial: el pendrive aportado por la Guardia Civil con el atestado inicial, que dio lugar a la

incoación de la causa y en el que supuestamente aparecerían las imágenes difundidas por Internet“. ”Se ha producido el extravío de una prueba fundamental, de una pieza de convicción que plantea identificación de perjudicados distintos a los alegados por la acusación popular, es decir, por una mera parte interesada en la causa“, lamentaba esta defensa. 

Atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama de un centro de menores infractores. Así llegó la muerte para I.T., el joven de 18 años que el pasado 1 de julio falleció tras ser inmovilizado con medidas de contención y de sujeción mecánica en el centro de reforma Tierras de Oria (Almería), que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) pero cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía. La grabación de los hechos, a la que accedido eldiario.es Andalucía, muestra que la inmovilización se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se aprecian en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo.

En la grabación se ve cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar.

El vídeo, que este periódico ha optado por no difundir por la dureza de las imágenes que contiene y por respeto a la familia del joven, es una pieza de convicción (prueba) que consta en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción Único de Purchena (Almería), que precisamente este lunes empieza a tomar declaración a personas que estaban trabajabando aquel día en Tierras de Oria. La grabación fue incorporada al procedimiento el 24 de julio, como parte del anexo del atestado del equipo de la Policía Judicial de Huércal-Overa (Almería).

Discurren 32 minutos desde que el joven, llevado casi en volandas por dos miembros de seguridad, es prácticamente lanzado hasta la cama de la sala habilitada para las contenciones mecánicas del centro de internamiento almeriense. Desde el primer momento se ve que el joven apenas mueve brazos y piernas, aunque en el primer minuto de la secuencia parece que se revuelve en un momento dado (o bien pudiera tratarse de un movimiento espasmódico), obligando hasta a seis personas (alguno subido sobre su espalda) a esforzarse en sujetarle para, finalmente, llevar sus piernas a las esquinas de los pies de la cama y sus brazos en forma de cruz a los laterales de la cama.

Desde aquel entonces, desde el segundo minuto desde que entrara en la sala, el joven no vuelve a moverse en toda la secuencia, tampoco cuando el personal de seguridad le coloca un cinturón abdominal para reforzar la inmovilización, sentándose incluso en las extremidades inferiores y haciéndole presión en la zona lumbar. La cabeza del joven aparece siempre algo ladeada. El equipo de seguridad del centro que llevó a cabo la sujeción dio por terminado el trabajo, no sin dificultades a la hora de cerciorarse bien de las sujeciones, en el minuto 10 de la secuencia.

Otro trabajador, que no aparece uniformado como el personal de seguridad, vigiló desde entonces en la puerta manejando un móvil. Llegó a tomarle el pulso en el cuello en un par de ocasiones, acompañado de una persona de seguridad, pero no parecieron alarmarse especialmente. Minutos después de hacer o recibir este hombre una llamada, entró una mujer con una bata blanca en la sala, 18 minutos después de que trajeran al joven. Nunca antes parecía haber habido personal sanitario en la sala. Eso desmentiría lo asegurado por la Junta ya que, dos días después de la muerte, se informó a través de las agencias de noticias Efe y Europa Press de que las medidas de contención que se aplicaron al joven se realizaron en presencia del médico de las instalaciones.

A partir del minuto 20 desde que llevaron al joven a la sala, empezaron a apreciarse nervios entre el personal que entraba y salía del lugar al comprobar el estado del joven. Miembros de seguridad comenzaron a quitarle entonces las sujeciones. En el minuto 21 le dieron la vuelta y le colocaron boca arriba, aún sobre en la cama, donde un trabajador trató de reanimarle con un masaje cardiopulmonar. Acto seguido le llevaron al suelo entre cuatro personas, donde siguieron las tareas de reanimación y respiración boca a boca.

En el minuto 22 entró la médica, que se había ausentado en búsqueda de lo que parecía ser un desfibrilador. Fueron tres miembros de seguridad y una segunda mujer los que, principalmente, practicaron en turnos las tareas de reanimación cardiopulmonar y la respiración boca a boca. Sin éxito durante unos diez minutos aproximadamente, 32 minutos después de que llevaran al joven a la sala, cuatro personas le sacaron a rastras de la habitación.

A la cuestión médica se refirió el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en una comisión parlamentaria celebrada el pasado 25 de julio, refiriéndose al “control médico adicional en las sujeciones mecánicas prolongadas”. Hablando en líneas generales, no del caso particular, Marín dijo que “inicialmente el menor es visitado por el médico o por el personal sanitario que precise de forma inmediata, debiendo hacer

constar por escrito si existe o no impedimento clínico para la aplicación de esa contención. Y durante la ejecución de esta sujeción cada media hora los menores son visitados por personal sanitario, que realiza una valoración de su estado. Posteriormente, al finalizar la sujeción prolongada, lo que se hace es precisamente un reconocimiento médico del menor, y como bien le decía, una supervisión continua, continua, durante toda la aplicación de la sujeción mecánica. Este es el protocolo que se aplica en este centro, igual que en el resto de centros, como le he dicho ya, de Andalucía“. En el caso de I.T, a la luz del vídeo, el protocolo no se practicó como dijo el vicepresidente andaluz.

Ginso, por su parte, comenta a este periódico que, aunque no quiere hacer manifestación alguna respecto al caso ya que se trata de “un procedimiento judicial”, en aquella inmovilización “se cumplió rigurosamente con el protocolo vigente en aquel momento”.

¿Qué dice la autopsia?

El diario El País publicó los días 11 de julio y 31 de julio sendas informaciones relativas a los avances de la autopsia. La primera decía que el informe preliminar de la autopsia aludia a “signos asfixiáicos generales”, apuntando el estudio que “no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte” que, entretanto, definía como “súbita”. La segunda hacía alusión a los análisis toxicológicos, que daban negativo a sustancias químicas y reflejaban “congestión y hemorragias agudas” en todos los órganos. “Ruptura aguda de septos alveolares. Edema. Hemorragia aguda. Congestión. Aspiración agónica”, informó El País.

El resumen de la autopsia que difundió Europa Press el pasado 19 de septiembre decía que se trató de “una muerte violenta de tipo accidental”. Según las conclusiones que recoge el informe que han realizado los forenses del Instituto de Medicina Legal de Almería, el fallecimiento del joven se trató de una muerte en custodia de un paciente psiquiátrico en estado de agitación, que acontece durante el proceso de contención mecánica.

No obstante, los forenses precisaron que “no se ha detectado en el cuerpo del joven signos objetivos de uso de una fuerza extralimitada sobre el fallecido, tales como lesiones o signos sugerentes de sofocación o de compresión torácica intensa, en los hallazgos de la autopsia”.

Y explicaron que su muerte fue “un fracaso cardiocirculatorio agudo secundario a una arritmia cardiaca que tiene como concausas la hiperactivación adrenérgica de la propia agitación; el estrés secundario al proceso de contención mecánica que se lleva a cabo; los fármacos encontrados en la sangre del cadáver que pueden actuar sobre el ritmo cardíaco; y el puente miocardio en arteria coronaria izquierda del corazón como sustrato anatómico susceptible de generar o agravar la arritmia”. Fuentes del caso añadieron a este periódico que en el estómago del joven se encontraron ansiolíticos sin digerir.

Igualmente, incidían en la autopsia que la contención mecánica en decúbito prono --boca abajo-- que recoge el protocolo del mencionado centro de menores “es contraria a las recomendaciones encontradas en la bibliografía y protocolos estudiados, por suponer un mayor riesgo de muerte con respecto a la contención en otras posturas”.

Acerca de dicho informe, fuentes del caso ya consideraron a este periódico que la autopsia “omite toda consideración a la imprudencia que supone dar el trato de la inmovilización mecánica a quien estaba sometido a la medicación”. “Era el centro el que proporcionaba la medicación, era el centro el que debía controlar las consecuencias de las medicaciones que administraba y el trato inmovilizador contraindicado”, apuntaron estas fuentes, que opinaron que la autopsia “anticipa el archivo de la causa”.

Los trabajadores del centro difundieron al día siguiente un comunicado donde defendían, apoyados en la autopsia, que la “fatalidad del hecho fue ajena” a su actuación. “Se produce lo que anunciábamos, un desenlace impredecible no deseado ni querido por nadie, pero que deja intacta la impecable labor que realizamos los trabajadores”, informaron los sindicatos UGT, CCOO y USO.

Este mismo lunes arrancan las declaraciones judiciales que se les va a tomar a una docena de trabajadores y profesionales del centro que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) pero del que es titular la Junta de Andalucía. Tanto en calidad de investigados como de testigos, personal de seguridad, educadores, tutores, psicólogos y formadores deberán acudir al juzgado los días 4, 11 y 18 de noviembre, según informaron fuentes del caso.

Nuevo protocolo

Desde primeros de septiembre, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local tiene en vigor una nueva Instrucción sobre el procedimiento a seguir para la aplicación de la medida de contención con sujeción mecánica en los centros de menores infractores de Andalucía. En el nuevo protocolo de actuación ya consta que los menores deberán ser colocados “en posición de decúbito supino -boca arriba”, evitando “otro tipo de posturas”, por ejemplo la que se ejecutó en Oria, “salvo indicación expresa justificada del personal médico basada en alguna razón específica (existencia de quemaduras, escaras u otras lesiones dérmicas o de otro tipo que contraindiquen el decúbito supino”.

En una comparecencia parlamentaria del pasado 25 de julio, la Junta de Andalucía se amparó en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para defender el uso de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores. El vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, aseguró que su aplicación se realiza “con todas las garantias posibles de seguridad y respeto a los derechos de los menores”, detallando que su uso en los centros andaluces “es subsidiario”. “Se aplica pero no es una práctica diaria. Es un medio extraordinario”, dijo Marín.

El caso está sobre la mesa del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “No puedo cambiar la ley”, dijo Marín, quien también hizo referencia a las sugerencias del Defensor del Pueblo Español y a su aceptación por parte de la Junta, destacando principalmente el último informe del Defensor del Menor de Andalucía donde no se destacaba incidencia relevante alguna en Tierras de Oria tras la última visita al centro por parte de los defensores, en abril de 2018.

El Juzgado de Instrucción Único de Purchena (Almería), que investiga la muerte de un joven de 18 años en el centro de reforma Tierras de Oria tras ser inmovilizado en una cama con medidas de contención y de sujeción mecánica, ha llamado ya a declarar a los responsables del centro para que sean los primeros en contar qué pasó aquel día. Las acusaciones particulares que anunciaron su personación (Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y Andalucía Acoge) aún no han podido formalizar su presencia en la causa, mientras que la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), que gestiona el centro, cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía, acaba de pedir también en el juzgado su personación como acusación, no como parte perjudicada.

Fuentes judiciales indican que se pueden practicar diligencias de averiguación estén o no estén personadas las acusaciones, pero el caso es que tanto la Red Española como Andalucía Acoge anunciaron hace tiempo su personación, el 3 de julio la primera, apenas dos días después de la muerte del joven, y 30 días despúes, Acoge. La “ralentización” de la personación de las acusaciones conlleva que se acuerden determinadas diligencias “sin posibilidad de oposición o controversia”, consideran fuentes cercanas al caso. La cuestión es que, al no tener acceso a la documentación, ni siquiera a la autopsia conocida este jueves, se le ha impedido a las acusaciones proponer la concurrencia de otros peritos a la práctica de la autopsia.

Acerca de la autopsia, difundida por Europa Press, fuentes del caso consideran que “omite toda consideración a la imprudencia que supone dar el trato de la inmovilización mecánica a quien estaba sometido a la medicación”. “Era el centro el que proporcionaba la medicación, era el centro el que debía controlar las consecuencias de las medicaciones que administraba y el trato inmovilizador contraindicado”, apuntan estas fuentes, que opinan que la autopsia “anticipa el archivo de la causa”, al tiempo que se muestran sorprendidas de que Ginso se persone como acusación y no como perjudicada, ya que fueron los empleados y los responsables los únicos que tuvieron participación en el suceso. “En todo caso serían responsables civiles subsidiarios”, añaden.

Acusaciones sin papeles

A la Red Española de Inmigración se le impuso para personarse una fianza de 7.000 euros, posteriormente rebajada a 1.000 euros tras un recurso de la organización y tres días de plazo para presentar el dinero. La Red, como Andalucía Acoge, aún no ha recibido el sumario, que está bajo secreto, más de dos meses después de anunciar su personación, al menos en el caso de la primera. A Andalucía Acoge aún no se les ha comunicado siquiera qué cantidad tienen que presentar para personarse, indican fuentes de la federación.

Con todo, el juzgado ya ha comunicado las primeras citaciones, en concreto las del director del centro, el responsable de la unidad terapéutica y el cooordinador responsable del área, entre otros, para los días 4, 11 y 18 de noviembre. Los trabajadores del centro difundieron este mismo viernes un comuicado donde defienden, apoyados en la autopsia, que la “fatalidad del hecho fue ajena” a su actuación. “Se produce lo que anunciábamos, un desenlace impredecible no deseado ni querido por nadie, pero que deja intacta la impecable labor que realizamos los trabajadores”, informaron los sindicatos UGT, CCOO y USO.

La autopsia, que aludía a una muerte “accidental”, señala de cualquier foma que la contención mecánica en decúbito prono --boca abajo--, contemplada en el protocolo del centro de Oria, “es contraria a las recomendaciones encontradas en la bibliografía y protocolos estudiados, por suponer un mayor riesgo de muerte con respecto a la contención en otras posturas”.

Nuevo protocolo

Desde primeros de septiembre, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local tiene en vigor una nueva Instrucción sobre el procedimiento a seguir para la aplicación de la medida de contención con sujeción mecánica en los centros de menores infractores de Andalucía. En el nuevo protocolo de actuación ya consta que los menores deberán ser colocados “en posición de decúbito supino -boca arriba”, evitando “otro tipo de posturas”, por ejemplo la que se ejecutó en Oria, “salvo indicación expresa justificada del personal médico basada en alguna razón específica (existencia de quemaduras, escaras u otras lesiones dérmicas o de otro tipo que contraindiquen el decúbito supino”.

En una comparecencia parlamentaria del pasado 25 de julio, la Junta de Andalucía se amparó en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para defender el uso de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores. El vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, aseguró que su aplicación se realiza “con todas las garantias posibles de seguridad y respeto a los derechos de los menores”, detallando que su uso en los centros andaluces “es subsidiario”. “Se aplica pero no es una práctica diaria. Es un medio extraordinario”, dijo Marín.

El caso está sobre la mesa del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “No puedo cambiar la ley”, dijo Marín, quien también hizo referencia a las sugerencias del Defensor del Pueblo Español y a su aceptación por parte de la Junta, destacando principalmente el último informe del Defensor del Menor de Andalucía donde no se destacaba incidencia relevante alguna en Tierras de Oria tras la última visita al centro por parte de los defensores, en abril de 2018.

La Junta de Andalucía se ha amparado este jueves en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para defender el uso de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores. El vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que su aplicación se realiza “con todas las garantias posibles de seguridad y respeto a los derechos de los menores”, detallando que su uso en los centros andaluces “es subsidiario”. “Se aplica pero no es una práctica diaria. Es un medio extraordinario”, ha dicho.

Marín ha comparecido en comisión parlamentaria, a propuesta de Adelante Andalucía, a fin de valorar la aplicación en los últimos dos años del protocolo o instrucciones sobre aplicación de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores, en concreto en Tierras de Oria, donde el pasado 1 de julio murió un joven de 18 años durante una de estas inmovilizaciones y cuyo caso, que se está investigando judicialmente, está sobre la mesa del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Marín se ha referido a la normativa estatal, y en concreto al artículo 55 del Real Decreto 1774/2004 por el que se aprueba el reglamento de la citada Ley del Menor, que desgrana los medios de contención y los motivos para su uso, tomándolo como “marco común” de la aplicación de los mismos. “No puedo cambiar la ley”, ha dicho. También ha hecho referencia el vicepresidente a las sugerencias del Defensor del Pueblo Español y a su aceptación por parte de la Junta, destacando principalmente el último informe del Defensor del Menor de Andalucía donde no se destacaba incidencia relevante alguna en Tierras de Oria tras la última visita al centro por parte de los defensores, en abril de 2018.

“Carácter extremo”

El vicepresidente ha insistido en que el uso de los medios de contención es “un medio extraordinario” dado su “carácter extremo”, que es “el útimo recurso cuando se han agotado todas las alternativas”. También ha concretado que la presencia del médico antes, durante y después de la sujeción está regulada, con una “supervisión continua”.

Para la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora, con la muerte registrada en Oria “llueve sobre mojado”, señalando los “antecedentes” de la empresa que gestiona el centro (Ginso) y las denuncias al respecto de entidades defensoras de los derechos humanos.

Mora ha recordado que el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa comprobó y denunció en 2017 que el uso de medios de sujeción en este centro “podría considerarse trato degradante o inhumano”, constatando “24 intervenciones de ese tipo en seis meses en Oria, que es una barbaridad”. Mora ha denunciado que la existencia del libro de registro del uso de medios de contención, anunciada como novedad reciente en los centros andaluces, no se había ejecutado “dos años después” de la visita europea. “¿Cómo se puede controlar si no se registra? No hay fiscalización real de su aplicación”, ha señalado, pidiendo a Marín “si eliminará esta práctica”.

En su turno de réplica, Marín ha insistido en que no iba a hacer “ninguna valoración” acerca de un asunto que está “bajo investigación judicial” y que lo que ha hecho la Junta ha sido “elevar informes al juzgado para que se pueda saber qué ha sucedido”, abogando por la prudencia hasta “esperar los resultados de la autopsia” y asegurando que, si hubiera algún tipo de irresponsabilidad o ilegalidad, la Junta adoptaría la decisión oportuna.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, tiene ya sobre su mesa una queja que se le ha hecho llegar desde España a raíz de la muerte de un joven el pasado 1 de julio durante una inmovilización en el Centro de Internamiento de Menores Infractores Tierras de Oria (Almería), que ha reabierto la polémica sobre el trato a sus internos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a través de su coordinador general, Valentín Aguilar, ha solicitado que, en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por España el 9 de noviembre de 1987, “inste a las autoridades españolas a prohibir el uso de contenciones mecánicas en los centros de menores”. 

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, expone en primer lugar los hechos ocurridos en el centro almeriense, señalando que “la causa de la muerte, según se desprende del informe preliminar de la autopsia, sería la aplicación de un protocolo de contención mecánica”. Aquel informe, adelantado en El País, “señala 'signos asfixiáicos generales' y describe las circunstancias de la muerte, con 'seis guardias jurados para contener' al joven”.

La APDHA además de situar la muerte del joven dentro del centro, cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía pero que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), hace alusión a esta entidad, que “acumula varias denuncias por hechos similares a los que se denuncian”. La asociación tambien repada las visitas del Defensor del Pueblo Español y del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, de las que ya dio cuenta este periódico.

Libro de registros de medidas de contención

También repasa el escrito la supervisión y control de los centros de internamiento de menores por parte de la administración andaluza, llamando la atención sobre dos cuestiones. “Si bien en el año 2016 la Administración autonómica señalaba como una actuación necesaria completar adecuadamente el libro de registro de medios de contención, en las memorias sucesivas tal necesidad desaparece. Sin embargo, tal y como han comprobado el MNP y el CPTen distintas visitas ya referidas. no se trata de que 'no se completara adecuadamente el Libro de registros de medidas de contención', sino que, hasta la fecha, en ningún momento ha existido semejante libro de registro”. Cabe recordar que  fuentes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local indicaron la semana pasada respecto al libro de registro que “ya está funcionando” y que incluso para 2020 tienen previsto la digitalización del mismo en todos los centros andaluces de reforma.

“Por otro lado -dice el escrito de APDHA respecto a una segunda cuestión-, aunque en sus memorias anuales la administración autonómica tiene en cuenta las quejas formuladas por el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo Español, no ocurre lo mismo en relación con las efectuadas por el CPT en su informe de 2017, hecho que resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta las situaciones descritas por ese organismos y por los hechos ahora denunciados”, señala.

Acerca de la consideración de las contenciones mecánicas como trato inhumano o degradante, señala APDHA que, además de la “prohibición absoluta” que el CPT ha recomendado en referencia a la aplicación de medidas de sujeción o contención mecánica en los centros de menores españoles, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado en distintos momentos que la ejecución de las referidas medidas puede suponer una vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Así, cita los asuntos Wiktorko contra Polonia, demanda nº 14612/02 (2009); Bures contra República Checa, demanda nº 37679/08 (2012) y M.S. contra Croacia, demanda nº 75450/12 (2015).

Dos técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), organismo dependiente del Defensor del Pueblo, y un técnico de Defensor del Pueblo Andaluz, realizaron a finales de marzo del año pasado una visita multidisciplinar al Centro de Internamiento de Menores Infractores Tierras de Oria (Almería), donde este 1 de julio murió un joven de 18 años cuya avance de la autopsia ha revelado signos de asfixia durante una inmovilización en una cama. El organismo, dependiente del Defensor del Pueblo de España, planteó a la Junta de Andalucía  -que ostenta la titularidad de centro aunque está gestionado por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO)- un par de sugerencias relativas concretamente a la aplicación de las sujeciones mecánicas, que la Vicepresidencia de la Junta respondió con un informe remitido el pasado 24 de mayo, poco más de un mes antes de la muerte del joven.

El MNPT advirtió durante aquella visita sin previo aviso que en el centro no había “un libro de registro de medios coercitivos” y una “falta de adecuación de la habitación para la aplicación de las sujeciones mecánicas”. Por ello, sugirió a la Junta de Andalucía “dotar al centro de un libro de registro de medios coercitivos en el que quede consignada su aplicación, con indicación, junto con el nombre del menor, del medio coercitivo empleado, el momento de inicio y cese de la medida, el motivo de su aplicación y el seguimiento por parte del personal sanitario”.

También sugirió el MNPT “adecuar una habitación de mayores dimensiones para la aplicación de las sujeciones mecánicas, con la cama articulada y anclada en el suelo en posición central, con interfono y sistema de vídeovigilancia con audio”. Acerca del audio en la sala, cabe destacar que El País, medio que ha accedido al informe preliminar de la autopsia del joven fallecido, alude al vídeo en el que también se basa el informe diciendo que se trata de “una cámara sin sonido en su habitación”.

Se ampliará la habitación

Fuentes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local indican respecto al libro de registro que ya está funcionando y que incluso para 2020 tienen previsto la digitalización del mismo. Por otro lado, respecto a la habitación, la sugerencia se ha aceptado y se va a ampliar como recomendaba el MNPT, sin aportar mayor detalle. Las mismas fuentes llaman a la cautela respecto a las verdaderas causas de la muerte del joven. Fuentes del TSJA añaden en esa misma linea que la jueza sabrá la causa real de la muerte cuando lleguen los resultados de los análisis toxicológicos y los resultados de la autopsia.

Por su parte, fuentes del Defensor del Pueblo de España informan de que la Junta de Andalucía dio respuesta formal a dichas sugerencias “poco antes” de la muerte del joven que trascendió la semana pasada. Estas fuentes señalan que el MNPT está actualmente “estudiando” la respuesta de la administración andaluza que, recordemos, es la titular de los centros de reforma juvenil de la comunidad autónoma como el de Oria y al que está obligada dirigirse el MNPT como organismo público.

En aquella visita, de fecha 21 y 22 de marzo de 2018, también participaron una técnica externa, psicóloga, y un técnico externo, médico. Ni las fuentes del Defensor ni de la Junta saben concretar en qué fecha se dio traslado a la Junta de Andalucía de las sugerencias del MNPT.

Sin copia del parte de lesiones

Durante aquella visita, los técnicos del MNPT mantuvieron encuentros con el director del centro, así como con diversos trabajadores del mismo. Se realizaron entrevistas reservadas con menores, se inspeccionaron las instalaciones, se examinaron los libros de registro, los expedientes personales, así como la aplicación de medios de contención y la atención sanitaria prestada a los menores, como se ha desprendido de algunas de las conclusiones de la visita.

El MNPT también consideró como cuestiones a mejorar en el centro que presentaba un aspecto carcelario, que no había un tutor individual para aquellos menores con especiales dificultades, que en la atención sanitaria no se preservaba suficientemente la intimidad, que no era costumbre proporcionar una copia del parte de lesiones al menor, que había retrasos en la incoación de algunos expedientes disciplinarios, que en algunos expedientes sancionadores el pliego de cargos no se notifica al menor infractor el mismo día de su redacción o que no se entregaban copias de las peticiones o quejas que presentaban los menores. Como aspecto positivo se destacó que los profesionales del centro tenían un alto nivel de coordinación.

Por otra parte, el último informe del Defensor del Menor en Andalucía, recientemente publicado, no hace alusión alguna a los medios coercitivos o a la aplicación de sujeciones mecánicas pero sí hace una valoración positiva del centro. Resumía el Defensor Andaluz: “la visita de inspección al recurso llevó aparejada también entrevistas con los internos y con el personal que presta sus servicios en aquel, las cuales no proporcionaron ningún dato relevante. En todos los casos las manifestaciones que realizaron fueron muy positivas respecto del clima de convivencia en el centro y con el desempeño de su labor profesional en el centro, sin destacar ninguna incidencia relevante”.

El juzgado de Purchena (Almería) que investiga la muerte de un joven durante una inmovilización en el centro de menores Tierras de Oria ya tiene en su poder el informe preliminar de la autopsia, que revela “signos asfixiaicos generales” y  “no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón” en su fallecimiento, según adelanta este jueves El País.

Aunque define como “súbita” la muerte, y a la espera de los analisis toxicológicos, las circunstancias que rodearon la muerte del joven dentro del centro, cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía pero que dirige la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), parecen esclarecerse gracias a la existencia de un vídeo al que alude el informe, grabado con una cámara sin sonido existente en la habitación donde murió el chico y donde se observan “seis guardias jurados para contener” al joven.

“Se le ve en prono [boca abajo], con la cabeza apoyada en almohada y colchón y se le ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda, aparte de sujetarle la cabeza (da la impresión que está aprisionada contra la almohada y el colchón)”, describe el informe. Según añade El País, a los 15 minutos, al ver que seguía inmóvil, llamaron al médico. “Después de pensárselo un poco, [el médico] se acerca y llama al chico, que no responde, le toma los pulsos y comienza RCP (reanimación cardiopulmonar)”, añade.

El joven ahora fallecido, según el informe citado por el periódico, “está diagnosticado de TDHA (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), consumo de sustancias y trastorno de Adaptación ansioso-depresivo”, siendo “policonsumidor de tóxicos desde los 10 años de edad” y presentando “cuadros de agresividad y necesidad de protocolo de prevención de suicidio”. El informe descarta que haya podido consumir recientemente.

Aunque la versión oficial hablaba de una parada cardiorespiratoria, en el informe se habla de un corazón “aparentemente normal con dilatación de ambos ventrículos, tricúspide [una válvula cardiaca] muy fina y sonrosada”. Según han informado a eldiario.es Andalucía fuentes cercanas al caso, muchas familias han llamado estos días al centro para preguntar por sus hijos a raíz de lo que ha pasado.

Un caso similar, archivado

La Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de unas imágenes que podrían resultar similares a las que expone el informe, archivó aquel caso en septiembre de 2015 al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas inmovilizantes sobre los menores. Será la justicia la que determine si la aplicación de la inmovilización tuvo que ver con el fallecimiento de este joven marroquí.

“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima. El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) considera que, tal como se describe en el informe, el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica”, advirtió el CPT del Consejo de Europa en 2017 en un informe comprobado por eldiario.es Andalucía.

Como ya informó este periódico el pasado mes de noviembre, la práctica de la inmovilización de pies y manos en las camas fue corroborada por dos de los extrabajadores acusados por la difusión de aquellas imágenes y una educadora social que trabajó durante doce años en el centro. “El vídeo lo grabé para denunciar lo que allí pasaba. No hay que llegar a esos extremos. Si es un centro para reeducar, con violencia no se reeduca. Hay otros métodos. Yo sé lo que pasaba y lo que supongo seguirá pasando. El problema es que allí se les da todo a los chavales y llega un momento en que no se les puede dar más. Simplemente queríamos denunciar un hecho que pensamos delictivo y ahora los delincuentes somos nosotros. En el centro, si no eres su bufón, te largan”.

Otro de los acusados, jefe de equipo de seguridad en el centro, donde trabajó trece años, indicó a este periódico que “los vídeos hablan por sí solos. Quisimos denunciar cosas que vimos presuntamente ilegales. He tenido que realizar informes que no respondían a la realidad, diciendo que las inmovilizaciones duraban un par de horas cuando realmente duraban cinco o seis. Imagínese escuchando gritos de dolor durante cinco o seis horas. Pero lo que decían los mandos era lo que se hacía”, relataba este antiguo trabajador de Tierras de Oria.

Un joven de 18 años de origen marroquí falleció este pasado lunes en el interior del centro de reforma juvenil Tierras de Oria de Almería después de aplicársele medidas de contención y de sujeción mecánica en una cama, similares a las grabadas por exempleados del mismo centro hace unos años y por cuya difusión están camino de juicio. “Aquí se demuestra que el trato degradante puede acabar en muerte de un menor. Horrible”, dicen a este periódico fuentes de la defensa de aquellos extrabajadores. La calificación del trato no sólo es una opinión de parte, sino que el propio Consejo de Europa comprobó y denunció en 2017 que el uso de medios de sujeción en este centro “podría considerarse trato degradante o inhumano”.

La Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de aquellas imágenes, archivó el caso en septiembre de 2015 al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas inmovilizantes sobre los menores. Ahora, un juzgado de Purchena se ha hecho cargo de este nuevo caso, que ha terminado en la muerte del joven dentro del centro, cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía pero que dirige la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO). Será la justicia la que determine si la aplicación de la inmovilización tuvo que ver con el fallecimiento del joven.

“El centro ya ha concluido su informe por escrito que ha remitido al juzgado, que es el que tiene abiertas diligencias informativas”, dicen a este medio fuentes de la administración andaluza, que aluden a “una situación violenta y de agresividad del joven” por la cual “se activó el protocolo de actuación, que implica una respuesta que debe ser siempre proporcional y en función del grado de riesgo”, añaden las fuentes que traslada el centro. “El juzgado se ha hecho cargo, ya tiene el informe y recibirá también la autopsia”, señala la Junta.

Según la versión de la administración, a la que se remite en conversación telefónica con este medio el director del centro, Manuel Madrid, los hechos ocurrieron “en presencia del médico del centro” y, ante “los primeros síntomas”, se inició “de forma inmediata la reanimación y se dio aviso a los servicios de emergencias médicos”, que trataron sin éxito de reanimar al joven. A partir de aquí, se dió aviso a la Guardia Civil y acudió la comisión judicial para el levantamiento del cadáver. “Siempre sin interferir la investigación judicial, la Consejería también está investigando lo sucedido”, dice la Junta.

Un “brote de violencia”

Por su parte, fuentes cercanas al caso niegan la versión oficial de que hubiera un médico en aquellos momentos en los que se le practicó al joven marroquí la inmovilización, una maniobra que, por otro lado, suelen llevar a cabo los jefes de equipo y los vigilantes del centro, bajo la supervisión del subdirector, en esta ocasión. Las fuentes también aluden a un “brote de violencia” por parte del chico, y que “la muerte se produjo repentinamente”. Según apuntan, podría habérsele dejado de administrar una medicación, lo que podría haber provocado “nerviosismo” previo en el joven. “Le inmovilizaron y le dejaron solo”, apuntan otras fuentes.

“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima. El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) considera que, tal como se describe en el informe, el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica”, advirtió el CPT del Consejo de Europa en 2017 en un informe comprobado por eldiario.es Andalucía.

Como ya informó este periódico el pasado mes de noviembre, la práctica de la inmovilización de pies y manos en las camas fue corroborada por dos de los extrabajadores acusados por la difusión de aquellas imágenes y una educadora social que trabajó durante doce años en el centro. “El vídeo lo grabé para denunciar lo que allí pasaba. No hay que llegar a esos extremos. Si es un centro para reeducar, con violencia no se reeduca. Hay otros métodos. Yo sé lo que pasaba y lo que supongo seguirá pasando. El problema es que allí se les da todo a los chavales y llega un momento en que no se les puede dar más. Simplemente queríamos denunciar un hecho que pensamos delictivo y ahora los delincuentes somos nosotros. En el centro, si no eres su bufón, te largan”.

Otro de los acusados, jefe de equipo de seguridad en el centro, donde trabajó trece años, indicó a este periódico que “los vídeos hablan por sí solos. Quisimos denunciar cosas que vimos presuntamente ilegales. He tenido que realizar informes que no respondían a la realidad, diciendo que las inmovilizaciones duraban un par de horas cuando realmente duraban cinco o seis. Imagínese escuchando gritos de dolor durante cinco o seis horas. Pero lo que decían los mandos era lo que se hacía”, relataba este antiguo trabajador de Tierras de Oria.

Piden “una investigación exhaustiva”

La autopsia, junto con el resto de informes, permitirán determinar lo que originó la muerte del joven, que había ingresado en el centro ante unas medidas dictadas por un juez de Menores de la provincia de Cádiz. El joven murió sobre las 16,22 horas del lunes después de que se movilizara un helicóptero desde el Hospital Comarcal de Guadix, que no llegó a efectuar el traslado, según fuentes de la Guardia Civil citadas por Europa Press.

Por su parte, Adelante Andalucía ha lamentado este miércoles el fallecimiento del joven y ha exigido una “investigación exhaustiva” a la Junta, así como ha anunciado que solicitará la comparecencia en el Parlamento del vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, para que “explique lo sucedido” en tanto que “responsable de la consejería que controla estos centros”.

“Este caso se suma a las numerosas denuncias por malos tratos que han ido saliendo a la luz durante varios años, así como a las numerosas voces, de antiguos trabajadores e internos, que han pedido a la Junta que se investigue en profundidad sobre las actuaciones en el centro”, dice en un comunicado el parlamentario andaluz de Adelante por Almería Diego Crespo.

El propio Juan Marín se ha referido a lo sucedido señalando que espera el resultado de la autopsia al cuerpo del joven “para ver realmente los motivos y las causas” de su muerte, que simplemente apuntan por el momento a “una parada cardiorrespiratoria”. Marín ha trasladado el pésame a la familia del joven, lamentando que este tipo de sucesos “son cuestiones que en el día a día también ocurren”.

“Lo dejaron tres días atado a la cama, con inyecciones por lo que él mismo me contó más tarde. Llegaba el olor al pasillo, debía de hacerse ahí todo. El chaval daba pena, se oían los gemidos de lamento…”. Es el relato de Juan -nombre ficticio-, exinterno de un centro terapéutico de menores en Castilla y León. Su experiencia coincide con la que cuentan trabajadores e internos de otros centros de menores en España, unas instituciones que en su mayoría están en manos de empresas privadas.

Ese testimonio se recogió hace un par de años durante una investigación periodística. Esto mismo -menores atados a una cama con correas, pidiendo ayuda- es lo que se ve en un vídeo publicado por eldiario.es en 2015, grabado por trabajadores del centro de reforma Tierras de Oria, en Almería. Ahora quienes lo grabaron se enfrentan a penas de entre 3 y 5 años de prisión. El centro Tierras de Oria, gestionado por la empresa GINSO, ha recibido múltiples denuncias en los últimos años. En este reportaje de El Confidencial varios trabajadores e internos denuncian los malos tratos que se producían en el centro.

“Hay contenciones que yo he visto y he escuchado porque es a grito pelado, a chillido de que le están matando al menor, que pueden durar de 1 a 4 horas”. Lo cuenta Cristian, exinterno del centro terapéutico Picón del Jarama, en Madrid. Las contenciones pueden ser físicas -una o varias personas sujetando al menor contra el suelo- o mecánicas -atarles a una cama-.

Para Julio Rubio, educador social y autor de varios libros sobre el tema, “los que estamos denunciando estos malos tratos acabamos siendo denunciados”. José Antonio Bosch, abogado especializado en menores ahonda en la impunidad de quienes realizan ese tipo de acciones: “Yo no he visto imputación penal ninguna. No es que tenga sensación de que las quejas no se escuchan, de lo que tengo sensación es que no hay vías siquiera para poderse defender”.

El hermetismo que rodea a estos centros, justificado en la necesidad de salvaguardar la intimidad de los menores, juega a veces en contra de ese mismo interés superior del menor, que las instituciones están obligadas a proteger: “Usan esa palabra, la protección del menor, para crear un hermetismo y que nadie se entere de lo que está pasando”, denuncia Rubio.

Este educador social relata algunos ejemplos de los métodos que utilizan algunos de estos centros: “La empresa Salud Mental Consulting S.L gestionaba un centro de Galapagar. Y hablando con los chavales te contaban que los ponían contra la pared desnudos y los enchufaban con la manguera en invierno, con agua fría, y que los ataban a las camas…”.

“En Picón del Jarama, cuando era gestionado por O’Belén, las niñas me llegaron a contar que algunos educadores les ofrecían salir del centro a cambio de tocamientos y de favores sexuales”, relata. En ese mismo centro, añade, metían a chavales en celdas de aislamiento hasta que acababan “meándose y cagándose”.

La Fundación O’Belén ya no gestiona este centro, que ahora está en manos de la Fundación Grupo Norte. Salud Mental Consulting cambió su nombre después de enfrentarse a un juicio por malos tratos precisamente en este centro de Galapagar, que finalmente cerró en 2015. Ahora es Consulting Asistencial y continúa gestionando varios centros por todo el país. Se ha intentado recabar la versión de ambas entidades, sin recibir respuesta.

Alberto San Juan, Director General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, asegura que “estos centros han contado siempre con la autorización necesaria para efectuar medidas de seguridad y de contención”. Destaca además que se siguen “los protocolos de actuación” adecuados.

Para Juan, los factores que determinaban el grado de “antipatía” de ciertos trabajadores hacia los menores eran “la raza y las carencias intelectuales”. Sostiene que “trataban con más desprecio, con más rigor a gitanos, marroquíes, argelinos, etc y a los que tenían carencias intelectuales”.

“El quid jurídico es que el menor está tutelado por la Administración. Por tanto cualquier cosa que le pase, sea en un centro privatizado, en una orden religiosa o en un centro público, el responsable es la Administración. Luego la Administración es la última que tiene interés en airear sus errores”, señala Bosch.

San Juan asegura que la Comunidad de Madrid realiza “una supervisión continua de todos los centros de protección de menores”. Una visión que contrasta con la de Nicolás -nombre ficticio-, educador en un centro terapéutico de Madrid: reconoce que, en caso de que se dieran, sería difícil sacar a la luz este tipo de abusos: “Ahí también tienen que ser los propios responsables del centro -directores o quien sea- los que digan: pues voy a pasarme un día por aquí a ver cómo trabajáis”. Confiesa que no lo hacen: “Eso sí que no lo he visto. Se podría mejorar”.

Por otro lado, este trabajador asegura que en su centro jamás han atado a nadie a la cama y que una contención física “no es algo gratuito”. “No le haces una contención física porque no quiera cenar, o no quiera estudiar, o te grite o te llame tonto”, añade. Incluso, señala que en las ocasiones en que ha trabajado en centros de reforma “a los chavales se les trataba con mucho respeto. En muchas ocasiones con más respeto del que tú recibes de ellos, por supuesto”. Para Javier Urra, exDefensor del Menor de Madrid, psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y vinculado a GINSO, cuando se hace una contención es porque es absolutamente imprescindible: “Si le sueltas en ese momento intentará matarse o matarte”.

En España hay 1.104 centros de protección de menores -incluidos los terapéuticos- y 82 centros de reforma. El 82% de los centros de protección y el 57% de los de reforma están en manos de entidades privadas. A raíz de la Ley del Menor del año 2000, que permitió privatizar la gestión de los centros de reforma, surgieron múltiples asociaciones “sin ánimo de lucro” que en ocasiones -como GINSO- se encargan también de la construcción del centro, la seguridad, los servicios de limpieza, cátering, etc. Un entramado empresarial alrededor de los menores que suscita críticas de educadores y abogados. José Antonio Bosch pide que se acabe con este modelo que “mercantiliza a los niños”.

“Un niño es un ingreso que permite seguir con el tema adelante”, asegura Nicolás. Denuncia las condiciones laborales de muchos trabajadores: “Si el trabajador o el cuidador está descuidado es más probable que pueda cometer un error o estar más a disgusto”. Los trabajadores de estos centros lidian con altos niveles de estrés, con ataques -físicos y psicológicos- de los menores, y otras amenazas. Todo, según han denunciado en múltiples ocasiones, con bajos sueldos y condiciones mínimas de seguridad.

La Administración da una media de 4.000 euros al mes por cada menor a las entidades privadas que gestionan estos centros. Bosch pide que el sistema esté en manos públicas: “Que no les vaya el negocio en que haya más o menos niños, en que haya subvención”.

GINSO, por ejemplo, es una asociación sin ánimo de lucro presidida por el arquitecto Alfredo Santos, que posee empresas de construcción -y se ha contratado a sí mismo a través de sus otras empresas para la construcción de estos centros-. Ha cobrado de la Comunidad de Madrid 147,6 millones de euros desde 2006 y de la Junta de Andalucía -donde radica el centro Tierras de Oria- 178 millones. Esto, sin contar los contratos con otras CCAA. Solo en uno de sus centros, el centro de reforma Teresa de Calcuta, en Madrid, recibe 210 euros por menor al día -6.300 euros al mes por cada interno-.

En 2017, últimos datos de los que se dispone, había 17.527 menores en centros de protección y 4.182 en centros de reforma.