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La Junta de Andalucía se ampara en la Ley del Menor para justificar el uso "extraordinario" de inmovilizaciones en centros de internamiento

El vicepresidente Marín destaca el positivo clima de convivencia en Tierras de Oria al que alude en su último informe el Defensor del Menor tras su visita del año pasado

Para la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora, con la muerte registrada en el centro almeriense "llueve sobre mojado"

Marín informa el jueves en el Parlamento del protocolo de contención en centro de menores donde murió un joven

La Junta de Andalucía se ha amparado este jueves en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para defender el uso de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores. El vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que su aplicación se realiza "con todas las garantias posibles de seguridad y respeto a los derechos de los menores", detallando que su uso en los centros andaluces "es subsidiario". "Se aplica pero no es una práctica diaria. Es un medio extraordinario", ha dicho.

Marín ha comparecido en comisión parlamentaria, a propuesta de Adelante Andalucía, a fin de valorar la aplicación en los últimos dos años del protocolo o instrucciones sobre aplicación de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores, en concreto en Tierras de Oria, donde el pasado 1 de julio murió un joven de 18 años durante una de estas inmovilizaciones y cuyo caso, que se está investigando judicialmente, está sobre la mesa del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Marín se ha referido a la normativa estatal, y en concreto al artículo 55 del Real Decreto 1774/2004 por el que se aprueba el reglamento de la citada Ley del Menor, que desgrana los medios de contención y los motivos para su uso, tomándolo como "marco común" de la aplicación de los mismos. "No puedo cambiar la ley", ha dicho. También ha hecho referencia el vicepresidente a las sugerencias del Defensor del Pueblo Español y a su aceptación por parte de la Junta, destacando principalmente el último informe del Defensor del Menor de Andalucía donde no se destacaba incidencia relevante alguna en Tierras de Oria tras la última visita al centro por parte de los defensores, en abril de 2018.

"Carácter extremo"

El vicepresidente ha insistido en que el uso de los medios de contención es "un medio extraordinario" dado su "carácter extremo", que es "el útimo recurso cuando se han agotado todas las alternativas". También ha concretado que la presencia del médico antes, durante y después de la sujeción está regulada, con una "supervisión continua".

Para la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora, con la muerte registrada en Oria "llueve sobre mojado", señalando los "antecedentes" de la empresa que gestiona el centro (Ginso) y las denuncias al respecto de entidades defensoras de los derechos humanos.

Mora ha recordado que el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa comprobó y denunció en 2017 que el uso de medios de sujeción en este centro "podría considerarse trato degradante o inhumano", constatando "24 intervenciones de ese tipo en seis meses en Oria, que es una barbaridad". Mora ha denunciado que la existencia del libro de registro del uso de medios de contención, anunciada como novedad reciente en los centros andaluces, no se había ejecutado "dos años después" de la visita europea. "¿Cómo se puede controlar si no se registra? No hay fiscalización real de su aplicación", ha señalado, pidiendo a Marín "si eliminará esta práctica".

En su turno de réplica, Marín ha insistido en que no iba a hacer "ninguna valoración" acerca de un asunto que está "bajo investigación judicial" y que lo que ha hecho la Junta ha sido "elevar informes al juzgado para que se pueda saber qué ha sucedido", abogando por la prudencia hasta "esperar los resultados de la autopsia" y asegurando que, si hubiera algún tipo de irresponsabilidad o ilegalidad, la Junta adoptaría la decisión oportuna.

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