El reto de trasplantar a un testigo de Jehová: “No habría aceptado sangre para salvar mi vida”
León cumple este jueves 68 años, celebrando lo bien que se encuentra y agradeciendo a los médicos un trasplante renal al que se enfrentaron con mayor complejidad para respetar sus creencias religiosas. Es testigo de Jehová y, como los cerca de 128.000 que viven en España, rechaza las transfusiones de sangre. En un país en el que la libertad de culto es un derecho fundamental, la sanidad se adapta y los sanitarios acatan protocolos que requieren especialización minimizando riesgos en cirugías, con el mayor reto puesto en los trasplantes de órganos. En el caso renal, aun siendo el menos complicado, un tercio de las operaciones requieren administración de plasma y células ajenas. De nuevo el donante vivo se convierte en la opción más segura para el paciente.
El Hospital del Mar, en Barcelona, fue el primero de España en tener un protocolo para garantizar el trasplante renal sin transfusión de sangre a Testigos de Jehová, en 2018, aunque la práctica ya se realizaba en este y otros centros sanitarios con anterioridad. Ana (nombre ficticio) tiene 48 años y hace poco más de dos meses recibió en este hospital un riñón de un donante fallecido, después de un año en diálisis. En febrero de 2025 sus órganos funcionaban al 15% a causa de una poliquistosis renal detectada cuando tenía 19 años, una enfermedad hereditaria que su padre también padeció. “Él fue trasplantado hace ya casi 25 años sin transfusión sanguínea y todo salió perfectamente”, explica Ana. El éxito de esa operación le animó. “Algo de miedo siempre hay, pero la verdad es que tenía plena confianza en que iba a ir bien”, añade esta mujer, química de profesión. “No, no habría aceptado una transfusión aunque hubiera corrido riesgo vital”, afirma convencida.
León Boada también lo tuvo claro cuando decidió someterse a trasplante hace 14 años en el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz. Era 2012. “Los riñones me dejaron de funcionar sin saberlo, por lo visto por una infección mal curada”, cuenta. Recibió un órgano de su mujer, Encarni, lo que, además de evitar la diálisis, facilitaba la intervención al ser programada. “Yo hablé con la nefróloga para ser su donante”, señala la mujer. “Los dos somos testigos de Jehová y los mandatos de las Sagradas Escrituras no nos permiten recibir sangre, así que firmamos las voluntades anticipadas para quitar toda responsabilidad a los médicos. Y a los cinco días estábamos los dos de alta”, matiza León. “No habría aceptado una transfusión para salvar la vida. Hace un año me tuvieron que operar por un tumor en el estómago y también lo pedí así. Estoy muy agradecido a los doctores”, agrega.
Los mandatos de las Sagradas Escrituras no nos permiten recibir sangre, así que firmé las voluntades anticipadas para quitar toda responsabilidad a los médicos. No habría aceptado una transfusión para salvar la vida. Hace un año me tuvieron que operar por un tumor en el estómago y también lo pedí así. Estoy muy agradecido a los doctores
“No poder utilizar sangre es un riesgo añadido”
Los equipos sanitarios son los que hacen posible el milagro de los trasplantes sin transfusión, asumiendo el reto de la dificultad añadida para respetar la voluntad de los pacientes. “Sabemos que hay un riesgo asociado a la cirugía y durante los primeros días del postoperatorio. El riñón es un órgano altamente vascularizado y hay peligro de sangrado. Aunque es posible operar mediante robótica, en general hablamos de una cirugía abdominal abierta”, expone la nefróloga María José Pérez, del Hospital del Mar. “Estos pacientes rechazan la aportación de glóbulos rojos, plasma y plaquetas ajenas. En caso extremo, algunos aceptan pequeños componentes extraídos del plasma y otros no. Si existe hemorragia, a veces podemos actuar con preparados sintéticos, aunque no suponen una alternativa igualmente eficaz a la sangre”, explica el anestesiólogo Jesús Carazo. “En última instancia siempre se puede utilizar la propia sangre aspirada durante la intervención. El 99% lo acepta”, puntualiza.
En última instancia siempre se puede utilizar la propia sangre aspirada durante la intervención. El 99% lo acepta
“En realidad, siempre se intenta no transfundir porque se pueden transmitir anticuerpos que pueden generar rechazo. Tratamos con eritropoyetina (EPO), una hormona que se produce en el riñón y es la encargada de estimular la médula ósea para producir glóbulos rojos. Con insuficiencia renal la hormona desciende”, manifiesta la nefróloga Marilisa Molina, que atiende en el Hospital Son Llàtzer, en Palma. “Pero no poder utilizar sangre es siempre un riesgo añadido. Ningún médico quiere ver morir a un paciente, sobre todo si puede evitarse”.
Es entonces cuando se plantea también un problema ético, especialmente si afecta a menores. “Tuvimos un paciente testigo de Jehová que entró en diálisis en 1990 y estuvo hasta 2019, cuando falleció con 73 años sin poder ser trasplantado. Su hijo también era enfermo renal, había heredado una glomerulopatía proliferativa mesangial extracapilar [clínicamente se presenta como un síndrome rápidamente progresivo con insuficiencia renal aguda, hematuria y proteinuria, requiriendo diagnóstico rápido], bastante severa. La madre propuso firmar la renuncia a cualquier responsabilidad si el chico fallecía en la operación, pero tampoco se llegó a trasplantar”, narra la doctora Molina, presidenta de la Sociedad Balear de Nefrología. “Ahora tengo otra paciente de 40 años que lleva en diálisis desde 2002 y por decisión propia rechaza el trasplante”.
Tuvimos un paciente testigo de Jehová que entró en diálisis en 1990 y estuvo hasta 2019, cuando falleció con 73 años sin poder ser trasplantado. Su hijo también era enfermo renal. La madre propuso firmar la renuncia a cualquier responsabilidad si el chico fallecía en la operación, pero tampoco se llegó a trasplantar
El debate existe porque colisionan dos conciencias diferentes. “Por un lado, está la negativa de un paciente a recibir un tratamiento médico y, por otro lado, este rechazo puede generar un conflicto ético al médico porque contraviene su Juramento Hipocrático [compromiso ético que los sanitarios realizan al graduarse]. En estos casos se solía comunicar a la dirección del hospital, quien a su vez se ponía en contacto con el Juzgado de Guardia y era el juez quien autorizaba el tratamiento para eximir de responsabilidad civil al facultativo y al centro sanitario”, expone Catalina Pons-Estel, doctora en Derecho, experta en regulación del hecho religioso.
“El gran cambio se produjo en 2002, a partir de la Ley de autonomía del paciente, que otorga libertad de decisión a los pacientes mayores de edad y obliga a los médicos a respetarla. En cualquier caso, hablamos de dos derechos fundamentales que pueden entrar en conflicto: el derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución, y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, en el artículo 16. Puede parecer insignificante, pero el propio orden es importante: el derecho a la vida está por encima de cualquier otro y es el presupuesto necesario para que existan los demás derechos”, agrega. Cuando el médico no quiere intervenir en estas situaciones, puede acogerse a la objeción de conciencia.
El gran cambio se produjo en 2002, a partir de la Ley de autonomía del paciente, que otorga libertad de decisión a los pacientes mayores de edad y obliga a los médicos a respetarla
El trabajo de los sanitarios implicados requiere una alta coordinación. El equipo médico, quirúrgico y anestesista tiene un papel relevante antes, durante y después de la cirugía. En el Hospital del Mar han trasplantado a más de 30 testigos de Jehová en los últimos 10 años. Para minimizar las posibles complicaciones, una de las claves es mantener unos niveles de hemoglobina optimizados antes de la cirugía. “Les damos tratamiento previo para que lleguen a quirófano con una cifra superior a 13g/dL. Lo normal en pacientes en diálisis es tenerla en torno a 10 u 11, pero no podemos afrontar el trasplante con esa cifra en un paciente que rechaza transfusión. Además, más del 60% de personas con enfermedad renal crónica tienen anemia”, explica la doctora Pérez.
Cuando el órgano es de un donante fallecido la situación es más difícil porque no se sabe cuánto tiempo esperará el paciente en lista de espera y hay que mantener cifras de hemoglobina alta durante ese tiempo. “En Catalunya el tiempo medio hasta trasplantarse es de unos 20 meses aproximadamente, pero puede extenderse durante varios años”, matiza la nefróloga. “Si la hemoglobina está muy baja, los glóbulos rojos tendrán problemas para trasportar oxígeno, lo que podría provocar daño cerebral, cardíaco o al propio trasplante”, expone Carazo. “Hemos tenido dos casos con cifras de hemoglobina por debajo de 6g/dl en el postoperatorio, lo que puede suponer riesgo vital, aunque afortunadamente conseguimos que salieran adelante”, apunta Pérez. “Un problema adicional es que, en el 25-30% de los casos, el riñón tarda en funcionar, especialmente si es de donante fallecido, lo que requiere un tratamiento intensificado de la anemia en pacientes que no puedes transfundir”, añade.
Los tribunales
La sanidad avanza entre el conocimiento y el respeto en un tema que arrastra aspectos éticos y legales. En 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por vulnerar el derecho de una mujer testigo de Jehová al administrarle transfusiones de sangre en contra de su voluntad, expresa y documentada, durante una operación de urgencia. Cuando fue ingresada por una hemorragia grave en 2018, los médicos solicitaron autorización judicial ante la gravedad de su estado y la juez de guardia, sin disponer de información completa, autorizó cualquier tratamiento necesario para salvar su vida. El Tribunal subrayó que el consentimiento libre e informado es un principio fundamental y que los adultos tienen derecho a rechazar tratamientos, incluso si ello pone en peligro su vida. Así pues, prima la voluntad anticipada del paciente.
Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los adultos tienen derecho a rechazar tratamientos, incluso si ello pone en peligro su vida
El problema surge cuando el paciente es un menor. El debate más intenso se produjo a raíz del fallecimiento de un adolescente de 13 años en 1994, en Zaragoza, al negarse sus padres primero, y él mismo, después, a recibir sangre. Hubo un largo proceso judicial. La Fiscalía acusó a los progenitores de homicidio por omisión, pero fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Huesca al considerar que no tuvieron intención de matar a su hijo y lo habían llevado hasta a tres hospitales. La sentencia, no obstante, reconocía que el derecho a la vida estaba por encima del derecho a la libertad religiosa. El Tribunal Supremo les condenó a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito de homicidio con la atenuante muy cualificada de obcecación y el Tribunal Constitucional les volvió a absolver.
“Los menores dependen de la patria potestad de los progenitores y, en ningún caso, la patria potestad incluye poner en peligro la vida del menor. Hay que tener en cuenta que la ‘mayoría de edad sanitaria’ se alcanza a los 16 años, si bien los padres deben ser informados cuando hay un riesgo vital”, explica Pons-Estel, también profesora en la Universitat de les Illes Balears. “En cualquier caso, el juez es quien puede ordenar una hemotransfusión aunque los progenitores se opongan, asumiendo esta decisión de patria potestad para esa situación concreta”, puntualiza la docente. Así pues, prima el derecho a la vida del menor.
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