El Gobierno valenciano y los sindicatos docentes encallan en subida de sueldos, ratios y plantillas tras más de ocho horas de negociación

Después de más de ocho horas reunidos, la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— han protagonizado algunos acercamientos en la negociación, aunque el acuerdo que permita poner fin a la huelga indefinida parece todavía lejano. Al menos, en esta ocasión la consellera, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, sí que han propuesto un incremento salarial que mejora la anterior oferta: 120 euros en 2027 a implementar en enero y septiembre, a razón de 60 euros en cada plazo. Sin embargo, este aumento todavía no satisface a los representantes del profesorado, que exigen una propuesta “seria” y mucho más ambiciosa que les permita poder recuperar el poder adquisitivo perdido en las últimas dos décadas. Al cierre de esta información, a las 00.30 horas, la Conselleria de Educación ha solicitado un receso de 30 minutos para presentar una nueva propuesta a los representantes sindicales.

La maratoniana reunión se ha desarrollado en un clima de tensión y con las posturas visiblemente encalladas, mientras era secundada en todo momento por cientos de docentes concentrados a las puertas de la conselleria, en la avenida de Campanar de València, para exigir una negociación real y la dimisión de la consellera y del secretario autonómico. El encuentro ha tenido su momento álgido con el tema de las retribuciones, abordado pasada la medianoche. Los sindicatos han exigido una aplicación inmediata de las mejoras a partir del próximo curso 2026-2027, bajo un calendario pactado.

Así, han insistido en la recuperación progresiva de cerca del 20% del poder adquisitivo perdido desde 2010 —más de 500 euros mensuales— por medio del incremento del complemento específico, de los diferentes tramos de los sexenios (incluyendo la creación de un sexto sexenio ante el retraso de la jubilación) y de complementos por funciones como tutorías o coordinaciones. Asimismo, reclaman una cláusula de revisión anual ligada al IPC, el cobro de los meses de verano para el profesorado interino con un mínimo de 150 días trabajados o la restitución íntegra de la paga extra mediante complementos autonómicos compensatorios que neutralicen los recortes estatales. Además, también han exigido que el dinero “ahorrado” por la administración durante la huelga se destine a estas mejoras.

Otro de los puntos de fricción ha sido la reducción de las ratios de alumnos por aula. Mientras los sindicatos exigen una bajada inmediata —con un máximo de 20 estudiantes en Primaria y Secundaria, y límites aún menores en Infantil y FP Básica—, Educación ha propuesto inicialmente un calendario de aplicación que se prolongaría hasta el año 2030. Según ha alegado McEvoy, resulta “imposible” acometer dicha reducción el próximo curso debido a que las vacantes provisionales ya han sido publicadas, una justificación criticada por los sindicatos, que consideran que el Consell continuamente “da largas” en lugar de actuar con hechos.

La negociación sobre plantillas e inclusión educativa tampoco ha arrojado los resultados esperados por los representantes del profesorado, que han reclamado de forma unánime la derogación de la controvertida Orden 9/2025 y la aplicación inmediata de los Acuerdos de Plantillas de 2023, lo que supondría la creación de cerca de 2.000 plazas docentes y el refuerzo de especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT). Ante estas exigencias, la respuesta de la Conselleria se ha limitado a argumentar que los recursos “son limitados” y que cualquier mejora se estudiará en comisiones de seguimiento futuras según lo dicten los números, sin presupuestar ni cuantificar ninguna de las medidas planteadas.

En materia de infraestructuras y simplificación administrativa, los avances han sido puramente procedimentales. La Conselleria se ha comprometido a elaborar un decreto de simplificación de cara a mitigar la burocracia y ha aceptado convocar una mesa técnica específica con la Dirección General de Infraestructuras. Sin embargo, tampoco se han ofrecido aportaciones económicas nuevas para el Plan Edificant ni para revertir los 121 millones de euros recortados, obviando por el momento las peticiones sindicales de activar un plan urgente de climatización frente al cambio climático y acelerar la rehabilitación de los centros afectados por la DANA.

La jornada también ha estado marcada por el debate identitario y las condiciones sectoriales de la Formación Profesional (FP). Las organizaciones sindicales han mostrado un rechazo frontal a la Ley de Libertad Educativa y han exigido la retirada del borrador del currículum de Bachillerato por la supuesta “censura” de autores catalanes y baleares, blindando la defensa del valenciano como lengua vehicular escolar. El Director General de FP cerraba la puerta a cambios inmediatos en la oferta de ciclos formativos al alegar que el proceso de admisión arranca en apenas dos días, lo que aleja la posibilidad de un acuerdo inminente que ponga fin al conflicto educativo.