La cerrazón del Gobierno valenciano enquista una huelga que cumple una semana con miles de docentes indignados

Este lunes, justo una semana después de que se iniciara la huelga indefinida en la educación pública valenciana, se celebra la segunda reunión de la mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes. El objetivo es abordar las reivindicaciones del profesorado: un incremento salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años; la derogación inmediata de la 'ley Rovira'; ratios más bajas de alumnos por aula y recursos suficientes; reducción de la burocracia y mejora de la salud laboral; infraestructuras educativas dignas; la recuperación de los presupuestos recortados y un apoyo decidido a la enseñanza en valenciano.

La cita, fijada a las 16:00 horas en la sede de la conselleria en la avenida de Campanar, se produce después de que el pasado jueves la consellera Carmen Ortí presentara un primer documento que apenas cumplía algunas de las reclamaciones del colectivo. El texto dejaba fuera la subida de sueldos que los docentes reclaman tras casi dos décadas de pérdida de poder adquisitivo, una situación que los sitúa como los peor pagados de España. El escrito fue rechazado ampliamente por los docentes en la asamblea consultiva del pasado viernes cuando, según datos de la Educación, el paro tuvo un seguimiento del 39%.

Precisamente, dicha asamblea —unitaria y telemática— se celebró horas después de la “histórica” manifestación que reunió en València a 35.000 personas procedentes de todo el territorio valenciano. “Que tomen nota y el lunes vengan con todo”, advertían los sindicatos. Fue la segunda jornada de movilizaciones multitudinarias desde el inicio del paro indefinido; el primer día, más de 40.000 personas salieron a las calles de las tres capitales valencianas y de Elche (la marcha más numerosa fue la de València, con más de 20.000 docentes).

Además, el profesorado ha protagonizado otras protestas con gran seguimiento a las puertas de la Conselleria y frente al Palau de la Generalitat. En todos los casos, el grito es unánime exigiendo la dimisión de Ortí. Su actitud y la de su departamento —formado por los mismos altos cargos de la etapa de José Antonio Rovira, como el secretario autonómico Daniel McEvoy o el director general de Personal Docente, Pablo Ortega— ha logrado indignar a un colectivo profundamente movilizado. Todo ello a pesar del sacrificio económico que supone la huelga, que cuesta a cada docente entre 170 y 190 euros diarios.

Los trabajadores de la educación pública cuentan con el respaldo de los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, cuyos representantes han participado en las distintas movilizaciones. En la manifestación del viernes estuvo presente la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien instó al president Pérez Llorca a ponerse “al frente” de la negociación para resolver la “mayor crisis educativa que ha vivido la Comunitat Valenciana”. Joan Baldoví o Mònica Oltra, de Compromís, también se sumaron a la marcha con críticas muy duras a los “recortes” del PP en la educación pública.

Pablo Ortega insistía en que la prioridad del Consell “garantizar el derecho a la educación del alumnado, especialmente en el caso de los estudiantes de segundo de Bachillerato” y mostraba la voluntad de la Conselleria de “seguir negociando”. “Ninguna de las cuestiones planteadas por los sindicatos está fuera de la negociación”, apuntaba el director general de Personal Docente, quien incidía que, en materia salarial, “la Conselleria ya ha trasladado a los sindicatos su disposición a negociar esta cuestión en el marco del diálogo social y de las posibilidades presupuestarias de la Generalitat”.

La consellera anunció el pasado jueves que su departamento trabajaría durante todo el fin de semana para presentar este lunes una propuesta “lo más completa posible”. Por su parte, Pérez Llorca se felicitó desde Barcelona por la marcha de la negociación, aunque reconoció que es necesario “seguir trabajando” y pidió “priorizar” a los estudiantes para solucionar el conflicto “cuanto antes”. Para que el acuerdo sea posible, Ortí deberá presentar una propuesta que responda de forma detallada a las reivindicaciones, incluyendo una mejora salarial mucho más ambiciosa que los 75 euros mensuales a tres años previstos a partir de enero de 2027.