Aviso: el boletín de este sábado es más largo de lo habitual. Hay que hablar de muchos temas: Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez, Alberto González Amador, Cristóbal Montoro… 

Porque todo pasa por los juzgados, en la acelerada política española. Pero no todo pasa bajo el mismo criterio ni con la misma velocidad.

Esta semana, arrancó el juicio por el presunto enchufe a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. También esta semana, el juez Peinado citó a Begoña Gómez para el último trámite antes de sentarla en el banquillo; amenazó incluso con detenerla si no acudía en persona, algo de dudoso encaje legal. 

Ambas denuncias tienen muchísimo en común, no solo la relación con Pedro Sánchez. Ambas llegaron casi a la vez, en la primavera de 2024. Ambas están presentadas por Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha. Y ambas incluían noticias falsas: el bulo de que Begoña Gómez había recibido una subvención –era una hostelera cántabra del mismo nombre–, o los supuestos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA de David Sánchez que en realidad eran solo 71.000 euros.

Ambas denuncias tampoco se explican sin otra noticia, que publicamos pocas semanas antes.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es destapó el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. 

Al día siguiente, el 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso defendió con mentiras que era justo al revés: que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Ese mismo día acusó al Gobierno de Sánchez de una “operación para destruirla”: para tapar la corrupción de Pedro Sánchez con referencias veladas a su mujer.

A lo largo del mes de marzo, el argumento de que la “persecución contra González Amador” era para proteger a la familia de Pedro Sánchez fue creciendo en los altavoces de la derecha. Es completamente falso: la inspección fiscal contra la pareja de Ayuso arrancó en 2022, dos años antes de las primeras informaciones contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la verdad nunca ha frenado a Ayuso. Ni tampoco a Miguel Ángel Rodríguez.

El 16 de abril, el juez Peinado arrancó bajo secreto de sumario la investigación contra Begoña Gómez.

Justo al día siguiente, el 17 de abril, el jefe de gabinete de Ayuso ponía este tuit. 

El 24 de abril, la investigación de Peinado contra Begoña Gómez salía a la luz. Y apenas un mes más tarde, el 29 de mayo, llegó la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez. 

Han pasado justo dos años desde esa denuncia contra David Sánchez hasta el inicio de su juicio. Begoña Gómez, por su parte, está al borde del banquillo. Pero, ¿qué ha sido de González Amador?

La pareja de Ayuso tiene dos causas judiciales en marcha. Una es por el fraude fiscal y las facturas falsas que presentó ante Hacienda. Esa parte de la instrucción ya está terminada –no tenía gran complejidad–, pero el inicio del juicio no se espera hasta 2027, como pronto. 

Alberto González Amador también está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia investiga si pagó una mordida de 500.000 euros a un directivo de Quirón que previamente le facilitó una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas. No parece llevar mucha prisa.

El 25 de julio de 2025, la jueza que instruía el caso contra González Amador pidió a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– un primer informe sobre este presunto soborno. Para entonces, Peinado no solo había pedido varios informes a la UCO sobre Begoña Gómez: ya había recibido dos. 

Poco después de pedir ese informe sobre González Amador, la jueza se jubiló. El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se incorporó en otoño de 2025. El 31 de octubre de 2025, la UCO recibió al fin formalmente la primera petición para investigar la presunta mordida de González Amador.

El 19 de diciembre de 2025, la UCO pidió a este juez una autorización para poder entrar en las cuentas bancarias de González Amador y sus empresas. Es apenas un trámite, para poder cumplir con la orden anterior y poder presentar ese informe.

Ha pasado medio año y ese trámite sigue pendiente. Desde el TSJ de Madrid aseguran que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en su juzgado para ponerse al día con todos los asuntos pendientes, y que ha priorizado aquellas causas con preso, donde hay alguien en prisión preventiva.

Han pasado dos años desde aquella primavera en la que todas estas causas judiciales arrancaron. Tiempo suficiente para investigar, juzgar y condenar al mismísimo fiscal general. 

El caso Montoro

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. En otras, parece olvidarlas.

En otro juzgado, en Tarragona, hay una causa judicial que avanza a trompicones, al ritmo del caracol: el caso de Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”: una empresa que presuntamente cobraba fortunas a cambio de leyes a medida y otros favores del Gobierno de Rajoy. 

La primera pista apareció en otra causa judicial: un correo electrónico de los directivos de una empresa de gas, donde hablaban de cómo lograr una rebaja fiscal para su sector. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”, se leía literalmente en uno de esos correos. 

Aquella investigación llegó al juzgado en 2018 y siguió viva en gran medida por el tesón de una fiscal de Anticorrupción, Carmen García Cerdá. En diciembre de 2021, esta fiscal pidió permiso para investigar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda, incluido un buzón atribuido al propio Montoro donde presuntamente recibía también filtraciones de datos reservados de contribuyentes con los que él o su gobierno tenían enemistad.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó. Argumentó que era “desproporcionado”, que no había indicios suficientes.

“Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”, defendió la fiscal García Cerdá. Incluso forzó una votación en la Fiscalía Anticorrupción –es una posibilidad que tienen en caso de discrepar de una orden–, pero ganó la posición del jefe, Alejandro Luzón.

La fiscal García Cerdá recurrió entonces a una vía irregular. Habló con los Mossos para intentar que fueran ellos los que pidieran al juez acceso a ese mail. No lo logró: nadie ha mirado aún en ese correo. Y aquella gestión con los Mossos le acabó costando una sanción, por desobedecer la orden de su superior. Mil euros de multa, que fueron impuestos por la Fiscalía durante la etapa de Álvaro García Ortiz. Todo esto, en más detalle, está explicado en este artículo de Pedro Águeda en elDiario.es. Hace ya un año.

La investigación lleva en marcha desde 2018: ocho años. Montoro fue imputado en 2021: hace cinco años. Por ahora, aún no ha sido llamado siquiera a declarar. Tampoco se ha registrado su despacho. No se sabe si este caso algún día llegará a juicio, o si se archivará. Lo que sí es seguro es que cualquier posible condena al exministro de Hacienda vendría con un atenuante: por el enorme retraso de la instrucción.

El caso Zapatero

Al igual que con Montoro, la investigación se inicia con unos mensajes de unos empresarios que dicen haber pagado a una empresa vinculada con Zapatero para lograr un trato de favor de la administración. El inicio de esta historia es prácticamente el mismo. El proceso que ha seguido no.

Esas conversaciones de WhatsApp que apuntan a Zapatero principalmente salen del teléfono móvil de Rodolfo Reyes: un empresario venezolano que fue propietario del 40% de Plus Ultra. El 9 de mayo de 2021, en el aeropuerto de Miami, las autoridades estadounidenses clonaron su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá. En aquel momento, el presidente de EEUU era Joe Biden. Pero la gran duda es otra. ¿Cuándo se mandaron esos mensajes desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional? ¿Bajo qué administración?

En el sumario del caso Zapatero no aparece la fecha exacta –y es raro, siendo como es una de las pruebas decisivas–. La primera mención figura en un informe de la UDEF del 22 de abril de 2026. Y según ha publicado Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, esta colaboración con la Policía del Homeland Security estadounidense se produjo entre febrero y marzo de 2026. Cinco años después de que Estados Unidos tuviera esos mensajes en su poder.

Son las mismas fechas en las que arreciaron las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición de España contra la Guerra de Irán.

El caso Leire

Hay asuntos que jamás prosperan en los juzgados. La Operación Catalunya, por ejemplo, que nunca se ha querido investigar. O buena parte de las grabaciones de Villarejo, que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Otros asuntos son tan golosos que hasta se implican dos juzgados a la vez.

Las maniobras de la fontanera del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset ya estaban bajo la lupa de la justicia desde hace casi un año. El juez Arturo Zamarriego, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, empezó a investigar en julio de 2025 el presunto intento de soborno a un fiscal de este grupo. También las pesquisas de Leire Díez para lograr información comprometida contra los mandos de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción para así descarrilar las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Son reuniones donde Leire Díez prometía tratos de favor del Gobierno o de la Fiscalía que no consta que se cumplieran.

En la Audiencia Nacional, desde finales del año pasado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Leire Díez, pero por otra cuestión: el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama donde Díez trabajaba junto a Antxon Alonso –supuesto socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar– y el exdirector de la SEPI Vicente Fernández. Ese juzgado fue el que ordenó la detención de los tres, en diciembre de 2025.

Esta semana, la Audiencia Nacional mandó a la UCO a la sede del PSOE de Ferraz, a reclamar documentos ante los indicios que apuntan a que el partido pagaba a Leire Díez a través de empresas interpuestas. Según la UCO, estos pagos llegaban por medio de la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. O a través de dos despachos de abogados: el de Ismael Oliver –que fue abogado de Ábalos– y el de Jacobo Teijelo –que es abogado de Santos Cerdán–.

Es extraño que esta decisión la firme la Audiencia Nacional. Porque se suponía que el juez que llevaba esta parte de las acusaciones contra Leire Díez era Arturo Zamarriego, no Santiago Pedraz. Y Zamarriego nunca ordenó en esa causa operativos como el que vimos esta semana en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, se opuso a muchas de las peticiones de las acusaciones populares, como imputar a Santos Cerdán.

¿Con qué argumento se cuela la Audiencia Nacional en un asunto que ya está bajo investigación en otro juzgado? ¿Por qué se aprueba allí un operativo de la UCO que debería haber decidido otro juez? Al parecer, en la detención a Leire Díez –en su teléfono y su ordenador– la UCO encontró pruebas sobre las maniobras de esta fontanera del PSOE. Pero lo lógico habría sido enviar ese informe al otro juzgado, al de Zamarriego. No es lo que pasó.

El argumento de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para tramitar este informe ante la Audiencia Nacional es que Leire Díez y los demás imputados habrían cometido un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Suena feo pero no es un delito muy penado. Según el auto de Pedraz, hablamos del artículo 504.2 del Código Penal, que castiga con “multa de doce a dieciocho meses” a los que “injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

De todas las acusaciones contra Leire Díez, “injuriar” o “amenazar gravemente” a la UCO parece uno de los delitos menos probados. Buscar material comprometido contra sus mandos –aún ofreciendo sobornos por el camino–, no es lo mismo que amenazarlos o que injuriarlos. Pero da la casualidad de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, por lo que ese presunto delito ha servido para llevar el caso hasta el juzgado de Santiago Pedraz. Y así sacarlo del de Arturo Zamarriego.

Queda la sospecha de si esta extraña maniobra se produjo ante la negativa de Zamarriego a ordenar la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Sí hay una certeza: ni Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, cumplen en este asunto con la apariencia de imparcialidad. Tienen en este tema un interés personal, no son neutrales: lo que buscaba Leire Díez era basura contra los dos. Si hay un delito contra “las instituciones del Estado”, ellos son las víctimas. No deberían ser al mismo tiempo los responsables de la investigación. 

También hay corrupción

Desde el PSOE reducen todo esto a una campaña de los jueces, a un “golpe de Estado”. Es una reducción al absurdo. No es tan simple. Hay movimientos judiciales en la oscuridad, pero también hay indicios muy graves de corrupción. 

Los presuntos pagos encubiertos que ordenó Santos Cerdán desde el PSOE para Leire Díez apestan. En aquel momento Cerdán era el secretario de Organización y la duda legítima es si puso en marcha esta operación para protegerse él mismo –por miedo a lo que le pasó después, cuando fue imputado–, o por órdenes de su secretario general, Pedro Sánchez. 

Santos Cerdán era consciente de que no podía contratar a Leire Díez abiertamente: estaba haciendo algo que podía comprometer al partido. Cuando en el PSOE decían que era una espontánea, que era una militante de base, que Leire Díez iba por libre… no decían la verdad.

En el caso de Zapatero, algunas de las acusaciones hoy parecen poco sólidas. Te recomiendo este artículo de José Manuel Romero, donde explica cómo fue realmente el rescate a Plus Ultra y por qué los indicios de tráfico de influencias son dudosos. Empezando por esta idea de que los directivos de Plus Ultra tenían “información privilegiada” de cuándo se aprobaría el rescate. Falso: lo sabían por el propio cauce legal, igual que todas las demás empresas que recibieron estos préstamos públicos.

Sin embargo, Zapatero aún tiene muchas cosas que explicar: entre otras, el medio millón que cobraron sus hijas de una empresa propiedad de venezolanos sin actividad conocida. Tampoco cuadran los datos que ha encontrado la investigación con las explicaciones que el expresidente dio en el Senado sobre su papel en Análisis Relevante. Zapatero dijo no conocer a los clientes, o que no hizo ninguna gestión con Plus Ultra, y parece que no era verdad.

En muchas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno hay indicios muy serios de corrupción. Los presuntos delitos de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán no son un invento de los jueces ni de los policías o guardias civiles. Las evidencias son enormes. Y hablamos de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos también exministro.

Al mismo tiempo, es muy difícil confiar en que esta justicia española sea igual para todos. También para ese M. Rajoy que, en la investigación de la Kitchen, no fue llamado a declarar ni siquiera como testigo.

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. Otras, parece olvidarlas.

Lo que casi nunca parece la justicia española es ciega. 

A menos que no crean sus ilustres magistrados que los ciegos somos los demás.

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Para algunas de las actividades, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, hay limitación de aforo. Puedes reservar tus entradas desde aquí. 

Ojalá nos veamos en nuestro festival.

Los dos directivos de una de las gasistas que supuestamente pagó al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristobal Montoro, a cambio de que se modificaran leyes a su favor se han acogido este martes a su derecho a no declarar, en la primera comparecencia como imputados en esta causa.

Ante el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que durante siete años mantuvo en secreto la causa en la que investiga entre otros al exministro Montoro, han comparecido este martes dos directivos de Praxair España S.L., una de las gasistas que presuntamente hizo pagos a Equipo Económico para lograr modificaciones fiscales que les beneficiasen, informa EFE.

Los dos investigados, Eduardo G.E., que fue presidente de Praxair Europa entre 2016 y 2018 y director general de Praxair España y Portugal entre 2008 y 2019, y Jacobina E. E., responsable fiscal de la compañía para España y Portugal, se han acogido a su derecho a no declarar.

Uno de los argumentos que ha esgrimido la defensa de ambos investigados para justificar que se hayan negado a declarar ante el juez es que todavía están pendientes de resolver los recursos de las defensas ante la Audiencia de Tarragona, donde han pedido por una parte la nulidad de la causa y por otra que se remita la instrucción a la Audiencia Nacional.

Uno de los empresarios citados, Eduardo G.E., fue además presidente de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que según el sumario del caso pagó presuntamente a Equipo Económico 779.705 euros entre 2011 y 2019 para incidir en reformas legislativas que favorecieran al sector.

Según consta en el sumario, este empresario participó en una videoconferencia el 25 de octubre de 2013 en la que se acordó la contratación de Equipo Económico y los plazos en los que se realizarían los pagos y se formalizarían los informes a entregar en el Ministerio de Hacienda.

De hecho, según consta en el sumario, este investigado asistió a las reuniones que tuvieron lugar en la sede de Equipo Económico el 5 y el 12 de diciembre de 2013, y además el 4 de marzo de 2014 participó en una reunión con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien, al trascender su imputación en este caso, se dio de baja del PP.

Por su parte, la otra investigada citada, Jacobina E.E., fue responsable fiscal de esta gasista en España y Portugal y, según el sumario, fue la persona responsable de preparar un texto a presentar al entonces secretario de Estado de Hacienda con sus reivindicaciones.

También participó en reuniones con la Dirección General de Tributos en las que le informaban que el Reglamento que desarrollaba una ley sobre la que tenían interés se publicaría en diciembre de 2014.

El juez de Tarragona que investiga el caso sostiene que el exministro Cristóbal Montoro jugó un “rol nuclear” en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la “autoridad” que aseguraba una “ganancia cierta” a su despacho, Equipo Económico, “abusando” de su poder.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juicio a la familia Pujol Ferrusola encara su recta final con la comparecencia de los peritos. La sorpresa ha saltado este martes con el currículum de dos de los expertos propuestos por la defensa del empresario Josep Cornadó para defender los pagos de la constructora Copisa a Jordi Pujol Ferrusola. De entre todos los peritos a elegir, han comparecido ante el tribunal Manuel de Vicente Tutor y Francisco Piedras, inspectores de Hacienda en excedencia e imputados en el caso Montoro.

El juez de Tarragona que también mantiene investigado al exministro de Hacienda describe a Tutor y Piedras, que siguieron a Montoro tanto en su despacho privado Equipo Económico como en el Ministerio, como receptores de pagos de empresas gasistas para obtener “modificaciones legislativas favorables”. Para ello, ambos “habrían utilizado sus influencias en el Ministerio de Hacienda”, agrega el instructor.

Este martes, Tutor y Piedras han comparecido como peritos en el caso Pujol a propuesta del exresponsable de la constructora Copisa. Según la Fiscalía, la empresa pagó 2,5 millones en comisiones al hijo mayor del expresident por supuestos servicios de asesoramiento e intermediación en operaciones inmobiliarias, de los que, sin embargo, para Anticorrupción no constan documentos que los demuestren.

Ni Tutor ni Piedras han detallado al tribunal que han formado parte del despacho del exministro de Hacienda. Piedras sí ha contado que fue director del gabinete técnico del Ministerio y que lleva 20 años como “consultor”. Tutor ha indicado que lleva 18 años en excedencia de su plaza de inspector de Hacienda y que ha realizado varios peritajes en causas judiciales.

Según Tutor, el dinero que recibió Pujol de Copisa forma parte de “las prácticas de mercado existentes”. Ambos peritos han instruido al tribunal sobre el papel de los intermediarios en lo que ha sido una clase sobre la evolución del capitalismo en España. Y han destacado que su pericia era “de carácter teórico”.

De Tutor ha remarcado que en España, con datos de 2019, había 166.000 personas dedicadas a la intermediación comercial, un trabajo, que, según su pericia, se puede llevar a cabo de forma unipersonal “con un teléfono”.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha logrado acorralar al perito al preguntarle por los distintos ámbitos (una refinería, un parque de placas fotovoltaicas, inmobiliario, financiero) por los que Pujol Ferrusola recibió pagos de Copisa. “¿Se puede ser experto en todo eso?”, ha inquirido el fiscal. “Lo importante es la agenda, no es necesario ser ingeniero”, ha respondido Tutor.

Más allá de las eventuales responsabilidades penales, tanto Jordi Pujol Ferrusola como Equipo Económico compartían una gran cantidad de contactos, tal y como han constatado los respectivos casos.

La descripción de Piedras de la labor del intermediario ha sido canónica: “El profesional que se dedica a poner en contacto a vendedor y comprador para un negocio que aporte valor a ambas partes”. En especial, ha agregado el perito, en “mercados donde existe asimetría de información”, esto es, donde el negocio no aparece en boletines oficiales, como sí pasa en una licitación pública.

Así ocurre, ha ahondado Piedras, en el mercado de la construcción en el que se establecieron las relaciones comerciales entre Pujol Ferrusola y Copisa. De Tutor también ha explicado que los márgenes de remuneración de los intermediarios, según parámetros de la OCDE citados por el perito, son de entre el 2 y el 5% de las operaciones. Los pagos recibidos por Pujol están dentro de estos márgenes, ha agregado.

Ambos peritos también han justificado el punto que más ha atacado el fiscal: la falta de documentación (contratos, correos electrónicos) de las labores de documentación. “Depende de la confianza que exista entre intermediario y la empresa es posible que no exista documentación”, ha valorado Piedras. Así funciona el mundo de los negocios, según dos imputados del caso Montoro.

La asociación Madrid Network, creada por iniciativa de Esperanza Aguirre y cuyos impagos del préstamo multimillonario recibido de la Comunidad de Madrid en 2011 ya han provocado un agujero de 70 millones en las arcas madrileñas, abonó a Equipo Económico SL 402.584 euros a través de 15 pagos en un solo día. Esos 15 abonos a la empresa fundada por Cristóbal Montoro y con la que la asociación sin ánimo de lucro había suscrito en 2008 dos contratos de servicios se efectuaron el 21 de febrero de 2012, fecha en la que Montoro llevaba dos meses al frente del Ministerio de Hacienda. Este diario se ha puesto en contacto tanto con Equipo Económico como con Madrid Network para tratar de recabar sus explicaciones acerca de este movimiento sin que por el momento haya recibido respuesta alguna.

Nada más desembarcar en el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, Montoro nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas a Antonio Beteta, consejero de Hacienda con Aguirre hasta junio de 2011 y, en virtud de los estatutos de Madrid Network, también presidente de la asociación hasta esa fecha.

Un extracto sobre operaciones bancarias de Madrid Network al que ha tenido acceso elDiario.es atestigua la existencia de esos 15 pagos a Equipo Económico SL en un solo día. Se realizaron a través de una cuenta de la asociación en Cajasol, la caja sevillana que en 2012 se integró en Caixabank.

Respecto al porqué de la acumulación de pagos y sobre las fechas en que fueron facturadas esas cantidades por Equipo Económico SL no ha sido posible obtener respuesta de Madrid Network ni del abogado que representa a la empresa en la causa donde un juez de Tarragona investiga a Cristóbal Montoro y otras 27 personas por supuestamente favorecer con cambios legales a empresas del sector gasístico. En la lista de investigados no figura el antiguo consejero madrileño y exsecretario de Estado Antonio Beteta.

La suma de los dos contratos adjudicados por Madrid Network a Equipo Económico SL arroja la cuantía de 2.018.400 euros. Pero según un informe de la UCO incorporado al sumario del caso, Equipo Económico SL solo cobró de Madrid Network 1.863.025 euros. Y, a tenor del desglose que muestra el citado informe de la Guardia Civil, esos pagos se corresponden en exclusiva a facturas emitidas entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2011.

¿Le abonó Madrid Network los 402.584 euros por facturas fechadas en 2012 o se trata de pagos atrasados? En principio, y según expertos independientes consultados, la hipótesis con mayores visos de exactitud es la de que, por razones desconocidas, Madrid Network demoró hasta febrero de 2012 el desembolso de nada menos que casi medio millón correspondiente a facturas de años anteriores. Según los expertos sondeados, el llamado Modelo 347 –los importes comprometidos con un tercero a lo largo de un ejercicio siempre que estos superen los 3.006 euros– reflejan la cuantía de las facturas emitidas en esos 12 meses tanto si se han desembolsado como si el pago queda pospuesto.

El extracto que desvela los 15 pagos en un día a Equipo Económico fue remitido por el Gobierno regional a un antiguo diputado del PSOE en la legislatura 2011-2015, pero había pasado inadvertido hasta ahora. ¿Por qué? Porque entonces no se digitalizaban las respuestas a peticiones parlamentarias de información, de manera que de ese extracto bancario no queda rastro en la web de la Asamblea de Madrid.

Asesoramiento tributario a terceras empresas

La relación profesional entre Madrid Network y Equipo Económico SL comenzó el 15 de diciembre de 2008. Ese día, la asociación y la empresa -constituida por Cristóbal Montoro dos años antes y cuyas participaciones había vendido ya a su hermano- firmaron dos contratos de “arrendamiento de servicios”.

Uno de los contratos tenía por objeto la “creación, mantenimiento y dirección de un servicio de información y asesoramiento” sobre las “ventajas fiscales” de las empresas de I+D+i [Investigación, Desarrollo e innovación]. En resumen, asesoramiento tributario “especialmente dirigido a las empresas integradas en los parques y clusters de la Comunidad de Madrid” así como a “otras que la asociación decida”. Con tres años de duración, el importe a pagar por Madrid Network a Equipo Económico ascendía a 547.520 euros por anualidad (1.642.560 en total).

El segundo contrato, también previsto para tres años, engrosaría las cuentas de Equipo Económico con 125.280 euros cada ejercicio. En total, 375.840 euros. Aquí, el objeto se describía como “desarrollar cuantas actividades sean necesarias para una adecuada asesoría estratégica en materia de I+D+i”. El asesoramiento –se lee en el contrato– “podrá incluir propuestas de cambio normativo para la potenciación de I+D+i” en la Comunidad de Madrid. Equipo Económico debía asimismo enviar a la asociación “informes periódicos” sobre la situación de la economía y de la normativa tributaria.

La investigación judicial sobre Montoro y parte de su entorno arrancó en 2017 tras una denuncia anónima. La denuncia incluía en su relato la existencia de los dos contratos de Equipo Económico SL con Madrid Network. “Parece obvio [se lee en el texto] que el Sr. Beteta está trabajando como 'comercial' de la empresa fundada por su mentor político aprovechando el cargo público que ostenta”.

El caso Montoro podría ser uno de los mayores episodios de corrupción de la historia de la joven democracia española. El exministro de Hacienda está acusado de utilizar su despacho de abogados para cobrar cerca de diez millones de euros en comisiones de grandes empresas de gas y electricidad a cambio de normativas fiscales favorables. La investigación en curso aventura que el despacho, que escogió el aséptico e inexpresivo nombre de Equipo Económico, canalizó comisiones disfrazadas de informes de asesoramiento fiscal para desviar cincuenta millones de euros a distintos paraísos fiscales. A pesar de la gravedad del caso, apenas se habla de él en los medios y los jueces no parecen tener prisa. El procedimiento contra el exfiscal Álvaro García Ortiz discurrió con la rapidez de un monoplaza de la Escudería Ferrari, mientras que el caso de Montoro avanza con la lentitud de un tractor con el motor medio gripado. Mientras tanto, el exministro de Hacienda descansa plácidamente cada noche, como los ejecutivos de Los canallas duermen en paz, la famosa película de Akira Kurosawa estrenada en 1960. Cuando escalas la cima del poder con una poderosa red preparada para protegerte de cualquier traspiés, la sensación de impunidad no altera los ritmos circadianos. 

Montoro se parece extraordinariamente al Sr. Burns, el malvado propietario de la planta nuclear donde trabaja Homer Simpson. Su media sonrisa, sus manos de seminarista acostumbrado a sobar las cuentas de un rosario y su mirada burlona de sapo semienterrado en el fango producen los mismos escalofríos que el Nosferatu de Murnau, calvo, demacrado y con orejas puntiagudas. Los malos no suelen tener miedo, pues juegan con ventaja. En España, la separación de poderes solo es un subgénero de la literatura fantástica. La judicatura no oculta su simpatía por la derecha ni su inquina por la izquierda. De ahí que algunos investigados ahuequen su almohada cada noche con la tranquilidad del que no teme al futuro, pues saben que las togas de Mordor velan sus sueños. El poder de la Tierra Negra, un paisaje salpicado de volcanes, cenizas y extrañas criaturas, es invencible, providente y ubicuo. 

Lo cierto es que las togas de Sauron nunca se dan por vencidas. De ahí que la sección cuarta de la Audiencia de Valencia haya ordenado abrir juicio a Mónica Oltra en contra del criterio del juez y la Fiscalía. En cambio, la justicia ha pospuesto el juicio contra Alberto González Amador para después de las elecciones de 2027, alegando que no quiere interferir en las dinámicas electorales. Imagino que en Villa Quirón, la residencia de la feliz pareja compuesta por Isabel Díaz Ayuso y Alberto Burnet, secreto admirador de Lon Chaney, el hombre de las mil caras, las noches son sumamente tranquilas. Aunque Ayuso se ha convertido al catolicismo después de romper con su ateísmo de joven rebelde, no creo que vivir en pecado le obligue a recurrir a los hipnóticos para conciliar el sueño y su novio, un bigardo con la voz de Gracita Morales, seguramente duerme a pierna suelta, soñando que recorre las calles de Mónaco con su flamante Maserati. No sé si su mente a veces le juega malas pasadas y, así como algunos sufrimos la pesadilla recurrente de perder nuestras titulaciones por un suspenso retrospectivo, él se despierta bañado en sudor, pensando que vuelve a trabajar como un simple empleado de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana. Si es así, seguro que Ayuso le consuela, asegurándole que Miguel Ángel Rodríguez, su Luca Brasi particular, triturará a los periodistas que han sacado a luz su irresistible ascensión a la cúpula del imperio Quirón. 

Estoy convencido de que José María Aznar también duerme a pierna suelta. No sé si ha afeitado su bigotito de Charlot para borrar de su rostro esa expresión de villano de spaghetti-western, aficionado a disparar por la espalda. Ahora prefiere cultivar la imagen de hombre de negocios feliz y satisfecho. Es el ex presidente de España con un patrimonio más abultado y sigue despertando el fervor de los votantes de la derecha, que añoran su hiperliderazgo y su espíritu libre de complejos. Aznar no se avergüenza de su fervor juvenil por José Antonio Primo de Rivera ni de que 12 de los 14 ministros con los que formó gobierno en 2002 hayan sido imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales. Y nunca se ha planteado que cometió una vileza al implicar a España en la segunda invasión de Irak con el falso pretexto de las armas de destrucción masiva. Piensa que gracias a su colaboración con el amigo americano, España recobró el lugar que le correspondía en el mundo. La famosa fotografía de las Azores con George Bush y Tony Blair quizás le parece tan épica y admirable como el abrazo entre Franco y Eisenhower o el retrato ecuestre de Carlos V en Mühlberg pintado por Tiziano. Probablemente, considera que dejar correr el bulo de que el atentado del 11-M había sido obra de ETA no fue una maniobra perversa, sino un ejemplo de astucia política. Al igual que diplomático florentino que alcanzó la fama con El príncipe, un clásico sobre el arte de gobernar al margen de la ética, Aznar ha comprendido que “un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina”. 

Aznar, uno de sus hijos y su yerno han aparecido en los papeles de Epstein. Imagino que ese detalle no ha perturbado el sueño del expresidente, que solo necesita leer unas páginas de Roca Barea o Pío Moa para sumirse en un dulce descanso. Dudo que Pablo Iglesias e Irene Montero pasen unas noches tan reparadoras. Quizás todavía resuenan en sus cabezas los pitidos, caceroladas e insultos de la horda que durante meses rodeó su chalet de Galapagar, un hogar de clase media y no una mansión de lujo. Aquel episodio, con algo de asedio medieval, puso de manifiesto que en España los rojos y los “perro-flautas” no duermen en paz, sino sobresaltados por el temor de que Abogados Cristianos, HazteOír, Manos Limpias, el PP o Vox les pongan una querella por asociación ilícita, apropiación indebida, desobediencia, cohecho, financiación ilegal o supuestas cuentas en paraísos fiscales. Basadas en recortes de periódico o rumores, estas querellas no suelen prosperar, pero al menos no dejan dormir tranquilos a los políticos de izquierdas, las cabezas visibles de esa anti-España que abre las puertas a la invasión islámica, ayuda a materializar los planes de ETA o pervierte a los niños al incluir la diversidad sexual en los planes de estudio. 

La España Negra que retrató el pintor Gutiérrez Solana sigue viva y no ha cambiado de ropajes. Los obispos continúan ostentando sus mitras, los guardias civiles pasean sus tricornios en ceremonias y actos oficiales, los jueces se enorgullecen de sus puñetas, muchos periodistas siguen hundiendo sus manos en el fondo de reptiles y los políticos comparten mesa con banqueros, prebostes y aristócratas ociosos. Como las encuestas vaticinan un triunfo abrumador del tándem PP-Vox en las próximas elecciones, yo ya he comprado una caja de melatonina para poder dormir en la España distópica que se avecina, con hospitales colapsados, escuelas con telarañas y goteras, policías patrióticas y actos de afirmación nacional en la Plaza de Colón, con Toni Cantó como maestro de ceremonias y Mario Vaquerizo y sus Nancys rubias berreando el himno de la Legión con acordes de electropop y rock petardo.  

Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, ha tachado de “extravagante” y “desproporcionado” el último informe aportado por la Agencia Tributaria a la causa por remontarse a períodos “muy anteriores” a la presunta comisión de los delitos, informa Europa Press. 

En ese informe, la Agencia Tributaria eleva a casi un millón de euros los pagos de las empresas gasísticas a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, centro de una investigación por los cambios en las leyes que beneficiaban al sector después de que la consultora influyera en el Gobierno del Partido Popular. Hasta ahora, la cifra analizada de los pagos por la Guardia Civil era de 673.500 euros, pero el último informe de la Agencia Tributaria sitúa el total de los pagos de las gasísticas en 991.663,76 euros.

En un escrito, su representación critica que se hayan solicitado “doce años completos de información bancaria” —entre enero de 2008 y finales de 2019—, argumentando lo “irracional que supone remontarse a hace dieciocho años”. Y es que, apunta el escrito, “los distintos informes policiales sitúan en el último trimestre de 2013 las negociaciones y el acuerdo entre las empresas gasistas y Equipo Económico origen de los hechos investigados”.

“Siendo así, ¿puede cabalmente considerarse adecuado y proporcionado investigar operaciones bancarias realizadas cinco años antes de esa fecha? Si el delito se comete en 2014, fecha de los primeros pagos de las empresas gasísticas a cambio, supuestamente, de conseguir la reforma normativa deseada, ¿cómo puede considerarse necesario investigar las operaciones bancarias de los casi seis años anteriores a esos hechos?”, se pregunta.

Una causa “ingobernable”

Para Equipo Económico esto “no tiene ningún sentido, más allá de alimentar esa investigación prospectiva que se viene desarrollando, auspiciada por la Fiscalía y con la anuencia del instructor”. “En esa indagación prospectiva que se viene haciendo, se interesan cosas absurdas que lejos de servir para ayudar a la investigación pretenden hacer de ésta algo ingobernable”, añade.

En el citado informe, recogido por esta agencia de noticias, la Agencia Tributaria informó al juez de que las gasísticas habrían pagado 991.613 euros a Equipo Económico y que ha localizado “más de 150 cheques de origen desconocido por un importe superior a los 2 millones de euros” entre las cuentas del despacho.

Se indica que el importe total satisfecho por todas las gasísticas al despacho en el período que va de 2011 a 2019 ascendería a 846.413 euros, si bien precisa que hay otro pago investigado que “ascendería a 991.613 euros” esa cantidad.

También da cuenta de que Equipo Económico ingresó entre 2008 y 2013 35,5 millones de euros en más de 2.100 operaciones en las que se encuentran “las gasísticas investigadas”, así como otros pagadores, algunos de los cuales son “hasta ahora desconocidos”. Por ello, expone la “necesidad de ampliar la información facilitada” con el fin de “identificar” a esos pagadores.

El despacho recuerda que ya han pasado ocho años desde el inicio de la instrucción. “Y en ese peloteo continuo entre Mossos d'Esquadra y Unidad de Apoyo a la Fiscalía, nos encontramos ante un nuevo ejemplo de ese juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario de los hechos que se investigan, es una indagación prospectiva”, critica.

La Agencia Tributaria eleva a casi un millón de euros los pagos de las empresas gasísticas a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, centro de una investigación por los cambios en las leyes que beneficiaban al sector después de que la consultora influyera en el Gobierno del Partido Popular. Hasta ahora, la cifra analizada de los pagos por la Guardia Civil era de 673.500 euros, pero el último informe de la Agencia Tributaria, al que ha accedido elDiario.es, sitúa el total de los pagos de las gasísticas en 991.663,76 euros.

El informe también pone de manifiesto que Hacienda no ha podido acceder a las cuentas del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro dentro de la investigación judicial por el caso de corrupción relacionado con el despacho que fundó, Equipo Económico, y la modificación de leyes a favor del sector gasístico que lo contrató. “No se han facilitado las cuentas bancarias en las que consta como titular o autorizado, sometiéndose a su consideración la conveniencia de su obtención”, recoge el informe de la AEAT, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los inspectores de Hacienda sospechan que Ricardo Montoro, el hermano del exministro, habría recibido transferencias de los clientes de Equipo Económico que equivalen a un 2,1% de la participación en Equipo Económico que habría quedado huérfana tras su salida del despacho, por lo que sospechan que encubriría un pago que ya no le correspondía.

El juez dictó el pasado junio un auto de levantamiento del secreto en el que revelaba que Cristóbal Montoro y nueve de los altos cargos de su Ministerio, relacionados en algún momento con Equipo Económico, son investigados por siete delitos relacionados con modificar dos leyes para beneficiar a las empresas gasísticas a cambio de que estas contrataran a la consultora fundada por Montoro.

Como ha venido ocurriendo durante la instrucción, el trabajo de la Agencia Tributaria, en este caso, y de los Mossos d'Esquadra va más allá de las conclusiones de la Guardia Civil, que exoneraron a los investigados en cuanto al destino último de los fondos inyectados por las gasísticas al despacho. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, se quejó a su jefe, Alejandro Luzón, tanto de la falta de apoyo de este a su investigación como de la pasividad de los agentes de la UCO, tal y como reveló elDiario.es.

En el presente informe de la Agencia Tributaria, por ejemplo, se pone de manifiesto que la información con la que han podido trabajar sus inspectores se desprende “la existencia de cajas de seguridad, de inversiones financieras en las que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen y/o beneficiario último se desconoce, lo cual restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado”.

La instrucción judicial se prolonga durante más de siete y ha permanecido bajo secreto casi todo ese tiempo. Un juzgado de Tarragona ha tenido que hacerse cargo de la investigación después de que los indicios que dieron pie al caso afloraran en otra investigación de los Mossos d'Esquadra. En los próximos meses la causa vivirá un episodio clave con la resolución de la Audiencia Provincial a la avalancha de recursos que las defensas han presentado contra la instrucción del juez Rubén Rus. Cristóbal Montoro defiende que se desvinculó del despacho antes de que se produjera el contrato con las gasísticas, que obtuvieron beneficios durante su segunda etapa en el Ministerio de Hacienda.

En su último informe, la Agencia Tributaria insiste en la tesis que ha movido la investigación acerca de que el trabajo de Equipo Económico no fue realmente el que se declaró de asesoría, algo que hizo una consultora internacional realmente. “El despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las 'autoridades implicadas' como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.

El juez del caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha acordado una prórroga de seis meses en la instrucción del caso Montoro y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona explica que aún no ha citado como investigado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular y al resto de imputados porque la avalancha de recursos de las defensas, una vez levantó el secreto del sumario el pasado verano, ha ralentizado la instrucción.

Como recuerda el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, las actuaciones investigan hechos que podrían ser constitutivos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. “La investigación, sumamente compleja, ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes”, escribe Rus Vela.

La batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción, y acordadas por el juez, van encaminadas a indagar en la estructura, titularidad real y flujos económicos de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas. Reclama, por ejemplo, hojas registrales completas y las cuentas anuales desde 2008. La Fiscalía también reclama la “documentación” que acredite la prestación de servicios por parte de Equipo Económico o su heredera Global Afteli a las empresas gasísticas que están en el epicentro de la trama, así como copias de los contratos, facturas emitidas y documentos de pago.

La consultora Equipo Económico fue fundada en 2006 por Cristóbal Montoro en el periodo en el que dejó de ser ministro de Hacienda con José María Aznar y volvió a ejercer el cargo con Mariano Rajoy. En ese segundo periodo es cuando se produjeron las modificaciones legislativas referidas, con un trasiego de colaboradores de Montoro saltando de la consultora al Gobierno y viceversa. El ex ministro defiende que él no se benefició de los pagos a Equipo Económico por la patronal gasística porque ya no tenía vinculación con la consultora.

El juez explica que “en estos momentos” se está a la espera de que todas las partes personadas “queden plenamente instruidas en el contenido de las actuaciones, habiéndose otorgado plazos extraordinarios para interponer recursos”. “El levantamiento del secreto de las actuaciones –advierte el instructor– ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos”.

Por esta razón, además de retrasarse las citaciones se han pospuesto las decisiones respecto de las prácticas de diligencias solicitadas. Estas peticiones, que han de ser resueltos, aconsejan la prórroga dictada, añade Rus Vela. El magistrado recuerda que está pendiente de recibir un informe de la Agencia Tributaria. La causa contra Cristóbal Montoro y sus colaboradores arrancó en 2018 y permaneció secreta hasta el pasado verano de 2025, lo que ha provocado las peticiones de nulidad de las defensas, que alegan indefensión.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una batería de diligencias “para avanzar” en la causa contra el exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro, un caso que sigue pendiente de la decisión que adopte la Audiencia de Tarragona sobre la marea de recursos presentados por las defensas tras levantarse el secreto del sumario. Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro, está el epicentro de una supuesta trama corrupta acusada de beneficiar a empresas a cambio de dinero. 

En un escrito, la fiscal Carmen García Cerdá ha solicitado información mercantil y societaria del despacho Equipo Económico, de Montoro y de algunos de sus colaboradores que están también siendo investigados, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. En otro escrito, la representante del Ministerio Público también reclama al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que prorrogue seis meses más la investigación. 

La batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción van encaminadas a indagar en la estructura, titularidad real y flujos económicos de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas. Reclama, por ejemplo, hojas registrales completas y las cuentas anuales desde 2008. La Fiscalía también reclama la “documentación” que acredite la prestación de servicios por parte de Equipo Económico o su heredera Global Afteli a las empresas gasísticas que están en el epicentro de la trama, así como copias de los contratos, facturas emitidas y documentos de pago.

“Actuaciones graves de corrupción”

En otro escrito reciente, la fiscal del caso se opuso a que la causa sea archivada y, sobre la acusación de que el procedimiento responde a intereses espurios, García Cerdá contestó que lo que se investiga son “actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología política alguna”.

Por su parte, los abogados contratados por la treintena de imputados alegan varios motivos para el archivo de la causa de corrupción. Los principales son el “hallazgo casual” de la prueba que dio origen a la investigación, la falta de competencia del juez de Tarragona para investigar los hechos y el prolongado periodo que ha permanecido la causa bajo secreto.

El grupo socialista en el Parlamento gallego ha presentado una iniciativa para exigir a la Xunta explicaciones por la “opacidad” y “falta de transparencia” en las contrataciones realizadas “a dedo” durante la presidencia de Alberto Núñez Feijóo con Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro e investigado por supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En un comunicado, la diputada Patricia Iglesias recuerda que el gobierno gallego firmó trece contratos con este despacho entre los años 2009 y 2011 por un importe global de 172.838 euros, sin que hasta el momento facilitasen información “completa, ordenada y verificable sobre su contido, utilidad real y justificación administrativa”.

El PSdeG sólo pudo acceder, el pasado 12 de septiembre, a los expedientes de contratación donde constataron “hechos de especial gravedad institucional”. Entre ellos, Iglesias enumera informes “en forma de simples borradores, sin firma ni fecha”, documentos en los que no se identifica al responsable y materiales “de carácter general” que se limitan a reproducir normativa fiscal estatal, “sin adaptarla a las competencias propias de la comunidad autónoma”.

Un powerpoint sin conclusiones sobre las cajas

En la documentación figura también un archivo, “un mero powerpoint”, relativo a la fusion de las cajas de ahorros gallegas, pero “sin conclusiones técnicas ni recomendaciones finales”. Aún así, la diputada señala que fue usado “como soporte político para una de las decisiones económicas más trascendentes de la historia reciente de Galicia”.

Aquella fusión impulsada desde la Xunta por Feijóo y su conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, acabó en desastre: la entidad resultanda, Novagalicia Banco, fue rescatada con una inyección de 9.000 millones de euros de fondos públicos y sus directivos acabaron en la cárcel. La venta a su actual propietario, Juan Carlos Escotet, que la convirtió en Abanca, tan sólo permitió recuperar 1.000 millones, menos de los que la entidad ganó en su primer ejercicio. Cuando eso sucedió, Fernández Currás era ya la número dos del propio Montoro en el ministerio de Hacienda.

El mismo 12 de septiembre en que accedieron a los expedientes, los socialistas solicitaron formalmente copia íntegra de todos los contratos menores adjudicados a Equipo Económico, así como de los informes finales asociados a cada uno de ellos. Este viernes, la documentación seguía sin ser remitida, “incumpliendo los principios de transparencia, colaboración parlamentaria y control democrático de la acción del Gobierno”.

El PSdeG insta ahora a la Xunta a entregar “de manera inmediata” toda esa documentación pendiente y a “explicar los criterios seguidos para la adjudicación reiterada” a ese despacho. Reclaman, también, revisar los procedimientos internos de contratación, “especialmente en el ámbito de los contratos menores”, para garantizar la trazabilidad documental, evitar la fragmentación indebida y reforzar los mecanismos de control y fiscalización.

El Gobierno ha batido el récord de prórrogas en las cuentas públicas que hasta ahora tenían los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que firmó Cristóbal Montoro, el antaño todopoderoso ministro de Hacienda –ahora caído en desgracia– en el Gobierno de Mariano Rajoy, que estuvieron en vigor 912 días, del 3 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

La tramitación de esas cuentas ya fue heterodoxa: el Gobierno que los presentó cayó en una moción de censura solo una semana después de aprobarlos en el Congreso y tuvo que ser la entonces nueva titular del ramo, María Jesús Montero, quien los defendiera en la Cámara baja a su vuelta del Senado. La ley la firmó Pedro Sánchez, que apenas llevaba un mes en La Moncloa, y tuvo que asumir las cuentas de su predecesor.

Casi ocho años después de que se aprobara la Ley fundamental de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a enfrentarse a una situación inédita en democracia. Con una tercera prórroga, independientemente de que el Gobierno apruebe unas cuentas en el primer trimestre, los Presupuestos de Montero ya superan a los de Montoro en longevidad: 1.097 días, hasta el 1 de enero de 2026. Y los que queden, si finalmente el próximo año no hay elecciones generales y la mayoría de la investidura, con Podemos y Junts dentro, no se convierte en mayoría presupuestaria.

Hacienda arrancó los trámites para esta nueva prórroga, que en el Gobierno confían en que sea ‘técnica’, en el último Consejo de Ministros de 2025. En él, se aprobó un acuerdo con los criterios con los que se efectuará esa extensión de las Cuentas al ejercicio 2026 y también se ordenó a las diferentes carteras que adapten los créditos vinculados a los fondos europeos al último año de vigencia del Plan de Recuperación, antes de incurrir en nuevos gastos financiados con este ‘maná europeo’.

El Ejecutivo mantiene sus planes de presentar el proyecto de PGE para 2026 en el primer trimestre del año. Cuando aprobó el techo de gasto y la senda de déficit para el borrador de Presupuestos, la vicepresidenta Montero señaló como fecha para hacerlo el próximo mes de febrero. Pero las últimas declaraciones públicas del Ejecutivo se refieren exclusivamente a los tres primeros meses de 2026. Esto deja la fecha abierta hasta marzo. Mientras, el Ejecutivo espera una resolución por parte del Tribunal Constitucional sobre la amnistía que permita el regreso de Carles Puigdemont a España y de Junts a la mayoría de la investidura.

Ni en 2024 ni en 2025, pero sí en 2026

El presidente del Gobierno volvió de las vacaciones de verano con la convicción renovada de presentar unos Presupuestos sí o sí, aunque estuvieran condenados al fracaso en el Congreso. Y avanzó que ni siquiera el naufragio de este proyecto supondría el fin abrupto de la legislatura y el adelanto electoral, como sí sucedió en 2019.

En 2024, los comicios en Catalunya hicieron que La Moncloa abortase los planes de aprobar unas Cuentas públicas. Ya había presentado una senda de déficit que, si bien recibió el apoyo del Congreso, vetó el PP en el Senado. Después de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para saltarse a la Cámara Alta, el Gobierno volvió a ver sus objetivos de estabilidad rechazados. Esta vez en el Congreso, tras el rechazo de Junts. El Gobierno se abstuvo de presentar un proyecto.

De cara al nuevo año, el Ministerio de Hacienda ha ido quemando etapas en la tramitación presupuestaria, tanteando el terreno con los socios de investidura. Aprobó un techo de gasto récord con 212.026 millones, un 8,5% más que el diseñado para 2025. Y presentó unos objetivos de estabilidad para el próximo trienio que daban 5.500 millones de margen de gasto adicional a las comunidades autónomas, al permitirles un desfase del 0,1% del producto interior bruto (PIB) durante sus tres años de vigencia.

El Gobierno planteó una reducción del déficit –la diferencia entre ingresos y gastos públicos– al 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028, tal y como se acordó con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las nuevas reglas fiscales europeas. El Ejecutivo asumió toda la corrección del desvío presupuestario, permitiendo a comunidades autónomas y entidades locales mayor margen en sus cuentas públicas. Pero esta senda de estabilidad también la tumbó en dos ocasiones el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención de Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto.

Los dos rechazos dan vía libre al Gobierno para redactar los Presupuestos y la vicepresidenta Montero ya reconoce los contactos con los grupos parlamentarios. De hecho, aseguró en una entrevista el día de Navidad que estaban “elaborados”. Serán las últimas cuentas con su firma, toda vez que tendrá que dejar el Gobierno para concurrir como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en unas elecciones previstas para junio.

Oxígeno a las prórrogas

El Gobierno no solo ha podido sobrevivir dos años sin unos Presupuestos en vigor, sino que el margen le ha permitido seguir incurriendo en importantes medidas de gasto como la revalorización de las pensiones, la subida de salarios de los funcionarios o el aumento del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB. 

Esto es gracias a la recaudación récord (hasta noviembre el Estado ya captó más de 300.000 millones de euros) y a una previsión legal incluida en todos los Presupuestos desde 2021, que permite al Gobierno mover créditos entre secciones de los PGE mediante un acuerdo del Consejo de Ministros y sin pasar por el Congreso.

Este mecanismo se incluyó para dar flexibilidad a la ejecución de los fondos europeos, pero han dado oxígeno al Gobierno para poder adaptar las cuentas públicas de 2023 durante tres ejercicios. Según los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados el pasado lunes, hasta noviembre el Gobierno ha aprobado modificaciones de crédito por valor de 75.446 millones.

La prórroga presupuestaria que arranca este 1 de enero no preocupa en La Moncloa. “Presupuestos pueden ser muchos, pero hay presupuestos que llevan recortes y hay presupuestos prorrogados que profundizan en la cohesión social. No es lo mismo cualquier tipo de presupuesto. Tener unos presupuestos prorrogados tan positivos nos permite esa cohesión social”, defendió el lunes la nueva portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, en una entrevista en SER.

Sin embargo, voces relevantes como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el ‘pepito grillo’ de las cuentas públicas, ya advierten de los efectos de no tener unos PGE actualizados. “A medida que pasa el tiempo, el presupuesto cada vez se adecúa peor a la realidad económica. El primer año, 2024, se pudo hacer uso de los márgenes que ofrecían partidas que se habrían presupuestado con cierta holgura en 2023. En 2025 estas holguras van desapareciendo y surgen, además, nuevas necesidades”, apunta la Autoridad Fiscal en un informe colgado en su página web. Por ejemplo, cada vez hay menos partidas sin gastar con las que engordar el gasto en Defensa, que irá creciendo año a año conforme lo haga también el tamaño de la economía española.

Antes de que el Congreso avalara las cuentas que definitivamente derogaron las de 2018, en diciembre de 2020, el exministro Montoro hacía esta reflexión en una entrevista para la web de laSexta: “No hay nada eterno. Los presupuestos del 18 han tenido una trayectoria muy larga, excepcionalmente larga, y eso lo que muestra es la calidad de los mismos”. Las cuentas de María Jesús Montero, aprobadas en 2022, ya hace tiempo que los superaron. La duda ahora es si a la tercera prórroga, va la vencida.

La negativa de la Mesa a permitir la investigación sobre Madrid Network es el último episodio de una dinámica que limita de forma sistemática la labor de la oposición. Convertir un órgano administrativo en un muro político empobrece el debate público y debilita la transparencia que la ciudadanía tiene derecho a exigir.

En un parlamento democrático, la función de la oposición no es accesoria. Es un elemento esencial del equilibrio institucional: vigila, cuestiona y exige rendición de cuentas. Esa función se sostiene en reglas claras. Cuando esas reglas se alteran y los mecanismos de control se bloquean desde dentro, el deterioro no es solo político: es democrático. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea de Madrid.

La decisión de la Mesa —con mayoría elegida a propuesta del Grupo Popular— de impedir la tramitación de la Comisión de Investigación sobre Madrid Network, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, representa mucho más que un desacuerdo procedimental. Refleja una tendencia preocupante: la utilización de la Mesa como instrumento para limitar el ejercicio legítimo de la oposición.

Cabe recordar que Madrid Network es una asociación público-privada creada en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre que, bajo el paraguas de la innovación, ha operado durante años como una estructura opaca vinculada al poder político madrileño. Gestionó en 2010 un préstamo estatal de 80 millones de euros para I+D+i, transferido desde la Comunidad de Madrid, destinando, siendo Antonio Beteta exconsejero de la Comunidad su presidente, 1,8 millones a Equipo Económico, la empresa vinculada al exministro Cristóbal Montoro y señalada en un escándalo judicial por contratos y pagos de dudosa justificación. Según la Cámara de Cuentas, desde 2018 no paga sus cuotas de devolución; mientras tanto ha recibido nuevas subvenciones del Gobierno de Ayuso, en tiempos también empleada de Madrid Network, por más de 300.000 euros. Todo esto ha obligado a la Comunidad a cubrir con dinero público, o sea, con dinero de todos los madrileños, lo que debía afrontar esa asociación. El resultado es que ya se han desembolsado más de 51,8 millones hasta 2023, y si sumamos 2024 y 2025 la cifra se acerca a 70 millones.

El recurso de amparo que hemos presentado se apoya en un principio básico recogido en el artículo 23 de la Constitución: los diputados tienen derecho a ejercer su labor en condiciones de igualdad. Ese derecho incluye promover iniciativas de control como las comisiones de investigación, una herramienta común en cualquier parlamento europeo. Es un derecho constitucional, no una concesión.

La solicitud presentada cumplía todos los requisitos formales exigidos por el Reglamento: apoyo suficiente, objeto definido, alcance delimitado y reglas de funcionamiento. La Mesa solo debía verificar esos elementos y permitir su tramitación. No lo hizo. Optó por asumir un juicio político que no le corresponde.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es inequívoca. Desde la sentencia 88/2012 —dictada, además, en un caso prácticamente idéntico en esta Cámara— el alto tribunal sostiene que las Mesas parlamentarias no pueden vetar debates por razones de oportunidad política. Su función es administrativa, no decisoria. La valoración política pertenece al Pleno.

Que la Mesa haya reincidido en esta práctica obliga a reaccionar. Las reglas están para cumplirse, no para reinterpretarse según conveniencia.

El caso de Madrid Network no es una excepción. Durante esta legislatura, la Mesa ha impedido o retrasado diversas iniciativas de control presentadas por los grupos de la oposición. A modo indicativo: preguntas rechazadas por supuestos defectos inexistentes; comparecencias sobre gestión sanitaria, residencias o ejecución presupuestaria bloqueadas durante meses; peticiones de documentación sometidas a dilaciones incompatibles con la función de control; o debates de impulso inadmitidos con argumentos que exceden el marco estrictamente formal.

La suma de estos episodios no responde a un problema técnico, sino a una determinada concepción del poder parlamentario: un espacio donde la mayoría controla no solo lo que se decide, sino también lo que puede discutirse. Ese enfoque reduce el papel de la oposición, empobrece el debate público y debilita la institución.

El Parlamento es, ante todo, un espacio de deliberación. Cuando un órgano interno decide qué asuntos pueden llegar al Pleno y cuáles no, se produce una inversión inquietante del orden democrático: la Mesa sustituye al debate y la mayoría parlamentaria sustituye a las reglas.

Ese desplazamiento no afecta solo al Grupo Socialista. Afecta al conjunto de la ciudadanía, que tiene derecho a que temas de relevancia pública —como la relación del Gobierno regional con una entidad como Madrid Network— puedan discutirse, explicarse y, si es necesario, investigarse.

Un Parlamento no puede permitirse convertir la excepción en norma.

El recurso que presentamos ante el Tribunal Constitucional no busca abrir una batalla institucional, sino restablecer un funcionamiento que nunca debería haberse alterado. Defiende no un trámite, sino un principio: que el control parlamentario corresponde al Pleno y a los grupos, no a la discrecionalidad de un órgano administrativo.

Se trata, en última instancia, de garantizar que el Parlamento madrileño conserve su papel como espacio de transparencia y rendición de cuentas. Porque una Asamblea que limita el control se limita a sí misma. Y una democracia que normaliza los vetos corre el riesgo de habituarse a la opacidad.

El futuro de la causa contra el exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro sigue pendiente de la decisión que adopte la Audiencia Provincial de Tarragona sobre la marea de recursos presentados por las defensas tras levantarse el secreto del sumario. En un nuevo escrito, la fiscal del caso se opone a que la causa sea archivada y, sobre la acusación de que el procedimiento responde a intereses espurios, Carmen García Cerdá contesta que lo que se investiga son “actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología política alguna”.

Los abogados contratados por la treintena de imputados alegan varios motivos para el archivo de la causa de corrupción. Los principales son el “hallazgo casual” de la prueba que dio origen a la investigación, la falta de competencia del juez de Tarragona para investigar los hechos y el prolongado periodo que ha permanecido la causa bajo secreto.

Las defensas acusan incluso al magistrado de oscuras intenciones al “atribuirse el conocimiento de unos hechos, evidentemente de notorio cariz político y especial relevancia mediática”. Algunos abogados han llegado a acusarle en sus escritos de que tiene “especial interés en alejar el procedimiento de terceras personas por todos los medios”. La fiscal les reta a que precisen a quién o quienes se refieren.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, García Cerdá afirma: “Es necesario dejar claro y sentado desde este momento que determinados corres electrónicos intervenidos en las diligencias previas 220/2017 que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasísticas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna”.

En octubre de 2017, un grupo de investigación local de los Mossos d’Esquadra en Tarragona investigaba un presunto delito urbanístico relacionado con la construcción y posterior ampliación de una planta de fraccionamiento de aire en El Morell, propiedad de la empresa Messer. En el registro ordenado por el juzgado, los agentes clonaron el contenido de los ordenadores. Al revisar todo el material incautado encontraron un intercambio de correos entre dos directivos que abrirían una nueva línea de investigación. Los Mossos de Tarragona dieron traslado a sus compañeros de Anticorrupción y en abril de 2018 estos presentaron un atestado al juzgado. 

En ese informe se recogía cómo en diciembre de 2013 los dos directivos de Messer Ibérica de Gases S.A. se habían intercambiado seis correos bajo el epígrafe “Oferta de EQUIPO ECONÓMICO”. En uno de correos, Rubén Folgado explica a Karl Hauck que se ha servido de su puesto directivo en la asociación que representa a las empresas químicas de Tarragona para contactar con “parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid” lo que considera “una discriminación” contra el sector gasístico, aunque advierte de que esa vía “llevará tiempo”. Y entonces añade: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”.

Las empresas del lobby gasístico no habían conseguido ser incluidas en una ley, adaptación de una normativa comunitaria, para que aquellas cuyo consumo eléctrico suponía más del 50% del coste del producto fueran beneficiadas con una exención de impuestos del 85%. La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) no se dio por vencida y recurrió a Equipo Económico, el despacho creado por Montoro en 2006 y del que el titular de Hacienda se había presuntamente desvinculado. En pocos meses cambió su suerte y la ley 28/2014 incluyó finalmente que las gasísticas se beneficiaran de la citada exención. Con posterioridad conseguirían una intervención en los Presupuestos Generales del Estado, igualmente a favor de los intereses del lobby.

La defensa del despacho Equipo Económico alega que Montoro ya no tenía nada que ver con la asesoría y que, de hecho, esta había cambiado de nombre. La fiscal García Cerdá invita al despacho a que entregue las escrituras registrales que todavía no se han podido recabar. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, Rubén Rus Vela, atribuye indiciariamente a Montoro y el resto de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos

Equipo Económico también alega que cobró por hacer un trabajo de asesoría jurídica que la investigación indica que nunca hizo, recayendo esa tarea realmente en Ernst & Young. “Los propios correos intervenidos evidencian que toda la información requerida la trabajaba la sociedad Ernst & Young S.L. y, posteriormente, Equipo Económico hacía suyo el informe para interceder ante los funcionarios del Ministerio de Hacienda, cobrando por ello”.

El despacho alega igualmente que nunca pagó una retribución, comisión o dádiva a funcionarios para que beneficiaran a las gasísticas. Equipo Económico se basa en un informe de la Guardia Civil que no encuentra flujos de fondos hacia las cuentas de los sospechosos. De nuevo, como ya hiciera en un documento interno de Anticorrupción desvelado por elDiario.es, la fiscal se queja del trabajo realizado por la Unidad Central Operativa y, concretamente, por el Departamento que dirige el teniente coronel Antonio Balas.

Pasividad de la UCO

El informe policial, afirma la fiscal, solo incluye el análisis realizado a 10 cuentas bancarias de “entre las más de 200 que fueron entregadas”. “Ninguna conclusión puede extraerse del mismo”, añade García Cerdá. Además, alega la fiscal, la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria “no ha terminado el análisis de las cuentas bancarias aportadas a la causa”, algo que sigue investigando por orden directa del magistrado. 

La fiscal ya se había quejado de que la UCO, al igual que sus jefes en Anticorrupción, no tenían interés por la línea que indicaba la utilización por Montoro y su equipo de datos fiscales confidenciales para atacar a adversarios políticos y rivales personales. “Los miembros de nuestra Unidad de Apoyo de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Teniente Coronel Antonio Balas y el Comandante del grupo, no quieren hacer nada, desconozco los verdaderos motivos de esta decisión”, se quejaba la fiscal en una nota interna. A falta de lo que decida la Audiencia Provincial de Tarragona, respecto a los recursos presentados por algunos perjudicados por la actuación de la brigada política de Montoro, esas maniobras han quedado por ahora fuera de la investigación judicial.

García Cerdá recuerda que la Agencia Tributaria ha encontrado pagos de Equipo Económico a Miguel Ferre Navarrete en 2008 y 2009, en el periodo del Gobierno socialista, justo el que media entre sus responsabilidades en el Ministerio de Hacienda con los Gobiernos de Aznar y Rajoy. Igual ocurre con Santiago Menéndez, quien llegó a director de la Agencia Tributaria, y que cobró de la consultora en 2010 y 2011, estando fuera del Gobierno y antes de que fuera contratada por las gasísticas. 

En su nuevo escrito, la Fiscalía apunta que los informes de los Mossos d’Esquadra y de la Agencia Tributaria “constatan la indiciaria existencia de una organización”, así como “los pagos efectuados por las empresas gasistas a Equipo Económico, previos a cada actuación administrativo de favor”. 

Las defensas alegan que la causa ha estado bajo secreto siete años, a lo que la Fiscalía replica recordando “las dificultades para obtener la información requerida, precisando su resultado de la reiteración del requerimiento”. Tampoco los bancos han colaborado, añade la fiscal, “al no atender alguna de ellas en todos los términos interesados la petición de cuentas de los investigados”.

“Nos llama la atención que la única finalidad que se persiga con la presentación de ingentes escritos y recursos por las partes no sea la averiguación de la verdad, la petición de diligencias para práctica de prueba de descargo, etc… sino conseguir la nulidad de unas actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales”, escribe la fiscal.

El próximo hito en la instrucción del caso contra Cristóbal Montoro y la consultora que él fundó, Despacho Económico, será la resolución del juez respecto a la avalancha de recursos que las defensas presentaron en el Juzgado de Tarragona después de que se levantara el secreto del sumario y trascendieran las imputaciones. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que rechaza la nulidad de la causa que pretendía la consultora porque la incautación de los correos electrónicos que advirtieron de los posibles delitos se produjo, defiende el Ministerio Público, de acuerdo a la legalidad.

Equipo Económico había presentado un escrito en el que denunciaba una supuesta dilación entre el “hallazgo casual” de los correos y el traslado de esa información por los Mossos d'Esquadra a la autoridad judicial. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, explica en su escrito al juzgado que el contenido presuntamente delictivo de esos mensajes fue trasladado al juez en cuanto se accedió a su contenido, que no fue en el momento exacto en el que se incautaron en una planta gasística de Tarragona.

Los agentes investigaban un presunto delito urbanístico relacionado con la construcción y posterior ampliación de una planta de fraccionamiento de aire en El Morell y el 18 de octubre de 2017pidieron al juez que les autorizase la entrada y registro de dos sedes de la empresa Messer. Con ese auto del juez registraron la empresa y se llevaron toda la documentación, tanto física como en dispositivos electrónicos, que encontraron. Al ponerse a analizarla encontraron un intercambio de correos entre dos directivos de la compañía que apuntaba a un delito de corrupción.

El intercambio databa de diciembre de 2013, cuando dos directivos de Messer Ibérica de Gases S.A. intercambian una serie de correos con el asunto “Oferta de EQUIPO ECONÓMICO”. En uno de ellos, Rubén Folgado explica a Karl Hauck que se ha servido de su puesto directivo en la asociación que representa a las empresas químicas de Tarragona para contactar con “parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid” lo que considera “una discriminación” contra el sector gasístico, aunque advierte de que esa vía “llevará tiempo”. Y entonces añade: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”.

La fiscal alega que el recurso de Equipo Económico “ignora que no fue advertido en el momento del volcado del material informático, sino tras el análisis de dicho material”. “Por ello –continúa– difícilmente podía Mossos d'Esquadra comunicar su existencia en la práctica de la diligencia de entrada y registro”. Y remata: “Difícilmente se puede poner en conocimiento del juez algo que no se conoce todavía”.

El juez atribuye a Montoro y al resto de los investigados los delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos sin perjudicio de que estos se amplíen.

La decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de mantener ocultas contra viento y marea las cuentas de Madrid Network acaba de derrumbarse en el Tribunal Supremo. Con un auto fechado el pasado día 8 y al que ha tenido acceso elDiario.es, el alto tribunal obliga al Gobierno madrileño a facilitar las memorias anuales de la entidad público-privada a la que la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, transfirió en 2011 nada menos que los 80 millones de un préstamo a bajo interés recién concedido entonces por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid. Los impagos de las cuotas de devolución del préstamo por parte de Madrid Network ya le han costado al erario madrileño más de 50 millones.

A través del auto del pasado día 8, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal inadmite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia dictada en abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que ordenaba al equipo de Ayuso facilitar las memorias de la asociación Madrid Network a un ciudadano que las había solicitado a través del portal de transparencia. Al inadmitir el recurso de casación planteado, el Supremo convierte en firme la sentencia del TSJM.

Para mantener bajo secreto las cuentas de una asociación opaca que por servicios aún desconocidos pagó 1,8 millones a la empresa fundada por el exministro Cristóbal Montoro y para la que hasta lograr un escaño en 2011 había trabajado Ayuso, el Gobierno regional ha venido argumentando lo siguiente: divulgar esos documentos “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”. La asociación repartió de forma discrecional el dinero público del préstamo transferido por Aguirre. Y lo hizo entre empresas de las que solo ha trascendido la identidad de algunas, tres de ellas vinculadas a antiguos altos cargos del PP. Los préstamos a esas tres mercantiles resultaron fallidos.

Ahora, y en la misma línea que el TSJM, el Supremo subraya que, si bien la ley permite de forma excepcional esquivar la Ley de Transparencia cuando la información pública puede causar serios perjuicios a una empresa, en este caso la Comunidad de Madrid no ha explicado en ningún momento por qué se aferra a tal argumento: “Tales argumentos han de ser invocados y acreditados por la entidad que los alega, sin que valga una genérica afirmación sobre eventuales quebrantos sin una cumplida justificación sobre la incidencia y los peligros concretos y determinados que el acceso a una información específica generaría en el funcionamiento y actividad comercial y económica de la empresa”. Y además –agrega el auto a renglón seguido–, para que tales perjuicios cierren la puerta de la transparencia “han de ser relevantes y han de ponderarse en relación a los intereses en juego (interés público e intereses particulares), ya se trata de obstaculizar el total acceso a la información como en los casos de limitaciones parciales”.

El convenio en virtud del cual Aguirre le traspasó aquellos 80 millones estipulaba que debía pagar cada año a la Comunidad de Madrid la cuota de devolución del préstamo –unos 9 millones– para que, a su vez, esta se la abonara al Ministerio de Ciencia. Pero tal como señaló la Cámara de Cuentas en su informe sobre 2023, los impagos constantes de la asociación ya habían forzado al cierre de ese ejercicio a cubrir con fondos del presupuesto autonómico el agujero de 51,89 millones provocado por los incumplimientos de la asociación. A día de hoy, no es posible cuantificar cuánto ha crecido lo adeudado.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba Castroverde, pone el acento en que no cabe recurso de casación dada la falta de justificación del supuesto daño que difundir las memorias de Madrid Network infligiría a las empresas que deben aparecer en ellas por sus relaciones con la asociación: “Y lo que sucede en este caso en el que la Sala [la del TSJM que dictó la sentencia de abril] concluye que la Comunidad de Madrid no justificó suficientemente qué datos o extremos de las memorias solicitadas pueden ser susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades, ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales, frente a lo que alega la Comunidad de Madrid que dicha justificación se encontraba en la resolución de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, lo que evidencia que la cuestión no se refiere en realidad a la indagación de la hermenéutica [interpretación de textos] del precepto que se aduce infringido, sino únicamente a determinar su aplicabilidad al caso concreto, planteando una cuestión que se circunscribe a la valoración casuística de las circunstancias concretas de este pleito, que como tales no revisten un especial interés casacional, razón por la que el recurso debe ser inadmitido a trámite” .

Aunque el auto lleva fecha del 8 de octubre, el pasado lunes –día 20–, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, se zafó en rueda de prensa de una pregunta sobre Madrid Network y el veto a las iniciativas parlamentarias que al respecto ha ido presentando la oposición. “Sobre Madrid Network -respondió Díaz-Pache-, lo que le puedo decir es que es un asunto que está judicializado y, además, judicializado desde hace varias legislaturas”. A partir de ahí, el diputado lanzó una afirmación inesperada: que “este asunto no es competencia del Gobierno actual de la Comunidad de Madrid y por tanto el Gobierno actual de la Comunidad de Madrid no tiene que rendir cuentas de la actuación de otros Gobiernos”.

Las reacciones

Este miércoles, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que aún no tiene “conocimiento” de la resolución del Supremo, informa Europa Press. En cualquier caso acatamos todas y cada una de las resoluciones judiciales como no puede ser de otra manera“, ha garantizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Además, ha defendido que el motivo que tenían para no entregar esas memorias era una cuestión de ”protección de datos de personas e instituciones que estaban en esos expedientes“, pero que al haber ahora ”una resolución que aclara esa cuestión“ no tendrán ”ningún problema en poder facilitar la información que obre“ en su poder.

García Martín ha insistido en que es una asociación privada y que se le ha reclamado “todos y cada uno de los préstamos” y de las “cantidades que en este momento” adeudaría al Ejecutivo autonómico. “Estamos siendo claros, estamos siendo contundentes y estamos siendo absolutamente transparentes”, ha zanjado.

Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que Madrid Network es “la línea de puntos que une la etapa corrupta de Esperanza Aguirre con los orígenes políticos” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “trabajó ahí colocada por su mentora y todavía no ha explicado a qué se dedicaba cuando estaba en nómina de ese chiringuito”. “Lo de las subvenciones es un agujero negro, un desfalco que nos ha costado al menos 50 millones de euros y que tiene toda la pinta de haber ido a parar a los bolsillos de amigos y amiguísimos del PP. Si no quieren que se conozcan sus cuentas es porque tienen algo que ocultar y eso se debe acabar ya”, ha apostillado.

Y la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha exigido que Ayuso explique “qué ha pasado con el chiringuito” que “creó Aguirre” para “colocar primero a (Santiago) Abascal y luego a ella misma” y del que “también se beneficia la presunta red clientelar del exministro Montoro”. “Madrid Network debe ya cerca de 70 millones de euros a la Comunidad de Madrid y sigue recibiendo dinero público”, ha proseguido la portavoz socialista, quien lo ha tachado de “otro agujero más” del PP que “quiere ocultar una y otra vez cómo dilapida el dinero de todos los madrileños”.

Siete de los dieciséis departamentos del Gobierno vasco han realizado adjudicaciones, en los últimos años, a las empresas Air Liquide, Oxinorte, Linde Médica, Nippon Gases y Praxair, que son las compañías que presuntamente abonaron cantidades económicas al despacho Equipo Económico, relacionado con el ministro del PP Cristóbal Montoro, a cambio de un trato de favor, según se está investigando. Las facturas más elevadas, al tratarse de empresas suministradoras principalmente de gases medicinales, son las de Salud. Ascienden a 54,4 millones de euros. Con diferencia, Air Liquide es la que más ingresos obtiene de la Administración vasca.

Todos los consejeros del Ejecutivo de Imanol Pradales y el propio lehendakari han informado al Parlamento Vasco de su relación con estas firmas a raíz de una petición de información de Vox, que no concretó el período temporal de las adjudicaciones. En la mayoría de los casos han dado datos de la actual legislatura, aunque otros sí han ofrecido información más amplia. Los datos de Denis Itxaso, por ejemplo, se remontan a expedientes de 2009. Son nueve carteras las que afirman que no han tenido ninguna relación y siete las que sí. Son, además de Salud, Seguridad -por los laboratorios de la Ertzaintza-, Economía, Trabajo y Empleo; Vivienda; Movilidad Sostenible; Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, y Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

En el caso de Salud, las cantidades se dividen en 40 millones del propio departamento y unos 14 de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. La mayor adjudicataria es claramente Air Liquide, que copa más del 50% del dinero. Su contrato de terapias respiratorias -obtenido tras ganar un concurso- ya está valorado por sí mismo en 25 millones de euros. Se inició el 1 de enero de 2024 y expira a la finalización de 2026, indica el consejero, Alberto Martínez.

En el caso de Osalan, un organismo dependiente de Economía, Trabajo y Empleo, ha destinado algo menos de 20.000 euros en los dos últimos años al mantenimiento de equipos en su laboratorio, siempre con Air Liquide. También las viejas facturas de Vivienda son de laboratorios. Se trata de unos 7.000 euros de la etapa de Patxi López como lehendakari. Euskotren y ETS, que cuelgan del área de Movilidad, también compran algunas botellas de oxígeno y acetileno con Air Liquide, pero son todo facutras no superiores a 1.000 euros. En el caso de Seguridad, los laboratorios de la Ertzaintza precisan de este tipo de suministros y, nuevamente, son proporcionados por Air Liquide. La prórroga del último contrato se tasó en 20.000 euros, según la información conocida ahora.

Las áreas de Mikel Jauregi y Amaia Barredo, antes fusionadas en pasadas legislaturas, han contratado a estas empresas para servicios como gases para la red de control de calidad del aire. La última compra, de 2024, es de 22.500 euros, aproximadamente. Ambos consejeros indican que estas empresas han accedido igualmente a programas subvencionales como Hazitek. Y la sociedad pública Neiker lleva desde 2019 adquiriendo gases comprimidos a Air Liquide por una cantidad que en 2025 será de 30.900 euros pero que llegó a ser de 62.000 en 2020.

La devolución del préstamo de 80 millones que en 2010 otorgó el Gobierno de Zapatero a la Comunidad de Madrid para I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) le ha costado ya a la Administración regional un mínimo de 51,89 millones de euros que debería haber pagado Madrid Network, la opaca asociación público-privada fundada por Esperanza Aguirre y que inyectó 1,8 millones a Equipo Económico SL, la empresa del exministro Cristóbal Montoro.

Inicialmente presidida por el entonces consejero de Hacienda, Aguirre traspasó de inmediato a Madrid Network aquellos 80 millones procedentes del Gobierno central: lo hizo mediante un convenio que sigue en vigor. Pero que la entidad, cuyas cuentas mantiene la Comunidad ocultas a cal y canto, no haya pagado desde 2018 las cuotas anuales para la devolución del préstamo no ha tenido un efecto visible: porque, además de devolverle al Ministerio puntualmente las cuotas anuales que deberían salir de las cuentas de la asociación y no del erario público, en diciembre de 2023 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la subvencionó con 106.974 euros para I+D+i procedentes de la UE (Fondos Feder); en 2024 y también en diciembre, la subvención creció hasta 229.877 euros. En la convocatoria de ayudas de 2023 hubo solo 11 beneficiarios; en la del año siguiente, 16. A la pregunta de por qué se subvenciona con más de 300.000 euros en dos años a una entidad que adeuda a la Administración madrileña no menos de 51,89 millones, fuentes autorizadas de la Consejería de Hacienda respondieron así: “El Ejecutivo regional no puede denegar subvenciones concedidas en concurrencia competitiva, de hacerlo incurriría en prevaricación”.

Es la Cámara de Cuentas de Madrid la que en su último informe publicado sobre los números de la Comunidad desvela que al cierre de 2023 la provisión de fondos para afrontar los impagos de Madrid Network sumaba “51.893 miles de euros” acumulados a partir de 2018. En otras palabras: dado que el “riesgo de impago” era persistente -el entrecomillado pertenece al informe del organismo fiscalizador sobre 2020-, la Comunidad debía incluir en sus presupuestos de cada ejercicio un gasto equivalente a la cuota anual que había que transferir al Ministerio. ¿Por qué? Porque la gestión del préstamo de 80 millones para el fomento de la innovación se había triangulado en mayo de 2011, cuando el Gobierno de Aguirre firmó el convenio con Madrid Network. A partir de ahí, cada año Madrid Network debía abonar a la Comunidad de Madrid la cuota establecida antes del 15 de enero y la Comunidad de Madrid debía a su vez pagarle al Gobierno central antes del día 30 de ese mismo mes. Pero el triángulo se quedó cojo una vez que Madrid Network dejó de pagar.

En el informe del organismo fiscalizador madrileño sobre 2023 se lee lo que sigue: “La cuenta de Créditos a corto plazo de la ACM [Administración de la Comunidad de Madrid] recoge, entre otros, 55.472 miles de euros que corresponden a un préstamo del convenio con AIG [Asociación de Interés General] Madrid Network, de los que 51.893 miles de euros son cuotas impagadas desde el ejercicio 2018, que han sido reclamadas por la Comunidad de Madrid y se encuentran en vía judicial. Ante la persistencia de esta situación y siguiendo las recomendaciones de esta Cámara contenidas en informes anteriores, la Comunidad de Madrid viene dotando desde 2021 una provisión por el total de los importes impagados”.

La consulta de distintas sentencias sobre los impagos de Madrid Network indica que es la asociación y no la Comunidad la que acudió a los tribunales para justificar su negativa a satisfacer la cuota fijada respecto a la devolución del préstamo. Ya en su informe sobre 2020 la Cámara de Cuentas dio cifras de la deuda acumulada al cierre de aquel ejercicio: 27,7 millones. En 2021 aseguraba que la cuantía ya se había situado en 32,25 millones. En 2022, alcanzaba ya los 43,24 millones. Y en 2023 salta a los 51,89 millones ya antes citados. Así las cosas, a falta de que el organismo fiscalizador publique su informe sobre 2024, los datos apuntan a que la deuda puede estar rozando ahora mismo los 70 millones de euros.

Sobre lo sucedido con los litigios por el impago de cuotas a la Comunidad de Madrid no hay todavía información definitiva. No obstante, y a la pregunta de si desde la fecha de aprobación del informe de la Cámara de Cuentas sobre 2023 (30 de diciembre de 2024) ha satisfecho la asociación alguna cantidad que minore la deuda contabilizada al final de ese año, la respuesta de la Consejería de Hacienda fue escueta pero taxativa: “No”.

Inscrita como asociación sin ánimo de lucro, Madrid Network no ha atendido las reiteradas llamadas de este medio para conocer el porqué de los impagos y solicitarle las memorias anuales justificativas de gasto. En las memorias debe aparecer el cómputo de los préstamos que ha ido realizando Madrid Network con los 80 millones que en 2010 entregó el Gobierno central al madrileño y que este transfirió con celeridad a la asociación tras disolver el organismo público (el IMADE, investigado en Gürtel y en Púnica) que en teoría debía gestionar esos fondos. Pero, además, en las memorias debe figurar un dato de máxima relevancia: qué empresas han obtenido préstamos de Madrid Network, en qué fecha, por qué importe y si los beneficiarios han devuelto el crédito.

El Gobierno de Ayuso ha eludido confirmar de forma explícita si también hubo impago de cuota por parte de Madrid Network en 2024, pero sí ha corroborado que el incumplimiento iniciado en 2018 ha vuelto a repetirse este año de 2025. Es por eso que la cifra fijada por la Cámara de Cuentas para 2023 -los 51,89 millones- se queda corta: la cuota anual de devolución de aquel préstamo a bajísimo interés (1,232%) ascendía a 9,091 millones cada año. Según la Comunidad de Madrid, ahora es de 8.112.010,73. En resumen, si a lo contabilizado en 2023 se le suman 8,1 millones por 2024 y otro tanto por 2025, el importe de lo que la Comunidad de Madrid lleva gastado para cubrir con dinero público los incumplimientos de Madrid Network se acerca ya a los 70 millones.

El Ministerio de Ciencia no ha accedido a desglosar por anualidades la cuantía (principal más intereses) de las cuotas saldadas por el Gobierno de Madrid. “A fecha de hoy -fue su respuesta-, la Comunidad de Madrid está abonando en tiempo las cuotas de los libramientos recibidos. De los 80 millones de euros del préstamo concedido, el importe pendiente de amortizar es de 5,367 millones de euros”.

La historia de Madrid Network, donde Isabel Díaz Ayuso trabajó con un sueldo mensual neto de 4.219 euros hasta que en julio de 2011 obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid, se asemeja al cauce del Guadiana. Desde su fundación en 2007, con unos estatutos que asignaban la presidencia a quien ostentase el cargo de consejero de Hacienda de Madrid, ha permanecido siempre opaca, pero sin que la enorme paletada de dinero público con que Aguirre la fortaleció ocupara un espacio en la escena política madrileña.

No obstante, en la última década hubo momentos en que salieron a la superficie episodios bajo sospecha, como la concesión de préstamos —impagados— a una empresa vinculada al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el político que persiguió al equipo médico del Hospital Severo Ochoa bajo la acusación falsa de que practicaban sedaciones ilegales, y a dos de Ildefonso de Miguel, quien fue la mano derecha del expresidente —todavía pendiente de juicio— Ignacio González.

El primer presidente de Madrid Network fue Antonio Beteta, consejero madrileño de Hacienda desde su constitución, en 2007, hasta que en diciembre de 2011 se incorporó como secretario de Estado al equipo ministerial de Cristóbal Montoro tras ganar Mariano Rajoy las elecciones generales. En junio de 2016, Madrid Network modificó sus estatutos: se eliminó la condición la cláusula hasta entonces vigente sobre cómo la presidencia debía recaer sobre el consejero de Hacienda o sobre quién designase.

Durante el mandato de Beteta como máximo responsable madrileño de Hacienda, la empresa fundada por Cristóbal Montoro —la ya citada Equipo Económico— engrosó sus cuentas con 314.360 euros gracias a contratos adjudicados por la Comunidad por servicios hasta hoy desconocidos. Así consta en el mismo informe de la Guardia Civil que destapó cómo Equipo Económico había cobrado de Madrid Network 1,8 millones de euros entre 2008 y 2011.

Aunque tras el estallido del caso Montoro circuló la versión según la cual la Comunidad se desligó hace años de Madrid Network, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid incluye entre las actividades del programa de investigación de la Consejería de Educación la “participación en la asociación Madrid Network y sus actividades como socio de la misma”.

Pedro Sánchez ha respondido al exlíder del PP y expresidente José María Aznar sobre su rechazo a la existencia del genocidio en Gaza perpetrado por Israel. El presidente del Gobierno ha dicho durante su discurso en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà (Barcelona), que celebra cada año el PSC, que del exdirigente no esperan “ninguna lección”, sino unas “disculpas”, tanto por la guerra de Irak como por sus “mentiras con el 11M”. Además, el presidente le ha reprochado que mientras veía “armas de destrucción donde no existían”, ahora no ve “la barbarie en Gaza”.

“¿Os acordáis de José María Aznar?”, ha comenzado Sánchez su discurso, para seguidamente agregar: “¿Y ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza?” “Bueno, pues yo le digo al señor Aznar con toda humildad”, ha proseguido, “que de él no esperamos ninguna lección, lo que esperamos son disculpas”. Y ha remachado el presidente entre aplausos: “Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también con el 11 de marzo”.

Esta misma semana, Aznar defendió la ofensiva militar de Israel sobre Gaza, definida como “genocidio” por la ONU. Aseguró entonces que si Israel pierde “lo que está haciendo” en Gaza se pondría “el mundo occidental al borde de la derrota total”. Unas palabras que este domingo han sido criticadas tanto por Sánchez como por el presidente de Catalunya, Salvador Illa. “Tus palabras y tus amenazas nos dan estímulo y nos alientan a seguir trabajando”, dijo el president.

Illa ha llegado a decir que “lo que es terminal es el aznarismo. Es terminal y es perjudicial. Dejaste los servicios públicos a ras de suelo”, tras recordar que la derecha sigue “secuestrada por el miedo, por el terror, por la soberbia y por las amenazas”. “Este señor, y es grave en boca de un expresidente del Gobierno, ha llamado a saltarse la ley, ha amenazado con la cárcel a los que piensan distinto de él, ha menospreciado la voluntad democrática”, ha dicho Illa, que ha insistido acto seguido: “Este no es el camino, señor Aznar, tienes a algunos exministros tú en la cárcel, bastantes, como para que te pongas a dar lecciones. No sabes a quién tienes enfrente”.

Sánchez, además de responder a Aznar, se ha referido al exministro Cristóbal Montoro para criticar el supuesto cinismo del PP. “¿Os acordáis de ese, de ese exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro?”, ha preguntado a los asistentes. “Cristóbal Montoro, cuando estaba en la oposición Mariano Rajoy y estaba José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, le dijo a una diputada 'Que caiga España, que ya vendremos nosotros a levantarla'”, ha recordado.

“Bueno, ahora Montoro está preocupado por otras cosas...”, ha soltado Sánchez con sarcasmo en referencia a llamado Caso Montoro, para inmediatamente matizar que los populares “siguen con la misma estrategia”. “Y luego dicen que les duele España, se rompe Cataluña, viene los inmigrantes, el colectivo LGTBI, vienen los sanchistas...”, ha proseguido para concluir: “No, no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición”. Y ha apostillado: “Decían que no venían a insultar, venían a ganar a Sánchez, pero ¿dónde están tres años después? En la oposición y en el insulto”.

Además, el presidente del Gobierno se ha referido a lo que ha calificado como “hipocresía” de la extrema derecha y la derecha: “Dicen defender la libertad”, ha continuado, pero “atacan la libertad de expresión”.

Durante su intervención, Sánchez también ha asegurado que “renovará la financiación autonómica” esta legislatura y ha defendido la medida como positiva para Catalunya y para el “resto del conjunto del país”.

Aznar, Ayuso y Abascal

En sus críticas a la derecha, también ha mencionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha situado a la misma altura en cuanto a influencia en la derecha española que Aznar y Abascal: “Yo suelo decir que el rumbo del PP hoy lo marcan tres 'as': Aznar, Ayuso y Abascal”.

Seguidamente, le ha reprochado la poca inversión social de su gobierno. “En estos siete años [de gobierno socialista], de 2019 a 2025, nosotros hemos transferido 45.000 millones de euros más a la Comunidad Autónoma de Madrid de lo que hizo en cinco años anteriores Mariano Rajoy como presidente del Gobierno”, ha afirmado Sánchez.

“¿Eso se traduce en una mejora de los servicios públicos, por ejemplo de la sanidad en la Comunidad de Madrid?”, se ha preguntado para responder: “No”. Finalmente, el presidente ha asegurado que el motivo es que “de esos 45.000 millones de euros que nosotros hemos transferido de más a la Comunidad de Madrid, el Gobierno autonómico de la derecha solamente ha destinado el 45% a la financiación de servicios públicos”. “El resto se lo ha dado a los ricos de la Comunidad de Madrid con regalos fiscales”, ha concluido.

La habilidad verbal de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, logró este jueves transmitir la idea –falsa– de que el Gobierno autonómico jamás ha adjudicado ningún contrato a Equipo Económico SL, pieza clave en la investigación judicial sobre la trama supuestamente corrupta y articulada en torno al exministro del PP Cristóbal Montoro. La propia empresa declaró a Hacienda 314.360 euros abonados por la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, tal como consta en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Montoro.

Ese dinero, cuyo origen desconoce la Guardia Civil tal como figura en el citado informe –es decir, en concepto de qué se le pagó–, se suma a los 1,8 millones que en ese mismo cuatrienio le desembolsó Madrid Network. Inscrita como asociación privada, Madrid Network fue cofundada por la Comunidad de Madrid, presidida al menos durante años por quien ocupara en cada momento el cargo de consejero de Economía y financiada con fondos públicos.

La idea de que la Comunidad nunca tuvo trato directo con Equipo Económico SL quedó plasmada, voluntaria o involuntariamente, en el discurso de la consejera tal como sigue: “Usted –dijo dirigiéndose al diputado socialista Agustín Vinagre, que acababa de lanzarle una cuestión sobre el asunto– me pregunta cuántos contratos se han firmado en esta legislatura por parte de la Comunidad de Madrid al Equipo Económico de Montoro. Y yo contesto a la pregunta: ninguno, señoría. Ni en esta legislatura, ni en la anterior, ni en la anterior de la anterior, ni siquiera en la anterior a la anterior de la anterior. Ninguno”.

Aunque la pregunta escrita se ceñía a la legislatura en curso, el parlamentario no había circunscrito su intervención a lo sucedido esta legislatura ni a ninguna en concreto. Enfatizó lo ya conocido sobre el tándem Madrid Network-Equipo Económico y reprochó a Albert que se siga subvencionando a la asociación que engrosó las cuentas del despacho creado por Cristóbal Montoro con 1.863.025,45 euros en cuatro años. Entre junio de 2008 y el mismo mes de 2011, el consejero madrileño de Economía y presidente de Madrid Network fue Antonio Beteta. En diciembre de 2011 se incorporó al ministerio de Montoro como secretario de Estado.

La cadeneta de legislaturas tejida por Rocío Albert –la ya narrada sobre la legislatura anterior de la anterior de la anterior– condujo a que algunos políticos y periodistas que seguían la sesión plenaria creyeran que la máxima responsable de Economía, Hacienda y Empleo había negado taxativamente la existencia de algún contrato de la Comunidad con el despacho de Montoro. Por ejemplo, la agencia Europa Press tituló así su teletipo: La Comunidad asegura que no ha firmado ningún contrato con el despacho clave del 'caso Montoro'.

Es cierto que, desde luego, no se sabe si hubo algún contrato firmado en el sentido literal del término. Pero también lo es que hubo pagos de la Comunidad de Madrid a Equipo Económico: el 29 de diciembre de 2009, el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre convalidó en su última sesión del año “las actuaciones y un gasto de 67.280 euros correspondiente al servicio Análisis de la normativa sobre dependencia, asistencia técnica para su aplicación y desarrollo en la Comunidad de Madrid prestado por la empresa Equipo Económico SL”. Convalidar significa que una administración acepta efectuar un pago a una empresa que ha dado un servicio… fuera de contrato. O sea, sin ajustarse a los trámites del sistema de contratación pública. 

A día de hoy, es un misterio de qué consejerías salieron los 314.360 euros declarados en total como procedentes de la Comunidad de Madrid por Equipo Económico SL en su Modelo 347, que desgrana la relación de quienes en un ejercicio han pagado al declarante importes superiores a 3.005,06 euros. La Guardia Civil admite en el ya referido informe de la UCO que el Modelo 347 permite acreditar las cantidades declaradas pero “desconociendo la Consejería de la que proceden”. Esos más de 300.000 euros llegaron a las cuentas de la empresa mediante la siguiente secuencia: 185.832 euros en 2008; 87.464, en 2009; 21.004, en 2010; y 20.060 en 2011.

Lo que sí se sabe -porque la nota oficial sobre el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre de 2009 lo detalla- es que la convalidación de aquellos 67.280 euros correspondientes al Análisis de la normativa sobre dependencia se aprobó a iniciativa de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

Pero el agujero negro de información persiste, como lo demuestra la conversación telefónica mantenida ayer jueves con el diputado socialista Agustín Vinagre, autor de la pregunta a Albert. Sin informarle previamente de que la propia Comunidad había aprobado en 2009 un pago a Equipo Económico, este medio le preguntó qué había entendido de lo dicho por la consejera ante el pleno de la Asamblea de Madrid. Y esta fue su respuesta: “Que no se ha firmado ningún contrato. Al menos se ha retrotraído a tres legislaturas. El mensaje es que nunca hubo ningún contrato”. 

Al igual que el socialista, el hasta hace días diputado autonómico de Más Madrid y hoy su secretario de Economía y Lucha contra la Corrupción, Eduardo Gutiérrez, interpretó que Albert había negado la existencia de contratos, se firmasen cuando se firmasen. Y lo interpretó así porque el exparlamentario sí conocía la investigación periodística que en 2019 destapó aquel pago de 67.280 euros por un informe que primero se adjudicó a dedo mediante procedimiento negociado, luego se anuló por motivos nunca explicados y finalmente se pagó como si ningún bache se hubiera interpuesto en el camino. “El abuso de pagos sin contratos, burlando la legalidad administrativa, es antiguo y pertinaz en los gobiernos del PP”, sostiene Eduardo Gutiérrez. “Y se ve -agrega- que lo usan para ocultar desviación de fondos públicos a favor de empresas amigas, como es el caso de los pagos realizados a Equipo Económico del señor Montoro. Hay que preguntarse por qué miente en sede parlamentaria la consejera Rocio Albert, del Gobierno de Ayuso.” A preguntas de elDiario.es, la Consejería de Hacienda se limitó a recalcar que “la consejera no ha mentido”.