“Terminar un mandato con este tema es muy interesante”, adelantó Jesús Maeztu en la que, a no ser que se vuelvan las tornas, será su última rueda de prensa como Defensor del Pueblo Andaluz. El Informe Anual de Infancia 2025 revela un nuevo rostro dentro del padecimiento de la soledad no deseada: el de los niños y adolescentes. A partir de un cuestionario realizado en distintos colegios de Andalucía, se constata que el 79% de los menores en Primaria se ha sentido solo alguna vez, mientras que el 92% sabe que se puede estar solo rodeado de gente. Cuestiones que hacen que el Defensor describa este fenómeno como una “epidemia silenciosa”.

El análisis, en el que participaron 143 alumnos y alumnas, revela que el colegio es el lugar donde con mayor frecuencia manifiestan sentirse solos, en un 47%, y , también, en las casas en las que viven, con un 25,7%: “Las políticas públicas se han centrado casi en exclusiva en las personas mayores y la soledad en la adolescencia ha quedado invisibilizada”, adelantó el Defensor durante su presentación. También, se describe que los menores acuden en primer término a sus familias para comunicarles su malestar, en un 90%, y, en segundo lugar, están las amistades, en un 81%. En cambio, solo el 37% busca apoyo en el profesorado.

Unos datos que dan una primera visión del sufrimiento que hay entre los menores, ya que, como aseguró Maeztu, “el gran problema es que no sabemos con precisión cuántos niños la sienten, ya que las fuentes son fragmentadas y, por ejemplo, el Barómetro de la Soledad no Deseada en España (2024) excluye a los menores de 14 años”. A causa de estas diferencias, el informe plantea dos recomendaciones cruciales para la administración andaluza: un sistema público de información, medición y seguimiendo de la soledad no deseada en la infancia y, por otro lado, poner en marcha una Estrategia Andaluza para su prevención y abordaje.

“Necesitamos medir para poder actuar”, mantuvo, de ahí que la idea de una estrategia pública andaluza cuente con una perspectiva “en derechos”, que no medicalizada, que aborde de forma multifactorial el estado de los menores, desde su situación socioeconómica, de identidad, discapacidad, problemas de salud mental o entorno familiar: “Esta estrategia debe tener especial atención a la equidad y a los colectivos de mayor vulnerabilidad”. Con relación a esta petición, Maeztu también citó las estrategias que ha emprendido la Organización Mundial de la Salud (OMS), en especial, el estudio de la Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), en el que se describe que entre un 10% y 13% de los adolescentes europeos afirma sentirse solo con frecuencia.

“Ser escuchado y comprendido”

“Hay soledades escondidas en dinámicas familiares o en el uso de las pantallas como desahogo, y reitero, no es un signo de debilidad individual”, enfatizó este jueves en el Parlamento andaluz. Es más, mientras que la media nacional del uso del móvil es del 67,9%, en la comunidad la penetración de este dispositivo entre menores de 10 a 15 años ya se sitúa en el 72,2%. “No depende del número de personas que haya alrededor, sino de la calidad de los vínculos y de ser escuchado y comprendido. Se sienten mal, evitan hablar, hay desesperanza, se trata de un fenómeno multicausal al que afecta el estrés económico, la movilidad geográfica, el poco tiempo de calidad, o la baja autoestima y las vivencias de violencia”, añadió, subrayando que dar respuesta a este sufrimiento es clave para un desarrollo pleno como adultos.

Andalucía cuenta con 1.497.234 menores de edad, expone el informe, lo que supone la cifra más baja en 20 años. Este segmento representa un 17,3% sobre el total de población censada en la comunidad, y en este sentido, Almería (19,2%), Sevilla (17,8%) y Málaga (17,1%) son las tres provincias que cuentan con un peso mayor de la población joven respecto a su población total. Por el contrario, Jaén (15,9%) y Córdoba (16,3%) son las provincias en las que la población menor de edad cuenta con un menor porcentaje.

Además, un apartado en el que hizo especial hincapié el Defensor fue el maltrato infantil. El Sistema de Maltrato Intrafamiliar (SIMIA) recogió en 2025 un incremento del 10,4% respecto al año anterior tras registrar 13.016 notificaciones, donde un 52,5% fueron valoradas como maltrato grave y un 47,5% como leve/moderado. En cuanto al tipo de maltrato, la negligencia (87,2%) y el maltrato emocional (80,9%) fueron las tipologías más frecuentes, pero hay que prestar atención a las referencias a maltrato físico, en un 42,4%, y el abuso sexual, con un 28,3%.

Asimismo, la violencia de género impacta en la vida de estos menores, ya que, entre 2015 y 2025, hay un total de 96 menores huérfanos por la violencia machista ejercida contra sus madres. También, en este apartado, el informe reseña que ha habido durante esta década 55 víctimas mortales de este tipo de violencia por debajo de los 18 años, habiendo 30 de los 55 menores asesinados que tenían de 0 a 6 años en el momento de su muerte, 19 tenían entre 7 y 12 años y seis tenían entre 13 y 17 años.

Ideas: la Estrategia Andaluza y el banco para la soledad

Así, el Defensor dio diez pasos para construir esta futura Estrategia Andaluza, recogida en el informe que hoy fue presentado a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre. La primera, que los propios menores sean parte activa del proceso y aporten sus ideas, “si no participan, no vale ninguna estrategia”; seguido por una identificación temprana, mejorar la educación emocional, y tener protocolos actualizados en exclusión y acoso escolar. En este sentido, se debería atender a mejorar la capacitación de los profesionales educativos y dar cabida a entornos digitales “seguros, con apoyo, acompañamiento y participación de las familias”. Todo ello, con su respectiva evaluación y seguimiento para coordinar políticas públicas en la infancia.

Estas no son las únicas medidas. El informe, que pregunta a los menores participantes en el estudio publicado, transcribe algunas de las respuestas de los escolares. Entre las ideas más emotivas, curiosas y, por qué no, efectivas, están las siguientes: “Pondría un botón para que cuando alguien lo presionara alguien viniese a ayudarte”; o, destaca también, “yo en mi barrio pondría casas de acogida para que todas las personas que se sientan solas puedan ir ahí y ya no estar solos”; y, la que más emocionó al Defensor: el banco para la soledad.

Como dice el menor encuestado, “que haya un banco para la soledad, es decir, cuando alguien se sienta solo o sola que se siente en ese banco y los demás ya saben que esa persona se siente solo o sola y aunque sean de otro curso o clase vayan a preguntarle si le pueden ayudar, ir a jugar con ellos o ellas…”. Una idea que hace por reunir y tejer comunidad en un momento en el que está en juego la salud mental de los menores, tal y como recordó Maetzu al mencionar el caso de Meta contra 47 estados de EEUU. El gigante tecnológico, dueño de WhatsApp, Instagram y Facebook, llegó a un acuerdo extrajudicial y pagará 18.000 millones de dólares sin pasar por el tribunal, para enmendar el diseño adictivo de sus aplicaciones y su impacto negativo en adolescentes.

Menores de Ceuta

Si bien el informe tiene un apartado especial en el que se recoge que los menores extranjeros no acompañados son “especialmente propensos a sentirse aislados” debido a las dificultades que afrontan en el entorno al que llegan sin la protección ni la seguridad emocional de sus allegados, Maeztu puso el foco en el convenio firmado entre Andalucía y Ceuta para el traslado de menores en una contingencia migratoria, como la actual crisis humanitaria que vive la comunidad autónoma, que evita activar tal recurso.

“Andalucía cuenta con 3.009 plazas y tiene un convenio donde puede traerlos”, señaló el Defensor en la rueda. Cabe recordar que, a 31 de agosto de este año, el Gobierno de Juanma Moreno atendía a un total de 1.800 menores extranjeros en sus instalaciones, por lo que el margen de acogida es amplio en cumplimiento del Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros, aprobado en junio del año pasado.

Con los documentos que recogen tanto el acuerdo suscrito entre los gobiernos del PP andaluz y ceutí, así como la normativa, Maeztu manifestó: “El convenio está firmado, pero se está jugando políticamente con él, están jugando con los niños”, describiendo como el problema de fondo el embate político entre oposición y Gobierno central. “Andalucía fue en 2018 la más generosa, con 5.000 menores por los que no recibimos ninguna financiación”, recordó, “pero ahora la extrema derecha está odiando a todo el mundo, aunque este acuerdo esté aquí, en los papeles”.

“No sé quién me sucederá, pero que sea de consenso”

Acerca de Vox también habló Maeztu sin tapujos. A los de Manuel Gavira, y Santiago Abascal, les pidió que se abstuvieran en la votación que dará nombre a la próxima Defensoría, ya que, como le han expresado en otras ocasiones, opinan que este órgano supone “un chiringuito” o “una ideología”. Sin embargo, el Defensor defendió el papel fundamental que realiza este órgano, cuya función es garantizar los derechos de la ciudadanía y fiscalizar de forma independiente la acción de las administraciones, andaluzas en este caso.

El año pasado el PP retiró en el último momento a su candidata, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, pero la Mesa de la Cámara, donde los populares tienen mayoría, ya acordó este miércoles los plazos para presentar a sus candidatos a consejeros en el Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual, el Consejo de la Transparencia y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que lleva en funciones desde 2024.

La fecha límite es el 13 de octubre y, posteriormente, los candidatos se someterán a la Comisión de Nombramientos el día 20 y, finalmente, elegidos en el pleno del 21 de octubre, a excepción del nuevo Defensor, que será en noviembre. “Mi tiempo ha terminado”, explicitó una vez más Maeztu, y tomó como ejemplo el pacto que se ha llevado a cabo en Castilla y León, donde se ha contado con los votos de PSOE y PP y la abstención de Vox. “Los que pueden sumar, que sumen, y se sienten para conseguir los tres quintos”, votación mínima para alcanzar el nuevo nombramiento.

“El perfil a elegir tiene que ser de consenso, un perfil que sepa de derechos y soluciones, que sea imparcial, tenga relación con los colectivos sociales y la ciudadanía y, por último, que crea en la cultura de paz”, recordó, en vista de la resolución alcanzada en el 40º aniversario de la Defensoría. “Todo esto es para que la institución no la toque ningún interés privado”. A las preguntas de los periodistas, aseguró que no sabe nada sobre posibles candidatos: “Ojalá sea un perfil plural, que no dependa de ningún partido, y sea de consenso”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha decidido acelerar la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA, del Consejo Audiovisual, del Consejo de la Transparencia y de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, esta última caducada desde hace dos años (septiembre de 2024).

La renovación de los órganos de extracción parlamentaria para adaptar su composición al nuevo reparto de fuerzas de los partidos surgido del resultado de las elecciones del 17 de mayo “no era una prioridad” hasta hace un mes, según admitieron entonces fuentes del Ejecutivo andaluz y del PP-A. Legalmente tenían de plazo un año para llevar los nuevos nombres al Parlamento, y los de Moreno querían tomarse su tiempo para naturalizar la alianza con sus nuevos socios de Vox, que venía de prometer “el cierre de Canal Sur”.

Pero la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre parece haber precipitado el escenario político. La Mesa de la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha acordado este miércoles comunicar a los grupos políticos un plazo para presentar a sus candidatos a consejeros en los órganos de extracción -hasta el próximo 13 de octubre- permitiendo así que los candidatos se sometan a la Comisión de Nombramientos el día 20 de octubre y sean elegidos en el Pleno del 21 de octubre (todos excepto el nuevo Defensor del Pueblo, que tiene un plazo legal de tramitación distinto y se dejaría para el mes de noviembre).

De cumplirse este calendario, la renovación de los órganos de extracción estaría allanada justo antes de la elaboración de las listas electorales de los partidos en las ocho provincias andaluzas. Entre el 21 y el 26 de octubre, las formaciones políticas tienen que cerrar sus candidaturas a las generales.

Fuentes del PP aseguran que el adelanto de las legislativas no ha condicionado la decisión de Moreno de aprobar ahora los cambios de consejeros en la dirección de la RTVA y el resto de órganos. Desde el PSOE, sin embargo, sostienen que se ha precipitado la negociación entre PP y Vox “por si el resultado de las generales no es el que esperan”, esto es, en previsión de que el 29N no alumbre un Gobierno de coalición de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal.

Otra mayoría absoluta del PP

La propuesta para el nuevo reparto de consejeros elegidos por los partidos en cada órgano de extracción parlamentaria se ha hecho a partir de una “división proporcional”, según el número de diputados que cada grupo logró el 17M: cuatro consejeros para el PP, dos para el PSOE, uno para Vox, uno para Adelante Andalucía y uno para la coalición Por Andalucía, explican fuentes parlamentarias.

Los socialistas no están de acuerdo con esa distribución, porque con 28 diputados les corresponde un sillón más que a Por Andalucía, que ocupa cinco escaños. Pero las fuerzas conservadoras tienen mayoría en el Parlamento.

Esta distribución de sillones implica que los de Moreno pierden la mayoría absoluta que tenían en dichos órganos la pasada legislatura, aunque la conservarían si se suma al consejero de Vox. Los populares tienen 53 escaños [la absoluta son 55] y han perdido así el peso decisivo en los órganos de extracción parlamentaria del que disfrutaron en el mandato anterior, cuando tenían 58 diputados, aunque cabría la posibilidad de que sus socios de Vox exijan un miembro más en su cuota.

Sin embargo, el pasado mes de julio, el pacto de Gobierno PP-Vox incluyó una reconfiguración de la Mesa del Parlamento andaluz. Entonces la ultraderecha optó por quedarse con un solo asiento y no reclamó uno más, dejando así que el PP siga disfrutando de una mayoría absoluta en el órgano que controla los tiempos y las prioridades del debate político en toda la legislatura.

La decisión de activar ya la renovación de los órganos de extracción, sobre todo el Consejo de la RTVA y el Defensor del Pueblo andaluz, emana directamente del presidente de la Junta y líder del PP-A. Los candidatos que van a dirigir ambas instituciones necesitan una mayoría de tres quintos de la Cámara para salir adelante, de modo que precipitar la renovación justo antes de las elecciones generales lleva a pensar que PP y Vox ya han cerrado un acuerdo tanto sobre el reparto de sillones como de los nombres para la dirección de Canal Sur, el Defensor del Pueblo, el Consejo Audiovisual y el Consejo de Transparencia.

Los socios de Gobierno, que suman 68 de 109 diputados, ya cuentan con la mayoría de tres quintos necesaria para imponer a sus candidatos, aunque los grupos de izquierdas los rechacen en la votación del Pleno. Lo habitual es que los grupos acuerden previamente un pacto de no agresión respecto al nombre de los consejeros, que son votados por toda la Cámara. Pero el candidato a director general de la RTVA y para Defensor del Pueblo Andaluz se decide en una votación aparte, y ahí sí puede haber una fractura entre las derechas y las izquierdas.

En la pasada legislatura, hace apenas un año, PP y Vox iniciaron una negociación para renovar al director de la Oficina Antifraude del Parlamento y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que llevaba dos años en funciones. La Cámara aprobó el nombramiento del juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano -expresidente de la Audiencia de Córdoba- como nuevo director de la Oficina Antifraude, pero en el último momento el PP retiró en nombre de su candidata a la Defensoría, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, porque no contaba con el respaldo de Vox. La ultraderecha acusa a Cruz Roja y otras ONGs de colaborar con las mafias en el traslado de inmigrantes usando “taxis patera”.

El rechazo vecinal al proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para el scalextric de la M-30 entre Puente de Vallecas y Retiro, conocido como Vallecas Abierto, está a punto de llegar al Defensor del Pueblo. La formación política Independientes por Madrid, comandada por Marta Higueras (exteniende de alcaldesa con Manuela Carmena), ha elevado una queja a Ángel Gabilondo donde exige el derribo de la infraestructura.

El abogado Javier Flores, que ha litigado también contra los cantones de limpieza en zonas urbanas, el caso del Hospital de Torrejón o la compra del ático de Chamberí por parte del Ejecutivo de Ayuso, firma un escrito en representación del partido de reciente creación donde rechaza que el desmontaje se aplace a una operación urbanística sin fecha en el Abroñigal, como deslizó Almeida.

Se alinea así con las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas y Retiro o con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que han calificado el proyecto municipal de “tomadura de pelo”. Vallecas Abierto apenas aumentará el número de pasos de peatones, colocará varios jardines verticales y pintará de verded algunas columnas o superficies tras una inversión de 11,5 millones de euros. Las entidades que se oponen a su diseño defienden de hecho que en la práctica blinda el scalextric al incorporar en la zona nuevas dotaciones municipales.

Levantado en 1976, es el último paso elevado de este tipo que sigue en pie en Madrid. Lo componen ocho carriles por los que, según datos municipales, pasan unos 300.000 vehículos al día junto a las viviendas de los barrios de Numancia y San Diego, en Puente de Vallecas, y de Adelfas y Pacífico, en Retiro. Desde hace 50 años, el puente parte en dos a vecinos de ambos distritos y separa Vallecas del resto de la ciudad.

“Los vecinos de Vallecas llevan 50 años viviendo debajo de una autopista y la respuesta del Ayuntamiento es pintar el suelo, poner bancos y colgar macetas en el muro. A Vallecas no se le decora el abandono, se le paga la deuda histórica. Y esto no es solo cosa de Vallecas: los vecinos de Retiro que viven al otro lado del puente sufren el mismo ruido y la misma barrera. Aplazar el derribo a una operación que no tiene fecha, como es la del Abroñigal-Madrid Nuevo Sur es la forma educada de decir que no se va a hacer nunca”, afirma Higueras, portavoz de Independientes de Madrid (que prepara ya su candidatura para los comicios municipales de mayo).

La formación recuerda a Somos Madrid que el pleno municipal acordó hace más de un lustro poner fin a la infraestructura: “El 30 de junio de 2021, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el propio alcalde anunció que antes de junio de 2023 estaría listo el proyecto para eliminar el paso elevado de la M-30 sobre la avenida de la Albufera, que podrá ser ejecutado en el próximo mandato. Ese proyecto nunca ha visto la luz. Tres meses antes, el 30 de marzo de 2021, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los grupos, también el del alcalde, iniciar los estudios y trámites para suprimir el paso elevado”.

Independientes por Madrid da un paso más allá con su instancia al Defensor del Pueblo en una reclamación reiterada de la oposición en Cibeles y de los vecinos en las calles. En abril, la plataforma Vallekas Sostenible enumeró los efectos nocivos en la salud, el medio ambiente, la seguridad, la movilidad o la integración social que genera el scalextric. Abogan como solución por su desaparición mediante un “proyecto novedoso” que, a tenor de la respuesta social, no parece ser el que el Consistorio ha puesto sobre la mesa.

Un año después, la versión oficial la Junta de Andalucía sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama es que hubo un error en el protocolo que afectó a 2.317 mujeres, incidiendo en que no se contemplaba la obligatoriedad de informar a las mujeres con resultados no concluyentes. Una respuesta a la que se unió la puesta en marcha de un plan de choque, cambios en ese protocolo y el cese de varios cargos. Entre ellos, el del exjefe de Radiodiagnóstico que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío. Las explicaciones son insuficientes para la oposición para el Parlamento andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer: piden saber qué recursos había disponibles, cuál era la carga asistencial y dónde están las listas de espera para analizar el error estructural.

En un segundo intento, el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se unieron el pasado día 23 y presentaron una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama. A esta propuesta, Vox manifestó su rechazo aunque antes de las elecciones y de formar parte del Gobierno andaluz había mostrado su apoyo y, por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tachó de “ridículo” el comportamiento de las izquierdas, refiriéndose en comisión parlamentaria al “fracaso que han tenido en los tribunales con las denuncias”. Sin embargo, el responsable del PP obviaba dos cuestiones: la vía penal interpuesta por los partidos ha sido archivada mientras más de 200 reclamaciones patrimoniales de las pacientes afectadas proseguirán su camino hacia lo contencioso-administrativo ante el silencio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras quedan dudas sin resolver.

“Hemos pedido que se amplíe la información: número de mujeres por provincias, cómo están funcionando las unidades de mamografía, cuáles son los tiempos de espera”, exige Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, en declaraciones a este medio. También, añade, han pedido saber “si se ha detectado cáncer de mama en algunas de las mujeres, qué protocolos de urgencia aplicarían en ese caso para atender con la máxima celeridad a esas mujeres, y qué profesionales van a contratar en cada una de las 32 unidades de mama andaluzas”. Lo que más preocupa, resalta, es “solucionar rápidamente el problema y dar certidumbre a las personas afectadas”.

“No han respondido a todas” las demandas

Sin embargo, “no han respondido a todas” estas demandas. La asociación forma parte del Plan Asistencial del Cribado de Cáncer de Mama y estuvo presente en las tres reuniones que se han celebrado hasta la fecha de la comisión de seguimiento de la crisis que activó la Consejería de Sanidad, con quien califican el diálogo como “fluido”. Aun así, Cantero subraya: “Siempre hemos pedido transparencia, responsabilidad y generar confianza en las mujeres andaluzas sobre los cribados y la importancia de la detección precoz del cáncer”. En esta línea, demandan que Andalucía se integre en los programas internacionales de evaluación de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en su totalidad, como ya ha empezado a hacer con el cáncer colorrectal.

Por ello, las reclamaciones las concentra Cantero en que la Asociación participe como agente externo en la Ponencia de Cribados de la Comisión interterritorial, así como poner a disposición de las autoridades administrativas la herramienta Más datos Cáncer “para volcar los datos de los programas de cribado”, ya que, frente a las negligencias del sistema, han detectado desconfianza en muchas mujeres a la hora de participar en los cribados considerando que “podría ser ineficaz”, aunque trabajan mano a mano con las pacientes, las familias y la sociedad civil para “ofrecer una atención más humana e integral que cubra sus necesidades”.

En la cara opuesta, Amama resolvió levantarse de la segunda reunión organizada en el comité de seguimiento después de que se les pidiera firmar una orden de confidencialidad. En un continuo tira y afloja, las relaciones con la Junta se han terminado por empantanar, ya que observan que hay un rechazo continuo a sus peticiones para aclarar qué sucedió para que 2.317 mujeres fueran afectadas y se produjera, según han constatado, la muerte de siete mujeres a causa del desarrollo del tumor por el fallo sanitario.

La resolución del Defensor ante la “parquedad de información”

Quien también reclamaba más explicaciones ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. Jesús Maeztu abrió una investigación de oficio tras el estallido social, haciendo un primer requerimiento al Ejecutivo autonómico en octubre. No obstante, el informe remitido por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue tachado como “claramente insuficiente”, motivo por el que el Defensor salió ante los medios de comunicación para criticar el silencio del Gobierno de Juanma Moreno. En marzo de este año declaraba que “no se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Siete meses después, el equipo de Maeztu publicó una resolución que pasó de puntillas en mitad de las elecciones autonómicas. Este documento refleja que las actualizaciones pedidas nunca llegaron y se insiste en que la respuesta no satisface los requerimientos solicitados para analizar el alcance y las consecuencias de la crisis del cribado.

¿Qué evitó responder la Junta? La resolución señala que la Consejería de Sanidad y el SAS no informaron sobre cómo funcionaba el protocolo que estaba vigente. Tampoco en lo relativo a si el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se ajustaba a este protocolo o no y qué razones llevaban a aplicar una resolución u otra. Además, se rechaza dar los datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera y no aclaraba el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado antes de que en octubre se pusiera en marcha la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz a raíz de la alerta sanitaria.

“La parquedad de la información recibida no impide a esta institución formar un recto juicio, ni renunciar a la salvaguarda del derecho a la protección de la salud de las mujeres, que hacemos valer tanto reflejando las deficiencias constatadas como el mismo hecho de no haber llegado a poder desvelar su causa”, asesta la resolución de mayo.

La Unidad de Radiología trabajó al 170% de su capacidad

Entre las conclusiones, se da cuenta de la plantilla que había en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, única entidad que remitió información en abril de 2026. “En octubre de 2025, se disponía de 6,3 facultativos en la Unidad de Radiología de Mama y la plantilla ha pasado de 5,3 puestos efectivos a 8,3 puestos efectivos en la actualidad, además de haber sido contratado personal técnico en número de 4 y 1 administrativo de apoyo a la Unidad”.

A renglón seguido, el Defensor subraya que “la suficiencia o insuficiencia de estos recursos de personal solo puede ser evaluada en función de la demanda, obviamente”. Ahora bien, a la luz de los datos facilitados, da la siguiente relación.

“Los facultativos disponibles en octubre de 2025 trabajaron durante dos meses al 170% de la actividad normal para resolver todos los retrasos; en diciembre de 2025 un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa de cribado tuvieron que ser derivadas al concierto externo; incluso tras el actual refuerzo de personal, la Unidad ha tenido que ser dotada de más continuidades asistenciales por semana para el equipo que la integra”. Pese a que hay quejas registradas a causa de la crisis del cribado desde las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Málaga, solo este centro hospitalario contestó al requerimiento del Defensor.

“Un fracaso”

“Lo acaecido ha supuesto un cuestionamiento del funcionamiento del Programa de Detección Precoz y la desconfianza en su eficacia”, señala, “un fracaso en una importante línea de trabajo dentro de las estrategias de salud pública, que puede llegar a producir efectos colaterales o secundarios si desincentiva la participación, con nefastas consecuencias personales, sanitarias y sociales”. A ello, se apunta que “con estos signos de advertencia” resulta “difícil comprender la tendencia a ampliar cada vez más el arco etario [el aumento de la franja de edad] del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama sin contar con la garantía de su correcto cumplimiento”.

Asimismo, la resolución ahonda en que lo que se cuestiona en la crisis de cribado no es la pericia o negligencia de los profesionales encargados del estudio, sino “la suficiencia de los medios dedicados a posibilitar el correcto funcionamiento del Programa, y si el infradiagnóstico vinculado a la insuficiencia de recursos sanitarios ha supuesto una pérdida de oportunidad en la protección del derecho a la salud”. Es decir, ante el plan millonario que anunció la Junta, ¿qué garantías hay de que se reviertan los errores ocurridos si no se dan cuenta de ellos?

Lo deseable: “Afrontar una crisis con decisiones humanas”

Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en el tratamiento humano hacia las pacientes y la vía judicial en la que ahora están embarcadas a causa de la estrategia que ha emprendido la Junta: “En el escenario más doloroso de las mujeres que han determinado depurar responsabilidades, hubiera sido deseable una Administración sanitaria cuyos responsables hubieran sido capaces de afrontar una crisis como la acaecida con decisiones compasivas y humanas, acordando de oficio la iniciación de los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial”.

Así, el Defensor concluye con cuatro recomendaciones, entre las que destaca la implantación de un programa con “un sistema uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática”. Asimismo, pide dotar dotar “de medidas de refuerzo” para atender adecuadamente a las pacientes y cumplir con los plazos. Una resolución, en todo caso, parcial ante respuestas incompletas.

Goteras y filtraciones que provocan moho, deterioro de cubiertas que han acarreado la visita de los bomberos en diversas ocasiones, cascotes bajo el foso de arena, falta de limpieza, grietas, pintura deteriorada, baldosas rotas, pavimentos levantados, ausencia de aire acondicionado, problemas con la calefacción, ventanas y carpinterías ineficientes, rampas que no respetan la normativa. Y así hasta más de un centenar de deficiencias que el Defensor del Pueblo investigará en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, cuyas educadoras están en huelga desde el 7 de abril. La huelga no solo reclama una subida de salarios que dignifique su profesión, sino la mejora del entorno en el que la infancia se ve obligada a crecer y educarse sus primeros meses de vida.

“Vamos a intentar que no tenga que pasar una desgracia para que las cosas cambien”, adelanta Rosa Marín como portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de Madrid. Esta educadora en un colegio de Las Rozas de gestión directa por parte de la Comunidad de Madrid recuerda cómo este invierno dos aulas de su anterior escuela se inundaron por las lluvias. “He visto hasta cómo se caían los baldosines de un baño. Ahí deben funcionar cuatro retretes por aula, pero dos sistemáticamente estaban rotos, año tras años. Y había persianas que no se levantaban, así que hemos estado sin luz natural los meses que han tardado en arreglarlo”, ejemplifica.

Estos apenas son algunos ejemplos de la batería de deficiencias y necesidades que la PLEI entregó al Defensor del Pueblo. Ahora, el organismo que lidera Ángel Gabilondo les ha respondido que abrirá actuaciones de oficio con las administraciones titulares de los centros. En concreto, se han iniciado ya actuaciones con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda y Colmenar Viejo, informaron en un escrito.

Sin asumir sus competencias

Marín asegura que habla “de cosas que de verdad dificultan el día a día en las escuelas y sería hasta para cerrarlas, porque siguen abriendo en unas condiciones que no son las adecuadas ni para la infancia ni para mantener la calidad educativa que se merecen las criaturas”. A la espera de que la investigación por parte del Defensor del Pueblo colme las esperanzas de la plantilla, las administraciones se pasan la pelota unas a otras.

La portavoz explica a elDiario.es que las competencias de infraestructuras de las escuelas públicas, tengan gestión directa o privatizada, siempre recaen en la Comunidad, mientras que el mantenimiento es competencia de los ayuntamientos. “Les comentas una deficiencia y te dicen que es de la infraestructura, pero luego los otros te dicen que es por falta de mantenimiento, y mientras la escuela se cae a pedazos” denuncia.

El esfuerzo “titánico” –tal y como lo caracteriza esta educadora infantil– que han realizado sus compañeras para enumerar y documentar los desperfectos de sus escuelas una por una se ha materializado en un dosier de más de 40 páginas que también obra en poder de la Consejería de Educación, con Mercedes Zarzalejo al frente. “Cuando nos reunimos con ella se comprometió a comunicar al departamento de Obras e Infraestructuras estas deficiencias si se las mandábamos en un informe. Esto es de risa. Tendría que ser ella quien las tuviera registradas porque sabemos que las direcciones de las escuelas se las han hecho llegar”, se queja Marín. Desde el envío, meses mediante, no han obtenido respuesta alguna. “Somos conscientes del papel limitado del Defensor, pero creemos que sí puede presionar de alguna manera para que las cosas mejores”, añade.

Precinto de los bomberos

Alba, educadora infantil en la escuela La Almudena, de gestión directa por parte de la Comunidad, sostiene que “están dejando morir” a su centro: “Es de los más antiguos de la región y todos los años, en la época de lluvias, sufrimos humedades, filtraciones y goteras”. Situado en Hortaleza, en este centro peligra la cubierta. Tanto, que los bomberos han llegado a acordonar algunas zonas. A ello se suman aulas inhabilitadas por la presencia de moho. “Trabajamos con bebés y con niños muy pequeños y nos tememos que algún día pueda ocurrir alguna desgracia”, advierte.

A La Almudena acuden cerca de un centenar de alumnos todos los días. “Pensamos que no hacen reparaciones estructurales porque prefieren que llegue el día en que tengan que cerrar o tirar la escuela. Suponemos que para después hacer una nueva, pero de gestión indirecta”, indica la educadora infantil.

María es madre de una criatura que este curso ha acudido a La Almudena, al curso de 0 a 1 años. “La cubierta está destrozada. Yo no sé si la integridad de los niños está a salvo”, secunda. No es el único aspecto que le preocupa, pues la falta de aires acondicionados acarrea numerosas incomodidades para la plantilla y los propios bebés, que tienen que estar rodeados de pingüinos. “Eso no puede ser sano. A veces he recogido a mi hija a 38 grados. Es un centro muy grande y sus instalaciones podrían estar muchísimo mejor, porque ahora es lamentable”, se queja.

Desde su punto de vista, no se invierte más dinero en las infraestructuras de las escuelas infantiles “porque los niños pequeños no pueden hablar”. “No sé dónde irá ese dinero, pero no va a remediar los desperfectos de la escuela. No puede ser que empecemos el curso y durante tres semanas no se pueda utilizar el aseo por las humedades que tiene, como pasó el año pasado”, rememora.

Cascotes debajo de la arena

Las escuelas infantiles se suceden una tras otra en el informe que entregaron al Defensor del Pueblo. El centro Ori Ori de San Blas, gestionado también directamente por la Comunidad de Madrid, es otro. Ana Muñoz trabaja como educadora infantil en este chalet antiguo de dos plantas: “Se está cayendo el enfoscado de la fachada y tuvieron que intervenir los bomberos el curso pasado. La dirección hizo los informes pertinentes, lo elevó a la Consejería, han venido a verlo, pero no han hecho nada”.

Uno de los aspectos que más preocupa en esta escuela infantil es la presencia de cascotes bajo la arena del patio de los pequeños de 2 a 3 años. “Nuestro patio está hecho sobre residuos de obra”, expone. Entre las deficiencias también se encuentran grietas en diversos muros, humedades, desprendimiento de parte de la fachada, ventanas de hierro en mal estado y una claraboya en la cubierta que está rajada, lo que provoca goteras.

Sin embargo, la cuestión no va solo de si arreglar las escuelas infantiles o no, sino también del respeto a sus trabajadores. Jorge Abad, maestro de educación infantil en la escuela Tarabilla, centro ubicado en Ciudad Lineal propiedad del Ayuntamiento de la capital, pero de gestión privatizada, detalla las calamidades que ha sorteado la plantilla este último curso. “Aquí las trabajadoras y las familias hemos tenido que luchar para tener el aire acondicionado que llevaba tres años sin funcionar, se ha reformado el patio y se ha terminado con un problema de palomas que defecaban en él”, comenta.

En este caso, fueron tantas las quejas que la junta municipal del distrito de Ciudad Lineal determinó que la escuela necesitaba una reforma integral y se comprometieron a llevar a los alumnos y educadoras a otro centro durante la remodelación. Finalmente, el Ayuntamiento no encontró alternativa y optó por ofrecer a las familias más puntos por irse a otra escuela y hasta 600 euros por acudir a una privada. “Con las educadoras, como nuestro contrato terminaba este año, decidieron no renovarlo. Gracias al apoyo y la presión de las familias estamos aquí, un año más, pero no sabemos qué ocurrirá el curso 27-28”, finaliza Abad.

Medio centenar de municipios de siete comunidades autónomas presentan barreras normativas que impiden a las personas con VIH trabajar como taxistas. Entre ellos figuran varias capitales de provincia como Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Málaga o Murcia, según recoge el informe realizado por la Comisión de VIH y Trabajo, integrada por los sindicatos CCOO, UGT y las organizaciones Cesida y FELGTBI+, realizada tras la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo en doce ayuntamientos murcianos, por lo que reclaman la revisión urgente de cláusulas que todavía exigen “no padecer enfermedad infectocontagiosa” para ejercer esta profesión.

Para la Comisión VIH y Trabajo, la intervención del Defensor del Pueblo supone un paso “importante en la defensa de la igualdad de trato y en la eliminación de obstáculos normativos que nunca debieron mantenerse vigentes”.

A raíz de esta situación, reclama que esta revisión se extienda a todos los municipios del territorio español en los que aún existan leyes, ordenanzas, reglamentos, bases de convocatoria o trámites administrativos que incluyan cláusulas genéricas como la de “no padecer enfermedad infectocontagiosa” para obtener una licencia o permiso municipal de taxi.

La permanencia de estas formulaciones no solo resulta “anacrónica”, sino que consideran que puede traducirse en exclusión, disuasión y vulneración de derechos para las personas con VIH, según las organizaciones. Como alternativa, se propone una redacción adecuada a la aptitud efectiva para ejercer el trabajo: “Certificado médico oficial firmado y sellado por el facultativo, acreditativo de que el interesado/a no padece impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista”.

Por todo ello, la Comisión de VIH y Trabajo insta a las administraciones locales, autonómicas y estatales a actualizar de manera urgente toda ley, ordenanza, reglamento o procedimiento administrativo que atente contra los derechos laborales y la igualdad de oportunidades de las personas que viven con VIH.

En su opinión, “ninguna persona debería ver limitado su acceso al empleo o a una licencia pública por cláusulas genéricas que no responden ni a la evidencia científica ni a los principios de no discriminación”. Asimismo, la Comisión de VIH y Trabajo solicita que la revisión normativa no se limite al sector del taxi. A su juicio, la eliminación de barreras legales y administrativas debe formar parte de una política pública coherente con el derecho al trabajo, la protección de la salud pública basada en la evidencia y el compromiso institucional con la no discriminación asociada al VIH.

Combatir “el estigma”, según la Comisión, también implica revisar y corregir aquellas normas que, aunque formuladas de manera aparentemente neutra, siguen teniendo efectos excluyentes. La Comisión de VIH y Trabajo reafirma “su disposición a colaborar con las administraciones competentes para identificar, revisar y modificar estas disposiciones, con el objetivo de garantizar entornos laborales y marcos normativos inclusivos, actualizados y respetuosos con los derechos humanos”.

Canarias es la comunidad con más municipios identificados según la información revisada por la Comisión de VIH y Trabajo y se han detectado estas barreras normativas en Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, San Bartolomé, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, Teguise y Yaiza.

En Murcia se han detectado en Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Murcia, Torre Pacheco y Totana y en Andalucía en Alcalá de Guadaíra, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Motril y Sevilla.

Asimismo, en la Comunidad de Madrid se han detectado Alcalá de Henares, Madrid y Orusco de Tajuña; en Castilla y León en El Arenal y León; en Extremadura en Badajoz y Cáceres y en Castilla La Mancha en Albacete, Ciudad Real y Chiloeches.

La concejala y secretaria de Aike Susana Martínez y Susana Tundidor, respectivamente, han comparecido este lunes para dar a conocer la queja presentada ante el Defensor del Pueblo en el que solicita amparo ante el “incumplimiento reiterado” del Reglamento de Participación Ciudadana por parte del equipo de Ana Guarinos, que gobierna en el Ayuntamiento de Guadalajara junto a Vox.

Durante su intervención, Martínez ha denunciado que el Ayuntamiento “está impidiendo” el ejercicio efectivo del derecho de participación de vecinos, vecinas, asociaciones y colectivos de la ciudad al no constituir o no convocar los diferentes órganos de participación previstos en la normativa municipal, como son los Consejos de Barrio y los Consejos Sectoriales.

“La participación ciudadana es un derecho fundamental y una obligación legal de las administraciones públicas”, ha señalado la concejala, recordando que tanto la Constitución Española como el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento reconocen y garantizan estos espacios de diálogo, consulta, transparencia y seguimiento de la gestión municipal.

“Transcurridos tres años de mandato, Vox y PP siguen sin constituir Consejos Sectoriales tan importantes como los de Medio Ambiente, Cultura, Salud o Comercio”, expone la concejala. Asimismo, denuncia que otros órganos únicamente se han reunido para su constitución o llevan años sin convocarse, incumpliendo la periodicidad establecida en sus propios reglamentos.

Ante esta situación, Aike solicita al Defensor del Pueblo que inste al Ayuntamiento de Guadalajara a garantizar un derecho fundamental, constituyendo los órganos que permanecen pendientes y convocando de forma periódica todos los consejos y órganos de participación previstos en la normativa municipal, como el Consejo Escolar de Localidad, el Consejo de Igualdad, el Consejo de Mayores o el Consejo de Seguridad entre otros.

Sin informe sobre las quejas ciudadanas desde 2024

Además de órganos --“tan importantes en materia de transparencia”-- asegura como la Comisión Especial de Quejas y Reclamaciones, que debería elaborar un informe anual sobre las quejas de la ciudadanía a través del Buzón ciudadano y lleva sin hacerlo desde el 2024.

También han mencionado el Consejo Director de los Centros Sociales, que debería aprobar la programación y la memoria anual de la actividad de los distintos centros de los barrios y tan solo se ha reunido una vez en todo el mandato, para su constitución.

La formación municipalista también pone el foco en la situación de los Consejos de Barrio, que deberían celebrarse al menos tres veces al año y que, como denuncia Aike, se convocan únicamente para presentar los Presupuestos Participativos una vez al año, sin ofrecer un verdadero espacio de seguimiento, rendición de cuentas o debate sobre las necesidades de cada barrio.

La ciudad pierde espacios de escucha, de diálogo y de construcción colectiva. Se debilita la calidad democrática de la institución y se incumple normativas básicas

Susana Martínez — Concejala de AIKE en el Ayuntamiento de Guadalajara

Durante la comparecencia, Susana Martínez ha insistido en que esta situación “vacía de contenido la participación ciudadana” e impide que las personas puedan aportar propuestas, trasladar problemas o participar en las decisiones que afectan al futuro de Guadalajara.

“La ciudad pierde espacios de escucha, de diálogo y de construcción colectiva. Se debilita la calidad democrática de la institución y se incumple normativas básicas”, ha afirmado.

Para Aike, fomentar la participación ciudadana supone fortalecer la transparencia y mejorar la salud democrática de las instituciones, “porque la democracia no es solo que te voten cada 4 años, sino habilitar estos canales de participación de la ciudadanía para la toma de decisiones”, finaliza Susana Tundidor.

El Procurador del Común -equivalente al Defensor del Pueblo- de Castilla y León ha presentado su informe anual. En 2025, se dictaron 1.333 resoluciones, de las cuales se emitieron recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias en el 82,75% de las resoluciones. Las administraciones públicas aceptaron (parcial o totalmente) el 84% de las 1.103 resoluciones que incluían recomendaciones y sugerencias.

A lo largo de 2025, el Procurador del Común ha recomendado a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social que reduzca los tiempos de espera sanitarios, especialmente en Atención Primaria y las Unidades del Dolor. También ha exigido que se eliminen las sujeciones físicas en las residencias de mayores y que se aumente el número de plazas públicas para reducir las listas de espera. También ha reclamado “un enfoque preventivo y estructural” para abordar la contaminación del agua por nitrato y universalizar la instalación de contadores de agua y una tarificación vinculada al consumo real en los municipios.

El Procurador del Común ha detectado un incumplimiento generalizado del límite recomendado del uso de pantallas y dispositivos electrónicos en la etapa escolar, por lo que ha pedido a la Consejería que establezca criterios pedagógicos para regular y limitar estas actividades. Además, ha reclamado que se dote a los centros de recursos materiales y humanos para atender a los alumnos que necesitan más apoyo, además de impulsar protocolos para prevenir el acoso escolar y proteger la salud mental de los menores.

Además, este 'Defensor del Pueblo' señala a los 168 ayuntamientos que no han querido colaborar en algún punto de sus informes. Estos municipios no colaboradores se clasifican entre aquellos que no contestaron a las peticiones de información, aquellos que no respondieron a recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias y los que se han negado a participar de cualquier forma con el Procurador del Común. León y Burgos son las provincias con menos ayuntamientos no colaboradores (35 y 31, respectivamente).

No contestaron al Procurador cuando pidió información

Cuando el Procurador del Común recibe una queja e inicia la investigación pertinente, se pone en contacto con las administraciones públicas. El año pasado, fueron 23 ayuntamientos los que no respondieron a la consulta de esta institución independiente.

Ignoraron las recomendaciones del Procurador del Común

También hay 104 municipios que no contestaron a las recomendaciones, recordatorios o sugerencias del Procurador del Común, la mayoría de ellos de León (25), Burgos (18) y Valladolid (15). En este grupo, destacan municipios grandes como los de Miranda de Ebro (PSOE-IU-Podemos), Astorga (PP), Ponferrada (PP-Coalición por el Bierzo), Palencia (PSOE) y Soria (PSOE), entre otros.

No contestaron a nada

Hay 41 municipios que no contestaron ni durante la investigación de cada una de las quejas ni una vez resueltas. Entre ellos, destacan los ayuntamientos de las ciudades de Burgos (PP), León (PSOE), Segovia (PP) y Valladolid (PP-Vox).

En esta ocasión, se han incluido como entidades no colaboradoras a la Diputación de Ávila (que no ha contestado a nada) y a la Diputación de Burgos, que no remitió un informe sobre los servicios de extinción de incendios. También se afea la falta de colaboración en las pedanías de Hiniesta, Hormaza y Moradillo de Sedano, la Mancomunidad Bajo Arlanza (Burgos) y la Junta Vecinal Villamarco (León).

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que se cuidan todas las garantías, pero las quejas han terminado llegado hasta el Defensor del Pueblo. El organismo público, que dirige Ángel Gabilondo, ha solicitado información a José Luis Martínez-Almeida sobre los protocolos municipales a la hora de atender a las personas que viven en la calle. En concreto, reclama un listado con las actuaciones del último medio año y, especialmente, aquellas que se siguieran antes de retirar enseres a las personas sin hogar, después de que El País publicara testimonios de trabajadores denunciando que estas pertenencias se tiraban sin el permiso de sus dueños.

Según indicaron, el Área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha dado una orden reciente a los Equipos de Calle (que trabajan diariamente con las personas sin hogar) para no avisar a los afectados si mandaban un operativo especial de limpieza al lugar donde pernoctan, y en el que normalmente guardan enseres como mantas, ropa o algunos muebles de segunda mano.

Aunque el departamento responsable mantuvo en su día que “no se tira nada sin avisar”, el Defensor del Pueblo ha exigido datos que avalen esta respuesta. Entre ellos, el número de actuaciones efectuadas en los últimos seis meses, la cifra de personas afectadas y las alternativas habitacionales que se les ofrecen para salir de esta situación de calle. En un comunicado, la institución nacional detalla que su petición viene después de conocer el caso en los medios y recibir dos quejas distintas: una de los trabajadores municipales y la otra, de una sección sindical con representación.

“Las personas que han interpuesto la queja manifiestan su preocupación por una posible vulneración de derechos fundamentales de personas en situación de sinhogarismo de la ciudad de Madrid al expulsar a estas personas de los espacios públicos en los que pernoctan, sin ofrecer alternativas y retirando sus pertenencias personales sin previo aviso, incluida la documentación y medicación”, sentencia en su nota el Defensor del Pueblo.

No obstante, Almeida ha respondido públicamente a la solicitud de Ángel Gabilondo. Reitera que “en esta ciudad no se tira ni una sola de las pertenencias personales de las personas sin hogar”, salvo los cartones. “Y, en mi opinión, los cartones no son pertenencias personales y en ellos puede haber un riesgo sanitario en esos cartones”, ha sentenciado esta misma semana.

Antes de recibir esta última solicitud, el alcalde de Madrid ya salió al paso de las críticas defendiendo que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa aseguró que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Más allá del trabajo de campo, existen seis centros de acogida en la red municipal: San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca. En total son 1.210 plazas disponibles para una ciudad que atiende a miles de personas a lo largo del año, y la idea es abrir unas 200 plazas más a lo largo de este año, ya sea en viviendas de la EMVS o con contratos específicos con el mercado privado.

Durmiendo en el suelo, sin ventanas en las celdas, con suciedad y falta de medios para quejarse de la situación en la que se encuentran, las personas que son detenidas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería llevan 14 años sufriendo las condiciones penosas de las instalaciones que los acogen después de llegar al país en largas travesías donde se exponen a perder sus vidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, ha emitido hasta 13 sugerencias en el último control que se dio en la provincia, pese a que varias de ellas llevan varios años siendo reiteradas ante la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La ficha de seguimiento del CATE fue actualizada por completo el pasado 26 de mayo y se incluye en el informe del año 2025 presentado por Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. La función del MNP consiste en supervisar los lugares de privación de libertad en el país de acuerdo con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT). Las visitas se hacen de manera aleatoria y sin previo aviso, cuyo objetivo es revisar el estado del sistema y garantizar la integridad y dignidad de las personas que desembarcan en el país.

Con respecto al CATE de Almería, los días 25 y 26 de junio del año pasado, el director y una técnica del MNP, junto a un técnico del área de Migraciones e Igualdad de Trato, y otro técnico del área de Seguridad y Justicia del organismo, realizaron el examen en el puerto almeriense y, posteriormente, en Motril. En esta inspección, se mantuvieron entrevistas con agentes de la Policía Nacional y personal de Cruz Roja, entidad contratada por la Secretaría de Estado de Migraciones, pero no se pudo contar con el testimonio de personas detenidas al no haber ese fin de semana.

Entre las observaciones más destacables, el organismo se refiere a los techos del módulo en el que se mantienen a los menores que llegan a la costa andaluza sin compañía. De estas estructuras se pueden fijar colgaduras, por lo que son “susceptibles” de ser “utilizados para conductas autolíticas, lo que puede comprometer su indemnidad”. Una llamada de atención reiterada y que se dio ya en 2014. La solución era sustituir el material, pero no se ha adoptado “ninguna medida”, aunque la Dirección General de la Policía adelanta en el escrito enviado el 11 de junio como respuesta que se estudiarán las medidas para abordarlo “este mismo año”.

“Constituye un trato indigno y degradante”

Lo primero que reseñan desde MNP es que las instalaciones “necesitan mantenimiento y limpieza”, especialmente para combatir el óxido de la valla perimetral que rodea el CATE, al igual que piden que se retire la basura en un pasillo donde se realiza la primera atención humanitaria. Entre las carencias más graves, se constata que no hay ningún tipo de mobiliario en las celdas de los varones adultos y de los menores no acompañados, impidiendo que descansen en buenas condiciones.

Pese a que en las anteriores visitas se dio cuenta de este conflicto, como queda reflejado en los informes de 2022, 2020, 2019, 2017, 2014 y 2011, todavía no hay una solución efectiva. “Desde 2011 se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se instalen literas y se evite que personas que llegan a las costas españolas después de una dura travesía y en condiciones físicas y psicológicas muy deterioradas, deban sentarse y dormir en el suelo”, subraya el escrito, “es una práctica que constituye un trato indigno y degradante, muy especialmente entre personas menores de edad sin cuidadores adultos”.

“En 14 años transcurridos desde la primera visita del MNP a estas instalaciones, la Administración podría haber buscado una solución que armonizara las necesidades de seguridad con el deber de evitar situaciones degradantes para las personas bajo custodia, o que incluso sean contrarias a su bienestar e integridad física y psicológica”, tachando la respuesta otorgada por instancias superiores de “contraria” a los derechos fundamentales. “La argumentación alegada no justifica la negativa a dotar a las instalaciones del mobiliario necesario para una estancia digna”, a lo que añaden que hay un peor trato para estas personas que para las que están detenidas en otros CATE o en el propio módulo para mujeres y niños, donde sí hay mobiliario “para no tener que dormir y acostarse en el suelo”.

En estas mismas celdas para los varones adultos hay otros hándicaps, ya que carecen de ventanas que provocan la falta de ventilación. “Las paredes de las celdas presentan, en el momento de la visita, un aspecto muy sucio y descuidado, y están llenas de pintadas”, describen, “no hay acceso a los baños desde las celdas de los varones adultos y no resulta posible el acceso a espacios al aire libre desde la celda”, al contrario de lo que sucede en otros centros de acogida, para lo que citan a las dependencias habilitadas en Gran Canaria, Tenerife, Málaga o Motril. Además, los cubos de basura están cerca de los cubículos, provocando riesgos para la salud, y, entre los puntos que se recogen, recomiendan instalar toldos u otros elementos que den sombra y “habilitar espacios para que las personas detenidas puedan acceder a zonas al aire libre durante su estancia”.

Sin sistema sonoro de seguridad ni contacto exterior

En cuanto a la seguridad, todas las celdas del CATE carecen de sistema sonoro de llamada. “Este hecho dificulta que el personal de custodia pueda prestar la necesaria asistencia a los internos ante cualquier incidente o vicisitud ocurrido durante la custodia, que ponga en riesgo la seguridad o integridad de las personas detenidas”, especifican. Para paliar esta falta, se hacen rondas durante la noche, sin embargo, los agentes solo escuchan las llamadas de voz una vez están delante de un módulo en concreto. “No cabe concebir una instalación pública en la que la atención precisa haya de ser reclamada mediante llamadas de voz”, advierten, aparte de que el cierre de las puertas de todas las celdas y módulos del CATE es manual, lo que puede “poner en riesgo la vida y la integridad física” de los detenidos.

Con relación a los recursos para los extranjeros, faltan fuentes de agua potable en las instalaciones donde duermen y carecen de libro de quejas y sugerencias en el propio edificio debido a que se encuentran en la comisaría por donde no pasan los individuos, refleja el MNP. Por otra parte, se les retira el móvil una vez dentro del CATE, a diferencia del protocolo en otros centros, como Barranco Seco. “El conjunto de estas medidas imposibilita el contacto con el exterior, generando un sufrimiento innecesario en las personas extranjeras y sus familiares, que no pueden saber que han llegado con vida a tierra firme” y, a su vez, “esta incomunicación puede perjudicar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa o un sufrimiento innecesario porque limita la comunicación con su letrado o personas de confianza”.

A esta falta de comunicación habría que añadir que en el CATE de Almería el responsable del turno saliente durante los relevos no deja constancia de las incidencias habidas en el turno por escrito. Se comunica “solo de forma verbal” las incidencias y las circunstancias relevantes de la custodia, como la presencia de personas detenidas con necesidades especiales. Una cuestión que va contra lo establecido en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, recuerda el ente, para lo que recomienda una vez más que haya registro de lo sucedido durante las guardias.

Respuesta del Ministerio del Interior

En la ficha actualizada de mayo no constan las respuestas por parte de la administración a las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo, aunque en anteriores ocasiones se ha aludido a la falta de presupuesto o a las medidas de seguridad vigentes para justificar alguna de las actuaciones, como que no haya camas. A tenor de la falta de literas, ya en el año 2011 se hacía constar en el informe de la MNP que la carencia de este mobiliario “afectaba” al descanso de los recién llegados. “Se ha solicitado que se subsane esta deficiencia”, ya que, observa el escrito, “no deberían dormir en colchonetas extendidas en el suelo”. Una década más tarde, permanecen.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio del Interior confirman que la Dirección General de la Policía remitió el 11 de junio por escrito las respuestas al Defensor. En el documento, trasladan, se aclaran las peticiones de información y se atienden la mayor parte de las sugerencias formuladas por la institución. En este sentido, adelantan que está prevista “para este mismo año” la instalación de los elementos de sombra y, también, la colocación de los carteles para indicar cuáles son las zonas con videovigilancia. Además, indican que “se están estudiando ya” la forma de intervenir en el techo del módulo de menores.

No obstante, la Dirección General plantea que hay sugerencias “que ya se aplicaban en el momento de la visita realizada a las instalaciones”, como la existencia de colchones ignífugos, así como la presencia de un sistema de mantenimiento permanente y del abastecimiento de agua potable “que atiende en todo momento las necesidades de las personas del centro”. También, confirma la existencia de un libro de quejas y sugerencias y de un libro de relevos.

Juan Carlos Nieto no esperaba convertirse en noticia ni en símbolo. Tras 37 años de servicio público, los últimos 15 en la oficina de prestaciones del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de Mérida, insiste en que nunca quiso desafiar a la organización ni provocar una polémica política. Pero el expediente disciplinario a este funcionario que atiende a personas sin cita previa lo ha colocado en el centro de un debate que va mucho más allá de su propio caso.

Semanas después de que el caso saltara a la opinión pública y generara una ola de apoyo ciudadano, sindical y político sin precedentes en la región extremeña, Nieto continúa sin conocer el desenlace del procedimiento. “Por el momento no hay ninguna novedad”, explica a elDiario.es Extremadura.

La incertidumbre persiste mientras la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE analiza la propuesta de sanción formulada tras la investigación de la Inspección de Servicios.

Además, la documentación del expediente a la que ha tenido acceso este periódico refuerza la versión defendida por el trabajador. En el pliego de cargos se recoge que los hechos investigados consisten en haber realizado actuaciones para usuarios sin cita previa y emitir determinados certificados o atender consultas al margen de las instrucciones internas establecidas por la dirección. El documento no atribuye el expediente a otras causas diferentes ni recoge los motivos alternativos que han circulado en algunas informaciones publicadas durante las últimas semanas. “No sé si es malintencionado o se quiere sembrar dudas, pero los motivos del expediente son los que son”.

Según el propio pliego, la Administración considera que esas actuaciones podrían haber generado un trato diferenciado respecto a otros usuarios que seguían el procedimiento ordinario de cita previa y encuadra los hechos en una posible falta grave por incumplimiento de funciones. Nieto rechaza esa interpretación y sostiene que nunca dejó de atender a personas con cita para beneficiar a otras que no la tenían. “Jamás dejé de atender a alguien con cita para atender a otra persona que sí disponía de ella. Cuando había capacidad y alguien llegaba con una necesidad urgente y había un hueco, yo intentaba ayudar, pero no por caridad, simplemente porque es mi trabajo”, afirma.

El pasado 5 de junio, sin embargo, el Ministerio de Trabajo aseguró que “la investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”.

El rostro de un debate nacional

La repercusión mediática del caso ha sorprendido incluso al propio protagonista. Lo que empezó como un expediente interno terminó ocupando espacio en medios nacionales y desencadenando una movilización ciudadana poco habitual en torno a un trabajador público.

Nieto admite que esta exposición pública ha tenido un impacto personal. “Cuando todo esto empezó pensaba que era una cuestión administrativa más. Nunca imaginé que acabaría en programas de radio y periódicos nacionales o que tanta gente me mostraría su apoyo”. Aun así, reconoce que también ha sentido el peso de convertirse en una figura pública involuntaria.

“Hay quien me presenta como un héroe y yo no me reconozco en esa imagen, pero estoy muy preocupado y esto está afectando a mi mujer y a mi hijo también. He hecho mi trabajo lo mejor posible como lo hacen miles de empleados públicos. Lo que ocurre es que este caso ha tocado una fibra sensible porque mucha gente ha vivido problemas similares con la Administración y nadie les ha defendido antes”.

Y es que su nombre ha quedado ligado a un debate que afecta a miles de ciudadanos: la creciente dependencia de los procedimientos digitales para acceder a servicios esenciales y las dificultades de quienes no logran adaptarse a ellos.

El temor a las consecuencias

Aunque el expediente puede comprometer su futuro laboral, Nieto asegura que hay algo que le preocupa incluso más que una posible sanción (hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo). “Lo que verdaderamente también me inquieta es el efecto que esto pueda tener sobre otros compañeros”.

A su juicio, el mensaje que podría desprenderse de su caso es que cualquier iniciativa orientada a resolver problemas concretos de la ciudadanía puede convertirse en un riesgo para el trabajador. “Si la conclusión es que lo mejor es limitarse a cumplir estrictamente las instrucciones aunque tengas delante a una persona desesperada, estaremos generando una Administración mucho más fría y distante”.

Recuerda que muchas empleadas y empleados públicos se enfrentan a diario a situaciones que no encajan perfectamente en los manuales y que exigen cierto margen de criterio profesional. “La Administración necesita normas, nadie discute eso. Pero también necesita personas capaces de interpretar la realidad que tienen delante”.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la tensión entre la legalidad formal y la atención efectiva a la ciudadanía. Los defensores de la cita previa sostienen que garantiza igualdad de trato, evita arbitrariedades y permite organizar recursos limitados. Nieto no cuestiona esos objetivos. “La cita previa tiene sentido. Es una herramienta útil para gestionar el trabajo. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en una barrera”.

Insiste en que el debate debe trascender su situación personal. “Ante la pregunta de qué prefiero: que archiven el expediente o que se arregle esto. Yo quiero que se archive porque es mi trabajo y mi sustento, pero también creo que se ha abierto una oportunidad para humanizar un poco el sistema”.

Nieto explica que en la propia oficina existen mecanismos para aprovechar los huecos que quedan cuando una atención termina antes de lo previsto. El gestor de colas, señala, permite asignar esos tiempos libres a personas que llegan sin cita previa. “Llevo más de un año planteando alternativas porque creo que se puede compatibilizar la organización del trabajo con la atención a quien tiene una necesidad urgente”. Además, recuerda que un sistema mixto, que combina cita previa con atención en el mismo día, ya está funcionando en otras localidades de la provincia de Badajoz.

Una Administración que excluye

La cita previa, implantada inicialmente como medida excepcional durante la pandemia, se ha convertido en el acceso habitual a numerosos servicios públicos. Para Nieto, este cambio ha aportado ventajas organizativas, pero también ha generado nuevos problemas. “La digitalización ha facilitado muchas cosas, pero también ha creado nuevas formas de exclusión”.

Recuerda que una parte importante de los usuarios del SEPE son personas mayores, ciudadanos con escasos conocimientos tecnológicos o personas en situaciones personales especialmente complicadas. “No todo el mundo tiene ordenador, acceso a internet o capacidad para manejar determinados procedimientos”.

Su reflexión se apoya en décadas de experiencia en atención al público. “He visto personas perder prestaciones por cuestiones burocráticas o por no entender determinados procedimientos. A veces no se trata solo de aplicar una norma, sino de tener empatía con quien tienes delante”.

Durante la conversación evoca incluso el caso de su propio padre, funcionario jubilado, que tuvo dificultades para realizar trámites sanitarios graves y urgentes que solo podían gestionarse por internet: “Para ayudar a mi padre y a mi madre tuve que pedir asesoramiento a mi mujer e incluso a un amigo, porque yo me pongo nervioso cuando no controlo todo el proceso”.

Apoyo ciudadano inmediato

La apertura del expediente provocó una reacción social inmediata en Mérida. Decenas de personas se concentraron ante las puertas del SEPE para mostrar su apoyo al trabajador y exigir el archivo de las actuaciones. Entre los asistentes había desempleados, compañeros de oficina, representantes sindicales y ciudadanos que conocían de primera mano la labor de Nieto.

“Lo que más me ha emocionado no han sido las entrevistas ni la repercusión mediática, sino escuchar a personas que venían a decirme que en algún momento les ayudé cuando tenían un problema”, confiesa.

El respaldo también ha llegado desde organizaciones sociales y distintas formaciones políticas, aunque él insiste en desvincular su caso de cualquier confrontación partidista. “No quiero que esto se politice porque no creo que sea una cuestión de derechas o de izquierdas. Tiene que ver con cómo queremos que funcione la Administración y con qué tipo de relación queremos entre los servicios públicos y la ciudadanía”.

Mientras espera la resolución definitiva, Nieto es consciente de que el desenlace puede tener un alcance que va más allá de su propia carrera. Si la sanción prospera, muchos lo interpretarán como una reafirmación del cumplimiento estricto de los procedimientos. Si se archiva o se suaviza, otros verán un reconocimiento implícito de la necesidad de mantener márgenes de flexibilidad en la atención al público.

Él evita situarse en los extremos. “No creo que la solución sea que cada funcionario haga lo que quiera. Pero tampoco creo que una Administración pueda funcionar ignorando las circunstancias reales de las personas”. Su reflexión destila empatía: “Después de tantos años trabajando, uno aprende que detrás de cada expediente hay una persona. Y quizá eso es lo que no deberíamos obviar nunca porque es fácil olvidarse”.

Denunció otros obstáculos

El expediente actual no es el primer desencuentro de Nieto con la estructura administrativa del SEPE. En abril de 2019, cuando trabajaba en la oficina de prestaciones de Mérida, remitió un escrito a la dirección provincial alertando de las sanciones que estaban recibiendo numerosos perceptores por no acudir a los controles obligatorios. Según denunció entonces, muchos nunca llegaron a conocer las citaciones porque las cartas eran devueltas sin haber sido entregadas.

Aquel aviso generó debate y acabó impulsando cambios en los procedimientos de notificación. Para él, ese episodio reforzó la convicción de que la Administración debe garantizar que los ciudadanos comprendan y puedan ejercer sus derechos antes de imponer sanciones que afectan “directamente a su subsistencia”.

La continuidad entre aquella denuncia y el expediente actual permite interpretar ambos episodios como parte de una misma preocupación: evitar que procedimientos concebidos para organizar la Administración terminen convirtiéndose en obstáculos para quienes más dependen de ella.

El caso ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha abierto actuaciones y ha solicitado información al SEPE sobre las circunstancias que motivaron la apertura del expediente, los tiempos medios para obtener cita en la oficina de Mérida y los criterios que regulan la atención presencial. Además, recuerda que durante los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas por las dificultades para conseguir cita previa y ser atendidos en las oficinas de empleo, una situación sobre la que ya había formulado recomendaciones a la Administración.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, solicitando información acerca de la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario público supuestamente por atender a ciudadanos sin cita previa en las oficinas del SEPE en Mérida, como publicó El País. El departamento de Yolanda Díaz niega que ese sea el motivo de la investigación, pero indica que este es “confidencial”.

La institución presidida por Ángel Gabilondo ha consultado al SEPE sobre las informaciones que apuntan que el funcionario público fue expedientado por atender a ciudadanos que no habían conseguido obtener cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarias para acceder a recursos sociales.

Según explicó el trabajador a El País, realizaba esas actuaciones después de haber atendido previamente a los ciudadanos citados, o cuando existían huecos libres en la agenda. El funcionario fue apoyado por un centenar de personas en una concentración el pasado miércoles.

El Defensor del Pueblo pide al SEPE “información sobre el eventual expediente incoado al trabajador”, sobre qué criterios rigen la atención presencial al ciudadano en las oficinas de Empleo y “cuáles son las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos para el desempeño de esa labor”, informa en una nota.

También reclama información sobre el tiempo medio de obtención de citas en la Oficina de Empleo de Mérida en los años 2025 y 2026.

Trabajo niega que ese sea el motivo de la investigación

“La investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”, responden en el Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, indican que el SEPE “está a total disposición de la oficina del Defensor del Pueblo para efectuar las aclaraciones oportunas”.

“Los elementos que ponen en marcha este procedimiento son otros relacionados con la gestión de su trabajo, y son estrictamente confidenciales con el fin de salvaguardar los derechos del investigado. Todos los trabajadores y trabajadoras públicas están sometidos a los procesos de verificación del trabajo que son necesarios para garantizar el correcto desempeño de las funciones que realizan”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Además, precisan que “el SEPE no ha expedientado al funcionario de Mérida, sino que se ha abierto una investigación, que actualmente está en curso y en manos de una instrucción independiente”. Por lo tanto, en estos momentos “no se ha puesto sobre la mesa la imposición de sanciones de ningún tipo y, por supuesto, tampoco ha visto alterada su actividad laboral”.

“Las instituciones públicas que prestamos servicios a la ciudadanía tenemos un deber claro, que es el de atender a las ciudadanas y los ciudadanos de la manera más eficaz, rápida y eficiente. Por lo tanto, todo lo que favorezca prestar esta atención va a tener siempre nuestro apoyo, porque entendemos que es nuestro deber. Pero también tenemos el deber, la obligación, de que todos los procesos que dependan de la administración pública, que es la administración de todos y de todas, tengan las garantías y la seguridad jurídica y procedimental pertinentes”, responden en el Ministerio de Trabajo.

El Defensor recuerda las “numerosas quejas” de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo recuerda que en los últimos años ha venido recibiendo “numerosas quejas ciudadanas en las que se planteaban las dificultades con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo”.

Por ello, la institución ha venido formulando diferentes recomendaciones a la Secretaría de Estado de Trabajo –que dirige Joaquín Pérez Rey, 'número dos' de la vicepresidenta Yolanda Díaz– para que se buscasen soluciones a dicha situación.

“Las respuestas recibidas argumentaban que estas incidencias se debían, fundamentalmente, al déficit de personal del que se dispone”, indica el Defensor. Esta falta de personal es una denuncia constante de los sindicatos del SEPE en los últimos años, que denuncian incluso oficinas que se han quedado completamente vacías.

Las demoras para lograr la atención presencial en el SEPE han supuesto incluso que proliferen negocios de venta ilegal de citas en los últimos años, contra los que el Ministerio de Trabajo puso hace unos meses una denuncia ante la jefatura de la Policía Nacional en Catalunya. La práctica se remonta hasta 2020 y afecta a varias ciudades españolas.

El departamento de Yolanda Díaz manifiesta todo su “apoyo a los y las trabajadoras de las oficinas del SEPE y a todos los servidores públicos, sobre todo en aquellos momentos en los que puedan tener más dificultades para prestar los servicios que prestan”.

El defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha afirmado este martes que “la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”. “Por mucho que digamos lo contrario, estamos dejando a gente atrás y no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser conscientes de ello y hacer más por la verdadera aplicación de los derechos sociales”, ha aseverado.

Patxi Vera, que ha comparecido este martes en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para presentar el informe de la institución correspondiente al año 2025, ha señalado que este informe “recoge la voz, no del Defensor, sino de esos miles de personas que no se sienten bien tratadas por las Administraciones o que no ven reconocidos sus derechos”. “Una parte de esos casos pone en evidencia que la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”, ha afirmado.

Vera ha señalado que “esto no es un buen síntoma para nuestra sociedad y para su futuro, ni por supuesto para los colectivos vulnerables que la padecen”. El Defensor del Pueblo de Navarra realizó en 2025 un total de 5.654 actuaciones, 929 más que en 2024, lo que supone un aumento del 19,7%.

En el capítulo de quejas, el más numeroso fue el de Derechos Sociales, con un total de 284 quejas, lo que supone un aumento del 53% con respeto al año anterior. “Destaca la demora en la valoración de la discapacidad, con retrasos superiores al año y medio y que van a más. Hay que tomar medidas de choque. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTE, es cuestión de voluntad política poder dar salida a la acumulación de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales”, ha señalado.

En el ámbito de la sanidad se registraron 264 quejas, un incremento del 31% respecto al año anterior. “Las quejas más numerosas se dieron por los retrasos en listas de espera de especializada y las demoras para obtener cita en Atención Primaria, si bien muchas de ellas fueron solucionadas al primer trámite y no fue necesario emitir resolución”, ha explicado Patxi Vera.

El capítulo de educación sumó 124 quejas, cifra idéntica a la del pasado año. Se referían a cuestiones como los servicios de transporte y comedor escolar, criterios y procesos de admisión en centros escolares, prácticas en Formación Profesional o “insuficientes” apoyos para alumnado con necesidades especiales.

En vivienda se registraron 102 quejas, un 16% más que el año anterior. “Sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero cuando se recibe la petición de ayuda de una familia para acceder a un piso y se conoce con detalle cuál es su situación, a uno se le encoge el corazón y le genera impotencia no poder hacer nada”, ha indicado.

Además, ha advertido de que en Navarra “existe racismo inmobiliario, hay una especie de síndrome de sospecha de aporofobia y a los niños y niñas no se les quiere ver ni en pintura cuando hablamos de un alquiler”. “Todo esto supone una flagrante desigualdad”, ha señalado.

Patxi Vera ha destacado la “integración” como el mayor reto que tiene la sociedad navarra. “Es verdad que tenemos muchos desafíos, muchos de ellos importantes, y podemos ver cómo la ciudadanía reclama sus derechos, pero tenemos también a la vista y en países muy cercanos cuáles son las consecuencias de no trabajar adecuadamente la integración social y económica, además de la diversidad cultural desde el respeto y la convivencia. Esa integración ha de llevarse a cabo fundamentalmente por derechos humanos y por humanidad”, ha señalado.

Así ha solicitado que Navarra trabaje de forma decidida por la integración social y económica, así como por la diversidad cultural, “desde el respeto y la convivencia. No se trata solamente de tolerarnos, sino de construir juntos una sociedad más diversa, más cohesionada y justa”, ha afirmado.

Por último, Patxi Vera ha expuesto, respecto al derecho a una buena administración, que se siguen viendo casos de “burocracia defensiva, de falta de empatía”. “La ciudadanía sigue viendo muchas administraciones como territorio hostil. La cita previa obligatoria se sigue exigiendo sin ningún respaldo legal. Sigue habiendo graves consecuencias por la brecha digital, y la dificultad de comprensión de normas y escritos es patente. Además, la petición de disculpas a la ciudadanía es una 'rara avis' y no digamos ya la absoluta falta de prácticas restaurativas”, ha comentado.

Las víctimas optan por el Defensor del Pueblo. En dos semanas, según datos adelantados por la Ser y confirmados por elDiario.es, la nueva plataforma creada por el acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y Confer, ha recibido 300 solicitudes de reparación. Esta vía, que abría un canal de reparación fuera del control de la Iglesia para víctimas de la pederastia eclesial, ha recibido en apenas 15 días el doble de peticiones que el plan PRIVA desde su creación en febrero de 2025, hace más de un año. En concreto, las víctimas que optaron por ese canal, creado unilateralmente por la Iglesia, fueron 156.

Los datos conocidos este jueves revelan la necesidad de las víctimas de encontrar canales de reparación alternativos al establecido, unilateralmente, por la Iglesia, sin la participación estatal y sin que los supervivientes de la pederastia clerical estuvieran representados.

Según fuentes oficiales, desde que el PRIVA empezó a recibir solicitudes de reparación, en febrero de 2025, hasta primeros de abril, se han recibido 156 solitudes. 15 de ellas, por cierto, desde que se firmó el histórico protocolo para dotar al Defensor del Pueblo de la capacidad de decidir, bajo la tesis defendida por el ministro Bolaños (y censurada por los obispos): “El Estado determina la cuantía, la Iglesia paga”.

En total, desde PRIVA se han emitido 94 dictámenes de reparación integral. No hay cifras totales en cuantía económica, pero en marzo fueron ya dos millones en lo que tiene que ver con la primera parte de la reparación. De hecho, tal y como ha podido saber RD, entre las 300 solicitudes hay “varias” que buscan que se vuelva a valorar la indemnización recibida a través del canal episcopal.

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramita a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación aprobado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución. Si no hay acuerdo, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. Otra de las novedades es que las víctimas verán reconocido su estado a efectos civiles.

Para Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR-Infancia Robada, “es una cantidad que no me resulta sorpresiva”. De hecho, tanto en ANIR como en AVA “estamos recibiendo llamadas de víctimas y supervivientes desde que se abrió el plazo”. “La cantidad seguirá subiendo”, augura.

Toda la información en www.religiondigital.org

“Todavía sigo esperando”. Ya no son tres meses, si no, en total, cinco meses desde que la Junta de Andalucía mantiene su silencio ante los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz en funciones. Tras la apertura de la investigación de oficio derivada de la crisis de los cribados, Jesús Maetzu confirma que se reiteró la petición en diciembre al gobierno de Juanma Moreno, sin embargo, la disolución del Parlamento andaluz con la convocatoria de elecciones ha dejado un vacío tras de sí: “No se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) en Andalucía volvieron a salir a la palestra a lo largo de la semana pasada después de que desvelara, a través de una investigación de El País, que la Junta ya era conocedora de la obstrucción que había en el sistema con dos alertas realizadas por el servicio de Radiodiagnóstico en 2023 y, posteriormente, en 2025. En este sentido, el material que remitió la administración al Defensor del Pueblo el pasado diciembre era “claramente insuficiente”. Así, pesa la indiferencia. “Hemos reiterado una respuesta, de manera urgente y preferente”, señaló Maetzu durante la rueda de prensa en la que presentó el balance de 2025 de la institución, donde hay un apartado específico para esta crisis.

“No duden de que, en cuanto esté la información, se informará a la ciudadanía”, reiteró en la casa del pueblo andaluz, ya que las pacientes “tienen inapelablemente el derecho a la información”. Hay un total de 2.317 mujeres que fueron afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama y, pese a la gravedad de la situación, el informe remitido conjuntamente por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la defensoría fue poco esclarecedor. “Decían que unas llamadas se hicieron y otras no, unas notificaciones se hicieron por carta y otras al correo electrónico... Era insuficiente, y la defensoría tiene que ser muy seria con esto, porque es un caso muy grave”, aseveró.

“El problema real no es de forma sino de fondo”

Las respuestas demandadas son relativas a tres ejes fundamentales, tal y como se cita en el balance de la defensoría: el derecho a la información sanitaria, la respuesta asistencial analizando el cumplimiento de los plazos clínicos recomendados y la evaluación global del propio programa, en particular, de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz. En el informe enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, se reconoce haber identificado “una falla de comunicación” o “incidencia comunicativa”, que afectó a las mujeres con hallazgos mamográficos catalogados como BI-RADS 3, especialmente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero se expresa que tal incidencia “no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial”.

Además, se especifica que el programa de cáncer de mama incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes y que, en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5), se genera directamente la derivación hospitalaria, aunque la comunicación depende parcialmente de los circuitos de cada hospital. En este punto, se especifica que existían diferencias en las formas de contactar con las mujeres, haciéndolo algunos por vía telefónica y otros mediante envío directo de la citación por correo postal.

No obstante, la defensoría, a la hora de estudiar las respuestas de la Junta, entiende que el enfoque para justificar las respuestas es “parcial”, ya que se reduce la “falla de comunicación” a una mera cuestión de forma, es decir, “una simple diferencia en la práctica de los medios empleados”, pero “no responde al problema de mayor calado planteado en la crisis del cribado de mama, por la ausencia misma de contacto dirigido a informar del resultado incierto del cribado, ni del estudio adicional preciso, ni de la derivación a su centro hospitalario”.

“El problema real no es de forma sino de fondo, esto es, de la ausencia misma de comunicación autónoma de los resultados del Programa de Cribado a las afectadas”, en donde no se clara si debían o podían realizarse conjunta o separadamente, a quién correspondía la realización de cada una y porqué se omitía la primera. A su vez, se omiten datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera. Tampoco se pronuncia sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado, aunque sí determina que se inició en octubre de 2025 la actividad de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz. “Todo lo cual nos lleva a cursar una petición de informe complementario”, determina la evaluación de la defensoría.

Balance de 2025

A lo largo de 2025, el Defensor del Pueblo Andaluz incrementó su actividad y desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día. En comparación con el periodo anterior, hubo un 30% más de quejas presentadas, con un total de más de 13.000 nuevas quejas iniciadas. Además, se atendieron 17.494 consultas atendidas y se realizaron 53 actuaciones de oficio, viéndose que hay una mayor incidencia en Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad.

En dependencia, advirtió que “Sevilla está colapsada”, ya que hay unas 100 quejas diarias en la materia dentro de la provincia. Hay escritos que quedan grabados en su memoria, como el de un hombre de 49 años, con ELA, y cuyos dos hermanos, que sufrían la misma enfermedad, habían fallecido sin que les llegara respuesta por parte de la administración, “me preguntaba, ¿usted cree que también me moriré sin la ayuda?”. “Las listas de espera y los retrasos en dependencia merman la confianza de la ciudadanía en el sistema público: no hay mayor desafección”, subrayó. En vez de hablar de retrasos y demoras, el término que usó fue “desprotección”, desprotección para las familias con personas mayores, las que esperan por el bono de alquiler, aquellas que necesitan unos ingresos mínimos, es decir, las que no pueden esperar un día más ante los desmanes de la vida.

En cuanto a la vivienda, fue tajante: “Es el termómetro más visible de la desigualdad”. Con 2.423 expedientes gestionados, es una de las mayores preocupaciones de la población andaluza. La carrera de obstáculos, tal y como definió, incluye la falta de oferta, los precios desmedidos del mercado inmobiliario, sobre todo en el alquiler, la amenaza de las viviendas de uso turístico o la “especial crudeza” de las zonas costeras. “Hay una avaricia patrimonial”, determinó a tenor de la visión especulativa que se mantiene sobre la vivienda. Una realidad en la que la defensoría se posiciona “con la exigencia de que este derecho subjetivo sea cada vez más preponderante”. Para ello, pidió una planificación estructural en el sistema, en vez de las construcciones a mansalva que afloran en esta nueva burbuja inmobiliaria y que, de una forma u otra, tiene una repercusión en la infancia y la adolescencia, como ha analizado con asociaciones del sector.

“La vivienda acelera procesos de sustitución social”, añadió, siendo él mismo uno de los afectados. Oriundo de Cádiz, admitió que en el centro de su ciudad apenas reconoce a los vecinos y a los pequeños comercios de los que disfrutaba hasta hace apenas una década. Por tanto, pide leyes autonómicas que “alivien” la presión sobre aquellos que intentan acceder a una propiedad. Ampliar y proteger el parque público, así como la coordinación efectiva de los servicios sociales y la mejora de la gestión de las ayudas son alguna de las claves que ofreció para intentar paliar la situación.

Jubilación

El informe anual, concebido como una hoja de ruta, da un decálogo de buenas prácticas para las instituciones, ya sea en materia de vivienda como dependencia y sanidad, en el que se reitera que el marco común debe ser la defensa y el robustecimiento del espíritu democrático.

Maetzu vio como positivo el aumento de casos a atender, que significaría un mayor conocimiento del organismo entre la sociedad, pero, de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan, advirtió: “Se van a empezar a pelear todos los grupos, pero tiene que haber un suelo democrático”, donde el compromiso sea con “la igualdad, la no discriminación, los derechos laborales, la migración, los ingresos suficientes, la sostenibilidad ambiental, así como la memoria democrática”. Valores por los que construir una sociedad mejor, más rica y diversa, en donde la convivencia sea la prioridad frente a los discursos de odio y xefonobia, comentó, sobre todo en el entorno de las redes sociales. Todo ello, con tal de evitar la erosión de la convivencia social, deseó.

A sabiendas de la importancia de su cargo, insistió en que su deseo es jubilarse cuando se forme un nuevo gobierno en Andalucía. “Después de las vacaciones, que se sienten todos los grupos que quieran a la institución a negociar”, con tal de llegar a los tres quintos que se requieren para su sustitución. En las dos últimas décadas, ha desempeñado esta labor en tres períodos diferentes, estando desde septiembre de 2024 hasta la actualidad en funciones. “Quiero una soledad deseada”, sonrió. A la espera de lo que ocurra tras el 17 de mayo, Maetzu protegerá el cargo que le confía el pueblo andaluz.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado este martes en el Defensor del Pueblo una queja formal en relación con la enajenación, el pasado 15 de enero de 2025, de seis parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo destinadas a la construcción de 104 viviendas de protección oficial, al considerar “que el procedimiento de adjudicación podría vulnerar principios básicos de publicidad, igualdad y concurrencia”.

Así lo ha declarado ante los medios de comunicación el portavoz del Grupo, Luis Alonso, quien ha solicitado al Defensor del Pueblo que exija al Ayuntamiento y al Gobierno regional “la remisión del expediente completo y la acreditación del cumplimiento de los principios legales en la adjudicación”.

Asimismo, Alonso ha instado a que se “restablezca el control administrativo directo y a implantar sistemas objetivos y transparentes de selección”. El concejal del PSOE ha indicado que al ser “vivienda protegida construida sobre suelo público”, el Ayuntamiento “no puede desentenderse del procedimiento de adjudicación ni dejarlo en manos exclusivas de promotores privados sin garantías públicas suficientes”.

El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está destinado a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, lo que obliga al Ayuntamiento de Logroño a ejercer un control efectivo sobre el proceso de adjudicación.

Sin embargo, ha denunciado Luis Alonso, “el pliego de condiciones atribuía a las empresas adjudicatarias la selección de compradores que estuvieran inscritos en el IRVI, sin establecer un proceso de adjudicación, estructurado y garantista”.

El portavoz del PSOE ha criticado que “no hubo convocatorias oficiales ni apertura de plazos, publicación de listados, criterios objetivos de baremación ni sorteo público supervisado”. Esto “supone un cambio respecto a la práctica anterior del propio Ayuntamiento, que asumía directamente la adjudicación garantizando transparencia y objetividad”, ha recordado Alonso.

Además, la normativa autonómica y estatal exige que la adjudicación de viviendas protegidas se rija por los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Algo que en Logroño no ha habido.

Por otro lado, el concejal ha denunciado el hecho de que las propias empresas promotoras “hayan aplicado sistemas propios de adjudicación sin que conste un control municipal efectivo ni acreditación pública del cumplimiento de los cupos de reserva legalmente establecidos”.

Así, el PSOE reclama y exige “transparencia, reglas claras y las mismas oportunidades para todas las personas inscritas”, ha subrayado Alonso ya que “la función social del suelo público no se cumple solo construyendo viviendas protegidas, sino garantizando que su acceso se produzca con pleno respeto a los principios de igualdad y publicidad”.

El Defensor del Pueblo, tras investigar la realización de un evento taurino que involucraba a personas con acondroplasia en Santo Domingo de la Calzada el pasado 19 de septiembre de 2025, ha reprendido al Ayuntamiento a través de un “recordatorio del deber legal”.

El texto remitido por el Alto Comisionado recuerda al Ejecutivo local su deber: «De cumplir y hacer cumplir el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social disposición adicional tercera 2, que prohíbe la celebración de espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana»

Esta advertencia se produce después de la queja impulsada por la Fundación Franz Weber en el que advertía la participación de varias personas con acondroplasia y el incumplimiento de la normativa estatal que, de facto, veta este tipo de espectáculos “cuyo objetivo gira alrededor de la moda de personas por su simple condición física”, según señala la fundación.

El documento también alertaba sobre la posible vulneración de los Derechos Fundamentales de las personas con discapacidad y donde todas las administraciones públicas deben mostrar un compromiso ineludible con los derechos de las personas con diversidad funcional, incluyendo la inmensa mayoría del colectivo de personas con acondroplasia. Además, recalcan que el evento se difundió a través de redes sociales previamente, “contribuyendo a esparcir estos estereotipos negativos, asociando una condición genética a un marco de humor inexistente, fomentando la mofa humillante”.

Las ONG representativas de este sector humano, como ADEE España, Fundación Alpe Acondroplasia o plataformas como CERMI, han advertido en numerosas ocasiones acerca de estas actividades y desde 2022 varias de estas entidades promueven un programa de mejora de la empleabilidad con el objetivo de ayudar a las personas que todavía toman parte de estos mal llamados festejos.

FFW considera “muy grave” que el propio Ayuntamiento colaborara con este evento, “contribuyendo a perpetuar estereotipos” y recuerda que también solicitó a la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja la apertura de un expediente sancionador.

La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente.

“Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”.

Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar.

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas.

Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas.

Un documental de TV3 pone en contacto a las familias

Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich.

Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido.

“Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano.

Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”.

El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades, que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas.

Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya.

“Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora.

El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos.

“No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”.

Opacidad sobre las causas y el número de muertes

Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. 

“¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano.

La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. 

En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. 

Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. 

En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”.

Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tomen medidas para evitar los sobrecostes en transportes alternativos al tren en un momento en el que el sistema ferroviario español se está viendo afectado tras el accidente en Adamuz (Córdoba).

En concreto, Gabilondo ha abierto una actuación de oficio ante el Ministerio y la CNMC para que informen acerca de las medidas que pretenden adoptar para evitar la existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías.

Esta situación podría estar afectando a los viajeros que se ven en la necesidad de utilizar transportes alternativos a las líneas de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía o entre Madrid y Catalunya, principalmente, y que habrían de pagar sobrecostes para poder viajar, sobre todo, en avión, en autobús, o en coche de alquiler, según el Defensor del Pueblo.

Por eso, pide a estas dos instituciones que, a través de los órganos reguladores, actúen en el ámbito de sus competencias para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales, “en algunos casos significativamente”.

Gabilondo considera que, ante estas circunstancias, “no parece que sea procedente” que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas.

Topes en los precios de Iberia

Precisamente, este martes, en la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se habló se esa tituación de los precios. En concreto, Podemos reclamó al titular de Transportes desarrollar mecanismos legales para topar los precios de viajes de avión ante situaciones de esta magnitud.

Puente aseguró que, tras lo ocurrido en Adamuz, se barajó esa opción, pero finalmente no fue necesario, porque hubo “un comportamiento bastante responsable del sector, especialmente el sector aéreo y muy concretamente de Iberia”, que ha puesto más aviones desde Sevilla y desde Málaga.

El ministro señaló que la aerolínea también ha decidido de forma “unilateral” topar los precios, tanto en los billetes ordinarios de clase turista como en los 'business'. “Creo que el sector se ha comportado razonablemente bien y no nos hemos visto obligados a intervenir”, afirmó.

Iberia anunció, también el martes, que también limitará a 99 euros el vuelo entre Madrid y Barcelona tras la cancelación de varios trenes de alta velocidad.

No obstante, el ministro adelantó que el Ejecutivo intervendría si se observara algún comportamiento abusivo: “Si es necesario, lo haremos, pero no lo hemos visto necesario y quiero también en este aspecto romper una lanza por las empresas que han adoptado un comportamiento a la altura. Yo creo que de lo que cabe esperar en un momento como este”.

La pregunta se repite cada año: ¿quiere marcar la casilla para la Iglesia Católica o para las actividades de interés social? En la declaración de la renta cada uno decide a dónde destina el 0,7% del IRPF. Un impuesto que recauda millones de euros en todo el país con el fin de mejorar la red asociativa mediante los proyectos sin ánimo de lucro. En el caso de Andalucía, la última convocatoria salió con más de 56 millones de euros, de los que 6,5 millones estaban destinados a las entidades de ámbito provincial. Sin embargo, el proceso ha despertado la crítica de varias asociaciones de pequeño y mediano tamaño que han sido descartadas por no cumplir con el requisito de un presupuesto mínimo.

¿Cuál era la cantidad establecida? La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, publicó las instrucciones a cumplir de la convocatoria en mayo del año pasado e indicaba que en los programas de ámbito provincial el dinero mínimo a gastar era 15.000 euros, a excepción de los ámbitos de igualdad de género, LGTBI e intervención del voluntariado, con 5.000 euros.

Esta medida provocó que siete asociaciones formaran la Coordinadora Andaluza del Tercer Sector, entre las que se encuentran Nexo, Zaqueo, Adhara, Asaenes, el Comité Español de Cooperación al Desarrollo, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y Lubna. Con el ánimo de recabar apoyos, publicaron un manifiesto que hicieron circular por los canales de mensajería instantánea al que, aseguran, ya se han adscrito unas 40 asociaciones. En busca de respuestas, se dirigieron al Defensor del Pueblo Andaluz y, tras el período navideño, han retomado el diálogo con la parte responsable de la Junta de Andalucía.

Al respecto, Amparo Morillo, psicóloga de la asociación Zaqueo, asegura en declaraciones a este medio que “hay una falta de transparencia en los criterios de adjudicación”. Sin respuesta desde la resolución definitiva de la convocatoria en diciembre, indica que, pese a que su proyecto obtuviera 63 puntos, como recoge el documento provisional pasando por encima de otros grupos sociales, quedó eliminado por aportación mínima. “El presupuesto parece pequeño, pero el año pasado era el mismo y sí se aprobó, por lo que nos destinaron 23.000 euros que ayudaron a contratar a una trabajadora social”. Esta cantidad suponía el 33% de los ingresos del ente y, ahora, no podrán cubrir los gastos de la trabajadora y deberán prescindir de ella. “Es una frustración, porque hemos visto muchas injusticias y esta es la definitiva: las entidades pequeñas nos vemos fuera de cualquier posibilidad de réplica”, manifiesta.

Inflar los presupuestos

El documento de la convocatoria fue publicado el 28 de mayo del año pasado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y supera los 56 millones de euros que están distribuidos en cuatro vías de financiación. Dos de ellas dependen del área de actuación de las asociaciones, por lo que se distingue entre área provincial, con más de 6 millones, y área supraprovincial —aquellas asociaciones que actúen en más de una provincia—, con 39,2 millones. Cada ámbito tiene diez líneas de actuación, según a lo que se dedique la entidad social, como, por ejemplo, los programas dedicados a la infancia, adolescencia y juventud, a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad, a la comunidad gitana, al igual que los proyectos dedicados a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres o para las personas migrantes y la garantía de los derechos del colectivo LGTBI.

A tenor de lo sucedido, Ana Cirera, técnica de Asaenes, asevera que someten a las entidades a una difícil diatriba: “Te obligan a presentar proyectos con presupuestos inflados. Por ejemplo, si contratas a una persona, ya son 20.000 euros, pero, ¿y si en la resolución te dan menos dinero de lo que has presupuestado? Lo reformulas y desinflas. Por tanto, no es un presupuesto real, sino inventado”. Ante la falta de financiación, señala que este año se quedarán en un cajón cuatro proyectos, “así que el impacto es, por un lado, los despidos y, por otro, no prestar el servicio a las personas que atendemos”, subraya, “todos eran relacionados con colectivos vulnerables, tanto para aquellas personas con trastorno mental grave, que se encuentran en la calle o dedicados al apoyo de las familias cuidadoras, con las que trabajamos para descargar el peso emocional y físico que sufren día a día”.

El último encuentro que se ha producido entre la administración y la plataforma se dio el pasado lunes 12, donde se le requirió a la Secretaría General de Inclusión Social, dirigida por Ana Vanessa García, que se acordaran criterios claros, públicos y equitativos, aparte de una transparencia “total” en los procesos de evaluación, con acceso a los informes correspondientes. La Coordinadora resalta que “la decisión final de adjudicar la financiación no se basa únicamente en la valoración técnica de los proyectos, sino en una fórmula matemática que considera datos ajenos al conocimiento de las asociaciones, lo que limita su capacidad de planificación presupuestaria y reduce las oportunidades de acceder a financiación”.

A raíz de la movilización de esta plataforma, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad respondió a esta cabecera que las bases reguladoras de la convocatoria fueron “ampliamente trabajadas” por la Mesa del Tercer Sector, teniendo su trámite de audiencia pública y alegaciones. Además, destacan que, por primera vez, se logró sacar la línea 4, destinada a las entidades de ámbito provincial, “una queja histórica” de los afectados dado que “no podían competir” con aquellos grupos de mayor músculo financiero. “Hay un número muy grande de asociaciones que entran en estas subvenciones en concurrencia competitiva, pero es una cuestión que se ha consensuado”, defienden las fuentes consultadas de la cartera de Loles López.

Más autofinanciación

En representación de la Mesa del Tercer Sector, habla Guillermo Bellouard, su secretario técnico, quien destaca el papel de su organización al ser el interlocutor de la Consejería en la Comisión permanente de diálogo con la Mesa. Un papel desempeñado durante largo tiempo y que ha dado ido dando sus frutos, como la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector en Andalucía.

“Llevamos años presentando alegaciones en cada proceso de modificación de bases por las vías legales pertinentes y reuniéndonos con la Consejería en el espacio propiamente adecuado, pero pero ante muchas de nuestras reivindicaciones, propuestas o reclamos, recibimos como excusa final la falta de presupuesto”, indica. Si bien lamenta que la nueva plataforma no se haya puesto en contacto con ellos, admite que el reclamo más urgente es aumentar la cuantía económica de las partidas a través de los recursos autonómicos: “Los fondos del IRPF corresponden a los fondos estatales, no son los propios de la Consejería, por lo que venimos pidiendo en la comisión permanente que se incrementen las subvenciones autofinanciadas por la Junta”, sostiene Bellouard.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final

Otras entidades deciden prescindir del dinero público ante el reiterado rechazo en este tipo de subvenciones y optan por mantenerse en virtud de la aportación de sus socios, aunque el campo de acción disminuya considerablemente, como ocurre en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Diego Boza, coordinador general, critica que esta situación se ha agravado desde la entrada del Gobierno de Juanma Moreno: “El resultado provoca, y así lo ven otras entidades, que el dinero no llegue a los proyectos medios y pequeños, los que tienen una potencialidad de ayudar a la ciudadanía, mientras que muchas de las beneficiadas están participadas por la Iglesia”.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final, “lo que genera una situación paradójica, porque el contribuyente no marca el 0,7% que se destina a la Iglesia Católica y, al final, parece que lo hace”.

La APDHA se mantiene a través de los mil socios que tienen repartidos por la comunidad y diferentes acuerdos y colaboraciones con algunos municipios, como en Cádiz o Córdoba, detalla el representante, así que gozan de cierta “tranquilidad” al no depender directamente de las líneas de apoyo de la Junta de Andalucía. “Esto no quita que, al presentarnos a las convocatorias, veamos que hay una preferencia clarísima a proyectos asistencialistas, aquellos que lo que hacen es sustituir a la administración donde no llega. Además, con la exigencia de un determinado tamaño de proyecto, habrá entidades que no podrán alcanzarlo nunca porque no tienen esos fondos previos, por lo que se discrimina la capacidad de acceder a fondos públicos”, añade. El asunto está ahora en manos del Defensor del Pueblo Andaluz, quien pidió a la plataforma un plazo razonable para que la administración respondiera a sus peticiones.