La concejala y secretaria de Aike Susana Martínez y Susana Tundidor, respectivamente, han comparecido este lunes para dar a conocer la queja presentada ante el Defensor del Pueblo en el que solicita amparo ante el “incumplimiento reiterado” del Reglamento de Participación Ciudadana por parte del equipo de Ana Guarinos, que gobierna en el Ayuntamiento de Guadalajara junto a Vox.

Durante su intervención, Martínez ha denunciado que el Ayuntamiento “está impidiendo” el ejercicio efectivo del derecho de participación de vecinos, vecinas, asociaciones y colectivos de la ciudad al no constituir o no convocar los diferentes órganos de participación previstos en la normativa municipal, como son los Consejos de Barrio y los Consejos Sectoriales.

“La participación ciudadana es un derecho fundamental y una obligación legal de las administraciones públicas”, ha señalado la concejala, recordando que tanto la Constitución Española como el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento reconocen y garantizan estos espacios de diálogo, consulta, transparencia y seguimiento de la gestión municipal.

“Transcurridos tres años de mandato, Vox y PP siguen sin constituir Consejos Sectoriales tan importantes como los de Medio Ambiente, Cultura, Salud o Comercio”, expone la concejala. Asimismo, denuncia que otros órganos únicamente se han reunido para su constitución o llevan años sin convocarse, incumpliendo la periodicidad establecida en sus propios reglamentos.

Ante esta situación, Aike solicita al Defensor del Pueblo que inste al Ayuntamiento de Guadalajara a garantizar un derecho fundamental, constituyendo los órganos que permanecen pendientes y convocando de forma periódica todos los consejos y órganos de participación previstos en la normativa municipal, como el Consejo Escolar de Localidad, el Consejo de Igualdad, el Consejo de Mayores o el Consejo de Seguridad entre otros.

Sin informe sobre las quejas ciudadanas desde 2024

Además de órganos --“tan importantes en materia de transparencia”-- asegura como la Comisión Especial de Quejas y Reclamaciones, que debería elaborar un informe anual sobre las quejas de la ciudadanía a través del Buzón ciudadano y lleva sin hacerlo desde el 2024.

También han mencionado el Consejo Director de los Centros Sociales, que debería aprobar la programación y la memoria anual de la actividad de los distintos centros de los barrios y tan solo se ha reunido una vez en todo el mandato, para su constitución.

La formación municipalista también pone el foco en la situación de los Consejos de Barrio, que deberían celebrarse al menos tres veces al año y que, como denuncia Aike, se convocan únicamente para presentar los Presupuestos Participativos una vez al año, sin ofrecer un verdadero espacio de seguimiento, rendición de cuentas o debate sobre las necesidades de cada barrio.

La ciudad pierde espacios de escucha, de diálogo y de construcción colectiva. Se debilita la calidad democrática de la institución y se incumple normativas básicas

Susana Martínez — Concejala de AIKE en el Ayuntamiento de Guadalajara

Durante la comparecencia, Susana Martínez ha insistido en que esta situación “vacía de contenido la participación ciudadana” e impide que las personas puedan aportar propuestas, trasladar problemas o participar en las decisiones que afectan al futuro de Guadalajara.

“La ciudad pierde espacios de escucha, de diálogo y de construcción colectiva. Se debilita la calidad democrática de la institución y se incumple normativas básicas”, ha afirmado.

Para Aike, fomentar la participación ciudadana supone fortalecer la transparencia y mejorar la salud democrática de las instituciones, “porque la democracia no es solo que te voten cada 4 años, sino habilitar estos canales de participación de la ciudadanía para la toma de decisiones”, finaliza Susana Tundidor.

El Procurador del Común -equivalente al Defensor del Pueblo- de Castilla y León ha presentado su informe anual. En 2025, se dictaron 1.333 resoluciones, de las cuales se emitieron recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias en el 82,75% de las resoluciones. Las administraciones públicas aceptaron (parcial o totalmente) el 84% de las 1.103 resoluciones que incluían recomendaciones y sugerencias.

A lo largo de 2025, el Procurador del Común ha recomendado a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social que reduzca los tiempos de espera sanitarios, especialmente en Atención Primaria y las Unidades del Dolor. También ha exigido que se eliminen las sujeciones físicas en las residencias de mayores y que se aumente el número de plazas públicas para reducir las listas de espera. También ha reclamado “un enfoque preventivo y estructural” para abordar la contaminación del agua por nitrato y universalizar la instalación de contadores de agua y una tarificación vinculada al consumo real en los municipios.

El Procurador del Común ha detectado un incumplimiento generalizado del límite recomendado del uso de pantallas y dispositivos electrónicos en la etapa escolar, por lo que ha pedido a la Consejería que establezca criterios pedagógicos para regular y limitar estas actividades. Además, ha reclamado que se dote a los centros de recursos materiales y humanos para atender a los alumnos que necesitan más apoyo, además de impulsar protocolos para prevenir el acoso escolar y proteger la salud mental de los menores.

Además, este 'Defensor del Pueblo' señala a los 168 ayuntamientos que no han querido colaborar en algún punto de sus informes. Estos municipios no colaboradores se clasifican entre aquellos que no contestaron a las peticiones de información, aquellos que no respondieron a recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias y los que se han negado a participar de cualquier forma con el Procurador del Común. León y Burgos son las provincias con menos ayuntamientos no colaboradores (35 y 31, respectivamente).

No contestaron al Procurador cuando pidió información

Cuando el Procurador del Común recibe una queja e inicia la investigación pertinente, se pone en contacto con las administraciones públicas. El año pasado, fueron 23 ayuntamientos los que no respondieron a la consulta de esta institución independiente.

Ignoraron las recomendaciones del Procurador del Común

También hay 104 municipios que no contestaron a las recomendaciones, recordatorios o sugerencias del Procurador del Común, la mayoría de ellos de León (25), Burgos (18) y Valladolid (15). En este grupo, destacan municipios grandes como los de Miranda de Ebro (PSOE-IU-Podemos), Astorga (PP), Ponferrada (PP-Coalición por el Bierzo), Palencia (PSOE) y Soria (PSOE), entre otros.

No contestaron a nada

Hay 41 municipios que no contestaron ni durante la investigación de cada una de las quejas ni una vez resueltas. Entre ellos, destacan los ayuntamientos de las ciudades de Burgos (PP), León (PSOE), Segovia (PP) y Valladolid (PP-Vox).

En esta ocasión, se han incluido como entidades no colaboradoras a la Diputación de Ávila (que no ha contestado a nada) y a la Diputación de Burgos, que no remitió un informe sobre los servicios de extinción de incendios. También se afea la falta de colaboración en las pedanías de Hiniesta, Hormaza y Moradillo de Sedano, la Mancomunidad Bajo Arlanza (Burgos) y la Junta Vecinal Villamarco (León).

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que se cuidan todas las garantías, pero las quejas han terminado llegado hasta el Defensor del Pueblo. El organismo público, que dirige Ángel Gabilondo, ha solicitado información a José Luis Martínez-Almeida sobre los protocolos municipales a la hora de atender a las personas que viven en la calle. En concreto, reclama un listado con las actuaciones del último medio año y, especialmente, aquellas que se siguieran antes de retirar enseres a las personas sin hogar, después de que El País publicara testimonios de trabajadores denunciando que estas pertenencias se tiraban sin el permiso de sus dueños.

Según indicaron, el Área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha dado una orden reciente a los Equipos de Calle (que trabajan diariamente con las personas sin hogar) para no avisar a los afectados si mandaban un operativo especial de limpieza al lugar donde pernoctan, y en el que normalmente guardan enseres como mantas, ropa o algunos muebles de segunda mano.

Aunque el departamento responsable mantuvo en su día que “no se tira nada sin avisar”, el Defensor del Pueblo ha exigido datos que avalen esta respuesta. Entre ellos, el número de actuaciones efectuadas en los últimos seis meses, la cifra de personas afectadas y las alternativas habitacionales que se les ofrecen para salir de esta situación de calle. En un comunicado, la institución nacional detalla que su petición viene después de conocer el caso en los medios y recibir dos quejas distintas: una de los trabajadores municipales y la otra, de una sección sindical con representación.

“Las personas que han interpuesto la queja manifiestan su preocupación por una posible vulneración de derechos fundamentales de personas en situación de sinhogarismo de la ciudad de Madrid al expulsar a estas personas de los espacios públicos en los que pernoctan, sin ofrecer alternativas y retirando sus pertenencias personales sin previo aviso, incluida la documentación y medicación”, sentencia en su nota el Defensor del Pueblo.

No obstante, Almeida ha respondido públicamente a la solicitud de Ángel Gabilondo. Reitera que “en esta ciudad no se tira ni una sola de las pertenencias personales de las personas sin hogar”, salvo los cartones. “Y, en mi opinión, los cartones no son pertenencias personales y en ellos puede haber un riesgo sanitario en esos cartones”, ha sentenciado esta misma semana.

Antes de recibir esta última solicitud, el alcalde de Madrid ya salió al paso de las críticas defendiendo que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa aseguró que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Más allá del trabajo de campo, existen seis centros de acogida en la red municipal: San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca. En total son 1.210 plazas disponibles para una ciudad que atiende a miles de personas a lo largo del año, y la idea es abrir unas 200 plazas más a lo largo de este año, ya sea en viviendas de la EMVS o con contratos específicos con el mercado privado.

Durmiendo en el suelo, sin ventanas en las celdas, con suciedad y falta de medios para quejarse de la situación en la que se encuentran, las personas que son detenidas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería llevan 14 años sufriendo las condiciones penosas de las instalaciones que los acogen después de llegar al país en largas travesías donde se exponen a perder sus vidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, ha emitido hasta 13 sugerencias en el último control que se dio en la provincia, pese a que varias de ellas llevan varios años siendo reiteradas ante la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La ficha de seguimiento del CATE fue actualizada por completo el pasado 26 de mayo y se incluye en el informe del año 2025 presentado por Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. La función del MNP consiste en supervisar los lugares de privación de libertad en el país de acuerdo con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT). Las visitas se hacen de manera aleatoria y sin previo aviso, cuyo objetivo es revisar el estado del sistema y garantizar la integridad y dignidad de las personas que desembarcan en el país.

Con respecto al CATE de Almería, los días 25 y 26 de junio del año pasado, el director y una técnica del MNP, junto a un técnico del área de Migraciones e Igualdad de Trato, y otro técnico del área de Seguridad y Justicia del organismo, realizaron el examen en el puerto almeriense y, posteriormente, en Motril. En esta inspección, se mantuvieron entrevistas con agentes de la Policía Nacional y personal de Cruz Roja, entidad contratada por la Secretaría de Estado de Migraciones, pero no se pudo contar con el testimonio de personas detenidas al no haber ese fin de semana.

Entre las observaciones más destacables, el organismo se refiere a los techos del módulo en el que se mantienen a los menores que llegan a la costa andaluza sin compañía. De estas estructuras se pueden fijar colgaduras, por lo que son “susceptibles” de ser “utilizados para conductas autolíticas, lo que puede comprometer su indemnidad”. Una llamada de atención reiterada y que se dio ya en 2014. La solución era sustituir el material, pero no se ha adoptado “ninguna medida”, aunque la Dirección General de la Policía adelanta en el escrito enviado el 11 de junio como respuesta que se estudiarán las medidas para abordarlo “este mismo año”.

“Constituye un trato indigno y degradante”

Lo primero que reseñan desde MNP es que las instalaciones “necesitan mantenimiento y limpieza”, especialmente para combatir el óxido de la valla perimetral que rodea el CATE, al igual que piden que se retire la basura en un pasillo donde se realiza la primera atención humanitaria. Entre las carencias más graves, se constata que no hay ningún tipo de mobiliario en las celdas de los varones adultos y de los menores no acompañados, impidiendo que descansen en buenas condiciones.

Pese a que en las anteriores visitas se dio cuenta de este conflicto, como queda reflejado en los informes de 2022, 2020, 2019, 2017, 2014 y 2011, todavía no hay una solución efectiva. “Desde 2011 se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se instalen literas y se evite que personas que llegan a las costas españolas después de una dura travesía y en condiciones físicas y psicológicas muy deterioradas, deban sentarse y dormir en el suelo”, subraya el escrito, “es una práctica que constituye un trato indigno y degradante, muy especialmente entre personas menores de edad sin cuidadores adultos”.

“En 14 años transcurridos desde la primera visita del MNP a estas instalaciones, la Administración podría haber buscado una solución que armonizara las necesidades de seguridad con el deber de evitar situaciones degradantes para las personas bajo custodia, o que incluso sean contrarias a su bienestar e integridad física y psicológica”, tachando la respuesta otorgada por instancias superiores de “contraria” a los derechos fundamentales. “La argumentación alegada no justifica la negativa a dotar a las instalaciones del mobiliario necesario para una estancia digna”, a lo que añaden que hay un peor trato para estas personas que para las que están detenidas en otros CATE o en el propio módulo para mujeres y niños, donde sí hay mobiliario “para no tener que dormir y acostarse en el suelo”.

En estas mismas celdas para los varones adultos hay otros hándicaps, ya que carecen de ventanas que provocan la falta de ventilación. “Las paredes de las celdas presentan, en el momento de la visita, un aspecto muy sucio y descuidado, y están llenas de pintadas”, describen, “no hay acceso a los baños desde las celdas de los varones adultos y no resulta posible el acceso a espacios al aire libre desde la celda”, al contrario de lo que sucede en otros centros de acogida, para lo que citan a las dependencias habilitadas en Gran Canaria, Tenerife, Málaga o Motril. Además, los cubos de basura están cerca de los cubículos, provocando riesgos para la salud, y, entre los puntos que se recogen, recomiendan instalar toldos u otros elementos que den sombra y “habilitar espacios para que las personas detenidas puedan acceder a zonas al aire libre durante su estancia”.

Sin sistema sonoro de seguridad ni contacto exterior

En cuanto a la seguridad, todas las celdas del CATE carecen de sistema sonoro de llamada. “Este hecho dificulta que el personal de custodia pueda prestar la necesaria asistencia a los internos ante cualquier incidente o vicisitud ocurrido durante la custodia, que ponga en riesgo la seguridad o integridad de las personas detenidas”, especifican. Para paliar esta falta, se hacen rondas durante la noche, sin embargo, los agentes solo escuchan las llamadas de voz una vez están delante de un módulo en concreto. “No cabe concebir una instalación pública en la que la atención precisa haya de ser reclamada mediante llamadas de voz”, advierten, aparte de que el cierre de las puertas de todas las celdas y módulos del CATE es manual, lo que puede “poner en riesgo la vida y la integridad física” de los detenidos.

Con relación a los recursos para los extranjeros, faltan fuentes de agua potable en las instalaciones donde duermen y carecen de libro de quejas y sugerencias en el propio edificio debido a que se encuentran en la comisaría por donde no pasan los individuos, refleja el MNP. Por otra parte, se les retira el móvil una vez dentro del CATE, a diferencia del protocolo en otros centros, como Barranco Seco. “El conjunto de estas medidas imposibilita el contacto con el exterior, generando un sufrimiento innecesario en las personas extranjeras y sus familiares, que no pueden saber que han llegado con vida a tierra firme” y, a su vez, “esta incomunicación puede perjudicar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa o un sufrimiento innecesario porque limita la comunicación con su letrado o personas de confianza”.

A esta falta de comunicación habría que añadir que en el CATE de Almería el responsable del turno saliente durante los relevos no deja constancia de las incidencias habidas en el turno por escrito. Se comunica “solo de forma verbal” las incidencias y las circunstancias relevantes de la custodia, como la presencia de personas detenidas con necesidades especiales. Una cuestión que va contra lo establecido en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, recuerda el ente, para lo que recomienda una vez más que haya registro de lo sucedido durante las guardias.

Respuesta del Ministerio del Interior

En la ficha actualizada de mayo no constan las respuestas por parte de la administración a las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo, aunque en anteriores ocasiones se ha aludido a la falta de presupuesto o a las medidas de seguridad vigentes para justificar alguna de las actuaciones, como que no haya camas. A tenor de la falta de literas, ya en el año 2011 se hacía constar en el informe de la MNP que la carencia de este mobiliario “afectaba” al descanso de los recién llegados. “Se ha solicitado que se subsane esta deficiencia”, ya que, observa el escrito, “no deberían dormir en colchonetas extendidas en el suelo”. Una década más tarde, permanecen.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio del Interior confirman que la Dirección General de la Policía remitió el 11 de junio por escrito las respuestas al Defensor. En el documento, trasladan, se aclaran las peticiones de información y se atienden la mayor parte de las sugerencias formuladas por la institución. En este sentido, adelantan que está prevista “para este mismo año” la instalación de los elementos de sombra y, también, la colocación de los carteles para indicar cuáles son las zonas con videovigilancia. Además, indican que “se están estudiando ya” la forma de intervenir en el techo del módulo de menores.

No obstante, la Dirección General plantea que hay sugerencias “que ya se aplicaban en el momento de la visita realizada a las instalaciones”, como la existencia de colchones ignífugos, así como la presencia de un sistema de mantenimiento permanente y del abastecimiento de agua potable “que atiende en todo momento las necesidades de las personas del centro”. También, confirma la existencia de un libro de quejas y sugerencias y de un libro de relevos.

Juan Carlos Nieto no esperaba convertirse en noticia ni en símbolo. Tras 37 años de servicio público, los últimos 15 en la oficina de prestaciones del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de Mérida, insiste en que nunca quiso desafiar a la organización ni provocar una polémica política. Pero el expediente disciplinario a este funcionario que atiende a personas sin cita previa lo ha colocado en el centro de un debate que va mucho más allá de su propio caso.

Semanas después de que el caso saltara a la opinión pública y generara una ola de apoyo ciudadano, sindical y político sin precedentes en la región extremeña, Nieto continúa sin conocer el desenlace del procedimiento. “Por el momento no hay ninguna novedad”, explica a elDiario.es Extremadura.

La incertidumbre persiste mientras la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE analiza la propuesta de sanción formulada tras la investigación de la Inspección de Servicios.

Además, la documentación del expediente a la que ha tenido acceso este periódico refuerza la versión defendida por el trabajador. En el pliego de cargos se recoge que los hechos investigados consisten en haber realizado actuaciones para usuarios sin cita previa y emitir determinados certificados o atender consultas al margen de las instrucciones internas establecidas por la dirección. El documento no atribuye el expediente a otras causas diferentes ni recoge los motivos alternativos que han circulado en algunas informaciones publicadas durante las últimas semanas. “No sé si es malintencionado o se quiere sembrar dudas, pero los motivos del expediente son los que son”.

Según el propio pliego, la Administración considera que esas actuaciones podrían haber generado un trato diferenciado respecto a otros usuarios que seguían el procedimiento ordinario de cita previa y encuadra los hechos en una posible falta grave por incumplimiento de funciones. Nieto rechaza esa interpretación y sostiene que nunca dejó de atender a personas con cita para beneficiar a otras que no la tenían. “Jamás dejé de atender a alguien con cita para atender a otra persona que sí disponía de ella. Cuando había capacidad y alguien llegaba con una necesidad urgente y había un hueco, yo intentaba ayudar, pero no por caridad, simplemente porque es mi trabajo”, afirma.

El pasado 5 de junio, sin embargo, el Ministerio de Trabajo aseguró que “la investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”.

El rostro de un debate nacional

La repercusión mediática del caso ha sorprendido incluso al propio protagonista. Lo que empezó como un expediente interno terminó ocupando espacio en medios nacionales y desencadenando una movilización ciudadana poco habitual en torno a un trabajador público.

Nieto admite que esta exposición pública ha tenido un impacto personal. “Cuando todo esto empezó pensaba que era una cuestión administrativa más. Nunca imaginé que acabaría en programas de radio y periódicos nacionales o que tanta gente me mostraría su apoyo”. Aun así, reconoce que también ha sentido el peso de convertirse en una figura pública involuntaria.

“Hay quien me presenta como un héroe y yo no me reconozco en esa imagen, pero estoy muy preocupado y esto está afectando a mi mujer y a mi hijo también. He hecho mi trabajo lo mejor posible como lo hacen miles de empleados públicos. Lo que ocurre es que este caso ha tocado una fibra sensible porque mucha gente ha vivido problemas similares con la Administración y nadie les ha defendido antes”.

Y es que su nombre ha quedado ligado a un debate que afecta a miles de ciudadanos: la creciente dependencia de los procedimientos digitales para acceder a servicios esenciales y las dificultades de quienes no logran adaptarse a ellos.

El temor a las consecuencias

Aunque el expediente puede comprometer su futuro laboral, Nieto asegura que hay algo que le preocupa incluso más que una posible sanción (hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo). “Lo que verdaderamente también me inquieta es el efecto que esto pueda tener sobre otros compañeros”.

A su juicio, el mensaje que podría desprenderse de su caso es que cualquier iniciativa orientada a resolver problemas concretos de la ciudadanía puede convertirse en un riesgo para el trabajador. “Si la conclusión es que lo mejor es limitarse a cumplir estrictamente las instrucciones aunque tengas delante a una persona desesperada, estaremos generando una Administración mucho más fría y distante”.

Recuerda que muchas empleadas y empleados públicos se enfrentan a diario a situaciones que no encajan perfectamente en los manuales y que exigen cierto margen de criterio profesional. “La Administración necesita normas, nadie discute eso. Pero también necesita personas capaces de interpretar la realidad que tienen delante”.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la tensión entre la legalidad formal y la atención efectiva a la ciudadanía. Los defensores de la cita previa sostienen que garantiza igualdad de trato, evita arbitrariedades y permite organizar recursos limitados. Nieto no cuestiona esos objetivos. “La cita previa tiene sentido. Es una herramienta útil para gestionar el trabajo. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en una barrera”.

Insiste en que el debate debe trascender su situación personal. “Ante la pregunta de qué prefiero: que archiven el expediente o que se arregle esto. Yo quiero que se archive porque es mi trabajo y mi sustento, pero también creo que se ha abierto una oportunidad para humanizar un poco el sistema”.

Nieto explica que en la propia oficina existen mecanismos para aprovechar los huecos que quedan cuando una atención termina antes de lo previsto. El gestor de colas, señala, permite asignar esos tiempos libres a personas que llegan sin cita previa. “Llevo más de un año planteando alternativas porque creo que se puede compatibilizar la organización del trabajo con la atención a quien tiene una necesidad urgente”. Además, recuerda que un sistema mixto, que combina cita previa con atención en el mismo día, ya está funcionando en otras localidades de la provincia de Badajoz.

Una Administración que excluye

La cita previa, implantada inicialmente como medida excepcional durante la pandemia, se ha convertido en el acceso habitual a numerosos servicios públicos. Para Nieto, este cambio ha aportado ventajas organizativas, pero también ha generado nuevos problemas. “La digitalización ha facilitado muchas cosas, pero también ha creado nuevas formas de exclusión”.

Recuerda que una parte importante de los usuarios del SEPE son personas mayores, ciudadanos con escasos conocimientos tecnológicos o personas en situaciones personales especialmente complicadas. “No todo el mundo tiene ordenador, acceso a internet o capacidad para manejar determinados procedimientos”.

Su reflexión se apoya en décadas de experiencia en atención al público. “He visto personas perder prestaciones por cuestiones burocráticas o por no entender determinados procedimientos. A veces no se trata solo de aplicar una norma, sino de tener empatía con quien tienes delante”.

Durante la conversación evoca incluso el caso de su propio padre, funcionario jubilado, que tuvo dificultades para realizar trámites sanitarios graves y urgentes que solo podían gestionarse por internet: “Para ayudar a mi padre y a mi madre tuve que pedir asesoramiento a mi mujer e incluso a un amigo, porque yo me pongo nervioso cuando no controlo todo el proceso”.

Apoyo ciudadano inmediato

La apertura del expediente provocó una reacción social inmediata en Mérida. Decenas de personas se concentraron ante las puertas del SEPE para mostrar su apoyo al trabajador y exigir el archivo de las actuaciones. Entre los asistentes había desempleados, compañeros de oficina, representantes sindicales y ciudadanos que conocían de primera mano la labor de Nieto.

“Lo que más me ha emocionado no han sido las entrevistas ni la repercusión mediática, sino escuchar a personas que venían a decirme que en algún momento les ayudé cuando tenían un problema”, confiesa.

El respaldo también ha llegado desde organizaciones sociales y distintas formaciones políticas, aunque él insiste en desvincular su caso de cualquier confrontación partidista. “No quiero que esto se politice porque no creo que sea una cuestión de derechas o de izquierdas. Tiene que ver con cómo queremos que funcione la Administración y con qué tipo de relación queremos entre los servicios públicos y la ciudadanía”.

Mientras espera la resolución definitiva, Nieto es consciente de que el desenlace puede tener un alcance que va más allá de su propia carrera. Si la sanción prospera, muchos lo interpretarán como una reafirmación del cumplimiento estricto de los procedimientos. Si se archiva o se suaviza, otros verán un reconocimiento implícito de la necesidad de mantener márgenes de flexibilidad en la atención al público.

Él evita situarse en los extremos. “No creo que la solución sea que cada funcionario haga lo que quiera. Pero tampoco creo que una Administración pueda funcionar ignorando las circunstancias reales de las personas”. Su reflexión destila empatía: “Después de tantos años trabajando, uno aprende que detrás de cada expediente hay una persona. Y quizá eso es lo que no deberíamos obviar nunca porque es fácil olvidarse”.

Denunció otros obstáculos

El expediente actual no es el primer desencuentro de Nieto con la estructura administrativa del SEPE. En abril de 2019, cuando trabajaba en la oficina de prestaciones de Mérida, remitió un escrito a la dirección provincial alertando de las sanciones que estaban recibiendo numerosos perceptores por no acudir a los controles obligatorios. Según denunció entonces, muchos nunca llegaron a conocer las citaciones porque las cartas eran devueltas sin haber sido entregadas.

Aquel aviso generó debate y acabó impulsando cambios en los procedimientos de notificación. Para él, ese episodio reforzó la convicción de que la Administración debe garantizar que los ciudadanos comprendan y puedan ejercer sus derechos antes de imponer sanciones que afectan “directamente a su subsistencia”.

La continuidad entre aquella denuncia y el expediente actual permite interpretar ambos episodios como parte de una misma preocupación: evitar que procedimientos concebidos para organizar la Administración terminen convirtiéndose en obstáculos para quienes más dependen de ella.

El caso ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha abierto actuaciones y ha solicitado información al SEPE sobre las circunstancias que motivaron la apertura del expediente, los tiempos medios para obtener cita en la oficina de Mérida y los criterios que regulan la atención presencial. Además, recuerda que durante los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas por las dificultades para conseguir cita previa y ser atendidos en las oficinas de empleo, una situación sobre la que ya había formulado recomendaciones a la Administración.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, solicitando información acerca de la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario público supuestamente por atender a ciudadanos sin cita previa en las oficinas del SEPE en Mérida, como publicó El País. El departamento de Yolanda Díaz niega que ese sea el motivo de la investigación, pero indica que este es “confidencial”.

La institución presidida por Ángel Gabilondo ha consultado al SEPE sobre las informaciones que apuntan que el funcionario público fue expedientado por atender a ciudadanos que no habían conseguido obtener cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarias para acceder a recursos sociales.

Según explicó el trabajador a El País, realizaba esas actuaciones después de haber atendido previamente a los ciudadanos citados, o cuando existían huecos libres en la agenda. El funcionario fue apoyado por un centenar de personas en una concentración el pasado miércoles.

El Defensor del Pueblo pide al SEPE “información sobre el eventual expediente incoado al trabajador”, sobre qué criterios rigen la atención presencial al ciudadano en las oficinas de Empleo y “cuáles son las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos para el desempeño de esa labor”, informa en una nota.

También reclama información sobre el tiempo medio de obtención de citas en la Oficina de Empleo de Mérida en los años 2025 y 2026.

Trabajo niega que ese sea el motivo de la investigación

“La investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”, responden en el Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, indican que el SEPE “está a total disposición de la oficina del Defensor del Pueblo para efectuar las aclaraciones oportunas”.

“Los elementos que ponen en marcha este procedimiento son otros relacionados con la gestión de su trabajo, y son estrictamente confidenciales con el fin de salvaguardar los derechos del investigado. Todos los trabajadores y trabajadoras públicas están sometidos a los procesos de verificación del trabajo que son necesarios para garantizar el correcto desempeño de las funciones que realizan”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Además, precisan que “el SEPE no ha expedientado al funcionario de Mérida, sino que se ha abierto una investigación, que actualmente está en curso y en manos de una instrucción independiente”. Por lo tanto, en estos momentos “no se ha puesto sobre la mesa la imposición de sanciones de ningún tipo y, por supuesto, tampoco ha visto alterada su actividad laboral”.

“Las instituciones públicas que prestamos servicios a la ciudadanía tenemos un deber claro, que es el de atender a las ciudadanas y los ciudadanos de la manera más eficaz, rápida y eficiente. Por lo tanto, todo lo que favorezca prestar esta atención va a tener siempre nuestro apoyo, porque entendemos que es nuestro deber. Pero también tenemos el deber, la obligación, de que todos los procesos que dependan de la administración pública, que es la administración de todos y de todas, tengan las garantías y la seguridad jurídica y procedimental pertinentes”, responden en el Ministerio de Trabajo.

El Defensor recuerda las “numerosas quejas” de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo recuerda que en los últimos años ha venido recibiendo “numerosas quejas ciudadanas en las que se planteaban las dificultades con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo”.

Por ello, la institución ha venido formulando diferentes recomendaciones a la Secretaría de Estado de Trabajo –que dirige Joaquín Pérez Rey, 'número dos' de la vicepresidenta Yolanda Díaz– para que se buscasen soluciones a dicha situación.

“Las respuestas recibidas argumentaban que estas incidencias se debían, fundamentalmente, al déficit de personal del que se dispone”, indica el Defensor. Esta falta de personal es una denuncia constante de los sindicatos del SEPE en los últimos años, que denuncian incluso oficinas que se han quedado completamente vacías.

Las demoras para lograr la atención presencial en el SEPE han supuesto incluso que proliferen negocios de venta ilegal de citas en los últimos años, contra los que el Ministerio de Trabajo puso hace unos meses una denuncia ante la jefatura de la Policía Nacional en Catalunya. La práctica se remonta hasta 2020 y afecta a varias ciudades españolas.

El departamento de Yolanda Díaz manifiesta todo su “apoyo a los y las trabajadoras de las oficinas del SEPE y a todos los servidores públicos, sobre todo en aquellos momentos en los que puedan tener más dificultades para prestar los servicios que prestan”.

El defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha afirmado este martes que “la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”. “Por mucho que digamos lo contrario, estamos dejando a gente atrás y no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser conscientes de ello y hacer más por la verdadera aplicación de los derechos sociales”, ha aseverado.

Patxi Vera, que ha comparecido este martes en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para presentar el informe de la institución correspondiente al año 2025, ha señalado que este informe “recoge la voz, no del Defensor, sino de esos miles de personas que no se sienten bien tratadas por las Administraciones o que no ven reconocidos sus derechos”. “Una parte de esos casos pone en evidencia que la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”, ha afirmado.

Vera ha señalado que “esto no es un buen síntoma para nuestra sociedad y para su futuro, ni por supuesto para los colectivos vulnerables que la padecen”. El Defensor del Pueblo de Navarra realizó en 2025 un total de 5.654 actuaciones, 929 más que en 2024, lo que supone un aumento del 19,7%.

En el capítulo de quejas, el más numeroso fue el de Derechos Sociales, con un total de 284 quejas, lo que supone un aumento del 53% con respeto al año anterior. “Destaca la demora en la valoración de la discapacidad, con retrasos superiores al año y medio y que van a más. Hay que tomar medidas de choque. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTE, es cuestión de voluntad política poder dar salida a la acumulación de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales”, ha señalado.

En el ámbito de la sanidad se registraron 264 quejas, un incremento del 31% respecto al año anterior. “Las quejas más numerosas se dieron por los retrasos en listas de espera de especializada y las demoras para obtener cita en Atención Primaria, si bien muchas de ellas fueron solucionadas al primer trámite y no fue necesario emitir resolución”, ha explicado Patxi Vera.

El capítulo de educación sumó 124 quejas, cifra idéntica a la del pasado año. Se referían a cuestiones como los servicios de transporte y comedor escolar, criterios y procesos de admisión en centros escolares, prácticas en Formación Profesional o “insuficientes” apoyos para alumnado con necesidades especiales.

En vivienda se registraron 102 quejas, un 16% más que el año anterior. “Sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero cuando se recibe la petición de ayuda de una familia para acceder a un piso y se conoce con detalle cuál es su situación, a uno se le encoge el corazón y le genera impotencia no poder hacer nada”, ha indicado.

Además, ha advertido de que en Navarra “existe racismo inmobiliario, hay una especie de síndrome de sospecha de aporofobia y a los niños y niñas no se les quiere ver ni en pintura cuando hablamos de un alquiler”. “Todo esto supone una flagrante desigualdad”, ha señalado.

Patxi Vera ha destacado la “integración” como el mayor reto que tiene la sociedad navarra. “Es verdad que tenemos muchos desafíos, muchos de ellos importantes, y podemos ver cómo la ciudadanía reclama sus derechos, pero tenemos también a la vista y en países muy cercanos cuáles son las consecuencias de no trabajar adecuadamente la integración social y económica, además de la diversidad cultural desde el respeto y la convivencia. Esa integración ha de llevarse a cabo fundamentalmente por derechos humanos y por humanidad”, ha señalado.

Así ha solicitado que Navarra trabaje de forma decidida por la integración social y económica, así como por la diversidad cultural, “desde el respeto y la convivencia. No se trata solamente de tolerarnos, sino de construir juntos una sociedad más diversa, más cohesionada y justa”, ha afirmado.

Por último, Patxi Vera ha expuesto, respecto al derecho a una buena administración, que se siguen viendo casos de “burocracia defensiva, de falta de empatía”. “La ciudadanía sigue viendo muchas administraciones como territorio hostil. La cita previa obligatoria se sigue exigiendo sin ningún respaldo legal. Sigue habiendo graves consecuencias por la brecha digital, y la dificultad de comprensión de normas y escritos es patente. Además, la petición de disculpas a la ciudadanía es una 'rara avis' y no digamos ya la absoluta falta de prácticas restaurativas”, ha comentado.

Las víctimas optan por el Defensor del Pueblo. En dos semanas, según datos adelantados por la Ser y confirmados por elDiario.es, la nueva plataforma creada por el acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y Confer, ha recibido 300 solicitudes de reparación. Esta vía, que abría un canal de reparación fuera del control de la Iglesia para víctimas de la pederastia eclesial, ha recibido en apenas 15 días el doble de peticiones que el plan PRIVA desde su creación en febrero de 2025, hace más de un año. En concreto, las víctimas que optaron por ese canal, creado unilateralmente por la Iglesia, fueron 156.

Los datos conocidos este jueves revelan la necesidad de las víctimas de encontrar canales de reparación alternativos al establecido, unilateralmente, por la Iglesia, sin la participación estatal y sin que los supervivientes de la pederastia clerical estuvieran representados.

Según fuentes oficiales, desde que el PRIVA empezó a recibir solicitudes de reparación, en febrero de 2025, hasta primeros de abril, se han recibido 156 solitudes. 15 de ellas, por cierto, desde que se firmó el histórico protocolo para dotar al Defensor del Pueblo de la capacidad de decidir, bajo la tesis defendida por el ministro Bolaños (y censurada por los obispos): “El Estado determina la cuantía, la Iglesia paga”.

En total, desde PRIVA se han emitido 94 dictámenes de reparación integral. No hay cifras totales en cuantía económica, pero en marzo fueron ya dos millones en lo que tiene que ver con la primera parte de la reparación. De hecho, tal y como ha podido saber RD, entre las 300 solicitudes hay “varias” que buscan que se vuelva a valorar la indemnización recibida a través del canal episcopal.

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramita a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación aprobado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución. Si no hay acuerdo, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. Otra de las novedades es que las víctimas verán reconocido su estado a efectos civiles.

Para Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR-Infancia Robada, “es una cantidad que no me resulta sorpresiva”. De hecho, tanto en ANIR como en AVA “estamos recibiendo llamadas de víctimas y supervivientes desde que se abrió el plazo”. “La cantidad seguirá subiendo”, augura.

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“Todavía sigo esperando”. Ya no son tres meses, si no, en total, cinco meses desde que la Junta de Andalucía mantiene su silencio ante los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz en funciones. Tras la apertura de la investigación de oficio derivada de la crisis de los cribados, Jesús Maetzu confirma que se reiteró la petición en diciembre al gobierno de Juanma Moreno, sin embargo, la disolución del Parlamento andaluz con la convocatoria de elecciones ha dejado un vacío tras de sí: “No se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) en Andalucía volvieron a salir a la palestra a lo largo de la semana pasada después de que desvelara, a través de una investigación de El País, que la Junta ya era conocedora de la obstrucción que había en el sistema con dos alertas realizadas por el servicio de Radiodiagnóstico en 2023 y, posteriormente, en 2025. En este sentido, el material que remitió la administración al Defensor del Pueblo el pasado diciembre era “claramente insuficiente”. Así, pesa la indiferencia. “Hemos reiterado una respuesta, de manera urgente y preferente”, señaló Maetzu durante la rueda de prensa en la que presentó el balance de 2025 de la institución, donde hay un apartado específico para esta crisis.

“No duden de que, en cuanto esté la información, se informará a la ciudadanía”, reiteró en la casa del pueblo andaluz, ya que las pacientes “tienen inapelablemente el derecho a la información”. Hay un total de 2.317 mujeres que fueron afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama y, pese a la gravedad de la situación, el informe remitido conjuntamente por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la defensoría fue poco esclarecedor. “Decían que unas llamadas se hicieron y otras no, unas notificaciones se hicieron por carta y otras al correo electrónico... Era insuficiente, y la defensoría tiene que ser muy seria con esto, porque es un caso muy grave”, aseveró.

“El problema real no es de forma sino de fondo”

Las respuestas demandadas son relativas a tres ejes fundamentales, tal y como se cita en el balance de la defensoría: el derecho a la información sanitaria, la respuesta asistencial analizando el cumplimiento de los plazos clínicos recomendados y la evaluación global del propio programa, en particular, de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz. En el informe enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, se reconoce haber identificado “una falla de comunicación” o “incidencia comunicativa”, que afectó a las mujeres con hallazgos mamográficos catalogados como BI-RADS 3, especialmente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero se expresa que tal incidencia “no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial”.

Además, se especifica que el programa de cáncer de mama incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes y que, en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5), se genera directamente la derivación hospitalaria, aunque la comunicación depende parcialmente de los circuitos de cada hospital. En este punto, se especifica que existían diferencias en las formas de contactar con las mujeres, haciéndolo algunos por vía telefónica y otros mediante envío directo de la citación por correo postal.

No obstante, la defensoría, a la hora de estudiar las respuestas de la Junta, entiende que el enfoque para justificar las respuestas es “parcial”, ya que se reduce la “falla de comunicación” a una mera cuestión de forma, es decir, “una simple diferencia en la práctica de los medios empleados”, pero “no responde al problema de mayor calado planteado en la crisis del cribado de mama, por la ausencia misma de contacto dirigido a informar del resultado incierto del cribado, ni del estudio adicional preciso, ni de la derivación a su centro hospitalario”.

“El problema real no es de forma sino de fondo, esto es, de la ausencia misma de comunicación autónoma de los resultados del Programa de Cribado a las afectadas”, en donde no se clara si debían o podían realizarse conjunta o separadamente, a quién correspondía la realización de cada una y porqué se omitía la primera. A su vez, se omiten datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera. Tampoco se pronuncia sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado, aunque sí determina que se inició en octubre de 2025 la actividad de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz. “Todo lo cual nos lleva a cursar una petición de informe complementario”, determina la evaluación de la defensoría.

Balance de 2025

A lo largo de 2025, el Defensor del Pueblo Andaluz incrementó su actividad y desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día. En comparación con el periodo anterior, hubo un 30% más de quejas presentadas, con un total de más de 13.000 nuevas quejas iniciadas. Además, se atendieron 17.494 consultas atendidas y se realizaron 53 actuaciones de oficio, viéndose que hay una mayor incidencia en Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad.

En dependencia, advirtió que “Sevilla está colapsada”, ya que hay unas 100 quejas diarias en la materia dentro de la provincia. Hay escritos que quedan grabados en su memoria, como el de un hombre de 49 años, con ELA, y cuyos dos hermanos, que sufrían la misma enfermedad, habían fallecido sin que les llegara respuesta por parte de la administración, “me preguntaba, ¿usted cree que también me moriré sin la ayuda?”. “Las listas de espera y los retrasos en dependencia merman la confianza de la ciudadanía en el sistema público: no hay mayor desafección”, subrayó. En vez de hablar de retrasos y demoras, el término que usó fue “desprotección”, desprotección para las familias con personas mayores, las que esperan por el bono de alquiler, aquellas que necesitan unos ingresos mínimos, es decir, las que no pueden esperar un día más ante los desmanes de la vida.

En cuanto a la vivienda, fue tajante: “Es el termómetro más visible de la desigualdad”. Con 2.423 expedientes gestionados, es una de las mayores preocupaciones de la población andaluza. La carrera de obstáculos, tal y como definió, incluye la falta de oferta, los precios desmedidos del mercado inmobiliario, sobre todo en el alquiler, la amenaza de las viviendas de uso turístico o la “especial crudeza” de las zonas costeras. “Hay una avaricia patrimonial”, determinó a tenor de la visión especulativa que se mantiene sobre la vivienda. Una realidad en la que la defensoría se posiciona “con la exigencia de que este derecho subjetivo sea cada vez más preponderante”. Para ello, pidió una planificación estructural en el sistema, en vez de las construcciones a mansalva que afloran en esta nueva burbuja inmobiliaria y que, de una forma u otra, tiene una repercusión en la infancia y la adolescencia, como ha analizado con asociaciones del sector.

“La vivienda acelera procesos de sustitución social”, añadió, siendo él mismo uno de los afectados. Oriundo de Cádiz, admitió que en el centro de su ciudad apenas reconoce a los vecinos y a los pequeños comercios de los que disfrutaba hasta hace apenas una década. Por tanto, pide leyes autonómicas que “alivien” la presión sobre aquellos que intentan acceder a una propiedad. Ampliar y proteger el parque público, así como la coordinación efectiva de los servicios sociales y la mejora de la gestión de las ayudas son alguna de las claves que ofreció para intentar paliar la situación.

Jubilación

El informe anual, concebido como una hoja de ruta, da un decálogo de buenas prácticas para las instituciones, ya sea en materia de vivienda como dependencia y sanidad, en el que se reitera que el marco común debe ser la defensa y el robustecimiento del espíritu democrático.

Maetzu vio como positivo el aumento de casos a atender, que significaría un mayor conocimiento del organismo entre la sociedad, pero, de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan, advirtió: “Se van a empezar a pelear todos los grupos, pero tiene que haber un suelo democrático”, donde el compromiso sea con “la igualdad, la no discriminación, los derechos laborales, la migración, los ingresos suficientes, la sostenibilidad ambiental, así como la memoria democrática”. Valores por los que construir una sociedad mejor, más rica y diversa, en donde la convivencia sea la prioridad frente a los discursos de odio y xefonobia, comentó, sobre todo en el entorno de las redes sociales. Todo ello, con tal de evitar la erosión de la convivencia social, deseó.

A sabiendas de la importancia de su cargo, insistió en que su deseo es jubilarse cuando se forme un nuevo gobierno en Andalucía. “Después de las vacaciones, que se sienten todos los grupos que quieran a la institución a negociar”, con tal de llegar a los tres quintos que se requieren para su sustitución. En las dos últimas décadas, ha desempeñado esta labor en tres períodos diferentes, estando desde septiembre de 2024 hasta la actualidad en funciones. “Quiero una soledad deseada”, sonrió. A la espera de lo que ocurra tras el 17 de mayo, Maetzu protegerá el cargo que le confía el pueblo andaluz.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado este martes en el Defensor del Pueblo una queja formal en relación con la enajenación, el pasado 15 de enero de 2025, de seis parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo destinadas a la construcción de 104 viviendas de protección oficial, al considerar “que el procedimiento de adjudicación podría vulnerar principios básicos de publicidad, igualdad y concurrencia”.

Así lo ha declarado ante los medios de comunicación el portavoz del Grupo, Luis Alonso, quien ha solicitado al Defensor del Pueblo que exija al Ayuntamiento y al Gobierno regional “la remisión del expediente completo y la acreditación del cumplimiento de los principios legales en la adjudicación”.

Asimismo, Alonso ha instado a que se “restablezca el control administrativo directo y a implantar sistemas objetivos y transparentes de selección”. El concejal del PSOE ha indicado que al ser “vivienda protegida construida sobre suelo público”, el Ayuntamiento “no puede desentenderse del procedimiento de adjudicación ni dejarlo en manos exclusivas de promotores privados sin garantías públicas suficientes”.

El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está destinado a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, lo que obliga al Ayuntamiento de Logroño a ejercer un control efectivo sobre el proceso de adjudicación.

Sin embargo, ha denunciado Luis Alonso, “el pliego de condiciones atribuía a las empresas adjudicatarias la selección de compradores que estuvieran inscritos en el IRVI, sin establecer un proceso de adjudicación, estructurado y garantista”.

El portavoz del PSOE ha criticado que “no hubo convocatorias oficiales ni apertura de plazos, publicación de listados, criterios objetivos de baremación ni sorteo público supervisado”. Esto “supone un cambio respecto a la práctica anterior del propio Ayuntamiento, que asumía directamente la adjudicación garantizando transparencia y objetividad”, ha recordado Alonso.

Además, la normativa autonómica y estatal exige que la adjudicación de viviendas protegidas se rija por los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Algo que en Logroño no ha habido.

Por otro lado, el concejal ha denunciado el hecho de que las propias empresas promotoras “hayan aplicado sistemas propios de adjudicación sin que conste un control municipal efectivo ni acreditación pública del cumplimiento de los cupos de reserva legalmente establecidos”.

Así, el PSOE reclama y exige “transparencia, reglas claras y las mismas oportunidades para todas las personas inscritas”, ha subrayado Alonso ya que “la función social del suelo público no se cumple solo construyendo viviendas protegidas, sino garantizando que su acceso se produzca con pleno respeto a los principios de igualdad y publicidad”.

El Defensor del Pueblo, tras investigar la realización de un evento taurino que involucraba a personas con acondroplasia en Santo Domingo de la Calzada el pasado 19 de septiembre de 2025, ha reprendido al Ayuntamiento a través de un “recordatorio del deber legal”.

El texto remitido por el Alto Comisionado recuerda al Ejecutivo local su deber: «De cumplir y hacer cumplir el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social disposición adicional tercera 2, que prohíbe la celebración de espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana»

Esta advertencia se produce después de la queja impulsada por la Fundación Franz Weber en el que advertía la participación de varias personas con acondroplasia y el incumplimiento de la normativa estatal que, de facto, veta este tipo de espectáculos “cuyo objetivo gira alrededor de la moda de personas por su simple condición física”, según señala la fundación.

El documento también alertaba sobre la posible vulneración de los Derechos Fundamentales de las personas con discapacidad y donde todas las administraciones públicas deben mostrar un compromiso ineludible con los derechos de las personas con diversidad funcional, incluyendo la inmensa mayoría del colectivo de personas con acondroplasia. Además, recalcan que el evento se difundió a través de redes sociales previamente, “contribuyendo a esparcir estos estereotipos negativos, asociando una condición genética a un marco de humor inexistente, fomentando la mofa humillante”.

Las ONG representativas de este sector humano, como ADEE España, Fundación Alpe Acondroplasia o plataformas como CERMI, han advertido en numerosas ocasiones acerca de estas actividades y desde 2022 varias de estas entidades promueven un programa de mejora de la empleabilidad con el objetivo de ayudar a las personas que todavía toman parte de estos mal llamados festejos.

FFW considera “muy grave” que el propio Ayuntamiento colaborara con este evento, “contribuyendo a perpetuar estereotipos” y recuerda que también solicitó a la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja la apertura de un expediente sancionador.

La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente.

“Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”.

Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar.

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas.

Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas.

Un documental de TV3 pone en contacto a las familias

Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich.

Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido.

“Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano.

Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”.

El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades, que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas.

Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya.

“Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora.

El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos.

“No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”.

Opacidad sobre las causas y el número de muertes

Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. 

“¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano.

La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. 

En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. 

Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. 

En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”.

Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tomen medidas para evitar los sobrecostes en transportes alternativos al tren en un momento en el que el sistema ferroviario español se está viendo afectado tras el accidente en Adamuz (Córdoba).

En concreto, Gabilondo ha abierto una actuación de oficio ante el Ministerio y la CNMC para que informen acerca de las medidas que pretenden adoptar para evitar la existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías.

Esta situación podría estar afectando a los viajeros que se ven en la necesidad de utilizar transportes alternativos a las líneas de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía o entre Madrid y Catalunya, principalmente, y que habrían de pagar sobrecostes para poder viajar, sobre todo, en avión, en autobús, o en coche de alquiler, según el Defensor del Pueblo.

Por eso, pide a estas dos instituciones que, a través de los órganos reguladores, actúen en el ámbito de sus competencias para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales, “en algunos casos significativamente”.

Gabilondo considera que, ante estas circunstancias, “no parece que sea procedente” que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas.

Topes en los precios de Iberia

Precisamente, este martes, en la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se habló se esa tituación de los precios. En concreto, Podemos reclamó al titular de Transportes desarrollar mecanismos legales para topar los precios de viajes de avión ante situaciones de esta magnitud.

Puente aseguró que, tras lo ocurrido en Adamuz, se barajó esa opción, pero finalmente no fue necesario, porque hubo “un comportamiento bastante responsable del sector, especialmente el sector aéreo y muy concretamente de Iberia”, que ha puesto más aviones desde Sevilla y desde Málaga.

El ministro señaló que la aerolínea también ha decidido de forma “unilateral” topar los precios, tanto en los billetes ordinarios de clase turista como en los 'business'. “Creo que el sector se ha comportado razonablemente bien y no nos hemos visto obligados a intervenir”, afirmó.

Iberia anunció, también el martes, que también limitará a 99 euros el vuelo entre Madrid y Barcelona tras la cancelación de varios trenes de alta velocidad.

No obstante, el ministro adelantó que el Ejecutivo intervendría si se observara algún comportamiento abusivo: “Si es necesario, lo haremos, pero no lo hemos visto necesario y quiero también en este aspecto romper una lanza por las empresas que han adoptado un comportamiento a la altura. Yo creo que de lo que cabe esperar en un momento como este”.

La pregunta se repite cada año: ¿quiere marcar la casilla para la Iglesia Católica o para las actividades de interés social? En la declaración de la renta cada uno decide a dónde destina el 0,7% del IRPF. Un impuesto que recauda millones de euros en todo el país con el fin de mejorar la red asociativa mediante los proyectos sin ánimo de lucro. En el caso de Andalucía, la última convocatoria salió con más de 56 millones de euros, de los que 6,5 millones estaban destinados a las entidades de ámbito provincial. Sin embargo, el proceso ha despertado la crítica de varias asociaciones de pequeño y mediano tamaño que han sido descartadas por no cumplir con el requisito de un presupuesto mínimo.

¿Cuál era la cantidad establecida? La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, publicó las instrucciones a cumplir de la convocatoria en mayo del año pasado e indicaba que en los programas de ámbito provincial el dinero mínimo a gastar era 15.000 euros, a excepción de los ámbitos de igualdad de género, LGTBI e intervención del voluntariado, con 5.000 euros.

Esta medida provocó que siete asociaciones formaran la Coordinadora Andaluza del Tercer Sector, entre las que se encuentran Nexo, Zaqueo, Adhara, Asaenes, el Comité Español de Cooperación al Desarrollo, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y Lubna. Con el ánimo de recabar apoyos, publicaron un manifiesto que hicieron circular por los canales de mensajería instantánea al que, aseguran, ya se han adscrito unas 40 asociaciones. En busca de respuestas, se dirigieron al Defensor del Pueblo Andaluz y, tras el período navideño, han retomado el diálogo con la parte responsable de la Junta de Andalucía.

Al respecto, Amparo Morillo, psicóloga de la asociación Zaqueo, asegura en declaraciones a este medio que “hay una falta de transparencia en los criterios de adjudicación”. Sin respuesta desde la resolución definitiva de la convocatoria en diciembre, indica que, pese a que su proyecto obtuviera 63 puntos, como recoge el documento provisional pasando por encima de otros grupos sociales, quedó eliminado por aportación mínima. “El presupuesto parece pequeño, pero el año pasado era el mismo y sí se aprobó, por lo que nos destinaron 23.000 euros que ayudaron a contratar a una trabajadora social”. Esta cantidad suponía el 33% de los ingresos del ente y, ahora, no podrán cubrir los gastos de la trabajadora y deberán prescindir de ella. “Es una frustración, porque hemos visto muchas injusticias y esta es la definitiva: las entidades pequeñas nos vemos fuera de cualquier posibilidad de réplica”, manifiesta.

Inflar los presupuestos

El documento de la convocatoria fue publicado el 28 de mayo del año pasado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y supera los 56 millones de euros que están distribuidos en cuatro vías de financiación. Dos de ellas dependen del área de actuación de las asociaciones, por lo que se distingue entre área provincial, con más de 6 millones, y área supraprovincial —aquellas asociaciones que actúen en más de una provincia—, con 39,2 millones. Cada ámbito tiene diez líneas de actuación, según a lo que se dedique la entidad social, como, por ejemplo, los programas dedicados a la infancia, adolescencia y juventud, a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad, a la comunidad gitana, al igual que los proyectos dedicados a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres o para las personas migrantes y la garantía de los derechos del colectivo LGTBI.

A tenor de lo sucedido, Ana Cirera, técnica de Asaenes, asevera que someten a las entidades a una difícil diatriba: “Te obligan a presentar proyectos con presupuestos inflados. Por ejemplo, si contratas a una persona, ya son 20.000 euros, pero, ¿y si en la resolución te dan menos dinero de lo que has presupuestado? Lo reformulas y desinflas. Por tanto, no es un presupuesto real, sino inventado”. Ante la falta de financiación, señala que este año se quedarán en un cajón cuatro proyectos, “así que el impacto es, por un lado, los despidos y, por otro, no prestar el servicio a las personas que atendemos”, subraya, “todos eran relacionados con colectivos vulnerables, tanto para aquellas personas con trastorno mental grave, que se encuentran en la calle o dedicados al apoyo de las familias cuidadoras, con las que trabajamos para descargar el peso emocional y físico que sufren día a día”.

El último encuentro que se ha producido entre la administración y la plataforma se dio el pasado lunes 12, donde se le requirió a la Secretaría General de Inclusión Social, dirigida por Ana Vanessa García, que se acordaran criterios claros, públicos y equitativos, aparte de una transparencia “total” en los procesos de evaluación, con acceso a los informes correspondientes. La Coordinadora resalta que “la decisión final de adjudicar la financiación no se basa únicamente en la valoración técnica de los proyectos, sino en una fórmula matemática que considera datos ajenos al conocimiento de las asociaciones, lo que limita su capacidad de planificación presupuestaria y reduce las oportunidades de acceder a financiación”.

A raíz de la movilización de esta plataforma, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad respondió a esta cabecera que las bases reguladoras de la convocatoria fueron “ampliamente trabajadas” por la Mesa del Tercer Sector, teniendo su trámite de audiencia pública y alegaciones. Además, destacan que, por primera vez, se logró sacar la línea 4, destinada a las entidades de ámbito provincial, “una queja histórica” de los afectados dado que “no podían competir” con aquellos grupos de mayor músculo financiero. “Hay un número muy grande de asociaciones que entran en estas subvenciones en concurrencia competitiva, pero es una cuestión que se ha consensuado”, defienden las fuentes consultadas de la cartera de Loles López.

Más autofinanciación

En representación de la Mesa del Tercer Sector, habla Guillermo Bellouard, su secretario técnico, quien destaca el papel de su organización al ser el interlocutor de la Consejería en la Comisión permanente de diálogo con la Mesa. Un papel desempeñado durante largo tiempo y que ha dado ido dando sus frutos, como la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector en Andalucía.

“Llevamos años presentando alegaciones en cada proceso de modificación de bases por las vías legales pertinentes y reuniéndonos con la Consejería en el espacio propiamente adecuado, pero pero ante muchas de nuestras reivindicaciones, propuestas o reclamos, recibimos como excusa final la falta de presupuesto”, indica. Si bien lamenta que la nueva plataforma no se haya puesto en contacto con ellos, admite que el reclamo más urgente es aumentar la cuantía económica de las partidas a través de los recursos autonómicos: “Los fondos del IRPF corresponden a los fondos estatales, no son los propios de la Consejería, por lo que venimos pidiendo en la comisión permanente que se incrementen las subvenciones autofinanciadas por la Junta”, sostiene Bellouard.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final

Otras entidades deciden prescindir del dinero público ante el reiterado rechazo en este tipo de subvenciones y optan por mantenerse en virtud de la aportación de sus socios, aunque el campo de acción disminuya considerablemente, como ocurre en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Diego Boza, coordinador general, critica que esta situación se ha agravado desde la entrada del Gobierno de Juanma Moreno: “El resultado provoca, y así lo ven otras entidades, que el dinero no llegue a los proyectos medios y pequeños, los que tienen una potencialidad de ayudar a la ciudadanía, mientras que muchas de las beneficiadas están participadas por la Iglesia”.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final, “lo que genera una situación paradójica, porque el contribuyente no marca el 0,7% que se destina a la Iglesia Católica y, al final, parece que lo hace”.

La APDHA se mantiene a través de los mil socios que tienen repartidos por la comunidad y diferentes acuerdos y colaboraciones con algunos municipios, como en Cádiz o Córdoba, detalla el representante, así que gozan de cierta “tranquilidad” al no depender directamente de las líneas de apoyo de la Junta de Andalucía. “Esto no quita que, al presentarnos a las convocatorias, veamos que hay una preferencia clarísima a proyectos asistencialistas, aquellos que lo que hacen es sustituir a la administración donde no llega. Además, con la exigencia de un determinado tamaño de proyecto, habrá entidades que no podrán alcanzarlo nunca porque no tienen esos fondos previos, por lo que se discrimina la capacidad de acceder a fondos públicos”, añade. El asunto está ahora en manos del Defensor del Pueblo Andaluz, quien pidió a la plataforma un plazo razonable para que la administración respondiera a sus peticiones.

Más de dos meses después, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha salido a la palestra para criticar la gestión de la Junta de Andalucía a la hora de responder el requerimiento que emitió en función de la investigación de oficio que inició tras los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía. El material recibido “es claramente insuficiente” y ha añadido que “todavía no sabemos qué paso ni qué medidas están poniendo”.

“No hemos recibido la información de la Junta y nos remiten a la auditoría”, ha declarado este martes en una entrevista concedida a la Cadena SER de Sevilla, por lo que “no podemos ahora proponer medidas que solucionen este grave problema”. “Esta institución tiene un deber de colaborar con carácter urgente y preferente”, ha defendido, “necesitábamos medios y teníamos que barajar qué ha pasado, cuál había el fallo y, sobre todo, cómo se soluciona”. Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, ha sido eludir su responsabilidad ante el ente independiente.

“No quiero pensar que no es transparencia”, ha sostenido el defensor, pero “la respuesta no obedece a los elementos pedidos”, por ejemplo, se desconoce el protocolo que se instauró a la hora de no comunicar los fallos en los cribados o tan siquiera el número total de integrantes de la plantilla que hay habilitada para atender a los miles de diagnósticos que se producen cada año. Al respecto, ha determinado que, lo más seguro, es que haya “que pedir de nuevo los datos” para ofrecer garantías a la ciudadanía sobre el proceso que ha desatado una crisis en la sanidad pública andaluza.

Cuatro peticiones ignoradas

Amama, la asociación que destapó el fallo en los cribados de cáncer de mama que han afectado a un total de 2.317 mujeres, estima que hay 336 mujeres que han desarrollado el tumor. En unas declaraciones realizadas en Málaga este martes, la presidenta de la entidad, Ángela Claverol, ha afirmado que se han constatado 30 nuevos casos de afectadas por la crisis sanitaria en la provincia. Por ello, han pedido que revisen todas las reclamaciones patrimoniales que se están presentando en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En vista de lo ocurrido, cabe recordar que en octubre el Defensor pedía a la Junta cuatro cuestiones: la primera, el número total de mujeres afectadas y aclarar el criterio por el que no se comunicaron los resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, si era por un protocolo o a causa de instrucciones internas y si se aplicaba en todo el sistema público o solo en algunos centros.

También, la operatividad de la atención mediante el conocimiento de la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico, los tiempos de respuesta o la cantidad de profesionales disponibles; el tercer bloque se refería a la gestión y autoevaluación del programa; y, por último, los informes de evaluación desde 2022, además de indicar la función de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz.

Primera investigación general en 30 años

En aquel momento, el Defensor recalcaba que era la primera vez en 30 años de funcionamiento del programa de cribados que iniciaban una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales. Es decir, había razones suficientes, a causa de la alarma social generada, para iniciar el proceso y realizar un reconocimiento público de las deficiencias, además de que consideraba que había una necesidad de reparación por los daños sufridos. Así, recordaba que las pacientes tienen derecho a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica, en función de lo establecido por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.

La investigación del Defensor, autoridad independiente nombrada por el Parlamento andaluz, se suma a las ya abiertas en sede judicial sobre este programa que está activo desde 1995 y que, cada año, realiza alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años con el fin de mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si los errores tienen relevancia penal, en cuyo caso presentaría la correspondiente denuncia. Asimismo, tanto IU como Adelante han presentado querellas por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de prestar asistencia sanitaria.

El presidente de Castilla-La Mancha ha trasladado sus condolencias tras conocer el fallecimiento del histórico dirigente socialista de Francisco Fernández Marugán, que ha muerto a los 79 años.

Tras conocer la “triste noticia”, según ha publicado en su perfil de la red social X, se ha referido al cacereño como “un gran político y un excelente diputado con una trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social”.

Además, ha comentado su labor como Defensor del Pueblo. “Hizo una extraordinaria labor en beneficio de los ciudadanos, sobre todos de los más desfavorecidos”.

“Mi más sentido pésame a sus seres queridos”, concluye el mensaje.

El histórico dirigente del PSOE Francisco Fernández Marugán ha fallecido este martes a los 79 años, según han informado distintos miembros de la formación socialista. Nacido en Cáceres en 1946 era economista, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y técnico de la Administración Civil de Estado e Inspector Financiero Tributario.

Marugán desempeñó su labor profesional en el Ministerio de Hacienda, en la Secretaría General de Tributos y más tarde en la Jefatura de Servicios de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales. Militó desde muy joven en el PSOE, primero dentro de la organización socialista clandestina de Madrid desde 1974.

También fue miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) desde 1980 a 1982. Ese año fue elegido diputado del PSOE por Sevilla y desde junio de 1986 a diciembre de 2011 fue diputado por Badajoz.

Asimismo, fue miembro del Comité Federal y de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la que desempeñó los cargos de: vocal (1984-1986); secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales (1986-1994) y secretario de Administración y Finanzas (1994-1997). También era patrono de la Fundación Pablo Iglesias desde 1994. Y de julio de 2012 a noviembre de 2021 ejerció como adjunto primero del Defensor del Pueblo (Soledad Becerril) y desde la dimisión de esta en julio de 2017, como Defensor del Pueblo en funciones.

“Nos ha dejado Paco Marugán, un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte. Hasta siempre, querido Paco”, ha escrito en su cuenta de X Eduardo Madina, exdiputado del PSOE.

Representantes de la Asociación de Docentes d’Asturianu y Eonaviego/gallego-asturiano (ADAE) han llevado este lunes su protesta a Madrid. La razón: la negativa del Ministerio de Educación a modificar los Reales Decretos que permitirían la creación de las especialidades para el profesorado que imparte la enseñanza de estas lenguas.

Con una queja formal presentada ante el Defensor del Pueblo, los docentes han escenificado no solo su malestar por la falta de compromiso del Gobierno, sino también la necesidad de que la institución que dirige Ángel Gabilondo realice una labor de mediación que permita poner fin a la discriminación que sufren.

No descartan una huelga

Esta no será, sin embargo, la única acción que va a emprender la asociación. Los miembros de ADAE tampoco están satisfechos con el Gobierno asturiano ya que aseguran que el Ejecutivo que preside el socialista Adrián Barbón “no se está tomando en serio este conflicto laboral” que lleva enquistado tras más de 40 años de presencia de las lenguas propias de Asturias en el sistema educativo.

Por ello, tienen previsto convocar una junta abierta a todo el profesorado de ambas especialidades el próximo mes de enero. El objetivo es consensuar las siguientes movilizaciones, sin descartar incluso la convocatoria de una huelga si no se producen avances reales.

Una interinidad “perpetua”

ADAE ha denunciado la situación que vive este colectivo en un comunicado de prensa donde explica que, el pasado 26 de noviembre, la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, volvió a rechazar esta modificación normativa.

Esta decisión está abocando a 332 docentes en Asturias a una situación de “interinidad perpetua”, según señala.

La asociación denuncia que esta situación entra en clara contradicción con la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público.

La petición al Defensor del Pueblo

“La normativa educativa de mayor rango, la LOMLOE, permite expresamente la enseñanza de estas lenguas incluso sin estatus de cooficialidad. Por ello, corresponde al Gobierno estatal garantizar que el profesorado que las imparte tenga los mismos derechos laborales que el resto de especialidades docentes, con independencia del reconocimiento jurídico de las lenguas objeto de enseñanza”, advierten desde la asociación.

Además de dar a conocer el conflicto laboral al Defensor del Pueblo, los representantes de ADAE tenían como objetivo al desplazarse expresamente a Madrid solicitar su mediación ante la necesidad de que se adopten medidas que “aseguren el cumplimiento de la legalidad vigente”.

Las críticas al Gobierno asturiano

Además, denuncian la falta de comunicación por parte del Gobierno del Principado de Asturias y la Consejería de Educación, ya que la respuesta del ministerio no se conoció hasta tres semanas después del encuentro con la ministra, “sin que se trasladara hasta entonces información oficial ni al profesorado afectado ni a las organizaciones sindicales”, lamentan.

La asociación ha solicitado en numerosas ocasiones una reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, con el objetivo de trabajar conjuntamente con los sindicatos en la búsqueda de soluciones, sin que hasta el momento se les haya facilitado una fecha concreta para poder exponer su situación y consensuar una salida a este conflicto.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio por las “graves disfunciones” reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La institución ha expresado su “consternación” y “honda preocupación” por los retrasos en los diagnósticos, que han generado una crisis sin precedentes en el Gobierno de Moreno, obligado a prescindir de su Consejera de Salud a pocos meses de las elecciones autonómicas. La intención de Maeztu, ha dicho, es “contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo”.

En una nota, el Defensor enfatiza que “es la primera vez” en 30 años de funcionamiento del programa que “nos vemos obligados a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales”. Jesús Maeztu considera que “concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos”.

La investigación del Defensor, una autoridad independiente que nombra el Parlamento andaluz, se suma a las ya abiertas en sede judicial. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si los errores tienen relevancia penal, en cuyo caso presentaría la correspondiente denuncia. Y tanto IU como Adelante han presentado sendas querellas por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de prestar asistencia sanitaria. Los abogados de la asociación Amama, que destapó el caso, están valorando si presentan una denuncia colectiva o muchas individualizadas.

“Especialmente grave”

El Defensor explica en su nota que el “detonante” han sido los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama, unido a la “confirmación” por parte de responsables de la Consejería de Salud de que, “al menos”, 2.000 mujeres con resultados “no concluyentes” desconocían su situación al no haberles sido trasladada la información obtenida en sus mamografías de cribado.

El cribado de cáncer de mama, activo desde 1995, realiza cada año alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años. El objetivo es detectar lesiones en fases iniciales para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar intervenciones mutilantes. Sin embargo, para Maeztu, “lo ahora conocido pone en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma”.

La institución califica de “especialmente grave” que las mujeres con hallazgos catalogados como lesiones “dudosas” o no concluyentes “no hayan sido informadas, ni citadas para completar el estudio o realizar seguimiento evolutivo”. “Esta situación podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica”, apostilla.

El Defensor del Pueblo andaluz subraya que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está recogido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La ausencia de comunicación, además de lesionar derechos, puede suponer “una pérdida de oportunidad asistencial y genera daños evitables”.

Pide información sobre la carga asistencial del servicio

Hasta ahora, el Gobierno de Moreno ha sido incapaz de perimetrar el alcance de la crisis: no ha acotado el origen del problema, ni siquiera puede cuantificar con certeza a cuántas mujeres afecta, y hay dudas de que no se extienda a otros programas de cribado. Este miércoles, Moreno anunció una inversión extra de 100 millones de euros y la contratación de 700 sanitarios. También puso al frente de Salud a su mano derecha, Antonio Sanz, un consejero de marcado perfil político para embridar una crisis que, según entienden en San Telmo, no es solo sanitaria sino también comunicativa.

El Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS “información precisa” en tres bloques, y un cuarto punto que consistiría en conocer el resultado de la investigación y de la auditoría.

En primer lugar, el Defensor pide que se aclaren las razones que han llevado a no comunicar determinados resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Quiere saber si esta práctica responde a un protocolo, a instrucciones internas o a otro tipo de criterios; si se aplica en todo el sistema sanitario público o sólo en algunos centros --indicando cuáles--, y cuántas mujeres se han visto afectadas, tanto en número como en porcentaje, ya sea por falsos positivos o por resultados que no se han considerado comunicables.

En segundo lugar, el Defensor requiere datos sobre la atención prestada a las mujeres que obtuvieron resultados dudosos o no concluyentes. Para ello solicita conocer la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales públicos andaluces, los tiempos de respuesta, el número de profesionales que integran estos servicios --incluidos los radiólogos-- y cuántas mujeres están aún pendientes de completar su estudio diagnóstico, tanto las derivadas del propio programa como las que proceden de otros circuitos asistenciales.

El tercer bloque de información se refiere a la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz. La institución quiere saber si existen “mecanismos establecidos” para “revisar” sus resultados y procedimientos, con qué periodicidad se han aplicado desde 2022, qué actualizaciones o mejoras se han introducido y en qué aspectos.

El Defensor también solicita el acceso a los informes de evaluación disponibles desde ese año y a los indicadores básicos y complementarios registrados. Además, pregunta por la actividad desarrollada hasta ahora por la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, si cuenta con una planificación en marcha o si necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos y, más recientemente, la Constitución Española de 1978, proclamaron la prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ambos momentos, de notorio conocimiento y repercusión nacional e internacional, constituyen fechas esenciales para la defensa de los Derechos Humanos.

Por su parte, Aragón, en uno de los momentos más hermosos de creación de su derecho,  suprimió el tormento judicial, entendido como obtención de información mediante la aplicación de dolor físico a un reo, hace 700 años.

Fue Jaime II 'El Justo' quien, ante una petición expresa del reino, lo prohibió el 10 de octubre de 1325 en una sesión de las Cortes celebrada en Zaragoza, estableciendo: “…que turment ni inquisición no sian en Aragon, como son contra fuero”.

Sólo podían ser atormentados los falsificadores de moneda que fueran extraños al reino y los vagabundos sin bienes, de vil condición, vida o fama.

Para comprender en sus justos términos la inmensa relevancia jurídica de la prohibición aragonesa, debe recordarse el momento histórico y el contexto en el que se prohíbe el tormento: Baja Edad Media, Siglo XIV.

En aquellos tiempos, la mentalidad en relación al delito estaba fuertemente condicionada por una combinación de derecho de costumbres, religión, miedo social y una visión del mundo en la que el orden era decisivo y debía restablecerse cuando se rompía.

El delito no se veía sólo como una ofensa contra la persona o el poder secular, sino también como una ruptura del equilibrio moral y religioso de la Comunidad.

La justicia, ejemplarizante y pública, tenía una función moral y expiatoria: castigar al culpable era necesario para restaurar el orden social y espiritual, y la penitencia pública y la humillación eran elementos habituales en la sanción.

El castigo, por tanto, debía ser visible para generar temor y reforzar la autoridad del poder. Las ejecuciones públicas, mutilaciones, picotas o paseos infamantes no eran sólo castigos, eran rituales de purificación social.

Para una persona que ha dedicado su vida al Derecho, esta fecha de la historia de Aragón provoca, en igual medida, una profunda emoción por lo que hicimos, por lo que fuimos y, a la vez, una enorme admiración al constatar la continua inclinación aragonesa por la búsqueda de la justicia y la libertad.

Al margen de las ideas imperantes en la época, Aragón, en fecha tan lejana, atisba las bases de nuestro derecho penal moderno en el que no se concibe una condena sin culpabilidad.

Esta prohibición, tempranísima frente a las que luego vinieron, suscita al jurista actual una gran curiosidad por determinar cuáles serían sus razones.

Sin excluir la especial sensibilidad aragonesa frente a los métodos utilizados para arrancar confesiones, lo que evitó la aplicación del tormento en muchos ámbitos de su justicia (no la aplicó el Justicia de Aragón y, en general, salvo ámbitos concretos, Aragón se mostró reticente a su aplicación), debe reconocerse que esa benevolencia, esa clemencia, no llegó a todos los ámbitos, según se ha dicho, ni a la imposición y ejecución de las penas.

Por tanto, parece que el motivo final tenía unas premisas más amplias y hace pensar en un ejercicio muy temprano de protección de la inocencia, derecho fundamental hoy amparado constitucionalmente.

En 1325, Aragón fue consciente de que, frente al tormento, frente a la tortura, sólo algunos seres absolutamente extraordinarios pueden resistir y cuando lo prohíbe, en la fase de investigación del delito, está impidiendo la obtención de confesiones forzadas que, como efecto inmediato, podían suponer la condena de inocentes.

Con ello, vino a introducir la necesidad de la existencia de medios probatorios más sólidos, lo que hoy podríamos denominar “prueba racional”, protegiendo al acusado antes de Sentencia.

El Derecho Aragonés se convertía en un modelo de equilibrio entre orden y garantías, al contrario de lo que ocurría en el resto de Europa, donde se utilizaban instrumentos de tortura para obtener confesiones.

En este contexto, el Justicia de Aragón fue una figura institucional clave para asegurar que los procesos respetasen el fuero y los derechos del acusado. No podía impedir penas severas, pero sí podía frenar abusos o detenciones arbitrarias, concretamente a través del Derecho de Manifestación, a su vez precedente del Habeas Corpus o remedio jurídico actual frente a detenciones ilegales.

Puede decirse que los Fueros de Aragón, el conjunto de leyes del reino, constituyen un precedente jurídico pionero en la defensa de los derechos humanos.

Estoy convencida de que Aragón seguirá manteniéndose firme en su protección, firme en nuestros valores, en nuestras fortalezas, confiando en nuestra sensibilidad y en nuestra intuición jurídica; porque Aragón es así: es Justicia, es Derecho, es Pacto, es Libertad y es Perseverancia en su defensa. Esta es su esencia.

* Concepción Gimeno García es Justicia de Aragón