El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de la empresa Aparcamientos Españoles S.A., concesionaria del parking de la Plaza Mayor, contra la decisión del Ayuntamiento de municipalizar el servicio en octubre de 2021 y de negarle una indemnización de 680.000 euros por daños y perjuicios mientras el subterráneo estuvo parcialmente cerrado por obras.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 1 de Valladolid, que ya rechazó, en octubre de 2022, las pretensiones de la empresa y avaló la actuación del Consistorio.

La sentencia del TSJ no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, según la información del Gabinete de Prensa del TSJCyL.

El Ayuntamiento de Valladolid (entonces en manos del PSOE y Valladolid Toma La Palabra) consideró que en 2021, pasado el plazo de concesión de la primera planta, se alcanzaba “el equilibrio de la concesión” en los términos pactados en los años 70 y 80. Las resoluciones posteriores del Ayuntamiento han sido “ajustadas a derecho”.

En 1970 se adjudicó a Aparcamientos Españoles S.A. la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor. La concesión administrativa se otorgó en 1975 para 43 años a partir de la entrada en servicio de cada fase. La primera planta se abrió en 1987; y la segunda, diez años después.

En 2020 una consultora realizó un informe económico y fijó en octubre de 2021 la fecha en la que se unificarían las concesiones de las dos plazas, mientras la sociedad anónima quería alargar el contrato hasta 2035.

UGT FeSMC Castilla-La Mancha ha recordado hoy que el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado ahora por PP y Vox, está incumpliendo el compromiso de municipalizar el servicio de grúa adquirido en pleno municipal por la anterior corporación socialista, y por ello, se ha convocado huelga para el mes de septiembre.

Es la respuesta a la alcaldesa Ana Guarinos que este lunes señaló al respecto que su Gobierno está pendiente de un informe por parte de los técnicos municipales, algo que, según ella, saben ya los trabajadores que prestan este servicio.

“Esta decisión de toma el 28 de abril. El anterior equipo de Gobierno de Alberto Rojo se va en junio y el servicio de la grúa continua como está, con lo cual, no estarían todos los informes que tenían que estar”, asegura.

Los trabajadores que realizan este servicio han anunciado huelga entre los días 3 y 18 de septiembre si el actual equipo de Gobierno no aplica ya el acuerdo que se adoptó en abril de este año, cuando todavía estaba al frente el anterior gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos.

Guarinos ha señalado que, en función de lo que diga ese informe sobre el servicio de la grúa, se tomará una decisión en uno u otro sentido. “Mientras el informe no exista, no podemos tomar ninguna decisión”, ha precisado.

Los trabajadores aseguraban días atrás la existencia de un informe de viabilidad del servicio, pero la regidora sostiene que “si dicho informe fuera el único que hace falta, el anterior equipo de Gobierno hubiera tenido tiempo desde el pasado 28 de abril para poner en marcha este servicio”. “Algo faltará para que la decisión no se haya tomado”.

“El expediente está listo y publicado”

El sindicato UGT explica hoy que ayer mantuvo una reunión con el PSOE de Guadalajara en la que se trasladó que no entendían los motivos de mantener paralizada la remunicipalización del servicio, “puesto que como bien sabemos todos y es demostrable todo el expediente está listo y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Además, desde el sindicato quieren desmentir las recientes declaraciones del concejal de Seguridad (Vox), José María Antón, quien afirmaba recientemente que ha mantenido conversaciones con los trabajadores de dicho servicio. 

Advierten también de que la huelga que se iniciará el próximo 3 de septiembre y continuará hasta el 18 del mismo mes, en plenas fiestas de la capital, sigue en pie a no ser que la actual Corporación local remunicipalice “de una vez” el servicio.

“La única conversación que el Gobierno municipal ha tenido con los trabajadores fue en plena calle con el concejal Alfonso Esteban (segundo teniente de Alcalde) cuando los trabajadores salían el pasado 1 de agosto de 2023 de solicitar cita con Alcaldía. Petición de la que todavía no hemos obtenido respuesta. Queremos dejar claro que lo que dijo José María Antón no es cierto y que jamás se ha reunido representante alguno con los trabajadores. Y esta realidad la demostraremos en el momento procesal oportuno”, afirman.

Por último, desde UGT FeSMC informan de que el próximo día 1 de septiembre hay pleno en el Ayuntamiento y ayer mismo se registró una pregunta sobre las razones que llevan al equipo de Gobierno a mantener paralizada sin causa alguna, la remunicipalización de la grúa, para que pueda ser contestada en la sesión plenaria.

“La alcaldesa ayer mismo dijo a preguntas de periodistas que algo faltará para que la decisión no se haya tomado. Pero nos permitimos recordarle que el expediente está publicado con todos los procesos y documentación. Y que, al margen de eso, han tenido tres plenos desde que tomaron posesión para realizar la remunicipalización. Del mismo modo, fuentes jurídicas del ayuntamiento nos han hecho llegar que ellos no tienen que emitir informe alguno puesto que la decisión de remunicipalización es absolutamente política”.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad el plan presentado por el PSOE para remunicipalizar la gestión de la M-30, privatizada por el exalcalde del PP Alberto Ruiz-Gallardón. La propuesta pretende poner en marcha una mesa de trabajo para que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida inicie “con la mayor celeridad” los procedimientos administrativos necesarios para establecer la gestión directa del servicio público de conservación y explotación de la M-30. En esta mesa estarán representados todos los grupos municipales para realizar un seguimiento mensual de los procedimientos administrativos, según ha señalado el socialista Ignacio Benito, “con el objetivo de implantar el nuevo modelo a partir del 1 de julio de 2022”.

Una vez culminada la tramitación administrativa y recabados todos los informes favorables, según la transaccional, el órgano municipal competente someterá el acuerdo relativo a la municipalización de la actual sociedad público-privada M-30 a la aprobación del Pleno. “La eficacia de esta decisión estará supeditada a la resolución del actual contrato relativo a los Servicios de Gestión Integral de la M-30 entre el Ayuntamiento y Madrid Calle 30 -la empresa semipública-”, recoge el acuerdo plenario.

Gestión directa a gestión indirecta

El socialista Ignacio Benito ha recordado que hace casi 18 años, el 30 de marzo de 2004, el Pleno aprobó la gestión directa del servicio público de reforma, mantenimiento y gestión de la funcionalidad del tráfico de la vía urbana M30 y las vías de acceso a través de sociedad mercantil cien por cien municipal Madrid Calle 30. A los pocos meses, en diciembre de 2004, se modificó la forma de gestión de la sociedad, pasando a un régimen de gestión indirecta que, al transformarse en una sociedad de economía mixta, “supuso la cesión del 20 por ciento del capital a manos privada”. En concreto, la sociedad elegida fue Emesa, una UTE formada por las empresas Ferrovial, Dragados y API. “Este modelo de gestión conlleva en la actualidad al desembolso de más de 128 millones de euros anuales, de los que el contrato de mantenimiento recibe únicamente 48 millones de euros. La diferencia corresponde a impuestos y dividendos, que también paga el Ayuntamiento de Madrid”, ha desgranado el socialista.

También ha recordado que las conclusiones tanto del informe de la Cámara de Cuentas de 2016, como de la comisión de investigación sobre la empresa Madrid Calle 30 llevada a cabo en la pasada legislatura, “advierten de la ineficiencia del modelo de mantenimiento y la explotación de la infraestructura”.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha recordado a su vez que el Gobierno ha venido analizando durante 2021 las posibilidades de modificar el modelo de gestión de los servicios de gestión integral de la infraestructura viaria. Para garantizar la objetividad y transparencia de este proceso ha contratado como apoyo a los servicios técnicos municipales de la asistencia de una consultora externa, concluyéndose que la gestión directa del servicio requiere, “no solo la aprobación de un expediente de cambio de modelo de gestión del servicio público, de indirecta a directa, que debe ser aprobado por el Pleno, sino también la resolución del contrato adjudicado a Emesa”.

Carabante ha recordado que la Cámara de Cuentas ya señalaba que cuando el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón planificó la infraestructura establecía que “a partir de 2017 habría un coste sensiblemente superior con este modelo contractual que si el Ayuntamiento tuviera contrato directo”. “Les pido la máxima colaboración para que este cambio de modelo se lleve a cabo lo antes posible”, ha pedido el delegado a los grupos.

Un pleno extraordinario ha resuelto el procedimiento de liquidación del contrato con Aqualia para la prestación del servicio del ciclo hidraúlico de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras la nulidad del acuerdo de adjudicación que dictaminó el Tribunal Supremo. El Consistorio afirma que llega así a su fin la batalla jurídica que durante ocho años ha mantenido el Ayuntamiento con la empresa para recuperar la gestión del agua pública, que privatizó en 2014 el gobierno municipal del Partido Popular. Con ello, la empresa pública Aguas de Alcázar recupera la gestión una vez se culmine el proceso en la notaría y en el registro.

El pleno ha facultado a la alcaldesa, la socialista Rosa Melchor, para la firma del acuerdo transaccional al que se ha llegado con la empresa: una “retirada pacífica negociada” que costará alrededor de 5,6 millones de euros que se refieren al valor nominal de las acciones (66.111 euros), prima de emisión (un millón de euros), participación de Aqualia en las reservas (13.200 euros), cantidad préstamo del canon anticipado (1,7 millones), la cantidad pendiente de préstamo (2,5 millones).

En su intervención, la alcaldesa ha subrayado que con este acuerdo Alcázar de San Juan está de enhorabuena, porque se recupera “lo que es nuestro”, demostrando que la venta-regalo que el Partido Popular hizo a Aqualia, “con mentiras y a espaldas de los vecinos” ha sido “un fracaso”. “Gracias a esta lucha al tesón, lo que hoy se aprueba es un éxito colectivo y democrático”, ha recalcado. También ha lamentado poder estar acompañados en el salón de plenos por todos los vecinos y vecinas “que no han bajado los brazos, que han creído que la recuperación de aguas era posible, pero seguro que vamos a tener tiempo de organizar actos para celebrarlo”.

Se cumplen ocho años de uno los acontecimientos más “notorios y vergonzosos de la democracia”, ha referido Melchor, como fue la firma de este contrato con Aqualia. “Pero el pueblo respondió y miles de vecinos se echaron a la calle para protestar a ese gobierno, que no les escuchó e ignoró a quienes acudimos, y a quienes se encerraron en el ayuntamiento, la casa de todos”. También ha preguntado al nuevo jefe de la oposición, Eduardo García (PP), si el volvería a vender la empresa y ha recordado a María Jesús Pelayo (entonces en el PP y ahora en VOX) que aunque milite en un partido distinto era “la mano derecha de quien firmó la venta”, en referencia al exalcalde, Diego Ortega.

“El éxito de este gobierno ha sido recurrir a los tribunales cada vez que se ha podido para conseguir devolver las aguas a sus legítimos propietarios. Terminaba queriendo agradecer a todos aquellos que creyeron que era posible y a los que nos han recriminado que no habíamos recuperado aguas, porque ha servido de estímulo en la lucha. Es un éxito colectivo de la democracia y de los vecinos y vecinas”.

Por su parte, la edil de IU Maribel Ramos ha mostrado su satisfacción y alegría “porque también queremos que las aguas sean públicas y siempre hemos apoyado”. Según ha recordado, la empresa Aguas de Alcázar tiene acreditada solvencia, “a pesar de lo que el PP intentó demostrar”. Asimismo, ha querido dar las gracias a la defensa que ha hecho la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar porque el agua es “un derecho público y requiere una gestión pública y directa”. Por Equo, Elisa Díaz consideraba el agua como bien público por lo que existe “la obligación dejarlo en el mejor estado para las próximas generaciones y ha recordado procesos remunicipalización parecidos que se están dando en ciudades importantes de otros países como París o Berlín.

Desde Ciudadanos, Sánchez de Pedro se ha mostrado a favor de lo que quieran los vecinos de Alcázar de San Juan. “No sabemos lo que quiere la mayoría pero al menos los que se han hecho oír son los que quieren recuperarla. Somos conscientes de que se ha levantado mucha polémica y batallas que no han estado exentas de demagogia. Nosotros defendemos que el servicio sea bueno y pensamos que a muchos vecinos lo que quieren es que el agua les llegue al grifo”.

Vox: el lucro cesante

Por Vox, María Jesús Pelayo ha preguntado sobre el “concepto de lucro cesante” que cree que la empresa va a reclamar y que, según sus valoraciones, “nos volvería a meter en una larga batalla en los tribunales”. Y desde el PP, Eduardo García ha dicho que no va a pedir perdón por haber “salvado la empresa” porque “si hoy se va a poder pagar ese dinero es porque se puede salvar y porque estaba arruinada y ahora no lo está”.

Finalmente, el portavoz del PSOE, Gonzalo Redondo, ha reafirmado que este es un paso definitivo “en lo que parecía una utopía”. En cuanto al lucro cesante, ha explicado que la empresa puede pedirlo pero es una situación que no se ha dado, al tiempo que ha precisado que el PSOE es el único partido que ha iniciado procedimientos para echar para atrás la privatización. La sentencia del Tribunal Supremo se deriva del recurso de Ana Belén Tejado, pero antes hubo otros de otros concejales, “orgullosos del camino”.

En 2015, la revista Global Water Intelligence publicó un llamativo editorial que llevaba por título 'Exorcismo a la palabra que empieza por R'. La revista, dedicada a las empresas de agua, denunciaba la “farsa” de permitir que “la propaganda mal documentada de un par de ONG” interfiriera en los intereses del sector privado en el negocio. ¿Y cuál era esa palabra impronunciable, capaz de provocar una reacción tan defensiva? 'Remunicipalización'. O lo que es lo mismo: que las autoridades locales recuperen la propiedad de bienes y servicios privatizados.

La revista defendía que “era posible que personas informadas con responsabilidades en el sector se tomaran en serio” esta peligrosa idea, debido a todos los “argumentos válidos y racionales que respaldan la participación del sector privado” en el suministro de agua.

El artículo no lo decía, pero estaba implícito en su ataque: en la batalla por la propiedad del agua, el sector privado parece estar retrocediendo. Solo en Francia se han producido al menos 110 remunicipalizaciones en servicios de agua y saneamiento desde el año 2000.

En 2008, el ayuntamiento de París recuperó el agua de manos del sector privado: consiguieron un ahorro de 35 millones de euros en el primer año, redujeron las tarifas un 8%, reinvirtieron los beneficios en obras de mantenimiento –en lugar de repartirlos entre los accionistas– y ampliaron el acceso gratuito a los servicios de agua y saneamiento para los habitantes de la capital francesa.

La agencia municipal, Eau de Paris, instaló incluso fuentes gratuitas de agua con gas. Tal vez suene como una idea cómica francesa, pero lo cierto es que no costó mucho y tuvo una gran repercusión medioambiental por los miles de botellas de plástico que se evitaron. También sirvió para demostrar un punto importante: cuando la infraestructura urbana pertenece al sector público y no a empresas con afán de lucro, todo el mundo puede disfrutar de sus beneficios y no solo los accionistas.

Más de 1.400 remunicipalizaciones desde el 2000

Es difícil imaginar un eslogan pegadizo con la palabra remunicipalización. Tal vez es algo extraño y aburrido –devolver infraestructura a la gestión pública no es lo que se considera una política 'sexy'– pero lo cierto es que la remunicipalización es cada vez más popular en todo el mundo. Desde Ámsterdam, el centro de estudios Transnational Institute (TNI) lleva años hablando del tema: en El futuro es público, su último informe, registra más de 1.400 remunicipalizaciones en más de 2.400 ciudades de 58 países desde el año 2000.

Los programas de asistencia social en Selangor (Malasia), las viviendas privatizadas de Berlín, el servicio de recogida de basuras en Winnipeg (Canadá) o la limpieza del transporte público en Seúl son algunos de los casos que recoge el informe.

El estudio está lleno de historias de éxito: los chilenos disfrutan de medicinas radicalmente más baratas desde que se crearon 40 nuevas farmacias públicas en el país; en Chattanooga (Tennessee), los 141 nuevos proveedores públicos de telecomunicaciones están llevando Internet a lugares donde las empresas privadas habían decidido que no valía la pena; y en la ciudad búlgara de Dobrich ha habido un recorte del 47% en el consumo de electricidad para el alumbrado público desde que el servicio pasó a manos públicas en 2018 y las autoridades locales instalaron bombillas LED de alta eficiencia energética.

Los beneficios de la remunicipalización se dividen en dos grandes categorías. En primer lugar, sirven para corregir lo que no funcionaba en las ciudades tras décadas de privatización, explotación de beneficios y generación de desperdicios. En segundo, para forjar un nuevo sentido del bien público.

Según Cat Hobbs, de la organización de Oxford We Own It [Nos pertenece], “la privatización y la subcontratación de los últimos 30 o 40 años han fracasado”: “Tiende a costarnos más, recibimos peores servicios, tenemos menos control sobre ellos, y tienen menos responsabilidad democrática frente a nosotros, los ciudadanos”, explica.

En su opinión, también es “una cuestión moral”. “A menudo hablamos de monopolios naturales como el agua, donde la competencia no tiene sentido y donde el mercado no debe entrar. Cuando decimos que hay que poner a la gente por delante de los beneficios, todo el mundo lo entiende”, indica.

La alternativa, apunta, es un sistema en el que la propiedad pública local proporcione a las comunidades mejores trabajos y más estables, priorizando la sostenibilidad antes que los dividendos para accionistas. Desde la asistencia social hasta las bibliotecas o la recogida de basura, la privatización ha reducido estos servicios hasta la médula.

El caso de Reino Unido

La remunicipalización podría sonar bien en el Reino Unido del Brexit. “Sabemos que una parte del Brexit tiene que ver con que la gente quiere que las decisiones se tomen cerca de su lugar de residencia”, dice Hobbs. “Se trata de un sentido de responsabilidad, de soberanía económica, y de recuperación del control”.

¿Por qué no ayudar a la gente a “recuperar el control”, trascendiendo el referéndum de 2016 sino del voto y mirando cómo votó durante las últimas elecciones británicas? Tal vez la remunicipalización sirva para responder algunas de las preguntas que se están haciendo ahora los laboristras sobre los núcleos perdidos, sobre la reconstrucción del área ciudadana, y del sentido de comunidad local y participativa en las ciudades postindustriales.

Según Hobbs, “limitarse a entregar los servicios públicos a la multinacional capaz de hacerlo de la forma más barata no es una forma de demostrar que se valora a nuestras comunidades”. Considera que es algo “fundamental” para tener “una sociedad decente”.

Un fenómeno global

La remunicipalización es un movimiento local pero también un fenómeno global, con ayuntamientos progresistas de todo el mundo intercambiando mejores prácticas así como ideas radicalmente nuevas. Este intercambio es el brazo político de la organización Fearless Cities [Ciudades sin miedo] y el libro del mismo nombre, que aglutina el creciente movimiento municipalista.

La mejor manera de entender Fearless Cities es como un programa que trata de recuperar parte del territorio perdido a manos de la ortodoxia privatizadora que comenzó a extenderse por el mundo en la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Instituciones como el FMI, la OMC y el Banco Mundial están detrás de las privatizaciones y de las duras condiciones de unos préstamos que fomentaban la venta de activos públicos.

Hasta que llegó la crisis financiera mundial de 2008 y resquebrajó la idea de que el sector privado era la mejor opción posible para las ciudades. Es revelador que la primera respuesta política a la crisis comenzara en 2011 con el movimiento Occupy en espacios públicos de ciudades como Atenas, Madrid, Londres y Nueva York. Estos 'movimientos de las plazas' pronto encontraron su expresión política a nivel nacional en partidos nuevos como Podemos y como Syriza, o en el ascenso de políticos como Bernie Sanders y Jeremy Corbyn.

No es casualidad que los mayores éxitos se hayan dado en las ciudades donde comenzaron: la recuperación de bienes públicos se ha hecho en ayuntamientos con gobiernos que vienen de esos movimientos en la calle. En 2015 llegaron al poder las nuevas “plataformas municipales” a las ciudades de Barcelona, Madrid, Cádiz y Valencia, entre otras; y en España, el informe El futuro es público registra 119 casos de remunicipalizaciones (solo aventajada por Estados Unidos y por Francia), entre servicios de energía, basuras, funerarios y de comedores escolares. Como en Francia, destaca la devolución del agua a la gestión pública. Bajo el lema 'Aigua és Vida', en Cataluña ha habido 27 remunicipalizaciones desde 2010.

A veces, la manera más fácil de terminar con la privatización es simplemente 'municipalizando', sin el prefijo 're'. Se trata de crear una nueva organización pública que se enfrente al cartel existente. Decididas a mejorar la autosuficiencia y la sostenibilidad medioambiental, Ada Colau y su movimiento político 'Barcelona en Comú' llevan luchando contra las corporaciones energéticas desde su elección como alcaldesa en 2015. En junio de 2019, la empresa del ayuntamiento Barcelona Energía comenzó a suministrar electricidad a partir de energía 100% renovable a instalaciones y edificios del ayuntamiento de Barcelona así como a 20.000 hogares. Actualmente es la más grande de su tipo en España, está instalando paneles solares en los tejados de edificios públicos y espera seguir creciendo.

Según Sol Trumbo, especialista en remunicipalización del centro de estudios TNI, este tipo de acción local “es la mejor manera de concretar la necesidad de defender los servicios públicos”. En su opinión, centrarse en las posibilidades de cambio a nivel municipal tiene varias ventajas estratégicas, especialmente para los partidos de izquierda.

“Si uno se enfrenta al pensamiento y los dogmas neoliberales, es mucho más difícil encontrar una posición clara sobre asuntos tan complejos como la pertenencia a la UE o a la OTAN”, sostiene. “Pero si tu debate político gira en torno a preguntas sobre si hay suficientes parques, si funciona o no el transporte público o si hay demasiados coches en las calles, las preguntas son realmente tangibles y cercanas a la gente, por lo que es más fácil para los políticos progresistas dar respuesta”.

Los temas deberían ser aún más cercanos. La remunicipalización no es simplemente una complicada transferencia de activos que pasan de propiedad privada a pública, un cambio de papeles que para el común de los ciudadanos pasa inadvertido. Por el contrario, su objetivo es aumentar la participación en la toma de decisiones, impulsar la democracia local y la energía ciudadana, y hacer que los servicios sean más justos y accesibles.

“En estos momentos de incertidumbre política y desconfianza, que las cosas sean locales y próximas es algo realmente útil”, defiende Trumbo. “¿Qué mejor manera de reconstruir la comunidad, las conexiones entre las personas y el orgullo de un lugar? Brindo por ello con mi agua con gas gratuita”.

Traducido por Francisco de Zárate.

Los planes de privatización regresan al Ayuntamiento de Madrid. El actual equipo de Gobierno, dirigido por PP y Ciudadanos, está estudiando revertir el legado de Manuela Carmena y devolver a manos privadas los servicios que, bajo su mandato, habían vuelto a la gestión directa. El Consistorio, de momento, no ha tomado ninguna medida al respecto pero ha encargado estudios técnicos que sustenten “eventuales decisiones” en esta dirección.

“A nadie se le escapa que fuimos contrarios a todos las municipalizaciones que se hicieron por el anterior equipo”, avanzó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, esta semana. Su grupo parlamentario (PP) lideró la oposición a los cambios de gestión en el servicio de alquiler de bicicletas BiciMad y llevó el procedimiento emprendido por Carmena a los tribunales.

La postura oficial del Ayuntamiento es que las desprivatizaciones de varios servicios municipales que impulsó Ahora Madrid son negativas porque “hacen la competencia a las empresas”, según las palabras del propio regidor. “Por qué con la funeraria, un sector liberalizado, tenemos que hacer la competencia a las empresas que operan con cargo a los impuestos que pagan esas empresas”.

Para estudiar la reversión de la gestión directa de servicios como BiciMad, el Teleférico o la funeraria, el Consistorio también sostiene que la remunicipalización “no ha beneficiado la gestión de las empresas que han sido asumidas” por el Ayuntamiento. Sin embargo, el anterior Ejecutivo recogió en sus balances síntomas de mejoría, especialmente en el caso de la funeraria con un ingente incremento de los beneficios.

eldiario.es repasa cómo se llevaron a cabo los procesos de remunicipalización de tres servicios que ahora amenaza con volver a privatizar el Ayuntamiento.

BiciMad: pérdidas y una querella fallida

El Gobierno de Ana Botella inauguró en 2014 el servicio de alquiler municipal de bicicletas BiciMad, pero concedió la gestión a una empresa privada, BonoPark. El contrato firmado con el Consistorio tenía una duración de 12 años y un presupuesto muy ajustado que dejó a la empresa al borde de la quiebra.

El equipo de Gobierno de Manuela Carmena empezó a estudiar cuando llegó al Palacio de Cibeles cómo cambiar la gestión del servicio para que fuera directa. Bonopark entonces ya estaba en pérdidas y había solicitado un reequilibrio económico al Ayuntamiento. La empresa ganó la licitación con una rebaja de más de siete millones respecto al precio inicial y se comprometió a gestionar el servicio por 12 años con 20 millones de euros. Bonopark achacó sus problemas económicos al vandalismo con las bicis.

Como el contrato estaba blindado, la EMT se lo “compró” a Bonopark en lo que, técnicamente, se denominó cesión de contrato a cambio de 10,5 millones de euros. Esta decisión tenía limitaciones: el servicio tenía –y tiene– que regirse por las condiciones del contrato original firmado en tiempos de la exalcaldesa Ana Botella. Ese contrato limita la extensión del servicio a toda la ciudad, impide que haya más de 468 nuevas bicicletas al año e imposibilita cambiar el modelo de vehículos, que se tienen que seguir comprando a Bonopark.

El Ayuntamiento trató a principios de 2019 de deshacerse de las trabas heredadas para obtener la gestión directa completa, pero este paso necesitaba el visto bueno del Pleno y Ahora Madrid no logró el apoyo del PSOE, de manera que no pudo acometer la expansión de BiciMAD prevista extramuros de la M-30. De hecho, la anterior corporación dejó todo listo para la puesta en marcha de las dos primeras estaciones fuera de la almendra central, que terminó inaugurando el actual Ayuntamiento el pasado septiembre. Una en Ciudad Lineal y otra en Puente de Vallecas.

Más allá de estas dificultades, el Gobierno de Manuela Carmena trasladó un balance positivo del remunicipalización del servicio.En su primer año con este sistema de gestión, aumentaron los viajes mensuales hasta los 384.072 –la cifra más alta desde 2014– y se redujo el coste medio por bicicleta hasta 200 euros, según datos de la anterior corporación. En 2018 continuó el aumento, aunque más por el abono mensual que por los viajes ocasionales, que se mantuvieron, según el informe de gestión de la EMT de ese año.

Sin embargo, las pérdidas no han logrado revertirse. La exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, admitió en marzo de este año que el servicio provocaba “pérdidas”, aunque habían “sido menos de las esperadas”: un total de 926.085 euros entre 2017 y 2018 frente a los 1,4 millones estimados para los dos primeros años, según los datos oficiales aportados.

La compra de BiciMAD por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena contó con otro hándicap: el caso fue judicalizado por una querella del PP que denunciaba irregularidades en el proceso. El actual alcalde de Madrid lideró la oposición a la remunicipalización y también la acción judicial contra la anterior corporación. La justicia terminó sobreseyendo el caso al no encontrar ningún hecho “constitutivo de infracción penal”.

La Funeraria: beneficios de varios millones de euros

La Funeraria de Madrid fue pública hasta que en 1993 el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano (PP) vendió casi la mitad de las acciones por 100 pesetas. El acuerdo que se firmó con los nuevos accionistas se extinguía en 2016, momento que el Ayuntamiento de Madrid aprovechó para no renovarlo y emprender la remunicipalización de la empresa, pese a las reticencias de los socios privados.

En su primer año de gestión 100% pública, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFC) cerró las cuentas con 4,1 millones de euros de beneficios. Un dato positivo que contrasta con el ejercicio anterior, que registró pérdidas de 230.000 euros. Este balance era excepcional: la empresa arrojaba beneficios año a año con la gestión semiprivada, pero con la municipalización multiplicaron. También, y en consecuencia, las inversiones.

¿Por qué? Porque se dejó de pagar la tasa interna de rentabilidad a la que el Ayuntamiento se comprometió con el socio privado por su inversión en la funeraria, que estaba fijada en un 20% de los beneficios antes de impuestos. Ese margen empezó a revertir al Ayuntamiento y no amanos privadas, lo que el Consistorio de Carmena consideró un “éxito”.

La empresa, una vez pública al 100%, acometió una reforma importante del Tanatorio Sur. Un informe encargado por el Gobierno municipal de Ana Botella reveló “falta de mantenimiento” en los doce cementerios y dos tanatorios que explotaba la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. El análisis del estado de conservación cifraba las obras necesarias en todos esos recintos por valor de casi 23,8 millones.

El Teleférico

El Teleférico de Madrid, uno de los iconos de la ciudad desde que fue inaugurado hace medio siglo,también fue objeto de la ola de remunicipalizaciones de Carmena. Sus ochenta cabinas conectan el centro de Madrid –Paseo del Pintor Rosales– con la Casa de Campo. Parques Reunidos, la empresa que aúna el Parque de Atracciones y el Zoo de Madrid, lo gestionó hasta 2017. Como pasó con la Funeraria, el Consistorio dejó extinguirse el contrato y entonces impulsó el cambio a la gestión directa.

Con el régimen de privatización, el Ayuntamiento recibía solo un canon de 8.000 euros anuales, según datos ofrecidos por la anterior corporación. Los primeros datos de explotación en el nuevo régimen de gestión directa arrojan un balance positivo, reflejado en el informe de gestión de 2018 de la EMT, con 78.900 euros de beneficio (antes de impuestos).

Desde marzo de 2018, cuando abrió al público como instalación 100% pública, el Teleférico depende de la EMT. La plantilla de Parques Reunidos, como pasó con Bonopark, fue subrogada y los tarifas se mantienen. Martínez-Almeida ha manifestado, sobre este servicio, que no entiende “por qué la EMT tiene que ocuparse del Teleférico”.

Son casi diez años los que Eric Häublein, de la iniciativa Berliner Energietisch, ha pasado militando con un objetivo en mente: la remunicipalización de la red eléctrica de Berlín. La ciudad-estado capital alemana puso en manos privadas esa infraestructura en 1997. A principios de mes, el gigante sueco Vattenfall perdió el concurso que le hubiera permitido renovar su ya dilatado control de la explotación de la red.

Ganó a Vattenfall la empresa pública Berlin Energie, una compañía surgida en 2012 a rebufo de la movilización de gente como Häublein. “La Berliner Energietisch se fundó en 2010 para volver a poner en manos públicas el suministro eléctrico de la ciudad”, dice a eldiario.es un visiblemente satisfecho Häublein al comentar las noticias sobre el triunfo de Berlin Energie sobre Vattenfall. La firma local logró en el concurso público 14.590 puntos, siendo superior a la compañía sueca (13.350 puntos). “Clara derrota para Vattenfall”, titulaba al respecto el diario generalista berlinés Der Tagesspiegel.

“Berlin Energie es el nuevo propietario de la red”, mantiene Häublein. Alude así a una gigantesca infraestructura de la que unos pocos datos sirven para hacerse una idea de su tamaño. La red eléctrica berlinesa es, entre otras cosa, más de 35.000 kilómetros en cables y vías de conducción, 79 subestaciones eléctricas y 11.000 transformadores.

Referéndum en 2013

Häublein sabe que su implicación en la Berliner Energietisch tiene mucho que ver en esta remunicipalización. En 2013, esa iniciativa, que aglutina a medio centenar de organizaciones, donde se mezclan militantes y activistas ecologistas con ciudadanos berlineses comprometidos, logró organizar un referéndum sobre la remunicipalización de la red. Una votación de esas características se pretende realizar ahora con el objetivo de expropiar a las grandes empresas propietarias del sector inmobiliario en Berlín.

La votación que lanzó la Berliner Energietisch no contó con participación suficiente como para que la decisión obligara a las autoridades a desocupar a Vattenfall. “Aún así, votaron a favor de la remunicipalización 600.000 personas y 20.000 en contra. Eso, en cualquier caso, puso el tema en la agenda política”, manifiesta Häublein.

Tanto es así que la coalición de izquierdas que dirige el alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Michael Müller, no tardó en hacer suya la causa de Häublein y compañía. “La coalición aspira a una remunicipalización al 100% de la red eléctrica”, se lee en el contrato firmado por los representantes socialdemócratas berlineses junto a izquierdistas de Die Linke y ecologistas de Los Verdes tras las últimas elecciones celebradas en la ciudad-estado, en septiembre de 2016.

La decisión ha sido criticada por la oposición en el parlamento regional berlinés. Desde la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU) se ha puesto el grito en el cielo ante una nueva realidad que costará, según las estimaciones que han trascendido, entre 1.500 millones de euros y 2.000 millones de euros. Eso podría terminar pidiendo Vattenfall por dejar las que han sido sus instalaciones en manos de Berlin Energie. Ésta última afronta actualmente un enorme reto. Cuenta, de momento, con sólo doce empleados. La filial berlinesa de Vattenfall tiene aquí 1.300 trabajadores.

Un negocio que promete beneficios

Para Berlin Energie, las expectativas de crecimiento son ineludibles. Entre otras cosas, porque “la gestión de la red es un área donde se pueden generar beneficios”, recuerda Häublein, el responsable de la Berliner Energietisch. Así, Vattenfall registraba el año pasado en Berlín unos beneficios de 110 millones de euros.

De empezar Berlin Energie a gestionar la red eléctrica – algo que aún está pendiente de la decisión de Vattenfall de recurrir o aceptar el resultado del concurso –, nada hace pensar que esa empresa pública no pueda desempeñar con éxito la labor que ha venido desempeñando el gigante sueco.

Es más, al Berliner Zeitung, el otro gran periódico generalista berlinés, Claudia Kemfert, del Instituto Alemán para la Investigación Económica (DIW), señalaba hace unos días que era “absolutamente sensato” hacer que una compañía regional se ocupe de las infraestructuras eléctricas. “Nuestros estudios muestran que las redes eléctricas gestionadas por empresas públicas no son menos rentables que las gestionadas por empresas privadas”, según Kemfert.

En este sentido, Jörg Stroedter, diputado del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en el parlamento regional berlinés, ha recordado que otras experiencias de remunicipalización, como la ocurrida con la gestión del agua en la ciudad-estado en 2014, han sido un éxito. “La exitosa remunicipalización del agua muestra que tiene sentido que la electricidad y el gas vuelvan a estar en manos públicas”, según Stroedter.

Häublein ve, además, otras ventajas. “Estando la red en manos de una empresa pública se puede controlar mucho mejor su actividad. Es mejor así que cuando son empresas privadas”, señala el responsable de la Berliner Energietisch. Además, a su entender, “ahora se puede recurrir más a energías limpias a través de empresas regionales y se pueden tener más en cuenta en la gestión otros factores sociales vinculados a la energía, como la pobreza energética”, abunda.

Alude Häublein a un problema social especialmente grave en Alemania. El país de la canciller Angela Merkel, uno de los más ricos de Europa, tiene la electricidad más cara de la UE. Son cientos de miles los alemanes que están en riesgo de caer en la pobreza energética. Berlin Energie, sin embargo, no podrá actuar de modo decisivo ante el precio de la luz. Como responsable de la red eléctrica, esa empresa pone la energía al servicio de las operadoras, que son las que acaban facturando a los consumidores.

“Los precios no bajarán, porque esos los ponen las empresas que explotan la energía”, concede Häublein. Remunicipalizar puede tener ventajas, pero es probable que los bolsillos de los berlineses no noten mejoría gracias a Berlin Energie.

La lucha de la Plataforma contra la Privatización del Agua en Alcázar de San Juan se escuchó en toda España y también fuera de sus fronteras. Sin embargo, 2018 se cierra todavía sin concretar que el servicio vuelva a ser completamente público, a pesar de que la actual alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor, aseguró que sería una de las “primeras medidas” que tomaría después de las elecciones de 2015. La última valoración que ha hecho la Mesa del Agua de la localidad fue que el equipo de Gobierno seguirá trabajando “para revertir la venta de Aguas y salir de la esquizofrenia que estamos viviendo por una decisión política que tomó in extremis el anterior Gobierno del PP”, dijo la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor.

“Esquizofrenia”. Y es que la decisión de remunicipalizar un servicio no sólo depende de la voluntad política, sino también de complejas gestiones jurídicas que un abogado explicó también en dicha reunión, sobre todo teniendo en cuenta el último “revés” que ha sufrido el proceso por parte del Tribunal Supremo, al decidir aceptar el recurso presentado por FCC Aqualia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que “hubiera permitido iniciar el expediente de disolución de la actual empresa mixta”. Sin embargo, los expertos entonces tranquilizaron a los asistentes a la Mesa: “El Supremo ha dicho que lo verá, no que tenga razón Aqualia”.

Sin embargo, sigue siendo un obstáculo a la hora de continuar con la promesa electoral del PSOE y algo que ha sido también un clamor ciudadano por parte de los alcazareños. “Para nosotros ha sido un jarro de agua fría”, aseguraba Rosa Melchor, porque desde el municipio estaban “esperanzados” con que no se admitiría el recurso.

Igual que hemos sido capaces de recuperar otros asuntos que el PP destruyó, seguiremos con la misma insistencia buscando soluciones para revertir el proceso y que Aguas de Alcázar vuelva a ser de alcazareñas y alcazareños, con una gestión pública al cien por cien“. Un proceso difícil, aseveró la edil, pero no imposible, puntualizó. La dificultad de las remunicipalizaciones las conocen también en otras localidades donde distintos grupos municipales han querido llevarlas a cabo, sin éxito.

En algunos casos, ha sido porque se trataba más bien de una declaración de intenciones, como fue lo que ocurrió en Guadalajara. Tanto el PSOE como el grupo de Ahora criticaron la decisión del equipo de Gobierno del 'popular' Antonio Román de readjudicar las escuelas municipales a la empresa que consideraron como la “peor oferta”, Servicios Infantiles Dulcinea. Ahora Guadalajara se sumó a las críticas de los socialistas y propuso que los servicios de las escuelas pasase al Ayuntamiento, pero la propuesta se quedó sólo en eso

Distinto fue lo que ocurrió con la propuesta de hacer pública la gestión de las basuras en Villarrobledo: el grupo de Ganemos-Izquierda Unida propuso la creación de una mesa por la remunicipalización, que finalmente no salió adelante en el Pleno “más largo” de la historia de la localidad, durante casi nueve horas. Los trabajadores del servicio temían por la continuidad del mismo y estuvieron presentes en la celebración del mismo. Sin embargo, la idea no salió adelante porque Ganemos también señaló que preferían seguir adelante con el contrato a poner en peligro los puestos. “Sí a la remunicipalización, pero no a cualquier precio”.

En Cuenca, el equipo de Gobierno (PP) dejó claro que son “partidarios” de la colaboración público-privada. Así respondió el concejal de Servicios a la Ciudad, Pedro J. García Hidalgo, después de que Izquierda Unida denunciase el “incumplimiento” de una moción con la que se quería estudiar otras formas de gestionar el servicio de limpieza de parques y jardines. Hidalgo aseguró que el modelo de remunicipalización de IU era “inviable”, según los informes de los técnicos municipales y “como se les ha explicado en la Comisión informativa de Seguridad y Servicios a la Ciudad”. Por otra parte, consideró que la propuesta de Izquierda Unida sólo pretendía “obstaculizar el trabajo del equipo de Gobierno y de boicotear los servicios municipales”.

¿Por qué es tan difícil devolver los servicios a la gestión pública?

Jorge Fernández fue el presidente de la Empresa Municipal de Servicios (EMUSER), cargo que dejó después de que el equipo de Gobierno del PSOE en Ciudad Real, liderado por Pilar Zamora, decidiese renunciar a seguir con los procesos de remunicipalización en el Consistorio. “Era un punto clave del programa electoral y lo va a volver a ser en las próximas elecciones. Creemos que este primer intento ha demostrado que se puede gestionar desde lo público”, asegura el edil de Ganemos Ciudad Real. Fernández hace referencia a la televisión municipal ciudadrealeña, uno de los cuatro servicios que su formación proponía para volver a ser de gestión pública.

Con la televisión se pudo, señala, porque eran pocos trabajadores y, por tanto, menos presupuesto. El PSOE también arguyó que el PP había “blindado” la privatización de los servicios. La televisión fue lo “más rápido”, pero el “meollo” al que apuntaba Ganemos era el de parques y jardines, atención a domicilio o limpieza. “La realidad”, asegura, “es que la situación laboral ha mejorado, el coste no ha aumentado y la televisión funciona mejor que nunca”. “La experiencia ha sido modesta, pero positiva”, asegura. En cuanto a los servicios que no pudieron salir adelante, recalca que la configuración legislativa actual se modificó “para intentar evitar que los servicios ya privatizados fueran fácilmente retornados al sector público”.

“Nosotros pensamos que es algo clave, porque supone una manera de redistribuir la riqueza de forma muy eficaz”, asegura. Y es que el ahorro es, básicamente, lo que sería el “beneficio del sector privado”. Hay impedimentos legales pero creemos que hay vías posibles y hace falta enfrentarse a muchos problemas“, recalca Fernández. En este sentido se manifiesta también Javier Mateo, concejal de Bienestar Social del grupo Ganemos Toledo. ”No nos encontramos con demasiados aliados“, asevera el edil, que recuerda que en la capital autonómica se logró que el servicio de multas y el alumbrado monumental volviese a manos públicas después de estar externalizado. ”También se logró evitar la privatización de la estación de autobuses“.

“Hemos puesto en marcha lo que hemos podido en relación al servicio de la ORA”, asegura. “El marco normativo impuesto por el PP no ayuda demasiado, y no lo hemos conseguido, pero para nosotros lo importante es que por primera vez se ha logrado recuperar dos servicios y hemos abierto el camino y la batalla para seguir en ello”, explica el concejal. Por eso, aboga por el cambio normativo que permita a los Ayuntamientos decidir “el modo de gestión que queremos”. “Al final, la gestión pública es la garantía contra la corrupción y la especulación”, concluye.

La recogida de basuras volverá a ser pública en la capital del Besaya después de casi veinte años de gestión privada. Así lo han decidido por unanimidad todos los partidos políticos en el pleno de este martes alegando que este cambio será “muy positivo” para los torrelaveguenses.

Según ha indicado el alcalde,José Manuel Cruz Viadero, este cambio dará “mayor facilidad” para prestar un mejor servicio, aunque en caso de no ser así, ha confirmado que no le “temblaría la mano” en volver a lo privado, ya que se trata de una medida “reversible”.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha constatado las palabras del alcalde y ha indicado que, desde el PRC, ya eran conscientes de la “necesidad” de que este servicio fuese municipal por las circunstancias de la ciudad. “Estamos convencidos de que se puede gestionar perfectamente”, ha afirmado.

Respecto a la posibilidad de que los impuestos se tuviesen que subir, Noriega ha declarado que con este cambio “nadie va a notar nada, ni en el recibo”. A esta declaración se ha sumado Cruz Viadero, que además ha insistido en que el proceso todavía se prolongará “varios meses” debido a los trámites administrativos que hay que realizar.

El servicio llevaba siendo ejecutado por el sector privado desde hace 17 años y debido a este cambio, pasará a integrarse dentro del servicio de la empresa pública Aguator, encargada hasta ahora de la gestión del ciclo del agua en la ciudad. Por el momento, el acuerdo saldrá a información pública para presentar las alegaciones y posteriormente se cambiará el objeto social que permita a Aguator comenzar a ejercer la función de recogida de basuras.

Según Cruz Viadero, el Ayuntamiento deberá ampliar el objeto social a la recogida y transporte de las basuras, además de integrar al actual personal de la empresa que actualmente realiza Geaser. Por último, el líder del PSOE ha defendido que esta remunicipalización “sale más barata” que la privatización, a lo que el concejal de Hacienda ha añadido que el coste final incluso “podría” ser menor al previsto en los estudios de viabilidad realizados por la comisión técnica.

La remunicipalización de la limpieza viaria en Huesca salta de capítulo en capítulo sin un desenlace claro desde su puesta en marcha en 2015. El penúltimo invalida el acuerdo tomado por la corporación municipal, previo paso por la mesa de contratación y la comisión de Medio Ambiente, para que la asumiese la empresa Valoriza. El Ayuntamiento la tendrá que adjudicar a una de las seis empresas que se presentaron al concurso para la gestión del servicio. Y todo por una nueva sentencia del Tacpa, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que anula la elección de esta firma del grupo Sacyr por no ajustarse al pliego de condiciones como ya hizo en verano de 2017 con la opción de Grhusa.

La resolución marcaba que el expediente se devuelva a la mesa de contratación para proponer una nueva adjudicación y votarse un pleno extraordinario que tuvo lugar la pasada semana y que adoptó esta medida con los votos a favor de PSOE, Aragón Sí Puede y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular y Cambiar Huesca, la formación fuera del equipo de gobierno desde que el alcalde Luis Felipe destituyera a sus cuatro concejales y que había impulsado el proceso de remunicipalización de la limpieza viaria con el edil Luis Arduña antes de que este dimitiese. Así, se anuló la adjudicación a Valoriza por un valor de 7 millones de euros y ahora se deberá estudiar y proponer una nueva a la siguiente empresa en la lista, Urbaser, con experiencia en decenas de ciudades españolas y que había recurrido la elección de Valoriza.

El portavoz popular, Gerardo Oliván, explica esta decisión porque no querían ser “cómplices de la incompetencia del alcalde, que ha tardado más de 15 meses en volver a la legalidad”. Argumenta Oliván que el equipo de gobierno “dilapida la ética democrática del Ayuntamiento decidiendo que el PP no esté en la mesa de contratación. Luis Felipe está incapacitado para gobernar la ciudad”.

El Tacpa estimó el recurso de Urbaser porque la oferta de Valoriza no se ajustaba a la jornada laboral estipulada en el pliego y tampoco incorporaba los medios materiales solicitados antes de la firma del contrato. “Ya dijimos que no íbamos a ser cómplices del lío monumental que hay con la limpieza viaria», insisten los populares, que presentaron el recurso al Tribunal en 2017 por la adjudicación inicial a Ghrusa. Por su parte, Cambiar Huesca explica el sentido de su voto porque no se sabe si el Ayuntamiento acudirá al contencioso-administrativo para recurrir esta última sentencia y porque la elección del nuevo presidente de la comisión de Medio Ambiente, Fernando Justes (Aragón Sí Puede), se encuentra asimismo recurrida porque entienden que no se respetó el voto ponderado.

El tribunal fija que al incumplimiento de las jornadas laborales estipuladas en el pliego se suma la adscripción de maquinaria, puesto que obligaba a incorporar varios medios antes de la firma del contrato paralizada por el recurso. Ghrusa, una empresa pública, sigue al frente de la limpieza de las calles de la capital oscense desde julio de 2017, con varias prórrogas una vez que el Tacpa invalidó este servicio y obligó al Ayuntamiento de Huesca a sacarlo a concurso público. Por segunda vez en apenas un año y medio, el Tribunal frena una decisión del equipo de gobierno.

A principios de 2018, se aprobó el expediente de contratación del servicio de limpieza viaria. Unos días más tarde, ya en febrero, se publicaron las cláusulas administrativas y prescripciones técnicas en la plataforma de contratación y finalizó el plazo de presentación de ofertas para las empresas. En los meses de marzo y abril se convocaron distintas reuniones para el estudio y calificación de la documentación administrativa y la apertura pública de ofertas técnicas. Se remitieron a los servicios técnicos el informe y su valoración. Ya en mayo, una vez conocido el informe definitivo, la mesa de contratación propuso al pleno la adjudicación eventual del contrato a la propuesta empresarial con mejor valoración y se solicitó la aprobación del requerimiento de la documentación a la adjudicataria, Valoriza.

En junio, la empresa presentó la documentación requerida dentro de los plazos previstos. El Consistorio aprobó solicitar con carácter excepcional a Grhusa que continuase prestando el servicio de forma provisional desde el 1 de julio y hasta que finalice el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato. Se estableció que el plazo para aplicar esta medida excepcional y provisional finalizaría, como muy tarde y siempre que no mediase recurso por parte de alguna de las otras empresas solicitantes, el 30 de septiembre. Urbaser lo hizo y el proceso sigue paralizado a la espera de que se reactive, según esperan desde el Ayuntamiento, antes de enero de 2019.

Desde 2010, la ONU reconoce el acceso al agua como un derecho humano. En territorio de la Unión Europea, donde al agua no se le ha concedido este estatus, en su día se puso de moda dejar la gestión de los recursos hídricos en manos de grandes empresas. Cosas de la doctrina neoliberal, que considera la gestión privada de recursos de interés general como la mejor de las opciones posibles.

Sin embargo, nada parece estar más lejos de la realidad, al menos en lo que al agua se refiere. En este ámbito, en los últimos quince años la tendencia se ha invertido. Las empresas pierden terreno en beneficio de los actores públicos. Ya son numerosos los ejemplos de ciudades que han recuperado el control de sus aguas.

Se estima que, entre marzo de 2010 y marzo 2015, se han producido unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo. “La tendencia de remunicipalización del agua es algo muy serio, más serio incluso de lo que puedan indicar las cifras”, dice a eldiario.es Emanuele Lobina, profesor de la Universidad Greenwich de Londres y uno de los responsables de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de dicha institución académica.

“La remunicipalización es algo nuevo, pero lo cierto es que la tendencia de la privatización sigue ahí porque cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, de los Gobiernos nacionales, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en definitiva, de los grandes poderes”, abunda Lobina.

Buena parte de las más de 200 remunicipalizaciones que han tenido lugar en el último lustro se han registrado en Francia. Hasta 94 ha contado allí Lobina. “Es normal, los franceses inventaron la privatización del agua”, apunta este investigador. En España, entre 2010 y 2015, tuvieron lugar una treintena de remunicipalizaciones – como las de Manacor, Ermua, Arenys de Munt, Medina Sidonia o la veintena de localidades andaluzas cuyas aguas están ahora en manos del consorcio Aguas del Huesna. Posteriormente vendría la de Valladolid, cuyo consistorio, en manos del socialista Óscar Puente, es el primer gran ayuntamiento de España en decidir remunicipalizar el agua.

Turín (norte italiano) probablemente sea el último y más visible ejemplo de esta tendencia en Europa. El pasado otoño, el Consejo Municipal de esa ciudad italiana, dirigido por Chiara Appendino, integrante del Movimiento 5 Estrellas, aprobaba una resolución por mayoría absoluta para remunicipalizar el sistema de aguas de la ciudad, privatizado en 1997. Tras veinte años en manos privadas, Turín daba así un primer paso decisivo en recuperar la gestión de su agua.

En otras grandes ciudades europeas, como París o Berlín, la batalla por devolver al control público un recurso tan importante como el agua hace tiempo que trajo sus frutos. La capital francesa, tras un cuarto de siglo de gestión privada, recuperaba en 2010 su “soberanía hídrica”. El ayuntamiento de la metrópolis gala decidió no renovar los contratos que tenía con las empresas Veolia y Suez, una situación similar a la de Valladolid en España. Más reciente que el caso parisino es el de Berlín, donde la privatización duró quince años, hasta 2014. De esa experiencia habla a eldiario.es Sigurn Franzen, de la plataforma Berliner Wasser Tisch, o “Mesa del Agua de Berlín”.

Ella y un puñado de militantes salidos de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) en Alemania están detrás de esa reconquista hídrica. “La privatización en Berlín se llevó a cabo en 1999 y había gente de ATTAC aquí que no estaba de acuerdo y que quería movilizarse”, cuenta Franzen, ahora jubilada tras una larga carrera trabajando como secretaria en altas instancias empresariales. Desde sus vivencias, esta veterana de las movilizaciones sociales aporta no pocos consejos para aquellos que quieran desafiar el erosionado status quo neoliberal.

Movilización social

Para lograr una remunicipalización, es preciso contar con un grupo de personas organizadas. No debe ser numeroso. “La mayoría de los casos de remunicipalización de agua son consecuencia de la movilización social, como en Berlín”, apunta Lobina. Franzen y sus compañeros de militancia por la remunicipalización del agua en Berlín se conocían gracias a la ATTAC de sus primeros días. “En las reuniones cada dos semanas que manteníamos en los días de mayor movilización había cuarenta o cincuenta personas”, recuerda Franzen.

Ella habla de las intensas jornadas de 2010 en las que la Mesa del Agua de Berlín llegó a recoger hasta más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum sobre la necesidad de hacer públicos los contratos secretos que las empresas Vivendi – la actual Veolia – y RWE firmaron con las autoridades de la ciudad-estado de Berlín para entrar en el capital de la Empresa de Aguas de Berlín (BWB, por sus siglas germanas). Gracias a la privatización, ambas pasaron a sumar un 49% del capital de BWB. Berlín, una ciudad pobre comparada con el resto de grandes urbes alemanas, se embolsó 3.300 millones de marcos alemanes (unos 1.600 millones de euros) por la venta de la gestión de sus aguas.

Las razones de la privatización vinieron inspiradas por la CDU“, recuerda Franzen, aludiendo al partido de la canciller Angela Merkel, la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU). Se supone que era una salida para acabar con las deudas de la ciudad, que en la última década del siglo pasado alcanzaban los 35.000 millones de euros. También los había que confiaban en la privatización como un estímulo para el empleo.

Dejemos a las empresas hacer un trabajo más emprendedor, así los trabajadores gozarán de un trabajo más seguro, más innovador y mejor pagado, y también quienes buscan empleo en Berlín“, decía, por ejemplo, el democristiano Elmar Pieroth, responsable de asuntos económicos de la capital teutona entre 1996 y 1998. Ese periodo fue clave para que calara el mensaje favorable a la privatización. Ésta, en concreto, se forjó en los días en que el conservador Eberhard Diepgen era alcalde de Berlín.

Los partidos políticos no (siempre) son necesarios

En sus actividades, la Mesa del Agua de Berlín no contó con los favores de ningún partido político. Si acaso, Franzen reconoce algo de apoyo de las bases del ahora insignificante Partido Pirata, una formación que en 2011 llegó a sumar el casi 9% de los votos en las elecciones regionales de Berlín. Una legislatura después, apenas sumaron en los comicios de 2016 un 1,7% de los votos. Políticamente, el barco del Partido Pirata está hundido.

El día en que se aprobó la privatización, hubo algunos votos en contra del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), mientras que el partido que ahora es Die Linke se opuso“, rememora Franzen. Ella y el resto de compañeros de la Mesa del Agua de Berlín no recibieron el apoyo político de ningún partido, pese a que Die Linke inicialmente se opuso a la privatización. En 2001, el Partido del Socialismo Democrático (PDS) – precursor de la actual Die Linke – entró en Berlín en una coalición gubernamental con el SPD liderada por el socialdemócrata Klaus Wowereit.

En un primer momento hablamos con el grupo parlamentario de Die Linke (PDS, por aquel entonces), pero todos los partidos estaban implicados en la privatización, después se supo que Harald Wolf, uno de sus responsables, había contribuido el mantenimiento de unos contratos secretos, firmados para 30 años y en los que se garantizaban los beneficios a las compañías“, lamenta Franzen.

Pese a las promesas que acompañaron a la privatización, la Mesa del Agua de Berlín pudo constatar “un notable encarecimiento del servicio y una caída drástica de las inversiones”, asegura Franzen. El Gobierno de la ciudad-estado reconocía en 2010 que, entre las diez grandes ciudades alemanas, Berlín era la que tenía el agua más cara. Ésto lo tuvieron que asumir los ciudadanos de una ciudad “pobre, pero sexy”, según los términos de Wowereit.

En poco tiempo, la entrada de actores privados en BWB encareció el agua. Por ejemplo, “entre 2003 y 2006 el precio creció un 20%”, según Lobina, el responsable de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich de Londres. Además, entre 1999 y 2010, el número de trabajadores en BWB se redujo sensiblemente, pasando de unas 6.280 personas poco más de 5.200.

Pruebas en mano, Franzen y sus compañeros de militancia decidieron salir a la calle para hacer llegar la idea de que, en manos privadas, el agua se había convertido en un problema. “Se privatizó, según se dijo, porque Berlín tenían muchas deudas. Pero Berlín ha seguido teniendo deudas, la privatización no ayudó a combatirlas [actualmente la deuda acumulada de la ciudad llega a los 59.000 millones de euros, ndlr.]. Pero, por el camino, Veolia y RWE han estado ganando dinero”, apunta Franzen. “Por eso salimos a la calle. Hicimos flayers, puestos informativos, movilizaciones. Hicimos que el tema se diera a conocer”, agrega. La Mesa del Agua de Berlín pronto se dio cuenta del importante apoyo popular con el que contaba su causa. De ahí que pudieran recoger las más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum.

Referéndum en Berlín

Esas firman eran más que suficiente para convertir la iniciativa ciudadana en una votación. En Berlín existen mecanismos para que este tipo de iniciativas se traduzcan en un referéndum. Para que éste se celebrara, también fue necesario superar las resistencias del Gobierno berlinés, que apelaba al secreto profesional y a la mismísima Ley Fundamental alemana en su lógica contra la remunicipalización.

La cita con las urnas terminó por tener lugar el domingo 13 de febrero de 2011. Ese día, el Gobierno berlinés, contrario a las intenciones de la Mesa del Agua de Berlín, recibió una “ducha fría”, según los términos del diario de la capital Der Tagesspiegel. El Ejecutivo berlinés estaba aparentemente satisfecho con los contratos de Veolia y RWE. “El 98,8% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de nuestra propuesta”, rememora Franzen.

En la votación participaron algo más de 660.000 berlineses, un 27% de la población. Que prácticamente todos ellos quisieran que el Gobierno abandonara su política favorable a Veolia y REW puso bajo una enorme presión a autoridades y empresas.

La votación empujó a decidir a las empresas a vender sus participaciones en la BWB. Urnas mediante, los berlineses pasaron la página de la privatización. La remunicipalización acababa de empezar. Oficialmente el agua regresó a manos públicas en 2014, previo pago de 1.200 millones de euros.

Esa cantidad puede parecer astronómica. Pero también lo son las cantidades que se ahorraron los berlineses después de que el Bundeskartellamt, la institución germana que regula la competencia, obligara a la BWB privada a reducir los precios del agua entre 2012 y 2018. “La reducción se corresponde con unos 440 millones de euros, más de un tercio de lo que Berlín tuvo que pagar en la remunicipalización”, concluye Lobina.

Entre otras, la denuncia a la Fiscalía, también en diciembre, del entonces alcalde Cardona sobre los acontecimientos que estaban apareciendo en la prensa relativos a EMALSA. También la creación de un grupo de trabajo formado por técnicos municipales, autores del documento “Reflexiones y recomendaciones” sobre la política hidráulica municipal y las relaciones Emalsa/Ayuntamiento, que se entregó al Ayuntamiento en abril de 2013. Y la denuncia de la Fiscalía Provincial de Las Palmas  en octubre de 2013 contra 15 consejeros, ex-consejeros y directivos de los socios privados de EMALSA, que se valieron de su posición dominante en el Consejo de Administración y tuvieron una gestión desleal en la empresa, ocasionando perjuicio no solo al Ayuntamiento sino también a los ciudadanos, dado que EMALSA se financia a través del precio del agua.

El inicio de un expediente a EMALSA en diciembre de 2013 llevó a la intervención administrativa de la compañía por parte del Ayuntamiento en marzo de 2014, y a la creación de la figura del Interventor Municipal en la persona del Técnico, Rafael Bolívar. Entre junio de 2014 y septiembre de 2015, Rafael Bolívar emitió cinco informes con mucha información contrastada sobre la situación del saneamiento, depuración y redes de alcantarillado, así como de la gestión de EMALSA y SERCANARIAS (empresa propiedad al 50% de los socios privados de EMALSA, “Saur Internacional” y “Valoriza-Sacyr”, a la que encargaron el saneamiento, depuración y mantenimiento de las redes de alcantarillado de nuestra ciudad).

En junio de 2015 llega un nuevo equipo de gobierno tripartito – PSOE, LPGC Puede y Nueva Canaria – al Ayuntamiento, y con él su declaración de intenciones con respecto a la prestación del Servicio de abastecimiento de aguas, recogida en página y media de su documento “Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria”.

Este documento, entre otras cosas, dice: “Analizaremos y haremos públicos los resultados de las auditorías e informes ya realizados sobre EMALSA e incluso plantearemos, si se considera necesario, realizar una nueva auditoría…”. En el siguiente párrafo señala: “Pondremos en marcha la elaboración de un informe técnico, jurídico y económico que plantee las bases y las repercusiones económicas… ante un escenario orientado a la remunicipalización del servicio de abastecimiento y gestión del agua, en caso de que se acredite lesión del interés general…”.

Menos de un mes después de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno municipal, el alcalde acaba con la intervención en EMALSA, y tacha de farsa lo que se ha realizado por parte del Ayuntamiento en lo relativo a la Intervención Municipal. En septiembre de 2015, el alcalde Hidalgo descarta iniciar un procedimiento sancionador a EMALSA y anuncia que el Ayuntamiento pagará los 15 millones de euros bloqueados por la anterior corporación, al no justificar la empresa el gasto en saneamiento y depuración.  En enero de 2016, la Junta de Gobierno municipal acuerda crear un “Comité Técnico Asesor” para el análisis y definición de las propuestas del documento de KPMG Abogados, S.L., (consultora contratada y pagada por EMALSA) denominado “Dossier de acuerdos y documentos para la adecuación de la situación de EMALSA”.

Mientras tanto, EMALSA denuncia a Rafael Bolívar (ya cesado por el equipo de gobierno municipal como Interventor y como Jefe del Servicio de Aguas del Ayuntamiento) por falsedad en los informes que emitió como Interventor y por prevaricación. En junio de 2016, la Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 8 desestima el recurso de apelación de EMALSA, que ya había perdido el juicio antes.

En octubre de 2016, dos de los tres técnicos del Comité firman un informe de 71 páginas en el que se rechaza globalmente el dossier de KPMG  Abogados, y lo tacha de ser un documento propio de los socios privados de EMALSA, cuya única prioridad es incrementar por varias vías los ingresos y, consecuentemente, sus propios beneficios.

Hace unos días, La Provincia publica dos reportajes en base a un informe pericial encargado por el juez que investiga a los 15 ejecutivos de EMALSA, donde se detecta un quebranto económico de al menos 13,1 millones de euros en los servicios que SERCANARIAS presta a EMALSA.

También dicen que, entre los incumplimientos que apuntaba Bolívar en sus informes, figuraba el cobro de 2 millones de euros anuales por el canon de gestión (management fee) que no está incluido en ningún contrato programa firmado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. Este pago está respaldado, únicamente, por un acuerdo del Consejo de Administración en 2008, que entonces presidía el alcalde Saavedra.

En el informe pericial se pone en duda que los accionistas privados hayan puesto a disposición de EMALSA todo su conocimiento a través del asesoramiento técnico, jurídico y de gestión por el que supuestamente cobran el fee.

¿Cómo es posible que con todo lo que se conoce de los incumplimientos de los socios privados de EMALSA, el Ayuntamiento no haya abierto un expediente sancionador? Después del “Acuerdo por la ciudadanía” y a la vista del informe del Comité Técnico Asesor, ¿qué actuaciones ha tenido el Ayuntamiento en defensa de sus intereses y los de los ciudadanos? ¿Hay alguna duda sobre la  lesión del interés general? ¿Para cuándo la remunicipalización de EMALSA?

En el intrincado proceso administrativo y judicial que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan continúa para permitir la remunicipalización del agua de la ciudad, una nueva noticia abre de nuevo el optimismo en el Consistorio. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Ciudad Real ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el concejal socialista Gonzalo Redondo contra el acuerdo del pleno municipal en el que se aceptó el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que manifestaba que no procedía la revisión de oficio de la adjudicación de Aguas de Alcázar a Aqualia.

Con este recurso que interpone Gonzalo Redondo “se abre una vía desde el Partido Socialista, que ha sido el único que ha interpuesto recursos hasta la fecha para la remunicipalización de Aguas”, ha señalado la concejala del equipo de Gobierno, Rosa Idalia Cruz.

Ha recordado que también la actual alcaldesa, Rosa Melchor, como anterior portavoz del Grupo Municipal Socialista en la oposición, en su momento interpuso un recurso que se ganó, mientras que Ana Belén Tejado interpuso otro que está pendiente de resolución. El de Gonzalo Redondo es el tercero para poner fin a la revisión de oficio en base a los dos votos de reserva del Consejo Consultivo, ha explicado la concejala.

Por último, Rosa Idalia Cruz ha apostillado que espera que el proceso de remunicipalización de Aguas “nos lleve a buen puerto”.

El centro cívico Urban, en Castellón, deja de estar en manos privadas. El equipo de gobierno municipal formado por el PSPV-PSOE y Compromís ha rescatado para la gestión pública unas instalaciones dedicadas a la actividades cívicas, educativas, culturales y comunitarias.

El objetivo del Ayuntamiento de Castellón, al asumir la gestión del Centro Urban, es “potenciar este edificio polifuncional situado en la zona Oeste, unas instalaciones que siempre han estado en manos privadas aunque fueron construidas con dinero público”. Sólo el CEAM, la conserjería y la limpieza estarán delegados en una empresa privada, de momento hasta septiembre de 2019, ha anunciado el Ayuntamiento.

Para el concejal de Bienestar Social, José Luis López, la remunicipalización “tiene que ver con gestionar lo colectivo entre todos y todas para mejorar la eficacia y la transparencia de los servicios municipales en general, y en este caso del Centro Urban en particular, aplicando criterios de sostenibilidad, racionalizando las tareas y optimizando los recursos”.

López ha indicado que los cambios que se han introducido en el Urban “están encaminados a darle un gran empujón al centro, potenciándolo entre la ciudadanía y poniéndolo al servicio de toda la sociedad, porque es un edificio con muchas posibilidades que puede ser más que un centro para mayores y vecinos de la zona”.

En la actualidad, las instalaciones disponen de biblioteca, salón de actos, locales para asociaciones vecinales y culturales, y otras prestaciones como el consultorio de la zona, aulas de informática, CEAM, peluquería, salón de juegos y cafetería. También es sede de un programa de formación de personas adultas. “La oferta de servicios es amplia pero desde el equipo de Gobierno municipal entendemos que se puede mejorar y reorganizar para ponerla a disposición de todos los castellonenses, sean mayores, jóvenes o colectivo familiar con niños”, ha manifestado el edil.

La empresa que se encargará de los servicios que todavía están delegados en manos privadas tendrá la obligación por contrato de destinar el 0,7% de la cuantía del mismo, unos 5.000 euros aproximadamente, a financiar un proyecto de intervención sociocomunitaria dirigido a las personas mayores de la zona Oeste, así como el compromiso de dotarlo de contenido social.

“La remunicipalización de servicios por el momento es inviable”. Es el mensaje que ha trasladado hoy el Ayuntamiento de Puertollano basándose en los informes técnicos de Secretaría e Intervención que “por ahora” aparcan la propuesta del Grupo Municipal de IU de que estas competencias fueran asumidas por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, que se encuentra en proceso de liquidación y que no puede asumir nuevas atribuciones.

La situación ha llevado a que la propia alcaldesa, Mayte Fernández, que es además la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) haya ofrecido una delegación especial de competencias en este asunto al portavoz de Izquierda Unida, Jesús Manchón, para que abra la baraja de posibilidades de un regreso de los servicios municipales al terreno de lo público. Algo que el edil de IU ha rechazado.

La “dificultad del cambio social”

El concejal de Urbanismo, Miguel Peña, ha reconocido que el equipo de Gobierno “conocía la dificultad del cambio de objeto social de la empresa del suelo para asumir servicios municipales”. Para ello, comenta, se habían buscado alternativas y ejemplos como en el Ayuntamiento de Ciudad Real, que también ha desistido en su empeño o el caso del Ayuntamiento de Toledo que también ha tenido que renunciar a remunicipalizar el servicio ORA aunque haya recuperado la gestión directa de las multas  así como parte del alumbrado público que ya no sale a concurso.

El edil de Puertollano ha culpado a las políticas del Partido Popular que “merman la autonomía municipal e impiden que los ayuntamientos recuperen servicios públicos y asuman trabajadores” aunque advierte que “no hay que  perder la vocación de gestionar los servicios desde lo público, pero es inviable en las actuales circunstancias”.

Nunca un tribunal administrativo había anulado la decisión de un Ayuntamiento. Ha ocurrido en Huesca a raíz del proceso de remunicipalización de algunos servicios públicos. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) declaró ayer nula la encomienda de gestión de la limpieza viaria de la capital oscense a la empresa pública Gestión de Residuos Huesca (Grhusa) tras atender el recurso presentado por el portavoz popular en el Consistorio, Gerardo Oliván.

Había entrado en vigor el 1 de julio después de que los trabajadores de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se incorporasen a Grhusa, y una vez que el Consistorio, en el Pleno celebrado el pasado 31 de mayo, lo aprobase con los votos del equipo de gobierno compuesto por PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede.

El Tacpa señala en sus conclusiones que la encomienda es nula “por ser contraria a la normativa de contratación pública”. El Consistorio anunció minutos después de publicarse la sentencia que presentará un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y que solicitará al Tribunal la suspensión cautelar del acuerdo. Además, tiene pendiente en las próximas horas una reunión con los servicios jurídicos internos y externos y tratará la cuestión en una inminente mesa de portavoces. Dispone para defenderse de un plazo de dos meses durante el que deberá comunicar al Tacpa las actuaciones adoptadas, según recoge la sentencia.

Se garantiza la normalidad del servicio

Mientras se desarrollan los acontecimientos, el servicio de limpieza de la ciudad seguirá en manos de Grhusa con total normalidad, según ha confirmado el concejal de Remunicipalizaciones, Luis Arduña (Cambiar Huesca). La cuestión se ha abordado de nuevo en el Pleno que ha tenido lugar este jueves en el Ayuntamiento y del que ha sido protagonista indiscutible. Ciudadanos ha planteado un recurso de reposición contra el acuerdo del 31 de mayo rechazado con los votos del equipo de gobierno y el único respaldo del Partido Popular.

Arduña mantiene que, “afortunadamente, nos encontramos en un estado de Derecho y cabe la vía del recurso. Hasta que no sea firme la resolución, quienes consideramos que la legalidad de lo hecho, avalada por los servicios municipales, es real la defenderemos. Hay una resolución de un tribunal administrativo y vamos a recurrir por la vía contencioso-administrativa”. El concejal de Remunicipalizaciones califica a PP y Ciudadanos como “el brazo ejecutor encargado de llevar adelante un conflicto en favor de los intereses de las grandes empresas. Nosotros defendemos los intereses generales de los trabajadores y los ciudadanos”.

Los informes jurídicos sostienen la remunicipalización

Le apoya el concejal socialista José María Romance. Ciudadanos presentó el recurso de reposición el 15 de junio y un informe municipal propuso días después su desestimación debido, entre otros motivos, a la aprobación previa por unanimidad y a la eficacia y medios materiales y personales con que Grhusa cuenta para haber relevado en estas funciones a FCC. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han velado en estos dos años por el desarrollo del proceso sin haber encontrado traba alguna.

Gerardo Oliván, por su parte, considera que el Tacpa da la razón al PP en su creencia de que el equipo de gobierno pretendía encubrir un contrato público sin atender los principios de igualdad, mérito y capacidad y colocar a los empleados de FCC en una empresa pública “por la puerta de atrás”. Oliván acusa a Luis Felipe de haber metido a la ciudad “en un lío monumental” y ha pedido al alcalde el cese de Luis Arduña y al secretario del Ayuntamiento, Vicente Sierra, que aclarase “cómo puede votarse una medida ilegal”. Sierra ha replicado que “el Tacpa es administrativo, no jurisdiccional, por lo que la resolución es susceptible de recurso. Si fuera ilegal, votar a sabiendas en contra de la ley sería un delito de prevaricación”.

Toledo se encuentra en pleno proceso de adjudicación del nuevo servicio de la ORA que actualmente está en manos de la empresa Dornier, que lo ha venido gestionando durante 10 años. El contrato con esta empresa se encuentra en situación de prórroga desde el año 2015 y a la espera del definitivo pliego de condiciones técnicas y administrativas que permita definir y adjudicar el servicio.

En mitad de este proceso surge una pregunta: ¿Es posible la gestión directa por parte del Ayuntamiento del servicio de la ORA en Toledo? Existen antecedentes. En el año 2014, la Corporación Municipal aprobó la proposición del Grupo Municipal IU, capitaneado entonces por Aurelio San Emeterio, para que la Concejalía de Hacienda y la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda elaborasen sendos informes sobre la manera “más ventajosa” de gestionar un servicio cuyo contrato externalizado tocaba a su fin. Se pidió también otro estudio a Intervención Municipal sobre la sostenibilidad financiera de cada una de las alternativas.

No se fue a más, entre otras cosas porque los informes de los técnicos municipales lo desaconsejaban, al no acreditarse ni los medios personales o materiales ni la solvencia necesaria para gestionar el servicio con un obligado Plan de Ajuste Municipal que impedía acceder a crédito extra. Llegaron las Elecciones y se produjo un cambio en el Gobierno municipal.

Ya en enero de este 2017, el concejal de Ganemos, Javier Mateo, solicitó un informe actualizado al Servicio de Intervención Municipal sobre tres opciones de gestión de la ORA muy concretas: gestión directa por parte del Ayuntamiento, gestión directa pero a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo (EMV) o las posibilidades de crear una nueva empresa pública.

Al margen de la gestión indirecta (la que ahora realiza Dornier), las tres opciones son posibles con una ‘pega’ fundamental: el techo de endeudamiento al que, desde el año 2012, están sometidas las entidades locales, en virtud de los límites de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que marca el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro. La crisis sigue pasando factura.

El contrato con Dornier, a fecha 2013, le supone a las arcas municipales un gasto de 2,9 millones de euros al año. La recaudación líquida en 2016 superó los 3,4 millones. El nuevo modelo de gestión directa que propone Ganemos no solo debería mejorar esos datos sino al menos igualarlos y todo eso sin saltarse el techo que impone el Gobierno central y sin poner en peligro la sostenibilidad de la Hacienda municipal.

Ni siquiera existe un diseño previo sobre la tipología de las plazas de aparcamiento. ¿Mantener el actual o elaborar un nuevo sistema? No es un tema baladí: a mayor número de residentes, menor recaudación, de ahí la importancia de conocer previamente la estructura del servicio para evaluar su viabilidad. Y en esa estructura, no solo hay que hablar de las plazas de aparcamiento, sino de trabajadores. ¿Qué ocurriría con las personas que controlan la ORA? ¿Habría o no subrogación? Eso implicaría que los trabajadores pasarían a ser parte de la plantilla, bien del Ayuntamiento, bien de la empresa municipal que se ocupase de la gestión del servicio. Es decir, un gasto de personal añadido. No obstante, habría una segunda alternativa: habilitar un proceso municipal de reconversión de empleados municipales a nuevas tareas como controladores de aparcamiento. No habría subrogación entonces de los actuales empleados de la ORA, lo que, por otro lado, previsiblemente conllevaría un conflicto socio-laboral.

Las dificultades de gestión desde una empresa municipal

Otra de las cuestiones en el aire es si crear una empresa municipal nueva o encargar la gestión del servicio a la Empresa del Suelo y la Vivienda de Toledo (EMV). El primer caso estaría descartado si tenemos en cuenta los límites de gasto para el Consistorio. Por otro lado, la gestión de la ORA a través de una empresa municipal es la única que presenta inconvenientes tributarios: al no poseer personalidad jurídica propia, tendría que ser la Tesorería municipal la que ingresase directamente la tasa.

En cuando a una encomienda de gestión a la EMV no se plantearía tampoco como posible porque no se cumplirían los requisitos que establece la Ley de Contratos de los Servicios Públicos, dado que esta empresa municipal no dispone de medios propios para llevarlo a cabo.

Además, la única forma para financiar a esta potencial ‘empresa municipal de la ORA’ sería que el Ayuntamiento liberase una transferencia a su favor para soportar el 100% de su gestión. En el caso de que la gestión fuese asumida por la EMV, a esta empresa se le cerraría la vía del préstamo para financiar inversiones mientras no regularizase otras ya preexistentes. Así lo exige el Ministerio de Hacienda.

Se abre un laberinto jurídico y económico que dificulta para hacer efectivo el deseo de la remunicipalización y con casi todas las cartas de la baraja en contra. Según ha podido saber eldiarioclm.es, tanto los informes económicos como jurídicos emitidos por distintos órganos del Consistorio toledano a petición del Grupo Municipal Ganemos no son favorables al proceso de remunicipalización en este momento.

Y es que un cambio de esta magnitud, según sugieren los expertos municipales, debería no solo justificar las causas de interés público sino también una financiación suficiente, sostenible y adecuada al actual marco legal.

Los casos de Ciudad Real y Alcázar de San Juan

La remunicipalización de este y de otros servicios públicos externalizados no es una idea nueva en Castilla-La Mancha o en otros puntos del país en la presente legislatura. Y es, en particular, una de las apuestas programáticas de Ganemos, socio de Gobierno de Milagros Tolón en el Consistorio.

Hay que recordar que el techo de gasto para las entidades locales ya fue la razón principal por la que fracasó el intento de remunicipalizar distintos servicios en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y que en Alcázar de San Juan, también en esta provincia, los intentos por parte del Ayuntamiento para remunicipalizar la gestión del servicio del agua, ahora externalizado, podría acabar en los tribunales.

El Gobierno ha dado marcha atrás en su intento de dificultar los procesos de remunicipalización a través de la disposición adicional 27 de los Presupuestos, un artículo interpretado por los ayuntamientos como un “ataque a su autonomía” y que originó una gran movilización en contra en los meses anteriores al debate de los PGE. Entre las 150 enmiendas a las cuentas que se aprobaron en el Congreso, el PP finalmente apoyó una transaccional del PSOE que sí permitirá las subrogaciones fruto de procesos de remunicipalización sin que se contabilicen en la tasa de reposición.

En el borrador elaborado por el Ministerio de Hacienda se recogía que el personal que se incorporase a sociedades mercantiles públicas en “cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” se contabilizaría como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición. En la práctica, esta disposición obstaculizaba la incorporación a la Administración de los trabajadores durante procesos de recuperación de la gestión pública, sobre todo en el caso de procedimientos de gran envergadura.

Ya no será así. Tras meses de reivindicaciones y quejas por parte de los consistorios que están llevando a cabo remunicipalizaciones –o que tienen intención de hacerlo en el futuro–, el pasado martes salió adelante en el Pleno del Congreso una enmienda transaccional que ha sido incorporada al proyecto con 268 votos a favor y 81 abstenciones. De acuerdo con el nuevo redactado, este tipo de incorporaciones “no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos”.

“La redacción final es mejor que la inicial, eso es cierto. Pero la redacción continúa siendo farragosa y ambigua, porque entra en materia de mucha normativa en apenas dos, tres párrafos”, valora a eldiario.es Alberto Cubero, consejero del área de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, en trámites de municipalizar la contrata de Parques y Jardines. Para Cubero, la ambigüedad de la disposición permite variedad de interpretaciones y, si cae en manos “de altos funcionarios proclives a la privatización o tribunales que tienen una jurisprudencia y una forma de juzgar muy regresiva”, es posible que haya “verdaderos problemas en procesos futuros”.

Desde la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes reivindicaron cuando se dio a conocer la enmienda que ha sido “la presión realizada de los municipios, grupos políticos en la oposición y plataformas ciudadanas” el motivo por el que se ha conseguido “rebajar la presión de la disposición adicional 27”. Cubero también destaca que las críticas llegasen desde ciudades “del cambio”, pero también desde consistorios gobernados por el PSOE, “como Valladolid o Huesca”. “La unidad y la movilización han servido de algo una vez más”, remata.

Movilización de los ayuntamientos

Desde que se diera a conocer el borrador de los PGE en abril, los municipios se movilizaron contra el ministerio encabezado por Cristóbal Montoro al entender que la disposición atentaba contra su autonomía. Las principales alcaldías firmaron una declaración conjunta para defender la democracia local y llegaron a reunirse en el Congreso con portavoces parlamentarios de distintos grupos (PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y ERC).

Al encuentro acudieron los alcaldes de A Coruña y Zaragoza, Xulio Ferreiro y Pedro Santiesteve; junto al primer teniente de alcalde de Barcelona y alcalde en funciones, Gerardo Pisarello, y concejales de Valencia y Terrasa. Estas mismas ciudades se sumaron a una campaña bajo el lema #TuCiudadSinLa27.

El Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha a principios del año actual una Oficina de Inspección para controlar la acción de las contratas municipales. Seis meses más tarde, fiscaliza el funcionamiento de seis de ellas.

Reconocen desde el Ejecutivo que media docena no es demasiado, y que el objetivo es llegar a muchas más en el corto plazo, aunque saben que será imposible llegar a todas. Esta ampliación vendrá acompañada de un crecimiento también en el número de personas empleadas en la unidad: comenzaron con cinco –una técnica medio, un maestro inspector y tres inspectores- y, próximamente, se sumarán otros cinco inspectores.

En total, apuntan fuentes municipales, hay unas 140 contratas en vigor ahora mismo en el Consistorio. Y tres de ellas, la del autobús urbano (Auzsa) y las de limpieza y parques y jardines (ambas en manos de FCC), tienen un servicio de inspección propio. Cuando Zaragoza en Común desembarcó en el Consistorio había 180 contratas y las tres antedichas eran las únicas vigiladas.

“Cultura de la no fiscalización”

Las mismas fuentes señalan que antes había una evidente “falta de control”. La empresa pasaba la factura, explican, “y un solo funcionario, que, teóricamente, también era el encargado de la supervisión, daba fe de la corrección de la misma”. Apuntan a dos como los motivos principales que motivaban esta escasa inspección: “La falta de medios y la ‘cultura de la no fiscalización’”.

Aunque admiten que los procesos de licitación sí se realizaban correctamente, echaban de menos cierta concreción en los pliegos de condiciones. De ahí que en los mismos ahora se incluya una tipificación concreta de las faltas y las sanciones.

Centros de tiempo libre y ludotecas

La oficina comenzara próximamente, tal y como anunció la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, a inspeccionar los centros de tiempo Libre y ludotecas municipales para certificar que se están cumpliendo las condiciones de los contratos. Broto, dijo, ha mantenido diversas reuniones con comités de empresa y trabajadores en las que le han manifestado incumplimientos en los mismos.

Aunque se trate de un problema que afecta a las relaciones de la empresa con sus trabajadores, explican desde el Ejecutivo municipial, “y cuya resolución en caso de no ser posible corresponde a la jurisdicción laboral, el Ayuntamiento no puede cerrar los ojos ante esta situación, por lo que, dentro del ámbito competencial oportuno, se van a llevar a cabo todas las actuaciones posibles para paliar esta situación”.

Remunicipalización

El ansiado final de muchas de estas contratas para el Gobierno de Zaragoza en Común sería la remunicipalización. Sin embargo, esta se antoja lejana, sobre todo en algunos casos: con el 010, el Ayuntamiento de Zaragoza anunció la municipalización sin pasar por el Pleno, esgrimiendo que no es una competencia básica municipal según la Ley de Bases de Régimen Local. Aquello provocó una oleada de voces en contra desde distintos sectores y, de momento, el proceso se encuentra paralizado por orden de la Justicia.

La otra gran contrata que ansían devolver a la competencia municipal es la de FCC. El mes pasado se presentó un informe que cifraba en 2,8 millones de euros el ahorro por su remunicipalización. Con la esperada oposición del PP, ZeC se afana ahora en encontrar apoyos en el PSOE. Tras los primeros encuentros, desde el equipo de gobierno no son demasiado optimistas.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha dicho hoy que frenar el proceso de remunicipalización de los servicios municipales ha sido “un acto de responsabilidad” porque, como ya avanzase su portavoz “con las leyes actuales, no podríamos subrogar en ningún momento a los trabajadores”. Ha recordado que es un compromiso que se adquirió con ellos pero para matizar que “si no podemos remunicipalizar y no sacamos los pliegos la ciudadanía se vería privada de servicios que son esenciales, porque el señor Montoro tampoco nos deja crear plantilla en el Ayuntamiento de Ciudad Real”.

En este sentido, sostiene que el Equipo de Gobierno ha trabajado “de manera seria y constante” en la recuperación de los servicios públicos pero, añadía, “nos hemos encontrado con el muro del Partido Popular en el gobierno de la nación que ha atado de manos a los ayuntamientos y los priva de autonomía”.

Lo comentaba al realizar balance de los dos años trascurridos desde las Elecciones Municipales del año 2015 de los que ha destacado “el diálogo” tras 20 años de mayoría absoluta del Partido Popular. Ha recordado las conversaciones iniciadas con Ganemos para lograr su investidura como alcaldesa. “Logramos un acuerdo de legislatura desde el consenso, para hacer una ciudad próspera y llena de oportunidades”. Un diálogo que ha llevado a que en el Pleno Municipal se aprueben mociones por unanimidad, “siempre que procuren un beneficio para los vecinos de la capital”.

Otro pilar importante para la primera edil era la participación. “En campaña nos reunimos con todos los colectivos para diseñar el programa electoral, y este equipo de Gobierno practica la ‘escucha activa’, y ponemos en marcha sus propuestas. Hemos pasado del deseo de la participación a la realizada de la participación: hoy tenemos el Consejo de Cultural, el Consejo de Festejos y Tradiciones Populares, el Consejo de Juventud, se ha ampliado el Consejo de Ciudad, la Mesa de Emergencia Social, Mesa del Comercio, y se ha reactivado el Pacto Local por el empleo…”

Zamora reconocía además que otro objetivo era la transparencia, desde las contrataciones que se realizan, con la creación de la Comisión de seguimiento de la contratación, con los grupos políticos formando parte de la Junta de Gobierno Local y de las mesas de contratación, y con Plenos son por la tarde para facilitar el acceso de los vecinos y se retransmiten en directo por la televisión municipal

En materia de empleo explicaba que se ha pasado de los 7.829 desempleados de mayo de 2015 a 7.019, más de 800 personas han encontrado trabajo en estos dos años. “Nos queda mucho por hacer, no nos relajamos y seguiremos trabajando” decía para apuntar la renovación del IMPEFE “que no sólo cambia de imagen y de ubicación sino que se moderniza y se hace aún más eficaz”. Se han gestionado planes de empleo de la Junta de Comunidades y de la Diputación y se ha puesto en marcha un Plan Municipal. Además resaltaba su apuesta por el emprendimiento y los empresarios, “cambiando las subvenciones a empresas a los autónomos”.

También destacaba la concesión de la EDUSI “Ciudad Real 2022 Eco-Integradora” que con la cofinanciación de 10 millones de euros del FEDER, “representa una estrategia de modernización y de progreso en los próximos años que van a llegar a Ciudad Real”.

Además comentaba que está ultimando un Plan de Inclusión Social. “Las personas mayores suben gratis al autobús y, decía, ”hemos establecido exenciones y bonificaciones en las tasas municipales teniendo en cuenta los distintos niveles de rentas de las familias“. Además hemos incrementando las becas de comedor escolar, que son muy importantes.

Pilar Zamora también detallaba cómo el compromiso del Equipo de Gobierno también era “no permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda, que todos los barrios y los anejos tengan la misma importancia, y lo estamos demostrando”. En Valverde ya no hay barracones hay obras para los niños y niñas y en los grifos sale agua con presión. Además en Las Casas se recuperaron los horarios de autobús, se está empezando la Vía Verde y el Pabellón será una realidad.

Además repasaba las distintas obras que se están realizando en diferentes barrios de la ciudad. “Ciudad real tiene un Equipo valiente que está afrontando las obras necesarias en la Plaza de Cervantes, Talleres Municipales, Museo Elisa Cendrero, accesibilidad en calles, renovación de tuberías o la nueva piscina en el Polideportivo Juan Carlos I.

Para el PP, Zamora y sus socios de gobierno son “lesivos” para la ciudad

Rosario Roncero, concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha asegurado que “Pilar Zamora, sus concejales liberados y sus socios de Ganemos son lesivos para los intereses de Ciudad Real”.

La concejal popular ha indicado que tanto Pilar Zamora como Ganemos se presentaron a las Elecciones Municipales con un programa y unas medidas “que sabían que no iban a poder cumplir, accedieron a la Alcaldía con mentiras y los hechos lo están demostrando”. Está convencida de que Zamora conocía los procedimientos, la legislación, los contratos y el funcionamiento del Ayuntamiento pero aun así “prometió lo que no podía cumplir y lo maquilló con la magia de las palabras”.

Roncero ha apuntado que Zamora, además de no ganar las Elecciones Municipales de 2015, “mintió a sabiendas a quienes les votaron y eso no lo puede esconder tras sonrisas, lágrimas y poses”. Además, ha subrayado que “de las mentiras ha ido al fracaso más estrepitoso en proyectos estrellas como las remunicipalizaciones, demostrando su ineptitud en la gestión de lo público, una ineptitud que está provocando la pérdida de la calidad de vida de los vecinos de Ciudad Real”.

Ha recordado que, en estos dos años, “ni han quitado ni han rediseñado la zona azul, tal y como prometieron; que su única medida en materia de empleo ha sido poner en peligro los puestos de trabajo de más de 200 familias de la capital por las remunicipalizaciones y despedir a los trabajadores de la televisión municipal a los que tuvieron que readmitir por sentencia judicial”.

Acusan a la alcaldesa de “opacidad”, de renunciar a subvenciones o de hacer “un ridículo espantoso” con la auditoria de las cuentas del Ayuntamiento “porque lo único que encontraron fueron unas cuentas saneadas y cinco millones de euros de superávit” de los que, sostienen, han perdido casi tres millones “como consecuencia de su falta de trabajo y de su ineficacia”.

Roncero ha asegurado que “han tardado dos años en darse cuenta de que no pueden cumplir con la remunicipalización y que van a hacer lo mismo que hacía el PP: contratar a empresas para prestar esos servicios, porque lo que pretendían no es viable”. Sin embargo, critican “la misma empresa pública que el PSOE en oposición pidió que se cerrara, ahora que ellos gobiernan es útil no se sabe para qué pero tienen contratada a una gerente que cuesta a todos los vecinos de Ciudad Real 40.000 euros al año”.