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La funeraria de Madrid que se privatizó por 100 pesetas: una remunicipalización de "éxito" con 4,1 millones de beneficios

El Ayuntamiento de Madrid remunicipalizó la empresa funeraria de Madrid en septiembre de 2016

El presupuesto para 2018 prevé un aumento de los beneficios hasta llegar a los 4,8 millones de euros

La empresa privada socia de la funeraria ganó 64 millones de euros durante los 23 años que se hizo con la gestión, frente a los 1,2 millones que invirtió

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Javier Barbero, presidente de Funeraria, el vicepresidente, Carlos Sánchez Mato y Fernando, el gerente durante unas jornadas abiertas en el cementerio de la Almudena.

Javier Barbero, presidente de Funeraria, el vicepresidente, Carlos Sánchez Mato y Carlos sanza, secretario de la empresa.

La Funeraria de la capital fue protagonista de uno de los mayores escándalos de la época de José María Álvarez del Manzano. En 1993, se vendieron casi la mitad de las acciones de la hasta entonces empresa pública y, por lo tanto se semiprivatizó, por la cantidad de 100 pesetas. El contrato que se alcanzó con la sociedad privada se extinguía el 15 de septiembre de 2016. Pese a las reticencias del socio privado, el Ayuntamiento de Madrid gobernado ya por Ahora Madrid decidió remunicipalizar la empresa.

En el primer año de gestión 100% pública, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFC) ha cerrado las cuentas con 4,1 millones de euros de beneficios, venía de tener pérdidas el año anterior por 230.000 euros. El presupuesto para 2018 prevé un aumento de los beneficios hasta los 4,8 millones de euros. Estos buenos resultados refuerzan el plan de inversiones de la empresa, que incluye la reforma integral del tanatorio sur.

Antes de la remunicipalización, el Ayuntamiento de Madrid controlaba el 51% de la funeraria y Funespaña -perteneciente a Mapfre- el 49% restante. La funeraria municipal era una empresa rentable que generaba beneficios cada año, excepto el último año de gestión mixta que tuvo un déficit de 230.000 euros. Pese a que durante la gestión semiprivada había beneficios de en torno a 40.000 euros, estos se han multiplicado por 100 desde que es completamente pública.

¿Cómo? Dejando de pagar la tasa interna de rentabilidad a la que el Ayuntamiento se comprometió con el socio privado por su inversión en la funeraria, que estaba fijada en un 20% de los beneficios antes de impuestos. Funespaña entró en la empresa por 100 pesetas y posteriormente hizo una ampliación de capital de 1,2 millones.

Funespaña ha obtenido durante los años en los que ha estado en la empresa de funeraria de Madrid 64 millones de euros de beneficios: 38 millones por la gestión de la sociedad (20% de los beneficios antes de impuestos) y 26 millones de dividendos por la propiedad del 49% de las acciones. Supuso multiplicar por 54 su inversión inicial. A su vez, eran 64 millones que dejaba de ganar el Ayuntamiento de Madrid. Por eso, para el Ayuntamiento de Madrid la remunicipalización ha sudo todo un "éxito". Eso no incluye los sueldos de los altos directivos ni los beneficios obtenidos por las operaciones con empresas vinculadas, recuerdan desde el Consistorio.

El pasado viernes, el consejo de administración de la Empresa municipal funeraria, con el concejal de Emergencias, Seguridad y Salud, Javier Barbero, de presidente y el edil Carlos Sánchez Mato de vicepresidente, aprobaron una ampliación de capital por 21 millones de euros para acometer inversiones "que se han dejado de hacer durante los más de 20 años en los que ha sido una sociedad mixta", explica a eldiario.es Sánchez Mato.

El anterior Gobierno municipal de Ana Botella encargó al  Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (CEMOSA) una auditoría para determinar qué el estado de conservación de cementerios y tanatorios. El informe que ya llegó con Manuela Carmena como alcaldesa concluyó que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios no atendió a su responsabilidad de conservación de los doce cementerios y dos tanatorios que explotaba. El análisis del estado de conservación cifraba las obras necesarias en todos esos recintos por valor de casi 23,8 millones.

El informe apuntaba a que la "falta de mantenimiento" había generado "lesiones o patologías sobre los materiales o elementos constructivos añadidas a las intrínsecas que se les supone debido a su antigüedad. Un plan de inversiones de mantenimiento hubiera paliado con creces las lesiones que se observan actualmente en los cementerios".

"La falta sistemática de mantenimiento se produjo mientras el socio privado continuaba recibiendo dividendos y el 20% del resultado de explotación", recuerda Sánchez Mato. "Si hubieran hecho las inversiones de las que tenía obligación su beneficio habría sido de 40 millones, pero prefirieron quedarse los 20 millones de más", critica. 

Desde 1993 a 2016, los 23 años de gestión semiprivada, Funeraria invirtió 24 millones de euros. Desde que la empresa ha vuelto a ser pública, el Ayuntamiento de Madrid prevé invertir un total de 39,2 millones de euros en tres hasta 2020. En 2017 se acometieron 2,2 millones en inversiones; 2018 terminará con 14,3 millones; para 2019 se prevén 12,4 millones, y para 2020 unos 10 millones. La ampliación de capital de 21 millones aprobada en el consejo del viernes sirve para que la empresa tenga las reservas suficientes para afrontar todas esa inversiones. El resto de la inversión hasta llegar a los 39,2 millones se afrontará "con la generación de caja de la sociedad", explican desde la empresa municipal.

Pleito judicial por 23 millones de euros

El enfrentamiento entre Funespaña y el Ayuntamiento de Madrid ante la remunicipalización de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM) llegó a los tribunales. Funespaña quería una compensación del Consistorio por la extinción de la concesión.

En concreto, Funespaña quería el reparto de las reservas voluntarias de la sociedad. “De lo contrario, se privaría a Funespaña SA de su derecho a participar en los beneficios sociales, sin que la eventual imposición a la EMSFM de obligaciones adicionales en un momento posterior pueda justificar la privación definitiva y confiscatoria de dicho derecho esencial”, decía el escrito.

La aseguradora quería un reparto de dividendos por un valor de 23 millones de euros al liquilar la empresa, algo a lo que se negó el Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del Consistorio aseguran a este diario que los tribunales anularon el acuerno pero a su vez deja claro que al socio privado no le corresponde tal compensación.

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