El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes su “preocupación” por la situación de Canarias como frontera atlántica ante la inminente aplicación el próximo 12 de junio del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. “No esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea” ha dicho Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en la inauguración de la jornada que Casa África ha organizado titulada: Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades. 

“Corremos el riesgo de involucionar y dar un paso atrás en Derechos Humanos, y eso en Canarias lo queremos evitar”, ha asegurado el presidente canario en esta jornada que se celebra en Casa África, el mismo día que comienza la presentación se solicitudes presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. 

Este encuentro ha reunido a representantes institucionales, juristas y organizaciones especializadas para abordar, desde distintas perspectivas, cómo el nuevo Pacto Europeo afectará a la gestión migratoria, los derechos humanos y las dinámicas en las fronteras del archipiélago. 

El presidente canario ha criticado la “ausencia total de debate y coordinación previa a la aplicación de este pacto migratorio y de su reglamento”. También ha señalado que en los primeros días de la regularización “tampoco ha habido coordinación con las Comunidades Autónomas ni con los propios ayuntamientos” 

Al acto no ha asistido ningún representante del Gobierno de España ni de la Comisión Europea, aunque habían sido invitados expresamente para que en la mesa de debate “fuera plural, pero no ha sido posible”, aseguraba José María Rodríguez, moderador de la jornada y delegado de la Agencia EFE.   

La administración canaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las organizaciones no gubernamentales han tratado de prever en este foro cómo tendrán que coordinarse cuando entre en vigor la nueva normativa para ofrecer “una respuesta mucho más garantista en el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica” con la que tiene que atenderse a las personas migrantes y demandantes de asilo. 

Clavijo ha expresado las dudas que el Gobierno canario tiene sobre el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, y asegura que trasladará al Gobierno de España y a la Comisión Europea en un próximo viaje que realizará a Bruselas, según ha anunciado. 

La primera de ellas es si Canarias, como territorio fronterizo que es de la UE y destino al que llegan en pateras y cayucos que se lanzan a la ruta marítima más mortífera del mundo va a albergar “esos agujeros negros de los derechos humanos” que prevé este pacto, es decir, los centros de retención donde los migrantes pueden permanecer hasta seis meses, ya que ese es el plazo máximo de los triajes a los que deberán ser sometidos a su llegada.

“¿Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles, y de la Europa pobre que los tenemos que sostener?”, se preguntaba Clavijo en alusión a la posibilidad de que esta nueva normativa aumente la presión migratoria que seguirá soportando Canarias, dada la conflictividad política, la crisis climática y la hambruna que persiste en el Sahel y “la posibilidad de que la UE reduzca en su nuevo presupuesto, como ha hecho EEUU”, con los fondos que destina a la cooperación internacional.

Son incógnitas que “nos hubiera encantado debatir en la conferencia sectorial que lleva un año sin celebrarse”, aseguraba el presidente canario que cree oportuno debatir entre todas las comunidades autónomas, “independientemente de lo que sobrevuela desde el punto de vista de políticas xenófobas y fascistas de algunos grupos políticos”, ha manifestado Clavijo. 

“Europa se encuentra en un proceso de endurecimiento sin precedentes de su política migratoria y el nuevo reglamento de retorno es una norma que supone, sin duda alguna, un giro restrictivo en la aplicación del pacto migratorio europeo”, ha subrayado el director general de Casa África, José Segura.

“Agujero negro de derechos humanos”

Lo más “alarmante” de esta medida es, a su juicio, “la creación de los llamados 'hubs' de retorno o centros de deportación en terceros países”, lo que va a permitir “que personas que no tienen permiso para permanecer en suelo europeo, incluidas familias con menores, van a poder ser trasladadas a infraestructuras ubicadas en países con los que la UE ni siquiera tiene por qué tener vínculos de ninguna índole”, ha asegurado José Segura. 

Numerosas organizaciones del tercer sector definen a estos centros de deportaciones fuera de las fronteras europeas como “agujeros negros de derechos humanos”, donde es imposible supervisar y asegurar que se respetan las mínimas garantías para las personas retenidas, como ha explicado Segura.  

En la misma línea de Clavijo, el director general de Casa África, José Segura, ha coincidido en que el nuevo escenario determinado por las decisiones que se han tomado los últimos días en Bruselas y en Madrid “va a marcar el futuro de esta frontera atlántica y el de la gestión migratoria en toda la Unión Europea”.

Un modelo de externalización de fronteras que busca acelerar las expulsiones de migrantes, ante una tasa de retorno actual que apenas alcanza un 20% y que “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha criticado Segura. 

El pacto y la visita del Papa 

Tras agradecer a los asistentes a las jornadas y a todos los agentes públicos y ONG que intervienen en Canarias en la gestión del fenómeno migratorio y que “atienden de la manera más digna a los niños que llegan sólos”, Clavijo ha confirmado que la próxima visita a canarias del papa León XIV, sirva para “lanzar un mensaje de civismos, moralidad y respeto a los derechos humanos, como el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años en los que ha sido consciente de que son personas como los canarios que tuvimos que emigrar y que están buscando un futuro mejor”. 

Precisamente, la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea coincide con la visita del Papa prevista para los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife respectivamente. León XIV visitará el muelle de Arguineguín, en Mogán, para homenajear a los migrantes y a los equipos de rescate en este lugar, que es puerto de referencia para los rescates de migrantes en Gran Canaria. 

La primera de las mesas de debate ha tratado sobre el marco normativo del Pacto en la frontera atlántica, moderado por José María Rodríguez, Delegado de la Agencia EFE en Canarias, con la participación de José A. Ayuso Delgado, Comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas; Sonia Cristina Díaz Zapata, Coordinadora de Protección de Derechos de la Población Migrante de OXFAM; Mª Elena Muñoz Martínez, Coordinadora estatal del servicio jurídico, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Y la segunda mesa ha tratado sobre retos de derechos humanos en Canarias con la participación de Marta García Cienfuegos, de ACNUR España; Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, y Marie Trapet Llamas, Jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría una puerta: trabajar, dejar de depender de la familia de su hermana, poder viajar al campo de El Aaiun (Tinduf) para ver a su hija mayor. Pero este martes una noticia volvió a colocar su vida en pausa: el Gobierno había excluido finalmente a los solicitantes de apatridia de la medida. “Yo pensaba pedirla, pero los saharauis no pueden. Otra vez nos vuelven a castigar a los saharauis”, dice a elDiario.es desde Asturias, donde vive acogida por su hermana.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los saharauis que llevaban semanas siguiendo de cerca el desarrollo de la medida, como Ezza. Los solicitantes de apatridia sí figuraban en el último borrador de la norma pero el texto definitivo les ha dejado fuera en el último momento, pese a que quienes piden la apatridia suelen esperar durante años la respuesta del Gobierno, en una situación administrativa más incierta que los demandantes de protección internacional, según explica el abogado Sidi Talebbuia. Mucos saharauis perciben el giro de última hora como un nuevo golpe el Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo del Sáhara Occidental, después del cambio de posición de España con respecto a la causa, pese a la responsabilidad histórica del país en la antigua colonia española.

Razones que no se corresponden con la realidad de los saharauis

El Gobierno ha justificado la exclusión apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución, como es el caso de los solicitantes de apatridia. Según esta argumentación, incorporarles al mecanismo extraordinario podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la decisión asegurando que las personas apátridas no están en situación irregular. España es de los pocos países que tiene un estatuto específico que protege a las personas apátridas“, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, la titular de Migraciones parecía confundir las personas que ya cuentan con el estatuto de apatridia reconocido con los solicitantes. Del mismo modo que no es lo mismo ser solicitante de protección internacional (para los que sí está destinada la regularización) que refugiado (para los que no). Además, Saiz afirmó que la población saharaui está “protegida”, una afirmación falsa, dada la precariedad en la que se encuentran los solicitantes de apatridia saharauis, mucho más vulnerable en comparación con las garantías del sistema de asilo.

Distintos informes han documentado las dificultades específicas que enfrentan los solicitantes de apatridia en España durante la tramitación de sus expedientes. El Índice de Apatridia en España 2023, elaborado por la Red Europea sobre Apatridia con participación de entidades como la Fundación CEPAIM, advierte de que estas personas encuentran obstáculos para acceder a derechos básicos mientras esperan una resolución. El informe señala que la apatridia genera una situación de “anomalía legal” que se traduce en barreras para el acceso al empleo, la sanidad o las ayudas sociales, en un contexto en el que los procedimientos pueden prolongarse durante años sin que exista un marco de protección equiparable al de otros colectivos migrantes.

Para el abogado Sidi Talebbuia, saharaui y especialista en apatridia, la explicación carece de sentido práctico. “La ministra dice que los apátridas cuentan con un procedimiento propio, pero los solicitantes de asilo también, y además es mucho más garantista que el de los apátridas, así que no se sostiene”, zanja el letrado. Mientras los demandantes de protección internacional se les concede una serie de documentos que prueban su situación regular en el país y, tras seis meses, pueden trabajar, los saharauis carecen con estos derecos en España, sino que mientras aguardan la respuesta definitiva de su petición durante años, se quedan en una especie de “limbo jurídico”, detalla el jurista. “No tienen derecho al trabajo, ni se les documenta. Antes se notificaba en comisaría y se les daba una tarjeta verde, pero eso ya no se hace desde hace años”, explica.

Las afirmaciones de Saiz han sido respondidas por la diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi. “La ministra ha dicho que los saharauis estaban protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido?”, ha declarado.

La realidad de Ezza

El caso de Ezza evidencia el contexto aportado por Talebbuia. La mujer saharaui, de 31 años, llegó a España el 21 de julio de 2024. Tres meses después, el 17 de octubre, solicitó la apatridia. “Desde hace un año y siete meses estoy en trámite, pero aún no me han respondido. Y sigo así, sin documentos, sin poder trabajar, sin nada”, explica. En ese tiempo, apenas ha recibido noticias de su expediente. Era un requerimiento habitual: acudir a comisaría, acreditar su documentación y seguir avanzando en el procedimiento, explica. El proceso sigue sin resolverse. 

Agotada con la espera, Ezza quería acogerse a la regularización como una solución a su situación, pese a que supusiese renunciar a la apatridia, un estatus que, de concederse finalmente, le aportaría mayores derechos y un permiso de residencia permanente en España. “Pero esta espera es casi inviable. Por eso lo más importante para mí es tener unos papeles para trabajar y vivir con la hija tranquila, sacarla adelante y poder viajar para ver a mi otra hija”, explica la saharaui. “Nunca pensé que todo iba a tardar tanto. Dejé a mi hija con dos años y ahora tiene cuatro”, ejemplica la mujer. Su niña menor nació en España y ya cuenta con nacionalidad española.

El día a día de Ezza no encaja con la “protección” con la que dice la ministra que cuentan los saharauis como solicitantes de apatridia. Su vida cotidiana transcurre en condiciones indignas en Asturias. Vive en casa de su hermana, en un piso pequeño donde conviven ocho personas. “Es un apartamento de dos habitaciones. Vivo con mi hermana, su marido, sus cuatro hijos, yo y mi hija, describe la saharui. No está empadronada allí. Tampoco tiene ingresos. ”No tengo nada… ni ayuda, ni empadronamiento... lo tenía pero tenía que pagar alquiler y ahora no puedo. Y en casa de mi hermana no puedo empadronarme porque es familia numerosa, ya vive mucha gente y no es posible“, explica.

Ese limbo administrativo se prolonga durante largos periodos que van de los dos a los tres años. En ese tiempo, aunque su situación no es de irregularidad, tampoco pueden construir una vida normalizada. A diferencia del procedimiento de asilo, regulado con mayor detalle, el de apatridia se rige por un reglamento de 2001 que deja amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración. “Se les podría documentar, es potestativo, pero España dejó de hacerlo desde la pandemia. Mientas que la ley de asilo sí obliga a entregar esa documentación temporal”, subraya el abogado.

Talebbuia sospecha que la situación de los solicitantes de apatridia en España trasciende lo jurídico. La mayoría de ellos son saharauis, personas cuya documentación procede de la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado que España no reconoce. “Ahí hay un problema político evidente. No quiere enfadar a Marruecos”, sostiene.

Mientras Ezza describe su situación se escucha a su hija, también a su hermana y a su cuñado, además a otros niños de fondo en el pequeño piso donde viven todos juntos. Recuerda una paradoja: “Yo incluso debería tener la nacionalidad española porque mi padre la tenía por haber nacido en una provincia española (Sáhara Occidental), pero ¿por qué no nos tratan igual que a quienes vienen de otras excolonias españolas como los países de America Latina?”, critica la saharaui, como tantos otros, atrapada entre un procedimiento que no termina y una regularización que, cuando parecía abrirse, ha vuelto a cerrarse.

Era miércoles por la mañana y, como todos los días, Modou (nombre ficticio) se preparaba para ir al instituto. Llegó a El Hierro hace más de dos años y desde hace un tiempo cursa en Gran Canaria una FP básica de Jardinería, que espera que le pueda abrir puertas a un trabajo cuando cumpla los 18. Sin embargo, ese 19 de noviembre sus planes estuvieron a punto de torcerse. “Me llamaron para decirme que tenía que ir al Canarias 50 para después irme a la Península. Me puse a llorar como loco”, recuerda. Por miedo a salir de las islas en el marco de las reubicaciones ordenadas por el Supremo, optó por renunciar al asilo.

Como él, otros 120 jóvenes han abandonado los trámites para obtener la protección internacional, y así evitar el traslado a otra comunidad autónoma, según las cifras que maneja el Ejecutivo canario. “Tenemos que pensar que para un niño o una niña que ha sufrido persecución en su país de origen, renunciar al asilo significa renunciar a la protección global que brinda este reconocimiento”, explica la especialista en Infancia en Movimiento de Save the Children Jennifer Zuppiroli. 

Ibrahim*, un joven mauritano de 16 años, tampoco quiere irse de Canarias. “Llevo aquí dos años y quiero vivir aquí. No tengo ningún problema. Estudiamos bien, jugamos al fútbol, pero quieren separarnos, es un poco triste”, dice. Aunque hace un par de meses expresó que no quería marcharse y consiguió permanecer en su centro sin renunciar al asilo, hace dos semanas fue derivado al Canarias 50, el recurso donde son alojados de forma temporal los menores que entran en el sistema nacional de protección hasta ser reubicados en una plaza del Estado.

Un día antes del traslado, Ibrahim habló con esta redacción. “Mañana tendré que faltar a clase y hoy tampoco fui, porque tengo que recoger todas mis cosas y despedirme de mis amigos. Estoy triste. Conozco mucha gente aquí que es como mi familia”, dijo entonces. También Modou ha conseguido tejer en Gran Canaria en estos años una red de apoyo. “He recibido mucho cariño aquí, en el instituto, en los entrenamientos de fútbol, en todos lados. Hemos formado una familia y para mí ir a la península sería lo peor”, confiesa.

El Tribunal Supremo, a instancia del Gobierno canario, ordenó al Estado en marzo de 2025 hacerse cargo de cerca de un millar de menores refugiados que hasta ahora estaban siendo acogidos por la comunidad autónoma. El auto concluyó que el sistema estatal de acogida de menores que solicitan asilo no había sido puesto a disposición de los jóvenes de Canarias, a pesar de que tienen “pleno derecho a él”. El alto tribunal apuntaba además que esta medida permitiría corregir el hacinamiento de los recursos del Archipiélago.

El peligro de ser devuelto

Más allá del impacto emocional, renunciar al asilo tiene consecuencias en la seguridad de los niños y adolescentes. “Significa correr el riesgo de ser en algún momento devuelto a su país de origen por haber caído en una situación de irregularidad cuando alcance la mayoría de edad”, añade. Este es uno de los miedos de Modou, que aunque entró en 2023 al sistema de acogida de las islas como menor no acompañado, aún no cuenta ni con pasaporte ni con permiso de residencia, un trámite que debe asumir la comunidad autónoma. “Necesito una solución porque en ocho meses seré mayor de edad”, insiste. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coincide en que el futuro de quienes han renunciado al asilo se vuelve “más incierto” al cumplir los 18 años, salvo que “se disponga de una política pública para el acompañamiento en la transición a la vida adulta”, un servicio que, apuntan, tiene “carácter residual” en la actualidad. “En la red estatal de asilo la transición de la minoría de edad a la edad adulta podría mantener la acogida en el mismo sistema, aunque en recursos de acogida distintos”, explica la ONG. 

“La cuestión positiva del asilo es que asegura a una persona extranjera el derecho de estar de manera indefinida en España para no tener que correr el riesgo de ser devuelto al país, donde puede sufrir vulneraciones de derechos muy graves”, recalca Zuppiroli. 

Las más afectadas por este estado de vulnerabilidad son las niñas, que pueden haber solicitado asilo por sufrir persecución por motivos de género en su país o por haber sido víctimas de trata de seres humanos. “Renunciar a su protección internacional las dejaría desamparadas. Esa niña, ya como adulta, puede verse otra vez en el lugar de origen donde se originó la explotación”, resalta la experta de Save the Children. 

Plazas en Canarias

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reclama al Estado la apertura de más centros en las islas donde se pueda acoger a los menores refugiados porque las plazas creadas hasta ahora no son suficientes. Por su parte, fuentes del Ministerio de Migraciones insisten en que ya se han creado recursos en Canarias para que los menores solicitantes de asilo que tienen arraigo puedan quedarse y no tengan que interrumpir sus estudios ni su trabajo. 

Estas plazas, explican, también pueden ocuparse por jóvenes refugiados que estén a punto de cumplir la mayoría de edad y que pueden pasar después al sistema de asilo de adultos. 

Save the Children valora que es “insuficiente”. “Los niños lo que no quieren es dejar los centros en los que han estado viviendo, no tanto la isla. Si un niño ha estado en una comunidad específica, el hecho de que se le mantenga en la misma isla pero se le traslade a otro pueblo o a otra ciudad ya es, de por sí, un desarraigo”, explica Zuppiroli. 

Para evitar el desarraigo, la entidad especializada en la infancia migrante propone el despliegue de equipos multidisciplinares en los centros de acogida con los que prestar apoyo especializado en asilo, sin que eso implique abandonar el recurso. 

Desde CEAR piden que cualquier derivación al sistema estatal de asilo sea “extremadamente rigurosa”, desde una evaluación individualizada de cada caso concreto, escuchando la opinión del menor y valorando las alternativas que eviten rupturas traumáticas, para que el acceso al asilo no se viva como una amenaza de desarraigo.

España está “bajo presión migratoria” debido a “un número desproporcionado de llegadas tras las operaciones de búsqueda y rescate en el mar”, según el primer informe anual sobre la Gestión de la Migración, que el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, ha presentado este martes. De esta manera, España es elegible para acceder al Fondo de Solidaridad, que es la herramienta de la UE que permite a los países acceder a ayudas financieras o solicitar la reubicación de los solicitantes de asilo en otros Estados miembros. El Fondo de Solidaridad no es accesible hasta la aprobación del Pacto de Migración y Asilo, que se espera que entre en vigor en junio de 2026. En la misma posición de España, la de los países que necesitan más ayuda, están también Grecia, Chipre e Italia.

Ante un tema como la inmigración que ahora se ha convertido en un complejo debate político en todos los países europeos con la amenaza del ascenso de la ultraderecha, el comisario Brunner ha apuntado que “todos los Estados miembros están sintiendo la presión de la migración ilegal en diversas formas”, ante las posibles protestas de los países por la clasificación sobre la presión migratoria.

En el informe se constata “una mejora continua de la situación migratoria” con una disminución del 35% de la entrada de inmigración ilegal durante el período julio de 2024-junio de 2025. En el documento se apunta también como desafíos la presión continua de llegadas irregulares y movimientos no autorizados dentro de la UE, la acogida de refugiados de Ucrania, la utilización de la migración como arma por parte de Rusia y Bielorrusia y la cooperación en devoluciones y readmisiones.

Las proyecciones que recoge el documento para 2026 señalan una disminución adicional en las llegadas ilegales, en línea con la tendencia a la baja ya observada en la primera mitad de 2025. Según la Comisión, se esperan menos solicitudes de asilo por los acuerdos de la UE con los países de origen y tránsito, el aumento de las devoluciones, así como las actuaciones policiales contra las redes de contrabando de migrantes.

Brunner ha insistido en que “las tres tendencias principales que reflejan el informe son la presión de las llegadas de ilegales a lo largo de las rutas mediterráneas, el apoyo de los Estados miembros a Ucrania y sus ciudadanos de forma temporal y la amenaza de los sistemas de recepción sobrecargados o la utilización de la migración como arma”.

Otro grupo de países (Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia y Finlandia) están en riesgo de presión migratoria por el alto número de llegadas o la amenaza de la utilización de la migración como arma. Estos Estados miembros tendrán acceso prioritario a la Caja de Herramientas de Apoyo a la Migración de la UE.

Finalmente, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia se enfrentan a “una situación migratoria significativa” debido a las presiones de los últimos cinco años. Estos países tendrán la posibilidad de solicitar al Consejo que otorgue una deducción total o parcial de sus contribuciones al Fondo de Solidaridad para el próximo año.

Ante la decisión de Polonia o Hungría de no aceptar solicitantes de asilo de otros países, el comisario europeo ha recordado que “la solidaridad es flexible, no es obligatoria. Los Estados miembros también pueden elegir medidas alternativas a la reubicación. Polonia ha estado acogiendo a un gran número de beneficiarios de la protección temporal de Ucrania”. Brummer ha admitido que ni Polonia ni Hungría han presentado el plan de implementación migratorio.

Retraso en la publicación del informe

El informe se ha hecho público con un mes de retraso, cuando la Comisión tenía que haber presentado una evaluación sobre la presión migratoria por países y una propuesta sobre las cuotas de reparto para cada Estado miembro. Todavía se desconocen cuáles son las cuotas de reparto. Brunner ya dijo entonces tras la reunión con los ministros en Luxemburgo que no había posibilidad de que el pacto migratorio descarrile. Ahora bien, el comisarió admitió que el problema estaba en la propuesta de reparto de cuotas, donde había “detalles por discutir”, según informó Europa Press.

La falta de acuerdo respondía a los diferentes puntos de vista de dos bloques. Por un lado, el sur de Europa, países como España, Italia o Grecia por los que entran grandes contingentes de emigrantes, y que piden más solidaridad al resto de la UE y, por el otro, el norte europeo, que exige que los países del sur cumplan el Reglamento de Dublín (normativa de la Unión Europea que establece que el país de primera entrada en la UE es generalmente el responsable de esa solicitud de asilo).

Como alternativa se propuso que un fondo para que los países que no quieran asumir la cuota de acogida que les corresponda lo compensasen con dinero. Entonces, países como Bélgica, Finlandia o Países Bajos ya avisaron que no acogerían a los emigrantes reubicados desde otro país europeo y que aceptaban la vía del pago.

El problema de las citas para los trámites de extranjería en las comisarías españolas sigue enquistado tras su primera explosión en 2018. Todavía hoy pueden pasar meses o incluso más de un año para que quien lo necesita desesperadamente logre acceder a la Administración, lo que perjudica muy especialmente a las mujeres, según el informe Sin citas no hay derechos: refugiadas contra la discriminación administrativa, presentado esta semana en el Congreso de los Diputados por la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG).

“Cientos de miles de personas que están trabajando, que hacen España todos los días, están discriminadas. Tienen negado el derecho de acceso a la Administración, y así no se pueden ejercer derechos básicos como el trabajo, la vivienda, la atención sanitaria o la autonomía económica”, explica, Adilia de las Mercedes, abogada especializada en derechos humanos y derecho antidiscriminatorio, que dirige la AMG y es fundadora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos.

Las imágenes de multitudinarias colas en la comisaría madrileña de Aluche, hiciese frío o calor, las atajó el Ministerio de Interior transformando la espera física en virtual, pero sin solucionar el problema: disponer o no de cita marca la enorme diferencia entre estar condenado a la clandestinidad o poder buscar trabajo, alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria o dar de alta el suministro eléctrico, por ejemplo.

El mercado negro puso precio a un trámite que debería ser gratuito y de obligado cumplimiento para la Administración, pero que en la práctica es muy difícil: entre 50 y 600 euros por una cita. A día de hoy, pese a las reiteradas denuncias y con el triple de peticiones de asilo en España que en 2018 (más de 167.000 en 2024, frente a 55.000 en 2018), hay solicitantes que echan de menos aquellas terribles e inciertas esperas en Aluche, porque al menos entonces había una posibilidad pequeña, pero real de acceder al sistema, recuerda De las Mercedes.

Durante la pandemia trabajaba en una residencia de ancianos. En la zona de la UCI, totalmente expuesta al virus y con mucho miedo de contagiar a mis tres hijos en casa

María Caliego — refugiada

Esta discriminación de facto tiene, según la experta, efectos mucho más profundos cuando la persona solicitante es mujer —muchas veces una madre que busca protección para sus hijos, lo que no es tan habitual en el caso de los hombres—. El número de solicitantes de asilo y el porcentaje respecto no han dejado de aumentar en los últimos años.

Además de las causas comunes que las empujan a huir de sus países, también sufren tipos de persecución y violencia específicos por su sexo. Pero falta un “enfoque de género e interseccional” que hace muchas de sus solicitudes sean rechazadas, muchas veces por culpa de “estereotipos y prejuicios de género, étnico-raciales y nacionales, así como clasistas, edadistas y capacitistas”, añade el informe, que recoge ocho testimonios de mujeres refugiadas que se han topado con este obstáculo administrativo.

Un efecto directo del retraso: el hambre

“Durante la pandemia trabajaba en una residencia de ancianos. En la zona de la UCI, totalmente expuesta al virus y con mucho miedo de contagiar a mis tres hijos en casa”, recuerda María Caliego, una de las refugiadas que figura en el informe y contó su caso durante la presentación en el Congreso.

Guatemalteca de 57 años, Caliego es de ascendencia maya y fue víctima del genocidio que el ejército de Guatemala perpetró contra la población indígena durante el conflicto armado que asoló el país entre 1960 y 1996. Su padre sigue siendo uno de los desaparecidos, secuestrado y ejecutado por los militares. Su madre, Ana Calate, que falleció hace poco, fue la primera víctima que consiguió iniciar la búsqueda de los represaliados y exhumar fosas comunes en Guatemala.

La inseguridad por las pandillas y la preocupación por sus hijos la llevaron a buscar una salida.“Tenía miedo de que fueran reclutados por las maras o que pudieran ser secuestrados o asesinados. Por eso empecé la migración. Y ese proceso ha sido cuesta arriba”, lamenta. Su primera solicitud de protección en España fue rechazada, pero gracias al apoyo de la AMG, logró que se admitiera a trámite a la segunda.

Así pudo buscar y encontrar trabajo en una residencia de ancianos en, pero la lentitud administrativa la volvió a condenar, en pleno apogeo de la COVID-19. “Tenía que renovar el permiso, pero era imposible conseguir una cita [...] Me despidieron porque no podían contratarme en situación irregular. Después de acompañar a tantos abuelos que murieron, me quedé en la calle. No teníamos qué comer en casa”, rememora. “Si no podía pagar internet, cómo iba a conseguir una cita”, explica al elDiario.es.

Fueron meses de ansiedad que también afectaron a sus hijos. “Al racismo se añadía el clasismo. Mi hija sufría acoso en el colegio, se metían con su ropa, con la comida que llevaba. Todos lo pasamos muy mal”, comenta. Tras una largo y extenuante periodo, Caliego ya tiene DNI y trabaja para que también lo tengan sus hijos. “Lo que quiero dejar claro es que nosotros no queremos ayudas del Estado. Lo que queremos es poder trabajar, contribuir, para impuestos, pero no entiendo que tengamos tantas barreras”, denuncia.

“Tuve que buscar citas en el mercado de Telegram”

Nora Rugama, nicaragüense de 40 años, llegó a España en 2019 para estudiar. Cuando terminaba su formación, tenía que volver a una Nicaragua donde la persecución política a cualquier voz que el régimen de Daniel Ortega considerara crítica se había recrudecido. En ese clima, Rugama, psicóloga y defensora de víctimas de violencia sexual en la infancia mediante su organización, Aguas Bravas, tuvo miedo de volver. “La dictadura de Ortega y Murillo desde el inicio emprendió una política de represión contra las mujeres. Todavía hoy hay una política de castigo, de violencia directa, sexual, tortura, encarcelamiento político, exilio forzoso y cancelación de organizaciones como la mía, que fue cerrada oficialmente en 2024

Ella no tuvo dificultades para iniciar sus trámites, reconoce, porque los hizo cuando todavía se conseguían citas haciendo cola en Aluche. Pero a la hora de renovar la autorización, le fue imposible conseguir cita. Tuve que recurrir al mundo de Telegram para que no caducaran mis permisos“, apunta. Su crítica o ”aprendizaje“ es que ”el monopolio de las citas no puedo estar solo en manos de las mafias y de las grandes ONG“.

De la represión franquista al exilio cubano

“Mis bisabuelos eran republicanos, huyeron de España y llegaron a Cuba por los mismos motivos por los que yo he llegado aquí desde Cuba, la persecución política. No es fácil dejar tu país con 47 años, sola con una hija pequeña. Para mí era una especie de derrota tener que volver al lugar de donde mi familia fue expulsada. Y pienso que si mi familia hubiera sido recibida allí como me han recibido a mí aquí, su historia de exilio no habría sido tan feliz”. Marta María Ramírez es periodista y activista política y feminista, exiliada por el acoso del régimen castrista. También es solicitante de asilo en España, pero hace tiempo que sus permisos están caducados porque no consigue cita para renovarlos.

“Tengo el privilegio de haber encontrado a personas dentro de la Administración que han entendido que somos garantes de derecho. Pero el asilo político no es algo que se puede dejar a la suerte del funcionario que te toque”, denuncia. No puede depender de la suerte, lamenta, que se mantenga o pierda la cobertura sanitaria temporalmente cuando una hija con discapacidad necesita un tratamiento después de una operación complicada, por ejemplo. Pero además de la falta de citas para renovar sus permisos, Ramírez critica situaciones de riesgo derivadas de procesos administrativos que no valoran las dimensiones de cada caso.

“Para pedir una beca comedor para mi hija me piden documentación del padre, que está en Cuba. Yo no puedo reclamar esa documentación a un país donde corro peligro”, ilustra. “O no puede ser que pida una tarjeta de crédito en el banco y me la envíen a mi dirección de Cuba, sin saber qué efectos puede tener eso”, añade. “Lo peor es la incertidumbre con la que vives, y eso se lo trasladas a tu hija, que entiende que algo ocurre. Sobre todo si tu situación administrativa no te permite firmar un contrato de alquiler”, apostilla.

De las Mercedes lamenta que esta discriminación “se está produciendo con el llamado Gobierno más progresista del mundo” y hace un llamamiento para que el maltratado derecho de asilo sea defendido toda la sociedad. “Nadie tiene seguro, y menos en este contexto mundial, que no va a ser perseguido por su género, orientación sexual o su procedencia, que no va a tener que huir de una guerra. El panorama en España es crítico, ni siquiera sabemos si nosotros, los exiliados, nos vamos a tener que reexiliar. Por eso esta lucha es global”, advierte.

El Gobierno ha comenzado esta semana a trasladar a la península al millar de jóvenes solicitantes de asilo que están acogidos en Canarias, cuatro meses después de la orden del Tribunal Supremo. El Partido Popular ha utilizado la decisión judicial para atormentar al Ejecutivo en su habitual campaña de desprestigio, aunque los dirigentes autonómicos populares no se oponen a recibir a estos chicos en los centros estatales. Sí sigue maniobrando para boicotear el traslado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien la dirección del PP deja sola.

Los menores llegan además en un clima de tensión por el incremento de hostilidades hacia la inmigración que ha alentado la ultraderecha este verano. El PP y Vox llegaron a un acuerdo para prohibir el rezo musulmán en los espacios públicos de Jumilla, por ejemplo. El Gobierno de Pedro Sánchez trata de impedir que dicho veto se materialice.

El Gobierno comienza este lunes a trasladar a la península a los jóvenes solicitantes de asilo que están acogidos en Canarias, cuatro meses después de la orden del Tribunal Supremo. Lo hará con un pequeño grupo de ocho adolescentes que llegaron a las islas en cayuco. Llegan en un clima de tensión por el ataque la inmigración que está impulsando la extrema derecha este verano, y que se ha materializado en la 'caza de migrantes' de Torre Pacheco y la prohibición por parte de PP y Vox del rezo musulmán en los espacios públicos de Jumilla.

El Gobierno ha impugnado este acuerdo hoy. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, criticó este domingo incluso a la Iglesia por su rechazo al veto de la oración musulmana en la localidad murciana: “No sé si tiene que ver con los casos de pederastia”, dijo. Mientras, el PP ha asegurado que defiende la “libertad de culto” pero ha evitado criticar la moción antislámica de Jumilla.

Después de una década marcada por la llegada de refugiados sirios, la caída del régimen de Asad ha propiciado la bajada del número de solicitantes de asilo de este país que iban sobre todo rumbo a Alemania. Como consecuencia, España es ahora el principal destino para los solicitantes de asilo que llegan a la UE, según datos de la agencia europea para el asilo adelantados por el Financial Times.

Un nuevo informe de esta agencia indica que hay “un cambio significativo” en el perfil y el número de personas que buscan asilo en territorio europeo. Así, en mayo, el último mes con datos completos disponibles, la agencia de la UE registró 64.000 solicitudes de asilo en total, es decir casi un 25% menos que en el mismo periodo del año anterior. El principal motivo es “la caída brusca” de las peticiones de ciudadanos sirios, que han pasado de 16.000 solicitudes en octubre a sólo 3.100 en mayo. El régimen de Asad cayó en diciembre, y otro de los fenómenos que se han producido desde entonces es un progresivo regreso de ciudadanos sirios a su país de origen. Muchos vivían en Alemania.

Venezolanos en España

Ahora España lidera el número de solicitudes de refugiados dentro de la UE, con casi 12.800 en el mes de mayo, sobre todo por la llegada de ciudadanos venezolanos por “la aguda crisis económica y política del país”, según destaca la agencia. Otro de los factores que puede aumentar la llegada de venezolanos a Europa es que han perdido el estatus especial de protección que recibían hasta ahora en Estados Unidos por una decisión de la Administración Trump.

Sin embargo, el número total de solicitantes de asilo en España también ha bajado respecto a los datos de 2024.

Después de España, los países que más refugiados reciben son Italia, en particular de ciudadanos de Bangladesh y de Perú, y Francia, donde destacan en especial ciudadanos de Congo, Afganistán y Haití.

España concede protección internacional al 18,5% de las personas que lo solicitan, una tasa que ha mejorado desde 2023, cuando esta se situó en el 12,23%, pero que sigue siendo la más baja de toda la Unión Europea, donde la media de reconocimiento es del 46,6%.

Son datos referentes a 2024 del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

Por primera vez, España ocupa el segundo lugar en la lista de países que más solicitudes de protección internacional han recibido (167.366), solo por detrás de Alemania, al alcanzar su máximo histórico en número de peticiones tras años de crecimiento desde 2012, cuando recibió apenas 2.588 solicitudes.

La tasa de reconocimiento ha subido seis puntos respecto a 2023 como consecuencia de un aumento de la protección subsidiaria, menos garantista, sobre todo a personas de Mali, pero ha bajado el porcentaje de personas a las que se les reconoce el estatus de refugiado, del 8,3 al 6,6%.

Durante el 2024 se han resuelto 96.281 expedientes de protección internacional, un 4% más que en 2023 y la mayor cifra en la historia de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, lo que, a juicio de CEAR, refleja “un esfuerzo que no llega a repercutir de manera significativa”, ya que en 2024 se acumularon 242.056 solicitudes pendientes de resolver, un 26,6% más que el año anterior.

La Policía Nacional ha sancionado con 90 días de empleo y sueldo a un agente que exigió encuentros sexuales a varios jóvenes magrebíes, uno de ellos un menor tutelado, en hoteles de Ceuta y Canarias a cambio de ayudarles con sus peticiones de asilo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el castigo impuesto a este policía que llegó a ser investigado por la vía penal, pero nunca fue condenado, al entender que la investigación de Asuntos Internos reveló datos suficientes para probar que citó, al menos, a cuatro jóvenes en hoteles, exigiendo en algunos casos relaciones sexuales a cambio de ayudarles y acelerar sus peticiones de asilo en España.

El agente trabajaba en la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la división policial de Extranjería desde el verano de 2015 y fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria y Ceuta en agosto de 2021. Su misión: apoyar a sus compañeros en la tramitación de peticiones de asilo, concretamente haciendo las entrevistas a los migrantes que solicitaban esta protección tras cruzar la frontera. Unos pocos meses antes, Ceuta había sido testigo de una de las mayores crisis migratorias en la frontera sur, con la entrada de más de 12.000 personas y la devolución ilegal de decenas de menores a Marruecos.

Los agentes de Asuntos Internos empezaron a seguir a su compañero después de detectar actitudes sospechosas: cuando viajaba a Canarias o a Ceuta se alojaba en hoteles distintos al resto de policías nacionales y, en uno de los casos, siempre elegía una habitación con acceso directo a la escalera de salida del edificio. Los investigadores descubrieron que los chicos entraban a su habitación, estaban allí unos tres cuartos de hora y salían de allí con cosas que no habían traído, como ropa, refrescos o incluso dinero en efectivo.

El expediente sancionador y la sentencia que lo avala reflejan su modus operandi. “Aprovechaba” sus viajes para trabajar en Ceuta y en Canarias para “entablar un contacto inicial” con los chicos en la calle. Les decía que era agente de la Policía Nacional y se ofrecía para “prestarles ayuda” en “la tramitación de las solicitudes de asilo”. Posteriormente, los “citaba” en su hotel, donde tenían lugar los encuentros. Uno de estos chicos era menor de edad en el momento de los hechos.

“Ha quedado plenamente demostrado que el inculpado mantuvo citas en su habitación de hotel con cuatro jóvenes diferentes”, dijo la Policía y confirma ahora el Tribunal Superior de Madrid. El policía, además, “facilitaba la tramitación de la solicitud de asilo a aquellos jóvenes extranjeros con los que previamente había mantenido contacto”. Los datos fueron obtenidos por la investigación de Asuntos Internos que derivaron en una causa penal en la que, según fuentes del caso, no fue condenado. Su expediente disciplinario se reactivó en 2023, después de que quedara exonerado por los tribunales.

“Tenía miedo de que me quitara el asilo”

La sentencia recoge las declaraciones de varios de estos jóvenes, entre ellos el menor de edad con el que contactó. Era un menor tutelado por la Unidad Temporal de Realojo y explicó que, al llegar a la habitación de hotel del policía, vio que estaba en calzoncillos y con el pantalón “a la altura de las rodillas”. Ofreció que él y otro joven se quedaran a dormir con ellos, tocando la pierna de uno, pero lo rechazó.

Otro joven relató que el policía, que tenía su número de móvil, le llevó al hotel con el reclamo de que tenía “unas zapatillas” para él. Al llegar, el agente estaba “en calzoncillos terminándose de vestir en el baño”. También le ofreció quedarse a dormir, algo que rechazó. Otro relató cómo entabló contacto con él: le abordó por la calle para preguntarle si había solicitado asilo y dijo que si lo había pedido él “podía ayudarlo”. Lo siguiente fueron mensajes de WhatsApp pidiendo un encuentro sexual, el mismo día en que, con el uniforme puesto, le hizo la entrevista de la solicitud de asilo.

Uno de ellos relató que estuvo hasta cuatro veces en el hotel del policía. Le recibía en ropa interior y en la habitación mantenían “encuentros íntimos de naturaleza sexual”. Al acabar, el policía le daba diez euros y bolsas con ropa además de prometerle ayuda con los trámites de asilo. El chico explicó a Asuntos Internos que lo seguía haciendo por “miedo” a que el policía “me quitara el asilo”. El joven llegó a trasladarse a Madrid y siguió recibiendo mensajes del policía hasta que le bloqueó.

Los jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han rechazado los argumentos con los que el policía combatía su sanción de 90 días de suspensión: que no existían pruebas suficientes contra él y que el castigo, que ya ha cumplido y tras la cual ya se ha reincorporado a su trabajo, era desproporcionado. Las pruebas recabadas por Asuntos Internos acreditan, dice el TSJM, “suficientemente los hechos”.

También consideran proporcionada la sanción de 90 días de suspensión por una falta muy grave de “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. Sus encuentros con jóvenes y un menor pidiendo encuentros íntimos a cambio de facilitar sus solicitudes de asilo, explica el Tribunal Superior de Madrid, afectó al “principio de disciplina” con un comportamiento “contrario al deber profesional con omisión grave de aspectos fundamentales de la conducta disciplinada de los miembros del Cuerpo de Policía Nacional”. Esta sentencia todavía es recurrible ante el Supremo.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha rechazado que se pueda castigar por la vía penal la ayuda que un padre, una madre o un tutor legal puedan prestar a un menor de edad para llegar de forma irregular en territorio comunitario. Los jueces de Luxemburgo han sentado jurisprudencia sobre lo que a priori es el ejercicio obvio de la patria potestad en respuesta a un tribunal italiano que ha elevado el caso de una mujer que fue procesada por llegar al aeropuerto de Bolonia con pasaportes falsos para su hija y su sobrina (sobre la que tenía la custodia) huyendo de su expareja, y por lo que posteriormente solicitó asilo.

La mujer fue detenida y procesada por entrar en Italia de manera irregular en 2019. Dentro del procedimiento judicial, el tribunal italiano ha preguntado al TJUE si la asistencia prestada a su hija y a su sobrina para entrar en el país de manera irregular supone una infracción que pueda ser sancionada por la vía penal. La respuesta de los jueces de Luxemburgo es que no.

“El comportamiento de una persona que, infringiendo las normas para el de cruce de fronteras, introduce en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de países terceros que la acompañan y sobre los que ejerce la custodia efectiva no está comprendido en la infracción general de ayuda a la entrada irregular en el sentido del Derecho de la Unión”, señala el TJUE.

Los jueces europeos recuerdan que ese comportamiento “constituye el ejercicio por esa persona de su responsabilidad derivada de la relación familiar y de la custodia efectiva de esos menores”. Es más, señalan que interpretar la actitud en el sentido contrario supondría “una injerencia particularmente grave en el derecho fundamental al respeto de la vida familiar y en los derechos fundamentales del niño”, que están recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Además, el TJUE recuerda que la mujer solicitó asilo y que, por tanto, no puede ser expuesta a sanciones penales hasta que se resuelva la petición ni por su entrada ni por el hecho de haber estado acompañada de su hija y su sobrina menores, sobre las que ejerce la custodia.

“El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que sancione penalmente ese comportamiento. En efecto, los Estados miembros no pueden ir más allá del alcance de la infracción general de ayuda a la entrada irregular, tal y como se define en el Derecho de la Unión, incluyendo en ella comportamientos no contemplados en este, contraviniendo la Carta de los Derechos Fundamentales”, concluyen los magistrados.

El fallo se produce en un momento en el que el endurecimiento de la política migratoria en el seno de la UE es total. De hecho, recientemente los 27 han elevado la presión al impulsar una normativa en la que pretenden eliminar la' denominada 'claúsula humanitaria', que permite no sancionar penalmente a quienes presten asistencia humanitaria a los migrantes. La medida está enfocada especialmente a las ONG. Recientemente, los estados miembros eliminaron de la normativa europea la posibilidad de “no imponer sanciones” a quienes ayuden a los migrantes a entrar en un estado de la UE si tiene una finalidad humanitaria, con el rechazo de España, Alemania y Portugal.

hay países que sancionan por la vía penal la asistencia a los migrantes gracias a una legislación que se emplea fundamentalmente para perseguir a las ONG. Recientemente, la UE ha elevado aún más la presión al tratar de eliminar

Todavía no ha abierto y ya tiene en contra a buena parte del vecindario, ha recibido amenazas de cierre e incluso acusaciones por un supuesto “fraude de ley”. Es el futuro albergue Velvet Hostel que plantea abrirse junto al Parque de las Avenidas, ubicado en el distrito madrileño de Salamanca. El espacio tiene licencia de hostal desde hace justo un año y capacidad máxima de 35 personas, según el portal de licencias y expedientes del Ayuntamiento de Madrid. En total, cinco habitaciones que han desatado la polémica en el barrio de La Guindalera y no precisamente por la saturación turística. Los vecinos se enteraron de que el alojamiento puede llegar usarse como refugio temporal para migrantes o solicitantes de asilo y ahora temen problemas de convivencia. Su protesta no ha pasado desapercibida para José Luis Martínez-Almeida.

“Hemos advertido a la propiedad de que no cabe un uso no turístico del espacio. Si finalmente comprobamos que es así, lo clausuraremos de manera inmediata”, advertía el alcalde de la ciudad a primera hora del lunes frente a algunos residentes. El regidor se ha desplazado a la zona para suscribir sus señalamientos contra el hostal y, además de referirse al promotor del hostal, ha lanzado otro dardo directo hacia la Moncloa: “Si el Gobierno de España pretende utilizarlo para otro fin, que se olvide. Actuaremos de inmediato”. En realidad, lo que hay hasta el momento son conjeturas o propuestas en el aire que aún estar por determinar.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una de las organizaciones no gubernamentales en las que el Estado delega ciertas etapas del sistema de acogida. La propia Unión Europea fija unos requisitos mínimos a sus miembros para atender a solicitantes de asilo o refugiados, que a su vez pueden encomendarse a entidades del tercer sector siempre bajo supervisión estatal. CEAR ha confirmado a este periódico que recibió un ofrecimiento por parte de los promotores del hostal para usar plazas hoteleras como estancias temporales en la Primera Acogida, la fase inicial del proceso de asilo en la que se cubren necesidades básicas hasta derivar al solicitante a otro centro de pleno derecho.

No obstante, fuentes de la ONG indican que no existe un acuerdo en firme. Tampoco está claro que llegue a usarse para este fin, aunque es una opción que está sobre la mesa. “Primero hay que esperar a que terminen toda la obra y acondicionen el espacio. Hasta que no sepamos si se cumplen los requisitos mínimos para albergar a estas personas no podremos hacer ningún trámite oficial”, apuntan las mismas fuentes. De hacerse realidad, ¿cuánto tiempo podrían demorarse estas estancias? La organización no gubernamental estima que lo habitual son unas semanas, aunque la situación puede prolongarse durante meses si el Gobierno central no deriva a tiempo a los solicitantes a una instalación de acogida.

Consultados por esta cuestión, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –que tiene las competencias últimas en materia de asilo– confirman que por ahora solo hay “prospecciones” en la zona por parte de CEAR. Es decir, que se están examinando las aptitudes del terreno y el inmueble. Sobre si se incurre o no en un fraude de ley al utilizar plazas hoteleras como albergue temporal para migrantes, tal y como sugirió Almeida, solo exponen que su ministerio “tiene acuerdos de acogida a través de la acción concertada” y estudia estos u “otros posibles espacios a lo largo de todo el territorio español”. No obstante, la incertidumbre no convence en el Ayuntamiento.

El miedo de los vecinos y el “boca a boca” del futuro hostal

“Estamos preocupados”, aseguraba Almeida esta mañana sobre el hostal de Salamanca. El alcalde ha ordenado a tanto a la concejala-presidenta del distrito, Cayetana Hernández de la Riva, como al delegado de Urbanismo, Borja Carabante, mantener un contacto “permanente” con los vecinos. Aunque el proyecto contempla 35 plazas y ni siquiera es seguro en este punto que todas o algunas vayan a integrarse en el sistema de acogida, la respuesta municipal ha ido a más: el propio Carabante se ha citado este lunes con los vecinos, que llevaban semanas manifestando su preocupación ante la idea de que el futuro establecimiento hotelero pueda convertirse en un centro para personas migrantes.

La vecindad alertó la semana pasada de supuestas “irregularidades” en el negocio, refiriéndose por ejemplo a las salidas de emergencia o posibles incumplimientos de las normas que rigen en las comunidades colindantes. Arrementen sobre todo contra el empresario promotor, Mohamed Zakaria Abdelsamas Ibraim, que ya tiene otro hostal en Puente de Vallecas donde ofrece plazas para albergar a solicitantes de asilo. “Está especializado en población inmigrante y menas [menores extranjeros no acompañados]”, reza un comunicado difundido entre los vecinos de la zona después de reunirse hace unas semanas, el 19 de mayo.

“Me parece que se ha creado algo de folclore del boca a boca”, reflexiona Carla, que reside junto al hostal. Explica que al inmueble de la discordia se accede desde el número 9 de la Avenida de Baviera, una de las grandes travesías que confluyen en la zona, aunque también abarca los números 74 y 76 de la Avenida de Bruselas. En su caso, rebaja las críticas de otros vecinos aludiendo a la poca información real que hay aún sobre la mesa. “Si supiésemos que van a abrir un centro de menores [extranjeros no acompañados], como se ha estado diciendo, entendería cierto revuelo. Es algo que agita en cualquier barrio. Pero creo que este miedo es algo prematuro: aún no sabemos prácticamente nada”, sentencia. No obstante, las protestas en la zona parece que seguirán dando de qué hablar.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido “medidas estructurales” para “mejorar” la atención de las personas que solicitan protección internacional en la frontera después de la “grave situación” detectada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sin embargo, las ha diferenciado de las personas sin hogar que pernoctan allí y “que no están pidiendo asilo”, sino “mostrando su pobreza” a una sociedad “insensible”.

“Las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en el puesto fronterizo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras las quejas recibidas y las visitas realizadas, han puesto de relieve un año más la necesidad de mejorar sus instalaciones, así como los procedimientos de protección internacional que allí se sustancian”, ha indicado Gabilondo este martes. Lo ha hecho durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024.

Según ha señalado, el análisis pone de manifiesto “la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que aborden el registro y formalización de las solicitudes, las condiciones de acogida, las garantías procedimentales y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas solicitantes de protección internacional”. También ha visitado a algunas de las cientos de personas que duermen en las instalaciones, hacia las cuales ha pedido más comprensión y menos crispación: “Pensemos a qué obedece eso, no nos esforcemos en ver cómo hacemos para que desaparezca de nuestra vista, que parece que es lo único que nos importa, que no los veamos. 'Póngalos usted en un sitio que no se les vea, quítemelos de la Gran Vía, mándemelos a un sitio que no me incomode'”, ha criticado Gabilondo.

En este sentido, Gabilondo ha explicado que se han reunido con AENA, con el Ayuntamiento de Madrid y con la Mesa de la Hospitalidad (entidad responsable de un estudio sobre la composición de estas personas sin hogar) y están “buscado fórmulas” entre todos para encontrar una solución.

Más de 34.000 quejas al Defensor del Pueblo en 2024

Gabilondo ha acudido a la Cámara Baja junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena. Durante su intervención, han repasado las principales actuaciones de la institución en 2024 y ha precisado que en ese año tramitaron 34.402 quejas.

Según ha precisado, los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad protagonizaron el mayor número de quejas. Las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Catalunya (3.441) y Comunitat Valenciana (3.231).

Entre otras sugerencias recogidas en el informe, Gabilondo ha pedido incrementar el número de profesionales de salud mental, mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler, solucionar los retrasos para la valoración de la discapacidad, y garantizar una protección específica a las mujeres mayores víctimas de violencia de género.

En materia migratoria, ha recordado que la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas y, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), ha advertido de que “sigue sin darse cumplimiento a la obligación de creación de un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico.

Además, Gabilondo ha constatado que un año más la mayoría de personas que solicitan protección son de nacionalidad venezolana, casi un 40%, por lo que ha propuesto poner en marcha “un procedimiento alternativo para estas personas” de origen venezolano para “aligerar y racionalizar la carga de trabajo que padece la oficina de asilo y refugio”.

Sobre las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido, Gabilondo considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos “injustos” que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las familias vulnerables. Entre otros asuntos, también se ha referido a la implantación de las zonas de bajas emisiones, al edadismo, al “desfase” entre el desarrollo tecnológico y los mayores, que quedan “orillados”, o a las quejas contra Cercanías en Madrid y Barcelona.

Gabilondo ha hecho mención especial a la “dolorosa situación” de “extrema vulnerabilidad” en la que viven los habitantes de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de cuatro años no disponen de suministro eléctrico y ha dicho que están a la espera de las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, al que la institución remitió un informe.

Han pasado dos años desde que los médicos de María dieron por controlado su cáncer de mama, pero el miedo a la recaída sigue presente. Trata de esquivarlo y apenas tiene tiempo para observarlo, pero a veces ruge desde el dolor de sus piernas, cuando deja un rato la fregona en su trabajo porque las secuelas del tratamiento le impiden seguir el ritmo que le gustaría. Se asoma a la hora de la medicación, en el “jugo verde” que le recomendaron, cuando rechaza el sobre de azúcar. La tripa aprieta un poco más la noche anterior de la revisión mensual y, últimamente, también aumenta cuando llama su abogada. Mucho más si piensa en volver a interrumpir su tratamiento por su situación administrativa.

El temor a que el cáncer vuelva suele ser una emoción común entre quienes superan la enfermedad, pero María convive con la recuperación de su enfermedad mientras lidia en los últimos meses con el limbo en el que la deja el reglamento de la Ley de extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Desde esa fecha, si recibe una nueva denegación de su petición de asilo -que se encuentra en fase de recurso- y el Gobierno no aprueba una solución para casos como el suyo, la mujer se quedará sin papeles y no podrá volver a regularizarse hasta que pasen dos años, tal y como obliga la nueva normativa que castiga a los demandantes de protección internacional cuya petición haya sido rechazada. 

Y para María, que continúa en seguimiento médico y bajo tratamiento para evitar el regreso de la enfermedad, caer en la clandestinidad tiene un efecto añadido, dadas las trabas con las que se chocan las personas sin papeles para acceder a la sanidad de forma normalizada - pese a que la norma obliga a que esté garantizada-, además de todas las consecuencias económicas ligadas a la irregularidad.

Después de pasar por quimioterapia, radioterapia y una mastectomía, la mujer mantenía su tratamiento médico y empezaba a participar en un ensayo clínico del Hospital Regional Universitario de Málaga cuando conoció los efectos que podría tener en su vida la nueva normativa. Como muchos otros solicitantes de asilo, antes de la entrada en vigor del reglamento, barajó sus diferentes opciones. La norma incluía una disposición transitoria con el supuesto objetivo de evitar que los demandantes de protección que estaban en España antes de su aprobación pudiesen pedir un permiso por arraigo durante un tiempo limitado, siempre que cumpliesen con una serie de requisitos, entre las que se encontraban haber recibido una respuesta denegatoria en firme y vivir irregularmente durante seis meses antes de pedir la nueva autorización, excluyen a miles de demandantes de protección.

Así, para acogerse a esta vía, tanto María como su hija debían renunciar a su proceso de asilo y esperar seis meses sin papeles. Y no se lo podían permitir. 

Si lo hacían, María correría el riesgo de ver interrumpido su tratamiento oncológico. Su hija perdería su empleo en una empresa de alquiler de coches, de cuyo sueldo dependen ambas. “Si ella renunciase, la echarían y ¿de qué íbamos a vivir?”, se pregunta la venezolana. “Y si yo renuncio puedo perder mi asistencia médica. ¿Qué hacemos entonces?”. 

Su decisión, como la de tantos otros demandantes de protección, ha pasado por arriesgarse, tirar para delante y confiar en una respuesta positiva de su petición de protección, en la que su abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha recalcado la vulnerabilidad añadida ligada a la enfermedad de María. “Nos la hemos jugado hasta ahora. Pero no llega la respuesta al recurso, después de cuatro años, y vivir en esta incertidumbre es muy angustioso. El riesgo es muy alto, si nos lo deniegan podemos perder todo, ¿cómo vamos a sobrevivir dos años sin papeles si no podríamos ni seis meses? ¿Por qué lo hacen así?”, se pregunta María con desesperación. 

Hay otra posible opción para esta familia y todas las personas afectadas por el reglamento de extranjería, pero aún se encuentra en trámite parlamentario: la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes, que el Gobierno decidió impulsar poco antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento como fórmula para arreglar alguna de las lagunas de su propia normativa. El borrador inicial de la propuesta presentada a los diputados que conforman la Comisión de Trabajo reconoce que, pese a que el nuevo reglamento “mejora” algunas de las vías para regularizar a las personas sin papeles “existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo”, como “las personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad”. 

Para que salga adelante la medida, que podría beneficiar casos como el de María, el texto debe ser consensuado en el Congreso y obtener el respaldo de la mayoría parlamentaria. Aunque el Gobierno asegura estar buscando una solución para estas personas, aún nada está garantizado.

Perder los papeles en plena enfermedad

María dejó Venezuela junto a su pareja y su hija por las situaciones de violencia que vivía en su país, según su relato. Tras pasar por Panamá, llegó a España en 2021, donde pidió asilo. Poco después de su llegada, un fuerte dolor en el pecho la empujó a acudir al médico. “Antes me había dolido pero no pensé que fuese tan grave. Al llegar, me acrecentó el dolor, casi no dormía, fui a la policía a pedir el asilo y, cuando tuve asistencia médica, se percataron de que tenía un cáncer inflamatorio muy fuerte”, explica la mujer por teléfono a elDiario.es. “Todo fue tan rápido. Llegué en julio de 2021 y en septiembre fui diagnosticada”, recuerda. 

El inicio de su nueva vida en otro país fue atravesado por las pruebas, el impacto del diagnóstico, los ciclos de quimioterapia, la operación, el post-operatorio y el tratamiento de radioterapia. En ese momento, la mujer, su hija y su pareja fueron acogidas en un centro para solicitantes de asilo de CEAR. “Esto no ha sido nada fácil. Fue muy fuerte. Yo estuve en esta batalla prácticamente sola. Mi compañero durante muchos años me perdió el cariño y apenas me atendía. Mi niña estaba en la adolescencia… Había días que apenas podía moverme, pero me levantaba, hacía la comida como podía”, lamenta la mujer. Cuando parecía que su vida empezaba a recolocarse, superada la operación y las sesiones de quimioterapia y radioterapia, llegó la respuesta del Ministerio del Interior a su petición de asilo: negativa. 

El Gobierno suele conceder a la mayoría de personas venezolanas que solicitan asilo un permiso de residencia por razones humanitarias, pero la Oficina de Asilo en 2023 denegó la petición de María y su familia por haber pasado por un tercer país considerado seguro (Panamá) antes de su llegada a España “sin tener en cuenta la información médica presentada en el expediente”, explican desde CEAR. La decisión acarreó su salida del sistema de acogida estatal y la pérdida de su tarjeta de residencia. A nivel personal, su pareja y padre de su hija decidió cortar la relación y regresó a Venezuela. Su abogada recurrió la decisión ante la justicia pero, hasta lograr la formalización y el documento temporal que les permitía vivir y trabajar en España hasta la resolución del recurso, se quedaron en situación irregular durante alrededor de tres meses.

Aunque la normativa española reconoce el derecho a las personas sin papeles a recibir asistencia sanitaria, en la práctica no siempre logran ver reconocido este derecho o se encuentran con importantes trabas en el camino. María insiste en que la pérdida de sus papeles por el nuevo reglamento supondría la interrupción de su tratamiento oncológico porque habla desde la experiencia: entre la negativa de su petición de asilo y la admisión a trámite de su recurso, la mujer no pudo acceder a una consulta de su médica de cabecera hasta tres meses después, asegura.

Después de meses sin la receta médica necesaria para comprar su medicación, agotada de esperar y aterrorizada por las posibles consecuencias, María decidió plantarse durante horas en el recibidor de su centro sanitario para conseguir una solución. “A mí me tienen que meter en el sistema, necesito mis medicamentos, no pueden dejarme morir”, recuerda que dijo entonces. Finalmente, tras mucha insistencia, logró que el personal administrativo encontrase la forma de reactivar su tratamiento. 

Además de no poder tomar su medicación, la pérdida de sus papeles la empujó a la exclusión mientras lidiaba con las secuelas de su enfermedad. “Yo me hinchaba, mis piernas me dolían demasiado. Después de la radioterapia me quedé muy dolorida, agotada y deprimida. Y, estando así, tuve que dormir varias noches en la calle y buscar una habitación donde vivir. Viví también en la oficina de una amiga y, después, aún con las secuelas del tratamiento trabajé como interna en casa de una señora que me tenía esclavizada, mientras mi niña vivía en otro lugar”, detalla María cuando recuerda aquella etapa. “¿Cómo voy a renunciar al proceso de asilo y pasar seis meses en esa situación?”, 

Actualmente, María ha logrado cierta estabilidad. Encontró una habitación económica en Loja, a donde se ha mudado. Evita pensar mucho en la posibilidad de perder todo de nuevo y pide una solución. La enfermedad le ha dejado secuelas, lo que le impide encontrar un trabajo fijo, pero busca empleos temporales o por horas. Aún siente dolores entre la espalda y el lado del pecho intervenido. La inflamación de su pierna derecha le provoca cojera. “Cuando me toca limpiar un piso más de cuatro horas siento unos dolores muy fuertes. Mi niña ha sacrificado mucho por mí, y trabaja mucho para sacarnos adelante. Cuando tengo dos o tres pisos a la semana siento mucho agotamiento, pero no voy a dar lástima, tengo que echar para adelante, tengo que solucionar mi vida”, asume María.

La mujer ha conocido la información sobre el impulso del Gobierno de la ILP para la regularización extraordinaria de inmigrantes. “Ojalá lo hagan. Ojalá llegue a buen término”, dice la venezolana, que teme quedar fuera en caso de que la medida exija requisitos que, en su situación, no pueda cumplir, como una oferta de contrato de trabajo. “Ojalá piensen en todos. Somos muchos los que queremos hacer las cosas bien”, concluye la solicitante de asilo.

Ha llegado el 20 de mayo, fecha de la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, y miles de solicitantes de asilo siguen sin una solución ante la incertidumbre generada por la nueva norma, que empujará a la clandestinidad durante dos años a todos aquellos que reciban una respuesta negativa de su petición. El Gobierno había prometido un remedio para los afectados que ya se encontraban en España antes de la aprobación de la reforma, pero la medida no ha llegado antes del inicio de la aplicación del cambio legal.

Ahora, pese a que el ala socialista siempre se ha mostrado poco partidario de una regularización extraordinaria, el Ejecutivo ha optado por acelerar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular de regularización extraordinaria, estancada desde hace meses en el Congreso, como fórmula para arreglar parte de los efectos de su nueva normativa de extranjería, según adelantó El País y confirman a elDiario.es fuentes gubernamentales.

El Gobierno aprobó el nuevo reglamento de extranjería en noviembre, con seis meses de plazo hasta su entrada en vigor para preparar la aplicación de una normativa que, mientras flexibiliza algunos de los permisos de residencia y trabajo, dificulta otros, especialmente los de los solicitantes de asilo y algunos casos de familiares extranjeros de ciudadanos españoles.

En estos seis meses Inclusión debía haber dado las instrucciones necesarias para su aplicación, formar a los funcionarios de la nueva medida, adecuar los sistemas informáticos, reforzar los consulados… Pese a que ONG y abogados especializados advirtieron desde un principio de importantes “errores” y vulneraciones de derechos ligados a los cambios incluidos en la norma, ha sido en las últimas semanas cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pisado el acelerador para tratar de corregir in extremis parte de los aspectos más polémicos de la medida, dentro de los límites impuestos por el propio real decreto. 

Tras seis meses desde la aprobación del reglamento, las primeras medidas para solventar los problemas denunciados por ONG y letrados de extranjería llegaron la semana pasada, siete días antes de la entrada en vigor de la norma. La Secretaría de Estado de Migraciones publicó el pasado martes dos instrucciones en las que matizaba parte del contenido de la normativa. Las directrices, centradas en los permisos por arraigo y el régimen de extranjería de los familiares extranjeros de ciudadanos españoles, buscaban ampliar la cobertura dentro de los márgenes de aplicación de la norma de algunos de los aspectos recurridos ante el Tribunal Supremo. Y no serán las últimas.

Con el mismo enfoque, el Ministerio aún trabaja en al menos otras dos instrucciones más, entre las que habrá previsiblemente una destinada a los solicitantes de asilo y otra a los estudiantes, según fuentes sindicales que han participado en el proceso de negociación en la comisión tripartita de inmigración. La batería de instrucciones ha llegado después de la publicación en el BOE a principios de abril del cese de uno de los altos cargos de la Secretaría de Estado de Migraciones, Celso González, al frente de la dirección general de gestión migratoria; y el nombramiento en su lugar de Santiago Yerga, antiguo responsable de dicho departamento durante la época de José Luis Escrivá.

“En seis meses no se ha hecho nada, no se nos ha escuchado. Pero en las últimas semanas, es evidente el nuevo ritmo que se ha dado. Dentro de lo que es posible solucionar a través de una instrucción interna, estamos satisfechos, pero hay cosas que las instrucciones no podrán arreglar”, sostiene el abogado José Luis Rodríguez Candela, de la asociación de abogados Extranjeristas en Red, organización que ha recurrido 31 artículos del reglamento ante el Tribunal Supremo. La asociación, así como otras ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas o Red Acoge piden la reforma de la propia normativa.

Entre esos puntos de difícil solución se encuentra la medida que afecta de manera directa a los solicitantes de asilo. El reglamento impide la compatibilidad de la solicitud de protección con una solicitud de arraigo, lo que en la práctica penaliza en su intento de conseguir los papeles a quienes han pedido asilo y reciben una negativa de su petición o aquellas que, tras años esperando una respuesta que no llega, optan por abandonar el proceso de protección internacional y regularizar su situación por otra vía, dados los constantes retrasos en el análisis de las solicitudes por parte del Ministerio del Interior. 

Con este cambio, el Gobierno pretende impedir lo que consideran como una “instrumentalización” del derecho al asilo, es decir, el uso del sistema que busca proteger a quienes huyen de la persecución o del conflicto como puente para obtener una tarjeta de residencia. No obstante, las ONG alertan de que la medida afectará también a miles personas con razones fundadas de persecución pero, por su nacionalidad, no suelen recibir una respuesta positiva por parte de la Administración española, como los casos de activistas colombianos, personas amenazadas por pertenecer al colectivo LGTBI en determinados países latinoamericanos o ciudadanos que huyen del crimen organizado en Centroamérica, entre otros perfiles.

Como ha contado elDiario.es, decenas de solicitantes de asilo han caído ya en la irregularidad como consecuencia de los nuevos requisitos impuestos por la futura normativa en caso de que su petición de protección sea rechazada, pero se espera que la cifra se multiplique en los próximos meses si no el Gobierno no impulsó una fórmula que palie los efectos de la normativa para quienes ya se encontraban en España antes del cambio legal.

Aunque no hay cifras oficiales, los casos de afectados por el nuevo reglamento se acumulan en los despachos de abogados y en las oficinas de las ONG que atienden a solicitantes de asilo. A partir de este martes, los demandantes de protección serán penalizados en su proceso para regularizarse si reciben una respuesta negativa a su petición, pues todo el tiempo que hayan vivido y trabajado en España mientras se estudia su caso no servirá para nada, no computará para demostrar su arraigo en el país, y tendrán que sobrevivir sin papeles durante al menos dos años hasta poder solicitar un permiso de residencia. 

“Tal y como está ahora, las personas que reciban una respuesta negativa a su solicitud  se van a ver abocadas a estar dos años en situación irregular para volver a regularizar su situación. Es el absurdo de, después de estar cotizando y aportando, tienen que parar durante dos años, para volver otra vez a optar a un permiso de trabajo”, cuestiona Elena Muñoz, responsable legal de CEAR. “Nos genera una gran preocupación”. 

Tras la aprobación del reglamento, el Gobierno defendió como solución para estos casos una vía extraordinaria temporal incluida en la normativa, con el objetivo inicial de que todos los solicitantes de asilo que ya se encontraban en España antes del cambio legal no fuesen afectadas por este. Sin embargo, la medida ha resultado insuficiente, pues alrededor de 200.000 personas siguen pendientes de una resolución de protección internacional o de su recurso.

ILP como posible solución

Mientras la Secretaría de Estado de Migraciones prepara una nueva instrucción para reinterpretar esta medida e intentar flexibilidad algunos de sus requisitos, el Ministerio de Inclusión ha visto una oportunidad en la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria sin condiciones de todas las personas sin papeles en España, iniciativa que lleva más de un año estancada en el Congreso.

Hasta el momento, el ala socialista del Ejecutivo se ha mostrado reticente a una regularización masiva como la planteada en la ILP y no había mostrado una voluntad real para sacarla adelante, pues apostaba por la línea marcada por la reforma del reglamento de extranjería. Ahora, han encontrado en la propuesta de ley impulsada por la recogida de 800.000 firmas, una de las pocas vías para arreglar las lagunas de su propia normativa, tras meses de avisos por parte de las ONG y abogados expertos en migraciones. 

“Es una iniciativa legislativa popular que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, y ahora es turno de que se pronuncien todos los grupos del arco parlamentario que votaron a favor de su toma en consideración (es decir, todos, menos Vox)”, indican fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones.

“El Gobierno siempre se ha mostrado favorable a que se estudien estas iniciativas de calado y se mantiene atento a su desarrollo en las cámaras”, añaden. No obstante, la medida estaba paralizada en el Congreso desde hace un año y diputados de formaciones más favorables a la iniciativa, como Sumar y Podemos, apuntaban entre otras razones del estancamiento la falta de voluntad de la bancada socialista para acelerar su tramitación.

Efecto en los menores

La semana pasada, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alertó también del efecto que puede tener el nuevo reglamento de extranjería para miles de menores extranjeros. Según un informe sobre infancia migrante, los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores”.

Los datos facilitados por el Ministerio del Interior, a 31 de diciembre de 2024, revelan que 133.102 solicitudes estaban pendientes de admisión y 108.954 pendientes de resolución, recuerda el Defensor. “Estas cifras ponen de manifiesto que dicha modificación afectará notablemente a la situación de miles de niños y niñas”, sostiene el documento. 

Flexibilización de otros permisos

Más allá de los puntos más polémicos y del efecto en los solicitantes de asilo, el Gobierno defiende que el nuevo reglamento busca simplificar los procedimientos por los que los inmigrantes consiguen sus permisos de residencia y trabajo, ya sea desde sus países de origen o en suelo español, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado laboral. El Ejecutivo calcula que la medida concederá los papeles a cerca de 300.000 personas.

Es una modificación amplia por lo que hay cambios con respecto al anterior régimen en distintos aspectos de la política de visados y de las vías por las que los extranjeros pueden regularizarse. En general, elimina algunos requisitos, reduce plazos, recorta parte documentación que se debe presentar y simplifica el cambio de un permiso a otro para reducir carga administrativa.

A partir del 20 de mayo, se espera el aumento de las solicitudes en las oficinas de extranjería, en un momento cuyo personal ha comenzado a movilizarse ante la falta de recursos. Tras años de saturación, de bloqueo de citas de extranjería y de aumento en los plazos de respuesta, los trabajadores encargados de estudiar las peticiones de permisos de residencia y trabajo se movilizaron este lunes, un día antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, al considerar insuficiente el refuerzo anunciado por el Ministerio de Política Territorial.

Los paros de dos horas por CCOO tuvieron un seguimiento del 64%, según los datos oficiales, mientras que el sindicato eleva el porcentaje de apoyo al 90%. “Ha habido paro total en todas las 10 grandes oficinas de España”, añaden desde Comisiones. Esos mismos funcionarios tendrán que empezar a responder las solicitudes que lleguen a partir de este martes según lo dispuesto por una nueva normativa, sobre la que el Ministerio continuará publicando instrucciones en los próximos días para matizar a última hora parte de su contenido.

 El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este jueves en Tirana que su Gobierno comenzará a explorar la posibilidad de enviar a terceros países a los solicitantes de asilo rechazados para procesar allí sus trámites antes de su deportación.

“En su momento, podré darles más detalles al respecto”, declaró Starmer a los medios durante una visita a Albania, donde se reunió con su homólogo de ese país, Edi Rama.

“Lo que ahora queremos hacer, y estamos debatiendo, es establecer centros de retorno, donde una persona que ha pasado por el sistema del Reino Unido necesita ser repatriada. Debemos asegurarnos de que sea repatriada de forma efectiva, y lo haremos, si es posible, a través de estos centros”, explicó el jefe de Gobierno. No obstante, no quiso comentar qué países participarían en las conversaciones sobre esos centros.

El miércoles por la noche, el Times informó que Albania era una de las opciones preferidas de Reino Unido. Pero el primer ministro albanés sugirió, en rueda de prensa conjunta, que su país no estaba dispuesto a albergar esos centros. “Varios países nos han preguntado si estábamos abiertos a ello, y dijimos que no”, puntualizó Rama. Rama afirmó que no intentaría llegar a un acuerdo con el Reino Unido porque ya está involucrado en un proceso similar con Italia, que tiene dos centros de detención en su país para procesar a los solicitantes de asilo rechazados, y hasta el momento 40 personas han sido enviadas a dichas instalaciones a pesar de una serie de varapalos legales.

La organización Freedom from Torture ha advertido de que los centros de retorno de Starmer provocarían el mismo nivel de miedo entre las personas migrantes que la política del anterior gobierno conservador en Ruanda. Según el Independent, su directora, Natasha Tsangarides, dice que el plan tory “causó un daño inconmensurable a los supervivientes de la tortura, que vivían bajo el terror constante de ser enviados a un país que no conocían y donde corrían el riesgo de volver a ser perseguidos”. “Hoy, este anuncio inspirará niveles similares de temor entre quienes actualmente solicitan asilo en el Reino Unido”, agrega.

El jefe del Gobierno británico dio a conocer hace unos días nuevos planes para reducir la inmigración en Reino Unido, como un endurecimiento de los visados, después del revés sufrido por los laboristas en las recientes elecciones locales parciales celebradas en Inglaterra, en las que el partido de extrema derecha Reform, del líder Nigel Farage, fue el gran vencedor.

En Tirana, Starmer afirmó que el Reino Unido y Albania inician “el siguiente capítulo de la sólida relación entre nuestros países”. Esta visita brinda, dijo, la “oportunidad de ver de primera mano cómo nuestros dos países trabajan juntos en algunos de los mayores desafíos que afrontamos”, incluida la migración.

La vida de Yajaira en España ya estaba encaminada. No fue fácil alquilar una casa, encontrar un empleo estable y dejar de trabajar de manera irregular en el servicio doméstico. Ya veía lejos los días de ansiedad e incertidumbre después del asesinato de su marido en Honduras, la razón por la que asegura haber huido de su país junto a su familia, amenazada por negarse a ceder a la extorsión de las pandillas en su negocio familiar, según su relato.

Pero tras la aprobación del nuevo reglamento de extranjería, que complica la regularización de los solicitantes de protección internacional, Yajaira se ha visto empujada a renunciar a su proceso de asilo, por lo que ha perdido sus papeles y ha sido despedida de su empleo en una cafetería de Barcelona tras dos años de contrato. Si no lo hacía, se arriesgaba a ser penalizada y no tener otra opción que sobrevivir sin documentación durante al menos dos años. 

Como ella, decenas de solicitantes de asilo han caído en la irregularidad como consecuencia de los nuevos requisitos impuestos por la futura normativa en caso de que su petición de protección sea rechazada. El Gobierno anunció que este reglamento permitiría regularizar a más de 300.000 personas, pero la norma ha empezado a tener el efecto contrario para decenas de solicitantes de asilo. Desde la aprobación del texto, abogados de extranjería, ONG y expertos en migraciones comenzaron a advertirlo: la regulación, tal y como estaba redactada, iba a empujar a miles de demandantes de protección internacional a la clandestinidad. Su preocupación les llevó a presentar dos recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo. Cuatro meses después, han empezado a llegar parte de las consecuencias de las que alertaban.

Aunque no hay cifras oficiales, los casos de afectados por el nuevo reglamento se acumulan en los despachos de abogados y en las oficinas de las ONG que atienden a solicitantes de asilo, incluso antes del 20 de mayo, fecha en la que entra en vigor la normativa. La razón se encuentra en la penalización que sufrirán los demandantes de protección a partir de entonces si reciben una respuesta negativa a su petición, pues todo el tiempo que hayan vivido y trabajado en España mientras se estudia su caso no servirá para nada, no computará para demostrar su arraigo en el país, y tendrán que sobrevivir sin papeles durante al menos dos años hasta poder solicitar un permiso de residencia. 

Conscientes de las futuras trabas, el Ministerio de Inclusión incluyó en la norma una vía extraordinaria que permitiese a los afectados solicitar algún tipo de arraigo durante un tiempo limitado. Sin embargo, algunos de sus requisitos -haber recibido ya una denegación firme y estar seis meses en España de manera irregular justo antes de solicitar la nueva autorización-, excluyen a miles de demandantes de protección que aún esperan una respuesta a su petición ante los constantes retrasos del Ministerio de Interior. A su vez, en la práctica, el texto empuja a retirar el recurso a muchas personas que habían recurrido la denegación de su petición, lo que en la práctica les deja en situación irregular y provoca la pérdida de sus trabajos para cumplir con el requisito de estar sin papeles durante los seis meses anteriores. 

Ante las consecuencias que ya están afectando a este colectivo, el Gobierno está estudiando “vías dotadas de seguridad jurídica” para dar respuesta a personas que se encuentran en España “pero cuya solicitud de asilo ha sido denegada porque no cumplen con los requisitos de la Protección Internacional”, según confirman fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “En estos momentos los equipos técnicos se encuentran trabajando sobre las mismas”, añaden.

Yajaira: de un contrato a la economía sumergida

Mientras, solicitantes de protección como Yajaira no encuentran más solución que caer en la clandestinidad. La hondureña pidió asilo junto a sus dos hijos menores en abril de 2022. Tras la admisión a trámite de su solicitud, la mujer, que está siendo asistida jurídicamente por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) esperó la respuesta de Interior durante más de un año, pese a que la ley obliga a responder en seis meses. En ese tiempo, cursó varias formaciones, consiguió un empleo en una cafetería de Barcelona y escolarizó a sus hijos. En febrero de 2024, Interior denegó su solicitud, pero Yajaira recurrió la negativa ante la Audiencia Nacional, que le concedió las medidas cautelares para continuar como solicitante de asilo en España mientras estudiaba el detalle de su solicitud.

Tras la aprobación del nuevo reglamento y trasladar sus dudas a sus abogados de CEAR, Yajaira decidió retirar el recurso judicial, con lo que de facto ha desistido de su proceso de protección internacional y ha perdido su empleo de dos años de antigüedad. “Cuando me enteré de la nueva norma, no sabía qué hacer. Pero si seguía con el recurso y me volvían a rechazar la petición, aunque yo crea que deberían dármelo, no puedo acceder a ningún permiso por arraigo en dos años. Así que me ha tocado desistir del recurso. ¿Qué iba a hacer si no? No podía arriesgarme”, dice la hondureña. “Lastimosamente, ahora quedo desempleada. La ley me obliga a estar seis meses sin papeles, y sin poder obtener un empleo legal, para poder hacer el trámite. ¿Qué sentido tiene?”, se pregunta la mujer, que lleva más de un mes en situación irregular. 

Tuvo que dejar su empleo estable, pero durante ese mínimo de seis meses exigidos por la ley, tiene que pagar el alquiler y los gastos como cualquier ciudadano. ¿Cómo sobrevive? “Ahora intento buscar trabajos de limpieza por horas, sin contrato, claro”. Vive en una casa con sus hijos y otros familiares también involucrados en el negocio familiar y, actualmente, todos se encuentran en la misma situación. “Todos hemos tenido que desistir. No sé ni cómo logramos pagar el alquiler el mes pasado. Cada uno aporta lo que puede”, explica Yajaira. “Tenemos que ajustar todo mucho. Hay días que se puede comer como siempre y otras nos tenemos que ajustar”. 

Ella, en principio, podrá acogerse a la vía extraordinaria habilitada en el nuevo reglamento, por lo que en seis meses, podrá regularizarse de nuevo a través de alguno de los tipos de arraigo. Pero pasar seis meses en esas circunstancias no es fácil. Hasta los trámites más básicos se le complican: “Tengo miedo de que me cancelen la cuenta bancaria y, por eso, solo meto el dinero justo para pagar los recibos que sé que me van a ir enviando. Por si acaso me cierran la cuenta, no perderlo”, detalla. “Y tocará volver a buscar trabajo, ¿qué empresa te guarda un empleo seis meses?”. 

Su caso no es aislado. “Mucha gente está optando por renunciar al asilo, pese a que pierdan sus empleos y se queden sin papeles. Incluso casos que jurídicamente creemos que son viables, pero con recursos que les obligan a esperar meses o años hasta que nos den la razón, prefieren no arriesgarse”, denuncia Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. “Ha subido muchísimo el nivel de consultas, la gente está desesperada. Hay solicitantes de asilo que se ven obligados a renunciar y estar en una situación muy precaria y dejan de un empleo estable para, con suerte, pasar a la economía sumergida”, añade Diana Castillo, letrada de Red Acoge.

Los sindicatos UGT y CCOO también han mostrado su rechazo a la disposición transitoria quinta del reglamento en sus periódicas reuniones de la comisión tripartita de inmigración. Hace unas semanas, UGT exigió al Gobierno en un comunicado soluciones para las personas solicitantes de asilo que “puedan perder la habilitación para trabajar con el nuevo reglamento de extranjería”.

La espera de los jefes de Mario

No es habitual, pero Mario (nombre ficticio) sí ha conseguido que sus jefes se comprometan a conservar su puesto de trabajo durante los meses que tenga que permanecer sin papeles. Él también ha renunciado a su proceso de asilo y ha tenido que abandonar sus dos empleos, pero su caso es distinto al de Yajaira. Aunque el colombiano aún no había recibido ninguna respuesta de Interior, temía perder todo lo construido durante los más de tres años que lleva en España. Aunque cree que merece protección por la persecución que denuncia haber sufrido en Colombia como activista LGTBI, sabe que ese tipo de perfiles no siempre tiene garantizado el asilo en España. Menos aún siendo colombiano (una de las nacionalidades con más contestaciones negativas del Gobierno, pese al conflicto que aún viven algunas zonas del país). Y no quiere arriesgarse. 

“Ha sido muy fuerte. Me ha afectado mucho. He tenido que quedarme sin papeles y perder dos trabajos estables para poder conseguir la residencia”, lamenta el hombre. “Hace un mes me reuní con mis jefes y les dije que por cuestiones de documentación tenía que dejar el trabajo. También fue muy duro para ellos, les afectó mucho, pero obviamente no me podían tener ilegal. Pero han aceptado hacerme una nueva oferta de trabajo para pedir el permiso en base a la ley actual -uno de los requisitos para poder solicitar la autorización por arraigo-”. 

A Mario le queda esperar, mano sobre mano, la respuesta a su trámite de extranjería. “Tenía un poquito ahorrado, pero si se retrasa mucho y veo que se me acaba el dinero, tendré que buscar algo en negro”, se queja el solicitante de asilo. “Me da mucha rabia e impotencia estar así. Me ha afectado muchísimo emocionalmente y económicamente. Con la petición de asilo, tenía una esperanza de traer a mi familia, y ahora todo se detiene. Esos nervios y ansiedad de ver que podía perder todo me ha hecho renunciar al refugio”, reconoce el hombre. Aunque su caso tenía alguna opción de recibir la protección, al tratarse de un activista LGTBI, el riesgo de recibir una respuesta negativa era alto.

El Ministerio de Migraciones defiende la medida como un mecanismo evitar la utilización de la vía de asilo como un puente para conseguir la regularización, algo que es posible por culpa de los retrasos constantes de Interior en el estudio de las solicitudes.

“Se quiere dar respuesta a quienes realmente necesitan que la vía de la protección internacional sea rápida y eficaz, y que esté despejada para las personas cuya vida corre peligro”, indican fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz.

No obstante, no siempre los solicitantes de asilo con razones fundadas para huir de sus países encuentran una respuesta positiva de Interior, según ONG especializadas. Un ejemplo es el criterio generalizado del Gobierno en el estudio de las peticiones de los nacionales ciertos Estados latinoamericanos, como Colombia, Honduras o Perú, que pese a los importantes índices de violencia en ciertas regiones y presentar casos justificados de persecución, se suelen tomar con el rechazo de Interior.

El riesgo de Dylan

Ese es el miedo de Dylan (nombre ficticio), líder comunitario peruano que asegura haber sufrido extorsión, amenazas y un intento de asesinato en su país. Interior aún no le ha dado ninguna respuesta, pese a que lleva más de tres años en España, por lo que no puede acogerse a la normativa actual. Se queda en un limbo. Solo le queda esperar. 

“Después de establecerme aquí, de conseguir cubrir las necesidades de los niños, encontrar una vivienda, con todo lo que ha costado… Y vemos que, después de todo, el retraso en la respuesta de la solicitud y la nueva ley amenazan la estabilidad que hemos logrado”, se queja Dylan. “Si me niegan el asilo, ¿qué hago? Con el nuevo reglamento, tendría que esperar dos años sin poder trabajar para poder pedir la autorización por arraigo. ¿No es una locura? ¿Qué trabajo me va a esperar dos años?”. 

Emmanuel sí tenía la opción de encontrar una fórmula para renunciar al proceso de asilo, pese a no haber recibido una respuesta negativa, para acogerse a la actual Ley de Extranjería antes de que entrase en vigor el nuevo reglamento. Pero, tras dos años en España y una familia que sacar adelanto, no se podía permitir perder los papeles y estar meses sin trabajar. Como líder social en Colombia y participante de movimientos estudiantiles, las amenazas de muerte le empujaron a salir de su país. Su petición, dice, está muy argumentada con documentación que prueba la situación de la que huyó. Pero siempre queda la duda. 

Desde que tomó la decisión, sufre una gran ansiedad ante el temor de perder todo lo construido durante los últimos años. “Si me dan una negativa, no podría quedarme indocumentado durante dos años: ¿cómo trabajo y mantengo a mi hijo? Me quedaría en la intemperie. No tendría otra posibilidad que volver a Colombia, incorporarme a una guerrilla y luchar en la montaña contra el narco. Como líder social, opté por la paz, por protegerme, pero si no tengo nada más… solo me quedaría eso”, concluye roto en lágrimas.

Un grupo de 19 jóvenes venezolanos, dos de ellos menores de edad, han pedido asilo en dependencias de la Policía Nacional en Barcelona, según ha avanzado El País. Pertenecen todos a un mismo equipo de béisbol, el Team Guevara, y han viajado a España para participar en torneos europeos.

El grupo viajó a Madrid y de allí a Barcelona, donde el lunes pidieron asilo en comisaría “por una cuestión política”. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que entrevistarán a los jóvenes durante los próximos días para determinar los motivos de la petición de asilo y determinar si las circunstancias que sostienen son ciertas.

El equipo, que participa en la Liga senior latinoamericana Sub-23, se habría presentado en comisaría sin el entrenador, que sí les acompañó hasta España. A la espera de ver resuelto su caso, los jóvenes han sido derivados a Servicios Sociales, mientras que los dos menores de edad han están en manos de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), en tanto que menores de edad no acompañados.

La Justicia italiana rechazó este viernes la detención de los 43 inmigrantes en los centros construidos por Italia en Albania, impidiendo de nuevo al Gobierno liderado por Giorgia Meloni el funcionamiento de esta controvertida estrategia contra la inmigración irregular, a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

La Corte de Apelación de Roma no validó el arresto de estas personas (35 de nacionalidad bangladesí y 8 egipcia) cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas este jueves en Albania, donde se encontraban desde el pasado martes tras ser interceptadas en el Mediterráneo central.

Tras este fallo, los inmigrantes no podrán ser deportados y, como sucedió en las dos ocasiones anteriores, serán trasladados a Italia, lo que sucederá mañana mismo, según informan medios locales. 

Este era el tercer intento de Meloni de ejecutar su polémico “Plan Albania”, que pretende gestionar desde el país balcánico la eventual repatriación de inmigrantes sin derecho a asilo, en resumidas cuentas varones, mayores de edad y de países considerados seguros.

Las dos primeras veces, en octubre y noviembre, fracasaron porque la Justicia italiana no convalidó las detenciones argumentando que ni Egipto ni Bangladés eran seguros en su totalidad, amparándose en una sentencia de la Justicia europea que aseguraba que para ello un país debía serlo en todo su territorio.

Esto supuso el inicio de un pulso entre el Gobierno de Meloni —que ha incluido a Egipto y a Bangladés en su lista de países seguros— y la Justicia, que ha pedido ya la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europa. Se espera que su veredicto se haga público el próximo 25 de febrero.

Mientras se espera el parecer de la justicia comunitaria, lo que ha cambiado es que el pasado diciembre el Tribunal Supremo italiano determinó que la designación de países seguros corresponde a los Estados, un parecer aplaudido por el Gobierno.

En esta ocasión fueron enviados a Albania a bordo del buque militar 'Cassiopea' un total de 49 inmigrantes, pero seis tuvieron que ser devueltos a territorio italiano por ser menores o personas vulnerables, con derecho a solicitar el asilo internacional.

Las principales ONG que atienden a los migrantes en España ya habían alzado la voz en contra de varios de los cambios incluidos en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, pero ahora sus reclamaciones han llegado al Tribunal Supremo. Un total de ocho organizaciones han recurrido esta semana la norma ante la Justicia a través del registro de dos recursos parciales que pretenden impugnar algunos aspectos del texto aprobado por el Gobierno a finales de noviembre, al considerarlos contrarios a la legislación, como las mayores dificultades a las que se enfrentarán miles de solicitantes de asilo para regularizarse o los nuevos requisitos para reagrupar a familiares extranjeros de ciudadanos con nacionalidad española.

Las organizaciones que han presentado recursos ante el Supremo se dividen en dos grupos. Por un lado, cinco de las principales ONG que atienden a personas migrantes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Andalucía Acoge dieron esta semana el primer paso para registrar un recurso contencioso-administrativo con el que buscan modificar los artículos que obstaculizarán en la práctica la regularización de los solicitantes de asilo cuya petición sea denegada. 

Por otro lado, la alianza de otras tres asociaciones (Asociación Pro Derechos Humanos de España, Coordinadora de Barrios y la asociación de abogados especializados en inmigración Extranjeristas en red) han presentado un segundo recurso. Su objetivo es, además de tratar de anular los cambios que atañen a los solicitantes de asilo, denunciar la supuesta irregularidad de otros puntos de la norma, como puntos ligados a la regulación de los derechos de los menores y el nuevo régimen de extranjería de los familiares extranjeros de ciudadanos españoles. 

“La normativa establece una serie de mejoras importantes y fundamentales. Sin embargo, hay aspectos relevantes demandados por estas entidades a lo largo de todo el proceso que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás”, han recalcado en un comunicado conjunto CEAR, Cáritas, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes SJM y Andalucía Acoge. “Las organizaciones concertadas en este recurso esperamos que con ello se corrijan las contradicciones de un reglamento que nació bajo la promesa de ser un sustancial avance de derechos, pero que en su redacción final ha supuesto una tremenda decepción por los puntos señalados, y por otros de distinto calado cuya ilegalidad se hará valer en el recurso”, añaden.

“Esperamos que con ello se corrijan las contradicciones de un reglamento que nació bajo la promesa de ser un sustancial avance de derechos, pero que en su redacción final ha supuesto una tremenda decepción por los puntos señalados, y por otros de distinto calado cuya ilegalidad se hará valer en el recurso”, apuntan en otra nota las otras tres organizaciones, Extranjeristas en Red, APDHE y Coordinadora de Barrios. 

Aunque en este primer paso los recursos han sido tramitados de carácter general y las ONG irán concretando sus puntos específicos conforme avance el proceso, las asociaciones han detallado a elDiario.es algunos de los cambios que prevén denunciar ante los tribunales. Estos son los puntos clave que pretenderán impugnar:

La penalización a solicitantes de asilo

El punto más polémico, que buscarán anular las dos alianzas de organizaciones, tiene que ver con los requisitos impuestos a los solicitantes de asilo que intentan regularizarse tras la denegación de su petición de protección internacional. El tiempo de permanencia en España exigido para poder optar a la tarjeta de residencia por arraigo será a partir de ahora mucho más largo en la práctica para los demandantes de protección que para quien no pide asilo, pues no les computará el periodo que han pasado en el país mientras se estudia su solicitud. Es decir, si estas personas reciben una respuesta negativa a su petición, no servirá todo ese periodo de tiempo en el que muchos han logrado un empleo y han generado redes en la sociedad. Aunque toda esa espera sea responsabilidad de los retrasos acumulados por la Administración en el estudio de las peticiones.

Su contador se pondrá a cero y estarán empujados a sobrevivir dos años en la irregularidad antes de optar a una autorización de residencia. El conglomerado de cinco ONG considera que “hay suficientes fundamentos de derecho para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos”. Según la norma, el tiempo que un solicitante de asilo vive en España mientras espera la resolución de su petición, que de media supera los 15 meses, no es compatible con el tiempo de residencia irregular exigido para obtener un permiso por arraigo. 

“Si le deniegan el asilo, por ejemplo, a una solicitante de asilo que lleve dos años viviendo en España regularmente, trabajando cuidando a ancianos durante todo ese tiempo, no le valdrá de nada todo ese tiempo de vida y empleo en España y la obligarán a vivir dos años irregularmente para poder optar a regularizarse por arraigo, cuando el arraigo ya lo ha creado en esos dos años. ¿Qué frustración sentirá? ¿Qué sentido tiene esto?”, reflexiona José Luis Rodríguez Candela, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). Las asociaciones recurrentes advierten de que este cambio normativo “dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo” y “desincentiva el ejercicio del derecho al asilo”. 

Régimen de familiares de españoles

Otro de los puntos del reglamento cuestionados por estas tres asociaciones son los cambios relativos a los requisitos impuestos para que familiares extranjeros de ciudadanos con nacionalidad española puedan obtener un permiso de residencia en España. Se trata del régimen de extranjería que afecta a personas extranjeras que tras obtener la nacionalidad española intentan traer a sus hijos o padres. 

En el nuevo reglamento, la reagrupación de los familiares extranjeros de ciudadanos españoles se regula a través de un régimen específico que permite obtener un permiso de residencia a cónyuges y parejas de españoles (en un sentido más amplio), sus familiares ascendientes y sus hijos hasta los 26 años pero con un requisito clave. En principio, solo podrán solicitarlo desde sus países de origen. La opción de pedirlo en territorio español, como hasta ahora, se limitará a “casos excepcionales” que el texto normativo no concreta. 

El hecho de que se permita solicitarlo en origen puede beneficiar a algunas personas pero el hecho de limitar las peticiones desde España, según estas tres ONG, también perjudicará a otras muchas personas. Esta medida, sostienen, puede suponer una discriminación entre el régimen de los familiares de españoles y la norma que regula la residencia de los familiares de ciudadanos comunitarios. 

El letrado Rodríguez Candela lo ilustra con un ejemplo: “El hijo de un ciudadano francés que viva en la Costa del Sol va a poder obtener su tarjeta de residencia en España sin problema a través de la de su padre y su madre. Sin embargo, el hijo del español de origen latino no va a poder obtenerlo y se le va a obligar a pedir un visado concreto desde su país de origen”, explica el abogado de APDHE. “Hay una discriminación, no solo el hijo extranjero, sino con el ciudadano español, que tiene que hacer que su hijo viaje a su país de origen con los problemas que eso puede suponer”, añade. 

Según detalla, el nuevo reglamento aumenta las posibilidades de regularización de los hijos extranjeros de españoles entre 21 y 26 años, pero empeora el del resto en comparación con los hijos extranjeros de ciudadanos comunitarios no nacionales. “Sobre la base de igualdad, no puedes tratar peor al familiar de un ciudadano español que al ciudadano francés”, critica. 

Otro de los puntos donde saldrían perjudicados los familiares de un español, añaden, es en el caso de los cónyuges. “Si un español se casa con una persona marroquí, el cónyuge tendrá que tramitar su residencia en España desde Marruecos. Pero si un alemán que vive en España se casa con un nacional marroquí, este sí podrá tramitarlo suelo español”, asegura su análisis de la medida. 

Los menores y el “silencio negativo”

APDHE, Extranjeristas en Red y Coordinadora de Barrios también prevén recurrir la regulación de los derechos de los menores extranjeros no acompañados por haber sido “excluida del régimen de acto presunto positivo”. Es decir, en base al nuevo reglamento, si un menor pide su permiso de residencia y la Administración no contesta en el tiempo estipulado se entiende que es una denegación, en vez de una respuesta positiva como ocurría hasta ahora.

“La restricción de derechos a los solicitantes de asilo, cuyo tiempo de espera – responsabilidad de la Administración – queda excluido del cómputo del tiempo de arraigo, como si fuera posible eliminarlo sin más o que no fuera un hecho cierto que ese tiempo contribuye a su arraigo social, es algo que no puede ser admitido desde la más elemental lógica jurídica”, zanjan el grupo formado por tres asociaciones. 

“El silencio negativo en este caso contraviene la ley. Esto supondría que si un niño presenta su permiso de residencia y no contesta la Administración en el plazo de un mes, se le entiende desestimado”, cuestiona la letrada de Coordinadora de Barrio, Patricia Fernández Vicens. Puede suponer un gran problema en una ciudad colapsada, como Gran Canaria, donde la oficina de extranjería vive una situación de mucho colapso con el tema de los niños y niñas no acompañados. Y si no le contestan nunca esos niños no tiene forma de ejercer esos derechos“, concluye la abogada experta en extranjería.