El informe que la policía ha enviado a la Audiencia Nacional y al que hemos podido acceder en elDiario.es apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes. Hacemos una reconstrucción, también, desde lo humano. Con los testimonios que nos trae la periodista Gabriela Sánchez, enviada especial de elDiario.es a Ceuta.

Más allá de que sea Marruecos o no, a lo que le seguiremos dando vueltas, al final hablamos de personas utilizadas como armas arrojadizas. Personas, cada una con su historia y sus derechos… aunque a mucha gente se les olvide estos días. ¿Qué debe hacer el Estado en esa situación? Lo abordamos con Violeta Assiego, abogada especializada en infancias y en género y que ha sido directora general de Infancia.

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Después de la crisis diplomática con el Gobierno de Pedro Sánchez, la primera ministra Giorgia Meloni intenta evitar que se abra un nuevo frente con el Ejecutivo del canciller Friedrich Merz, considerado un aliado en Europa, que ha anunciado su intención de empezar a devolver a Italia los migrantes que hayan llegado a Alemania después de haber entrado a la Unión Europea a través de las fronteras italianas.

El periódico italiano La Repubblica desveló el domingo que Alemania tiene intención de enviar a Italia y a Grecia los migrantes que hayan llegado primero a sendos países y no tramitar sus solicitudes de asilo, según el portavoz del Ministerio de Interior alemán, quien declaró que esos regresos tienen que empezar a efectuarse de inmediato. El Gobierno alemán se basa en el nuevo pacto migratorio europeo, que entró en vigor el pasado 12 de junio y endureció considerablemente la acogida de migrantes en la Unión Europea, pero que aún no se aplica en su totalidad.

Otros medios italianos han recogido el anuncio de Berlín, así como la negativa del Gobierno de Meloni de aceptar el regreso de los migrantes hasta que se ponga en marcha el mecanismo llamado de “solidaridad” europea, esto es, el pago por cada migrante rechazado y enviado de vuelta a Italia o al país de entrada.

Según un informe de la Comisión Europea del mes de julio, desde la entrada en vigor del pacto migratorio, ocho países han pedido a Italia que reciba de vuelta a 12 migrantes que llegaron a la UE a través de sus fronteras, pero Italia ha rechazado las solicitudes. La Comisión señalaba en ese documento que un Estado miembro no puede rechazarlo, sino que tiene que proponer una fecha alternativa para recibir a los migrantes, de acuerdo con el nuevo pacto migratorio.

Italia considera que sólo tiene que recibir de vuelta a los que han llegado después de la entrada en vigor del pacto, el 12 de junio. Por ello, el Ministerio de Interior de Roma afirmó el domingo que “todavía es prematuro pensar que haya personas que llegaron a Italia después del 12 de junio de 2026 y que actualmente se encuentren en otros países”, incluida Alemania.

“Ha transcurrido muy poco tiempo para poder confirmarlo. Además, en el caso de los inmigrantes irregulares que lleguen después de esa fecha, Italia argumentará que debe proporcionarse una compensación que tenga en cuenta a los migrantes que desembarcaron en nuestro territorio nacional en embarcaciones de ONG con bandera de países europeos. Muchas de ellas son alemanas”, aseguró Interior en un comunicado, haciendo referencia al pago de una compensación por parte de los países que rechacen a los migrantes.

Fuentes del Ministerio de Interior dijeron a La Repubblica que Italia no va a tener en cuenta a los migrantes llegados a la UE antes del 12 de junio, algo que aceptaría también el Gobierno alemán que, sin embargo, tiene prisa por reactivar los regresos de los migrantes a Italia lo antes posible –algo que Italia no ha aplicado desde 2022–.

Según la agencia de noticias ANSA, la primera persona que Alemania tiene previsto devolver a Italia, tan pronto como el 19 de agosto, es una joven somalí. Abdirisaq Warsame, de 22 años, llegó a Alemania el pasado marzo y se encuentra en un centro de acogida en la localidad de Niederwerrn, en Baviera. El 25 de junio recibió una carta de las autoridades alemanas, en la que le comunicaron que el 19 de agosto “la policía la recogerá” y “será trasladada a Italia”.

ANSA destacó que la joven huyó de Somalia para que su padre no la obligara a casarse, pero Alemania ha considerado que no reúne los requisitos para solicitar asilo en este país y que su caso es “competencia de Italia”.

Cada día, cerca de nueve aviones despegan de El Dorado de Bogotá rumbo a Madrid. En los mostradores, las filas suelen ser interminables: un hervidero de abrazos, niños que corren y amigos que estiran el tiempo para retrasar el adiós. Cambian los rostros y las edades, pero el equipaje es similar. En el volumen de las maletas se adivina quién viaja por unos días y quién, tal vez, cierra un ciclo.

Durante 2025, el registro de salidas hacia España alcanzó la cifra récord de 812.473 viajeros colombianos, consolidándose como el segundo destino más frecuente por detrás de Estados Unidos. Este tránsito, que sitúa a la península en el epicentro migratorio del país, es el rastro visible de un flujo constante que hoy explica, en parte, por qué esta comunidad encabeza el número de peticiones de regularización ante el Gobierno de Pedro Sánchez, con casi el 26% de las solicitudes.

Esta hilera de historias humanas, sin embargo, esconde una paradoja. No siempre fue así. El punto de ruptura llegó con la postpandemia de COVID: ante el vacío económico interno y un Washington que cerraba sus puertas, España se convirtió en la salida de emergencia. En 2022, el saldo entre los colombianos que partían y quienes regresaban alcanzó un récord histórico de casi medio millón de personas. Tres años después, en 2025, esas salidas netas se redujeron con fuerza hasta las 136.000. Todo indica que la intensidad del éxodo general ha comenzado a ceder.

Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana, lleva años rastreando esos datos. Su diagnóstico apunta a una diferencia geográfica y legal: mientras que en Norteamérica la exigencia de visado y el blindaje fronterizo de Donald Trump transforman cada intento en una apuesta de alto riesgo, el pasaporte colombiano permite ingresar a la Unión Europea sin visado durante 90 días. Se trata de una ventana de entrada que termina siendo la antesala para echar raíces. “Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia”, resume el analista y académico. Esa distinción desarma la paradoja de las cifras: aunque el éxodo general disminuye, quien elige el territorio español para buscarse la vida tiende a quedarse.

Las estadísticas aeroportuarias, además, tienen más de un punto ciego: registran el punto de partida de los viajeros, pero no de dónde vienen ni por qué. Ese es el territorio de Luis Carlos Rodríguez, coordinador del Área de Migraciones Forzadas y Refugio de CODHES, una organización que lleva décadas documentando el desplazamiento forzado en Colombia. Él sostiene que en la misma fila conviven dos países que casi no se cruzan. El primero, mayoritario, brota de las ciudades y del centro andino: gente quizás acorralada por las deudas, la informalidad laboral o la falta de futuro. El segundo, más silencioso, huye de zonas como el suroccidente —del departamento Cauca, del Valle, de la costa del Pacífico—, de comunidades expulsadas por la precariedad y la violencia.

“El cuidado es el principal imán”

Rodríguez conoce, a grandes rasgos, la bitácora del viaje. Sabe que pocos cruzan el Atlántico en un solo impulso. El destierro suele empezar cerca: un pueblo vecino, una capital ajena, una frontera inmediata como Ecuador, Panamá o Perú. Allí intentan rearmar los pedazos de una vida rota, pero la tregua suele ser corta. “Muchas veces llega hasta allá el actor violento que los persigue y entonces buscan huir aún más lejos”, dice. España aparece al final del laberinto. Y en todo este trasegar son frecuentes las historias de líderes sociales, defensores del medio ambiente o de los derechos de las minorías. “Los que no terminan asesinados terminan teniendo que salir”, concluye.

La travesía, además, tiene rostro de mujer: más de la mitad de los colombianos que se instalaron en España durante la gran ola de 2023 pertenecen al género femenino. A las más jóvenes se suman mayores de 50 años, madres y abuelas que cruzaron el océano para encontrarse con los suyos. Casi todas desembarcan en el mismo puerto laboral. “El cuidado es el principal imán para esta migración”, explica Restrepo. Su labor es sostener los hogares, atender a los niños o acompañar a los ancianos de una sociedad que envejece a ritmo acelerado.

Rodríguez le da una vuelta a esta lectura. Lo que para Europa es un alivio, afirma, para Colombia es un vaciamiento poblacional. “España cubre con ellas un capital humano que su propia demografía ya no puede renovar”, advierte. La otra cara de la moneda se queda en el lugar de origen: hijos que crecen a través de la pantalla del móvil, padres que envejecen en la distancia y remesas que sostienen hogares incompletos en un país que exporta afecto y cuidado.

Más repliegue

El Parlamento Europeo incluyó a Colombia en su lista oficial de países de origen seguro, pero la propia Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) describe un escenario opuesto: un país con un conflicto armado interno que no da tregua, con guerrillas y bandas criminales que se disputan territorios mediante la extorsión y el desplazamiento forzado.

El objetivo de estos cambios es permitir que las peticiones de protección internacional se examinen en un procedimiento acelerado. Pero, ya antes de este movimiento de la UE, los colombianos solían ser la nacionalidad a la que más se les negaba el asilo en España: la tasa de denegación para solicitantes de este país ronda el 85%, convirtiéndose en uno de los colectivos más afectados por el rechazo de expedientes, según CEAR.

Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia

Jorge Restrepo — Economista de la Universidad Javeriana

Muchos de los colombianos que se han acogido al proceso extraordinario para obtener los papeles habían pedido anteriormente protección internacional a su llegada a España al ser una vía rápida para lograr la residencia mientras se estudia la petición, sin embargo, la reforma del reglamento de extranjería del Gobierno de Pedro Sánchez añadió trabas a la regularización de quienes ven denegada su petición de refugio. De hecho, Colombia era una de las nacionalidades que más solicitaban protección internacional en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, las solicitudes se han desplomado drásticamente, con caídas de más del 60%, debido a la reforma del reglamento y el elevado número de rechazos.

La abogada Laura Pedraza, especialista en movilidad humana y migración, advierte de que la caída no significa que la gente haya dejado de partir, sino que el sistema los está empujando a la invisibilidad. Ante procesos de asilo cada vez más exigentes en materia probatoria, algunas personas desisten y optan por la vía ordinaria de extranjería para conseguir papeles rápido. Esto plantea, a su juicio, un riesgo real: quienes no logran acreditar formalmente su situación de riesgo pueden terminar accediendo a figuras migratorias que no reflejan plenamente su necesidad de protección internacional.

La experta enmarca este fenómeno en un repliegue político global, hacia legislaciones más restrictivas, que está desmontando, pieza a pieza, las garantías internacionales: devolver a quien huye para salvar su vida es, dice, tan injustificable como contraproducente. Es la misma certeza que Rodríguez resume sin atenuantes desde Bogotá: casi nadie abandona su país por capricho. Detrás de la mayoría de trámites, conviven o el exilio forzado por las armas o el viaje empujado por la asfixia económica. Realidades humanas que, ajenas a los decretos de Bruselas, volverán a llenar sin falta las filas de facturación del aeropuerto El Dorado.

En el mundo hay 117,5 millones de personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares, un 5% menos respecto al año anterior, según Naciones Unidas. Aunque cada vez hay más guerras, han aumentado la violencia y la crisis climática, por primera vez en una década se han registrado menos desplazados forzosos en el ámbito global. El motivo: cada vez es más difícil pedir protección internacional. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Canarias registró el pasado año casi 7.825 solicitudes de asilo en 2025 pese a las “políticas hostiles” de la UE. 

“Las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retorno forzoso” están obligando a millones de personas a permanecer en países donde sus vidas corren peligro. Según CEAR, el descenso de solicitudes de asilo no se debe a que haya menos necesidades de protección internacional, sino a las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas solicitantes de asilo y protección internacional.

Entre esas políticas hostiles, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el pasado 12 de junio y que pone en riesgo los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización llama la atención especialmente sobre la lista de países considerados seguros, ya que incluye algunos con graves déficits en Derechos Humanos, como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que prevé la detención prolongada y la expulsión a centros de deportación de terceros países. 

“España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, sostiene Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

“Más control, más deportaciones y menos protección”

España registró una reducción significativa de solicitudes de asilo (13,7%), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Pese a ello, Canarias experimenta un aumento del 2% para un total de 7.825 solicitudes, frente a las 7.667 del 2024. Según CEAR, este descenso se debe principalmente a “la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo”.  

España sólo ha reconocido el asilo al 11% de las personas que lo solicita. Lo que nos sitúa en la cola de Europa, sólo por delante de Croacia y Chipre, muy alejados de la media europea que está en el 34%, y que también ha registrado un considerable descenso en el último año. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias lo resume en una frase: “Hay más control, más deportaciones y menos protección”. 

Venezuela es el país del que proceden más solicitantes de asilo a España. En Canarias, las principales nacionalidades solicitantes de protección internacional han sido: Venezuela, Mali, Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú; manteniendo la tendencia de los últimos años. 

Menos llegadas a las costas canarias

Las políticas de externalización de fronteras provocaron también una reducción considerable de las llegadas a costas canarias, un 62% menos que el año anterior. En este contexto, CEAR vuelve a reclamar a España que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas humanas en las rutas migratorias.

La organización subraya que el 15% de todas las personas que llegaron a las costas españolas fueron niñas, niños y adolescentes sólos, familiares que les acompañen. La reforma Ley de Extranjería, que facilita la corresponsabilidad entre Comunidades Autónomas, y los autos del Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de quienes solicitan protección internacional han agilizado los traslados a la Península. En total, 581 niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares fueron derivados desde Canarias a otras autonomías en 2025. Estos datos han sido recogidos por CEAR en su informe anual, presentado en el día de hoy en el Cabildo de Gran Canaria.

Más discursos de odio, menos derechos

En su Informe Anual , CEAR ha denunciado que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, o en los países de tránsito u origen, sino que también ocurren en nuestro país. “Persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas”, asegura CEAR.  

Obstáculos especialmente acuciantes en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna o al empadronamiento. Para la organización la escalada del racismo y la xenofobia continúan “constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión”. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que erosiona la cohesión social. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

Nuevo Comité de personas refugiadas en Canarias

La exposición del Informe Anual de CEAR también ha servido para presentar el recién creado Comité de Personas Refugiadas (CPR) que ha impulsado la organización. Un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso, tanto dentro como fuera de la entidad. La presentación del Comité de personas refugiadas la realizaron Nicole Sirikari Pachka, natural del Congo y Edwin Abadía Arboleda, de origen colombiano, ambos miembros del CPR de Canarias. 

Como ocurre en Vitoria o antes en Donostia, en Pamplona también empieza a haber personas procedentes de Malí pernoctando en la calle. Llevan ya unas semanas. Su país está sumido en una grave crisis, España recomienda no viajar allí, pero quienes vienen huyendo del horror se encuentran con un tapón burocrático para ser reconocidos como refugiados.

A pesar de que el aula se encontraba a unos 25 grados, los doce alumnos a los que hoy Ana San Martín ha impartido su primera clase de castellano llevaban mínimo tres capas. “Por lo visto siempre tienen siempre frío”, cuenta la voluntaria, maestra jubilada. Y es normal, porque en Malí en ese mismo día hacía 40 grados, la temperatura media diurna del país durante la primavera. Bahamadou, Moussa o Kaká son algunos de sus alumnos, parte de la veintena inmigrantes malienses que desde hace dos meses viven a la intemperie en un extremo de un parque del centro de la capital de Navarra. Todo lo que tienen cabe debajo de un banco, que ese día, por primera vez desde abril, se quedó vacío.

“Les conocí hace dos meses porque pasé por la zona con el coche”, recuerda la vecina que los puso en contacto con el Punto de Información Para Personas Migradas (PIM-MIG). Los vio alrededor del banco, “con botellas, bebiendo agua y zumos y lavándose en la fuente”, describe. Tras “darles un donativo”, la mujer volvió a casa y pensó que “estarían sin comer”. Así que volvió y “con dos de ellos” fue a un supermercado y compró “comida para los otros 18”. “Pan, queso, latas de pescado, fruta... Me decían que gastaba mucho”, describe. La mujer, que no se conformó con esa acción puntual, una vez descargó la compra llamó al PIM-MIG para poner en contacto a los malienses con los servicios disponibles. “Imprimí un plano de Pamplona y, como pude, les dije a dónde debían ir y cuándo. Y con los vecinos [del barrio] hemos conseguido de nuestros hijos ropa, calzado, mantas y demás cosas”, explica.

“Igual ahora en Pamplona hay 200 personas en la calle, pero no se nota porque están más escondidos. Sin embargo, estos se han plantado en medio de la ciudad, en un sitio muy céntrico, y no son una nacionalidad típica”, explica Carmen Lacunza, miembro de PIM-MIG. A pesar de la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, “necesitan mantas y sacos de dormir”. Desde la asociación, también dan clases de castellano, actualmente el único lugar en donde apuntarse hasta septiembre y a las que los malienses han acudido en bloque.

“La mayoría son agricultores que, según han contado, se les obligaba a pelear y a luchar. Y ellos no querían”, traduce la profesora San Martín recuperando “el poco francés que estudió de pequeña” y que hoy ha hecho de intérprete para este periódico. “Dicen que el Gobierno no puede hacer nada con las guerrillas, que combaten en todas las regiones”. Desde el golpe de Estado de 2021, Mali está gobernado por una junta militar y la violencia continúa marcando el país. La expansión de grupos yihadistas y la persistencia de la rebelión tuareg, origen de una crisis que se remonta a 2012, han agravado la inseguridad y los enfrentamientos armados en amplias zonas del territorio. Los malienses asentados en el parque frente a la Casa Misericordia llegaron a España por separado entre noviembre y marzo, muchos de ellos en patera desde las costas de Argelia tras haber atravesado a pie el desierto del Sáhara. Ahora, esperan poder tramitar sus peticiones de asilo, que ya en 2024 se dispararon un 700% en los ciudadanos malienses en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Según cuentan, “en África solo se habla de España, no se piensa en ningún otro [país al que emigrar]”. A pesar de la dificultad que supone no conocer el idioma, todos asienten cuando uno de ellos afirma que “todo es más fácil aquí” que en Francia. “Aquí no tengo miedo a ir al hospital o hablar con la Policía y con la gente, en Francia sí”, cuenta uno de ellos, que tiene esperanza en poder regularizarse para “trabajar y traer a su mujer y a sus hijos”. “Aquí el Gobierno es mucho más fácil todo”, afirma otro, a pesar de dormir a ras de suelo con sacos de dormir, no tener dinero para comer y ser alguno de sus compatriotas analfabetos. “La mayoría son gente [culturalmente] inocente”, comenta Lacunza sobre las expectativas de los malienses. La “obsesión” que tenían al llegar a Pamplona era encontrar un lugar en donde poder dormir, pero “todo está desbordado”, explica la miembro de PIM-MIG.

PIM- MIG, Punto de Información para Personas Migradas, fue “creado por activistas” y voluntarios que “defienden a las personas migrantes en la lucha por sus derechos”. Muchos de ellos eran parte de Iruñea Ciudad de Acogida, una iniciativa ciudadana que buscaba “movilizar la solidaridad” hacia aquellas “personas que sufren violencias” de conflictos armados, hambrunas y falta de recursos. Sin embargo, no eran conscientes de lo que “ocurría en el kilómetro cero” porque el impacto no iba más allá de “hacer concentraciones e imanes”, explica Lacunza, miembro del punto de información desde su creación. Todo cambio cuando “desde Andalucía mandaron para acoger a un joven menor”, el primero de Navarra. “Fuimos a buscarle dos compañeros y yo y no sabíamos qué hacer con él. No sabíamos a dónde mandarle ni a qué ventanilla ir, que luego ni siquiera las había. Entonces dijimos que hacía falta crear esa ventanilla y montamos el punto de información para explicar qué recursos había [para las personas migrantes recién llegadas]”, como la gestión del padrón, el acceso a la Sanidad pública, clases de castellano o la petición de arraigo y asilo .

“En el momento en el que empezamos a acompañar [a esas personas a las instituciones y servicios] empezó a venir muchísima gente”, la mayoría de ellos marroquíes y argelinos “porque son los que tienen más dificultad de llegar a ninguna parte”. A pesar de que se han impulsado desde las instituciones programas de acogida y algunas ONG también pueden darles cierto soporte, desde PIM-MIG denuncian que “queda mucha gente por atender” y que “hay muchas dificultades” para completar los trámites necesarios. Un problema que “no solo se da en Pamplona”, sino en “todo extranjería de todo el Estado [español]”. “Está todo petado”, tanto los lugares de acogida como puntos de información y comedores.

“También enseñamos castellano a muchos magrebíes, un ucraniano, hace poco ha llegado un ruso y otro día me llamaron para apuntar a un nigeriano”. Al igual que Apoyo Mutuo, asociación que, además de guiar a los migrantes durante su proceso de regularización, atiende a personas sin hogar y proporcionan recursos básicos como alimentos y ropa, los integrantes de PIM-MIG reparten a los inmigrantes sin techo materiales para poder pasar la noche lo mejor posible o les indican donde están los comedores, organizando ellos mismos un comedor un día. “Teníamos muy claro desde el principio que queremos dar a todos”.

“Hoy lo que me han pedido es que les imprima vocabulario y apuntes para poder estudiar mientras están en la Vuelta del Castillo”, cuenta San Martín de sus nuevos alumnos, que a pesar de jubilarse no se ha despegado de su vocación. Allí, donde la vecina que los ayudó por primera vez, intentarán avanzar en el camino de querer “ser españoles”. “¿Que cómo son?”, repite la mujer, “educados, limpios (tanto ellos como con los residuos de la comida), amables, agradecidos, simpáticos. No son pesados, siempre les parece bien todo lo que se les hace”. Una imagen que, según explica Lacunza, contrasta mucho con la impresión de otras personas personas que se cruzan con ellos. “He oido decir que como vienen de Malí, y hay una guerra, estarán acostumbrados a asesinar. Ese es también problema nivel social”, lamenta.

A Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y su hijo Adrian, de 11 meses, les quedan apenas unos días con un techo bajo el que refugiarse. Esta familia afgana, a la que el Gobierno concedió asilo político en febrero de 2025 por huir del régimen talibán, deberá abandonar el próximo miércoles la vivienda en la que reside después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les comunicara el fin de su programa de acogida.

“No sabemos dónde iremos”, resume Marjan, de 28 años. “Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros”.

La pareja huyó de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder porque tanto el padre como el hermano de Marjan habían colaborado con el Ejército español, un vínculo que acabó siendo determinante para la concesión del asilo.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. La cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

Desde su llegada a España, la familia pasó primero por un centro de acogida gestionado por una ONG y después fue trasladada a Barcelona. Allí viven desde hace meses en un piso compartido del barrio de Sant Andreu, gestionado por la entidad Moviment per la Pau (MPDL), junto a otras ocho personas.

Hace unas semanas, sin embargo, recibieron la notificación definitiva: habían agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida y no se contemplaba una prórroga, pese a su situación de vulnerabilidad. 

Ali sufre artrosis y una hernia discal; Marjan apenas ha podido aprender español mientras cuidaba de su hijo. “No tenemos dinero, ni familia, ni ningún sitio al que ir”, lamenta ella.

Desde la entidad que les ha proporcionado alojamiento en virtud de un convenio con el Ministerio, les han comunicado que no pueden prorrogar su estancia y que deben atenderse a lo que les diga la Administración. 

Este periódico contactó el viernes tanto con el Ministerio, que respondió que el proceso que se ha seguido con esta familia es el habitual. “Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro”, señala una fuente oficial.

“Atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva”, prosiguen desde el Ministerio, que también recuerdan que la organización que gestiona su vivienda coordinará los trámites para que la familia sea atendida por los Servicios Sociales de la capital catalana. Este periódico se puso en contacto con la entidad MPDL el viernes pero no obtuvo respuesta.

Un periplo a través de Irán

La vida de Marjan cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán tras la retirada internacional. “El país se convirtió en un lugar inseguro y hostil”, recuerda. “La situación se volvió extremadamente dura”.

Su familia había trabajado estrechamente con las tropas españolas en Herat, ciudad situada en el oeste afgano. Su padre había sido empleado de la armada y su hermano trabajó como traductor. Con el regreso de los talibanes, esos vínculos equivalían a una condena.

“Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro”, relata.

Parte de su familia logró escapar desde el aeropuerto de Kabul durante los días caóticos de la evacuación internacional. Ellos, sin embargo, no consiguieron salir y terminaron huyendo por tierra hacia Irán.

“Huir no fue una elección; fue la única forma de sobrevivir”, dice Marjan. “Desde entonces solo hemos intentado reconstruir nuestra vida lejos del peligro”.

Fue en Irán donde recibió finalmente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a España y acceder al sistema de protección internacional. Desde entonces, el Ministerio de Inclusión les ha proporcionado alojamiento temporal hasta que han agotado todos los plazos.

Todos los intentos para ampliar su estancia han fracasado hasta ahora. El abogado que les asiste ha presentado un recurso contra la resolución administrativa que ordena su salida de la vivienda y ha solicitado medidas cautelares para evitar que la familia quede en la calle mientras se resuelve el procedimiento. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

Un ciudadano estadounidense de 34 años ha intentado solicitar asilo político en Mallorca al alegar que tiene miedo a las políticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El solicitante acudió este miércoles a las dependencias de la Guardia Civil en Felanitx para explicar su situación y tramitar la solicitud de asilo porque, como alegó, no comparte las medidas implementadas por Trump en su país, según ha avanzado el diario 'Última Hora' y han confirmado a EFE desde el cuerpo.

Los agentes le indicaron que el cuartel no era el lugar al que debía acudir para este tipo de trámites ya que no era el órgano competente, si bien el hombre continuó con que quería que constara que pedía el asilo político.

Documentación y fotocopias

Ante la insistencia del solicitante, los guardias civiles recogieron sus datos personales, la documentación necesaria y realizaron las fotocopias oportunas para recoger su petición de asilo y trasladarla a la Policía Nacional.

La solicitud de asilo deberá ser evaluada por la administración competente, que determinará si concurren las circunstancias previstas en la legislación internacional y española para conceder a este ciudadano estadounidense la condición de protección internacional.

A través de los cristales de una oficina de Correos de Madrid se vislumbra una escena distinta a la habitual. Mientras varias personas esperan su turno con paquetes en sus manos, Valeria le pide a su abuela que entretenga a su bebé mientras entrega a una funcionaria fotocopias del pasaporte, billetes de avión y certificados de antecedentes penales. Otro empleado se acerca al asiento donde ya se acumulan varias familias de migrantes, la mayoría mujeres con niños pequeños, para comprobar que llevan todos los documentos requeridos antes de que les llegue su turno. Este lunes ha sido el primer día de atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria y las ventanillas habilitadas en Correos han arrancado esta nueva labor con algún que otro retraso, pero con normalidad, en distintos puntos del país. 

Valeria sale de la oficina dos horas después de la hora de su cita previa para registrar la petición de regularización para ella y su bebé, pero no le importa el retraso. Ella, de origen colombiano, vivía en Madrid de forma irregular desde hace dos años. Su niña, nacida en España, no llega al año y tampoco tiene el permiso de residencia. Pero ahora sujeta en sus manos el documento que confirma el envío de la solicitud que, si nada falla, les concederá la ansiada autorización. “Llevaba soñando varios días con esta cita. Literalmente. Hoy he soñado que estaba aquí plantada. Y he tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, dice entre risas, para describir su alivio tras zanjar el trámite que la perseguía desde hace tiempo.

La escena de alegría, que se entrelaza con la actividad rutinaria de Correos sin grandes filas ni colapso, contrasta con la frustración de los cientos de migrantes que un día más han esperado varias horas de colas frente a las oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Cartagena, para conseguir recopilar toda la documentación exigida. La situación de colapso también se ha repetido en las sedes de algunas de las ONG colaboradoras en el procedimiento de regularización. El principal escollo, el trámite que ha creado un cuello de botella en parte del procedimiento, es el llamado “informe de vulnerabilidad”, un requisito añadido en el último momento en el real decreto, que debe presentar un grupo concreto de personas sin papeles: aquellos que no tengan hijos a cargo o quienes no puedan justificar una vinculación laboral anterior o futura. 

Mientras cientos de personas aguardaban horas para conseguir este papel, después incluso de hacer noche frente a los espacios habilitados para validar los informes de vulnerabilidad, las oficinas de Correos y Seguridad Social de todas las provincias han comenzado a recibir este lunes con cita previa los primeros expedientes de migrantes y solicitantes de asilo que ya tenían todo preparado.

Algunas entidades que se dedican a acompañar a migrantes en este proceso consideran que, además del sistema de cita previa obligatoria que ordena el proceso, la tranquilidad que ha reinado en las oficinas de Correos también puede explicarse por el propio atasco en el sellado del nuevo informe: “Muchas de las personas que solicitaron la cita previa no se han llegado a presentar porque todavía no tenían el certificado de vulnerabilidad”, sostienen. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión asegura que la agilidad en los espacios habilitados para el registro presencial de la solicitud se debe únicamente a la activación de múltiples espacios para este fin y a la organización de las citas.

Como Valeria vive con una menor a cargo, no ha tenido que presentar el requisito que está entorpeciendo el procedimiento de los que sí. Con toda la documentación preparada, a ella el real decreto no le dio sorpresas de última hora y ha podido presentar por su cuenta la petición el primer día de atención presencial. Si todo va como espera, la ecuatoriana recibirá en 15 días la admisión a trámite de su solicitud. La mera admisión conllevará, además de la suspensión de cualquier posibilidad de retorno a su país, un permiso que ya la habilita para trabajar.

“Así solo puedo trabajar irregular, sin cotizar. Sin papeles, abusan más. Soy enfermera y ahora podré empezar a homologar mi título, que son dos años más”, celebra la mujer, de 26 años, ya pensando en el siguiente paso burocrático. A su lado, su abuela, asiente detrás del carrito de su bisnieta. Ella ya tuvo que pasar por lo mismo, aunque un proceso distinto y más sencillo entonces, casi tres décadas atrás, cuando llegó a España sin papeles. 

“Tardas más en enviar paquetes”

En Barcelona, tampoco se han registrado colas en prácticamente ninguna de las oficinas habilitadas de Correos ni Seguridad Social en las que se estaban dando citas previas para tramitar la regularización. “No he tenido que esperar nada de nada”, se ha sorprendido Karen. Tenía vez a las 8:30 y ha venido antes “por si acaso”. Pero no le ha hecho falta. El vestíbulo de la oficina acogía a muy poca gente. “Tardas más para enviar paquetes”, compara esta mujer ecuatoriana de 53 años.

Ella también tiene todos los documentos a mano, incluso el certificado de antecedentes penales, que había necesitado para un trámite anterior, así que ha podido realizar la solicitud sin complicaciones. Donde sí ha habido colas y rostros preocupados ha sido en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona, las encargadas de expedir los certificados de vulnerabilidad que, en algunos casos, son necesarios para regularizarse. 

Las oficinas de la Seguridad Social en Valencia atienden a una veintena de personas cada hora. La gente acude con los documentos ya cumplimentados, siguiendo la explicación de la web, comentan algunos empleados públicos. Es el caso de A. Mujica, un joven venezolano, de 23 años, que lleva siete meses en España. Es barbero y quiere iniciar su propio negocio en cuanto tenga los permisos para trabajar, por ello ha acudido con la declaración jurada que manifiesta su voluntad -que también exime de presentar el informe de vulnerabilidad“. ”Mi gestora me pidió la cita y gracias a Dios ha ido bien“, dice el hombre.

La Oficina de Extranjería de la Región de Murcia, ubicada en la pedanía murciana de El Puntal, es el punto clave para la gestión de trámites migratorios. Allí se encuentran María y Onofre [nombres ficticios], quienes viven en España desde hace cuatro y tres años, respectivamente. “No ha sido fácil”, reconoce Onofre, procedente de Guinea Ecuatorial. “Te ves limitado en casi todo, si quieres trabajar tiene que ser en negro. Pero no nos gusta, queremos cotizar”, añade María.

Ambos han llegado a una oficina prácticamente vacía, en contraste con las largas colas a las que están acostumbrados. Esta sede de Extranjería siempre está a rebosar, con colas que se extienden a lo largo de la jornada: “Hoy ha sido más ágil, se han abierto muchos puntos. Esto es una ayuda para todos, para los solicitantes y para el gobierno. Si hoy ha sido tan rápido, ¿por qué no se ha hecho antes?”, se plantea José [nombre ficticio], otro solicitante. Vino a España hace diez años desde Nicaragua, buscando una vida mejor: “He trabajado en el campo, en negro. Muy poca gente quiere trabajar allí y necesitan mucha mano de obra”, señala. “Debería haber más regularizaciones para que haya menos trabajo en negro”.

Roberto sale de una oficina de Correos de Sevilla tras casi media hora de espera: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”. Lleva desde enero atento a la regularización extraordinaria después de que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos. Un hito que cambió sus perspectivas, ya que, de repente, ha acortado el proceso de petición de asilo por razones humanitarias de casi dos años a apenas unos meses. El venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico. Al ser solcitante de asilo, no necesita el informe de vulnerabilidad que está trayendo por el camino de la amargura a quienes se lo exigen. Aterrizó en Sevilla tras intentar crear una nueva vida en Colombia y Santiago de Chile. La regularización le aportará, dice, una estabilidad en España que hasta ahora no había encontrado desde su salida de Venezuela.

Luisa sale un momento de la oficina de Correos de Madrid donde espera su turno para llamar a su madre y pedirle que recoja a la niña de la escuela infantil. La mujer peruana tenía cita previa, pero ha tenido que interrumpirla para imprimir un documento que le faltaba, por lo que teme que el proceso se retrase. “Me da miedo que al volver ya no puedan atenderme”, dice la mujer. Pero no fue así. Aunque el funcionario en un principio no sabía indicarle cuál era el papel que debía presentar, finalmente entre los dos lo averiguaron: “No son expertos en extranjería y, cuando intentaban ayudarme, se les veía un poco perdidos. Me han dicho ellos mismos que les han puesto a atendernos sin la formación suficiente”, se queja.

Después, el mismo empleado ha empezado a adelantarse a ese tipo de situaciones y comenzó a comprobar con antelación la documentación de las solicitantes que esperaban su turno, para que pudiesen aprovechar el tiempo en caso de que les faltase algún papel. “Se nota que es el primer día, pero los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y tienen muy buena actitud. Al ver que lo que ha pasado con mis papeles, han intentado remediarlo con el resto”, dice la peruana, quien acude a solicitar los papeles para su hija de dos años. Ella no ha podido optar a la regularización, dado que había pedido un permiso residencia por la vía habitual y debe esperar la respuesta de esa solicitud. “Tampoco tiene sentido que la vía telemática solo se pueda presentar con un certificado digital: si no tenemos papeles, la mayoría no podremos hacerlo”, añade.

Colapso por el informe de vulnerabilidad

En Barcelona, Mohammed, un pakistaní de 26 años, se ha levantado muy temprano para llegar antes de las 5:30 horas de la mañana a una OAC a por ese documento. Y ya había gente esperando. Cuando han abierto, le han dicho que no quedaban citas disponibles y que no habría ninguna hasta el lunes que viene. Este joven sabe que cumple todos los requisitos, pero está preocupado por no poder llegar a juntar todos los documentos a tiempo.

Lleva desde 2019 en España y, aunque llegó con un permiso de deportista como jugador de hockey, perdió los papeles cuando tuvo que dejar de jugar para conseguir un trabajo. Desde entonces, ha ido encadenando empleos en la construcción y en tiendas de amigos de familiares suyos, que son quienes también le realquilan una habitación. Ahora, les ha pedido que le hagan un contrato de alquiler. Si lo presenta, podría presentar su petición sin el informe de vulnerabilidad que ahora parece inalcanzable para muchos. “Aunque sea momentáneo, incluso yo pagaría los impuestos. Pero no quieren ayudarme”, se lamenta Mohamed.

En Cartagena, a pocos metros de la tranquila oficina de Correos, algo más de un centenar de personas aguardan su turno en la sede de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un funcionario municipal les recibe en la entrada para explicar las dudas de última hora sobre el proceso y para informar sobre el estado de la cola. “Hoy no cogemos más citas”, dice, mientras cuenta que este lunes se tramitarían más de 300 solicitudes para el informe.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes su “preocupación” por la situación de Canarias como frontera atlántica ante la inminente aplicación el próximo 12 de junio del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. “No esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea” ha dicho Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en la inauguración de la jornada que Casa África ha organizado titulada: Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades. 

“Corremos el riesgo de involucionar y dar un paso atrás en Derechos Humanos, y eso en Canarias lo queremos evitar”, ha asegurado el presidente canario en esta jornada que se celebra en Casa África, el mismo día que comienza la presentación se solicitudes presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. 

Este encuentro ha reunido a representantes institucionales, juristas y organizaciones especializadas para abordar, desde distintas perspectivas, cómo el nuevo Pacto Europeo afectará a la gestión migratoria, los derechos humanos y las dinámicas en las fronteras del archipiélago. 

El presidente canario ha criticado la “ausencia total de debate y coordinación previa a la aplicación de este pacto migratorio y de su reglamento”. También ha señalado que en los primeros días de la regularización “tampoco ha habido coordinación con las Comunidades Autónomas ni con los propios ayuntamientos” 

Al acto no ha asistido ningún representante del Gobierno de España ni de la Comisión Europea, aunque habían sido invitados expresamente para que en la mesa de debate “fuera plural, pero no ha sido posible”, aseguraba José María Rodríguez, moderador de la jornada y delegado de la Agencia EFE.   

La administración canaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las organizaciones no gubernamentales han tratado de prever en este foro cómo tendrán que coordinarse cuando entre en vigor la nueva normativa para ofrecer “una respuesta mucho más garantista en el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica” con la que tiene que atenderse a las personas migrantes y demandantes de asilo. 

Clavijo ha expresado las dudas que el Gobierno canario tiene sobre el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, y asegura que trasladará al Gobierno de España y a la Comisión Europea en un próximo viaje que realizará a Bruselas, según ha anunciado. 

La primera de ellas es si Canarias, como territorio fronterizo que es de la UE y destino al que llegan en pateras y cayucos que se lanzan a la ruta marítima más mortífera del mundo va a albergar “esos agujeros negros de los derechos humanos” que prevé este pacto, es decir, los centros de retención donde los migrantes pueden permanecer hasta seis meses, ya que ese es el plazo máximo de los triajes a los que deberán ser sometidos a su llegada.

“¿Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles, y de la Europa pobre que los tenemos que sostener?”, se preguntaba Clavijo en alusión a la posibilidad de que esta nueva normativa aumente la presión migratoria que seguirá soportando Canarias, dada la conflictividad política, la crisis climática y la hambruna que persiste en el Sahel y “la posibilidad de que la UE reduzca en su nuevo presupuesto, como ha hecho EEUU”, con los fondos que destina a la cooperación internacional.

Son incógnitas que “nos hubiera encantado debatir en la conferencia sectorial que lleva un año sin celebrarse”, aseguraba el presidente canario que cree oportuno debatir entre todas las comunidades autónomas, “independientemente de lo que sobrevuela desde el punto de vista de políticas xenófobas y fascistas de algunos grupos políticos”, ha manifestado Clavijo. 

“Europa se encuentra en un proceso de endurecimiento sin precedentes de su política migratoria y el nuevo reglamento de retorno es una norma que supone, sin duda alguna, un giro restrictivo en la aplicación del pacto migratorio europeo”, ha subrayado el director general de Casa África, José Segura.

“Agujero negro de derechos humanos”

Lo más “alarmante” de esta medida es, a su juicio, “la creación de los llamados 'hubs' de retorno o centros de deportación en terceros países”, lo que va a permitir “que personas que no tienen permiso para permanecer en suelo europeo, incluidas familias con menores, van a poder ser trasladadas a infraestructuras ubicadas en países con los que la UE ni siquiera tiene por qué tener vínculos de ninguna índole”, ha asegurado José Segura. 

Numerosas organizaciones del tercer sector definen a estos centros de deportaciones fuera de las fronteras europeas como “agujeros negros de derechos humanos”, donde es imposible supervisar y asegurar que se respetan las mínimas garantías para las personas retenidas, como ha explicado Segura.  

En la misma línea de Clavijo, el director general de Casa África, José Segura, ha coincidido en que el nuevo escenario determinado por las decisiones que se han tomado los últimos días en Bruselas y en Madrid “va a marcar el futuro de esta frontera atlántica y el de la gestión migratoria en toda la Unión Europea”.

Un modelo de externalización de fronteras que busca acelerar las expulsiones de migrantes, ante una tasa de retorno actual que apenas alcanza un 20% y que “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha criticado Segura. 

El pacto y la visita del Papa 

Tras agradecer a los asistentes a las jornadas y a todos los agentes públicos y ONG que intervienen en Canarias en la gestión del fenómeno migratorio y que “atienden de la manera más digna a los niños que llegan sólos”, Clavijo ha confirmado que la próxima visita a canarias del papa León XIV, sirva para “lanzar un mensaje de civismos, moralidad y respeto a los derechos humanos, como el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años en los que ha sido consciente de que son personas como los canarios que tuvimos que emigrar y que están buscando un futuro mejor”. 

Precisamente, la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea coincide con la visita del Papa prevista para los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife respectivamente. León XIV visitará el muelle de Arguineguín, en Mogán, para homenajear a los migrantes y a los equipos de rescate en este lugar, que es puerto de referencia para los rescates de migrantes en Gran Canaria. 

La primera de las mesas de debate ha tratado sobre el marco normativo del Pacto en la frontera atlántica, moderado por José María Rodríguez, Delegado de la Agencia EFE en Canarias, con la participación de José A. Ayuso Delgado, Comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas; Sonia Cristina Díaz Zapata, Coordinadora de Protección de Derechos de la Población Migrante de OXFAM; Mª Elena Muñoz Martínez, Coordinadora estatal del servicio jurídico, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Y la segunda mesa ha tratado sobre retos de derechos humanos en Canarias con la participación de Marta García Cienfuegos, de ACNUR España; Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, y Marie Trapet Llamas, Jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría una puerta: trabajar, dejar de depender de la familia de su hermana, poder viajar al campo de El Aaiun (Tinduf) para ver a su hija mayor. Pero este martes una noticia volvió a colocar su vida en pausa: el Gobierno había excluido finalmente a los solicitantes de apatridia de la medida. “Yo pensaba pedirla, pero los saharauis no pueden. Otra vez nos vuelven a castigar a los saharauis”, dice a elDiario.es desde Asturias, donde vive acogida por su hermana.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los saharauis que llevaban semanas siguiendo de cerca el desarrollo de la medida, como Ezza. Los solicitantes de apatridia sí figuraban en el último borrador de la norma pero el texto definitivo les ha dejado fuera en el último momento, pese a que quienes piden la apatridia suelen esperar durante años la respuesta del Gobierno, en una situación administrativa más incierta que los demandantes de protección internacional, según explica el abogado Sidi Talebbuia. Mucos saharauis perciben el giro de última hora como un nuevo golpe el Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo del Sáhara Occidental, después del cambio de posición de España con respecto a la causa, pese a la responsabilidad histórica del país en la antigua colonia española.

Razones que no se corresponden con la realidad de los saharauis

El Gobierno ha justificado la exclusión apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución, como es el caso de los solicitantes de apatridia. Según esta argumentación, incorporarles al mecanismo extraordinario podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la decisión asegurando que las personas apátridas no están en situación irregular. España es de los pocos países que tiene un estatuto específico que protege a las personas apátridas“, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, la titular de Migraciones parecía confundir las personas que ya cuentan con el estatuto de apatridia reconocido con los solicitantes. Del mismo modo que no es lo mismo ser solicitante de protección internacional (para los que sí está destinada la regularización) que refugiado (para los que no). Además, Saiz afirmó que la población saharaui está “protegida”, una afirmación falsa, dada la precariedad en la que se encuentran los solicitantes de apatridia saharauis, mucho más vulnerable en comparación con las garantías del sistema de asilo.

Distintos informes han documentado las dificultades específicas que enfrentan los solicitantes de apatridia en España durante la tramitación de sus expedientes. El Índice de Apatridia en España 2023, elaborado por la Red Europea sobre Apatridia con participación de entidades como la Fundación CEPAIM, advierte de que estas personas encuentran obstáculos para acceder a derechos básicos mientras esperan una resolución. El informe señala que la apatridia genera una situación de “anomalía legal” que se traduce en barreras para el acceso al empleo, la sanidad o las ayudas sociales, en un contexto en el que los procedimientos pueden prolongarse durante años sin que exista un marco de protección equiparable al de otros colectivos migrantes.

Para el abogado Sidi Talebbuia, saharaui y especialista en apatridia, la explicación carece de sentido práctico. “La ministra dice que los apátridas cuentan con un procedimiento propio, pero los solicitantes de asilo también, y además es mucho más garantista que el de los apátridas, así que no se sostiene”, zanja el letrado. Mientras los demandantes de protección internacional se les concede una serie de documentos que prueban su situación regular en el país y, tras seis meses, pueden trabajar, los saharauis carecen con estos derecos en España, sino que mientras aguardan la respuesta definitiva de su petición durante años, se quedan en una especie de “limbo jurídico”, detalla el jurista. “No tienen derecho al trabajo, ni se les documenta. Antes se notificaba en comisaría y se les daba una tarjeta verde, pero eso ya no se hace desde hace años”, explica.

Las afirmaciones de Saiz han sido respondidas por la diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi. “La ministra ha dicho que los saharauis estaban protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido?”, ha declarado.

La realidad de Ezza

El caso de Ezza evidencia el contexto aportado por Talebbuia. La mujer saharaui, de 31 años, llegó a España el 21 de julio de 2024. Tres meses después, el 17 de octubre, solicitó la apatridia. “Desde hace un año y siete meses estoy en trámite, pero aún no me han respondido. Y sigo así, sin documentos, sin poder trabajar, sin nada”, explica. En ese tiempo, apenas ha recibido noticias de su expediente. Era un requerimiento habitual: acudir a comisaría, acreditar su documentación y seguir avanzando en el procedimiento, explica. El proceso sigue sin resolverse. 

Agotada con la espera, Ezza quería acogerse a la regularización como una solución a su situación, pese a que supusiese renunciar a la apatridia, un estatus que, de concederse finalmente, le aportaría mayores derechos y un permiso de residencia permanente en España. “Pero esta espera es casi inviable. Por eso lo más importante para mí es tener unos papeles para trabajar y vivir con la hija tranquila, sacarla adelante y poder viajar para ver a mi otra hija”, explica la saharaui. “Nunca pensé que todo iba a tardar tanto. Dejé a mi hija con dos años y ahora tiene cuatro”, ejemplica la mujer. Su niña menor nació en España y ya cuenta con nacionalidad española.

El día a día de Ezza no encaja con la “protección” con la que dice la ministra que cuentan los saharauis como solicitantes de apatridia. Su vida cotidiana transcurre en condiciones indignas en Asturias. Vive en casa de su hermana, en un piso pequeño donde conviven ocho personas. “Es un apartamento de dos habitaciones. Vivo con mi hermana, su marido, sus cuatro hijos, yo y mi hija, describe la saharui. No está empadronada allí. Tampoco tiene ingresos. ”No tengo nada… ni ayuda, ni empadronamiento... lo tenía pero tenía que pagar alquiler y ahora no puedo. Y en casa de mi hermana no puedo empadronarme porque es familia numerosa, ya vive mucha gente y no es posible“, explica.

Ese limbo administrativo se prolonga durante largos periodos que van de los dos a los tres años. En ese tiempo, aunque su situación no es de irregularidad, tampoco pueden construir una vida normalizada. A diferencia del procedimiento de asilo, regulado con mayor detalle, el de apatridia se rige por un reglamento de 2001 que deja amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración. “Se les podría documentar, es potestativo, pero España dejó de hacerlo desde la pandemia. Mientas que la ley de asilo sí obliga a entregar esa documentación temporal”, subraya el abogado.

Talebbuia sospecha que la situación de los solicitantes de apatridia en España trasciende lo jurídico. La mayoría de ellos son saharauis, personas cuya documentación procede de la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado que España no reconoce. “Ahí hay un problema político evidente. No quiere enfadar a Marruecos”, sostiene.

Mientras Ezza describe su situación se escucha a su hija, también a su hermana y a su cuñado, además a otros niños de fondo en el pequeño piso donde viven todos juntos. Recuerda una paradoja: “Yo incluso debería tener la nacionalidad española porque mi padre la tenía por haber nacido en una provincia española (Sáhara Occidental), pero ¿por qué no nos tratan igual que a quienes vienen de otras excolonias españolas como los países de America Latina?”, critica la saharaui, como tantos otros, atrapada entre un procedimiento que no termina y una regularización que, cuando parecía abrirse, ha vuelto a cerrarse.

Era miércoles por la mañana y, como todos los días, Modou (nombre ficticio) se preparaba para ir al instituto. Llegó a El Hierro hace más de dos años y desde hace un tiempo cursa en Gran Canaria una FP básica de Jardinería, que espera que le pueda abrir puertas a un trabajo cuando cumpla los 18. Sin embargo, ese 19 de noviembre sus planes estuvieron a punto de torcerse. “Me llamaron para decirme que tenía que ir al Canarias 50 para después irme a la Península. Me puse a llorar como loco”, recuerda. Por miedo a salir de las islas en el marco de las reubicaciones ordenadas por el Supremo, optó por renunciar al asilo.

Como él, otros 120 jóvenes han abandonado los trámites para obtener la protección internacional, y así evitar el traslado a otra comunidad autónoma, según las cifras que maneja el Ejecutivo canario. “Tenemos que pensar que para un niño o una niña que ha sufrido persecución en su país de origen, renunciar al asilo significa renunciar a la protección global que brinda este reconocimiento”, explica la especialista en Infancia en Movimiento de Save the Children Jennifer Zuppiroli. 

Ibrahim*, un joven mauritano de 16 años, tampoco quiere irse de Canarias. “Llevo aquí dos años y quiero vivir aquí. No tengo ningún problema. Estudiamos bien, jugamos al fútbol, pero quieren separarnos, es un poco triste”, dice. Aunque hace un par de meses expresó que no quería marcharse y consiguió permanecer en su centro sin renunciar al asilo, hace dos semanas fue derivado al Canarias 50, el recurso donde son alojados de forma temporal los menores que entran en el sistema nacional de protección hasta ser reubicados en una plaza del Estado.

Un día antes del traslado, Ibrahim habló con esta redacción. “Mañana tendré que faltar a clase y hoy tampoco fui, porque tengo que recoger todas mis cosas y despedirme de mis amigos. Estoy triste. Conozco mucha gente aquí que es como mi familia”, dijo entonces. También Modou ha conseguido tejer en Gran Canaria en estos años una red de apoyo. “He recibido mucho cariño aquí, en el instituto, en los entrenamientos de fútbol, en todos lados. Hemos formado una familia y para mí ir a la península sería lo peor”, confiesa.

El Tribunal Supremo, a instancia del Gobierno canario, ordenó al Estado en marzo de 2025 hacerse cargo de cerca de un millar de menores refugiados que hasta ahora estaban siendo acogidos por la comunidad autónoma. El auto concluyó que el sistema estatal de acogida de menores que solicitan asilo no había sido puesto a disposición de los jóvenes de Canarias, a pesar de que tienen “pleno derecho a él”. El alto tribunal apuntaba además que esta medida permitiría corregir el hacinamiento de los recursos del Archipiélago.

El peligro de ser devuelto

Más allá del impacto emocional, renunciar al asilo tiene consecuencias en la seguridad de los niños y adolescentes. “Significa correr el riesgo de ser en algún momento devuelto a su país de origen por haber caído en una situación de irregularidad cuando alcance la mayoría de edad”, añade. Este es uno de los miedos de Modou, que aunque entró en 2023 al sistema de acogida de las islas como menor no acompañado, aún no cuenta ni con pasaporte ni con permiso de residencia, un trámite que debe asumir la comunidad autónoma. “Necesito una solución porque en ocho meses seré mayor de edad”, insiste. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coincide en que el futuro de quienes han renunciado al asilo se vuelve “más incierto” al cumplir los 18 años, salvo que “se disponga de una política pública para el acompañamiento en la transición a la vida adulta”, un servicio que, apuntan, tiene “carácter residual” en la actualidad. “En la red estatal de asilo la transición de la minoría de edad a la edad adulta podría mantener la acogida en el mismo sistema, aunque en recursos de acogida distintos”, explica la ONG. 

“La cuestión positiva del asilo es que asegura a una persona extranjera el derecho de estar de manera indefinida en España para no tener que correr el riesgo de ser devuelto al país, donde puede sufrir vulneraciones de derechos muy graves”, recalca Zuppiroli. 

Las más afectadas por este estado de vulnerabilidad son las niñas, que pueden haber solicitado asilo por sufrir persecución por motivos de género en su país o por haber sido víctimas de trata de seres humanos. “Renunciar a su protección internacional las dejaría desamparadas. Esa niña, ya como adulta, puede verse otra vez en el lugar de origen donde se originó la explotación”, resalta la experta de Save the Children. 

Plazas en Canarias

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reclama al Estado la apertura de más centros en las islas donde se pueda acoger a los menores refugiados porque las plazas creadas hasta ahora no son suficientes. Por su parte, fuentes del Ministerio de Migraciones insisten en que ya se han creado recursos en Canarias para que los menores solicitantes de asilo que tienen arraigo puedan quedarse y no tengan que interrumpir sus estudios ni su trabajo. 

Estas plazas, explican, también pueden ocuparse por jóvenes refugiados que estén a punto de cumplir la mayoría de edad y que pueden pasar después al sistema de asilo de adultos. 

Save the Children valora que es “insuficiente”. “Los niños lo que no quieren es dejar los centros en los que han estado viviendo, no tanto la isla. Si un niño ha estado en una comunidad específica, el hecho de que se le mantenga en la misma isla pero se le traslade a otro pueblo o a otra ciudad ya es, de por sí, un desarraigo”, explica Zuppiroli. 

Para evitar el desarraigo, la entidad especializada en la infancia migrante propone el despliegue de equipos multidisciplinares en los centros de acogida con los que prestar apoyo especializado en asilo, sin que eso implique abandonar el recurso. 

Desde CEAR piden que cualquier derivación al sistema estatal de asilo sea “extremadamente rigurosa”, desde una evaluación individualizada de cada caso concreto, escuchando la opinión del menor y valorando las alternativas que eviten rupturas traumáticas, para que el acceso al asilo no se viva como una amenaza de desarraigo.

España está “bajo presión migratoria” debido a “un número desproporcionado de llegadas tras las operaciones de búsqueda y rescate en el mar”, según el primer informe anual sobre la Gestión de la Migración, que el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, ha presentado este martes. De esta manera, España es elegible para acceder al Fondo de Solidaridad, que es la herramienta de la UE que permite a los países acceder a ayudas financieras o solicitar la reubicación de los solicitantes de asilo en otros Estados miembros. El Fondo de Solidaridad no es accesible hasta la aprobación del Pacto de Migración y Asilo, que se espera que entre en vigor en junio de 2026. En la misma posición de España, la de los países que necesitan más ayuda, están también Grecia, Chipre e Italia.

Ante un tema como la inmigración que ahora se ha convertido en un complejo debate político en todos los países europeos con la amenaza del ascenso de la ultraderecha, el comisario Brunner ha apuntado que “todos los Estados miembros están sintiendo la presión de la migración ilegal en diversas formas”, ante las posibles protestas de los países por la clasificación sobre la presión migratoria.

En el informe se constata “una mejora continua de la situación migratoria” con una disminución del 35% de la entrada de inmigración ilegal durante el período julio de 2024-junio de 2025. En el documento se apunta también como desafíos la presión continua de llegadas irregulares y movimientos no autorizados dentro de la UE, la acogida de refugiados de Ucrania, la utilización de la migración como arma por parte de Rusia y Bielorrusia y la cooperación en devoluciones y readmisiones.

Las proyecciones que recoge el documento para 2026 señalan una disminución adicional en las llegadas ilegales, en línea con la tendencia a la baja ya observada en la primera mitad de 2025. Según la Comisión, se esperan menos solicitudes de asilo por los acuerdos de la UE con los países de origen y tránsito, el aumento de las devoluciones, así como las actuaciones policiales contra las redes de contrabando de migrantes.

Brunner ha insistido en que “las tres tendencias principales que reflejan el informe son la presión de las llegadas de ilegales a lo largo de las rutas mediterráneas, el apoyo de los Estados miembros a Ucrania y sus ciudadanos de forma temporal y la amenaza de los sistemas de recepción sobrecargados o la utilización de la migración como arma”.

Otro grupo de países (Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia y Finlandia) están en riesgo de presión migratoria por el alto número de llegadas o la amenaza de la utilización de la migración como arma. Estos Estados miembros tendrán acceso prioritario a la Caja de Herramientas de Apoyo a la Migración de la UE.

Finalmente, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia se enfrentan a “una situación migratoria significativa” debido a las presiones de los últimos cinco años. Estos países tendrán la posibilidad de solicitar al Consejo que otorgue una deducción total o parcial de sus contribuciones al Fondo de Solidaridad para el próximo año.

Ante la decisión de Polonia o Hungría de no aceptar solicitantes de asilo de otros países, el comisario europeo ha recordado que “la solidaridad es flexible, no es obligatoria. Los Estados miembros también pueden elegir medidas alternativas a la reubicación. Polonia ha estado acogiendo a un gran número de beneficiarios de la protección temporal de Ucrania”. Brummer ha admitido que ni Polonia ni Hungría han presentado el plan de implementación migratorio.

Retraso en la publicación del informe

El informe se ha hecho público con un mes de retraso, cuando la Comisión tenía que haber presentado una evaluación sobre la presión migratoria por países y una propuesta sobre las cuotas de reparto para cada Estado miembro. Todavía se desconocen cuáles son las cuotas de reparto. Brunner ya dijo entonces tras la reunión con los ministros en Luxemburgo que no había posibilidad de que el pacto migratorio descarrile. Ahora bien, el comisarió admitió que el problema estaba en la propuesta de reparto de cuotas, donde había “detalles por discutir”, según informó Europa Press.

La falta de acuerdo respondía a los diferentes puntos de vista de dos bloques. Por un lado, el sur de Europa, países como España, Italia o Grecia por los que entran grandes contingentes de emigrantes, y que piden más solidaridad al resto de la UE y, por el otro, el norte europeo, que exige que los países del sur cumplan el Reglamento de Dublín (normativa de la Unión Europea que establece que el país de primera entrada en la UE es generalmente el responsable de esa solicitud de asilo).

Como alternativa se propuso que un fondo para que los países que no quieran asumir la cuota de acogida que les corresponda lo compensasen con dinero. Entonces, países como Bélgica, Finlandia o Países Bajos ya avisaron que no acogerían a los emigrantes reubicados desde otro país europeo y que aceptaban la vía del pago.

El problema de las citas para los trámites de extranjería en las comisarías españolas sigue enquistado tras su primera explosión en 2018. Todavía hoy pueden pasar meses o incluso más de un año para que quien lo necesita desesperadamente logre acceder a la Administración, lo que perjudica muy especialmente a las mujeres, según el informe Sin citas no hay derechos: refugiadas contra la discriminación administrativa, presentado esta semana en el Congreso de los Diputados por la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG).

“Cientos de miles de personas que están trabajando, que hacen España todos los días, están discriminadas. Tienen negado el derecho de acceso a la Administración, y así no se pueden ejercer derechos básicos como el trabajo, la vivienda, la atención sanitaria o la autonomía económica”, explica, Adilia de las Mercedes, abogada especializada en derechos humanos y derecho antidiscriminatorio, que dirige la AMG y es fundadora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos.

Las imágenes de multitudinarias colas en la comisaría madrileña de Aluche, hiciese frío o calor, las atajó el Ministerio de Interior transformando la espera física en virtual, pero sin solucionar el problema: disponer o no de cita marca la enorme diferencia entre estar condenado a la clandestinidad o poder buscar trabajo, alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria o dar de alta el suministro eléctrico, por ejemplo.

El mercado negro puso precio a un trámite que debería ser gratuito y de obligado cumplimiento para la Administración, pero que en la práctica es muy difícil: entre 50 y 600 euros por una cita. A día de hoy, pese a las reiteradas denuncias y con el triple de peticiones de asilo en España que en 2018 (más de 167.000 en 2024, frente a 55.000 en 2018), hay solicitantes que echan de menos aquellas terribles e inciertas esperas en Aluche, porque al menos entonces había una posibilidad pequeña, pero real de acceder al sistema, recuerda De las Mercedes.

Durante la pandemia trabajaba en una residencia de ancianos. En la zona de la UCI, totalmente expuesta al virus y con mucho miedo de contagiar a mis tres hijos en casa

María Caliego — refugiada

Esta discriminación de facto tiene, según la experta, efectos mucho más profundos cuando la persona solicitante es mujer —muchas veces una madre que busca protección para sus hijos, lo que no es tan habitual en el caso de los hombres—. El número de solicitantes de asilo y el porcentaje respecto no han dejado de aumentar en los últimos años.

Además de las causas comunes que las empujan a huir de sus países, también sufren tipos de persecución y violencia específicos por su sexo. Pero falta un “enfoque de género e interseccional” que hace muchas de sus solicitudes sean rechazadas, muchas veces por culpa de “estereotipos y prejuicios de género, étnico-raciales y nacionales, así como clasistas, edadistas y capacitistas”, añade el informe, que recoge ocho testimonios de mujeres refugiadas que se han topado con este obstáculo administrativo.

Un efecto directo del retraso: el hambre

“Durante la pandemia trabajaba en una residencia de ancianos. En la zona de la UCI, totalmente expuesta al virus y con mucho miedo de contagiar a mis tres hijos en casa”, recuerda María Caliego, una de las refugiadas que figura en el informe y contó su caso durante la presentación en el Congreso.

Guatemalteca de 57 años, Caliego es de ascendencia maya y fue víctima del genocidio que el ejército de Guatemala perpetró contra la población indígena durante el conflicto armado que asoló el país entre 1960 y 1996. Su padre sigue siendo uno de los desaparecidos, secuestrado y ejecutado por los militares. Su madre, Ana Calate, que falleció hace poco, fue la primera víctima que consiguió iniciar la búsqueda de los represaliados y exhumar fosas comunes en Guatemala.

La inseguridad por las pandillas y la preocupación por sus hijos la llevaron a buscar una salida.“Tenía miedo de que fueran reclutados por las maras o que pudieran ser secuestrados o asesinados. Por eso empecé la migración. Y ese proceso ha sido cuesta arriba”, lamenta. Su primera solicitud de protección en España fue rechazada, pero gracias al apoyo de la AMG, logró que se admitiera a trámite a la segunda.

Así pudo buscar y encontrar trabajo en una residencia de ancianos en, pero la lentitud administrativa la volvió a condenar, en pleno apogeo de la COVID-19. “Tenía que renovar el permiso, pero era imposible conseguir una cita [...] Me despidieron porque no podían contratarme en situación irregular. Después de acompañar a tantos abuelos que murieron, me quedé en la calle. No teníamos qué comer en casa”, rememora. “Si no podía pagar internet, cómo iba a conseguir una cita”, explica al elDiario.es.

Fueron meses de ansiedad que también afectaron a sus hijos. “Al racismo se añadía el clasismo. Mi hija sufría acoso en el colegio, se metían con su ropa, con la comida que llevaba. Todos lo pasamos muy mal”, comenta. Tras una largo y extenuante periodo, Caliego ya tiene DNI y trabaja para que también lo tengan sus hijos. “Lo que quiero dejar claro es que nosotros no queremos ayudas del Estado. Lo que queremos es poder trabajar, contribuir, para impuestos, pero no entiendo que tengamos tantas barreras”, denuncia.

“Tuve que buscar citas en el mercado de Telegram”

Nora Rugama, nicaragüense de 40 años, llegó a España en 2019 para estudiar. Cuando terminaba su formación, tenía que volver a una Nicaragua donde la persecución política a cualquier voz que el régimen de Daniel Ortega considerara crítica se había recrudecido. En ese clima, Rugama, psicóloga y defensora de víctimas de violencia sexual en la infancia mediante su organización, Aguas Bravas, tuvo miedo de volver. “La dictadura de Ortega y Murillo desde el inicio emprendió una política de represión contra las mujeres. Todavía hoy hay una política de castigo, de violencia directa, sexual, tortura, encarcelamiento político, exilio forzoso y cancelación de organizaciones como la mía, que fue cerrada oficialmente en 2024

Ella no tuvo dificultades para iniciar sus trámites, reconoce, porque los hizo cuando todavía se conseguían citas haciendo cola en Aluche. Pero a la hora de renovar la autorización, le fue imposible conseguir cita. Tuve que recurrir al mundo de Telegram para que no caducaran mis permisos“, apunta. Su crítica o ”aprendizaje“ es que ”el monopolio de las citas no puedo estar solo en manos de las mafias y de las grandes ONG“.

De la represión franquista al exilio cubano

“Mis bisabuelos eran republicanos, huyeron de España y llegaron a Cuba por los mismos motivos por los que yo he llegado aquí desde Cuba, la persecución política. No es fácil dejar tu país con 47 años, sola con una hija pequeña. Para mí era una especie de derrota tener que volver al lugar de donde mi familia fue expulsada. Y pienso que si mi familia hubiera sido recibida allí como me han recibido a mí aquí, su historia de exilio no habría sido tan feliz”. Marta María Ramírez es periodista y activista política y feminista, exiliada por el acoso del régimen castrista. También es solicitante de asilo en España, pero hace tiempo que sus permisos están caducados porque no consigue cita para renovarlos.

“Tengo el privilegio de haber encontrado a personas dentro de la Administración que han entendido que somos garantes de derecho. Pero el asilo político no es algo que se puede dejar a la suerte del funcionario que te toque”, denuncia. No puede depender de la suerte, lamenta, que se mantenga o pierda la cobertura sanitaria temporalmente cuando una hija con discapacidad necesita un tratamiento después de una operación complicada, por ejemplo. Pero además de la falta de citas para renovar sus permisos, Ramírez critica situaciones de riesgo derivadas de procesos administrativos que no valoran las dimensiones de cada caso.

“Para pedir una beca comedor para mi hija me piden documentación del padre, que está en Cuba. Yo no puedo reclamar esa documentación a un país donde corro peligro”, ilustra. “O no puede ser que pida una tarjeta de crédito en el banco y me la envíen a mi dirección de Cuba, sin saber qué efectos puede tener eso”, añade. “Lo peor es la incertidumbre con la que vives, y eso se lo trasladas a tu hija, que entiende que algo ocurre. Sobre todo si tu situación administrativa no te permite firmar un contrato de alquiler”, apostilla.

De las Mercedes lamenta que esta discriminación “se está produciendo con el llamado Gobierno más progresista del mundo” y hace un llamamiento para que el maltratado derecho de asilo sea defendido toda la sociedad. “Nadie tiene seguro, y menos en este contexto mundial, que no va a ser perseguido por su género, orientación sexual o su procedencia, que no va a tener que huir de una guerra. El panorama en España es crítico, ni siquiera sabemos si nosotros, los exiliados, nos vamos a tener que reexiliar. Por eso esta lucha es global”, advierte.

El Gobierno ha comenzado esta semana a trasladar a la península al millar de jóvenes solicitantes de asilo que están acogidos en Canarias, cuatro meses después de la orden del Tribunal Supremo. El Partido Popular ha utilizado la decisión judicial para atormentar al Ejecutivo en su habitual campaña de desprestigio, aunque los dirigentes autonómicos populares no se oponen a recibir a estos chicos en los centros estatales. Sí sigue maniobrando para boicotear el traslado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien la dirección del PP deja sola.

Los menores llegan además en un clima de tensión por el incremento de hostilidades hacia la inmigración que ha alentado la ultraderecha este verano. El PP y Vox llegaron a un acuerdo para prohibir el rezo musulmán en los espacios públicos de Jumilla, por ejemplo. El Gobierno de Pedro Sánchez trata de impedir que dicho veto se materialice.

El Gobierno comienza este lunes a trasladar a la península a los jóvenes solicitantes de asilo que están acogidos en Canarias, cuatro meses después de la orden del Tribunal Supremo. Lo hará con un pequeño grupo de ocho adolescentes que llegaron a las islas en cayuco. Llegan en un clima de tensión por el ataque la inmigración que está impulsando la extrema derecha este verano, y que se ha materializado en la 'caza de migrantes' de Torre Pacheco y la prohibición por parte de PP y Vox del rezo musulmán en los espacios públicos de Jumilla.

El Gobierno ha impugnado este acuerdo hoy. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, criticó este domingo incluso a la Iglesia por su rechazo al veto de la oración musulmana en la localidad murciana: “No sé si tiene que ver con los casos de pederastia”, dijo. Mientras, el PP ha asegurado que defiende la “libertad de culto” pero ha evitado criticar la moción antislámica de Jumilla.

Después de una década marcada por la llegada de refugiados sirios, la caída del régimen de Asad ha propiciado la bajada del número de solicitantes de asilo de este país que iban sobre todo rumbo a Alemania. Como consecuencia, España es ahora el principal destino para los solicitantes de asilo que llegan a la UE, según datos de la agencia europea para el asilo adelantados por el Financial Times.

Un nuevo informe de esta agencia indica que hay “un cambio significativo” en el perfil y el número de personas que buscan asilo en territorio europeo. Así, en mayo, el último mes con datos completos disponibles, la agencia de la UE registró 64.000 solicitudes de asilo en total, es decir casi un 25% menos que en el mismo periodo del año anterior. El principal motivo es “la caída brusca” de las peticiones de ciudadanos sirios, que han pasado de 16.000 solicitudes en octubre a sólo 3.100 en mayo. El régimen de Asad cayó en diciembre, y otro de los fenómenos que se han producido desde entonces es un progresivo regreso de ciudadanos sirios a su país de origen. Muchos vivían en Alemania.

Venezolanos en España

Ahora España lidera el número de solicitudes de refugiados dentro de la UE, con casi 12.800 en el mes de mayo, sobre todo por la llegada de ciudadanos venezolanos por “la aguda crisis económica y política del país”, según destaca la agencia. Otro de los factores que puede aumentar la llegada de venezolanos a Europa es que han perdido el estatus especial de protección que recibían hasta ahora en Estados Unidos por una decisión de la Administración Trump.

Sin embargo, el número total de solicitantes de asilo en España también ha bajado respecto a los datos de 2024.

Después de España, los países que más refugiados reciben son Italia, en particular de ciudadanos de Bangladesh y de Perú, y Francia, donde destacan en especial ciudadanos de Congo, Afganistán y Haití.

España concede protección internacional al 18,5% de las personas que lo solicitan, una tasa que ha mejorado desde 2023, cuando esta se situó en el 12,23%, pero que sigue siendo la más baja de toda la Unión Europea, donde la media de reconocimiento es del 46,6%.

Son datos referentes a 2024 del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

Por primera vez, España ocupa el segundo lugar en la lista de países que más solicitudes de protección internacional han recibido (167.366), solo por detrás de Alemania, al alcanzar su máximo histórico en número de peticiones tras años de crecimiento desde 2012, cuando recibió apenas 2.588 solicitudes.

La tasa de reconocimiento ha subido seis puntos respecto a 2023 como consecuencia de un aumento de la protección subsidiaria, menos garantista, sobre todo a personas de Mali, pero ha bajado el porcentaje de personas a las que se les reconoce el estatus de refugiado, del 8,3 al 6,6%.

Durante el 2024 se han resuelto 96.281 expedientes de protección internacional, un 4% más que en 2023 y la mayor cifra en la historia de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, lo que, a juicio de CEAR, refleja “un esfuerzo que no llega a repercutir de manera significativa”, ya que en 2024 se acumularon 242.056 solicitudes pendientes de resolver, un 26,6% más que el año anterior.

La Policía Nacional ha sancionado con 90 días de empleo y sueldo a un agente que exigió encuentros sexuales a varios jóvenes magrebíes, uno de ellos un menor tutelado, en hoteles de Ceuta y Canarias a cambio de ayudarles con sus peticiones de asilo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el castigo impuesto a este policía que llegó a ser investigado por la vía penal, pero nunca fue condenado, al entender que la investigación de Asuntos Internos reveló datos suficientes para probar que citó, al menos, a cuatro jóvenes en hoteles, exigiendo en algunos casos relaciones sexuales a cambio de ayudarles y acelerar sus peticiones de asilo en España.

El agente trabajaba en la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la división policial de Extranjería desde el verano de 2015 y fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria y Ceuta en agosto de 2021. Su misión: apoyar a sus compañeros en la tramitación de peticiones de asilo, concretamente haciendo las entrevistas a los migrantes que solicitaban esta protección tras cruzar la frontera. Unos pocos meses antes, Ceuta había sido testigo de una de las mayores crisis migratorias en la frontera sur, con la entrada de más de 12.000 personas y la devolución ilegal de decenas de menores a Marruecos.

Los agentes de Asuntos Internos empezaron a seguir a su compañero después de detectar actitudes sospechosas: cuando viajaba a Canarias o a Ceuta se alojaba en hoteles distintos al resto de policías nacionales y, en uno de los casos, siempre elegía una habitación con acceso directo a la escalera de salida del edificio. Los investigadores descubrieron que los chicos entraban a su habitación, estaban allí unos tres cuartos de hora y salían de allí con cosas que no habían traído, como ropa, refrescos o incluso dinero en efectivo.

El expediente sancionador y la sentencia que lo avala reflejan su modus operandi. “Aprovechaba” sus viajes para trabajar en Ceuta y en Canarias para “entablar un contacto inicial” con los chicos en la calle. Les decía que era agente de la Policía Nacional y se ofrecía para “prestarles ayuda” en “la tramitación de las solicitudes de asilo”. Posteriormente, los “citaba” en su hotel, donde tenían lugar los encuentros. Uno de estos chicos era menor de edad en el momento de los hechos.

“Ha quedado plenamente demostrado que el inculpado mantuvo citas en su habitación de hotel con cuatro jóvenes diferentes”, dijo la Policía y confirma ahora el Tribunal Superior de Madrid. El policía, además, “facilitaba la tramitación de la solicitud de asilo a aquellos jóvenes extranjeros con los que previamente había mantenido contacto”. Los datos fueron obtenidos por la investigación de Asuntos Internos que derivaron en una causa penal en la que, según fuentes del caso, no fue condenado. Su expediente disciplinario se reactivó en 2023, después de que quedara exonerado por los tribunales.

“Tenía miedo de que me quitara el asilo”

La sentencia recoge las declaraciones de varios de estos jóvenes, entre ellos el menor de edad con el que contactó. Era un menor tutelado por la Unidad Temporal de Realojo y explicó que, al llegar a la habitación de hotel del policía, vio que estaba en calzoncillos y con el pantalón “a la altura de las rodillas”. Ofreció que él y otro joven se quedaran a dormir con ellos, tocando la pierna de uno, pero lo rechazó.

Otro joven relató que el policía, que tenía su número de móvil, le llevó al hotel con el reclamo de que tenía “unas zapatillas” para él. Al llegar, el agente estaba “en calzoncillos terminándose de vestir en el baño”. También le ofreció quedarse a dormir, algo que rechazó. Otro relató cómo entabló contacto con él: le abordó por la calle para preguntarle si había solicitado asilo y dijo que si lo había pedido él “podía ayudarlo”. Lo siguiente fueron mensajes de WhatsApp pidiendo un encuentro sexual, el mismo día en que, con el uniforme puesto, le hizo la entrevista de la solicitud de asilo.

Uno de ellos relató que estuvo hasta cuatro veces en el hotel del policía. Le recibía en ropa interior y en la habitación mantenían “encuentros íntimos de naturaleza sexual”. Al acabar, el policía le daba diez euros y bolsas con ropa además de prometerle ayuda con los trámites de asilo. El chico explicó a Asuntos Internos que lo seguía haciendo por “miedo” a que el policía “me quitara el asilo”. El joven llegó a trasladarse a Madrid y siguió recibiendo mensajes del policía hasta que le bloqueó.

Los jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han rechazado los argumentos con los que el policía combatía su sanción de 90 días de suspensión: que no existían pruebas suficientes contra él y que el castigo, que ya ha cumplido y tras la cual ya se ha reincorporado a su trabajo, era desproporcionado. Las pruebas recabadas por Asuntos Internos acreditan, dice el TSJM, “suficientemente los hechos”.

También consideran proporcionada la sanción de 90 días de suspensión por una falta muy grave de “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. Sus encuentros con jóvenes y un menor pidiendo encuentros íntimos a cambio de facilitar sus solicitudes de asilo, explica el Tribunal Superior de Madrid, afectó al “principio de disciplina” con un comportamiento “contrario al deber profesional con omisión grave de aspectos fundamentales de la conducta disciplinada de los miembros del Cuerpo de Policía Nacional”. Esta sentencia todavía es recurrible ante el Supremo.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha rechazado que se pueda castigar por la vía penal la ayuda que un padre, una madre o un tutor legal puedan prestar a un menor de edad para llegar de forma irregular en territorio comunitario. Los jueces de Luxemburgo han sentado jurisprudencia sobre lo que a priori es el ejercicio obvio de la patria potestad en respuesta a un tribunal italiano que ha elevado el caso de una mujer que fue procesada por llegar al aeropuerto de Bolonia con pasaportes falsos para su hija y su sobrina (sobre la que tenía la custodia) huyendo de su expareja, y por lo que posteriormente solicitó asilo.

La mujer fue detenida y procesada por entrar en Italia de manera irregular en 2019. Dentro del procedimiento judicial, el tribunal italiano ha preguntado al TJUE si la asistencia prestada a su hija y a su sobrina para entrar en el país de manera irregular supone una infracción que pueda ser sancionada por la vía penal. La respuesta de los jueces de Luxemburgo es que no.

“El comportamiento de una persona que, infringiendo las normas para el de cruce de fronteras, introduce en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de países terceros que la acompañan y sobre los que ejerce la custodia efectiva no está comprendido en la infracción general de ayuda a la entrada irregular en el sentido del Derecho de la Unión”, señala el TJUE.

Los jueces europeos recuerdan que ese comportamiento “constituye el ejercicio por esa persona de su responsabilidad derivada de la relación familiar y de la custodia efectiva de esos menores”. Es más, señalan que interpretar la actitud en el sentido contrario supondría “una injerencia particularmente grave en el derecho fundamental al respeto de la vida familiar y en los derechos fundamentales del niño”, que están recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Además, el TJUE recuerda que la mujer solicitó asilo y que, por tanto, no puede ser expuesta a sanciones penales hasta que se resuelva la petición ni por su entrada ni por el hecho de haber estado acompañada de su hija y su sobrina menores, sobre las que ejerce la custodia.

“El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que sancione penalmente ese comportamiento. En efecto, los Estados miembros no pueden ir más allá del alcance de la infracción general de ayuda a la entrada irregular, tal y como se define en el Derecho de la Unión, incluyendo en ella comportamientos no contemplados en este, contraviniendo la Carta de los Derechos Fundamentales”, concluyen los magistrados.

El fallo se produce en un momento en el que el endurecimiento de la política migratoria en el seno de la UE es total. De hecho, recientemente los 27 han elevado la presión al impulsar una normativa en la que pretenden eliminar la' denominada 'claúsula humanitaria', que permite no sancionar penalmente a quienes presten asistencia humanitaria a los migrantes. La medida está enfocada especialmente a las ONG. Recientemente, los estados miembros eliminaron de la normativa europea la posibilidad de “no imponer sanciones” a quienes ayuden a los migrantes a entrar en un estado de la UE si tiene una finalidad humanitaria, con el rechazo de España, Alemania y Portugal.

hay países que sancionan por la vía penal la asistencia a los migrantes gracias a una legislación que se emplea fundamentalmente para perseguir a las ONG. Recientemente, la UE ha elevado aún más la presión al tratar de eliminar

Todavía no ha abierto y ya tiene en contra a buena parte del vecindario, ha recibido amenazas de cierre e incluso acusaciones por un supuesto “fraude de ley”. Es el futuro albergue Velvet Hostel que plantea abrirse junto al Parque de las Avenidas, ubicado en el distrito madrileño de Salamanca. El espacio tiene licencia de hostal desde hace justo un año y capacidad máxima de 35 personas, según el portal de licencias y expedientes del Ayuntamiento de Madrid. En total, cinco habitaciones que han desatado la polémica en el barrio de La Guindalera y no precisamente por la saturación turística. Los vecinos se enteraron de que el alojamiento puede llegar usarse como refugio temporal para migrantes o solicitantes de asilo y ahora temen problemas de convivencia. Su protesta no ha pasado desapercibida para José Luis Martínez-Almeida.

“Hemos advertido a la propiedad de que no cabe un uso no turístico del espacio. Si finalmente comprobamos que es así, lo clausuraremos de manera inmediata”, advertía el alcalde de la ciudad a primera hora del lunes frente a algunos residentes. El regidor se ha desplazado a la zona para suscribir sus señalamientos contra el hostal y, además de referirse al promotor del hostal, ha lanzado otro dardo directo hacia la Moncloa: “Si el Gobierno de España pretende utilizarlo para otro fin, que se olvide. Actuaremos de inmediato”. En realidad, lo que hay hasta el momento son conjeturas o propuestas en el aire que aún estar por determinar.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una de las organizaciones no gubernamentales en las que el Estado delega ciertas etapas del sistema de acogida. La propia Unión Europea fija unos requisitos mínimos a sus miembros para atender a solicitantes de asilo o refugiados, que a su vez pueden encomendarse a entidades del tercer sector siempre bajo supervisión estatal. CEAR ha confirmado a este periódico que recibió un ofrecimiento por parte de los promotores del hostal para usar plazas hoteleras como estancias temporales en la Primera Acogida, la fase inicial del proceso de asilo en la que se cubren necesidades básicas hasta derivar al solicitante a otro centro de pleno derecho.

No obstante, fuentes de la ONG indican que no existe un acuerdo en firme. Tampoco está claro que llegue a usarse para este fin, aunque es una opción que está sobre la mesa. “Primero hay que esperar a que terminen toda la obra y acondicionen el espacio. Hasta que no sepamos si se cumplen los requisitos mínimos para albergar a estas personas no podremos hacer ningún trámite oficial”, apuntan las mismas fuentes. De hacerse realidad, ¿cuánto tiempo podrían demorarse estas estancias? La organización no gubernamental estima que lo habitual son unas semanas, aunque la situación puede prolongarse durante meses si el Gobierno central no deriva a tiempo a los solicitantes a una instalación de acogida.

Consultados por esta cuestión, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –que tiene las competencias últimas en materia de asilo– confirman que por ahora solo hay “prospecciones” en la zona por parte de CEAR. Es decir, que se están examinando las aptitudes del terreno y el inmueble. Sobre si se incurre o no en un fraude de ley al utilizar plazas hoteleras como albergue temporal para migrantes, tal y como sugirió Almeida, solo exponen que su ministerio “tiene acuerdos de acogida a través de la acción concertada” y estudia estos u “otros posibles espacios a lo largo de todo el territorio español”. No obstante, la incertidumbre no convence en el Ayuntamiento.

El miedo de los vecinos y el “boca a boca” del futuro hostal

“Estamos preocupados”, aseguraba Almeida esta mañana sobre el hostal de Salamanca. El alcalde ha ordenado a tanto a la concejala-presidenta del distrito, Cayetana Hernández de la Riva, como al delegado de Urbanismo, Borja Carabante, mantener un contacto “permanente” con los vecinos. Aunque el proyecto contempla 35 plazas y ni siquiera es seguro en este punto que todas o algunas vayan a integrarse en el sistema de acogida, la respuesta municipal ha ido a más: el propio Carabante se ha citado este lunes con los vecinos, que llevaban semanas manifestando su preocupación ante la idea de que el futuro establecimiento hotelero pueda convertirse en un centro para personas migrantes.

La vecindad alertó la semana pasada de supuestas “irregularidades” en el negocio, refiriéndose por ejemplo a las salidas de emergencia o posibles incumplimientos de las normas que rigen en las comunidades colindantes. Arrementen sobre todo contra el empresario promotor, Mohamed Zakaria Abdelsamas Ibraim, que ya tiene otro hostal en Puente de Vallecas donde ofrece plazas para albergar a solicitantes de asilo. “Está especializado en población inmigrante y menas [menores extranjeros no acompañados]”, reza un comunicado difundido entre los vecinos de la zona después de reunirse hace unas semanas, el 19 de mayo.

“Me parece que se ha creado algo de folclore del boca a boca”, reflexiona Carla, que reside junto al hostal. Explica que al inmueble de la discordia se accede desde el número 9 de la Avenida de Baviera, una de las grandes travesías que confluyen en la zona, aunque también abarca los números 74 y 76 de la Avenida de Bruselas. En su caso, rebaja las críticas de otros vecinos aludiendo a la poca información real que hay aún sobre la mesa. “Si supiésemos que van a abrir un centro de menores [extranjeros no acompañados], como se ha estado diciendo, entendería cierto revuelo. Es algo que agita en cualquier barrio. Pero creo que este miedo es algo prematuro: aún no sabemos prácticamente nada”, sentencia. No obstante, las protestas en la zona parece que seguirán dando de qué hablar.