La venta del Edificio Telefónica cerrada esta semana no supondrá, de momento, la mudanza de las actividades de la compañía en este centenario edificio. La empresa de telecomunicaciones confirmó este jueves que mantendrá abierta la tienda Movistar y todas las actividades de su fundación al menos hasta el año 2029.

Telefónica ha firmado un alquiler de estos espacios con el empresario Tomás Olivo, que desde hace unos días es el propietario del número 28 de la Gran Vía. Esta era una de las grandes incógnitas que quedaban por despejar después del anuncio de la venta: lo que sucedería con la tienda y, sobre todo, con el Espacio Fundación Telefónica, uno de los polos culturales de mayor relevancia en la zona por el alcance de sus exposiciones y las actividades que alberga.

La teleco ha detallado en un comunicado que su “tienda insignia” continuará abierta en el edificio de Gran Vía 28 con los mismos servicios y horarios que hasta ahora. Espacio Fundación Telefónica mantendrá su programación y actividad educativa y de exposiciones, así como los encuentros sobre innovación, cultura y tecnología.

Esta aclaración llega después de que el martes la teleco presidida por Marc Murtra escriturase la venta de dicho edificio por una cifra inferior a 200 millones de euros. La operación se ha realizado a través de Galerías Comerciales, la empresa de Olivo, cuya oferta se situó como la mejor posicionada en el proceso.

Actualmente, tras su reinauguración en septiembre de 2024, el edificio alberga la mayor tienda de Movistar en España, junto a una sala de cine, un plató de televisión, dos estudios de grabación de contenidos, un espacio para 'gaming' y el Movistar Café, además de conectar de forma directa con Espacio Fundación Telefónica. Esta fundación cuenta con varias salas expositivas de gran tamaño, así como un auditorio y diferentes espacios para talleres.

Telefónica se acaba de desprender del edificio que durante décadas fue su buque insignia, el número 28 de Gran Vía. La venta se firmó este martes, avanza Cinco Dias, que confirma lo que ya se contó en el mes de mayo: que el comprador es el empresario Tomás Olivo y que el precio final ha sido de 200 millones de euros, algo inferior a las expectativas de la compañía tecnológica.

Olivo se hace con un edificio que inicialmente podría haber recibido una mayor valoración -fuentes del sector hablaban de entre 250 y 300 millones de euros- pero que estaba muy limitado por su valor patrimonial: se trata de un inmueble singular catalogado con la máxima protección, lo que complicaba operaciones como las de transformarlo en un hotel. La localización no podría ser mejor: por su acera pasan seis millones de personas cada año.

El empresario murciano que ha comprado la sede de Telefónica también gestiona en estos momentos la apertura del mayor centro comercial de Madrid en Valdebebas, sobre varias parcelas que ronda los 145.000 m² de superficie y que fueron adquiridas por 55 millones de euros en el año 2020 por su compañía, General de Galerías Comerciales. Recientemente ha conseguid que el Ayuntamiento de Madrid acepte cederle una zona verde pública para que coloque en ella las rampas de acceso al macroparking proyectado en la zona, el más grande bajo tierra de la Comunidad de Madrid.

El destino al que dedicará el edificio es todavía una incógnita aunque puede convertirse en un centro comercial, a la vista de la actividad sobre la que ha cimentado su imperio económico el propio Olivo, una de las fortunas más grandes de España (sexto en la lista Forbes).

Otra de las cosas que quedan por conocer es qué pasará con el Espacio Fundación Telefónica y si su actividad cultural se trasladará a otro lugar. Por el momento, las exposiciones actuales están anunciadas hasta el mes de octubre, pero no tiene fijada ninguna más en el horizonte.

La venta del edificio, el primer rascacielos que levantó Madrid, tiene lugar solo dos años después de la última reforma del edificio, que acometió Telefónica para celebrar su centenario por todo lo alto, redescubriendo artesonados históricos y adaptando el espacio a los nuevos tiempos. La llegada de Marc Murtra a la presidencia en el año 2025 marcó un nuevo giro en la estrategia de la compañía que ha derivado en esta operación.

De la UE regulada a la Europa de los emporios empresariales. El prudente, lento y excesivamente garantista club comunitario que tanto enfada a la versión Trump 2.0 parece haber proclamado una revolución silenciosa que no se libra ni en la Eurocámara, ni en sus parlamentos nacionales, ni en los parqués, sino en los despachos de Bruselas, donde la política industrial vuelve a ocupar el centro del debate económico. Por razones de seguridad. Pero también, según los dictámenes de los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, por “exigencias competitivas” de una nueva globalización, fragmentada en su dogma del libre tránsito de mercancías, servicios y capitales. Y que ahora reclama garantías productivas y de suministro que han reverdecido los laureles nacionalistas y las alianzas con mercados amigos (friendshoring) para avalar las cadenas de valor.

Todo ello está empujando a la UE a priorizar el tamaño empresarial --la necesidad de albergar a campeones empresariales paneuropeos-- frente a las reglas de la competencia. Bajo el objetivo rector de que el nuevo orden mundial estará dominado por conglomerados estadounidenses y chinos y un ejercicio que se viste de realidad incómoda y que asegura que la escala empresarial es un activo geoestratégico ineludible. Draghi fue, quizás, quien mejor sintetizó ese diagnóstico. El informe del expresidente del BCE sobre competitividad apuesta por recuperar las capacidades inversoras europeas para engendrar conglomerados que rivalicen con EEUU y China.

Letta completa la grave radiografía de situación emitida por Draghi y ahonda en la idea de que se complete --y complemente-- el mercado único. Rápidamente respaldada por economistas de think tanks como Bruegel, el Centre for European Reform (CER) o el Institut Montaigne, para los que el desacoplamiento empresarial constituye una de las mayores debilidades estructurales de la economía europea.

Bruselas lleva meses moviendo fichas para remodelar el mapa empresarial europeo. En torno a una remodelación de las leyes de competencia, el desmantelamiento de cargas burocráticas o la flexibilización de los requerimientos en procesos de fusiones transfronterizas. Además de dar impulso a un auténtico mercado europeo del ahorro y la inversión que estimule las carteras de capital y responda al desafío de configurar firmas que rivalicen con Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon --o el resto de las Siete Magníficas, si se mira al espejo americano--, o con la tecnológica CATL o la automovilística BYD, con reflejo y ADN chinos.

Este viraje doctrinal, alentado desde la Casa Blanca republicana, explica que varias operaciones corporativas en marcha, dentro de una oleada de M&A (fusiones y adquisiciones, por sus siglas en inglés) con cada vez mayor intensidad global, se vislumbren como “cruciales” para instaurar y alentar una genuina estrategia industrial. Hasta el punto de que The Economist acaba de seleccionar a Andrea Orcel, CEO de UniCredit, Xavier Niel, fundador de Iliad, o el inversor checo Daniel Křetínský “símbolos” de una hornada de visionarios con poder para construir grupos paneuropeos. Bien a través de M&A, participaciones estratégicas o complejas swaps de mercado. El semanario británico les tilda de “auténticos arquitectos del nuevo capitalismo continental”.

No dejan de ser elucubraciones. Pero tienen visos de realidad. O, al menos, de que Europa ha emprendido una senda de integración corporativa como la que aconsejan Draghi y Letta.

Boston Consulting Group (BCG) lo expresa de manera elocuente. La UE --aseguran sus expertos-- “está cambiando el criterio con el que evalúa las fusiones”. Hasta ahora, la estrategia era combatir posiciones de dominio; ahora, se empieza a reconocer que una mayor escala también puede ser beneficiosa para la competencia europea si permite invertir más, innovar, ganar en resiliencia y competir globalmente. Y aportan un dato: “durante la última década, operaciones de M&A por al menos 70.000 millones de euros fueron prohibidas por la Comisión y otras muchas se retiraron o ni siquiera llegaron a plantearse por la incertidumbre regulatoria”.

El nuevo tablero industrial europeo

Si existe un sector donde la UE precisa crear campeones globales --apunta un notable consenso del mercado--, es el tecnológico. La diferencia respecto a EEUU y China, que acaba de poner en tela de juicio la supremacía de Silicon Valley, en 2025 con DeepSeek y, en las últimas semanas, con Kimi K3, el modelo de código abierto de la startup Moonshot, resulta abrumadora. A pesar de que el manido lema de las tres erres (EEUU, researches, China, replicates y Europa, regulates) no responda exactamente a la realidad. Puede que las bigtechs americanas se hayan adueñado de las principales plataformas digitales. Y Pekín del talento innovador. Pero en la UE coexiste una tecnología industrial menos visible, pero absolutamente decisiva.

La neerlandesa ASML es un buen ejemplo. Su liderazgo global en litografía ultravioleta extrema convierte a la multinacional en pieza imprescindible para fabricar chips avanzados. Alrededor de su grupo gravitan otros actores como ASM International, BE Semiconductor Industries, Infineon, STMicroelectronics, NXP o Soitec. El consorcio sostiene todo un ecosistema de semiconductores y circuitos integrados made in Europe de alta fiabilidad.

Sin embargo, el gran reto europeo trasciende del hardware. La próxima batalla se librará en el software, la IA y el big data. EEUU dispone de Palantir, OpenAI, Microsoft o Google. Mientras en Europa, se busca todavía a sus equivalentes. Y no digamos a su Anthropic. Entre los candidatos destacan, por supuesto, SAP --su gran desarrollador de software empresarial--, aunque también Dassault Systèmes, cuya plataforma digital domina buena parte del diseño industrial mundial; Siemens, inmersa en una profunda reconversión hacia la automatización generativa; Capgemini y Sopra Steria, especializadas en integración tecnológica. Además de nuevas firmas como Mistral AI, Aleph Alpha, Helsing, IQM u OVHcloud, con dotes protagonistas en soberanía digital europea.

“Europa no necesita crear emporios tecnológicos desde cero, sino dar a los que tiene una escala global” aseguran desde McKinsey Global Institute que observa líderes aventajados europeos en tecnología industrial, chips, automatización, software empresarial y transición energética. Pero sufre déficit estructural para convertir esa excelencia innovadora en gigantes corporativos por la fragmentación del mercado, la escasez de capital para financiar su dinamismo y una merma inversora en I+D. “Se requieren hiperescaladores […], porque las tecnologías transversales como la IA, el cloud o la computación avanzada darán el cetro competitivo en el futuro orden mundial”.

Especial atención merece Helsing, convertida en referente continental en IA aplicada a defensa, ámbito donde debe confluir el software, los sensores y los sistemas autónomos que redefinen la industria militar. Porque la defensa se ha convertido en otro de los motores de la seguridad y soberanía productiv a europea. El aumento del gasto militar favorece una rápida concentración de grupos como Airbus Defence& Space, Leonardo, Thales, Rheinmetall, Saab, BAE Systems, KNDS, Dassault Aviation, Hensoldt o la española Indra, cuyo posicionamiento en electrónica, radares, ciberdefensa y sistemas de mando la sitúa entre las empresas con mayor potencial para liderar futuras integraciones continentales.

La lógica resulta evidente. Ningún socio dispone individualmente de la dotación estadounidense ni del respaldo industrial chino. La única alternativa es alumbrar campeones paneuropeos que rivalicen por contratos internacionales y desarrollen tecnologías duales con aplicaciones civiles y militares, constata el mercado. Nikolaus Lang, director de BCG, cree que Europa dispone de “una base científica e industrial de primer nivel”, si bien le urge convertir ese conocimiento “en capacidades militares desplegables”. Sin embargo, “no lo conseguirá con un patrón productivo quebrado y sin estándares homologables”. A no ser que el rearme europeo que movilizará hasta 800.000 millones de euros anuales desencadene un “efecto tractor” sobre sectores como el software, la electrónica, las telecomunicaciones, la automoción o la logística.

Primera oleada de ‘posibles’ fusiones

Las telecos también están en proceso de transformación. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, Iliad, Swisscom, Proximus y, especialmente, Telefónica aparecen como actores principales.

La operadora española reúne atributos valiosos: presencia global, expertise en redes digitales, capacidades en ciberseguridad con Telefónica Tech y reorientación a servicios empresariales de valor añadido. Si Bruselas flexibiliza las fusiones transfronterizas, la multinacional que preside Marc Murtra podría convertirse en uno de los catalizadores de la remodelación de las telecos europeas, con su nueva consigna de menos Latinoamérica, menos deuda y más Europa. Bajo un clima en el que, según Pau Castells, jefe de Análisis Económico de GSMA Intelligence y autor del informe Efficient Operator Scale in European Mobile Markets, las operadoras de más tamaño invierten un 48% más en redes móviles, despliegan más rápidamente el 5G y ofrecen más calidad de servicio sin precios más elevados a los consumidores.

“Serán las puntas de lanza de las M&A continentales”, sin olvidarse de firmas que, como Cellnex, se han labrado un estatus decisivo a raíz de sus “adquisiciones selectivas y acuerdos de cogestión de infraestructuras”, apuntala.

Sin embargo, será la banca, muy presumiblemente, el laboratorio donde germinará este nuevo paradigma europeo. La ofensiva de UniCredit sobre Commerzbank, las operaciones alrededor de Banco BPM, Monte dei Paschi, el debate sobre BBVA y Banco Sabadell o el creciente interés por crear verdaderos grupos bancarios paneuropeos reflejan hasta qué punto Bruselas comienza a considerar que la integración financiera constituye una condición indispensable para financiar la transformación industrial del continente. Bien entre buques insignias o entre banca, fintechs y startups y firmas de venture capital.

La arquitectura bancaria europea del futuro girará alrededor de entidades como Santander, que acaba de reincorporarse a las 100 mayores compañías del mundo y que no descuida el mercado europeo tras adquirir la americana Webster. O BNP Paribas, UniCredit, Intesa Sanpaolo, ING, Deutsche Bank, BBVA o CaixaBank, todos bancos con una dimensión global internacional que las hace candidatas naturales a adquirir el galardón paneuropeo.

Orcel cree que las fusiones transfronterizas son “la vía más eficaz para generar entidades con la escala suficiente para financiar la economía europea, invertir en tecnología y competir con JPMorgan Chase o Goldman Sachs. En su opinión, la prioridad de UniCredit es construir un banco verdaderamente europeo.

‘Segundo tiempo’ con ¿prórroga?

La energía no podría faltar a este proceso de adquisiciones. Al fin y al cabo, es uno de los pilares de la futura industria europea. Soberana en materia de seguridad y suministro y autosuficiente. O, al menos, menos dependiente del exterior y de los fósiles. Desde la guerra en Ucrania, la UE ha revalidado, con más contras que pros, su reto de situarse a la vanguardia de la sostenibilidad mundial. Draghi impuso un doble criterio adicional: acelerar la descarbonización con empresas que avalen el abastecimiento y competan con los gigantes americanos y asiáticos en sectores críticos.

En este escenario aparecen grupos como Iberdrola, Enel, EDF, RWE, Engie, Ørsted, EDP o Acciona Energía, referentes mundiales en renovables, o Moeve en plena luna de miel con Galp. Pero las supermajors europeas también tienen algo que aportar. TotalEnergies, Shell, Eni, Repsol y OMV están redefiniendo su modelo de negocio para combinar hidrocarburos con gas natural licuado, hidrógeno, captura de carbono y electricidad limpia. La energía nuclear recupera protagonismo por el impulso de EDF, Framatome y Rolls-Royce SMR, mientras gestoras de redes como Redeia, Terna, Elia, National Grid o TenneT afrontan inversiones millonarias para electrificar la economía y responder al creciente consumo derivado de la digitalización y la IA.

La misma lógica opera en el terreno de las infraestructuras. Constructoras como ACS, Ferrovial, Vinci, Bouygues, Eiffage, Hochtief, Acciona o Webuild se aprestan a modernizar redes eléctricas, o crear centros de datos, corredores ferroviarios o instalaciones industriales. España parte con una posición especialmente sólida gracias al músculo internacional de ACS, Ferrovial, Acciona y Cellnex, activo gestor europeo de infraestructuras de telecomunicaciones.

En el orden bursátil, Draghi y Letta coinciden en que completar la Unión del Ahorro y la Inversión será clave para catalizar el ahorro europeo. De ahí que operadores como Euronext, Deutsche Börse, SIX o BME contemplen fusiones. Al igual que otra generación de aspirantes a salir a bolsa. Entre otras, Mistral AI, Helsing, Isar Aerospace, Revolut o 1Komma5°.

El reto es evitar que las startups europeas sean absorbidas prematuramente por competidores exteriores e ideen campeones continentales y que cada socio deje de proteger a sus compañías nacionales, alerta Guntram Wolff, investigador del Instituto Bruegel.

Telefónica registró unas pérdidas netas de 338 millones de euros en el primer semestre del año, un 75% menos que los 'números rojos' de 1.355 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025, debido al impacto de 1.001 millones por la desinversión en Chile y a la provisión de 265 millones de euros realizada para cubrir la reestructuración de su filial en Alemania, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de 2026, la 'teleco' presidida por Marc Murtra generó unos ingresos de 16.392 millones de euros, un 1,7% más en tasa de cambio real (0,4% en términos constantes) que en el mismo tramo del año anterior, impulsados por España y Brasil.

En concreto, esta tendencia se vio reforzada en el segundo trimestre, cuando la facturación se situó en 8.265 millones de euros, un 3% más en tasa de cambio real (0% en términos constantes) respecto a un año antes.

Telefónica España registró en los primeros seis meses del año unos ingresos de 6.513 millones de euros, un 2,5% más, mientras que en Brasil la operadora obtuvo una facturación de 5.195 millones de euros, un 12,5% más en tasa de cambio real (7,5% más en términos constantes).

En una conferencia con analistas, posterior a la presentación de resultados, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha explicado que la compañía está en un momento de firme construcción de su hoja de ruta, con el objetivo de conseguir sus objetivos anuales y ha destacado la positiva evolución de dos mercados clave: España y Brasil. Por ejemplo, en España, Movistar Plus ha lanzado el Plan Libre Cine y Series y el Plan Fast Pass. También ha apuntado la búsqueda de eficiencias y la apuesta por el consorcio de la gigafactoría de IA española junto a otras empresas, como Banco Santanter y ACS.

En este contexto, el grupo obtuvo un beneficio neto de 474 millones de euros con las operaciones que siguen dentro de Telefónica --como España, Brasil, Alemania, Reino Unido y el resto de negocios en continuidad--, mientras que las actividades que ya están fuera del perímetro del grupo o en proceso de salida, como las desinversiones en Hispanoamérica, aportaron un resultado neto negativo de 812 millones de euros.

No obstante, la compañía dejó atrás los 'números rojos' en el segundo trimestre y obtuvo unas ganancias netas de 73 millones de euros, resultado que recoge un beneficio de 87 millones en las operaciones continuadas y unas pérdidas de 14 millones en las discontinuadas, y que está condicionado por la provisión destinada a cubrir la reestructuración de su filial alemana.

La 'teleco' mejoró su rentabilidad en el primer semestre de 2026, con resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado que alcanzó los 5.768 millones de euros, un 3,8% más en tasa de cambio real (2,3% en términos constantes) que en el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento se vio reforzado en el segundo trimestre, cuando el Ebitda ajustado se situó en 2.933 millones de euros, un 6,4% más en tasa de cambio real (2,7% en términos constantes), de modo que el grupo camina, tal y como ha explicado, “con paso firme hacia el cumplimiento del crecimiento contemplado para el conjunto del año”.

El grupo redujo la deuda financiera neta, que se situó en el sexto mes del año en los 25.278 millones de euros, un 8,4% menos que un año antes, y la ratio de endeudamiento bajó hasta las 2,68 veces, por debajo de las 2,72 veces del cierre de marzo de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025.

Con todo, la compañía cerró entre abril y junio su tercer trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en todos los principales indicadores financieros, tanto a tasa de cambio real como en términos constantes.

Revisa al alza sus previsiones

Las cifras conseguidas en la primera mitad del ejercicio permiten a Telefónica reforzar su ambición para la segunda mitad del año, hasta el punto de revisar al alza su objetivo para el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado), para el que contempla ahora un crecimiento interanual por encima del 3% en términos constantes frente al anterior objetivo de más del 2%, lo que supone una mejora del 50%.

En el resto de metas financieras, la compañía también se sitúa en la senda de cumplimiento: ingresos y Ebitda ajustado con un crecimiento del 1,5%-2,5% interanual en términos constantes, una ratio de inversión sobre ingresos en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2,5 veces Ebitda después de arrendamientos (EbitdaaL) fijado para 2028.

Asimismo, los resultados del primer semestre permiten a Telefónica confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, pagadero en junio de 2027, previa aprobación de la junta general de accionistas, después de haber abonado en junio de 2026 un pago de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al segundo tramo del dividendo del ejercicio 2025.

Operaciones corporativas

Además, el presidente de Telefónica ha asegurado que el proceso de consolidación de 'telecos' en Francia no condicionará eventuales decisiones de la multinacional española. En concreto, Murtra ha sido preguntado por si considera conveniente esperar a la evolución de la operación de consolidación en Francia, donde se plantea una reducción del mercado de cuatro a tres operadores, antes de dar algún paso.

Al respecto, ha señalado que Telefónica interpreta como un “cambio” las nuevas directrices de la Comisión Europea sobre fusiones y adquisiciones, que, a su juicio, reflejan una definición del mercado más abierta y ponen el foco en la inversión y el desarrollo tecnológico que puede generar una consolidación. Asimismo, ha considerado “muy interesante” que la operación francesa haya pasado a ser analizada por la autoridad francesa de competencia y que se planteara poco después de la publicación de esas nuevas directrices europeas.

Murtra ha añadido que, si una operación de esa envergadura entre cuatro operadores se ha planteado, es porque sus impulsores ven un camino “viable” para seguir adelante, aunque ha precisado que esa es su interpretación.

La operación de telecomunicaciones planteada en Francia es la compra y reparto de SFR por parte de Bouygues Telecom, Free (Iliad) y Orange, acordada por 20.350 millones, lo que reduciría el mercado a tres grandes operadores.

Sobre las posibles operaciones corporativas de Telefónica, ha reiterado que la compañía no comenta operaciones concretas hasta que están cerradas y ha insistido en que cualquier eventual transacción deberá generar claras sinergias de costes y de red, realizarse al precio adecuado y ser compatible con las exigencias de las autoridades regulatorias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles en la Moncloa a los máximos responsables de Telefónica, Banco Santander y ACS, los socios principales del consorcio público-privado recién constituido para desarrollar la primera gigafactoría de inteligencia artificial avanzada en España. Una infraestructura, de las que como máximo habrá cinco en toda la UE, con las que Bruselas quiere superar su brecha con EEUU y China en esta tecnología.

Como ha venido adelantando elDiario.es, las tres multinacionales españolas serán la base privada del proyecto, que aspira a desarrollar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos avanzados de IA.

En la reunión con Sánchez, además del presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el presidente de ACS, Florentino Pérez; y el consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; también han estado presentes el director ejecutivo de la firma de software Multiverse Computing, Enrique Lizaso; el primer responsable ejecutivo del consorcio, Francesc Fajula (ex consejero delegado de Mobile World Capital); así como el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

La estructura accionarial definitiva de consorcio otorga el control efectivo de la sociedad al bloque privado, que retiene el 51% del capital. Telefónica, ACS y Banco Santander cuentan con una participación individual del 15,67% cada una, mientras que la startup Multiverse Computing posee el 4% restante. El sector público gestiona el 49% de las acciones a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT), que ostenta el 47,99%, y de la Generalitat de Catalunya, que aporta el 1%.

El encuentro oficializa los primeros pasos de la candidatura española para albergar estas infraestructuras, que tendrán una inversión final de unos 5.000 millones de euros cada una. En el caso español, el Consejo de Ministros ya ha aprobado inversiones superiores a los 1.000 millones de euros: 720 para aportar el capital público del consorcio y otros 300 como “aportación voluntaria” para el EuroHPC, el organismo europeo que gestiona la inversión europea en IA.

El proyecto español presentará una candidatura multisede con dos polos principales. Uno se localizará en Móra la Nova, en Tarragona, y el otro en San Fernando de Henares, en Madrid.

El objetivo de las gigafactorías es elevar a un nuevo nivel la iniciativa europea de las IA Factories para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje soberanos. España cuenta actualmente con dos de estas últimas, ubicadas en el Centro de Supercomputación de Galicia y en el Barcelona Supercomputing Center, donde opera el superordenador MareNostrum 5. El nuevo centro multisede pretende abrir el acceso a estas herramientas avanzadas a universidades, pequeñas empresas y centros de investigación locales.

Si Europa quiere desarrollar inteligencias artificiales que funcionen con sus normas y valores, entonces tiene que construir la capacidad tecnológica, industrial y financiera para no depender de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Esa idea vale 20.000 millones de euros y tiene una pieza clave: infraestructuras que Bruselas ha llamado “gigafactorías de IA”. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una.

El principio básico de estas infraestructuras es juntar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos de IA muy grandes. Esa tecnología de vanguardia que a Europa, incluso teniendo en cuenta a la francesa Mistral, le está costando tanto desarrollar.

El objetivo es que no (solo) sean centros de datos gigantes, sino puntos de innovación que acerquen la IA avanzada a todo el tejido empresarial, desde grandes compañías no tecnológicas a pymes. “Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, generadores de riqueza en torno a la IA”, aseguró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en el último Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado ya la inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la candidatura española. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría española. Otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA, sumando compromiso político y financiero al proyecto español.

Corriendo antes del pistoletazo de salida

Una muestra del peso que el Ejecutivo está dando a la iniciativa es que la Comisión Europea ni siquiera ha publicado todavía el concurso oficial para optar a las gigafactorías. Se espera que lo haga en las próximas semanas, pero para cuando salga del horno, España quiere estar preparada: ya hay emplazamientos, socios confirmados y dinero encima de la mesa.

La candidatura española se basará en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. ¿Por qué dos, si el objetivo es concentrar en un mismo lugar los chips avanzados, el tejido industrial y el talento? Fuentes del sector privado implicadas en el proceso aseguran a elDiario.es que detrás de esta decisión no está la motivación política de incluir a las dos comunidades con más peso económico de España.

Es “pragmatismo” y un intento de solidificar la candidatura, aseguran las mismas fuentes. Móra la Nova, la ubicación inicial de la instalación, se eligió por la disponibilidad de suelo, potencia eléctrica y acceso a agua de la comarca histórica de la Ribera d'Ebre, así como la fibra óptica necesaria para una infraestructura de este tamaño. Además, se encuentra relativamente cerca del Barcelona Supercomputing Center—Centro Nacional de Supercomputación (BSC), con el que podrá generar sinergias y un gran ecosistema de computación avanzada.

Por otra parte, San Fernando de Henares aporta el músculo corporativo en torno al sector tecnológico con el que cuenta el corredor del Henares. Un ecosistema digital consolidado donde ya operan numerosos centros de datos y empresas digitales. “Lo que se buscó es aportar más confianza de que se podría llegar a tiempo a todos los compromisos con seguridad, con lo que la propuesta ganaba fuerza”, explican las mismas fuentes.

Un consorcio público-privado

El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. El Gobierno ha invertido de forma independiente 150 millones de euros en esta empresa par apoya su desarrollo, y ahora la ha elevado como la apuesta tecnológica nacional del proyecto. Con su incorporación, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

No obstante, fuentes conocedoras de la situación detallan que el proyecto está abierto a la llegada de más socios y los porcentajes finales podrían variar. Por este motivo, las empresas involucradas prefieren no pronunciarse por el momento sobre los detalles de su participación. Entre dinero público y privado, se espera que cada gigafactoría reúna una inversión de unos 5.000 millones de euros.

“Estamos liderando el consorcio español y, en estos momentos, estamos centrados en todos los trabajos relacionados con la preparación de la oferta final. En cuanto al calendario, la oferta debe presentarse entre junio y julio y esperamos tener un resultado a finales de año. No podemos proporcionar más información al respecto”, afirmó en mayo Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante la presentación de las cuentas del primer trimestre de la teleco.

La batalla por el control tecnológico (y quién queda fuera)

La construcción de estas infraestructuras estratégicas no solo beneficiaría a las grandes empresas que ejercen de socios principales, sino también a cientos de proveedores europeos más pequeños. Uno de ellos es la empresa española OpenNebula, que desarrolla software de código abierto para gestionar infraestructuras de computación en la nube y está negociando su participación en varias candidaturas de gigafactorías.

Alberto P. Martí, su responsable de Alianzas Estratégicas, alerta en conversación con este medio que las multinacionales estadounidenses están presionando para no quedarse fuera de estos proyectos. Existe un riesgo real, avisa, de que el dinero público se termine usando para “pagar licencias, soporte y demás a empresas americanas, porque son ellos los que controlan el software propietario”.

Es decir, que aunque las gigafactorías se instalarán en Europa, podrían terminar operando los chips estadounidenses de Nvidia (ineludibles, al ser los más potentes del mercado para entrenar inteligencia artificial) con programas diseñados también en Silicon Valley. Frente a esto, Martí defiende que priorizar alternativas europeas y abiertas es “la manera de asegurar el futuro de la infraestructura, de realmente dar a Europa independencia tecnológica”. Recuerda que, más allá de los chips, el software es lo que le “da vida” a esta iniciativa.

Quién decide y quién vigila

El debate en torno a estas infraestructuras va más allá de la soberanía tecnológica. La coalición IA Ciudadana, formada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales, pide que las gigafactorías no se gestionen de espaldas a la gente.

“Decisiones de esta envergadura requieren un debate democrático real: ¿Quién decide qué modelos de IA se entrenarán en estas infraestructuras? ¿Con qué criterios? ¿Qué mecanismos de supervisión pública existirán? De momento, las organizaciones expertas no hemos sido escuchadas en ninguna fase de un proceso que terminará afectando a la vida de la gente de un modo u otro”, lamenta una portavoz en un comunicado remitido a elDiario.es.

La coalición celebra “que España ambicione liderar el desarrollo de infraestructuras de IA en Europa”, pero recuerda que “la democracia en la IA no se mide solo en quién puede usar la tecnología, sino en quién participa en decidir cómo se desarrolla y con qué valores”. “Una infraestructura pública de esta escala, financiada con dinero de todos, debería venir acompañada desde el primer día de mecanismos de gobernanza transparente”, concluye: “Exigimos que estos procesos no sean un trámite de legitimación a posteriori, sino parte constitutiva del proyecto”.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una gran infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos avanzados de IA a escala industrial.

La Unión Europa ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán a entre tres y cinco gigafactorías repartidas por el continente. El proyecto español opta a ser una de ellas con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. “Es una apuesta por la soberanía tecnológica e industrial”, ha defendido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz.

El núcleo privado del consorcio lo forman Telefónica, ACS, el Banco Santander y Multiverse Computing, una startup con Sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA usando técnicas inspiradas en la computación cuántica, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento.

Banco Santander, ACS y Telefónica, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

El Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta entidad, conocida como la SEPI digital, agrupa las diferentes inversiones estatales en empresas tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento. Una de ellas es la propia Multiverse Computing. La Generalitat de Catalunya también contará con un 1% del capital de la gigafactoría en una fase inicial.

Fuentes del Ejecutivo detallan que aún no se conocen los plazos en los que la UE resolverá las candidaturas a las que adjudicará finalmente los fondos. El primero paso será la publicación del concurso oficial por parte de la Comisión Europea, algo que se espera que ocurra en julio. Hasta entonces, España continúa dando pasos para demostrar su compromiso con el proyecto.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido este martes en el Congreso la actuación de este organismo y el papel del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas lanzado para hacer frente a la pandemia en 2020, que “salvó 62.000 empleos en un momento en el que el país tenía dificultades enormes” y tenía unas condiciones “muy exigentes”. “SEPI cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”, ha dicho a los diputados, en respuesta a las investigaciones judiciales sobre los rescates de Plus Ultra, Air Europa y Tubos Reunidos.

Gualda comparecía en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre las instrucciones dadas a los miembros del consejo de administración de Indra ante los ceses y nombramientos de la sociedad o el posible conflicto de interés en la operación de compra de Escribano. Pero la judicialización de varios rescates del FASEE ha copado gran parte de su intervención, tras conocerse el lunes que un juez ha admitido una querella del PP y Vox por el rescate de Air Europa y ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que lleva décadas en el holding público.

Gualda, que preside el holding público desde marzo de 2021, ha subrayado que “la SEPI no ha sido registrada en ningún momento”, aunque ha recibido “muchos requerimientos” de la UCO y la UDEF en relación con esas investigaciones, que “respetamos profundamente”. “Estamos colaborando absolutamente con la Justicia. Es una prioridad para mí y para la organización”. Y “vamos a tener contundencia” contra “cualquier persona” que haya podido cometer un ilícito si se demuestra en esos procesos judiciales, que “nos tomamos muy en serio”.

Ha recordado que el funcionamiento del fondo lo regulaba “una ley que se aprobó en el Congreso” y “todos” los órganos que han “fiscalizado” los expedientes, del Tribunal de Cuentas al Tribunal de Justicia de la UE, han determinado “que las ayudas estaban bien otorgadas”. Había “enorme preocupación” entre las empresas por la judicialización “de una de las ayudas” y desde patronales o partidos políticos se trasladó “la necesidad” de que “continuara” ese instrumento, que “no es un rescate, es un préstamo”.

“Sepi cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”. “Entiendo sus preocupaciones, estamos colaborando con la justicia”. “La SEPI que yo presido en estos cinco años ha velado por el interés general”.

La presidenta de la SEPI ha señalado que el fracaso del proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia, tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios, “podría no ser una buena noticia” y SEPI hará “lo posible” por que “lo que se plantee o replante no tenga ninguna merma para la autonomía estratégica” europea. El holding ha pedido a Indra, que participa en este proyecto y en la que es primer accionista con un 28%, “que analice y nos traslade su análisis inmediato” del impacto de esta decisión, que ha propiciado una caída del 5% en la cotización de la empresa.

Sobre la abortada fusión de Indra y su ex accionista Escribano, la empresa del anterior presidente de la cotizada, Ángel Escribano, ha dicho que “tuvo mucha literatura” y ahora Indra “verá ventajas e inconvenientes” de esa eventual operación si vuelve a ponerse sobre la mesa, aunque ha instado a “esperar” al nuevo plan estratégico que está preparando la nueva dirección de Indra, una vez se incorpore el nuevo consejero delegado, José María Recasens.

Ha recalcado la “importante experiencia” del nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, cuyo rol, ha recalcado, no es ejecutivo, y ha señalado que el trabajo de la comisión ad hoc creada el pasado verano por Indra para analizar la fusión “no había sido suficiente” para evitar el conflicto de interés que existía por ese papel de Escribano a ambos lados de la mesa.

Gualda ha subrayado que las operaciones corporativas “se gestan en el seno de las propias empresas”, a las que corresponde “definir la estrategia” en sus órganos societarios, que SEPI contribuye a orientar “desde una perspectiva institucional”, con visión “a largo plazo” y velando por el “interés general”. Ha recordado que SEPI trasladó en marzo al mercado su preocupación por la incidencia que “a pesar de las importantes medidas de mitigación” adoptadas estaba teniendo ese conflicto de interés en Indra, que el holding público pidió que se “despejase definitivamente”. Pero luego la “retirada” de la oferta por parte de Escribano hizo que se paralizara la operación.

La presidenta de la SEPI Ha instado en fijarse en la revalorización de Indra en los últimos tres años, con una subida del 188% solo en 2025. “Lo importante es la estabilidad de los proyectos, no las personas que vamos pasando por los puestos de responsabilidad, Indra ha dado un salto de escala impresionante con un récord de cartera”.

Evitar una opa hostil

Ha subrayado que la SEPI representa una herramienta imprescindible de colaboración público privada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y ha defendido la vuelta del Estado a Telefónica con un 10%, “una inversión que ya se ha revalorizado, que sigue siendo un activo propiedad de todos los españoles”, da “protección” y “evita una opa hostil de inversores o de intereses particulares que puedan poner en peligro una empresa sistémica para nuestra seguridad nacional”.

Gualda ha defendido que SEPI opera “respetando siempre la gobernanza y las reglas de mercado” y “con criterios de interés público”. En sus participaciones mayoritarias en 14 empresas públicas (de Correos a Navantia o la Agencia EFE), entre otras, “tiene el papel determinante” de fijar la estrategia en unas sociedades que en 2024 tuvieron una cifra de negocios de 6.355 millones, un 36,4% más que en 2020, y cuentan con más de 87.000 empleados, tras un “trabajo de salto de escala y de reconversión industrial” en los últimos años.

En las 11 empresas en las que SEPI tiene participaciones minoritarias (Telefónica, Indra, Airbus o Redeia, entre otras), presentes en ámbitos “de especial relevancia estratégica”, el valor de esa cartera se ha “duplicado” desde 2020, hasta 13.400 millones. Esas empresas, ha subrayado, tienen una cifra de negocios de 155.000 millones, un 125% más que en 2020, 300.000 empleados, “en un contexto marcado por sucesivas crisis”, y han aportado a la SEPI 1.406 millones en dividendos en estos años.

En Navantia, que Gualda presidía antes de ser nombrada presidenta de la SEPI, “me encontré con un agujero de 1.500 millones” y “ha duplicado sus ingresos anuales” en cinco años, con un equilibro financiero “muy cercano” después de “muchos años en pérdidas”. En Correos, “hemos conseguido después de diez años de pérdidas, reconducir la reconversión” y lograr su “equilibrio financiero” “con un proyecto estratégico que ha apoyado SEPI” para convertir sus oficinas en “ventanillas” del Estado para los ciudadanos.

Banco Santander se prepara para entrar en el mayor proyecto tecnológico que España tiene ahora mismo sobre la mesa: la futura gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA), una enorme infraestructura de computación pensada para entrenar modelos avanzados de IA y almacenar grandes cantidades de datos. La entidad presidida por Ana Botín, participará junto a ACS y Telefónica en el consorcio privado que impulsará la iniciativa, principalmente mediante financiación de deuda.

La entrada del Santander refuerza un proyecto con el que España quiere convertirse en uno de los grandes polos europeos de inteligencia artificial. La iniciativa, impulsada por el Gobierno español junto con Portugal y respaldada por Bruselas, prevé movilizar cerca de 4.000 millones de euros entre inversión pública y privada y estudia ubicar la infraestructura en Móra la Nova (Tarragona) o San Fernando de Henares (Madrid).

Telefónica será otro de los socios clave del proyecto, aunque su papel no estará centrado en la financiación. La operadora, presidida por Marc Murtra, prevé hacerse con entre el 10% y el 15% del capital del consorcio y quiere asumir una posición estratégica en el desarrollo tecnológico de la gigafactoría, tanto en la construcción de la infraestructura como en la futura comercialización de servicios avanzados de inteligencia artificial.

Santander se incorpora al consorcio

Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Banco Santander participará junto con ACS y Telefónica en el consorcio privado encargado de desarrollar la candidatura española.

La entidad estudia entrar principalmente mediante financiación de deuda en una sociedad que todavía no ha sido constituida y que deberá recibir antes la aprobación del Consejo de Ministros.

El Gobierno aportará inicialmente 250 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la “SEPI digital”, que además tomará participación accionarial en el proyecto.

En el consorcio participan también la tecnológica Multiverse y la empresa Submer, especializada en sistemas de refrigeración para centros de datos.

Telefónica busca un papel tecnológico, no financiero

Durante una intervención en los Desayunos Esade organizados por Esade Alumni, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, defendió que la operadora debe participar en el proyecto “desde el punto de vista tecnológico” y también como comercializador posterior de la capacidad computacional de la infraestructura.

La compañía, históricamente centrada en telecomunicaciones y redes, lleva años intentando ampliar su negocio hacia áreas como la ciberseguridad, la computación en la nube, la defensa y la gestión de infraestructuras digitales.

En ese contexto, Telefónica considera que las futuras gigafactorías de IA serán una evolución de los actuales centros de datos, aunque con una capacidad de cálculo y almacenamiento mucho mayor para entrenar modelos de inteligencia artificial.

“No es un sitio donde tenemos que tener un papel como gran inversor”, aseguró Gayo, que situó el valor de Telefónica en la experiencia técnica para construir y operar este tipo de infraestructuras críticas. “Tenemos que jugar un papel como desarrollador del proyecto, desde el punto de vista tecnológico, y también como comercializador posteriormente para los grandes”, afirmó.

Una infraestructura estratégica para Europa

La Comisión Europea (CE) considera las gigafactorías de IA una infraestructura estratégica comparable a las redes energéticas o las telecomunicaciones por su importancia geopolítica y económica.

El objetivo es que Europa disponga de capacidad propia de supercomputación, almacenamiento y entrenamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial en un momento marcado por el dominio tecnológico de gigantes estadounidenses y chinos.

España y Portugal trabajan además en una posible candidatura ibérica conjunta para albergar una de las primeras instalaciones de este tipo impulsadas por Bruselas.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya aseguró durante el último Mobile World Congress que España tiene opciones de convertirse en una de las sedes europeas de referencia para este tipo de infraestructuras.

El giro industrial de Telefónica

Durante su intervención, Gayo vinculó la participación de Telefónica en la gigafactoría con la transformación industrial que atraviesa el grupo. “La evolución tecnológica nos ha traído defensa a las telecos”, afirmó el directivo, que recordó la alianza con Navantia para servicios de ciberseguridad y la UTE con Indra para desarrollar un vehículo militar conectado.

El consejero delegado defendió además que Europa empieza a mostrar “por primera vez” una voluntad política clara para flexibilizar las reglas de competencia y favorecer grandes proyectos tecnológicos continentales.

En paralelo, Telefónica mantiene su salida de América Latina, una región que “ha dejado de ser” estratégica para la compañía, según explicó Gayo. La empresa centra ahora su actividad en cuatro mercados prioritarios: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

La invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos convencieron a Europa de la necesidad de construir sus propias capacidades de defensa. Al tiempo, Donald Trump exige a sus socios en la OTAN que gasten un 5% del PIB en defensa, aunque España lo ha toreado como ha podido, para comprometer el 2% del PIB, que son 34.000 millones de euros al año. Esa demanda de inversión esconde la descarada pretensión de que Europa compre aún más material a la poderosísima industria militar americana.

Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus España, aseguraba en una conferencia que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación y dependencia. Fragmentación, porque en Europa se producen 179 sistemas diferentes de armas (aviones, barcos, tanques, armas, etc.), frente a 33 en Estados Unidos; y dependencia de este país, porque Europa le compra el 80% del material, mientras que ellos se autoabastecen.

Por tanto, la conclusión evidente es que Europa necesita integrar sus empresas militares, para hacerlas más grandes, innovadoras y competitivas, de manera que sean capaces de suministrar a sus ejércitos y no depender del producto Made in USA. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es fusionar las industrias nacionales, para luego ir a un proceso supranacional, como en otros sectores. Es el camino para preservar localmente los empleos en una industria puntera en tecnología de uso militar y civil, y mantener cierta autonomía.

Este contexto llevó al Gobierno a promover un campeón nacional de la industria militar alrededor de Indra, compañía cotizada en Bolsa y participada al 28% por el Estado, a través de la SEPI. Se trata de homologarse con los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall, fabricante de tanques, misiles, artillería y sistemas aéreos antimisiles. Italia, con Leonardo, más enfocado en industria aeronáutica, con aviones de entrenamiento y helicópteros, o satélites. Y Francia, cuenta con Thales, la más parecida a Indra, puesto que está más centrada en transformación y seguridad digital, así como aviónica, radares, satélites, simuladores o señalización.

Rheinmetall es una compañía privada, con un accionariado muy atomizado. En cambio, Leonardo y Thales están, al igual que Indra, participadas y controladas por el Estado, que cuenta con participaciones del 30% y del 26,6%. El caso francés es peculiar porque el Estado tiene un socio, Dassault Aviation, que tiene su misma participación; sin embargo, el primero tiene el 36,7% de los derechos de voto y el segundo el 29,9%. Es llamativo que el socio privado sea además relevante en medios de comunicación, ya que el Grupo Dassault es el dueño de Le Figaro, el principal periódico conservador de Francia. Esto rememora el caso de Amber Capital, principal accionista y gestor del Grupo Prisa, con un 29,9%, que además es socio clave de Indra, con un 7,24%.

Ahora bien, la diferencia de tamaño (facturación) y perspectivas (tecnología) de unas compañías y otras queda patente en su valor bursátil. La capitalización de Rheinmetall es de 55.000 millones de euros, la de Thales 47.000 millones, la de Leonardo 30.000 millones y la de Indra 9.200 millones. Por tanto, queda claro que la empresa española elegida para liderar la industria de defensa Made In Spain tiene mucho que recorrer para homologarse con sus vecinos.

El problema está en que el plan para levantar ese líder español está resultando un desastre, producto de una improvisación propia de aficionados. El Gobierno ha pretendido construir en Indra un accionariado estable y de confianza, a la vez que absorbe empresas del sector que completen su gama de productos militares. En esa dinámica, Indra absorbió la pública Hispasat; entró en el capital de la vasca ITP (9,5%), que fabrica y mantiene motores de aviación, y tomó la mayoría de Tess Defence, una alianza nacional para fabricar tanques, que avanza con dificultades, dado que sus socios son íntimos enemigos, (Indra/Escribano y General Dynamic). A la vez que montaban el puzzle industrial, repartían quesitos de capital a los socios industriales. La familia vasca Aperribay, dueña de SAPA, se hizo con el 7,9% de Indra y el 16,3% de Tess Defence y la familia Escribano llegó a sumar el 14,3% y el 16,3% de esas mismas compañías.

El error es que la casa se comenzó por el tejado, sin un plan estratégico bien trazado, y con los ministerios de Industria y Defensa de mera comparsa. El manejo del plan se hizo desde Moncloa, de la mano de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, en enero del año pasado, al descabalgar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y colocar a Marc Murtra, quedaba vacante la presidencia de Indra y no se le ocurrió otra cosa que colocar a Ángel Escribano, que ya tenía a su hermano Javier en el consejo representando al paquete familiar. A partir de ahí, Indra ha ido de lío en lío, con cambios de presidente, consejero delegado (José Vicente de los Mozos está en la puerta) y directivos de todo ámbito.

Si el proceso se hubiera hecho con un diseño racional, Indra habría adquirido Escribano en 2023, para convertirla en la filial de mecánica, con los hermanos al frente. Indra se habría ahorrado mucho dinero y no habría estado parada más de un año tratando de justificar lo injustificable: que los Escribano podían ser comprador y vendedor de su propia empresa, una compañía engordada con contratos del Estado, que pagaba la fiesta y diluía su poder. Los hermanos Escribano han estado a punto de quedarse con el control y la gestión de una compañía que en 2022 facturaba 42 veces más que la suya. Hubiera sido un escándalo de dimensiones cósmicas.

De la Rocha, el impulsor oficial de la fusión Indra-Escribano se cayó del caballo y, en un giro de guion, promovió la destitución de Ángel Escribano al frente de Indra para colocar a Ángel Simón, que se encontraba en paro desde hace un año, cuando Isidro Fainé le despidió de CEO de CriteriaCaixa por exceso de celo. Es como si De la Rocha devolviera a Simón el favor que le hizo cuando le prestó los votos en Telefónica para ejecutar a Pallete.

Esta batalla tiene dos beneficiarios, los Escribano y JP Morgan, que han ingresado alrededor de 1.300 millones, con un beneficio y reparto que sólo saben ellos. Eso sí, los hermanos Escribano no se han visto en otra igual. A ver qué hacen con tanto dinero ganado rápido y fácil. Parece que la industria de defensa y los medios de comunicación maridan bien, pues hay pocos misiles con tanta puntería. Mientras, Indra y la industria española de defensa llevan dos años perdidos y Rheinmetall, Thales y Leonardo siguen alejándose.

Telefónica se ha deshecho de su joya histórica, el edificio de Gran Vía que desde hace más de 100 años se había convertido en su emblema. El magnate cartagenero Tomás Olivo lo comprará por una cantidad cercana a los 200 millones de euros, según adelantó anoche Nuevo Digital de Murcia.

El destino al que dedicará el edificio es todavía una incógnita aunque puede convertirse en un centro comercial, a la vista de la actividad sobre la que ha cimentado su imperio económico el propio Olivo, una de las fortunas más grandes de España (sexto en la lista Forbes) y dueño de la sociedad General de Galerías Comerciales, que posee más de una decena de centros comerciales a lo largo de la geografía nacional.

Olivo se hace con un edificio que inicialmente podría haber recibido una mayor valoración -fuentes del sector hablaban de entre 250 y 300 millones de euros- pero que estaba muy limitado por su valor patrimonial: se trata de un inmueble singular catalogado con la máxima protección, lo que complicaba operaciones como las de transformarlo en un hotel. La localización no podría ser mejor: por su acera pasan seis millones de personas cada año.

El empresario murciano también gestiona en estos momentos la apertura del mayor centro comercial de Madrid en Valdebebas, sobre tres parcelas que ronda los 145.000 m² de superficie y que fueron adquiridas por 55 millones de euros en el año 2020 por General de Galerías Comerciales.

Por su parte, la teleco que dirige Marc Murtra desde el año 2025 presentó cuentas hace unos días, que arrojaron una facturación superior a los 8.000 millones de euros y unas pérdidas de 411 millones, cantidad importante pero un tercio inferior a la del año anterior.

Telefónica se desprende con esta venta de su activo de mayor valor histórico, que renovó por completo hace menos de dos años en sus plantas bajas después de unas ambiciosas obras que pusieron de relieve su patrimonio y en las que la compañía dedicó una importante inversión.

Uno de los objetivos de esta reforma era conectar la tienda de Gran Vía con la Fundación Telefónica, situada en otra parte del edificio. Con la venta, es una incógnita saber qué pasará con uno de los lugares que programa algunas de las exposiciones más interesantes del centro de Madrid.

Telefónica ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.304 millones de euros que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Colombia, Chile y México

Según ha informado este jueves el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de no tener en cuenta las operaciones, que le restaron 807 millones, Telefónica habría ganado 386 millones en el primer trimestre, un 21,5% menos que en el ejercicio pasado.

En este contexto, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que recoge el resultado recurrente de las operaciones que consolidan en el grupo, alcanzó los 482 millones entre enero y marzo de 2026.

Tras estos resultados, la compañía de telecomunicación se ha apuntado este jueves una subida en bolsa de casi el 7%. En concreto, ha concluido la sesión con un repunte del 6,84%, hasta los 4,07 euros la acción, lo que deja su capitalización cerca de los 23.000 millones de euros.

Por otro lado, la empresa española generó unos ingresos de 8.127 millones de euros hasta marzo, con un crecimiento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes.

En el primer trimestre de 2026, y por el efecto de la estacionalidad habitual de comienzos de año, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas de la 'teleco' presidida por Marc Murtra se situí en 333 millones de euros.

Además, la deuda financiera neta se redujo en cerca de 1.500 millones de euros en el trimestre, hasta 25.342 millones al cierre de marzo, y la ratio de endeudamiento bajó a 2,72 veces.

La inversión del grupo en el primer trimestre se ha situado en 866 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025 a tipos de cambio constantes, lo que sitúa la inversión sobre ingresos en el 10,7%, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año.

Telefónica continuó en el primer trimestre del año con el proceso de desinversión en Hispanoamérica, tras cerrar las salidas de Colombia y Chile y firmar, a comienzos de abril, la venta de Telefónica México, sujeta a determinadas condiciones de cierre, entre ellas las autorizaciones regulatorias pertinentes, mientras la salida de Venezuela sigue pendiente.

En España, Telefónica prolongó su fortaleza comercial con más de 16 millones de líneas de contrato móvil, situó el 'churn' --tasa de abandono de clientes-- en mínimos históricos y aceleró su crecimiento con un incremento interanual del 2% tanto en los ingresos como en el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado.

Confirma previsiones y dividendo

La 'teleco' ha señalado que las “sólidas” cifras del primer trimestre del año la sitúan en la senda de cumplir sus objetivos financieros establecidos para el conjunto del ejercicio.

Estas metas, definidas en términos constantes, consisten en un crecimiento de los ingresos y del Ebitda ajustado de entre el 1,5% y 2,5% interanual, un aumento del flujo de caja operativo después de arrendamientos (OpCFaL) ajustado por encima del 2% interanual, una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2028.

Además, los resultados del primer trimestre del ejercicio la han permitido confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, pagadero en junio de 2027.

En cuanto al segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción y ya aprobado por los accionistas en la junta celebrada a finales de marzo, se abonará el próximo 18 de junio.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, será nombrado nuevo consejero delegado de Movistar+ en sustitución de Daniel Domenjó, que abandonará la compañía por decisión propia, ha adelantado el diario El Economista y confirmado fuentes conocedoras del relevo a Europa Press y EFE.

Domenjó, que asumió el cargo de CEO de Movistar+ en marzo de 2025 siendo uno de los primeros fichajes del entonces nuevo presidente de Telefónica Marc Murtra, saldrá de la compañía en los próximos meses. La renovación afectará a otros puestos de cúpula de la filial audiovisual de Telefónica, al frente de la cual sigue Javier de Paz como presidente. Gómez Palacio ocupará un asiento en el comité de dirección de Telefónica España, compañía que preside Borja Ochoa.

Alfonso Gómez Palacio, que en 2026 cumple veinte años en el Grupo Telefónica, es considerado por la compañía un activo importante al que rescatar una vez desmantelada prácticamente la estructura de Telefónica Hispanoamérica a raíz de la venta acelerada de las filiales del grupo en la región, a excepción de la unidad venezolana.

Este movimiento se produce después de que el propio Murtra advirtiera este miércoles en una cumbre con ejecutivos de la compañía de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales.

En un evento interno ante 700 directivos de la empresa, subrayó que Telefónica cuenta con activos diferenciales (como escala, red, talento y capacidades tecnológicas), pero subrayó la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales. Murtra situó la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

Amplia experiencia en Hispanoamérica

Tal y como han adelantado El Economista y El País, el nombramiento de Gómez responde a la intención de la compañía presidida por Marc Murtra de impulsar el negocio audiovisual. Gómez Palacio, que asumió en enero de 2018 el cargo de director de Telefónica Hispam, cursó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en Ciencias Políticas en el Loras College (Dubuque, Estados Unidos) y en Impuestos en la Universidad del Rosario.

En 2002 presidió la empresa estatal colombiana Telecom, liderando su proceso de liquidación y la creación de Colombia Telecomunicaciones como nuevo operador de los servicios a cargo del Estado. En el año 2006 entró en el Grupo Telefónica. Entre el 2007 y 2016 ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Telefónica en Colombia.

Dentro de sus principales logros en Colombia están la fusión de las operaciones fija y móvil del Grupo y la fluida relación con el Gobierno colombiano como socio de la compañía. En 2017 se convirtió en presidente CEO de Telefónica Colombia y lideró el proceso de capitalización de la misma.

De su lado y antes de asumir la dirección de Movistar+, Domenjó fue CEO y cofundador de Satisfaction Iberia, productora de contenidos de ficción y de entretenimiento (no ficción) focalizada en Iberia, Latam y US-Hispanics, creada en asociación con el grupo independiente francés líder en televisión, Satisfaction Group. Como emprendedor y directivo en la indústria audiovisual, lideró como director ejecutivo durante cinco años la creación, lanzamiento y consolidación de Mediacrest, productora a cargo de grandes formatos.

Acumula 23 años de experiencia en televisión y comunicación como emprendedor, directivo, creador y productor ejecutivo de programas informativos, de entretenimiento y documentales para TVE, Antena 3, Discovery, RTP-Portugal, Tele5 (Mediaset), TeleMadrid, TV3, Canal Sur, A Punt TV, BTV, URBE TV (Vocento), etc.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha advertido este miércoles de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales, al tiempo que ha elogiado los activos diferenciales que posee la compañía.

Murtra ha reconocido este miércoles en un evento interno ante 700 directivos de la empresa que Telefónica cuenta con activos diferenciales — escala, red, talento y capacidades tecnológicas —, pero ha advertido de la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales, informa Efe.

El presidente de Telefónica ha explicado que la transformación de la compañía depende de la capacidad de sus directivos para actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar sin dilaciones en el marco del plan estratégico.

Murtra ha situado la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

“Para que la transformación sea posible, necesitamos una cultura de gran impacto. No es aceptable cambiarlo todo para que nada cambie. Para ello, debemos dar siempre lo mejor de nosotros, superar nuestros límites y crecer juntos”, ha dicho Murtra en el primer gran encuentro interno desde su llegada a la presidencia en enero de 2025.

Asimismo, el presidente de la teleco ha asegurado que el objetivo estratégico se mantiene, el cual es convertir a Telefónica en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, reforzando su papel como infraestructura crítica y socio tecnológico de referencia.

También ha reiterado las cinco prioridades del plan: avanzar en la consolidación y liderazgo en Europa, reforzar la innovación y competitividad, mejorar la propuesta de servicios, impulsar una gestión más rigurosa y fortalecer el rol institucional de la compañía.

Durante su intervención también ha hablado de la inteligencia artificial (IA), cuyo impacto sitúa a Telefónica como un actor clave para garantizar un acceso seguro, fiable y de calidad a la digitalización.

El despliegue del 5G llegó acompañado de una narrativa muy ambiciosa sobre las tecnologías que este nuevo estándar de comunicación permitiría: coches autónomos, cirugías en remoto o múltiples aplicaciones relacionadas con las ciudades inteligentes. Tenía, sin embargo, un problema: prácticamente ninguna de ellas estaba lista cuando la red empezó a expandirse. Ahora, siete años después de que comenzara el despliegue de 5G en España, Telefónica presenta uno de los primeros servicios que serían imposibles sin esta red: drones repartidos por el territorio y teledirigidos por pilotos profesionales desde uno de sus centros de ciberseguridad en Madrid.

¿A quién va destinado? De momento, la operadora ha buscado los primeros clientes en el ámbito de la vigilancia lejos de los núcleos poblacionales. Uno de los contratos ya en operación, que Telefónica ha mostrado este jueves a un grupo de periodistas, es la prevención de incendios en zonas rurales de Extremadura, aunque sus drones también se están utilizando para vigilar infraestructuras críticas.

“Hemos empezado por los entornos menos poblados. También entornos industriales, como centros logísticos, que están un poco más aislados. A partir de ahí, según vayamos avanzando en el desarrollo, iremos explorando nuevos entornos”, ha explicado a elDiario.es Leonor Ostos, directora de Desarrollo de productos y servicios de Telefónica España.

La compañía cree que el mayor potencial inicial del servicio está en la reducción de costes en sectores como el industrial, el logístico o el energético. Especialmente en procesos que, de otra manera, implicarían el envío de helicópteros u operarios por tierra y que ahora pueden ser supervisados por pilotos profesionales desde Madrid. Sin embargo, la operadora está abierta a desarrollar cualquier caso de uso con las empresas y administraciones públicas interesadas.

“Por ejemplo, la supervisión de autopistas parece ideal hacerla con drones. El transporte, o si poco a poco nos vamos acercando a entornos más poblados, lo iremos trabajando de la mano de AESA [Agencia Estatal de Seguridad Aérea]”, ha añadido Ostos. El servicio puede desplegarse en cualquier lugar donde llegue la red 5G de la compañía. Según sus portavoces, la cobertura abarca ya el 95% del territorio nacional.

Un nido de drones en la antena de telecomunicación

La propuesta de Telefónica es eliminar la necesidad de que los pilotos se desplacen físicamente al lugar de la misión. Para lograrlo, el servicio se apoya en estaciones automatizadas conocidas como “Drone-in-a-Box” (nido de drones), las cuales permiten que el aparato despegue, aterrice y se recargue de forma autónoma en su punto de despliegue.

Esas cajas pueden instalarse en las 22.000 estaciones que la operadora tiene repartidas por el Estado. Al ubicarse en estos emplazamientos, los nidos de drones cuentan con entornos físicamente securizados y disponen de un suministro de energía constante y garantizado para mantener los aparatos siempre operativos y listos para volar.

La otra modalidad del servicio es operar los drones propiedad del cliente, en la que la operadora asumiría el pilotaje a distancia y la gestión de permisos. En la actualidad, Telefónica cuenta con una plantilla de doce pilotos formados para realizar operaciones BVLOS (vuelos más allá de la línea visual del piloto) y gestionar la burocracia con la AESA y la normativa europea de aeronaves no tripuladas (UAS). Todos han salido de su propio equipo de ingenieros.

“Somos casi como una aerolínea. Tienes que estar coordinado con los aeropuertos cercanos, por ejemplo, y tienes que hacer todas las autorizaciones previas al vuelo y la gestión del espacio aéreo”, ha explicado el responsable del equipo.

Inteligencia artificial y procesamiento en tiempo real

La transmisión de vídeo en tiempo real y el control a larga distancia se realizan mediante la conectividad 5G de la operadora. Pero el sistema no se limita a enviar imágenes a una pantalla en Madrid para que el piloto las observe. La clave técnica es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial, concretamente basados en tecnología de visión artificial.

Estas técnicas permiten analizar las imágenes que capta el dron en pleno vuelo y de forma automática. El sistema utiliza modelos preentrenados que lanzan alertas inmediatas si detectan situaciones anómalas o predefinidas por el cliente. Así, la IA puede identificar de manera autónoma fuego o humo en un monte, detectar si una persona ha sufrido una caída en una planta industrial o alertar de intrusiones no autorizadas en una zona de seguridad.

Esta automatización de la vigilancia amplía los casos de uso hacia tareas cotidianas y rutinarias que, hasta ahora, requerían intervención manual. Según los portavoces del proyecto, la IA puede desde comprobar si hay plazas de aparcamiento libres en un recinto, hasta utilizar el vídeo para calcular automáticamente el volumen en metros cúbicos de mercancía en un entorno portuario o logístico, ahorrando a los operarios tener que realizar esas mediciones a pie de pista.

Respecto al precio, la operadora ha preferido no comunicarlo en la presentación del servicio ante los periodistas. Los casos de uso pueden variar tanto en función de las horas de vuelo y el tipo de despliegue, alegan los portavoces de Telefónica, que no es posible ofrecer una horquilla orientativa.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

El pasado 1 de marzo se despidieron de Telefónica 2.700 trabajadores, la primera oleada de empleados que saldrán de la multinacional de telecomunicaciones en el ERE acordado con los sindicatos para un total de 5.800 trabajadores, entre sus diferentes filiales. Es el despido colectivo más numeroso de los últimos tiempos en España, que en el inicio de 2026 ha sumado un goteo de expedientes de extinción en varios sectores y empresas. El último, en Iberia, para 996 trabajadores, anunciado este jueves; el penúltimo en Glovo (750 despidos); y con especial incidencia en la industria, como en Tubos Reunidos (301). Ahora, todas las miradas se dirigen a la nueva guerra de Oriente Medio, de momento con una gran incertidumbre sobre su alcance y consecuencias.

A falta de datos oficiales, que todavía no se han publicado, elDiario.es ha recopilado en los dos primeros meses del año los datos de los despidos colectivos que han trascendido a la esfera pública. Las causas que figuran son las alegadas por las empresas, que no siempre coinciden con los motivos que denuncian los sindicatos.

En total, al menos hay 11.000 trabajadores afectados por estos ERE, un dato elevado en los últimos años –en los que España vive un contexto de fuerte crecimiento económico y de aumento del empleo a niveles récord– y que está muy marcado por el abultado expediente de Telefónica. 

Los despidos colectivos recogidos en la tabla responden a los problemas específicos de algunas empresas (como Castilian o Mediapro) así como de ciertos sectores, como la siderurgia (Tubos Reunidos, Metal Group). Además, otros ERE son fruto de decisiones estratégicas de las compañías, incluso cuando tienen una buena situación económica y con beneficios en sus cuentas, como puede ser el caso de Nestlé y Coca-Cola.

Así, el ERE de Telefónica, que la compañía ha enmarcado en su nuevo Plan de Restructuración para mejorar su “eficiencia” y ha contado con un acuerdo con la parte sindical, es el más numeroso.

Le sigue, en términos absolutos, el que acaba de anunciar Iberia. La aerolínea ya trabajaba con la idea del ERE, al que finalmente ha puesto cifra este jueves. La compañía ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores, que afectará a varios colectivos: 106 pilotos y 137 tripulantes de cabina, 305 operarios de mantenimiento, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas. La dirección justifica la medida en la necesidad de renovar determinados perfiles, en el marco del proceso de transformación recogido en su Plan de Vuelo 2030.

Otro de los más numerosos es el de Glovo, para 750 repartidores. La multinacional anuncia un ERE menos de un año después de abandonar el modelo de riders autónomos, cercada por múltiples causas judiciales. El sindicato CCOO ya ha advertido que rechazará el despido colectivo, mientras denuncia además la existencia de un “ERE encubierto” en una lluvia de despidos individuales en los últimos meses. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que no tolerará “ningún chantaje” de Glovo y ha anunciado que el Ministerio tomará “todas las medidas” que pueda en este ERE.

El cuarto de mayor volumen es el despido colectivo de Pepsico, que supondrá la salida de unas 400 personas de la multinacional por la externalización del servicio de distribución y que se ha saldado con un acuerdo con la parte trabajadora, para mejorar las condiciones de salida, especialmente de los trabajadores de avanzada edad.

Todavía en fase de negociación, y en pleno conflicto con los sindicatos, se encuentran los otros dos ERE más cuantiosos: el de la empresa de call center Majorel, con 329 salidas, que golpea especialmente a su centro de Salamanca y en el que los sindicatos denuncian una posible deslocalización de trabajo a países más baratos en mano de obra, y el de Tubos Reunidos, para 301 empleados en las fábricas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

Este último contempla el cierre de la acería, medida que rechazan los sindicatos por considerar que deja la empresa en una situación crítica para el futuro, por lo que han anunciado una huelga indefinida y están pidiendo a las autoridades que medien para evitar estas salidas en una empresa que ha recibido en los últimos años “más de 112 millones de euros de financiación pública para garantizar su viabilidad hasta 2026”, denuncia el sindicato LAB.

La parte trabajadora también se opone al ERE anunciado por la empresa química Solvay, para 77 empleados de su fábrica de Torrelavega (Cantabria), tras recibir más de 30 millones de euros de dinero público en el PERTE de Descarbonización, denuncia CCOO.

Entre los ERE más significativos por su impacto proporcional figuran el de Metal Group, finalmente para la totalidad de su plantilla –de unas 180 personas– de las plantas de Lebario (Abadiño) y Legutio, en Euskadi, que echarán el cierre tras la marcha de su principal cliente, Volkswagen, que el año pasado optó por trasladar sus pedidos a China. En algunos casos, la afectación territorial es muy pronunciada, como los alrededor de 200 despidos en International Paper ante la clausura de las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona), así como la de Griñón (Madrid).

También destacan por su peso relativo el ERE de AzkoNobel, que se ha saldado con el despido de 101 personas de la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona) –la antigua Industrias Titan–, la mitad de la plantilla; el de Telefónica, con unas 5.800 salidas en España que suponen alrededor del 33% de los trabajadores de la multinacional; y el de Avatel, que alcanza a 290 trabajadores, un 24% del total.

Además, algunos despidos colectivos están anunciados, pero aún sin cifra ni ubicación de los centros de trabajo afectados por los despidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre las plantillas. Por ejemplo, es el caso del ajuste global anunciado en octubre por Nestlé, que prevé 16.000 salidas (6% de su fuerza laboral), mayoritariamente en Europa, pero que todavía no ha sido concretado. O del ERE de XPO Logistics, del cual solo ha trascendido que podría alcanzar a a 21 de los 38 que tiene en España.

Entre los últimos despidos anunciados, sobresale el que afecta a 250 personas en Mediapro, de un total de 7.000 empleados, dentro de un plan de reestructuración del negocio tras perder el año pasado su principal contrato, el de la Liga española de fútbol.

ERE en tiempos de bonanza y con una nueva incertidumbre

Dada la falta de datos estadísticos publicados de 2026 por el momento, en los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y en la patronal CEOE indican que no pueden valorar la magnitud de los despidos colectivos del arranque del año. Aunque, con los datos del cierre de 2025 y la percepción de los expedientes que han ido trascendiendo en los primeros dos meses de 2026, la sensación de los agentes sociales no es de alarma.

“Siempre teniendo en cuenta que cada persona en un ERE es algo que no desea nadie y que hay que lamentar, puesto que el interés de toda empresa siempre es poder aumentar su plantilla en la medida de lo posible”, precisan fuentes de la patronal CEOE.

Los sindicatos mayoritarios explican que este año están especialmente atentos a si la inteligencia artificial (IA) empieza a jugar un papel determinante en matera de despidos. Un temor a futuro por el momento, más allá de algunos primeros casos en España y a nivel internacional. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, destacaba hace poco “aún no se ven consecuencias en el mercado laboral ni las temidas oleadas de despidos” como consecuencia de la IA, aunque añadió que la institución estaría “extremadamente” atenta de aquí en adelante.

Sin embargo, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ha desatado un nuevo conflicto armado en Oriente Medio, mantiene ahora a todos los actores económicos alerta, con una gran incertidumbre, sobre el propio desarrollo de la guerra y sus posibles consecuencias económicas, que pueden tener un gran impacto en el aumento de los costes energéticos y, como derivada, una nueva crisis inflacionista.

Los agentes sociales recuerdan que por el momento el contexto en España es de crecimiento económico y de auge del empleo, hasta niveles cercanos a récord histórico de casi 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. A cierre de 2025, hubo 41.200 trabajadores afectados por despidos colectivos, lo que supone un aumento respecto a los últimos ejercicios (37.372, en 2024), pero la mitad de los registrados durante la crisis financiera, en 2012, por ejemplo.

“Cuando la densidad es tan baja, un solo ERE puede alterar toda la estadística”, advierte Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, que recomienda partir de esta consideración antes de interpretar posibles aumentos, como el que resulta del gran expediente de Telefónica, o una especial incidencia territorial, por ejemplo ante el despido colectivo para casi 800 personas de Amazon en Barcelona a finales de 2025.

En UGT sí perciben “un aumento significativo” de los ERE en el sector industrial en este arranque de año, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato. Este sector es el que habitualmente concentra más número de expedientes, aunque en términos absolutos con frecuencia tengan una mayor afectación de trabajadores los despidos colectivos de los sectores de telecomunicaciones y de banca.

Además de los despidos colectivos, las empresas con problemas también acuden a la otra fórmula de regulación de empleo que se volvió muy popular durante la crisis por la pandemia de COVID: los ERTE. Como medida temporal, implican la suspensión de contratos o la reducción de la jornada de los trabajadores y en 2025 redujeron su número de afectados: 78.300 trabajadores alcanzados por suspensiones (frente a 143.000 en 2024) y 5.400 con reducciones de jornada (8.700 el año anterior).

“Es que estamos en una fase de creación de empleo”, recuerda Javier Pacheco, que considera que la verdadera prueba para saber si los ERTE aumentan su protagonismo frente a los ERE llegará cuando España tenga que enfrentarse a una crisis económica en el futuro. Por el momento, en el Ministerio de Trabajo destacan que sí están funcionando de manera rápida y eficaz para proteger empleos y empresas ante las catástrofes puntuales que ha afrontado el país en los últimos años, como la dana en Valencia.

De momento, hasta que se aclare la magnitud de la guerra en Oriente Medio, casi todas las miradas apuntan a EEUU e Irán. Como punto de partida, los sindicatos y patronal han pactado con Trabajo una mesa para monitorizar posibles efectos en la economía española y evaluar si es necesario tomar alguna medida de protección. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en mandar un mensaje de “tranquilidad” y “confianza” en que el Gobierno desplegará medidas de apoyo y ayudas a empresas y trabajadores si son necesarias.

Fue a finales del siglo pasado. Un grupo de empresas españolas, capitaneado por los grandes monopolios estatales, se lanzó a una expansión sincronizada en Latinoamérica. Aprovecharon su propia privatización para comprar al otro lado del Atlántico compañías muy semejantes de las que también salían sus estados. El proceso fue de tal dimensión que fue bautizado como la reconquista de América por la armada empresarial. Era una flota de una decena de empresas españolas comprando por toda la región. Treinta años después, aquella ola de adquisiciones se ha quedado prácticamente en nada; solo se libra Brasil.

Eran los felices años 90, cuando la generación del baby boom estaba en pleno rendimiento; ahora, se jubila en masa. España acababa de entrar en la Unión Europea (1986), se mostraba al mundo moderna y orgullosa (Barcelona y Sevilla 92) y se aprestaba a entrar en el selecto club del euro, que despegaría al país de la inestable peseta para engancharse a la nueva moneda heredera del marco alemán (1999). Entrar en la divisa europea requería disciplina germana en ratios clave, como inflación, déficit público, deuda pública y tipos de cambio y de interés. Para cumplirlos, el gobierno liberal de José María Aznar (1996-2004) culminó con enorme agrado todo un proceso de privatizaciones comenzado por el socialista Felipe González (1982-1996).

El proceso se repitió una y otra vez, con ofertas públicas de venta (OPV) de sucesivos paquetes de acciones de las empresas públicas, que también sirvieron para popularizar la bolsa como fórmula de inversión del ahorro familiar. Antes de entrar en este siglo, el Estado vendió los últimos paquetes, para con esos ingresos amortizar deuda pública y aprobar el examen de entrada en la Eurozona. Así es como Telefónica (1995-1999), Repsol (1989-1997), Endesa (1988-1998), Enagás (1997), Red Eléctrica (1999), Iberia (1999-2001) y la banca pública aglutinada en Argentaria (1993-1998), por reseñar las más grandes, acabaron en manos privadas. El Estado conservó pequeñas participaciones en Enagás (5%), Redeia (20%) e Iberia (2,5% de IAG, el holding) y ha retornado hace apenas un año a Telefónica (10%).

Estas empresas lideraron aquella marea inversora, que fue seguida por prácticamente todas las empresas privadas energéticas (Iberdrola, Unión Fenosa o Gas Natural) y por los grandes bancos Santander y BBV. Por eso, resulta un shock la rápida retirada de Telefónica, que en menos de un año ha vendido sus negocios en seis países (Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile), proceso que sigue a la retirada de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua) entre 2019 y 2021, y que continuará este mismo año con la venta de México y Venezuela. Se salva Brasil, que de momento es considerado mercado estratégico.

El viaje de vuelta de las empresas españolas no obedece a un relato común, aunque sea una constante. La casuística va desde la expulsión por renacionalización, a las pérdidas continuadas, el mero cambio de estrategia con la llegada de nuevos accionistas o la necesidad de hacer caja para reinvertir en otros mercados.

En el primer caso está Repsol, que se vio obligada a revender a Argentina la petrolera pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una compañía tan grande que llevó al cambio de nombre de la española a Repsol YPF. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la renacionalización de YPF, lo que se hizo con la consiguiente contraprestación. Algo parecido le sucedió a Red Eléctrica Española, cuando en el mismo año el gobierno de Evo Morales le expropió la compañía Transportadora de Electricidad SA. La expropiación fue ordenada el 1 de mayo, Día del Trabajador, “como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”, dijo Morales.

En 2013, Repsol vendió a la angloholandesa Shell sus activos de gas natural licuado en Perú y Trinidad y Tobago, y poco después se desprendería de los negocios en Ecuador. Este fue un proceso más voluntario y con parte de aquellos recursos compró la petrolera Canadiense Talisman. Repsol sigue conservando intereses en Brasil y Venezuela, un país que han cobrado una importancia y valor inesperados con la toma del país por Estados Unidos.

Un caso muy diferente es el de la que fuera la Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa), que acabó en 2009 en manos de la empresa pública italiana Enel. Cinco años después, los italianos traspasaron sin ningún recato las filiales de Endesa en Latinoamérica a la empresa matriz, para posteriormente vender los activos en Argentina y Perú, y quedarse en Brasil, Chile y Colombia, pero ya desenganchadas de España.

Enagás también ha protagonizado recientemente un repliegue de América a España. En 2022 vendió su participación en la chilena GNL Quintero; dos años después se deshizo de las participaciones en la mexicana Compresión de Soto La Marina y la estadounidense Talgrass Energy. Ya solo le queda un pleito en Perú por el que el Estado peruano tiene que compensarle con más de 300 millones de dólares por la cancelación unilateral del Gasoducto Sur Peruano. Todos estos recursos y más van destinados a financiar las inversiones de más de 4.000 millones de euros del plan estratégico de la empresa (2025-2030), de los que 3.125 millones van a infraestructura de hidrógeno verde.

Estos movimientos de los antiguos monopolios públicos se han visto acompañados por la salida de empresas privadas como Iberdrola, Naturgy o Acciona, que han hecho un repliegue notable. Pero hay dos excepciones que confirman la regla. Por un lado, los grandes bancos, Santander y BBVA, que siguen muy presentes en la región. Por otro, la apuesta brasileña, ligada al tamaño de país y de economía. Brasil suma 214 millones de habitantes, que es casi la suma de los tres siguientes: México (133 millones), Colombia (53 Millones) y Argentina (47 millones). Además, el país carioca cuenta con un PIB de 2,1 billones de euros, que es el equivalente al agregado de México (1,7 billones) y Colombia (0,4 billones).

La fuerte presencia de grandes empresas españolas en la región sirvió para ejercer de manera silenciosa y continuada el soft power del dinero, que tan bien acompaña a la diplomacia formal. La retirada de Telefónica y el resto de viejos monopolios deja al Gobierno de España menos palancas en su aproximación a Latinoamérica. Esto también lo sabe Donald Trump.

El Mobile World Congress (MWC) ha cumplido este año su vigésima edición celebrándose en Barcelona. Pero no es solo la efeméride la que invita a mirar hacia atrás y analizar cómo ha cambiado la feria en estas dos décadas. También es la propia realidad del evento. Son las declaraciones de los ejecutivos y de los representantes políticos, o las exhibiciones a las que las compañías deciden conceder un papel central. Es un cambio que llevaba años gestándose, pero que en este 2026 ha visto su punto de inflexión.

La mayor tensión global en décadas, las políticas de rearme, un mundo que ha normalizado el conflicto y una guerra que ha comenzado el mismo fin de semana que arrancaba la feria han producido un Mobile World Congress diferente. Un encuentro que ya no habla de la tecnología para conectar al mundo, sino de cómo protegerla ante sus enemigos.

El MWC no es realmente una feria de móviles, sino de conectividad. Hace 20 años la clave de la conectividad eran los nuevos teléfonos inteligentes que prometían cambiarlo todo. Hoy, las presentaciones de nuevos dispositivos se mantienen, pero las tecnologías que centran los debates son otras. Son la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, los drones o los sistemas de conexión por satélite que permiten mantener las redes en caso de que las instalaciones en tierra no estén disponibles por algún motivo.

Las palabras que están en todos los discursos han sido “soberanía” y “resiliencia”. Es decir, operar tecnologías propias sin depender de nadie y capaces de resistir “perturbaciones” o “situaciones adversas”. Conceptos que antes se trataban en los pabellones secundarios donde se colocaban las empresas de defensa, pero que este 2026 han calado en toda la feria.

“Tecnología dual”

No hay que rebuscar para hallar ejemplos de todo esto. En el punto de mayor afluencia del pabellón 3, el centro neurálgico del MWC, suele colocarse el stand de Telefónica. La exhibición más visitada de la compañía este año se denominaba “Mission-Critical Dome”. Un conjunto de tecnologías para “desplegar una burbuja táctica”, explica Jesús Abraham, responsable de innovación en Defensa de Telefónica.

“Cuando sucede una catástrofe natural, lo primero que debemos hacer es tener una conciencia situacional. Si la electricidad, las comunicaciones o la red caen, tenemos que devolver la conectividad a la zona afectada. Para eso necesitamos hiperconectividad, ciberseguridad y seguridad la infraestructura y para los dispositivos que se conectan a esa infraestructura”, detalla Abraham, oficial en reserva de la Armada.

“También necesitamos una serie de servicios de misión crítica que permita a los operativos desplegados en la zona poder cumplir con sus cometidos. Servicios como un sistema de mando y control único para que toda la información que se recoge en los niveles estratégico, operacional y táctico pueda ser compartido en tiempo real”, continúa.

Aunque Abraham utiliza el contexto de una emergencia natural, Telefónica reconoce que se trata de una “tecnología dual”. Es decir, que se puede usar también con fines militares. Su primer despliegue será precisamente ese, según ha comunicado la compañía este miércoles, con un acuerdo con el Ministerio de Defensa y con la OTAN para comenzar la fase de pruebas de estas burbujas con las Fuerzas Armadas.

Enfrente del stand de Telefónica se sitúa otro de los más grandes de la feria, el de Deutsche Telekom, la mayor teleco europea por ingresos y capitalización bursátil. “¿En quién puedes confiar? Todo se utiliza como un arma. Y si te vuelves dependiente de alguien, ya sabes, podría aprovecharse de ello”, dijo su CEO, Tim Höttges, durante uno de los principales paneles del evento, en el que compartía escenario con Marc Murtra, su homólogo de Telefónica.

Un poco más adelante se colocaba otro stand aún mayor, el de China Mobile. La teleco con la mayor base de clientes del mundo tenía una exposición de robots camareros en el punto de más visible de su apartado, pero la mayoría del espacio se lo dedicaba a un recorrido sobre cómo su tecnología puede usarse en toda la operatividad de drones, tanto aéreos como terrestres y submarinos.

“Detección e identificación de objetivos bajos, lentos y pequeños” gracias al 5G-Avanzado, prometía la compañía asiática en uno de sus paneles, que “consigue una detección más rápida (menos de 5 segundos), mayor precisión (disminución de la tasa de falsas alarmas en un 80%) y mayor estabilidad (disminución de la probabilidad de pérdida de objetivos en un 15%)”.

Soberanía a cambio de fusiones

Hace años que las principales telecos europeas achacan a Bruselas el retraso tecnológico del continente. Defienden que las normas antimonopolio de la UE les impiden comprar empresas más pequeñas y fusionarse, lo que su vez limita las economías de escala y las inversiones que pueden hacer para ponerse a la par de las tecnológicas estadounidenses.

Ahora, con la soberanía tecnológica en el centro del debate y los embates de Donald Trump, el discurso está calando más hondo que en años anteriores. La Comisión Europea abrió en 2025 un proceso para modificar esas normas, impuestas para impedir las prácticas de abuso de posición dominante que caracterizan precisamente a las grandes tecnológicas estadounidenses en el entorno digital.

“Seguiremos asegurándonos de que los consumidores europeos obtengan la mejor calidad al mejor precio, pero también debemos lograr que la política de competencia trabaje a favor de Europa”, explica un portavoz de la Comisión a elDiario.es. “El propósito es que las empresas europeas eficientes puedan crecer hasta convertirse en líderes mundiales, que surjan y prosperen competidores europeos innovadores y que Europa pueda competir, y ganar, en una economía global cada vez más dura”.

Con todo, Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, reconoció algunas necesidades a las que hacen referencia las telecos durante su intervención en el MWC. “En el mundo hiperconectado de hoy, la conectividad ya no puede limitarse únicamente a redes más rápidas o a una mejor cobertura, sino que debe tratar también sobre la competitividad de nuestra economía en el escenario mundial”, reconoció.

“Se trata asimismo de nuestra capacidad industrial para habilitar la economía de la Inteligencia Artificial y de fomentar nuestra resiliencia y proteger nuestra soberanía. El Mobile World Congress de este año lo muestra claramente”, continúo Virkkunen. “Debemos reconocer que, en el contexto geopolítico actual, cada eslabón de nuestra compleja y digitalizada cadena de suministro es un objetivo potencial de explotación por parte de actores malintencionados”.

El Gobierno español también ha apoyado los planes de las telecos. “Europa necesita tamaño europeo en esta nueva carrera que supone la inteligencia artificial”, manifestó durante la feria el ministro para Transformación Digital, Óscar López. “Sin empresas europeas potentes no seremos competitivos en el futuro”, ha advertido.

El principal anuncio del Ejecutivo durante el Mobile, un fondo de 100 millones de euros para fomentar que las empresas españolas se asocien con otras europeas para desarrollar tecnología “soberana”, también está destinada a cortar lazos con China y reducir la dependencia estratégica de EEUU.

Tecnología propia tutelada por EEUU

Pese a las promesas, los anuncios de tecnología estratégica propia por parte de las telecos han brillado por su ausencia en este MWC. Sus principales propuestas siguen dependiendo profundamente de tecnología estadounidense. Una de ellas, denominada Open Telco AI, fue presentada el lunes a bombo y platillo por la GSMA, su patronal internacional y organizadora de la feria.

Se trata de una alianza de operadoras mundiales y fabricantes de chips para desarrollar inteligencia artificial propia al margen de las grandes tecnológicas de EEUU. La realidad es que la voz cantante la llevan AT&T, la principal teleco estadounidense, junto con AMD, chipera radicada en Silicon Valley.

Este patrón se repite en la gran apuesta europea por la conectividad satelital para impedir caer en los brazos de Starlink y Elon Musk. Bautizada como Satellite Connect Europe, es una plataforma liderada por Vodafone y respaldada por Telefónica y Orange. Nace con la vitola de proyecto europeo, sede en Luxemburgo y financiación de 100 millones de euros de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, el núcleo tecnológico sigue siendo estadounidense.

El proyecto es una sociedad compartida con la compañía con base en Texas AST SpaceMobile, que posee un porcentaje de la empresa, se queda con la propiedad intelectual y fabrica los satélites en suelo estadounidense. Las operaciones se controlarán desde Alemania, asignando qué satélite cubre qué zona y gestionando las estaciones terrestres que los conectan satélites con la red normal de torres 5G. Los datos también se quedarán en suelo europeo, pero en caso de conflicto, la capacidad de decisión crítica sobre el sistema sigue en manos de la empresa estadounidense.

Pese a los discursos públicos, la realidad es que empresas como Deustche Telekom tienen en EEUU su mercado clave, uno de los más rentables. “Soy un gran fan de EEUU”, declaró su CEO Tim Höttges durante su conferencia, generando aplausos entre los asistentes al auditorio principal del evento. Palabras que pronunció solo unas horas después que EEUU se sumara a Israel para asesinar al ayatolá Alí Jamenei en una operación que la ONU considera fuera de la legalidad internacional.

Miles de asistentes al Mobile deberán tomar rutas alternativas miles de kilómetros más largas para volver a sus lugares de origen. La organización esperaba este año unos 110.000 asistentes a la feria, pero este miércoles aún no podía confirmar cuántos se han visto atrapados por el cese del tráfico aéreo y han tenido que cancelar su participación.

“Somos un evento global y, como tal, contamos con algunos asistentes, expositores y ponentes que viajan desde Oriente Medio o que hacen tránsito por esa región, y que podrían haberse visto afectados por interrupciones en los viajes. No será hasta que el MWC concluya el jueves por la tarde cuando conozcamos el impacto total”, expresan desde la organización. Antes de estos eventos, el Mobile cifraba en 585 millones de euros el impacto directo en Barcelona y en unos 14.000 los empleos temporales creados.

En los 20 años que la feria lleva celebrándose en la capital catalana, la impacto económico en la región ascendería hasta los 6.900 millones de euros. El compromiso firmado con las administraciones es que el evento, que a lo largo de estas dos décadas ha pasado de reflejar el optimismo de la revolución digital al realismo de un mundo en guerra, siga celebrándose en Barcelona hasta 2030.