La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, será nombrado nuevo consejero delegado de Movistar+ en sustitución de Daniel Domenjó, que abandonará la compañía por decisión propia, ha adelantado el diario El Economista y confirmado fuentes conocedoras del relevo a Europa Press y EFE.

Domenjó, que asumió el cargo de CEO de Movistar+ en marzo de 2025 siendo uno de los primeros fichajes del entonces nuevo presidente de Telefónica Marc Murtra, saldrá de la compañía en los próximos meses. La renovación afectará a otros puestos de cúpula de la filial audiovisual de Telefónica, al frente de la cual sigue Javier de Paz como presidente. Gómez Palacio ocupará un asiento en el comité de dirección de Telefónica España, compañía que preside Borja Ochoa.

Alfonso Gómez Palacio, que en 2026 cumple veinte años en el Grupo Telefónica, es considerado por la compañía un activo importante al que rescatar una vez desmantelada prácticamente la estructura de Telefónica Hispanoamérica a raíz de la venta acelerada de las filiales del grupo en la región, a excepción de la unidad venezolana.

Este movimiento se produce después de que el propio Murtra advirtiera este miércoles en una cumbre con ejecutivos de la compañía de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales.

En un evento interno ante 700 directivos de la empresa, subrayó que Telefónica cuenta con activos diferenciales (como escala, red, talento y capacidades tecnológicas), pero subrayó la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales. Murtra situó la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

Amplia experiencia en Hispanoamérica

Tal y como han adelantado El Economista y El País, el nombramiento de Gómez responde a la intención de la compañía presidida por Marc Murtra de impulsar el negocio audiovisual. Gómez Palacio, que asumió en enero de 2018 el cargo de director de Telefónica Hispam, cursó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en Ciencias Políticas en el Loras College (Dubuque, Estados Unidos) y en Impuestos en la Universidad del Rosario.

En 2002 presidió la empresa estatal colombiana Telecom, liderando su proceso de liquidación y la creación de Colombia Telecomunicaciones como nuevo operador de los servicios a cargo del Estado. En el año 2006 entró en el Grupo Telefónica. Entre el 2007 y 2016 ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Telefónica en Colombia.

Dentro de sus principales logros en Colombia están la fusión de las operaciones fija y móvil del Grupo y la fluida relación con el Gobierno colombiano como socio de la compañía. En 2017 se convirtió en presidente CEO de Telefónica Colombia y lideró el proceso de capitalización de la misma.

De su lado y antes de asumir la dirección de Movistar+, Domenjó fue CEO y cofundador de Satisfaction Iberia, productora de contenidos de ficción y de entretenimiento (no ficción) focalizada en Iberia, Latam y US-Hispanics, creada en asociación con el grupo independiente francés líder en televisión, Satisfaction Group. Como emprendedor y directivo en la indústria audiovisual, lideró como director ejecutivo durante cinco años la creación, lanzamiento y consolidación de Mediacrest, productora a cargo de grandes formatos.

Acumula 23 años de experiencia en televisión y comunicación como emprendedor, directivo, creador y productor ejecutivo de programas informativos, de entretenimiento y documentales para TVE, Antena 3, Discovery, RTP-Portugal, Tele5 (Mediaset), TeleMadrid, TV3, Canal Sur, A Punt TV, BTV, URBE TV (Vocento), etc.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha advertido este miércoles de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales, al tiempo que ha elogiado los activos diferenciales que posee la compañía.

Murtra ha reconocido este miércoles en un evento interno ante 700 directivos de la empresa que Telefónica cuenta con activos diferenciales — escala, red, talento y capacidades tecnológicas —, pero ha advertido de la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales, informa Efe.

El presidente de Telefónica ha explicado que la transformación de la compañía depende de la capacidad de sus directivos para actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar sin dilaciones en el marco del plan estratégico.

Murtra ha situado la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

“Para que la transformación sea posible, necesitamos una cultura de gran impacto. No es aceptable cambiarlo todo para que nada cambie. Para ello, debemos dar siempre lo mejor de nosotros, superar nuestros límites y crecer juntos”, ha dicho Murtra en el primer gran encuentro interno desde su llegada a la presidencia en enero de 2025.

Asimismo, el presidente de la teleco ha asegurado que el objetivo estratégico se mantiene, el cual es convertir a Telefónica en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, reforzando su papel como infraestructura crítica y socio tecnológico de referencia.

También ha reiterado las cinco prioridades del plan: avanzar en la consolidación y liderazgo en Europa, reforzar la innovación y competitividad, mejorar la propuesta de servicios, impulsar una gestión más rigurosa y fortalecer el rol institucional de la compañía.

Durante su intervención también ha hablado de la inteligencia artificial (IA), cuyo impacto sitúa a Telefónica como un actor clave para garantizar un acceso seguro, fiable y de calidad a la digitalización.

El despliegue del 5G llegó acompañado de una narrativa muy ambiciosa sobre las tecnologías que este nuevo estándar de comunicación permitiría: coches autónomos, cirugías en remoto o múltiples aplicaciones relacionadas con las ciudades inteligentes. Tenía, sin embargo, un problema: prácticamente ninguna de ellas estaba lista cuando la red empezó a expandirse. Ahora, siete años después de que comenzara el despliegue de 5G en España, Telefónica presenta uno de los primeros servicios que serían imposibles sin esta red: drones repartidos por el territorio y teledirigidos por pilotos profesionales desde uno de sus centros de ciberseguridad en Madrid.

¿A quién va destinado? De momento, la operadora ha buscado los primeros clientes en el ámbito de la vigilancia lejos de los núcleos poblacionales. Uno de los contratos ya en operación, que Telefónica ha mostrado este jueves a un grupo de periodistas, es la prevención de incendios en zonas rurales de Extremadura, aunque sus drones también se están utilizando para vigilar infraestructuras críticas.

“Hemos empezado por los entornos menos poblados. También entornos industriales, como centros logísticos, que están un poco más aislados. A partir de ahí, según vayamos avanzando en el desarrollo, iremos explorando nuevos entornos”, ha explicado a elDiario.es Leonor Ostos, directora de Desarrollo de productos y servicios de Telefónica España.

La compañía cree que el mayor potencial inicial del servicio está en la reducción de costes en sectores como el industrial, el logístico o el energético. Especialmente en procesos que, de otra manera, implicarían el envío de helicópteros u operarios por tierra y que ahora pueden ser supervisados por pilotos profesionales desde Madrid. Sin embargo, la operadora está abierta a desarrollar cualquier caso de uso con las empresas y administraciones públicas interesadas.

“Por ejemplo, la supervisión de autopistas parece ideal hacerla con drones. El transporte, o si poco a poco nos vamos acercando a entornos más poblados, lo iremos trabajando de la mano de AESA [Agencia Estatal de Seguridad Aérea]”, ha añadido Ostos. El servicio puede desplegarse en cualquier lugar donde llegue la red 5G de la compañía. Según sus portavoces, la cobertura abarca ya el 95% del territorio nacional.

Un nido de drones en la antena de telecomunicación

La propuesta de Telefónica es eliminar la necesidad de que los pilotos se desplacen físicamente al lugar de la misión. Para lograrlo, el servicio se apoya en estaciones automatizadas conocidas como “Drone-in-a-Box” (nido de drones), las cuales permiten que el aparato despegue, aterrice y se recargue de forma autónoma en su punto de despliegue.

Esas cajas pueden instalarse en las 22.000 estaciones que la operadora tiene repartidas por el Estado. Al ubicarse en estos emplazamientos, los nidos de drones cuentan con entornos físicamente securizados y disponen de un suministro de energía constante y garantizado para mantener los aparatos siempre operativos y listos para volar.

La otra modalidad del servicio es operar los drones propiedad del cliente, en la que la operadora asumiría el pilotaje a distancia y la gestión de permisos. En la actualidad, Telefónica cuenta con una plantilla de doce pilotos formados para realizar operaciones BVLOS (vuelos más allá de la línea visual del piloto) y gestionar la burocracia con la AESA y la normativa europea de aeronaves no tripuladas (UAS). Todos han salido de su propio equipo de ingenieros.

“Somos casi como una aerolínea. Tienes que estar coordinado con los aeropuertos cercanos, por ejemplo, y tienes que hacer todas las autorizaciones previas al vuelo y la gestión del espacio aéreo”, ha explicado el responsable del equipo.

Inteligencia artificial y procesamiento en tiempo real

La transmisión de vídeo en tiempo real y el control a larga distancia se realizan mediante la conectividad 5G de la operadora. Pero el sistema no se limita a enviar imágenes a una pantalla en Madrid para que el piloto las observe. La clave técnica es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial, concretamente basados en tecnología de visión artificial.

Estas técnicas permiten analizar las imágenes que capta el dron en pleno vuelo y de forma automática. El sistema utiliza modelos preentrenados que lanzan alertas inmediatas si detectan situaciones anómalas o predefinidas por el cliente. Así, la IA puede identificar de manera autónoma fuego o humo en un monte, detectar si una persona ha sufrido una caída en una planta industrial o alertar de intrusiones no autorizadas en una zona de seguridad.

Esta automatización de la vigilancia amplía los casos de uso hacia tareas cotidianas y rutinarias que, hasta ahora, requerían intervención manual. Según los portavoces del proyecto, la IA puede desde comprobar si hay plazas de aparcamiento libres en un recinto, hasta utilizar el vídeo para calcular automáticamente el volumen en metros cúbicos de mercancía en un entorno portuario o logístico, ahorrando a los operarios tener que realizar esas mediciones a pie de pista.

Respecto al precio, la operadora ha preferido no comunicarlo en la presentación del servicio ante los periodistas. Los casos de uso pueden variar tanto en función de las horas de vuelo y el tipo de despliegue, alegan los portavoces de Telefónica, que no es posible ofrecer una horquilla orientativa.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

El pasado 1 de marzo se despidieron de Telefónica 2.700 trabajadores, la primera oleada de empleados que saldrán de la multinacional de telecomunicaciones en el ERE acordado con los sindicatos para un total de 5.800 trabajadores, entre sus diferentes filiales. Es el despido colectivo más numeroso de los últimos tiempos en España, que en el inicio de 2026 ha sumado un goteo de expedientes de extinción en varios sectores y empresas. El último, en Iberia, para 996 trabajadores, anunciado este jueves; el penúltimo en Glovo (750 despidos); y con especial incidencia en la industria, como en Tubos Reunidos (301). Ahora, todas las miradas se dirigen a la nueva guerra de Oriente Medio, de momento con una gran incertidumbre sobre su alcance y consecuencias.

A falta de datos oficiales, que todavía no se han publicado, elDiario.es ha recopilado en los dos primeros meses del año los datos de los despidos colectivos que han trascendido a la esfera pública. Las causas que figuran son las alegadas por las empresas, que no siempre coinciden con los motivos que denuncian los sindicatos.

En total, al menos hay 11.000 trabajadores afectados por estos ERE, un dato elevado en los últimos años –en los que España vive un contexto de fuerte crecimiento económico y de aumento del empleo a niveles récord– y que está muy marcado por el abultado expediente de Telefónica. 

Los despidos colectivos recogidos en la tabla responden a los problemas específicos de algunas empresas (como Castilian o Mediapro) así como de ciertos sectores, como la siderurgia (Tubos Reunidos, Metal Group). Además, otros ERE son fruto de decisiones estratégicas de las compañías, incluso cuando tienen una buena situación económica y con beneficios en sus cuentas, como puede ser el caso de Nestlé y Coca-Cola.

Así, el ERE de Telefónica, que la compañía ha enmarcado en su nuevo Plan de Restructuración para mejorar su “eficiencia” y ha contado con un acuerdo con la parte sindical, es el más numeroso.

Le sigue, en términos absolutos, el que acaba de anunciar Iberia. La aerolínea ya trabajaba con la idea del ERE, al que finalmente ha puesto cifra este jueves. La compañía ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores, que afectará a varios colectivos: 106 pilotos y 137 tripulantes de cabina, 305 operarios de mantenimiento, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas. La dirección justifica la medida en la necesidad de renovar determinados perfiles, en el marco del proceso de transformación recogido en su Plan de Vuelo 2030.

Otro de los más numerosos es el de Glovo, para 750 repartidores. La multinacional anuncia un ERE menos de un año después de abandonar el modelo de riders autónomos, cercada por múltiples causas judiciales. El sindicato CCOO ya ha advertido que rechazará el despido colectivo, mientras denuncia además la existencia de un “ERE encubierto” en una lluvia de despidos individuales en los últimos meses. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que no tolerará “ningún chantaje” de Glovo y ha anunciado que el Ministerio tomará “todas las medidas” que pueda en este ERE.

El cuarto de mayor volumen es el despido colectivo de Pepsico, que supondrá la salida de unas 400 personas de la multinacional por la externalización del servicio de distribución y que se ha saldado con un acuerdo con la parte trabajadora, para mejorar las condiciones de salida, especialmente de los trabajadores de avanzada edad.

Todavía en fase de negociación, y en pleno conflicto con los sindicatos, se encuentran los otros dos ERE más cuantiosos: el de la empresa de call center Majorel, con 329 salidas, que golpea especialmente a su centro de Salamanca y en el que los sindicatos denuncian una posible deslocalización de trabajo a países más baratos en mano de obra, y el de Tubos Reunidos, para 301 empleados en las fábricas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

Este último contempla el cierre de la acería, medida que rechazan los sindicatos por considerar que deja la empresa en una situación crítica para el futuro, por lo que han anunciado una huelga indefinida y están pidiendo a las autoridades que medien para evitar estas salidas en una empresa que ha recibido en los últimos años “más de 112 millones de euros de financiación pública para garantizar su viabilidad hasta 2026”, denuncia el sindicato LAB.

La parte trabajadora también se opone al ERE anunciado por la empresa química Solvay, para 77 empleados de su fábrica de Torrelavega (Cantabria), tras recibir más de 30 millones de euros de dinero público en el PERTE de Descarbonización, denuncia CCOO.

Entre los ERE más significativos por su impacto proporcional figuran el de Metal Group, finalmente para la totalidad de su plantilla –de unas 180 personas– de las plantas de Lebario (Abadiño) y Legutio, en Euskadi, que echarán el cierre tras la marcha de su principal cliente, Volkswagen, que el año pasado optó por trasladar sus pedidos a China. En algunos casos, la afectación territorial es muy pronunciada, como los alrededor de 200 despidos en International Paper ante la clausura de las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona), así como la de Griñón (Madrid).

También destacan por su peso relativo el ERE de AzkoNobel, que se ha saldado con el despido de 101 personas de la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona) –la antigua Industrias Titan–, la mitad de la plantilla; el de Telefónica, con unas 5.800 salidas en España que suponen alrededor del 33% de los trabajadores de la multinacional; y el de Avatel, que alcanza a 290 trabajadores, un 24% del total.

Además, algunos despidos colectivos están anunciados, pero aún sin cifra ni ubicación de los centros de trabajo afectados por los despidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre las plantillas. Por ejemplo, es el caso del ajuste global anunciado en octubre por Nestlé, que prevé 16.000 salidas (6% de su fuerza laboral), mayoritariamente en Europa, pero que todavía no ha sido concretado. O del ERE de XPO Logistics, del cual solo ha trascendido que podría alcanzar a a 21 de los 38 que tiene en España.

Entre los últimos despidos anunciados, sobresale el que afecta a 250 personas en Mediapro, de un total de 7.000 empleados, dentro de un plan de reestructuración del negocio tras perder el año pasado su principal contrato, el de la Liga española de fútbol.

ERE en tiempos de bonanza y con una nueva incertidumbre

Dada la falta de datos estadísticos publicados de 2026 por el momento, en los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y en la patronal CEOE indican que no pueden valorar la magnitud de los despidos colectivos del arranque del año. Aunque, con los datos del cierre de 2025 y la percepción de los expedientes que han ido trascendiendo en los primeros dos meses de 2026, la sensación de los agentes sociales no es de alarma.

“Siempre teniendo en cuenta que cada persona en un ERE es algo que no desea nadie y que hay que lamentar, puesto que el interés de toda empresa siempre es poder aumentar su plantilla en la medida de lo posible”, precisan fuentes de la patronal CEOE.

Los sindicatos mayoritarios explican que este año están especialmente atentos a si la inteligencia artificial (IA) empieza a jugar un papel determinante en matera de despidos. Un temor a futuro por el momento, más allá de algunos primeros casos en España y a nivel internacional. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, destacaba hace poco “aún no se ven consecuencias en el mercado laboral ni las temidas oleadas de despidos” como consecuencia de la IA, aunque añadió que la institución estaría “extremadamente” atenta de aquí en adelante.

Sin embargo, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ha desatado un nuevo conflicto armado en Oriente Medio, mantiene ahora a todos los actores económicos alerta, con una gran incertidumbre, sobre el propio desarrollo de la guerra y sus posibles consecuencias económicas, que pueden tener un gran impacto en el aumento de los costes energéticos y, como derivada, una nueva crisis inflacionista.

Los agentes sociales recuerdan que por el momento el contexto en España es de crecimiento económico y de auge del empleo, hasta niveles cercanos a récord histórico de casi 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. A cierre de 2025, hubo 41.200 trabajadores afectados por despidos colectivos, lo que supone un aumento respecto a los últimos ejercicios (37.372, en 2024), pero la mitad de los registrados durante la crisis financiera, en 2012, por ejemplo.

“Cuando la densidad es tan baja, un solo ERE puede alterar toda la estadística”, advierte Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, que recomienda partir de esta consideración antes de interpretar posibles aumentos, como el que resulta del gran expediente de Telefónica, o una especial incidencia territorial, por ejemplo ante el despido colectivo para casi 800 personas de Amazon en Barcelona a finales de 2025.

En UGT sí perciben “un aumento significativo” de los ERE en el sector industrial en este arranque de año, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato. Este sector es el que habitualmente concentra más número de expedientes, aunque en términos absolutos con frecuencia tengan una mayor afectación de trabajadores los despidos colectivos de los sectores de telecomunicaciones y de banca.

Además de los despidos colectivos, las empresas con problemas también acuden a la otra fórmula de regulación de empleo que se volvió muy popular durante la crisis por la pandemia de COVID: los ERTE. Como medida temporal, implican la suspensión de contratos o la reducción de la jornada de los trabajadores y en 2025 redujeron su número de afectados: 78.300 trabajadores alcanzados por suspensiones (frente a 143.000 en 2024) y 5.400 con reducciones de jornada (8.700 el año anterior).

“Es que estamos en una fase de creación de empleo”, recuerda Javier Pacheco, que considera que la verdadera prueba para saber si los ERTE aumentan su protagonismo frente a los ERE llegará cuando España tenga que enfrentarse a una crisis económica en el futuro. Por el momento, en el Ministerio de Trabajo destacan que sí están funcionando de manera rápida y eficaz para proteger empleos y empresas ante las catástrofes puntuales que ha afrontado el país en los últimos años, como la dana en Valencia.

De momento, hasta que se aclare la magnitud de la guerra en Oriente Medio, casi todas las miradas apuntan a EEUU e Irán. Como punto de partida, los sindicatos y patronal han pactado con Trabajo una mesa para monitorizar posibles efectos en la economía española y evaluar si es necesario tomar alguna medida de protección. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en mandar un mensaje de “tranquilidad” y “confianza” en que el Gobierno desplegará medidas de apoyo y ayudas a empresas y trabajadores si son necesarias.

Fue a finales del siglo pasado. Un grupo de empresas españolas, capitaneado por los grandes monopolios estatales, se lanzó a una expansión sincronizada en Latinoamérica. Aprovecharon su propia privatización para comprar al otro lado del Atlántico compañías muy semejantes de las que también salían sus estados. El proceso fue de tal dimensión que fue bautizado como la reconquista de América por la armada empresarial. Era una flota de una decena de empresas españolas comprando por toda la región. Treinta años después, aquella ola de adquisiciones se ha quedado prácticamente en nada; solo se libra Brasil.

Eran los felices años 90, cuando la generación del baby boom estaba en pleno rendimiento; ahora, se jubila en masa. España acababa de entrar en la Unión Europea (1986), se mostraba al mundo moderna y orgullosa (Barcelona y Sevilla 92) y se aprestaba a entrar en el selecto club del euro, que despegaría al país de la inestable peseta para engancharse a la nueva moneda heredera del marco alemán (1999). Entrar en la divisa europea requería disciplina germana en ratios clave, como inflación, déficit público, deuda pública y tipos de cambio y de interés. Para cumplirlos, el gobierno liberal de José María Aznar (1996-2004) culminó con enorme agrado todo un proceso de privatizaciones comenzado por el socialista Felipe González (1982-1996).

El proceso se repitió una y otra vez, con ofertas públicas de venta (OPV) de sucesivos paquetes de acciones de las empresas públicas, que también sirvieron para popularizar la bolsa como fórmula de inversión del ahorro familiar. Antes de entrar en este siglo, el Estado vendió los últimos paquetes, para con esos ingresos amortizar deuda pública y aprobar el examen de entrada en la Eurozona. Así es como Telefónica (1995-1999), Repsol (1989-1997), Endesa (1988-1998), Enagás (1997), Red Eléctrica (1999), Iberia (1999-2001) y la banca pública aglutinada en Argentaria (1993-1998), por reseñar las más grandes, acabaron en manos privadas. El Estado conservó pequeñas participaciones en Enagás (5%), Redeia (20%) e Iberia (2,5% de IAG, el holding) y ha retornado hace apenas un año a Telefónica (10%).

Estas empresas lideraron aquella marea inversora, que fue seguida por prácticamente todas las empresas privadas energéticas (Iberdrola, Unión Fenosa o Gas Natural) y por los grandes bancos Santander y BBV. Por eso, resulta un shock la rápida retirada de Telefónica, que en menos de un año ha vendido sus negocios en seis países (Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile), proceso que sigue a la retirada de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua) entre 2019 y 2021, y que continuará este mismo año con la venta de México y Venezuela. Se salva Brasil, que de momento es considerado mercado estratégico.

El viaje de vuelta de las empresas españolas no obedece a un relato común, aunque sea una constante. La casuística va desde la expulsión por renacionalización, a las pérdidas continuadas, el mero cambio de estrategia con la llegada de nuevos accionistas o la necesidad de hacer caja para reinvertir en otros mercados.

En el primer caso está Repsol, que se vio obligada a revender a Argentina la petrolera pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una compañía tan grande que llevó al cambio de nombre de la española a Repsol YPF. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la renacionalización de YPF, lo que se hizo con la consiguiente contraprestación. Algo parecido le sucedió a Red Eléctrica Española, cuando en el mismo año el gobierno de Evo Morales le expropió la compañía Transportadora de Electricidad SA. La expropiación fue ordenada el 1 de mayo, Día del Trabajador, “como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”, dijo Morales.

En 2013, Repsol vendió a la angloholandesa Shell sus activos de gas natural licuado en Perú y Trinidad y Tobago, y poco después se desprendería de los negocios en Ecuador. Este fue un proceso más voluntario y con parte de aquellos recursos compró la petrolera Canadiense Talisman. Repsol sigue conservando intereses en Brasil y Venezuela, un país que han cobrado una importancia y valor inesperados con la toma del país por Estados Unidos.

Un caso muy diferente es el de la que fuera la Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa), que acabó en 2009 en manos de la empresa pública italiana Enel. Cinco años después, los italianos traspasaron sin ningún recato las filiales de Endesa en Latinoamérica a la empresa matriz, para posteriormente vender los activos en Argentina y Perú, y quedarse en Brasil, Chile y Colombia, pero ya desenganchadas de España.

Enagás también ha protagonizado recientemente un repliegue de América a España. En 2022 vendió su participación en la chilena GNL Quintero; dos años después se deshizo de las participaciones en la mexicana Compresión de Soto La Marina y la estadounidense Talgrass Energy. Ya solo le queda un pleito en Perú por el que el Estado peruano tiene que compensarle con más de 300 millones de dólares por la cancelación unilateral del Gasoducto Sur Peruano. Todos estos recursos y más van destinados a financiar las inversiones de más de 4.000 millones de euros del plan estratégico de la empresa (2025-2030), de los que 3.125 millones van a infraestructura de hidrógeno verde.

Estos movimientos de los antiguos monopolios públicos se han visto acompañados por la salida de empresas privadas como Iberdrola, Naturgy o Acciona, que han hecho un repliegue notable. Pero hay dos excepciones que confirman la regla. Por un lado, los grandes bancos, Santander y BBVA, que siguen muy presentes en la región. Por otro, la apuesta brasileña, ligada al tamaño de país y de economía. Brasil suma 214 millones de habitantes, que es casi la suma de los tres siguientes: México (133 millones), Colombia (53 Millones) y Argentina (47 millones). Además, el país carioca cuenta con un PIB de 2,1 billones de euros, que es el equivalente al agregado de México (1,7 billones) y Colombia (0,4 billones).

La fuerte presencia de grandes empresas españolas en la región sirvió para ejercer de manera silenciosa y continuada el soft power del dinero, que tan bien acompaña a la diplomacia formal. La retirada de Telefónica y el resto de viejos monopolios deja al Gobierno de España menos palancas en su aproximación a Latinoamérica. Esto también lo sabe Donald Trump.

El Mobile World Congress (MWC) ha cumplido este año su vigésima edición celebrándose en Barcelona. Pero no es solo la efeméride la que invita a mirar hacia atrás y analizar cómo ha cambiado la feria en estas dos décadas. También es la propia realidad del evento. Son las declaraciones de los ejecutivos y de los representantes políticos, o las exhibiciones a las que las compañías deciden conceder un papel central. Es un cambio que llevaba años gestándose, pero que en este 2026 ha visto su punto de inflexión.

La mayor tensión global en décadas, las políticas de rearme, un mundo que ha normalizado el conflicto y una guerra que ha comenzado el mismo fin de semana que arrancaba la feria han producido un Mobile World Congress diferente. Un encuentro que ya no habla de la tecnología para conectar al mundo, sino de cómo protegerla ante sus enemigos.

El MWC no es realmente una feria de móviles, sino de conectividad. Hace 20 años la clave de la conectividad eran los nuevos teléfonos inteligentes que prometían cambiarlo todo. Hoy, las presentaciones de nuevos dispositivos se mantienen, pero las tecnologías que centran los debates son otras. Son la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, los drones o los sistemas de conexión por satélite que permiten mantener las redes en caso de que las instalaciones en tierra no estén disponibles por algún motivo.

Las palabras que están en todos los discursos han sido “soberanía” y “resiliencia”. Es decir, operar tecnologías propias sin depender de nadie y capaces de resistir “perturbaciones” o “situaciones adversas”. Conceptos que antes se trataban en los pabellones secundarios donde se colocaban las empresas de defensa, pero que este 2026 han calado en toda la feria.

“Tecnología dual”

No hay que rebuscar para hallar ejemplos de todo esto. En el punto de mayor afluencia del pabellón 3, el centro neurálgico del MWC, suele colocarse el stand de Telefónica. La exhibición más visitada de la compañía este año se denominaba “Mission-Critical Dome”. Un conjunto de tecnologías para “desplegar una burbuja táctica”, explica Jesús Abraham, responsable de innovación en Defensa de Telefónica.

“Cuando sucede una catástrofe natural, lo primero que debemos hacer es tener una conciencia situacional. Si la electricidad, las comunicaciones o la red caen, tenemos que devolver la conectividad a la zona afectada. Para eso necesitamos hiperconectividad, ciberseguridad y seguridad la infraestructura y para los dispositivos que se conectan a esa infraestructura”, detalla Abraham, oficial en reserva de la Armada.

“También necesitamos una serie de servicios de misión crítica que permita a los operativos desplegados en la zona poder cumplir con sus cometidos. Servicios como un sistema de mando y control único para que toda la información que se recoge en los niveles estratégico, operacional y táctico pueda ser compartido en tiempo real”, continúa.

Aunque Abraham utiliza el contexto de una emergencia natural, Telefónica reconoce que se trata de una “tecnología dual”. Es decir, que se puede usar también con fines militares. Su primer despliegue será precisamente ese, según ha comunicado la compañía este miércoles, con un acuerdo con el Ministerio de Defensa y con la OTAN para comenzar la fase de pruebas de estas burbujas con las Fuerzas Armadas.

Enfrente del stand de Telefónica se sitúa otro de los más grandes de la feria, el de Deutsche Telekom, la mayor teleco europea por ingresos y capitalización bursátil. “¿En quién puedes confiar? Todo se utiliza como un arma. Y si te vuelves dependiente de alguien, ya sabes, podría aprovecharse de ello”, dijo su CEO, Tim Höttges, durante uno de los principales paneles del evento, en el que compartía escenario con Marc Murtra, su homólogo de Telefónica.

Un poco más adelante se colocaba otro stand aún mayor, el de China Mobile. La teleco con la mayor base de clientes del mundo tenía una exposición de robots camareros en el punto de más visible de su apartado, pero la mayoría del espacio se lo dedicaba a un recorrido sobre cómo su tecnología puede usarse en toda la operatividad de drones, tanto aéreos como terrestres y submarinos.

“Detección e identificación de objetivos bajos, lentos y pequeños” gracias al 5G-Avanzado, prometía la compañía asiática en uno de sus paneles, que “consigue una detección más rápida (menos de 5 segundos), mayor precisión (disminución de la tasa de falsas alarmas en un 80%) y mayor estabilidad (disminución de la probabilidad de pérdida de objetivos en un 15%)”.

Soberanía a cambio de fusiones

Hace años que las principales telecos europeas achacan a Bruselas el retraso tecnológico del continente. Defienden que las normas antimonopolio de la UE les impiden comprar empresas más pequeñas y fusionarse, lo que su vez limita las economías de escala y las inversiones que pueden hacer para ponerse a la par de las tecnológicas estadounidenses.

Ahora, con la soberanía tecnológica en el centro del debate y los embates de Donald Trump, el discurso está calando más hondo que en años anteriores. La Comisión Europea abrió en 2025 un proceso para modificar esas normas, impuestas para impedir las prácticas de abuso de posición dominante que caracterizan precisamente a las grandes tecnológicas estadounidenses en el entorno digital.

“Seguiremos asegurándonos de que los consumidores europeos obtengan la mejor calidad al mejor precio, pero también debemos lograr que la política de competencia trabaje a favor de Europa”, explica un portavoz de la Comisión a elDiario.es. “El propósito es que las empresas europeas eficientes puedan crecer hasta convertirse en líderes mundiales, que surjan y prosperen competidores europeos innovadores y que Europa pueda competir, y ganar, en una economía global cada vez más dura”.

Con todo, Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, reconoció algunas necesidades a las que hacen referencia las telecos durante su intervención en el MWC. “En el mundo hiperconectado de hoy, la conectividad ya no puede limitarse únicamente a redes más rápidas o a una mejor cobertura, sino que debe tratar también sobre la competitividad de nuestra economía en el escenario mundial”, reconoció.

“Se trata asimismo de nuestra capacidad industrial para habilitar la economía de la Inteligencia Artificial y de fomentar nuestra resiliencia y proteger nuestra soberanía. El Mobile World Congress de este año lo muestra claramente”, continúo Virkkunen. “Debemos reconocer que, en el contexto geopolítico actual, cada eslabón de nuestra compleja y digitalizada cadena de suministro es un objetivo potencial de explotación por parte de actores malintencionados”.

El Gobierno español también ha apoyado los planes de las telecos. “Europa necesita tamaño europeo en esta nueva carrera que supone la inteligencia artificial”, manifestó durante la feria el ministro para Transformación Digital, Óscar López. “Sin empresas europeas potentes no seremos competitivos en el futuro”, ha advertido.

El principal anuncio del Ejecutivo durante el Mobile, un fondo de 100 millones de euros para fomentar que las empresas españolas se asocien con otras europeas para desarrollar tecnología “soberana”, también está destinada a cortar lazos con China y reducir la dependencia estratégica de EEUU.

Tecnología propia tutelada por EEUU

Pese a las promesas, los anuncios de tecnología estratégica propia por parte de las telecos han brillado por su ausencia en este MWC. Sus principales propuestas siguen dependiendo profundamente de tecnología estadounidense. Una de ellas, denominada Open Telco AI, fue presentada el lunes a bombo y platillo por la GSMA, su patronal internacional y organizadora de la feria.

Se trata de una alianza de operadoras mundiales y fabricantes de chips para desarrollar inteligencia artificial propia al margen de las grandes tecnológicas de EEUU. La realidad es que la voz cantante la llevan AT&T, la principal teleco estadounidense, junto con AMD, chipera radicada en Silicon Valley.

Este patrón se repite en la gran apuesta europea por la conectividad satelital para impedir caer en los brazos de Starlink y Elon Musk. Bautizada como Satellite Connect Europe, es una plataforma liderada por Vodafone y respaldada por Telefónica y Orange. Nace con la vitola de proyecto europeo, sede en Luxemburgo y financiación de 100 millones de euros de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, el núcleo tecnológico sigue siendo estadounidense.

El proyecto es una sociedad compartida con la compañía con base en Texas AST SpaceMobile, que posee un porcentaje de la empresa, se queda con la propiedad intelectual y fabrica los satélites en suelo estadounidense. Las operaciones se controlarán desde Alemania, asignando qué satélite cubre qué zona y gestionando las estaciones terrestres que los conectan satélites con la red normal de torres 5G. Los datos también se quedarán en suelo europeo, pero en caso de conflicto, la capacidad de decisión crítica sobre el sistema sigue en manos de la empresa estadounidense.

Pese a los discursos públicos, la realidad es que empresas como Deustche Telekom tienen en EEUU su mercado clave, uno de los más rentables. “Soy un gran fan de EEUU”, declaró su CEO Tim Höttges durante su conferencia, generando aplausos entre los asistentes al auditorio principal del evento. Palabras que pronunció solo unas horas después que EEUU se sumara a Israel para asesinar al ayatolá Alí Jamenei en una operación que la ONU considera fuera de la legalidad internacional.

Miles de asistentes al Mobile deberán tomar rutas alternativas miles de kilómetros más largas para volver a sus lugares de origen. La organización esperaba este año unos 110.000 asistentes a la feria, pero este miércoles aún no podía confirmar cuántos se han visto atrapados por el cese del tráfico aéreo y han tenido que cancelar su participación.

“Somos un evento global y, como tal, contamos con algunos asistentes, expositores y ponentes que viajan desde Oriente Medio o que hacen tránsito por esa región, y que podrían haberse visto afectados por interrupciones en los viajes. No será hasta que el MWC concluya el jueves por la tarde cuando conozcamos el impacto total”, expresan desde la organización. Antes de estos eventos, el Mobile cifraba en 585 millones de euros el impacto directo en Barcelona y en unos 14.000 los empleos temporales creados.

En los 20 años que la feria lleva celebrándose en la capital catalana, la impacto económico en la región ascendería hasta los 6.900 millones de euros. El compromiso firmado con las administraciones es que el evento, que a lo largo de estas dos décadas ha pasado de reflejar el optimismo de la revolución digital al realismo de un mundo en guerra, siga celebrándose en Barcelona hasta 2030.

“Si alguien piensa que a los europeos se nos va a conceder acceso a los últimos productos de IA que serán necesarios dentro de diez años para, por ejemplo, tener una industria farmacéutica o una industria manufacturera punteras, creo que está siendo un ingenuo”.

Es una de las advertencias que ha dejado Marc Murtra, presidente de Telefónica, en el panel principal de la primera jornada del Mobile World Congress (MWC), centrado en cómo conseguir la soberanía tecnológica europea. La mayor feria de las telecomunicaciones del mundo, que ha arrancado este lunes en Barcelona, ha juntado al ejecutivo español con los consejeros delegados de Deustche Telekom, Tim Höttges, y Jean-François Fallacher, de la multinacional espacial francesa Eutelsat, con el objetivo de abordar esta cuestión geopolítica en plena escalada de tensión internacional.

El diagnóstico de las líderes de las telecomunicaciones europeas es claro: para conseguir soberanía estratégica y mayor competitividad en el sector tecnológico, Europa debe reducir la fragmentación del mercado. Esto, aseguran, permitiría a sus grandes empresas de telecomunicaciones desarrollar las economías de escala necesarias para hacer grandes inversiones en inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura tecnológica local.

“El concepto de soberanía puede ser a veces extremadamente concreto. Cuando uno de nuestros competidores, que no nombraré aquí, deciden cortar los servicios de un país, eso marca los ánimos y la gente se da cuenta de lo que significa ser independiente”, ha manifestado Fallacher sobre Starlink y el incidente de 2022 en Ucrania. Entonces, Elon Musk desactivó la red de su empresa de comunicación por satélites que utilizaba el ejército ucraniano para evitar un ataque sorpresa contra la flota naval rusa en Crimea.

Musk argumentó que quería evitar un “mini Pearl Harbor” y una posible escalada nuclear rusa. El evento, no obstante, demostró hasta qué punto las empresas de servicios digitales estadounidenses controlan la capacidad de movimiento de los países europeos. “¿En quién puedes confiar? Todo se utiliza como un arma. Y si te vuelves dependiente de alguien, ya sabes, podría aprovecharse de ello”, ha coincidido Tim Höttges.

Menos telecos para un mayor poder tecnológico

A pesar de que el panel se ha celebrado en medio del ataque del Gobierno de Donald Trump e Israel contra Irán, que numerosos expertos sitúan fuera de la legalidad internacional, Höttges no ha dudado en declararse “un gran fan de EEUU” por su éxito tecnológico. “Todo en EEUU funciona mejor que en Europa con respecto a estos esfuerzos de digitalización. Y eso no nos gusta. Reconozco que estoy celoso. Quiero tener el mismo ecosistema para mi Europa”, ha afirmado.

El panorama que los ejecutivos de las principales telecos europeas quieren emular en el Viejo Continente es el que ha permitido una mayor concentración del mercado. Tanto en EEUU como en China, son solo tres o cuatro gigantes los que dominan todo el mercado. En Europa, en cambio, hay cerca de 40.

“Necesitamos escala. Necesitamos empresas más grandes que asuman más riesgos”, ha defendido Murtra. Por ello, también cree necesario “cambiar y ajustar la regulación” europea para que facilite “las fusiones y la consolidación del mercado”. “Somos una colección de 27 países. Lamentablemente, todavía no nos comportamos como un solo país”, ha coincidido Jean-François Fallacher, de Eutelsat.

Se trata de una reivindicación histórica. El sector de las telecomunicaciones ha utilizado tradicionalmente este marco geopolítico de rivalidad entre Estados Unidos y China para reclamar a Bruselas una flexibilización de las normativas antimonopolio que les permita comprar a los actores más pequeños del continente.

No obstante, se trata de un movimiento que Bruselas siempre se ha mostrado reticente a ejecutar ante el miedo de que la concentración del mercado perjudique al consumidor. Menos actores puede acabar traduciéndose en facturas de internet y telefonía más caras, pero no en garantías de una innovación real.

La organización del evento, la GSMA (la patronal mundial de la industria del móvil) había pensado en que fuera Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, la que diera la réplica la los ejecutivos. Sin embargo, la participación de Virkkunen en el panel se ha cancelado este lunes debido a la guerra de EEUU e Israel contra Irán desatada este fin de semana.

Salvo por la cancelación de la vicepresidenta de la Comisión, el MWC apenas se ha dejado influir por los ataques de este fin de semana. Las referencias a los ataques entre los ponentes o las empresas expositoras han sido muy excasas. La feria ha ido dejando de ser la exposición de gadgets de consumo que era hace una década para asimilarse a un gran foro geopolítico para las empresas de telecomunicaciones, tecnológicas y reguladores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha permitido a Telefónica Movistar eludir el pago de un crédito fiscal por 4.442 millones de pesos (unos 215 millones de euros) en concepto de Impuesto sobre la renta (ISR) desde 2015. El fallo, emitido durante la madrugada de este jueves (hora española) por la mayoría de magistrados del Tribunal, llega después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana tratara de echar abajo la protección judicial que había obtenido antes la firma española de telecomunicaciones.

Finalmente, tras revisar las alegaciones, la Corte ha determinado que el Gobierno Mexicano no tenía legitimación para interponer un recurso de revisión contra el amparo concedido a la empresa. La decisión hace que la protección judicial que impide el cobro del crédito fiscal en ese expediente quede en firme.

El litigio surgió tras la negativa del Servicio de Administración Tributaria del país a permitir determinadas deducciones vinculadas con una fusión corporativa realizada en 2014, por lo que, en 2019, la autoridad fiscal determinó un crédito fiscal millonario por ISR, actualización, recargos y multas.

El fallo trasciende a la par de la desinversión de Telefónica en México, donde, según especialistas, enfrenta el reto de vender un negocio de “bajo valor” con la marca Movistar. Antes de esta decisión judicial, el litigio pesaba como una variable de incertidumbre en la negociación de su negocio en México. Ahora enfrenta el reto de conseguir comprador con un negocio que ha pasado de ser un operador con infraestructura a una compañía que administra una base de clientes que opera sobre la red AT&T.

Salida de México

La llegada de Telefónica a México se produjo en el año 2000, pero desde finales de la pasa década la teleco española ha ido desligándose del país norteamericano por etapas. En 2019, la empresa comenzó a desprenderse de infraestructura, como la venta de 250 torres a American Tower y la venta de activos de fibra óptica a Neutral Works y Even Telecom.

Después, avanzó en la devolución de espectro, quedándose sin frecuencias para servicios móviles, lo que empujó a la compañía a migrar hacia un modelo de operador móvil virtual (OMV), basado en acuerdos mayoristas. El eje de ese giro fue el convenio con AT&T México firmado en 2019 y extendido hasta 2030.

En la más reciente fase de simplificación, Telefónica vendió a Hiberus los últimos activos de centros de datos de su brazo de servicios digitales, Telefónica Tech.

Telefónica Movistar reportó en 2025 una base de más de 23,5 millones de clientes en México, aunque con presiones en rentabilidad, en un mercado dominado por Telcel (América Móvil).

La teleco española vendió recientemente su negocio en Chile por más de 1.000 millones de euros. Solo Venezuela y México continúan en su antigua cartera de divisiones hispanoamericanas (sin contar a Brasil, considerada un mercado clave que mantendrá a largo plazo) y espera desprenderse de ellas en el corto y medio plazo.

La nueva etapa en Telefónica no solo ha arrancado con un nuevo plan estratégico y una revolución en cuanto a la política de dividendos, más ajustada a las inversiones y a la generación de valor, también con un fuerte contraste retributivo. Marc Murtra, que asumió la presidencia en enero de 2025, percibió 5,2 millones de euros en su primer ejercicio completo al frente del grupo, lo que supone un 45% menos que los 9,5 millones que cobró su antecesor, José María Álvarez-Pallete, en 2024, el último año completo como presidente ejecutivo.

La diferencia salarial no es menor y sitúa el debate sobre gobernanza y política retributiva en primer plano, en un contexto marcado por los resultados de la compañía –en pérdidas por el impacto del coste de la regulación de empleo y las ventas con minusvalías de varias filiales de Hispanoamérica– la revisión estratégica del grupo y el foco creciente de la multinacional en la eficiencia operativa.

“La política de disciplina financiera de hierro no va a cambiar”, subrayó este marte el presidente de la 'teleco' en la rueda de prensa de presentación de resultados anuales, en línea con el relato que la operadora quiere trasladar al mercado.

El informe anual de remuneraciones remitido este marte a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalla, por otro lado, que Álvarez-Pallete percibió 44,5 millones de euros como consecuencia de su relevo en enero de 2025 de la operadora. El directivo, que fue presidente de la operadora entre abril de 2016 y enero de 2025, percibió 23,5 millones de euros en metálico (equivalente a cuatro anualidades calculadas sobre salario fijo y bonus medio de los dos últimos ejercicios); 13,1 millones como remuneración por sus sistemas de ahorro y 7,8 millones como consecuencia del beneficio bruto de las acciones o de instrumentos financieros consolidados.

Un mes después salió el hasta entonces consejero delegado, Ángel Vilá, quien percibió 33,8 millones de euros, de los cuales 17,7 millones corresponden a indemnización, 9,7 millones al plan de previsión social y el resto a planes de acciones.

Su sucesor, Emilio Gayo, ingresó durante 2025 un total de 4,5 millones de euros, 3,18 de ellos en metálico, mientras que 1,2 millones los percibió en acciones.

Objetivos cumplidos

Telefónica da por cumplidos “todos” sus compromisos financieros en 2025, tras crecer en ingresos (a moneda constante), mejorar la rentabilidad y superar sus objetivos de generación de caja, al tiempo que mantiene los objetivos “ambiciosos” de 2026, según destacó Marc Murtra.

El presidente de la multinacional considera que si la compañía es “rigurosa” en el cumplimiento del plan puesto en marcha, y es extremadamente “disciplinada”, esto se reflejará en el precio de las acciones, en el sentido de que se incrementarán.

Telefónica cerró 2025 con unas pérdidas de 4.318 millones de euros. Los resultados de la tecnológica están afectados por el impacto de la regulación de empleo, pactada con los sindicatos, que rozó los 2.050 millones, y por las ventas con minusvalías en Hispanoamérica (Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador), cuyo impacto en las cuentas fue de 2.269 millones de euros, según los resultados que ha presentado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

En 2024, la multinacional española obtuvo una pérdida neta de 49 millones de euros.

De no haber sido por estas operaciones de repliegue, la operadora hubiera tenido un resultado neto de 2.122 millones de euros, esto es, teniendo en cuenta el resultado recurrente de las operaciones que seguían en el grupo al cierre del ejercicio.

Se trata de los primeros resultados anuales que presenta Marc Murtra, quien fue nombrado presidente de Telefónica en enero de 2025 y que ultima los despidos acordados con los sindicatos en siete expedientes de regulación de empleo presentados en otras tantas filiales de la multinacional y que se saldarán con alrededor de 5.000 salidas.

“Hemos cumplido en 2025 y estamos preparados para seguir haciéndolo en 2026. Hemos emprendido un camino de transformación de la compañía y hoy tenemos ante nosotros los primeros resultados que nos hacen ser optimistas y nos permiten seguir asumiendo con valentía riesgos calculados. Vivimos un periodo de más crecimiento y mayor rentabilidad, lo que me permite decir con satisfacción que Telefónica cumple”, destaca Murtra en un comunicado de Telefónica.

Los ingresos de la compañía crecieron el 1,5%, hasta los 35.120 millones de euros, y en España, logró su mejor año desde 2008 al crecer de forma simultánea en ingresos, resultado bruto de explotación (Ebitda) y caja.

Menos deuda

Entre enero y diciembre de 2025, la deuda financiera neta se redujo en torno a 1.400 millones de euros, hasta situarse en 26.824 millones de euros. La compañía ha confirmado un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción, de los que están pendientes de pago 0,15 euros por título el próximo mes de junio. Ambos parámetros --deuda y dividendo-- son en lo que más se fijan en estos momentos los analistas, al margen de estos impactos extraordinarios, que el mercado “no los toma tanto en cuenta”.

Telefónica sube más del 1% en la sesión bursátil de este martes, pese a las abultadas pérdidas. Media hora después de la apertura, las acciones de Telefónica eran las segundas que más avanzaban del Ibex 35, con un alza del 1,29%.

La multinacional española presentó un estratégico el pasado 4 de noviembre, 'Transform & Grow’, para el periodo 2025 y 2028, en el que contempla, entre otros un recorte del dividendo del 50% en 2026, con el reto de prepararse para oportunidades de consolidación que puedan surgir, uno de los ejes de crecimiento de la compañía fijados por Murtra, que se va a centrar en cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

De hecho, la semana pasada anunció la primera gran operación: un acuerdo para la adquisición del segundo mayor operador de fibra de Reino Unido, Netomnia, junto a su socio Liberty y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, por unos 2.294 millones de euros.

El plan estratégico está diseñado también para simplificar el modelo operativo y crecer de forma escalonada tanto en ingresos como en beneficio bruto de explotación (ebitda), hasta el 3,5% en 2030 en ambos casos.

Los inversores recibieron con escepticismo el nuevo plan estratégico, con caídas en bolsa de más de un 10%. El precio de la acción, que antes de este plan superaba los 4 euros, no se ha recuperado.

De momento, el operador ha continuado en 2026 con su estrategia de salir de Hispanoamérica, donde únicamente ya mantiene sus negocios en México y Venezuela, en un contexto en el que persigue reforzarse en sus cuatro mercados principales, Reino Unido, Alemania, Brasil y Alemania.

La telefonía móvil y la fibra impulsan Brasil

En el país carioca, Telefónica Brasil, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 6.168 millones de reales (unos 1.000 millones de euros), un 11,2% más con respecto a 2024, según informó este lunes la compañía. El resultado se vio impulsado por el aumento de sus ingresos en el segmento de telefonía móvil, fibra y de nuevos negocios, entre los que se encuentran servicios de entretenimiento, financieros y de bienestar.

El asalto al cielo industrial de los hermanos Escribano —a través de la probable integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)— ha abierto uno de los debates más delicados del año en España. Lo que nació como el sueño de un “campeón nacional” de defensa en plena escalada del gasto militar europeo, se ha convertido en un caso de libro sobre conflictos de interés, gobernanza y control del poder corporativo. Es un auténtico dolor de cabeza para La Moncloa, para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y para el propio consejo de administración de Indra. Las tres partes llevan meses barruntando cómo llevar a cabo una operación que casi todos los círculos económicos y empresariales —incluso los más críticos con las formas— le ven sentido desde un punto de vista industrial. 

La singularidad del movimiento radica en que la familia propietaria de EM&E, los hermanos Ángel y Javier Escribano, no solo aspira a integrar su empresa en Indra, sino que uno de ellos, Ángel, se sienta en el consejo y preside la compañía. Lo nombró el Gobierno hace un año y medio, tras la marcha de Marc Murtra (que era presidente de Indra) a Telefónica en sustitución del cesado José María Álvarez-Pallete. Un movimiento “sorprendente”, según varias fuentes consultadas, cuando La Moncloa ya tenía la idea de llevar a cabo la operación, como así ha reconocido el propio consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

Ángel Escribano ha defendido desde el minuto uno la necesidad de ganar masa crítica para competir en los grandes programas europeos y consolidar capacidades tecnológicas en sistemas, sensores y electrónica avanzada. Desde esa lógica, una fusión o integración profunda tendría sentido industrial: permitiría unir músculo tecnológico, acelerar sinergias y reforzar la posición internacional del grupo. El problema es que la operación no se produce entre sociedades independientes, sino entre una empresa cotizada estratégica y la sociedad privada de su propio presidente que podría reforzar estructuralmente el peso de la familia en el grupo resultante. Eso ha encendido todas las alarmas en los ministerios económicos y en buena parte del sector. 

El Estado tiene la llave de todo porque, a través de la Sepi, es el principal accionista de Indra, con el 28% del capital. EM&E controla el 14,3%. Otro accionista relevante, aunque significativamente más pequeño que los anteriores, es el grupo industrial vasco SAPA Placencia Holding, de la familia Aperribay. Junto con un grupo de consejeros independientes, SAPA se opone a la operación, especialmente a la idea de que Indra adquiera o fusione EM&E.

“Sin sospechas y manteniendo el control”

El debate no es solo empresarial. El Estado considera a Indra un activo estratégico, igual que Telefónica, que controla a pachas con La Caixa, con un 10% cada uno. Pero no quiere que la operación con Escribano se lleve a cabo de cualquier forma. “No puede haber ni la simple sospecha de corrupción o conflicto de interés y, en paralelo, el Estado tiene que mantener el control como accionista de referencia de la empresa resultante”, asegura una fuente conocedora. “Encajarlo todo no es fácil pero o es así o no hay operación”, añade.

 El mercado está mirando, hasta el punto de que el PP, que hasta ahora no había abierto la boca al respeto, hace diez días aseguró, a través de su vicesecretario económico del partido, Alberto Nadal, que estará “altamente vigilante” a la operación y a las asignaciones de contratos “sin concurso público” a Indra, sin descartar acudir a los tribunales si detectan alguna cuestión que “no fuera legal”.

En la Moncloa llevan ya algún tiempo con las líneas rojas trazadas. En primer lugar, que no haya conflicto de interés y que la valoración de EM&E sea impecable para que no pueda cuestionarse. Por otro lado, que la integración no se lleve a cabo mediante una fusión por absorción. Eso implicaría que Indra ampliaría su capital con la emisión de acciones nuevas que se entregarían a EM&E y, en consecuencia, la participación de la Sepi en la nueva empresa se diluiría y el Gobierno perdería el control en favor de los Escribano, transformándolos de proveedores en dueños y señores de la mayor empresa de defensa del país. El abrazo del oso.

Esa es la opción preferida por la familia Escribano, pero es solo una de las alternativas que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, presentó en el último consejo de administración, celebrado a finales de enero, con el objetivo de que la operación acabe cristalizándose, según fuentes conocedoras. 

Una filial de defensa para Indra

Hay otras dos que gustan más a la Sepi. Una es que Indra acabe comprando una parte mayoritaria de EM&E (con el 51% bastaría) para convertirla posteriormente en una filial. El problema es que eso supondría que la familia Escribano se quedaría en minoría tanto en una como en otra compañía, y no parece que vayan a aceptarlo. La otra, que es la preferida del Gobierno, es que Indra cree una filial solo de defensa y que la fusión con EM&E la lleve a cabo esa filial, pero el control lo seguiría teniendo la matriz, Indra, controlada por la Sepi y manteniendo la misma estructura accionarial. 

Cada una de las opciones redistribuye poder de forma distinta. La primera maximiza integración y sinergias, pero eleva la tensión; la segunda es un punto intermedio con exigencias estrictas de gobernanza; la tercera es la más cómoda para el Ejecutivo, aunque quizá menos ambiciosa en términos industriales. Ángel y Javier Escribano están abiertos a escuchar todas las propuestas, según fuentes cercanas citadas por Expansión. 

Indra las debatirá en el consejo de administración convocado para este miércoles, 25 de febrero, el mismo día que presentará los resultados anuales correspondientes a 2025. Las expectativas son “buenas”, han dicho a EFE fuentes conocedoras, que no han querido anticipar datos, pero que han recordado que ya se han sobrepasado las previsiones marcadas en el plan estratégico.

Además, ya se han firmado los contratos previstos correspondientes a los Programas Especiales de Modernización (PEM) con el Ministerio de Defensa.

En total, se le han concedido más de 16.000 millones de euros en préstamos directa o indirectamente a la compañía repartidos en varios contratos, algunos de los cuales han sido llevados por parte de la empresa Santa Bárbara a los tribunales.

El ruido y las presiones no cesan, pero los Escribano no están solos. El fondo activista Third Point entró en el capital de Indra la semana pasada defendiendo que la integración generaría valor. En una carta remitida a la Sepi, el director ejecutivo del fondo, Dan Loeb, advierte de que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

El fondo Amber Capital, controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, dueño del grupo Prisa, también respalda la operación en los mismos términos que los Escribano. Sorprendió hace unos días la venta del 2% de las acciones de Indra, hasta quedarse con el 5% del capital. La operación, si finalmente se lleva a cabo, se tendría que votar en el futuro en una junta de accionistas, por lo cual todos los porcentajes —también el de Amber— serían claves.

Las acciones de Indra subieron un 5,7% la semana pasada, hasta cerrar el viernes a un precio de 54,05 euros. En los últimos 12 meses, la acción ha subido más del 188%, lo que le ha otorgado a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros.

El papel de De los Mozos

En medio de todo este pulso, la figura de José Vicente de los Mozos, próximo al PP pero que mantiene una estrecha relación con el hoy ministro Óscar López, trata de hacer equilibrismos con todos los focos apuntándole.

El consejo de administración de Indra creó un protocolo para regular la posible operación con EM&E y evitar el conflicto de interés que afecta a la familia Escribano. Hasta ahora se conocía la salida de los dos hermanos de las reuniones del consejo cuando se aborde el tema y la creación de una comisión ad hoc formada por consejeros independientes. Este viernes se conoció que Indra otorga poderes al consejero delegado para que “presente los términos de la Operación al Consejo de Administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra” y al consejo para pactar la fusión con Escribano sin la aprobación de la comisión independiente, según reza el protocolo publicado este viernes por Indra por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El desenlace de este culebrón corporativo y político podría marcar el mapa de la defensa española para la próxima década. Mientras tanto, en algunos mentideros financieros suena con fuerza un nombre, el de Ángel Simón, directivo próximo al socialismo y defenestrado hace diez meses por Isidro Fainé al frente de CriteriaCaixa, el holding industrial de Fundación La Caixa, como posible relevo para una presidencia que ha quedado demasiado expuesta al conflicto de intereses. 

Telefónica ha alcanzado una acuerdo para la adquisición del segundo mayor operador de fibra de Reino Unido, Netomnia, junto a su socio Liberty y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, por unos 2.294 millones de euros. Se trata de la primera gran operación del nuevo plan estratégico de la compañía, liderado por el presidente ejecutivo Marc Murtra, que contempla como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Este movimiento supone tambien la primera gran operación de concentración de Telefónica en Europa, con el foco puesto en la competitividad y la soberanía tecnológica en el continente.

Telefónica y Liberty Global —copropietarios de la 'teleco' VMO2— aportarán conjuntamente alrededor de unos 170 millones de euros para finalizar la operación e Infravia otros 995 millones. El precio, no obstante, estará sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

La red de fibra de Netomnia, que contará con más de 3,4 millones de hogares y 500.000 clientes a cierre de la operación, se integrará en la de Nexfibre junto con los 2,1 millones de hogares de VMO2 que esta actualizará a fibra. Como resultado, esta contará con una red de fibra de unos 8 millones de hogares a finales de 2027, mientras que la red combinada de Nexfibre y VMO2 alcanzará aproximadamente los 20 millones.

Como parte de la operación, VMO2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas YouFibre y Brsk; ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre; recibirá una contraprestación en efectivo por dicho compromiso; y tomará una participación del 30% en la sociedad a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en Nexfibre.

Tras el cierre, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 controlarán conjuntamente el 50% de Nexfibre, mientras que el 50% restante seguirá en manos de InfraVia. Con todo, el cierre de la operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Telefónica en el Reino Unido, que incluye, entre otros objetivos, el desarrollo de una red financieramente “sostenible y reforzada”, la expansión de la fibra y la creación de valor a través de VMO2 y Nexfibre.

Telefónica ha reparado la avería que afectó durante unas tres horas a los servicios fijo y móvil que ofrece Movistar a pymes y sus clientes han recuperado la conectividad, según han informado este martes a EFE fuentes de la compañía. La avería ha afectado a unos 100.000 clientes de la compañía a nivel nacional, según fuentes conocedoras de la situación.

El portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios, ha reportado avisos de usuarios en los servicios de Movistar pasadas las ocho de la mañana de este martes. En concreto, se ha producido un pico de casi 3.000 incidencias a las nueve de la mañana.

En cuanto a los territorios afectados, provincias como Albacete, Cuenca o Soria se habrían visto perjudicadas. De hecho, este problema ha dejado sin conexión a servicios locales como Radio Taxi Albacete. No obstante, zonas de Euskadi, Andalucía o Madrid también están registrando incidencias.

En la red social X, Movistar informó de esta incidencia a varios usuarios que se había quejado en publicaciones sobre sus servicios y aseguró que trabajaban para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Telefónica ha vendido su filial en Chile a Millicom Spain y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares (alrededor de 1.156 millones de euros), el cual se divide en una cantidad fija de 1.215 millones de dólares (1.030 millones de euros) y otra variable de 150 millones de dólares (en torno a 126 millones de euros), esta última condicionada “a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno”, según ha informado la operadora española a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 42 millones de euros al tipo de cambio actual) pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 286 millones de euros al tipo de cambio actual) que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile”, ha detallado la teleco.

Telefónica ha explicado que la firma y el cierre de la transacción se ha realizado de manera simultánea este mismo martes. El importe incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses (unos 42 millones de euros) que se abonarán al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (unos 286 millones de euros) que se pagarán “en base a los resultados financieros de Telefónica Chile”.

La compañía ha explicado que la deuda financiera neta de Telefonica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros. Para Telefónica, la operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de la compañía y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica.

Al presentar su plan estratégico el pasado 4 de noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que prevé culminar la salida de Hispanoamérica en los próximos meses, incluida su presencia en países como México, Venezuela y Chile, en una estrategia que comenzó en 2019 y que ha continuado con el nuevo plan.

El pasado octubre, Telefónica ya vendió el 100% de su filial uruguaya a la compañía Millicom Spain, en ese caso por unos 440 millones de dólares, unos 377 millones de euros. Asimismo, Millicom también adquirió la semana pasada un 67,5% de los activos de Movistar en Colombia por 214 millones de dólares (unos 182 millones de euros).

El plan estratégico incluye un recorte del dividendo del 50 % y plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) ya pactado con los sindicatos para 4.539 empleados. Telefónica, que ha notificado su decisión de no cotizar en Wall Street para rebajar costes operativos, aspira a fortalecer su posición en Europa y a armarse para los procesos de consolidación que puedan surgir. 

Telefónica ha aceptado 4.772 salidas de empleados y ha rechazado 352 en los tres procesos de expedientes de regulación de empleo (ERE) puestos en marcha en Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, según fuentes sindicales. En total se presentaron 5.124 trabajadores voluntarios para adscribirse a este plan de salidas acordado entre la dirección de Telefónica y los sindicatos y cuya comisión de seguimiento se ha celebrado este miércoles.

Según han informado los sindicatos tras la reunión, Telefónica ha rechazado aceptar las salidas de 352 trabajadores voluntarios bien porque han excedido el cupo de salidas pactado con los sindicatos o por superar el umbral del 35 % exigido en las áreas no excedentarias de la compañía. La mayoría de estas salidas se efectuarán entre marzo y junio de 2027 y, desde entonces hasta 2028, serán “residuales”, han precisado las fuentes. Paralelamente, Telefónica contratará 478 personas de aquí a 2028, periodo en el transcurre el plan de salida, lo que supone el 10% de los despidos.

Telefónica ha planteado siete ERE, tres en las denominadas empresas vinculadas, que son sus filiales principales y donde se encuentra el grueso de los afectados por esta medida, y cuatro en sus unidades globales. Este miércoles se han celebrado las reuniones de las comisiones de seguimiento de los despidos colectivos de las tres filiales principales.

En tres de las cuatro unidades globales de la compañía, la reunión de la comisión de seguimiento se celebrará el día 9, según las fuentes. Se trata de Telefónica Innovación Digital (86), Telefónica SA (222) y Telefónica Global Solutions (108), donde se han presentado 416 personas voluntarias a los ERE, menos del mínimo fijado, que se situaba en 585 plazas. Queda por conocer el número de adhesiones al ERE de Movistar Plus.

UGT ha trasladado a Telefónica la necesidad de analizar internamente las causas que han llevado a un número tan elevado de trabajadores a adherirse voluntariamente al plan de salidas, circunstancia que, en el caso de Telefónica España, ha supuesto incluso superar el excedente máximo previsto. Además ha reclamado que se prioricen las salidas del colectivo de personas vetadas en el anterior proceso y que considera que deben salir en la primera ventana.

El informe Draghi, encargado por Bruselas al economista y ex primer ministro italiano Mario Draghi, avisa que si la UE quiere mantener su modo de vida debe desplegar un plan de urgencia para mejorar su productividad, su capacidad de innovación y autonomía estratégica para impedir que EEUU y China sigan alejándose. El informe Letta, por su parte, incide en que el mercado único europeo debe aumentar su integración en sectores como energía, telecomunicaciones y servicios financieros para aumentar su dinamismo y seguir creciendo. “Nosotros queremos ayudar a que lo que dicen esos informes sea posible”, dice el presidente de Telefónica, Mac Murtra.

“De las diez empresas tecnológicas más importantes del mundo, ninguna es europea”, ha enfatizado el ejecutivo en la noche de este lunes en un acto en la Fundación La Caixa, de la que es patrono. “Si miramos en el ámbito de la ciberseguridad, todos los productos que se utilizan de ciberseguridad en Europa, todos los productos son americanos o israelíes”, ha continuado. “La inteligencia artificial, hoy, es un producto o chino o americano”, ha insistido.

Cuestiones que hacen que Europa corra “el riesgo de convertirse en una colonia digital y de quedar desconectada de las tecnologías”, ha concluido Murtra. Para evitarlo, y que Telefónica encuentre una vía para seguir creciendo durante esta nueva etapa, su presidente propone a la compañía como una candidata a convertirse en una de esas grandes tecnológicas del continente, apoyada en la IA y la ciberseguridad.

¿Alguna idea de cuántas empresas de telecomunicaciones tenemos en Europa? 38

Marc Murtra — presidente de Telefónica

La vía para conseguirlo, a su juicio, es corregir la fragmentación del mercado. “En Estados Unidos hay tres empresas de telecomunicaciones. En China hay tres empresas de telecomunicaciones. En India hay tres empresas de telecomunicaciones. ¿Alguna idea de cuántas empresas de telecomunicaciones tenemos en Europa? 38”, ha contestado el directivo.

Esa reducción de empresas de telecomunicaciones permitiría a compañías como Telefónica invertir más en nuevas tecnologías e infraestructuras de nueva generación, defiende Murtra, que llegó a su dirección hace justo un año. “Solo con que cada país pase de 4 a 3 operadores, las eficiencias que se liberan son gigantescas”, ha enfatizado: “Europa necesita operadores fuertes para garantizar la autonomía tecnológica, capacidad de inversión y control de las infraestructuras críticas”.

Murtra asegura que percibe a los reguladores comunitarios cada vez más partidarios de esta solución, aunque descarta que vaya a ser un proceso fácil ni que pueda llevarse a cabo en un período corto de tiempo. El nuevo plan estratégico de la empresa, el primero elaborado bajo su presidencia, incluye 32.000 millones de euros de inversión entre 2026 y 2028, priorizando la tecnología sobre el flujo de caja inmediato.

No le preocupa el precio de la acción y defiende el papel de los estados en las telecos

Otra de las medidas del nuevo plan estratégico fue una reducción del 50% del dividendo para los próximos años. Los mercados castigaron esta limitación con una depreciación de las acciones de Telefónica de un 25%. Su presidente asegura que no está preocupado por este hecho y asegura que debe entenderse como una consecuencia de la modernización y la competitividad de la empresa, y no como un indicador que deba dictar la estrategia a corto plazo.

Su argumento principal es que, al ejecutar un plan de transformación profunda que prioriza la inversión tecnológica futura sobre la caja inmediata, es natural que los mercados reaccionen de manera negativa.

Por otro lado, el ejecutivo también ha defendido el papel de los estados en las telecos estratégicas, y ha recordado que tanto Francia como Italia poseen participaciones superiores al 20% en sus principales compañías. “Las telecomunicaciones son un activo estratégico que requieren protección institucional”, ha afirmado: “En España, el estado tiene el 10% de Telefónica. No es un negocio cualquiera, son infraestructuras críticas para la seguridad de la economía y la cohesión”.

“Reciclar” unidades de negocio “obsoletas”

Telefónica está finalizando un ERE que afectará a más de 5.000 empleados, un 20% de la plantilla. La inmensa mayoría serán bajas voluntarias, aunque puede que se lleven a cabo unos 160 despidos forzosos en las divisiones de negocio internacional, donde no se ha cubierto el cupo pactado con los sindicatos.

Dentro de su plan de transformación integral, Murtra ha introducido este lunes un concepto que considera clave para la supervivencia de la operadora: la necesidad de “reciclar” áreas de la compañía que han perdido vigencia tecnológica. “Hemos de ser conscientes del modelo de negocio en el que estamos y por ello vamos a prescindir de las unidades de negocio obsoletas”, ha afirmado, subrayando que esta realidad debe afrontarse “decidida profesionalmente y por supuesto, con empatía y con un aspecto social”.

El presidente de Telefónica también ha insistido en que este movimiento no implica un repliegue de la empresa, sino una reestructuración obligada por el mercado. “El objetivo de Telefónica no es reducir nuestra actividad, sino reordenarnos para ser más competitivos”, ha aclarado. El directivo ha ilustrado este proceso con el cambio de infraestructuras: “Antes se invertía en cobre y el cobre ahora es una tecnología obsoleta, ahora hay que invertir en fibra óptica, en ciberseguridad y en inteligencia artificial”.

El ERE de Telefónica ha concluido su fase de inscripción con un exceso de demanda por parte de la plantilla. El número de trabajadores que han solicitado acogerse voluntariamente al proceso de reducción de plantilla en las tres divisiones principales del grupo ha superado la cifra de despidos que la compañía pactó con los sindicatos el pasado mes de diciembre.

Según los datos provisionales comunicados este viernes tras el cierre del plazo de adscripción, se han registrado un total de 5.123 solicitudes, frente a las 5.040 salidas que se habían fijado como tope máximo. Estas cifras aún pueden variar por la revisión de solicitudes enviadas por correo postal o de personas que se encuentren en excedencia, avisan los sindicatos, pero permiten confirmar que el ERE no tendrá despidos forzosos.

El hecho de que las solicitudes superen la cifra pactada con los sindicatos implica que la empresa tendrá que vetar algunas salidas, ya que la ley no permite superar ese máximo, aunque sean los trabajadores los que lo soliciten. Diego Gallart, responsable de UGT, explica a este medio que los representantes de los trabajadores tienen una sensación “agridulce”: por una parte, se ha conseguido que el proceso sea 100% voluntario, el principal objetivo al inicio de las negociaciones, pero por otra “se va a destruir mucho empleo de calidad”.

“Se trata de puestos de trabajo con muy buenas condiciones y su destrucción no es una buena noticia para la economía. Quizá en grandes ciudades como Madrid o Barcelona no se nota tanto, pero en otras más pequeñas como puede ser Zamora, la pérdida de estos trabajadores se nota en la economía local”, ha lamentado.

La tendencia de adhesión se repite en las principales divisiones del grupo. En Telefónica de España, la sociedad que agrupa el grueso de la red fija y la infraestructura, se han contabilizado 3.955 peticiones. Una situación idéntica se ha dado en la división de Móviles, donde 989 empleados han pedido salir. En la filial Telefónica Soluciones se han recibido 179 solicitudes.

Prioridad de los trabajadores de mayor edad

La selección para determinar qué trabajadores abandonan finalmente la compañía aplicará los criterios de acordados en la mesa de negociación, que otorgan prioridad de salida a las personas de mayor edad. Asimismo, la dirección podrá vetar la marcha de determinados perfiles que considere esenciales para la operatividad del negocio o que pertenezcan a áreas críticas donde se requiere retener talento.

El éxito de la convocatoria responde a las condiciones económicas pactadas en el acuerdo final, que garantizan a los nacidos en 1968 y años anteriores una renta mensual de hasta el 68% de su salario regulador hasta los 63 años, manteniendo además el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y el seguro médico privado. El ERE, que adaptar la plantilla de Telefónica al nuevo plan estratégico, incluye también un compromiso de creación de empleo por el que la empresa deberá realizar nuevas contrataciones equivalentes a una parte de las salidas.

La Comisión de Seguimiento del ERE tiene previsto reunirse el próximo 4 de febrero para analizar estos datos provisionales y comenzar a validar el listado definitivo de afectados. Una vez completado este trámite, la compañía comunicará las resoluciones individuales a los trabajadores, cuyas salidas comenzarán a hacerse efectivas en las semanas siguientes.

La otra cara: riesgo de despido en las unidades globales

Sin embargo, el escenario es de incertidumbre en las tres unidades de negocio global de Telefónica, como Innovación Digital y Global Solutions. Pese a que la empresa amplió los plazos de adscripción para intentar captar más adhesiones, el llamamiento no ha tenido el éxito esperado. Según las cifras finales, solo 416 empleados han solicitado la baja voluntaria, lo que cubre apenas el 70% de las 585 salidas pactadas en el ERE.

Este déficit deja un agujero de 169 salidas con las que la empresa contaba en el acuerdo con los sindicatos. Estos comunican que la dirección de la compañía ha trasladado que “no puede confirmar en estos momentos” que se vaya a limitar exclusivamente a las salidas voluntarias. Si la compañía decide ejecutar esas 169 plazas de forma forzosa, los afectados saldrían con una indemnización ordinaria (la pactada para el despido colectivo), perdiendo el blindaje de la prejubilación y las rentas del 68% del salario que sí disfrutarán sus compañeros de las filiales nacionales.

La crisis financiera internacional desatada en 2007 se llevó por delante al sector inmobiliario español, endeudado más allá de lo razonable, y provocó enormes pérdidas por impagos al sector financiero. Esta crisis impactó especialmente en las cajas de ahorros, unas entidades singulares con órganos de gobierno controlados por las administraciones públicas, por los partidos políticos, lo que provocó que algunas se comportaran como extensiones de sus gobiernos regionales. En 2007 había en España 47 cajas de ahorros; que tras un proceso de fusiones y venta, previo saneamiento con mucho dinero público, han quedado en seis entidades: CaixaBank, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y las minúsculas Caixa Pollença y Caja de Ontinyent, que son las dos únicas que mantienen su estructura original.

El Gobierno de Mariano Rajoy, el BCE y la UE decidieron llevar a cabo una profunda reestructuración del sector, que se produjo en varios años, con el fin de permitir que estas entidades pudieran acceder al capital privado, se desligaran del control político y se separara su obra social de la actividad financiera. La norma definitiva se aprobó en 2013 y obligó a que las cajas de ahorros se transformaran en fundaciones, que son las encargadas de la obra social y las tenedoras de las acciones del banco al que traspasaron la actividad financiera, con la excepción de Pollença y Ontinyent, dada su escasa relevancia. Desde entonces, la Fundación la Caixa y CaixaBank operan por separado; al igual que la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco y Kutxabank y las tres fundaciones que son propietarias.

Con esta medida, reguladores y supervisores buscaban alejar definitivamente a estas entidades, cuya presencia en el mercado es muy importante, del control político y homologar su gobierno corporativo con los bancos. Ha pasado más de una década y parecía claro que las entidades que surgieron de las cajas de ahorros supervivientes quedaban fuera del capricho político, pero los últimos movimientos hacen temer que vuelvan a convertirse en instrumento partidista.

La operación montada alrededor de Talgo es muy ilustrativa. El Gobierno vasco considera esta compañía estratégica para Euskadi y de inmediato formó un consorcio para comprar el 29,7% del capital del fabricante de trenes, con una inversión de 157 millones de euros. Ese consorcio está liderado por José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor, como socio industrial, y acompañado por Finkatuz (fondo de capital del Gobierno Vasco) la Fundación Bancaria BBK y la Fundación Bancaria Vital. Los tres primeros han adquirido el 8,5% de Talgo y Vital un 4,25%. Nada más ejecutar la operación, anunciaron el traslado de la sede social y fiscal desde Madrid a Vitoria, concretamente a la Casa del Cordón (C/ Cuchillería, 24), un espacio cultural de la Fundación Vital que constituye también su sede. Talgo cuenta con unos 700 empleados en el País Vasco, la mayoría en la fábrica de Rivabellosa (Alava).

Pocos días después, los mismos actores protagonizan otra operación similar. Finkatuz, Indar Kartera (Kutxabank), la Fundación BBK y Teknei cierran la compran la división tecnológica de Ayesa, que anteriormente se llamaba Ibermática y estuvo controlada por las cajas vascas, por 480 millones. De nuevo, la operación supone el traslado de la sede social al País Vasco, esta vez desde Sevilla.

La coincidencia de actores no es casual, de hecho, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, los llama sin recato “cuadrilla”. Hay un patrón de comportamiento, que implica que van de la mano el banco público, el Instituto Vasco de Finanzas, propietario de Finkatuz, y el teóricamente banco privado, Kutxabank, cuyos propietarios son las tres fundaciones que en el pasado eran las tres cajas de ahorros provinciales: Fundación BBK (53%), Fundación Kutxa (32%) y Fundación Vital (11%). Las tres están presididas por hombres del PNV. Unai Rementería, que ha sido alcalde de Mundaka, diputado general de Vizcaya y diputado autonómico, preside la BBK; Rafael Amasorrain, que fue alcalde de Bergara por el PNV, preside la Kutxa, y Jon Urresti, sociólogo militante del PNV, está al frente de la Vital.

A la potencia de los 300 millones de que dispone Finkatuz se suman los 500 millones de Indar Kartera, fondo creado por Kutxabank en marzo pasado y que acaba de entrar en la tecnológica Ayesa y en los supermercados Uvesco. Cuando lanzaron Indar, Kutxabank dijo que quiere “reforzar su posición como entidad dinamizadora del tejido económico e industrial y generadora de empleo, impulsando y financiando iniciativas empresariales estratégicas”.

Esta comunión de intereses entre el Gobierno vasco, las fundaciones de las antiguas cajas y Kutxabank se puede interpretar como compromiso con el territorio o como una prueba de que la vieja politización de las cajas de ahorros está volviendo. Se da la circunstancia de que las tres fundaciones vascas están legalmente bajo el protectorado del Gobierno vasco, a diferencia de la Fundación La Caixa, Unicaja e Ibercaja, que dependen del Ministerio de Economía. Esto se debe a que Kutxabank tiene menos del 40% de su actividad fuera de su comunidad de origen, del País Vasco.

Al tiempo, el patronato de la Fundación La Caixa decidió, el pasado 12 de enero, prorrogar el mandado de Isidro Fainé como presidente por cuatro años más. Esa misma mañana, el Financial Times publicaba un duro artículo sobre el alma mater de La Caixa. Este nombramiento necesita el visto bueno del protectorado (el Ministerio de Economía) a quien se menciona diecisiete veces en los estatutos de esta fundación. Fainé, que en julio cumplirá 84 años, ha logrado su continuidad. Eso sí, previamente, en 2024, invirtió más de mil millones en Telefónica para duplicar su participación y alcanzar el 10%, que unido al 10% de la SEPI, permiten el control de la compañía. Esas acciones fueron determinantes para relevar a José María Álvarez Pallete por Marc Murtra al frente de la operadora. Fainé se esmera con razón en preservar la independencia política de la Fundación La Caixa, otra cuestión es a cambio de qué. Los políticos son insaciables.