La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido este martes en el Congreso la actuación de este organismo y el papel del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas lanzado para hacer frente a la pandemia en 2020, que “salvó 62.000 empleos en un momento en el que el país tenía dificultades enormes” y tenía unas condiciones “muy exigentes”. “SEPI cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”, ha dicho a los diputados, en respuesta a las investigaciones judiciales sobre los rescates de Plus Ultra, Air Europa y Tubos Reunidos.

Gualda comparecía en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre las instrucciones dadas a los miembros del consejo de administración de Indra ante los ceses y nombramientos de la sociedad o el posible conflicto de interés en la operación de compra de Escribano. Pero la judicialización de varios rescates del FASEE ha copado gran parte de su intervención, tras conocerse el lunes que un juez ha admitido una querella del PP y Vox por el rescate de Air Europa y ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que lleva décadas en el holding público.

Gualda, que preside el holding público desde marzo de 2021, ha subrayado que “la SEPI no ha sido registrada en ningún momento”, aunque ha recibido “muchos requerimientos” de la UCO y la UDEF en relación con esas investigaciones, que “respetamos profundamente”. “Estamos colaborando absolutamente con la Justicia. Es una prioridad para mí y para la organización”. Y “vamos a tener contundencia” contra “cualquier persona” que haya podido cometer un ilícito si se demuestra en esos procesos judiciales, que “nos tomamos muy en serio”.

Ha recordado que el funcionamiento del fondo lo regulaba “una ley que se aprobó en el Congreso” y “todos” los órganos que han “fiscalizado” los expedientes, del Tribunal de Cuentas al Tribunal de Justicia de la UE, han determinado “que las ayudas estaban bien otorgadas”. Había “enorme preocupación” entre las empresas por la judicialización “de una de las ayudas” y desde patronales o partidos políticos se trasladó “la necesidad” de que “continuara” ese instrumento, que “no es un rescate, es un préstamo”.

“Sepi cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”. “Entiendo sus preocupaciones, estamos colaborando con la justicia”. “La SEPI que yo presido en estos cinco años ha velado por el interés general”.

La presidenta de la SEPI ha señalado que el fracaso del proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia, tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios, “podría no ser una buena noticia” y SEPI hará “lo posible” por que “lo que se plantee o replante no tenga ninguna merma para la autonomía estratégica” europea. El holding ha pedido a Indra, que participa en este proyecto y en la que es primer accionista con un 28%, “que analice y nos traslade su análisis inmediato” del impacto de esta decisión, que ha propiciado una caída del 5% en la cotización de la empresa.

Sobre la abortada fusión de Indra y su ex accionista Escribano, la empresa del anterior presidente de la cotizada, Ángel Escribano, ha dicho que “tuvo mucha literatura” y ahora Indra “verá ventajas e inconvenientes” de esa eventual operación si vuelve a ponerse sobre la mesa, aunque ha instado a “esperar” al nuevo plan estratégico que está preparando la nueva dirección de Indra, una vez se incorpore el nuevo consejero delegado, José María Recasens.

Ha recalcado la “importante experiencia” del nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, cuyo rol, ha recalcado, no es ejecutivo, y ha señalado que el trabajo de la comisión ad hoc creada el pasado verano por Indra para analizar la fusión “no había sido suficiente” para evitar el conflicto de interés que existía por ese papel de Escribano a ambos lados de la mesa.

Gualda ha subrayado que las operaciones corporativas “se gestan en el seno de las propias empresas”, a las que corresponde “definir la estrategia” en sus órganos societarios, que SEPI contribuye a orientar “desde una perspectiva institucional”, con visión “a largo plazo” y velando por el “interés general”. Ha recordado que SEPI trasladó en marzo al mercado su preocupación por la incidencia que “a pesar de las importantes medidas de mitigación” adoptadas estaba teniendo ese conflicto de interés en Indra, que el holding público pidió que se “despejase definitivamente”. Pero luego la “retirada” de la oferta por parte de Escribano hizo que se paralizara la operación.

La presidenta de la SEPI Ha instado en fijarse en la revalorización de Indra en los últimos tres años, con una subida del 188% solo en 2025. “Lo importante es la estabilidad de los proyectos, no las personas que vamos pasando por los puestos de responsabilidad, Indra ha dado un salto de escala impresionante con un récord de cartera”.

Evitar una opa hostil

Ha subrayado que la SEPI representa una herramienta imprescindible de colaboración público privada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y ha defendido la vuelta del Estado a Telefónica con un 10%, “una inversión que ya se ha revalorizado, que sigue siendo un activo propiedad de todos los españoles”, da “protección” y “evita una opa hostil de inversores o de intereses particulares que puedan poner en peligro una empresa sistémica para nuestra seguridad nacional”.

Gualda ha defendido que SEPI opera “respetando siempre la gobernanza y las reglas de mercado” y “con criterios de interés público”. En sus participaciones mayoritarias en 14 empresas públicas (de Correos a Navantia o la Agencia EFE), entre otras, “tiene el papel determinante” de fijar la estrategia en unas sociedades que en 2024 tuvieron una cifra de negocios de 6.355 millones, un 36,4% más que en 2020, y cuentan con más de 87.000 empleados, tras un “trabajo de salto de escala y de reconversión industrial” en los últimos años.

En las 11 empresas en las que SEPI tiene participaciones minoritarias (Telefónica, Indra, Airbus o Redeia, entre otras), presentes en ámbitos “de especial relevancia estratégica”, el valor de esa cartera se ha “duplicado” desde 2020, hasta 13.400 millones. Esas empresas, ha subrayado, tienen una cifra de negocios de 155.000 millones, un 125% más que en 2020, 300.000 empleados, “en un contexto marcado por sucesivas crisis”, y han aportado a la SEPI 1.406 millones en dividendos en estos años.

En Navantia, que Gualda presidía antes de ser nombrada presidenta de la SEPI, “me encontré con un agujero de 1.500 millones” y “ha duplicado sus ingresos anuales” en cinco años, con un equilibro financiero “muy cercano” después de “muchos años en pérdidas”. En Correos, “hemos conseguido después de diez años de pérdidas, reconducir la reconversión” y lograr su “equilibrio financiero” “con un proyecto estratégico que ha apoyado SEPI” para convertir sus oficinas en “ventanillas” del Estado para los ciudadanos.

Banco Santander se prepara para entrar en el mayor proyecto tecnológico que España tiene ahora mismo sobre la mesa: la futura gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA), una enorme infraestructura de computación pensada para entrenar modelos avanzados de IA y almacenar grandes cantidades de datos. La entidad presidida por Ana Botín, participará junto a ACS y Telefónica en el consorcio privado que impulsará la iniciativa, principalmente mediante financiación de deuda.

La entrada del Santander refuerza un proyecto con el que España quiere convertirse en uno de los grandes polos europeos de inteligencia artificial. La iniciativa, impulsada por el Gobierno español junto con Portugal y respaldada por Bruselas, prevé movilizar cerca de 4.000 millones de euros entre inversión pública y privada y estudia ubicar la infraestructura en Móra la Nova (Tarragona) o San Fernando de Henares (Madrid).

Telefónica será otro de los socios clave del proyecto, aunque su papel no estará centrado en la financiación. La operadora, presidida por Marc Murtra, prevé hacerse con entre el 10% y el 15% del capital del consorcio y quiere asumir una posición estratégica en el desarrollo tecnológico de la gigafactoría, tanto en la construcción de la infraestructura como en la futura comercialización de servicios avanzados de inteligencia artificial.

Santander se incorpora al consorcio

Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Banco Santander participará junto con ACS y Telefónica en el consorcio privado encargado de desarrollar la candidatura española.

La entidad estudia entrar principalmente mediante financiación de deuda en una sociedad que todavía no ha sido constituida y que deberá recibir antes la aprobación del Consejo de Ministros.

El Gobierno aportará inicialmente 250 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la “SEPI digital”, que además tomará participación accionarial en el proyecto.

En el consorcio participan también la tecnológica Multiverse y la empresa Submer, especializada en sistemas de refrigeración para centros de datos.

Telefónica busca un papel tecnológico, no financiero

Durante una intervención en los Desayunos Esade organizados por Esade Alumni, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, defendió que la operadora debe participar en el proyecto “desde el punto de vista tecnológico” y también como comercializador posterior de la capacidad computacional de la infraestructura.

La compañía, históricamente centrada en telecomunicaciones y redes, lleva años intentando ampliar su negocio hacia áreas como la ciberseguridad, la computación en la nube, la defensa y la gestión de infraestructuras digitales.

En ese contexto, Telefónica considera que las futuras gigafactorías de IA serán una evolución de los actuales centros de datos, aunque con una capacidad de cálculo y almacenamiento mucho mayor para entrenar modelos de inteligencia artificial.

“No es un sitio donde tenemos que tener un papel como gran inversor”, aseguró Gayo, que situó el valor de Telefónica en la experiencia técnica para construir y operar este tipo de infraestructuras críticas. “Tenemos que jugar un papel como desarrollador del proyecto, desde el punto de vista tecnológico, y también como comercializador posteriormente para los grandes”, afirmó.

Una infraestructura estratégica para Europa

La Comisión Europea (CE) considera las gigafactorías de IA una infraestructura estratégica comparable a las redes energéticas o las telecomunicaciones por su importancia geopolítica y económica.

El objetivo es que Europa disponga de capacidad propia de supercomputación, almacenamiento y entrenamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial en un momento marcado por el dominio tecnológico de gigantes estadounidenses y chinos.

España y Portugal trabajan además en una posible candidatura ibérica conjunta para albergar una de las primeras instalaciones de este tipo impulsadas por Bruselas.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya aseguró durante el último Mobile World Congress que España tiene opciones de convertirse en una de las sedes europeas de referencia para este tipo de infraestructuras.

El giro industrial de Telefónica

Durante su intervención, Gayo vinculó la participación de Telefónica en la gigafactoría con la transformación industrial que atraviesa el grupo. “La evolución tecnológica nos ha traído defensa a las telecos”, afirmó el directivo, que recordó la alianza con Navantia para servicios de ciberseguridad y la UTE con Indra para desarrollar un vehículo militar conectado.

El consejero delegado defendió además que Europa empieza a mostrar “por primera vez” una voluntad política clara para flexibilizar las reglas de competencia y favorecer grandes proyectos tecnológicos continentales.

En paralelo, Telefónica mantiene su salida de América Latina, una región que “ha dejado de ser” estratégica para la compañía, según explicó Gayo. La empresa centra ahora su actividad en cuatro mercados prioritarios: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

La invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos convencieron a Europa de la necesidad de construir sus propias capacidades de defensa. Al tiempo, Donald Trump exige a sus socios en la OTAN que gasten un 5% del PIB en defensa, aunque España lo ha toreado como ha podido, para comprometer el 2% del PIB, que son 34.000 millones de euros al año. Esa demanda de inversión esconde la descarada pretensión de que Europa compre aún más material a la poderosísima industria militar americana.

Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus España, aseguraba en una conferencia que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación y dependencia. Fragmentación, porque en Europa se producen 179 sistemas diferentes de armas (aviones, barcos, tanques, armas, etc.), frente a 33 en Estados Unidos; y dependencia de este país, porque Europa le compra el 80% del material, mientras que ellos se autoabastecen.

Por tanto, la conclusión evidente es que Europa necesita integrar sus empresas militares, para hacerlas más grandes, innovadoras y competitivas, de manera que sean capaces de suministrar a sus ejércitos y no depender del producto Made in USA. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es fusionar las industrias nacionales, para luego ir a un proceso supranacional, como en otros sectores. Es el camino para preservar localmente los empleos en una industria puntera en tecnología de uso militar y civil, y mantener cierta autonomía.

Este contexto llevó al Gobierno a promover un campeón nacional de la industria militar alrededor de Indra, compañía cotizada en Bolsa y participada al 28% por el Estado, a través de la SEPI. Se trata de homologarse con los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall, fabricante de tanques, misiles, artillería y sistemas aéreos antimisiles. Italia, con Leonardo, más enfocado en industria aeronáutica, con aviones de entrenamiento y helicópteros, o satélites. Y Francia, cuenta con Thales, la más parecida a Indra, puesto que está más centrada en transformación y seguridad digital, así como aviónica, radares, satélites, simuladores o señalización.

Rheinmetall es una compañía privada, con un accionariado muy atomizado. En cambio, Leonardo y Thales están, al igual que Indra, participadas y controladas por el Estado, que cuenta con participaciones del 30% y del 26,6%. El caso francés es peculiar porque el Estado tiene un socio, Dassault Aviation, que tiene su misma participación; sin embargo, el primero tiene el 36,7% de los derechos de voto y el segundo el 29,9%. Es llamativo que el socio privado sea además relevante en medios de comunicación, ya que el Grupo Dassault es el dueño de Le Figaro, el principal periódico conservador de Francia. Esto rememora el caso de Amber Capital, principal accionista y gestor del Grupo Prisa, con un 29,9%, que además es socio clave de Indra, con un 7,24%.

Ahora bien, la diferencia de tamaño (facturación) y perspectivas (tecnología) de unas compañías y otras queda patente en su valor bursátil. La capitalización de Rheinmetall es de 55.000 millones de euros, la de Thales 47.000 millones, la de Leonardo 30.000 millones y la de Indra 9.200 millones. Por tanto, queda claro que la empresa española elegida para liderar la industria de defensa Made In Spain tiene mucho que recorrer para homologarse con sus vecinos.

El problema está en que el plan para levantar ese líder español está resultando un desastre, producto de una improvisación propia de aficionados. El Gobierno ha pretendido construir en Indra un accionariado estable y de confianza, a la vez que absorbe empresas del sector que completen su gama de productos militares. En esa dinámica, Indra absorbió la pública Hispasat; entró en el capital de la vasca ITP (9,5%), que fabrica y mantiene motores de aviación, y tomó la mayoría de Tess Defence, una alianza nacional para fabricar tanques, que avanza con dificultades, dado que sus socios son íntimos enemigos, (Indra/Escribano y General Dynamic). A la vez que montaban el puzzle industrial, repartían quesitos de capital a los socios industriales. La familia vasca Aperribay, dueña de SAPA, se hizo con el 7,9% de Indra y el 16,3% de Tess Defence y la familia Escribano llegó a sumar el 14,3% y el 16,3% de esas mismas compañías.

El error es que la casa se comenzó por el tejado, sin un plan estratégico bien trazado, y con los ministerios de Industria y Defensa de mera comparsa. El manejo del plan se hizo desde Moncloa, de la mano de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, en enero del año pasado, al descabalgar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y colocar a Marc Murtra, quedaba vacante la presidencia de Indra y no se le ocurrió otra cosa que colocar a Ángel Escribano, que ya tenía a su hermano Javier en el consejo representando al paquete familiar. A partir de ahí, Indra ha ido de lío en lío, con cambios de presidente, consejero delegado (José Vicente de los Mozos está en la puerta) y directivos de todo ámbito.

Si el proceso se hubiera hecho con un diseño racional, Indra habría adquirido Escribano en 2023, para convertirla en la filial de mecánica, con los hermanos al frente. Indra se habría ahorrado mucho dinero y no habría estado parada más de un año tratando de justificar lo injustificable: que los Escribano podían ser comprador y vendedor de su propia empresa, una compañía engordada con contratos del Estado, que pagaba la fiesta y diluía su poder. Los hermanos Escribano han estado a punto de quedarse con el control y la gestión de una compañía que en 2022 facturaba 42 veces más que la suya. Hubiera sido un escándalo de dimensiones cósmicas.

De la Rocha, el impulsor oficial de la fusión Indra-Escribano se cayó del caballo y, en un giro de guion, promovió la destitución de Ángel Escribano al frente de Indra para colocar a Ángel Simón, que se encontraba en paro desde hace un año, cuando Isidro Fainé le despidió de CEO de CriteriaCaixa por exceso de celo. Es como si De la Rocha devolviera a Simón el favor que le hizo cuando le prestó los votos en Telefónica para ejecutar a Pallete.

Esta batalla tiene dos beneficiarios, los Escribano y JP Morgan, que han ingresado alrededor de 1.300 millones, con un beneficio y reparto que sólo saben ellos. Eso sí, los hermanos Escribano no se han visto en otra igual. A ver qué hacen con tanto dinero ganado rápido y fácil. Parece que la industria de defensa y los medios de comunicación maridan bien, pues hay pocos misiles con tanta puntería. Mientras, Indra y la industria española de defensa llevan dos años perdidos y Rheinmetall, Thales y Leonardo siguen alejándose.

Telefónica se ha deshecho de su joya histórica, el edificio de Gran Vía que desde hace más de 100 años se había convertido en su emblema. El magnate cartagenero Tomás Olivo lo comprará por una cantidad cercana a los 200 millones de euros, según adelantó anoche Nuevo Digital de Murcia.

El destino al que dedicará el edificio es todavía una incógnita aunque puede convertirse en un centro comercial, a la vista de la actividad sobre la que ha cimentado su imperio económico el propio Olivo, una de las fortunas más grandes de España (sexto en la lista Forbes) y dueño de la sociedad General de Galerías Comerciales, que posee más de una decena de centros comerciales a lo largo de la geografía nacional.

Olivo se hace con un edificio que inicialmente podría haber recibido una mayor valoración -fuentes del sector hablaban de entre 250 y 300 millones de euros- pero que estaba muy limitado por su valor patrimonial: se trata de un inmueble singular catalogado con la máxima protección, lo que complicaba operaciones como las de transformarlo en un hotel. La localización no podría ser mejor: por su acera pasan seis millones de personas cada año.

El empresario murciano también gestiona en estos momentos la apertura del mayor centro comercial de Madrid en Valdebebas, sobre tres parcelas que ronda los 145.000 m² de superficie y que fueron adquiridas por 55 millones de euros en el año 2020 por General de Galerías Comerciales.

Por su parte, la teleco que dirige Marc Murtra desde el año 2025 presentó cuentas hace unos días, que arrojaron una facturación superior a los 8.000 millones de euros y unas pérdidas de 411 millones, cantidad importante pero un tercio inferior a la del año anterior.

Telefónica se desprende con esta venta de su activo de mayor valor histórico, que renovó por completo hace menos de dos años en sus plantas bajas después de unas ambiciosas obras que pusieron de relieve su patrimonio y en las que la compañía dedicó una importante inversión.

Uno de los objetivos de esta reforma era conectar la tienda de Gran Vía con la Fundación Telefónica, situada en otra parte del edificio. Con la venta, es una incógnita saber qué pasará con uno de los lugares que programa algunas de las exposiciones más interesantes del centro de Madrid.

Telefónica ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.304 millones de euros que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Colombia, Chile y México

Según ha informado este jueves el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de no tener en cuenta las operaciones, que le restaron 807 millones, Telefónica habría ganado 386 millones en el primer trimestre, un 21,5% menos que en el ejercicio pasado.

En este contexto, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que recoge el resultado recurrente de las operaciones que consolidan en el grupo, alcanzó los 482 millones entre enero y marzo de 2026.

Tras estos resultados, la compañía de telecomunicación se ha apuntado este jueves una subida en bolsa de casi el 7%. En concreto, ha concluido la sesión con un repunte del 6,84%, hasta los 4,07 euros la acción, lo que deja su capitalización cerca de los 23.000 millones de euros.

Por otro lado, la empresa española generó unos ingresos de 8.127 millones de euros hasta marzo, con un crecimiento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes.

En el primer trimestre de 2026, y por el efecto de la estacionalidad habitual de comienzos de año, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas de la 'teleco' presidida por Marc Murtra se situí en 333 millones de euros.

Además, la deuda financiera neta se redujo en cerca de 1.500 millones de euros en el trimestre, hasta 25.342 millones al cierre de marzo, y la ratio de endeudamiento bajó a 2,72 veces.

La inversión del grupo en el primer trimestre se ha situado en 866 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025 a tipos de cambio constantes, lo que sitúa la inversión sobre ingresos en el 10,7%, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año.

Telefónica continuó en el primer trimestre del año con el proceso de desinversión en Hispanoamérica, tras cerrar las salidas de Colombia y Chile y firmar, a comienzos de abril, la venta de Telefónica México, sujeta a determinadas condiciones de cierre, entre ellas las autorizaciones regulatorias pertinentes, mientras la salida de Venezuela sigue pendiente.

En España, Telefónica prolongó su fortaleza comercial con más de 16 millones de líneas de contrato móvil, situó el 'churn' --tasa de abandono de clientes-- en mínimos históricos y aceleró su crecimiento con un incremento interanual del 2% tanto en los ingresos como en el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado.

Confirma previsiones y dividendo

La 'teleco' ha señalado que las “sólidas” cifras del primer trimestre del año la sitúan en la senda de cumplir sus objetivos financieros establecidos para el conjunto del ejercicio.

Estas metas, definidas en términos constantes, consisten en un crecimiento de los ingresos y del Ebitda ajustado de entre el 1,5% y 2,5% interanual, un aumento del flujo de caja operativo después de arrendamientos (OpCFaL) ajustado por encima del 2% interanual, una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2028.

Además, los resultados del primer trimestre del ejercicio la han permitido confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, pagadero en junio de 2027.

En cuanto al segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción y ya aprobado por los accionistas en la junta celebrada a finales de marzo, se abonará el próximo 18 de junio.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, será nombrado nuevo consejero delegado de Movistar+ en sustitución de Daniel Domenjó, que abandonará la compañía por decisión propia, ha adelantado el diario El Economista y confirmado fuentes conocedoras del relevo a Europa Press y EFE.

Domenjó, que asumió el cargo de CEO de Movistar+ en marzo de 2025 siendo uno de los primeros fichajes del entonces nuevo presidente de Telefónica Marc Murtra, saldrá de la compañía en los próximos meses. La renovación afectará a otros puestos de cúpula de la filial audiovisual de Telefónica, al frente de la cual sigue Javier de Paz como presidente. Gómez Palacio ocupará un asiento en el comité de dirección de Telefónica España, compañía que preside Borja Ochoa.

Alfonso Gómez Palacio, que en 2026 cumple veinte años en el Grupo Telefónica, es considerado por la compañía un activo importante al que rescatar una vez desmantelada prácticamente la estructura de Telefónica Hispanoamérica a raíz de la venta acelerada de las filiales del grupo en la región, a excepción de la unidad venezolana.

Este movimiento se produce después de que el propio Murtra advirtiera este miércoles en una cumbre con ejecutivos de la compañía de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales.

En un evento interno ante 700 directivos de la empresa, subrayó que Telefónica cuenta con activos diferenciales (como escala, red, talento y capacidades tecnológicas), pero subrayó la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales. Murtra situó la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

Amplia experiencia en Hispanoamérica

Tal y como han adelantado El Economista y El País, el nombramiento de Gómez responde a la intención de la compañía presidida por Marc Murtra de impulsar el negocio audiovisual. Gómez Palacio, que asumió en enero de 2018 el cargo de director de Telefónica Hispam, cursó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en Ciencias Políticas en el Loras College (Dubuque, Estados Unidos) y en Impuestos en la Universidad del Rosario.

En 2002 presidió la empresa estatal colombiana Telecom, liderando su proceso de liquidación y la creación de Colombia Telecomunicaciones como nuevo operador de los servicios a cargo del Estado. En el año 2006 entró en el Grupo Telefónica. Entre el 2007 y 2016 ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Telefónica en Colombia.

Dentro de sus principales logros en Colombia están la fusión de las operaciones fija y móvil del Grupo y la fluida relación con el Gobierno colombiano como socio de la compañía. En 2017 se convirtió en presidente CEO de Telefónica Colombia y lideró el proceso de capitalización de la misma.

De su lado y antes de asumir la dirección de Movistar+, Domenjó fue CEO y cofundador de Satisfaction Iberia, productora de contenidos de ficción y de entretenimiento (no ficción) focalizada en Iberia, Latam y US-Hispanics, creada en asociación con el grupo independiente francés líder en televisión, Satisfaction Group. Como emprendedor y directivo en la indústria audiovisual, lideró como director ejecutivo durante cinco años la creación, lanzamiento y consolidación de Mediacrest, productora a cargo de grandes formatos.

Acumula 23 años de experiencia en televisión y comunicación como emprendedor, directivo, creador y productor ejecutivo de programas informativos, de entretenimiento y documentales para TVE, Antena 3, Discovery, RTP-Portugal, Tele5 (Mediaset), TeleMadrid, TV3, Canal Sur, A Punt TV, BTV, URBE TV (Vocento), etc.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha advertido este miércoles de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales, al tiempo que ha elogiado los activos diferenciales que posee la compañía.

Murtra ha reconocido este miércoles en un evento interno ante 700 directivos de la empresa que Telefónica cuenta con activos diferenciales — escala, red, talento y capacidades tecnológicas —, pero ha advertido de la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales, informa Efe.

El presidente de Telefónica ha explicado que la transformación de la compañía depende de la capacidad de sus directivos para actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar sin dilaciones en el marco del plan estratégico.

Murtra ha situado la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

“Para que la transformación sea posible, necesitamos una cultura de gran impacto. No es aceptable cambiarlo todo para que nada cambie. Para ello, debemos dar siempre lo mejor de nosotros, superar nuestros límites y crecer juntos”, ha dicho Murtra en el primer gran encuentro interno desde su llegada a la presidencia en enero de 2025.

Asimismo, el presidente de la teleco ha asegurado que el objetivo estratégico se mantiene, el cual es convertir a Telefónica en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, reforzando su papel como infraestructura crítica y socio tecnológico de referencia.

También ha reiterado las cinco prioridades del plan: avanzar en la consolidación y liderazgo en Europa, reforzar la innovación y competitividad, mejorar la propuesta de servicios, impulsar una gestión más rigurosa y fortalecer el rol institucional de la compañía.

Durante su intervención también ha hablado de la inteligencia artificial (IA), cuyo impacto sitúa a Telefónica como un actor clave para garantizar un acceso seguro, fiable y de calidad a la digitalización.

El despliegue del 5G llegó acompañado de una narrativa muy ambiciosa sobre las tecnologías que este nuevo estándar de comunicación permitiría: coches autónomos, cirugías en remoto o múltiples aplicaciones relacionadas con las ciudades inteligentes. Tenía, sin embargo, un problema: prácticamente ninguna de ellas estaba lista cuando la red empezó a expandirse. Ahora, siete años después de que comenzara el despliegue de 5G en España, Telefónica presenta uno de los primeros servicios que serían imposibles sin esta red: drones repartidos por el territorio y teledirigidos por pilotos profesionales desde uno de sus centros de ciberseguridad en Madrid.

¿A quién va destinado? De momento, la operadora ha buscado los primeros clientes en el ámbito de la vigilancia lejos de los núcleos poblacionales. Uno de los contratos ya en operación, que Telefónica ha mostrado este jueves a un grupo de periodistas, es la prevención de incendios en zonas rurales de Extremadura, aunque sus drones también se están utilizando para vigilar infraestructuras críticas.

“Hemos empezado por los entornos menos poblados. También entornos industriales, como centros logísticos, que están un poco más aislados. A partir de ahí, según vayamos avanzando en el desarrollo, iremos explorando nuevos entornos”, ha explicado a elDiario.es Leonor Ostos, directora de Desarrollo de productos y servicios de Telefónica España.

La compañía cree que el mayor potencial inicial del servicio está en la reducción de costes en sectores como el industrial, el logístico o el energético. Especialmente en procesos que, de otra manera, implicarían el envío de helicópteros u operarios por tierra y que ahora pueden ser supervisados por pilotos profesionales desde Madrid. Sin embargo, la operadora está abierta a desarrollar cualquier caso de uso con las empresas y administraciones públicas interesadas.

“Por ejemplo, la supervisión de autopistas parece ideal hacerla con drones. El transporte, o si poco a poco nos vamos acercando a entornos más poblados, lo iremos trabajando de la mano de AESA [Agencia Estatal de Seguridad Aérea]”, ha añadido Ostos. El servicio puede desplegarse en cualquier lugar donde llegue la red 5G de la compañía. Según sus portavoces, la cobertura abarca ya el 95% del territorio nacional.

Un nido de drones en la antena de telecomunicación

La propuesta de Telefónica es eliminar la necesidad de que los pilotos se desplacen físicamente al lugar de la misión. Para lograrlo, el servicio se apoya en estaciones automatizadas conocidas como “Drone-in-a-Box” (nido de drones), las cuales permiten que el aparato despegue, aterrice y se recargue de forma autónoma en su punto de despliegue.

Esas cajas pueden instalarse en las 22.000 estaciones que la operadora tiene repartidas por el Estado. Al ubicarse en estos emplazamientos, los nidos de drones cuentan con entornos físicamente securizados y disponen de un suministro de energía constante y garantizado para mantener los aparatos siempre operativos y listos para volar.

La otra modalidad del servicio es operar los drones propiedad del cliente, en la que la operadora asumiría el pilotaje a distancia y la gestión de permisos. En la actualidad, Telefónica cuenta con una plantilla de doce pilotos formados para realizar operaciones BVLOS (vuelos más allá de la línea visual del piloto) y gestionar la burocracia con la AESA y la normativa europea de aeronaves no tripuladas (UAS). Todos han salido de su propio equipo de ingenieros.

“Somos casi como una aerolínea. Tienes que estar coordinado con los aeropuertos cercanos, por ejemplo, y tienes que hacer todas las autorizaciones previas al vuelo y la gestión del espacio aéreo”, ha explicado el responsable del equipo.

Inteligencia artificial y procesamiento en tiempo real

La transmisión de vídeo en tiempo real y el control a larga distancia se realizan mediante la conectividad 5G de la operadora. Pero el sistema no se limita a enviar imágenes a una pantalla en Madrid para que el piloto las observe. La clave técnica es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial, concretamente basados en tecnología de visión artificial.

Estas técnicas permiten analizar las imágenes que capta el dron en pleno vuelo y de forma automática. El sistema utiliza modelos preentrenados que lanzan alertas inmediatas si detectan situaciones anómalas o predefinidas por el cliente. Así, la IA puede identificar de manera autónoma fuego o humo en un monte, detectar si una persona ha sufrido una caída en una planta industrial o alertar de intrusiones no autorizadas en una zona de seguridad.

Esta automatización de la vigilancia amplía los casos de uso hacia tareas cotidianas y rutinarias que, hasta ahora, requerían intervención manual. Según los portavoces del proyecto, la IA puede desde comprobar si hay plazas de aparcamiento libres en un recinto, hasta utilizar el vídeo para calcular automáticamente el volumen en metros cúbicos de mercancía en un entorno portuario o logístico, ahorrando a los operarios tener que realizar esas mediciones a pie de pista.

Respecto al precio, la operadora ha preferido no comunicarlo en la presentación del servicio ante los periodistas. Los casos de uso pueden variar tanto en función de las horas de vuelo y el tipo de despliegue, alegan los portavoces de Telefónica, que no es posible ofrecer una horquilla orientativa.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

El pasado 1 de marzo se despidieron de Telefónica 2.700 trabajadores, la primera oleada de empleados que saldrán de la multinacional de telecomunicaciones en el ERE acordado con los sindicatos para un total de 5.800 trabajadores, entre sus diferentes filiales. Es el despido colectivo más numeroso de los últimos tiempos en España, que en el inicio de 2026 ha sumado un goteo de expedientes de extinción en varios sectores y empresas. El último, en Iberia, para 996 trabajadores, anunciado este jueves; el penúltimo en Glovo (750 despidos); y con especial incidencia en la industria, como en Tubos Reunidos (301). Ahora, todas las miradas se dirigen a la nueva guerra de Oriente Medio, de momento con una gran incertidumbre sobre su alcance y consecuencias.

A falta de datos oficiales, que todavía no se han publicado, elDiario.es ha recopilado en los dos primeros meses del año los datos de los despidos colectivos que han trascendido a la esfera pública. Las causas que figuran son las alegadas por las empresas, que no siempre coinciden con los motivos que denuncian los sindicatos.

En total, al menos hay 11.000 trabajadores afectados por estos ERE, un dato elevado en los últimos años –en los que España vive un contexto de fuerte crecimiento económico y de aumento del empleo a niveles récord– y que está muy marcado por el abultado expediente de Telefónica. 

Los despidos colectivos recogidos en la tabla responden a los problemas específicos de algunas empresas (como Castilian o Mediapro) así como de ciertos sectores, como la siderurgia (Tubos Reunidos, Metal Group). Además, otros ERE son fruto de decisiones estratégicas de las compañías, incluso cuando tienen una buena situación económica y con beneficios en sus cuentas, como puede ser el caso de Nestlé y Coca-Cola.

Así, el ERE de Telefónica, que la compañía ha enmarcado en su nuevo Plan de Restructuración para mejorar su “eficiencia” y ha contado con un acuerdo con la parte sindical, es el más numeroso.

Le sigue, en términos absolutos, el que acaba de anunciar Iberia. La aerolínea ya trabajaba con la idea del ERE, al que finalmente ha puesto cifra este jueves. La compañía ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores, que afectará a varios colectivos: 106 pilotos y 137 tripulantes de cabina, 305 operarios de mantenimiento, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas. La dirección justifica la medida en la necesidad de renovar determinados perfiles, en el marco del proceso de transformación recogido en su Plan de Vuelo 2030.

Otro de los más numerosos es el de Glovo, para 750 repartidores. La multinacional anuncia un ERE menos de un año después de abandonar el modelo de riders autónomos, cercada por múltiples causas judiciales. El sindicato CCOO ya ha advertido que rechazará el despido colectivo, mientras denuncia además la existencia de un “ERE encubierto” en una lluvia de despidos individuales en los últimos meses. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que no tolerará “ningún chantaje” de Glovo y ha anunciado que el Ministerio tomará “todas las medidas” que pueda en este ERE.

El cuarto de mayor volumen es el despido colectivo de Pepsico, que supondrá la salida de unas 400 personas de la multinacional por la externalización del servicio de distribución y que se ha saldado con un acuerdo con la parte trabajadora, para mejorar las condiciones de salida, especialmente de los trabajadores de avanzada edad.

Todavía en fase de negociación, y en pleno conflicto con los sindicatos, se encuentran los otros dos ERE más cuantiosos: el de la empresa de call center Majorel, con 329 salidas, que golpea especialmente a su centro de Salamanca y en el que los sindicatos denuncian una posible deslocalización de trabajo a países más baratos en mano de obra, y el de Tubos Reunidos, para 301 empleados en las fábricas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

Este último contempla el cierre de la acería, medida que rechazan los sindicatos por considerar que deja la empresa en una situación crítica para el futuro, por lo que han anunciado una huelga indefinida y están pidiendo a las autoridades que medien para evitar estas salidas en una empresa que ha recibido en los últimos años “más de 112 millones de euros de financiación pública para garantizar su viabilidad hasta 2026”, denuncia el sindicato LAB.

La parte trabajadora también se opone al ERE anunciado por la empresa química Solvay, para 77 empleados de su fábrica de Torrelavega (Cantabria), tras recibir más de 30 millones de euros de dinero público en el PERTE de Descarbonización, denuncia CCOO.

Entre los ERE más significativos por su impacto proporcional figuran el de Metal Group, finalmente para la totalidad de su plantilla –de unas 180 personas– de las plantas de Lebario (Abadiño) y Legutio, en Euskadi, que echarán el cierre tras la marcha de su principal cliente, Volkswagen, que el año pasado optó por trasladar sus pedidos a China. En algunos casos, la afectación territorial es muy pronunciada, como los alrededor de 200 despidos en International Paper ante la clausura de las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona), así como la de Griñón (Madrid).

También destacan por su peso relativo el ERE de AzkoNobel, que se ha saldado con el despido de 101 personas de la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona) –la antigua Industrias Titan–, la mitad de la plantilla; el de Telefónica, con unas 5.800 salidas en España que suponen alrededor del 33% de los trabajadores de la multinacional; y el de Avatel, que alcanza a 290 trabajadores, un 24% del total.

Además, algunos despidos colectivos están anunciados, pero aún sin cifra ni ubicación de los centros de trabajo afectados por los despidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre las plantillas. Por ejemplo, es el caso del ajuste global anunciado en octubre por Nestlé, que prevé 16.000 salidas (6% de su fuerza laboral), mayoritariamente en Europa, pero que todavía no ha sido concretado. O del ERE de XPO Logistics, del cual solo ha trascendido que podría alcanzar a a 21 de los 38 que tiene en España.

Entre los últimos despidos anunciados, sobresale el que afecta a 250 personas en Mediapro, de un total de 7.000 empleados, dentro de un plan de reestructuración del negocio tras perder el año pasado su principal contrato, el de la Liga española de fútbol.

ERE en tiempos de bonanza y con una nueva incertidumbre

Dada la falta de datos estadísticos publicados de 2026 por el momento, en los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y en la patronal CEOE indican que no pueden valorar la magnitud de los despidos colectivos del arranque del año. Aunque, con los datos del cierre de 2025 y la percepción de los expedientes que han ido trascendiendo en los primeros dos meses de 2026, la sensación de los agentes sociales no es de alarma.

“Siempre teniendo en cuenta que cada persona en un ERE es algo que no desea nadie y que hay que lamentar, puesto que el interés de toda empresa siempre es poder aumentar su plantilla en la medida de lo posible”, precisan fuentes de la patronal CEOE.

Los sindicatos mayoritarios explican que este año están especialmente atentos a si la inteligencia artificial (IA) empieza a jugar un papel determinante en matera de despidos. Un temor a futuro por el momento, más allá de algunos primeros casos en España y a nivel internacional. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, destacaba hace poco “aún no se ven consecuencias en el mercado laboral ni las temidas oleadas de despidos” como consecuencia de la IA, aunque añadió que la institución estaría “extremadamente” atenta de aquí en adelante.

Sin embargo, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ha desatado un nuevo conflicto armado en Oriente Medio, mantiene ahora a todos los actores económicos alerta, con una gran incertidumbre, sobre el propio desarrollo de la guerra y sus posibles consecuencias económicas, que pueden tener un gran impacto en el aumento de los costes energéticos y, como derivada, una nueva crisis inflacionista.

Los agentes sociales recuerdan que por el momento el contexto en España es de crecimiento económico y de auge del empleo, hasta niveles cercanos a récord histórico de casi 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. A cierre de 2025, hubo 41.200 trabajadores afectados por despidos colectivos, lo que supone un aumento respecto a los últimos ejercicios (37.372, en 2024), pero la mitad de los registrados durante la crisis financiera, en 2012, por ejemplo.

“Cuando la densidad es tan baja, un solo ERE puede alterar toda la estadística”, advierte Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, que recomienda partir de esta consideración antes de interpretar posibles aumentos, como el que resulta del gran expediente de Telefónica, o una especial incidencia territorial, por ejemplo ante el despido colectivo para casi 800 personas de Amazon en Barcelona a finales de 2025.

En UGT sí perciben “un aumento significativo” de los ERE en el sector industrial en este arranque de año, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato. Este sector es el que habitualmente concentra más número de expedientes, aunque en términos absolutos con frecuencia tengan una mayor afectación de trabajadores los despidos colectivos de los sectores de telecomunicaciones y de banca.

Además de los despidos colectivos, las empresas con problemas también acuden a la otra fórmula de regulación de empleo que se volvió muy popular durante la crisis por la pandemia de COVID: los ERTE. Como medida temporal, implican la suspensión de contratos o la reducción de la jornada de los trabajadores y en 2025 redujeron su número de afectados: 78.300 trabajadores alcanzados por suspensiones (frente a 143.000 en 2024) y 5.400 con reducciones de jornada (8.700 el año anterior).

“Es que estamos en una fase de creación de empleo”, recuerda Javier Pacheco, que considera que la verdadera prueba para saber si los ERTE aumentan su protagonismo frente a los ERE llegará cuando España tenga que enfrentarse a una crisis económica en el futuro. Por el momento, en el Ministerio de Trabajo destacan que sí están funcionando de manera rápida y eficaz para proteger empleos y empresas ante las catástrofes puntuales que ha afrontado el país en los últimos años, como la dana en Valencia.

De momento, hasta que se aclare la magnitud de la guerra en Oriente Medio, casi todas las miradas apuntan a EEUU e Irán. Como punto de partida, los sindicatos y patronal han pactado con Trabajo una mesa para monitorizar posibles efectos en la economía española y evaluar si es necesario tomar alguna medida de protección. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en mandar un mensaje de “tranquilidad” y “confianza” en que el Gobierno desplegará medidas de apoyo y ayudas a empresas y trabajadores si son necesarias.

Fue a finales del siglo pasado. Un grupo de empresas españolas, capitaneado por los grandes monopolios estatales, se lanzó a una expansión sincronizada en Latinoamérica. Aprovecharon su propia privatización para comprar al otro lado del Atlántico compañías muy semejantes de las que también salían sus estados. El proceso fue de tal dimensión que fue bautizado como la reconquista de América por la armada empresarial. Era una flota de una decena de empresas españolas comprando por toda la región. Treinta años después, aquella ola de adquisiciones se ha quedado prácticamente en nada; solo se libra Brasil.

Eran los felices años 90, cuando la generación del baby boom estaba en pleno rendimiento; ahora, se jubila en masa. España acababa de entrar en la Unión Europea (1986), se mostraba al mundo moderna y orgullosa (Barcelona y Sevilla 92) y se aprestaba a entrar en el selecto club del euro, que despegaría al país de la inestable peseta para engancharse a la nueva moneda heredera del marco alemán (1999). Entrar en la divisa europea requería disciplina germana en ratios clave, como inflación, déficit público, deuda pública y tipos de cambio y de interés. Para cumplirlos, el gobierno liberal de José María Aznar (1996-2004) culminó con enorme agrado todo un proceso de privatizaciones comenzado por el socialista Felipe González (1982-1996).

El proceso se repitió una y otra vez, con ofertas públicas de venta (OPV) de sucesivos paquetes de acciones de las empresas públicas, que también sirvieron para popularizar la bolsa como fórmula de inversión del ahorro familiar. Antes de entrar en este siglo, el Estado vendió los últimos paquetes, para con esos ingresos amortizar deuda pública y aprobar el examen de entrada en la Eurozona. Así es como Telefónica (1995-1999), Repsol (1989-1997), Endesa (1988-1998), Enagás (1997), Red Eléctrica (1999), Iberia (1999-2001) y la banca pública aglutinada en Argentaria (1993-1998), por reseñar las más grandes, acabaron en manos privadas. El Estado conservó pequeñas participaciones en Enagás (5%), Redeia (20%) e Iberia (2,5% de IAG, el holding) y ha retornado hace apenas un año a Telefónica (10%).

Estas empresas lideraron aquella marea inversora, que fue seguida por prácticamente todas las empresas privadas energéticas (Iberdrola, Unión Fenosa o Gas Natural) y por los grandes bancos Santander y BBV. Por eso, resulta un shock la rápida retirada de Telefónica, que en menos de un año ha vendido sus negocios en seis países (Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile), proceso que sigue a la retirada de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua) entre 2019 y 2021, y que continuará este mismo año con la venta de México y Venezuela. Se salva Brasil, que de momento es considerado mercado estratégico.

El viaje de vuelta de las empresas españolas no obedece a un relato común, aunque sea una constante. La casuística va desde la expulsión por renacionalización, a las pérdidas continuadas, el mero cambio de estrategia con la llegada de nuevos accionistas o la necesidad de hacer caja para reinvertir en otros mercados.

En el primer caso está Repsol, que se vio obligada a revender a Argentina la petrolera pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una compañía tan grande que llevó al cambio de nombre de la española a Repsol YPF. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la renacionalización de YPF, lo que se hizo con la consiguiente contraprestación. Algo parecido le sucedió a Red Eléctrica Española, cuando en el mismo año el gobierno de Evo Morales le expropió la compañía Transportadora de Electricidad SA. La expropiación fue ordenada el 1 de mayo, Día del Trabajador, “como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”, dijo Morales.

En 2013, Repsol vendió a la angloholandesa Shell sus activos de gas natural licuado en Perú y Trinidad y Tobago, y poco después se desprendería de los negocios en Ecuador. Este fue un proceso más voluntario y con parte de aquellos recursos compró la petrolera Canadiense Talisman. Repsol sigue conservando intereses en Brasil y Venezuela, un país que han cobrado una importancia y valor inesperados con la toma del país por Estados Unidos.

Un caso muy diferente es el de la que fuera la Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa), que acabó en 2009 en manos de la empresa pública italiana Enel. Cinco años después, los italianos traspasaron sin ningún recato las filiales de Endesa en Latinoamérica a la empresa matriz, para posteriormente vender los activos en Argentina y Perú, y quedarse en Brasil, Chile y Colombia, pero ya desenganchadas de España.

Enagás también ha protagonizado recientemente un repliegue de América a España. En 2022 vendió su participación en la chilena GNL Quintero; dos años después se deshizo de las participaciones en la mexicana Compresión de Soto La Marina y la estadounidense Talgrass Energy. Ya solo le queda un pleito en Perú por el que el Estado peruano tiene que compensarle con más de 300 millones de dólares por la cancelación unilateral del Gasoducto Sur Peruano. Todos estos recursos y más van destinados a financiar las inversiones de más de 4.000 millones de euros del plan estratégico de la empresa (2025-2030), de los que 3.125 millones van a infraestructura de hidrógeno verde.

Estos movimientos de los antiguos monopolios públicos se han visto acompañados por la salida de empresas privadas como Iberdrola, Naturgy o Acciona, que han hecho un repliegue notable. Pero hay dos excepciones que confirman la regla. Por un lado, los grandes bancos, Santander y BBVA, que siguen muy presentes en la región. Por otro, la apuesta brasileña, ligada al tamaño de país y de economía. Brasil suma 214 millones de habitantes, que es casi la suma de los tres siguientes: México (133 millones), Colombia (53 Millones) y Argentina (47 millones). Además, el país carioca cuenta con un PIB de 2,1 billones de euros, que es el equivalente al agregado de México (1,7 billones) y Colombia (0,4 billones).

La fuerte presencia de grandes empresas españolas en la región sirvió para ejercer de manera silenciosa y continuada el soft power del dinero, que tan bien acompaña a la diplomacia formal. La retirada de Telefónica y el resto de viejos monopolios deja al Gobierno de España menos palancas en su aproximación a Latinoamérica. Esto también lo sabe Donald Trump.

El Mobile World Congress (MWC) ha cumplido este año su vigésima edición celebrándose en Barcelona. Pero no es solo la efeméride la que invita a mirar hacia atrás y analizar cómo ha cambiado la feria en estas dos décadas. También es la propia realidad del evento. Son las declaraciones de los ejecutivos y de los representantes políticos, o las exhibiciones a las que las compañías deciden conceder un papel central. Es un cambio que llevaba años gestándose, pero que en este 2026 ha visto su punto de inflexión.

La mayor tensión global en décadas, las políticas de rearme, un mundo que ha normalizado el conflicto y una guerra que ha comenzado el mismo fin de semana que arrancaba la feria han producido un Mobile World Congress diferente. Un encuentro que ya no habla de la tecnología para conectar al mundo, sino de cómo protegerla ante sus enemigos.

El MWC no es realmente una feria de móviles, sino de conectividad. Hace 20 años la clave de la conectividad eran los nuevos teléfonos inteligentes que prometían cambiarlo todo. Hoy, las presentaciones de nuevos dispositivos se mantienen, pero las tecnologías que centran los debates son otras. Son la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, los drones o los sistemas de conexión por satélite que permiten mantener las redes en caso de que las instalaciones en tierra no estén disponibles por algún motivo.

Las palabras que están en todos los discursos han sido “soberanía” y “resiliencia”. Es decir, operar tecnologías propias sin depender de nadie y capaces de resistir “perturbaciones” o “situaciones adversas”. Conceptos que antes se trataban en los pabellones secundarios donde se colocaban las empresas de defensa, pero que este 2026 han calado en toda la feria.

“Tecnología dual”

No hay que rebuscar para hallar ejemplos de todo esto. En el punto de mayor afluencia del pabellón 3, el centro neurálgico del MWC, suele colocarse el stand de Telefónica. La exhibición más visitada de la compañía este año se denominaba “Mission-Critical Dome”. Un conjunto de tecnologías para “desplegar una burbuja táctica”, explica Jesús Abraham, responsable de innovación en Defensa de Telefónica.

“Cuando sucede una catástrofe natural, lo primero que debemos hacer es tener una conciencia situacional. Si la electricidad, las comunicaciones o la red caen, tenemos que devolver la conectividad a la zona afectada. Para eso necesitamos hiperconectividad, ciberseguridad y seguridad la infraestructura y para los dispositivos que se conectan a esa infraestructura”, detalla Abraham, oficial en reserva de la Armada.

“También necesitamos una serie de servicios de misión crítica que permita a los operativos desplegados en la zona poder cumplir con sus cometidos. Servicios como un sistema de mando y control único para que toda la información que se recoge en los niveles estratégico, operacional y táctico pueda ser compartido en tiempo real”, continúa.

Aunque Abraham utiliza el contexto de una emergencia natural, Telefónica reconoce que se trata de una “tecnología dual”. Es decir, que se puede usar también con fines militares. Su primer despliegue será precisamente ese, según ha comunicado la compañía este miércoles, con un acuerdo con el Ministerio de Defensa y con la OTAN para comenzar la fase de pruebas de estas burbujas con las Fuerzas Armadas.

Enfrente del stand de Telefónica se sitúa otro de los más grandes de la feria, el de Deutsche Telekom, la mayor teleco europea por ingresos y capitalización bursátil. “¿En quién puedes confiar? Todo se utiliza como un arma. Y si te vuelves dependiente de alguien, ya sabes, podría aprovecharse de ello”, dijo su CEO, Tim Höttges, durante uno de los principales paneles del evento, en el que compartía escenario con Marc Murtra, su homólogo de Telefónica.

Un poco más adelante se colocaba otro stand aún mayor, el de China Mobile. La teleco con la mayor base de clientes del mundo tenía una exposición de robots camareros en el punto de más visible de su apartado, pero la mayoría del espacio se lo dedicaba a un recorrido sobre cómo su tecnología puede usarse en toda la operatividad de drones, tanto aéreos como terrestres y submarinos.

“Detección e identificación de objetivos bajos, lentos y pequeños” gracias al 5G-Avanzado, prometía la compañía asiática en uno de sus paneles, que “consigue una detección más rápida (menos de 5 segundos), mayor precisión (disminución de la tasa de falsas alarmas en un 80%) y mayor estabilidad (disminución de la probabilidad de pérdida de objetivos en un 15%)”.

Soberanía a cambio de fusiones

Hace años que las principales telecos europeas achacan a Bruselas el retraso tecnológico del continente. Defienden que las normas antimonopolio de la UE les impiden comprar empresas más pequeñas y fusionarse, lo que su vez limita las economías de escala y las inversiones que pueden hacer para ponerse a la par de las tecnológicas estadounidenses.

Ahora, con la soberanía tecnológica en el centro del debate y los embates de Donald Trump, el discurso está calando más hondo que en años anteriores. La Comisión Europea abrió en 2025 un proceso para modificar esas normas, impuestas para impedir las prácticas de abuso de posición dominante que caracterizan precisamente a las grandes tecnológicas estadounidenses en el entorno digital.

“Seguiremos asegurándonos de que los consumidores europeos obtengan la mejor calidad al mejor precio, pero también debemos lograr que la política de competencia trabaje a favor de Europa”, explica un portavoz de la Comisión a elDiario.es. “El propósito es que las empresas europeas eficientes puedan crecer hasta convertirse en líderes mundiales, que surjan y prosperen competidores europeos innovadores y que Europa pueda competir, y ganar, en una economía global cada vez más dura”.

Con todo, Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, reconoció algunas necesidades a las que hacen referencia las telecos durante su intervención en el MWC. “En el mundo hiperconectado de hoy, la conectividad ya no puede limitarse únicamente a redes más rápidas o a una mejor cobertura, sino que debe tratar también sobre la competitividad de nuestra economía en el escenario mundial”, reconoció.

“Se trata asimismo de nuestra capacidad industrial para habilitar la economía de la Inteligencia Artificial y de fomentar nuestra resiliencia y proteger nuestra soberanía. El Mobile World Congress de este año lo muestra claramente”, continúo Virkkunen. “Debemos reconocer que, en el contexto geopolítico actual, cada eslabón de nuestra compleja y digitalizada cadena de suministro es un objetivo potencial de explotación por parte de actores malintencionados”.

El Gobierno español también ha apoyado los planes de las telecos. “Europa necesita tamaño europeo en esta nueva carrera que supone la inteligencia artificial”, manifestó durante la feria el ministro para Transformación Digital, Óscar López. “Sin empresas europeas potentes no seremos competitivos en el futuro”, ha advertido.

El principal anuncio del Ejecutivo durante el Mobile, un fondo de 100 millones de euros para fomentar que las empresas españolas se asocien con otras europeas para desarrollar tecnología “soberana”, también está destinada a cortar lazos con China y reducir la dependencia estratégica de EEUU.

Tecnología propia tutelada por EEUU

Pese a las promesas, los anuncios de tecnología estratégica propia por parte de las telecos han brillado por su ausencia en este MWC. Sus principales propuestas siguen dependiendo profundamente de tecnología estadounidense. Una de ellas, denominada Open Telco AI, fue presentada el lunes a bombo y platillo por la GSMA, su patronal internacional y organizadora de la feria.

Se trata de una alianza de operadoras mundiales y fabricantes de chips para desarrollar inteligencia artificial propia al margen de las grandes tecnológicas de EEUU. La realidad es que la voz cantante la llevan AT&T, la principal teleco estadounidense, junto con AMD, chipera radicada en Silicon Valley.

Este patrón se repite en la gran apuesta europea por la conectividad satelital para impedir caer en los brazos de Starlink y Elon Musk. Bautizada como Satellite Connect Europe, es una plataforma liderada por Vodafone y respaldada por Telefónica y Orange. Nace con la vitola de proyecto europeo, sede en Luxemburgo y financiación de 100 millones de euros de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, el núcleo tecnológico sigue siendo estadounidense.

El proyecto es una sociedad compartida con la compañía con base en Texas AST SpaceMobile, que posee un porcentaje de la empresa, se queda con la propiedad intelectual y fabrica los satélites en suelo estadounidense. Las operaciones se controlarán desde Alemania, asignando qué satélite cubre qué zona y gestionando las estaciones terrestres que los conectan satélites con la red normal de torres 5G. Los datos también se quedarán en suelo europeo, pero en caso de conflicto, la capacidad de decisión crítica sobre el sistema sigue en manos de la empresa estadounidense.

Pese a los discursos públicos, la realidad es que empresas como Deustche Telekom tienen en EEUU su mercado clave, uno de los más rentables. “Soy un gran fan de EEUU”, declaró su CEO Tim Höttges durante su conferencia, generando aplausos entre los asistentes al auditorio principal del evento. Palabras que pronunció solo unas horas después que EEUU se sumara a Israel para asesinar al ayatolá Alí Jamenei en una operación que la ONU considera fuera de la legalidad internacional.

Miles de asistentes al Mobile deberán tomar rutas alternativas miles de kilómetros más largas para volver a sus lugares de origen. La organización esperaba este año unos 110.000 asistentes a la feria, pero este miércoles aún no podía confirmar cuántos se han visto atrapados por el cese del tráfico aéreo y han tenido que cancelar su participación.

“Somos un evento global y, como tal, contamos con algunos asistentes, expositores y ponentes que viajan desde Oriente Medio o que hacen tránsito por esa región, y que podrían haberse visto afectados por interrupciones en los viajes. No será hasta que el MWC concluya el jueves por la tarde cuando conozcamos el impacto total”, expresan desde la organización. Antes de estos eventos, el Mobile cifraba en 585 millones de euros el impacto directo en Barcelona y en unos 14.000 los empleos temporales creados.

En los 20 años que la feria lleva celebrándose en la capital catalana, la impacto económico en la región ascendería hasta los 6.900 millones de euros. El compromiso firmado con las administraciones es que el evento, que a lo largo de estas dos décadas ha pasado de reflejar el optimismo de la revolución digital al realismo de un mundo en guerra, siga celebrándose en Barcelona hasta 2030.

“Si alguien piensa que a los europeos se nos va a conceder acceso a los últimos productos de IA que serán necesarios dentro de diez años para, por ejemplo, tener una industria farmacéutica o una industria manufacturera punteras, creo que está siendo un ingenuo”.

Es una de las advertencias que ha dejado Marc Murtra, presidente de Telefónica, en el panel principal de la primera jornada del Mobile World Congress (MWC), centrado en cómo conseguir la soberanía tecnológica europea. La mayor feria de las telecomunicaciones del mundo, que ha arrancado este lunes en Barcelona, ha juntado al ejecutivo español con los consejeros delegados de Deustche Telekom, Tim Höttges, y Jean-François Fallacher, de la multinacional espacial francesa Eutelsat, con el objetivo de abordar esta cuestión geopolítica en plena escalada de tensión internacional.

El diagnóstico de las líderes de las telecomunicaciones europeas es claro: para conseguir soberanía estratégica y mayor competitividad en el sector tecnológico, Europa debe reducir la fragmentación del mercado. Esto, aseguran, permitiría a sus grandes empresas de telecomunicaciones desarrollar las economías de escala necesarias para hacer grandes inversiones en inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura tecnológica local.

“El concepto de soberanía puede ser a veces extremadamente concreto. Cuando uno de nuestros competidores, que no nombraré aquí, deciden cortar los servicios de un país, eso marca los ánimos y la gente se da cuenta de lo que significa ser independiente”, ha manifestado Fallacher sobre Starlink y el incidente de 2022 en Ucrania. Entonces, Elon Musk desactivó la red de su empresa de comunicación por satélites que utilizaba el ejército ucraniano para evitar un ataque sorpresa contra la flota naval rusa en Crimea.

Musk argumentó que quería evitar un “mini Pearl Harbor” y una posible escalada nuclear rusa. El evento, no obstante, demostró hasta qué punto las empresas de servicios digitales estadounidenses controlan la capacidad de movimiento de los países europeos. “¿En quién puedes confiar? Todo se utiliza como un arma. Y si te vuelves dependiente de alguien, ya sabes, podría aprovecharse de ello”, ha coincidido Tim Höttges.

Menos telecos para un mayor poder tecnológico

A pesar de que el panel se ha celebrado en medio del ataque del Gobierno de Donald Trump e Israel contra Irán, que numerosos expertos sitúan fuera de la legalidad internacional, Höttges no ha dudado en declararse “un gran fan de EEUU” por su éxito tecnológico. “Todo en EEUU funciona mejor que en Europa con respecto a estos esfuerzos de digitalización. Y eso no nos gusta. Reconozco que estoy celoso. Quiero tener el mismo ecosistema para mi Europa”, ha afirmado.

El panorama que los ejecutivos de las principales telecos europeas quieren emular en el Viejo Continente es el que ha permitido una mayor concentración del mercado. Tanto en EEUU como en China, son solo tres o cuatro gigantes los que dominan todo el mercado. En Europa, en cambio, hay cerca de 40.

“Necesitamos escala. Necesitamos empresas más grandes que asuman más riesgos”, ha defendido Murtra. Por ello, también cree necesario “cambiar y ajustar la regulación” europea para que facilite “las fusiones y la consolidación del mercado”. “Somos una colección de 27 países. Lamentablemente, todavía no nos comportamos como un solo país”, ha coincidido Jean-François Fallacher, de Eutelsat.

Se trata de una reivindicación histórica. El sector de las telecomunicaciones ha utilizado tradicionalmente este marco geopolítico de rivalidad entre Estados Unidos y China para reclamar a Bruselas una flexibilización de las normativas antimonopolio que les permita comprar a los actores más pequeños del continente.

No obstante, se trata de un movimiento que Bruselas siempre se ha mostrado reticente a ejecutar ante el miedo de que la concentración del mercado perjudique al consumidor. Menos actores puede acabar traduciéndose en facturas de internet y telefonía más caras, pero no en garantías de una innovación real.

La organización del evento, la GSMA (la patronal mundial de la industria del móvil) había pensado en que fuera Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, la que diera la réplica la los ejecutivos. Sin embargo, la participación de Virkkunen en el panel se ha cancelado este lunes debido a la guerra de EEUU e Israel contra Irán desatada este fin de semana.

Salvo por la cancelación de la vicepresidenta de la Comisión, el MWC apenas se ha dejado influir por los ataques de este fin de semana. Las referencias a los ataques entre los ponentes o las empresas expositoras han sido muy excasas. La feria ha ido dejando de ser la exposición de gadgets de consumo que era hace una década para asimilarse a un gran foro geopolítico para las empresas de telecomunicaciones, tecnológicas y reguladores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha permitido a Telefónica Movistar eludir el pago de un crédito fiscal por 4.442 millones de pesos (unos 215 millones de euros) en concepto de Impuesto sobre la renta (ISR) desde 2015. El fallo, emitido durante la madrugada de este jueves (hora española) por la mayoría de magistrados del Tribunal, llega después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana tratara de echar abajo la protección judicial que había obtenido antes la firma española de telecomunicaciones.

Finalmente, tras revisar las alegaciones, la Corte ha determinado que el Gobierno Mexicano no tenía legitimación para interponer un recurso de revisión contra el amparo concedido a la empresa. La decisión hace que la protección judicial que impide el cobro del crédito fiscal en ese expediente quede en firme.

El litigio surgió tras la negativa del Servicio de Administración Tributaria del país a permitir determinadas deducciones vinculadas con una fusión corporativa realizada en 2014, por lo que, en 2019, la autoridad fiscal determinó un crédito fiscal millonario por ISR, actualización, recargos y multas.

El fallo trasciende a la par de la desinversión de Telefónica en México, donde, según especialistas, enfrenta el reto de vender un negocio de “bajo valor” con la marca Movistar. Antes de esta decisión judicial, el litigio pesaba como una variable de incertidumbre en la negociación de su negocio en México. Ahora enfrenta el reto de conseguir comprador con un negocio que ha pasado de ser un operador con infraestructura a una compañía que administra una base de clientes que opera sobre la red AT&T.

Salida de México

La llegada de Telefónica a México se produjo en el año 2000, pero desde finales de la pasa década la teleco española ha ido desligándose del país norteamericano por etapas. En 2019, la empresa comenzó a desprenderse de infraestructura, como la venta de 250 torres a American Tower y la venta de activos de fibra óptica a Neutral Works y Even Telecom.

Después, avanzó en la devolución de espectro, quedándose sin frecuencias para servicios móviles, lo que empujó a la compañía a migrar hacia un modelo de operador móvil virtual (OMV), basado en acuerdos mayoristas. El eje de ese giro fue el convenio con AT&T México firmado en 2019 y extendido hasta 2030.

En la más reciente fase de simplificación, Telefónica vendió a Hiberus los últimos activos de centros de datos de su brazo de servicios digitales, Telefónica Tech.

Telefónica Movistar reportó en 2025 una base de más de 23,5 millones de clientes en México, aunque con presiones en rentabilidad, en un mercado dominado por Telcel (América Móvil).

La teleco española vendió recientemente su negocio en Chile por más de 1.000 millones de euros. Solo Venezuela y México continúan en su antigua cartera de divisiones hispanoamericanas (sin contar a Brasil, considerada un mercado clave que mantendrá a largo plazo) y espera desprenderse de ellas en el corto y medio plazo.

La nueva etapa en Telefónica no solo ha arrancado con un nuevo plan estratégico y una revolución en cuanto a la política de dividendos, más ajustada a las inversiones y a la generación de valor, también con un fuerte contraste retributivo. Marc Murtra, que asumió la presidencia en enero de 2025, percibió 5,2 millones de euros en su primer ejercicio completo al frente del grupo, lo que supone un 45% menos que los 9,5 millones que cobró su antecesor, José María Álvarez-Pallete, en 2024, el último año completo como presidente ejecutivo.

La diferencia salarial no es menor y sitúa el debate sobre gobernanza y política retributiva en primer plano, en un contexto marcado por los resultados de la compañía –en pérdidas por el impacto del coste de la regulación de empleo y las ventas con minusvalías de varias filiales de Hispanoamérica– la revisión estratégica del grupo y el foco creciente de la multinacional en la eficiencia operativa.

“La política de disciplina financiera de hierro no va a cambiar”, subrayó este marte el presidente de la 'teleco' en la rueda de prensa de presentación de resultados anuales, en línea con el relato que la operadora quiere trasladar al mercado.

El informe anual de remuneraciones remitido este marte a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalla, por otro lado, que Álvarez-Pallete percibió 44,5 millones de euros como consecuencia de su relevo en enero de 2025 de la operadora. El directivo, que fue presidente de la operadora entre abril de 2016 y enero de 2025, percibió 23,5 millones de euros en metálico (equivalente a cuatro anualidades calculadas sobre salario fijo y bonus medio de los dos últimos ejercicios); 13,1 millones como remuneración por sus sistemas de ahorro y 7,8 millones como consecuencia del beneficio bruto de las acciones o de instrumentos financieros consolidados.

Un mes después salió el hasta entonces consejero delegado, Ángel Vilá, quien percibió 33,8 millones de euros, de los cuales 17,7 millones corresponden a indemnización, 9,7 millones al plan de previsión social y el resto a planes de acciones.

Su sucesor, Emilio Gayo, ingresó durante 2025 un total de 4,5 millones de euros, 3,18 de ellos en metálico, mientras que 1,2 millones los percibió en acciones.

Objetivos cumplidos

Telefónica da por cumplidos “todos” sus compromisos financieros en 2025, tras crecer en ingresos (a moneda constante), mejorar la rentabilidad y superar sus objetivos de generación de caja, al tiempo que mantiene los objetivos “ambiciosos” de 2026, según destacó Marc Murtra.

El presidente de la multinacional considera que si la compañía es “rigurosa” en el cumplimiento del plan puesto en marcha, y es extremadamente “disciplinada”, esto se reflejará en el precio de las acciones, en el sentido de que se incrementarán.

Telefónica cerró 2025 con unas pérdidas de 4.318 millones de euros. Los resultados de la tecnológica están afectados por el impacto de la regulación de empleo, pactada con los sindicatos, que rozó los 2.050 millones, y por las ventas con minusvalías en Hispanoamérica (Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador), cuyo impacto en las cuentas fue de 2.269 millones de euros, según los resultados que ha presentado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

En 2024, la multinacional española obtuvo una pérdida neta de 49 millones de euros.

De no haber sido por estas operaciones de repliegue, la operadora hubiera tenido un resultado neto de 2.122 millones de euros, esto es, teniendo en cuenta el resultado recurrente de las operaciones que seguían en el grupo al cierre del ejercicio.

Se trata de los primeros resultados anuales que presenta Marc Murtra, quien fue nombrado presidente de Telefónica en enero de 2025 y que ultima los despidos acordados con los sindicatos en siete expedientes de regulación de empleo presentados en otras tantas filiales de la multinacional y que se saldarán con alrededor de 5.000 salidas.

“Hemos cumplido en 2025 y estamos preparados para seguir haciéndolo en 2026. Hemos emprendido un camino de transformación de la compañía y hoy tenemos ante nosotros los primeros resultados que nos hacen ser optimistas y nos permiten seguir asumiendo con valentía riesgos calculados. Vivimos un periodo de más crecimiento y mayor rentabilidad, lo que me permite decir con satisfacción que Telefónica cumple”, destaca Murtra en un comunicado de Telefónica.

Los ingresos de la compañía crecieron el 1,5%, hasta los 35.120 millones de euros, y en España, logró su mejor año desde 2008 al crecer de forma simultánea en ingresos, resultado bruto de explotación (Ebitda) y caja.

Menos deuda

Entre enero y diciembre de 2025, la deuda financiera neta se redujo en torno a 1.400 millones de euros, hasta situarse en 26.824 millones de euros. La compañía ha confirmado un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción, de los que están pendientes de pago 0,15 euros por título el próximo mes de junio. Ambos parámetros --deuda y dividendo-- son en lo que más se fijan en estos momentos los analistas, al margen de estos impactos extraordinarios, que el mercado “no los toma tanto en cuenta”.

Telefónica sube más del 1% en la sesión bursátil de este martes, pese a las abultadas pérdidas. Media hora después de la apertura, las acciones de Telefónica eran las segundas que más avanzaban del Ibex 35, con un alza del 1,29%.

La multinacional española presentó un estratégico el pasado 4 de noviembre, 'Transform & Grow’, para el periodo 2025 y 2028, en el que contempla, entre otros un recorte del dividendo del 50% en 2026, con el reto de prepararse para oportunidades de consolidación que puedan surgir, uno de los ejes de crecimiento de la compañía fijados por Murtra, que se va a centrar en cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

De hecho, la semana pasada anunció la primera gran operación: un acuerdo para la adquisición del segundo mayor operador de fibra de Reino Unido, Netomnia, junto a su socio Liberty y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, por unos 2.294 millones de euros.

El plan estratégico está diseñado también para simplificar el modelo operativo y crecer de forma escalonada tanto en ingresos como en beneficio bruto de explotación (ebitda), hasta el 3,5% en 2030 en ambos casos.

Los inversores recibieron con escepticismo el nuevo plan estratégico, con caídas en bolsa de más de un 10%. El precio de la acción, que antes de este plan superaba los 4 euros, no se ha recuperado.

De momento, el operador ha continuado en 2026 con su estrategia de salir de Hispanoamérica, donde únicamente ya mantiene sus negocios en México y Venezuela, en un contexto en el que persigue reforzarse en sus cuatro mercados principales, Reino Unido, Alemania, Brasil y Alemania.

La telefonía móvil y la fibra impulsan Brasil

En el país carioca, Telefónica Brasil, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 6.168 millones de reales (unos 1.000 millones de euros), un 11,2% más con respecto a 2024, según informó este lunes la compañía. El resultado se vio impulsado por el aumento de sus ingresos en el segmento de telefonía móvil, fibra y de nuevos negocios, entre los que se encuentran servicios de entretenimiento, financieros y de bienestar.

El asalto al cielo industrial de los hermanos Escribano —a través de la probable integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)— ha abierto uno de los debates más delicados del año en España. Lo que nació como el sueño de un “campeón nacional” de defensa en plena escalada del gasto militar europeo, se ha convertido en un caso de libro sobre conflictos de interés, gobernanza y control del poder corporativo. Es un auténtico dolor de cabeza para La Moncloa, para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y para el propio consejo de administración de Indra. Las tres partes llevan meses barruntando cómo llevar a cabo una operación que casi todos los círculos económicos y empresariales —incluso los más críticos con las formas— le ven sentido desde un punto de vista industrial. 

La singularidad del movimiento radica en que la familia propietaria de EM&E, los hermanos Ángel y Javier Escribano, no solo aspira a integrar su empresa en Indra, sino que uno de ellos, Ángel, se sienta en el consejo y preside la compañía. Lo nombró el Gobierno hace un año y medio, tras la marcha de Marc Murtra (que era presidente de Indra) a Telefónica en sustitución del cesado José María Álvarez-Pallete. Un movimiento “sorprendente”, según varias fuentes consultadas, cuando La Moncloa ya tenía la idea de llevar a cabo la operación, como así ha reconocido el propio consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

Ángel Escribano ha defendido desde el minuto uno la necesidad de ganar masa crítica para competir en los grandes programas europeos y consolidar capacidades tecnológicas en sistemas, sensores y electrónica avanzada. Desde esa lógica, una fusión o integración profunda tendría sentido industrial: permitiría unir músculo tecnológico, acelerar sinergias y reforzar la posición internacional del grupo. El problema es que la operación no se produce entre sociedades independientes, sino entre una empresa cotizada estratégica y la sociedad privada de su propio presidente que podría reforzar estructuralmente el peso de la familia en el grupo resultante. Eso ha encendido todas las alarmas en los ministerios económicos y en buena parte del sector. 

El Estado tiene la llave de todo porque, a través de la Sepi, es el principal accionista de Indra, con el 28% del capital. EM&E controla el 14,3%. Otro accionista relevante, aunque significativamente más pequeño que los anteriores, es el grupo industrial vasco SAPA Placencia Holding, de la familia Aperribay. Junto con un grupo de consejeros independientes, SAPA se opone a la operación, especialmente a la idea de que Indra adquiera o fusione EM&E.

“Sin sospechas y manteniendo el control”

El debate no es solo empresarial. El Estado considera a Indra un activo estratégico, igual que Telefónica, que controla a pachas con La Caixa, con un 10% cada uno. Pero no quiere que la operación con Escribano se lleve a cabo de cualquier forma. “No puede haber ni la simple sospecha de corrupción o conflicto de interés y, en paralelo, el Estado tiene que mantener el control como accionista de referencia de la empresa resultante”, asegura una fuente conocedora. “Encajarlo todo no es fácil pero o es así o no hay operación”, añade.

 El mercado está mirando, hasta el punto de que el PP, que hasta ahora no había abierto la boca al respeto, hace diez días aseguró, a través de su vicesecretario económico del partido, Alberto Nadal, que estará “altamente vigilante” a la operación y a las asignaciones de contratos “sin concurso público” a Indra, sin descartar acudir a los tribunales si detectan alguna cuestión que “no fuera legal”.

En la Moncloa llevan ya algún tiempo con las líneas rojas trazadas. En primer lugar, que no haya conflicto de interés y que la valoración de EM&E sea impecable para que no pueda cuestionarse. Por otro lado, que la integración no se lleve a cabo mediante una fusión por absorción. Eso implicaría que Indra ampliaría su capital con la emisión de acciones nuevas que se entregarían a EM&E y, en consecuencia, la participación de la Sepi en la nueva empresa se diluiría y el Gobierno perdería el control en favor de los Escribano, transformándolos de proveedores en dueños y señores de la mayor empresa de defensa del país. El abrazo del oso.

Esa es la opción preferida por la familia Escribano, pero es solo una de las alternativas que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, presentó en el último consejo de administración, celebrado a finales de enero, con el objetivo de que la operación acabe cristalizándose, según fuentes conocedoras. 

Una filial de defensa para Indra

Hay otras dos que gustan más a la Sepi. Una es que Indra acabe comprando una parte mayoritaria de EM&E (con el 51% bastaría) para convertirla posteriormente en una filial. El problema es que eso supondría que la familia Escribano se quedaría en minoría tanto en una como en otra compañía, y no parece que vayan a aceptarlo. La otra, que es la preferida del Gobierno, es que Indra cree una filial solo de defensa y que la fusión con EM&E la lleve a cabo esa filial, pero el control lo seguiría teniendo la matriz, Indra, controlada por la Sepi y manteniendo la misma estructura accionarial. 

Cada una de las opciones redistribuye poder de forma distinta. La primera maximiza integración y sinergias, pero eleva la tensión; la segunda es un punto intermedio con exigencias estrictas de gobernanza; la tercera es la más cómoda para el Ejecutivo, aunque quizá menos ambiciosa en términos industriales. Ángel y Javier Escribano están abiertos a escuchar todas las propuestas, según fuentes cercanas citadas por Expansión. 

Indra las debatirá en el consejo de administración convocado para este miércoles, 25 de febrero, el mismo día que presentará los resultados anuales correspondientes a 2025. Las expectativas son “buenas”, han dicho a EFE fuentes conocedoras, que no han querido anticipar datos, pero que han recordado que ya se han sobrepasado las previsiones marcadas en el plan estratégico.

Además, ya se han firmado los contratos previstos correspondientes a los Programas Especiales de Modernización (PEM) con el Ministerio de Defensa.

En total, se le han concedido más de 16.000 millones de euros en préstamos directa o indirectamente a la compañía repartidos en varios contratos, algunos de los cuales han sido llevados por parte de la empresa Santa Bárbara a los tribunales.

El ruido y las presiones no cesan, pero los Escribano no están solos. El fondo activista Third Point entró en el capital de Indra la semana pasada defendiendo que la integración generaría valor. En una carta remitida a la Sepi, el director ejecutivo del fondo, Dan Loeb, advierte de que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

El fondo Amber Capital, controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, dueño del grupo Prisa, también respalda la operación en los mismos términos que los Escribano. Sorprendió hace unos días la venta del 2% de las acciones de Indra, hasta quedarse con el 5% del capital. La operación, si finalmente se lleva a cabo, se tendría que votar en el futuro en una junta de accionistas, por lo cual todos los porcentajes —también el de Amber— serían claves.

Las acciones de Indra subieron un 5,7% la semana pasada, hasta cerrar el viernes a un precio de 54,05 euros. En los últimos 12 meses, la acción ha subido más del 188%, lo que le ha otorgado a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros.

El papel de De los Mozos

En medio de todo este pulso, la figura de José Vicente de los Mozos, próximo al PP pero que mantiene una estrecha relación con el hoy ministro Óscar López, trata de hacer equilibrismos con todos los focos apuntándole.

El consejo de administración de Indra creó un protocolo para regular la posible operación con EM&E y evitar el conflicto de interés que afecta a la familia Escribano. Hasta ahora se conocía la salida de los dos hermanos de las reuniones del consejo cuando se aborde el tema y la creación de una comisión ad hoc formada por consejeros independientes. Este viernes se conoció que Indra otorga poderes al consejero delegado para que “presente los términos de la Operación al Consejo de Administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra” y al consejo para pactar la fusión con Escribano sin la aprobación de la comisión independiente, según reza el protocolo publicado este viernes por Indra por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El desenlace de este culebrón corporativo y político podría marcar el mapa de la defensa española para la próxima década. Mientras tanto, en algunos mentideros financieros suena con fuerza un nombre, el de Ángel Simón, directivo próximo al socialismo y defenestrado hace diez meses por Isidro Fainé al frente de CriteriaCaixa, el holding industrial de Fundación La Caixa, como posible relevo para una presidencia que ha quedado demasiado expuesta al conflicto de intereses. 

Telefónica ha alcanzado una acuerdo para la adquisición del segundo mayor operador de fibra de Reino Unido, Netomnia, junto a su socio Liberty y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, por unos 2.294 millones de euros. Se trata de la primera gran operación del nuevo plan estratégico de la compañía, liderado por el presidente ejecutivo Marc Murtra, que contempla como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Este movimiento supone tambien la primera gran operación de concentración de Telefónica en Europa, con el foco puesto en la competitividad y la soberanía tecnológica en el continente.

Telefónica y Liberty Global —copropietarios de la 'teleco' VMO2— aportarán conjuntamente alrededor de unos 170 millones de euros para finalizar la operación e Infravia otros 995 millones. El precio, no obstante, estará sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

La red de fibra de Netomnia, que contará con más de 3,4 millones de hogares y 500.000 clientes a cierre de la operación, se integrará en la de Nexfibre junto con los 2,1 millones de hogares de VMO2 que esta actualizará a fibra. Como resultado, esta contará con una red de fibra de unos 8 millones de hogares a finales de 2027, mientras que la red combinada de Nexfibre y VMO2 alcanzará aproximadamente los 20 millones.

Como parte de la operación, VMO2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas YouFibre y Brsk; ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre; recibirá una contraprestación en efectivo por dicho compromiso; y tomará una participación del 30% en la sociedad a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en Nexfibre.

Tras el cierre, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 controlarán conjuntamente el 50% de Nexfibre, mientras que el 50% restante seguirá en manos de InfraVia. Con todo, el cierre de la operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Telefónica en el Reino Unido, que incluye, entre otros objetivos, el desarrollo de una red financieramente “sostenible y reforzada”, la expansión de la fibra y la creación de valor a través de VMO2 y Nexfibre.

Telefónica ha reparado la avería que afectó durante unas tres horas a los servicios fijo y móvil que ofrece Movistar a pymes y sus clientes han recuperado la conectividad, según han informado este martes a EFE fuentes de la compañía. La avería ha afectado a unos 100.000 clientes de la compañía a nivel nacional, según fuentes conocedoras de la situación.

El portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios, ha reportado avisos de usuarios en los servicios de Movistar pasadas las ocho de la mañana de este martes. En concreto, se ha producido un pico de casi 3.000 incidencias a las nueve de la mañana.

En cuanto a los territorios afectados, provincias como Albacete, Cuenca o Soria se habrían visto perjudicadas. De hecho, este problema ha dejado sin conexión a servicios locales como Radio Taxi Albacete. No obstante, zonas de Euskadi, Andalucía o Madrid también están registrando incidencias.

En la red social X, Movistar informó de esta incidencia a varios usuarios que se había quejado en publicaciones sobre sus servicios y aseguró que trabajaban para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.