Almeida permitirá rampas sobre una zona verde pública para entrar al macroparking que prepara Valdebebas Shopping

El arroyo de Valdefuentes es un pequeño cauce de agua que recorría Valdebebas antes de que este barrio al noreste de Madrid empezara a ser urbanizado. Su curso fue aprovechado para crear a su alrededor el parque de la Centralidad y llenar el lago del barrio, situado en el parque Princesa Leonor. Hasta que su desaparición sobre la superficie fue necesaria para avanzar en el proyecto de un centro comercial de grandes dimensiones, partido en dos por el riachuelo.

El empresario Tomás Olivo se encontró con que este arroyo se interponía entre las dos parcelas adquiridas por General de Galerías Comerciales SA en el año 2020 para desarrollar su primer gran proyecto en Madrid, así que lo primero que hizo fue pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Tajo su enterramiento en el año 2022: ahora el Valdefuentes es una tubería de 1,8 metros de diámetro que pasa por debajo de un parque, donde una línea azul situada en la superficie recuerda su actual recorrido subterráneo. Pero faltaba otro permiso, el del Ayuntamiento, para avanzar en la unión.

Esto es lo que acaba de autorizar ahora el Gobierno de Almeida, a través de un plan especial que permitirá redibujar ambas parcelas (la 166A y la 166C) para facilitar su posterior conexión sobre y bajo tierra, creando además el mayor aparcamiento subterráneo de la ciudad con hasta 7.000 plazas. El planeamiento fue aprobado en la última Junta de Gobierno antes de las vacaciones de verano, sin informar de ello a los medios, pero no ha sido hasta este martes cuando el consistorio ha publicado los detalles de la operación urbanística, a los que ha tenido acceso Somos Madrid.

Para que el proyecto pueda salir adelante, el grupo empresarial promotor pide al Ayuntamiento de Madrid recortar la zona Este del parque de la Centralidad, para poder construir las rampas de salida y entrada a la calle Julio Cano Lasso por la parcela 166C, un acceso del que hasta ahora carece por interponerse delante un terreno dedicado a terciario de oficinas. Lo que permite ahora el consistorio es rodear estos terrenos recortando en 1.068 m² el parque por esta parte para habilitar una entrada y dos salidas del parking a la citada calle. A cambio, General de Galerías Comerciales propone ampliar el parque en una superficie equivalente a costa de la otra parcela, la 166A, mediante una estrecha franja de aproximadamente dos metros situada en el borde norte de la citada zona verde.

“Sin el ajuste de lindes propuesto sería imposible técnicamente cumplir la normativa”, apunta el último informe de movilidad municipal. Este cambio, que costará unos 250.000 euros (principalmente para las obras de urbanización en los nuevos límites del parque) es clave para conseguir alumbrar la otra gran pata del proyecto urbanístico: la construcción del aparcamiento subterráneo más grande de Madrid con hasta 7.000 plazas, que necesita de la salida y entrada hacia la calle Julio Cano para ser viable, además de dos conexiones subterráneas por debajo de la zona verde.

Estos túneles ocuparán otros 2.000 m² del subsuelo para evitar “indeseables tráficos de agitación en el viario público de superficie”, reza el estudio al que ha tenido acceso este periódico y que tramita el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad municipal. Además, la documentación apunta a sendas conexiones aéreas, también sobre la zona verde pública, a través de pasarelas que suman casi 1.500 m². En este caso la justificación es la de “evitar tráficos transversales que desvirtúen el carácter del parque longitudinal”.

Un macroparking con 7.000 plazas, más de las que permite la ley

El aparcamiento que planea Valdebebas Shopping contará con 7.000 plazas, el mayor cubierto de toda la región. El de La Vaguada, de grandes dimensiones, cuenta con la mitad de estacionamientos. Su número excede con mucho el máximo legal habitual para una dotación de estas características, aunque los promotores del proyecto lo justifican apuntando -entre otras razones- a la “alta motorización prevista” o a la “necesidad de aparcamiento para empleados”, que calculan en torno a 3.000 trabajadores durante los fines de semana.

El macroparking tendrá 4.300 plazas construidas en la parcela norte (la 166A), distribuidas en tres sótanos, y otras 2.700 plazas en la parcela sur (la 166C). Aunque las parcelas estarán separadas, el estudio de movilidad indica que ambos aparcamientos estarán conectados de forma subterránea y funcionarán como un estacionamiento único.

Entre las medidas para reducir los atascos que generará tanto el centro comercial como el propio macroaparcamiento, el plan especial propone un nuevo semáforo en el carril de giro a la izquierda en la calle Julio Cano Lasso, otro paso de peatones con semáforo en la avenida Fraga Iribarne y abrir un tercer carril en la calle Julio Cano, en sentido norte. También propone una nueva señalización que pueda llevar hasta el 28% del tráfico hacia las nuevas rampas que se instalarán sobre la actual zona verde. La promotora pide además aumentar las frecuencias del servicio de varias líneas de la EMT, en concreto la BR1, 171 y 174, además de la línea nocturna N2.

El proyecto de Valdebebas Shopping está promovido por General de Galerías Comerciales SA, una empresa que posee más de una decena de centros comerciales a lo largo de la geografía nacional y cuyo dueño, Tomás Olivo, se ha colocado como una de las fortunas más grandes de España al ser ubicado en la sexta posición en la última lista Forbes. El nombre de este empresario murciano saltó a la palestra en Madrid el pasado mes de mayo, al conocerse que había comprado también el icónico Edificio Telefónica de Gran Vía.

Lo que Olivo quiere levantar en el distrito de Hortaleza es el proyecto Valdebebas Shopping, donde hizo una inversión inicial de 55 millones de euros en el año 2020 para la compra de los terrenos. Tanto el empresario como el Ayuntamiento de Madrid consideran que el planeamiento actual, que se encuentra en periodo de alegaciones, no necesita ningún tipo de evaluación ambiental, por considerar que la normativa actual permite excluirlo del procedimiento.