El expresidente y fundador de Bankinter, Jaime Botín, ha fallecido hoy en Santander, a los 88 años, rodeado de su familia, ha informado la entidad.

Botín fue consejero director general de Bankinter desde 1965, consejero delegado desde 1977 hasta 1986 y presidente de la entidad entre 1986 y 2002, además de ser el máximo accionista a través de la sociedad patrimonial Cartival.

En 2021, el empresario fue condenado a tres años de cárcel por la comisión de un delito contra el patrimonio histórico al sacar de España el cuadro de Picasso Cabeza de una mujer joven, pero un juzgado madrileño concedió la suspensión de la pena de prisión por la enfermedad grave que sufría, “con padecimientos incurables”.

Una saga de banqueros

Nacido en Santander en abril de 1936, era miembro de una larga saga de banqueros y sus inicios en el ámbito financiero se remontan a 1957, cuando ingresó en el Banco de Santander, siendo su padre, Emilio Botín, presidente de dicha entidad.

Jaime Botín fue fundador de Bankinter, una entidad constituida en junio de 1965 como un banco industrial al 50 % entre el Banco de Santander y Bank of América, una entidad que en 1972 salió a cotizar a la Bolsa de Madrid, transformándose en ese momento en un banco comercial totalmente independiente de sus fundadores. Hasta hoy era máximo accionista de la compañía, titular de un 23,19 % del capital social del banco, detalla la entidad en un comunicado.

Jaime Botín fue también el creador e impulsor de Linea Directa en 1995, una compañía “de base tecnológica, totalmente disruptiva en cuanto al modelo de negocio y que, hasta su salida a Bolsa en abril de 2021, formó parte del Grupo Bankinter”, agregan las mismas fuentes.

El cuerpo de Jaime Botín será trasladado este viernes a la casa familiar en Santander, actualmente sede de la Fundación Botín, donde será velado, y el entierro se celebrará el sábado en la más estricta intimidad.

El octogenario exbanquero Jaime Botín, una de las mayores fortunas de España, ha elegido a uno de sus nietos, el ingeniero, financiero y jinete Gonzalo Blasco Botín, para dirigir Cartival, la patrimonial con la que esta rama de los Botín vehicula su participación en Bankinter, quinto banco español.

El nombramiento figura en las últimas cuentas de Cartival, que destacan como uno de los hechos relevantes del ejercicio 2023 el “nombramiento de Gonzalo Blasco Botín-Sanz de Sautuola como Director de la Sociedad”.

El nieto de Botín ya fue noticia hace unos meses en varios medios tras su nombramiento como apoderado en varias sociedades de la familia, como Cartival. Pero hasta ahora no había trascendido su condición de director de esa holding.

Con ella los Botín controlan el 23,186% de Bankinter y el 20% de Línea Directa, en la que son también los primeros accionistas. En esta aseguradora, antigua filial de Bankinter, el banco todavía conserva un 17,14% del capital.

Madrileño nacido en 1990, el elegido por Botín es hijo de la empresaria ecuestre Marta Botín y del aristócrata y empresario Álvaro Blasco Villalonga, presidente de la inmobiliaria Grupo Rosales, a la que El Salto vinculaba ya en 2018 con un desahucio de inquilinos en el barrio madrileño de Lavapiés.

Para entonces, Gonzalo Blasco Botín ya se había proclamado por primera vez campeón de España absoluto en la modalidad de Concurso Completo, una combinación de las tres disciplinas ecuestres (doma clásica, campo a través y saltos de obstáculo) de la que fue campeón por cuarta vez en 2023. En ella ya despuntó como campeona en 1998 y 2006 su madre, propietaria de una conocida hípica en Majadahonda (Madrid). Las pruebas para esta disciplina en los juegos olímpicos de París se han celebrado este mismo lunes sin la participación de Blasco. El ingeniero y financiero figuraba en la lista inicial de convocados que la Real Federación Española de Hípica publicó en enero.

En su perfil de LinkedIn, la última actividad profesional conocida del nuevo director de Cartival es la de responsable de “Innovación Disruptiva” de Evo Banco, filial de Bankinter cuya absorción ha anunciado recientemente esta entidad y en la que trabajó desde septiembre de 2019 hasta el pasado noviembre. Antes fue analista de inversión en Bankinter.

El jinete se licenció como ingeniero Industrial por ICAI, la universidad privada de los jesuitas en Madrid en la que han estudiado varios de los principales ejecutivos españoles. Antes de completar su formación en IE Business School, su trabajo de fin de carrera, calificado con un 9,5 en 2014, consistió en un “desarrollo de un Entrenador Virtual de un Fusil de Asalto”, siempre según está recogido en esa red social.

En ella se define como un “profesional motivado con experiencia en trabajo en equipo y conocimientos relacionados con la industria científica y tecnológica. Una alta eficiencia bajo presión y estrés, combinada con una actitud cooperativa han contribuido a logros en equipo. Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas, con la habilidad de infundir confianza rápidamente. Ser capaz de utilizar mi conocimiento y habilidades previas en mayor medida es mi objetivo”.

Deterioros millonarios

El madrileño ha pasado a convertirse en director de la sociedad familiar, que a cierre de 2023 gestionaba activos de 1.080 millones de euros, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. En ellas se recogen unas pérdidas de 1,7 millones, frente al beneficio de 67,6 millones de 2022, tras registrar deterioros de más de 91,5 millones por su participación en Línea Directa.

El pasado ejercicio Cartival apostó (como están haciendo muchas otras grandes fortunas españolas, atraídas por sus ventajas fiscales) por la puesta en marcha de su propia firma de capital riesgo, Aleph 2004 SCR. Fue inscrita a principios de 2024 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en ella ejerce como consejero y secretario.

El jinete e ingeniero ha sido nombrado director de Cartival después de que su abuelo Jaime Botín, ex presidente del banco y todavía hoy presidente de la holding Cartival, nombrase consejero delegado solidario de esta firma a su hijo Marcelino, cediendo así parte de su poder y en detrimento de sus otros cuatro vástagos, entre ellos, Alfonso, vicepresidente ejecutivo de Bankinter.

Los principales activos de Cartival son sus paquetes de acciones en el banco, fundado por el bisabuelo de Gonzalo Blasco en 1965, y en Línea Directa. La holding también tiene intereses en el sector de las energías renovables, con una alianza con Iberdrola en fotovoltaica. En este sector otro miembro de la familia, Javier Botín, llegó a chocar hace años con Mariano Rajoy por la negativa del expresidente del Gobierno (en su calidad de registrador de la propiedad) a inscribir las cuentas de una de sus empresas.

De Cartival cuelgan, además, las propietarias de varias fincas de la familia en Castilla-La Mancha o Cantabria. La firma fue sancionada hace años por Hacienda por deducirse ilegalmente casi 650.000 euros por gastos en seguridad privada para las mansiones de sus consejeros, con Jaime Botín a la cabeza.

El patriarca, de 88 años, ha sido protagonista en los últimos años de varios escándalos. En 2021 se libró de entrar en prisión por motivos de salud tras ser condenado a tres años por un delito de contrabando de un Picasso que sacó ilegalmente de España y por el que pagó una multa de 91,7 millones.

El banquero también fue denunciado por la Fiscalía por un presunto fraude fiscal en la compra de una avión privado, en una operación cuya existencia reveló hace una década elDiario.es. Esa investigación también reveló el uso de sociedades offshore para enmascarar la propiedad del velero en el que viajaba ese famoso Picasso rumbo a Suiza cuando fue interceptado en aguas de Córcega.

El último ranking de ricos de El Mundo atribuye a esta rama de la familia Botín una fortuna de 1.585 millones, lo que les sitúa en el puesto 34 de mayores multimillonarios del país.

La rama de la familia Botín que lidera junto a sus hijos el octogenario Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos, hermano del fallecido Emilio Botín, se ha aliado con Iberdrola en un proyecto fotovoltaico en Extremadura mientras avanza en la tramitación de varios parques solares, en pleno boom renovable y tras muchos años haciendo caja con este sector.

Los Botín canalizan esta actividad a través de Aleph, la gestora de capital riesgo que dirige un hijo de Jaime Botín, Alfonso Botín. Lo hacen mediante una empresa que toma su nombre de un animal de la mitología griega con trazas de humano, pez y caballo, Ictiocentauros SL.

Esta firma disparó sus activos en 2022 hasta 38,7 millones de euros, según sus últimas cuentas, accesibles a través de Insight View. Cerca del 33% de sus acciones está en manos de Cartival. Con este holding, los Botín controlan casi un 24% de Bankinter, quinto banco español, y el 19,15% de la aseguradora Línea Directa. 

A cierre del pasado ejercicio, Ictiocentauros era dueña de siete empresas dedicadas a la promoción de energía fotovoltaica. Entre ellas, Ictio Solar Boreal, SL, que en julio de 2022 se convirtió en accionista de Solar Majada Alta SL, sociedad de Iberdrola dueña de los parques fotovoltaicos Majada Alta y San Antonio de Iberdrola en Cedillo (Cáceres), con una potencia total de 100 megavatios (MW).

Las plantas recibieron en 2020 financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y se pusieron en marcha en agosto del año pasado. Según explica Iberdrola en un informe sobre el retorno de sus inversiones con financiación verde, Aleph se convirtió en accionista de ese proyecto extremeño en julio del año pasado “comprando el 49,9% de la participación” a la multinacional energética.

Ni Aleph ni Iberdrola comentan la operación que, independientemente de su tamaño, en el caso de la gestora de los Botín es relevante porque esa firma es más conocida en el sector por vender activos que por adquirirlos.

En el caso de Iberdrola, la transacción encaja en su estrategia de rotación de activos. En los últimos años, la energética ha cedido participaciones minoritarias en muchos proyectos renovables a distintos inversores para obtener dinero fresco, manteniendo el control de esas instalaciones.

De Ictiocentauros también cuelga Ictio solar Casiopea SL, que tramita el proyecto PF Ictio Alcántara, un pequeño parque solar de 26,6 MW en la localidad cacereña de Alcántara. Fue declarado de utilidad pública por la Junta de Extremadura en agosto de 2022, tras obtener autorización administrativa previa y de construcción.

Un proyecto de 250 MW

A preguntas de elDiario.es, Aleph no precisa qué cartera tiene en tramitación porque su política es no hablar con la prensa. Esa cartera podría ascender a varios cientos de MW. En Cedillo, otra sociedad de Ictiocentauros, Ictio Solar Aries SL, planteó a finales de 2019 un conflicto de conexión ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “en cuanto promotor de un proyecto fotovoltaico de 250 MW”, tras rechazarlo Red Eléctrica al ser considerada “inviable” la conexión propuesta. La CNMC inadmitió el conflicto de la empresa de los Botín por presentarlo fuera de plazo.

Varios proyectos de Ictiocentauros han cambiado de manos en los últimos años sin llegar a ver la luz, lo que ha permitido a sus dueños embolsarse dividendos millonarios. En marzo de 2019, la CNMC autorizó la venta al fondo australiano Macquarie, al canadiense OpTrust y a Bruc Energy (de Juan Béjar, ex de Ferrovial, Citigroup o FCC) de nueve proyectos fotovoltaicos con 380 MW que había tramitado la sociedad de los Botín en Toledo, Ciudad Real y Cáceres. 

Macquarie canalizó esa operación a través de la sociedad Gnowee Iberia, cuyo nombre remite, de nuevo, a la mitología (en este caso, aborigen). Tras la venta, Ictiocentauros repartió en ese ejercicio un dividendo de 21,2 millones a sus accionistas, según sus cuentas de ese ejercicio. 

Un año después repartió otros 16,15 millones, tras vender en octubre de 2020 esa participada de Cartival varios proyectos a Cobra, entonces filial de ACS, que por aquellas fechas acababa de colocar a su vez el 75% de su negocio de fotovoltaica en España a la petrolera portuguesa Galp. 

Esta empresa lusa es dueña desde el año pasado del 100% de esa cartera originalmente promovida por los Botín. Galp pagó 140 millones por el restante 25% de esa joint venture con ACS a Cobra, filial que la constructora de Florentino Pérez vendió a la francesa Vinci en 2021. 

Entre las sociedades promovidas por Aleph que son 100% propiedad de Galp están Ictio Solar Orion SLU, promotora de un parque de 150 MW en Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, Cáceres, que recibió declaración de impacto ambiental (DIA) favorable del Ministerio para la Transición Ecológica en mayo de 2022.

Ese mismo mes, Galp anunció la puesta en marcha en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) de tres plantas por la misma potencia, troceadas en tres parques de 49,5 MW cada uno, los proyectos Ictio Alcázar I, II y III, que Aleph Capital promovió en esa localidad manchega.

Otros proyectos de menor potencia que también promovió Ictiocentauros y ahora están en manos de Galp son uno en Toledo capital con 49,9 MW y 26,5 millones de inversión, o “Ictio Almaraz”, en Belvís de Monroy, Saucedilla y Almaraz (Cáceres), que tramitó Ictio Solar Perseus. 

Multiplicar por 37

El administrador de Ictiocentauros y sus filiales es Eduardo Aguado, socio y consejero delegado de Aleph Capital, que en su web explica que lleva invirtiendo en proyectos de renovables desde 2005, a través de fondos en España, México e Italia. El primer fondo, centrado en España, fue Aleph Sun Capital, lanzado en 2005 para tramitar una fotovoltaica de 30 MW en Olmedilla (Cuenca), con una inversión de un millón de euros que multiplicó por 37 en 2007.

Tras estas sociedades está Cartival, el holding de Jaime Botín y sus hijos. En los últimos años el banquero jubilado de 87 años ha acumulado varios encontronazos con la justicia. Como es conocido, el expresidente de Bankinter y tío de la actual presidenta de Santander, Ana Botín, fue condenado en 2020 a tres años de prisión y una multa de 91,7 millones por contrabando tras intentar sacar ilegalmente un Picasso de España. Eludió la cárcel por motivos de salud. 

Otro proceso fue el que afrontó tras defraudar a Hacienda con la compra de un avión privado mediante un esquema con varias sociedades offshore que desveló elDiario.es en 2014. Hace unos meses, la Audiencia Nacional ratificaba en su mayor parte la sanción que la Agencia Tributaria impuso a su holding por deducirse cerca de 650.000 euros en gastos de seguridad privada de las viviendas de Botín y sus hijos. 

El banquero es un habitual en los listados de mayores fortunas españolas, aunque no aparece en el último ranking de 100 mayores ricos del país que acaba de publicar Forbes. También es uno de los grandes terratenientes de España. En 2020, El Mundo le atribuía la propiedad de 8.557 hectáreas de cotos privados de caza en Ciudad Real, Cáceres y Madrid.

Varias de esas fincas están a nombre de El Retamoso de la Mancha 2 SLU, propiedad de Cartival y propietaria del 50% de Pista la Perdiz, SL, dueña de un aeródromo privado en Torre de Juan Abad (Ciudad Real). En las cercanías de ese municipio de unos 1.000 habitantes en el Campo de Montiel los Botín tienen cerca de 2.000 hectáreas de fincas. 

Esa instalación para jets privados fue noticia en 2016. La Guardia Civil detuvo allí por presunto contrabando a un ciudadano helvético que pretendía introducir en España un cuadro valorado en 160.000 euros que había traído ilegalmente en avión privado desde Suiza.

El administrador de Pista la Perdiz SL es Javier Juan Medem de la Torriente, perteneciente a una acaudalada familia que tenía conexión directa con el dictador Francisco Franco. Medem gestiona la finca La Nava, un exclusivo alojamiento en un coto de caza en el vecino municipio de Castellar de Santiago, en las faldas de Sierra Morena, que desde hace años congrega a grandes fortunas nacionales e internacionales aficionadas a la cinegética. 

“La Nava es la única organización privada de caza y eventos en España que cuenta con su propia pista de aterrizaje privada asfaltada desde donde operar vuelos nacionales e internacionales con cualquier avión ejecutivo”, destaca la finca en su web. En ella pueden leerse elogiosas reseñas del financiero Henry Kravis (cofundador del fondo de capital riesgo KKR) y el fallecido multimillonario francés Olivier Dassault.

La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto cuatro años de cárcel al informático personal de Lucrecia Botín, productora cinematográfica y prima de la presidenta del Banco Santander, por aprovechar su puesto de trabajo para sacar más de un millón de euros de sus cuentas. También ha sido condenado a devolver parte del dinero un matrimonio utilizado por el informático para canalizar el dinero que durante años sacó de las cuentas de Botín para sus gastos personales, algunos de ellos en el extranjero.

Lucrecia Botín es una de las hijas del banquero Jaime Botín, uno de los hermanos de Emilio Botín, y por tanto prima de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander desde 2014. En su trayectoria profesional, Lucrecia Botín se ha dedicado al mundo del cine: fundadora de la productora Morena Films, en su historial cuenta con éxitos como Celda 211 (coproducción en 2009), Altamira (2016), o Campeones (2018). En la actualidad, además, es presidenta del Festival de Cine de Santander.

Fue en 2010 cuando conoció a un informático que trabajaba para su productora y le propuso que se convirtiera en su informático particular, para ella y para miembros de su familia. Lo hizo durante años, desarrollando una relación de confianza y amistad con ella y con sus hijos, hasta que en 2019 empezaron a llegar cargos raros a las tarjetas de crédito de Lucrecia Botín. Gastos, por ejemplo, en México, donde nunca había estado.

La productora cinematográfica preguntó a su informático de confianza, pero negó saber algo de esos gastos. Unos gastos y salidas de dinero de sus cuentas que, según la Justicia, eran suyos: había utilizado la confianza que la familia Botín había depositado en él para cambiar claves, contraseñas y hacerse impunemente con su dinero, más de un millón de euros en total. Fue descubierto en 2021 y enviado a prisión provisional, donde permanece desde entonces.

El caso llegó a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de marzo y, según ha sabido elDiario.es, ha terminado en condena. Cuatro años de prisión para el informático por un delito de estafa “hiperagravada” además de una multa de 2.160 euros y la obligación de devolver a Lucrecia Botín gran parte del dinero que sustrajo: un total de 988.284,39 euros. El resto del dinero, otros 104.130,22 euros más, debe ser devuelto por el matrimonio al que usó a veces para canalizar el botín sin levantar sospechas de que estaba saqueando sus cuentas.

Desde PayPal hasta American Express

La sentencia declara probado que este informático, por su trabajo y por la confianza que la productora puso en él, tenía acceso a todos sus datos “privados y económicos”: desde tarjetas de crédito American Express hasta su cuenta personal de PayPal pasando por su correo electrónico de Gmail. Usó toda esta información para, según los jueces, “urdir un plan con el objeto de apropiarse de importantes cantidades de dinero”.

Lo hizo, al menos, durante tres años, entre 2017 y 2020. Creó varias cuentas de la plataforma de pago online PayPal a nombre de Botín y algunos de sus familiares, la vinculó a sus tarjetas de crédito y empezó a traspasar dinero a las nuevas cuentas fantasma. Casi un millón de euros que no solo utilizó para, por ejemplo, alojarse en hoteles sino que también canalizó a través de una cuenta de su propia madre, ajena a todo esto según los magistrados.

Tuvo dos aliados en esta operativa que también se sentaron en el banquillo. Un matrimonio que cuidaba de su madre y que vio cómo más de 100.000 euros del dinero de Lucrecia Botín iba a parar a sus cuentas de PayPal, aunque no sabían que el dinero venía de una estafa. La Fiscalía llegó a pedir cuatro años de cárcel también para ellos pero el tribunal madrileño entiende que no sabían que el dinero procedía de un robo y solo les condena, como partícipes a título lucrativo, a devolver esa parte del dinero.

El juicio tuvo lugar en los salones de la Audiencia Provincial de Madrid a mediados del mes de marzo. El informático negó los hechos, afirmó que el dinero que envió al matrimonio era suyo y no de Lucrecia Botín y que procedía de su trabajo: “El cambio de Windows por Apple, así como acondicionar todos los aparatos en las diferentes casas de la familia”, dijo. También que su clienta y denunciante estaba al tanto de todos esos gastos.

La productora cinematográfica negó esto de forma categórica. Explicó que en 2018 le llamó por primera vez para preguntarle por unos gastos extraños en Orlando, ciudad estadounidense donde no había estado. En otra ocasión, estando en Suiza, un comercio no le aceptó una tarjeta de crédito y la compañía le informó que el problema estaba en unos gastos en México, donde tampoco había estado. El informático, dijo ella en el juicio, intentó “devolver algunas pequeñas cantidades”.

La investigación puesta en marcha primero por Bankinter y después por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó hasta este informático, que fue enviado a prisión provisional en 2021 hasta su condena reciente de cuatro años de prisión. Actuó, dice la sentencia, “engañando a los responsables de las entidades bancarias haciéndose pasar por la titular de las cuentas y tarjetas bancarias, e incluso también a la denunciante”.

El matrimonio al que transfirió parte del dinero, por contra, queda absuelto aunque tendrán que pagar más de 100.000 euros: actuaron, dicen los jueces, “sin sospechar necesariamente aquellos que el dinero pudiera proceder de las tarjetas de la persona para la que el acusado trabajaba y que estuviera defraudando a la denunciante”. Fuentes del caso explica que el informático no ha recurrido pero que estos dos responsables a título lucrativo sí han llevado su condena hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

No es un mecenas pero ha enriquecido el patrimonio español por delinquir. Jaime Botín, exbanquero y expresidente de Bankinter, sacó ilícitamente del país el retrato de una mujer que Pablo Picasso hizo en 1906, a pesar de que el preciado lienzo había sido declarado inexportable y de que el Ministerio de Cultura le advirtió —ante su insistencia de disponer de su propiedad sin contar con la Ley de Patrimonio Histórico— que ese cuadro no podía abandonar el país de ninguna manera. El hermano de Emilio lo sacó por mar y la Guardia Civil lo agarró en el puerto de Calvi, en Córcega (Francia), en el año 2015, donde portaba el Picasso en su velero Adix.

El banquero alegó durante todos los recursos a las sentencias que fue acumulando en su contra que lo quería llevar a Suiza para protegerlo. La verdad era distinta: su pretensión era ponerlo a la venta en una subasta. La condena por el delito de contrabando de bienes culturales elevó la multa a 91,7 millones de euros y tres años y un día de cárcel. Botín evitará la prisión porque padece una enfermedad “incurable”, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

¿Y el cuadro? Tal y como aclara el artículo 29 de dicha ley, un bien declarado inexportable por Cultura pasa a pertenecer al Estado español en el mismo momento en el que abandona el país de manera ilícita. En pleno verano de 2015 un pequeño camión esperaba a pie de pista en la base de Torrejón al avión que transportaba Cabeza de mujer joven, tras una operación de diez horas. Los agentes del grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil y personal técnico de Cultura llegaron a las once de la mañana a Córcega, con destino a una de esas playas de arena blanca y fina donde estaba el Adix. La orden de Cultura estaba ratificada por la Audiencia Nacional y Botín ignoró todas las prohibiciones. El retrato valorado en 26,2 millones de euros estaba en buen estado. Lo incautaron e introdujeron en el embalaje metálico (de 100 kilos) hecho a medida para el lienzo.

El final feliz

Así llegó al Museo Reina Sofía ese verano y desde entonces ha permanecido en los almacenes aguardando el final de estos cinco años de litigio. Ahora Cultura ha decidido que este museo será el responsable de conservar, custodiar y exhibir la joya que viene a ocupar un hueco esencial para entender el Guernica. El final feliz de esa cabeza de la joven muchacha anónima, que pintó Picasso en Gósol (Cataluña) y anunció la llegada del cubismo un año después, en 1907, con Las señoritas de Avignon, empezó a escribirlo Paloma Esteban, entonces conservadora jefa de pintura y dibujo 1981-1991 del Museo Reina Sofía y vocal de la Junta de Calificación, valoración y exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura. Hoy, jubilada.

La obra maestra evitó el mercado negro gracias a ella. Fue la responsable de escribir el informe en contra de la petición de Christie's, que en nombre de su cliente Jaime Botín reclamó en diciembre de 2012 sacar el cuadro del país. La Ley obliga a hacerlo a los bienes con más de cien años de antigüedad. Paloma Esteban redactó el informe que negó la salida, sin saber que el dueño era un Botín desde que lo adquirió en 1977. Este periódico ha tenido acceso a dicho texto, en el que puede leerse que sin los descubrimientos que realizó Picasso en unos meses, en la localidad leridana, no hubiera visto la luz el movimiento más innovador y más relevante del siglo XX.

“Los hallazgos llevados a cabo en ese momento influirán decisivamente no solo en el cubismo, sino también en la evolución posterior de la pintura del siglo XX, pudiendo ser considerados incluso como una de las claves del arte de nuestros días”, escribió Esteban por orden de la Junta. Concluía que no existe otra obra semejante a Cabeza de mujer joven en el territorio español, ni siquiera en los museos monográficos dedicados al artista. El informe lleva fecha del 16 de diciembre de 2012 y los miembros de la Junta de Calificación, valoración y exportación de bienes aceptaron el punto de vista de la experta en Picasso.

David contra Goliat

Cuenta Esteban a este periódico que unos meses antes de que llegara el dichoso informe del cuadro de Botín había iniciado el proyecto de una exposición titulada: Picasso 1906: de Gósol a la gestación del Cubismo, por petición del director del museo, Manuel Borja-Villel. Ya tenía todas las obras y los préstamos, ya había pasado por el Reina Sofía la especialista del Museo Picasso París para conocer el diseño de las salas y había dado su visto bueno, y la dirección detuvo la muestra en 2016. Al parecer, no había dinero. Una vez jubilada Paloma Esteban, Manuel Borja-Villel ha rescatado la idea de Esteban y será el comisario de la exposición dentro de los fastos del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, en 2023.

Las diligencias previas en el juzgado de primera instancia de Madrid se celebran en febrero de 2017. El juez llama a Paloma Esteban para que defienda su informe y en ese momento se entera de que el dueño del cuadro es Jaime Botín. De esa vista no guarda un buen recuerdo por culpa del abogado del exbanquero. El letrado trató de restar autoridad al escrito y acorraló a la conservadora. “Allí nadie dio crédito. Me llamó de todo, cuestionó mi autoridad y lo pasé fatal por lo violento que fue. Dijo de todo lo que se le pasó por la boca”, recuerda. Ese día no estuvo presente el dueño del cuadro. También cuenta el buen trato que tuvo con ella el abogado del Estado del Ministerio de Cultura, Edmundo Bal, ahora diputado de Ciudadanos.

En julio de 2019 se celebró el procedimiento abreviado. Ese día sí estuvo presente el acusado de exportación ilícita. Lo tenía delante, le vio el cogote durante el proceso. Pero lo que más le impresionó en esa jornada fue la presencia del nuevo abogado de Botín, Javier Gómez Bermúdez, ponente en los juicios del 11-M. “Una personalidad. Yo lo vi y sudé tinta. Pero fue educadísimo y amabilísimo en sus preguntas. Hasta que la jueza paró y dijo que ya estaba clarísimo todo”, dice. En ese momento se dio cuenta de lo que estaba pasando: “Yo enfrentándome a ese Goliat”, explica la historiadora. Reconoce que ha pasado miedo, que las presiones le han hecho temer a todo pero que nada le hizo dudar. Esta es la historia de una trabajadora de alto rango del Estado que defendió el patrimonio cultural español de los intereses privados.

Una vida para Picasso

Paloma Esteban llegó al Museo Reina Sofía antes que el Guernica. Era 1990 y la nombraron Jefa de colecciones, cargo que disfrutó bajo las direcciones de María Corral y José Guirao, hasta el año 2000, cuando llegó Juan Manuel Bonet. “Recuerdo el vestido que llevaba el día en que llegó el Guernica, en julio de 1992. No hay nadie en España que haya tratado a Picasso como yo, en exposiciones, investigaciones y catálogos”, indica. Tampoco olvida los intentos de compra de obra de Picasso que, tras documentarlos, resultaban falsos. De la familia Picasso con quien más relación ha tenido es con Claude, hijo del pintor y Françoise Gilot. Le ayudó con los préstamos de la exposición Picasso. Las grandes series cuando nadie quería dejar cuadros. “Se subió a un avión, llegó al museo y se puso a llamar a todos los coleccionistas para que prestaran”, cuenta.

Su vida ha sido Picasso y lo ha defendido hasta en los tribunales, por eso le duele no formar parte de los fastos del 50 aniversario. Desde la Comisión del mismo indican a este periódico que en el comité científico están las instituciones, la familia Picasso y la especialista Carmen Giménez, que será comisaria de las exposiciones de Málaga, Bilbao y la del Museo del Prado sobre la relación con el Greco.

El 89ª Consejo de Patrimonio Histórico celebrado hoy en Menorca ha propuesto la asignación definitiva de Cabeza de mujer joven de Pablo Picasso a la colección del Museo Reina Sofía, donde ha estado en depósito desde 2015, año en el que fue incautado en un barco propiedad de Jaime Botín.

Según ha informado hoy el Ministerio de Cultura, con esta decisión del Consejo de Patrimonio Histórico se incorpora a las colecciones públicas españolas una de las “pocas obras del periodo Gósol” de Picasso que existen en el mundo.

“Ahora, en aplicación del artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico y tras la condena penal dictada en la sentencia judicial del 14 de enero de 2020, se concreta el último paso para que la obra pueda exponerse públicamente en las salas del Reina Sofía”, dice la nota.

Esta noticia llega después de que el pasado lunes un juzgado madrileño haya concedido al expresidente de Bankinter, Jaime Botín, la suspensión de la pena de prisión a tres años de cárcel a la que fue condenado por sacar de España este cuadro debido a la enfermedad grave que padece, “con padecimientos incurables”.

La resolución que suspende el ingreso en prisión de Botín, que tiene 85 años, no ha alcanzado aún firmeza y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero la tramitación de este posible recurso no suspende la decisión adoptada por el juzgado de Ejecutorias.

El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid condenó en enero de 2020 a Botín a 18 meses de prisión y multa de 52,4 millones de euros por un delito de contrabando de bienes culturales por intentar sacar de España sin permiso el cuadro de Picasso.

La sentencia estableció que la propiedad de la obra de arte -incautado en 2015 en el barco del condenado en Córcega (Francia)- sea del Estado, en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico.

Esta sentencia fue corregida días después, en un aclaración solicitada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y elevó las penas para Botín a tres años de cárcel y a 91,7 millones de multa.

El banquero recurrió ante la Audiencia Provincial, que no aceptó ninguno de sus argumentos y ratificó la condena en noviembre de 2020.

Además, la sentencia consideró probado que el expresidente de Bankinter adquirió en 1977 la obra original del artista malagueño, pintada en 1906, y, con ocasión de tenerla en su domicilio de Pozuelo, se puso en contacto con la empresa Christie's para vender el cuadro en una subasta programada para el 6 de febrero de 2013 en Londres.

El personal de esta casa de subastas le informó de que, debido a la antigüedad de la obra, debía pedir autorización al Ministerio de Cultura para su exportación, lo que el acusado autorizó.

Y el 13 de diciembre de 2012 la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español denegó la exportación de la obra por su valía.

A pesar de ello, Botín trasladó el lienzo a una goleta de su propiedad en Valencia “con la finalidad de sacarlo de España, dando instrucciones a su capitán para que lo ocultara a las autoridades”.

En julio de 2015 el barco atracó en el puerto de Calvi (Córcega, Francia), con la pintura a bordo, mientras el acusado contrató con una empresa de transportes aéreos un vuelo para el 31 de julio de 2015 para trasladarla a Ginebra (Suiza).

Los servicios aduaneros franceses ordenaron una inspección del barco, que se llevó a cabo el 30 de julio de 2015 y concluyó con la localización del cuadro embalado en la cabina del comandante.

Al tener conocimiento de la falta de la preceptiva autorización administrativa para su salida de territorio español procedieron a su intervención.

Un juzgado madrileño ha concedido a Jaime Botín la suspensión de la pena de prisión a tres años de cárcel a la que fue condenado por sacar de España el cuadro 'Cabeza de una mujer joven' de Picasso debido a la enfermedad grave que padece, “con padecimientos incurables”.

El Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid, de Ejecutoria Penal, ha adoptado esta decisión tras la evaluación efectuada por el médico forense adscrito al juzgado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid este lunes.

Jaime Botín fue condenado a tres años de cárcel por la comisión de un delito contra el patrimonio histórico por sacar de España, pese a la prohibición expresa del Ministerio de Cultura, el cuadro Cabeza de mujer joven, un Picasso de 1906, valorado en 26,2 millones. En septiembre de este año, el expresidente de Bankinter abonó la multa de 91,7 millones de euros que le impuso la Justicia por un delito de contrabando junto a la pena de prisión.

El juzgado número 27 de Madrid condenó a Botín en enero de 2020 a 18 meses de prisión y una multa de 52,4 millones, aunque un mes después, en una modificación de la sentencia, elevó la pena a tres años de prisión y la citada cantidad. El hermano del fallecido Emilio Botín alegaba desde entonces su edad (85 años) para ser destinado a un Centro de Inserción Social (CIS) y no a la cárcel.

El empresario defendió siempre que no hizo contrabando pues el cuadro “fue pintado en el extranjero” y allí habría tenido “su domicilio permanente”, a bordo del Alix. Lo cierto es que Cabeza de mujer joven fue adquirido por Botín en la galería Marlborough Fine Art Ltd de Londres en 1977, pero el cuadro no fue elaborado allí. Pablo Picasso lo pintó hace más de un siglo en Gósol, un pueblo leridano que entonces no llegaba a los 800 habitantes, en la primavera de 1906.

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español aseguró en diciembre de 2013 que no existe una “obra semejante” en España por ser de las pocas que se conservan de la llamada “etapa Gósol”. Con tales datos, la Audiencia Nacional confirmó hace cuatro años “que se trataba de un Bien de Interés Cultural que en ningún caso podía salir de España”.

Botín conocía perfectamente el valor histórico del cuadro, por eso lo habría ocultado en su lujoso velero Alix con la ayuda de su capitán y se dirigía con él a Córcega, lugar desde donde tenía planeado volar hasta Ginebra.

Previamente, el acusado había intentado vender la obra a la prestigiosa casa de subastas Christie's, que lo pensaba sacar a la puja en su sede de Londres en febrero de 2013. Sin embargo, Botín necesitaba una licencia de exportación y, ante la imposibilidad de que el Ministerio de Cultura se la concediese, decidió dar un paseo marítimo a bordo del Alix acompañado del cuadro millonario.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha salido este jueves en defensa del primer accionista del banco, el exbanquero Jaime Botín, condenado a tres años de cárcel y una sanción de 91,7 millones de euros por haber sacado de España un cuadro de Picasso pese a la prohibición del Ministerio de Cultura. La primera ejecutiva de la entidad ha asegurado que es “un despropósito” la condena. “Le declaro mi apoyo y el de todos los trabajadores de Bankinter”, ha señalado.

Botín se mantiene como el primer accionista del grupo, con el 23% de las acciones a través de su sociedad Cartival y el juzgado número 27 de Madrid le condenó en enero de 2020 a 18 meses de prisión y una multa de 52,4 millones, aunque un mes después, en una modificación de la sentencia, elevó la pena a tres años de prisión y la citada cantidad. El caso se remontaba a 2015 cuando el servicio de Aduanas francés anunció haber interceptado en Córcega un Picasso valorado en más de 25 millones de euros, perteneciente a Botín, y que tenía como destino Suiza pese a estar declarado como no exportable por las autoridades españolas.

Dancausa ha sido preguntada por el caso en la presentación de resultados del banco, un mes después de que se conociera que el principal accionista del grupo ya había abonado la multa de 91,7 millones de euros. “Soy testigo de su integridad y de su obra y aportación a la banca española”, ha apuntado. “Lo que le está sucediendo es una sucesión de incoherencias y desatinos al que no encuentro lógica ni explicación”, ha subrayado. “La historia que hemos vivido empieza por un amante de las artes que compra en Reino Unido una obra, le es decomisada y expropiada, le obligan a pagar tres veces el valor de la obra y le condenan a la cárcel”, ha enfatizado, señalando que no espera que el caso afecte a la imagen del banco.

Dancausa ha comparecido este jueves para presentar los resultados del banco entre enero y septiembre, un periodo en el que se ha anotado un beneficio de 1.251 millones de euros, cinco veces más que el año pasado debido al impacto de la salida a Bolsa de su filial aseguradora, Línea Directa.

La consejera delegada del banco ha valorado también la situación de la economía española durante la rueda de prensa, con un mensaje hacia el líder de la oposición, Pablo Casado, que defendió que España se encontraba al borde de la quiebra. “No pienso en absoluto que esa sea la situación”, ha asegurado. “No comparto esa esa afirmación y no creo que sea bueno hacerla, no es acertada”, ha enfatizado. Sin embargo, la mismo tiempo, ha cargado de manera velada contra el Gobierno por la situación de la factura de la luz y el impacto que tiene sobre las empresas. “Lo importante es que se sea consecuente y se cumplan las promesas y no veo que se cumpla que los precios fuese a ser más bajos en el recibo de la luz”, ha enfatizado.

Dancausa ha vuelto a sacar pecho por ser la única gran entidad que no ha presentado un ERE en España. “Hemos ido creando empleo y la clave es que no crecimos mucho en tiempo de bonanza y por eso no hemos tenido que hacer esa reducción”, ha señalado tras ser preguntada por el fuerte ritmo de despidos este año en el sector bancario español. “Las personas no deberían ir en consonancia con que un año los resultados vayan mal, la pérdida de empleo es un drama, hay que tenerlo muy en cuenta”, ha subrayado.

Respecto al negocio bancario ha rechazado por el momento recomendar la inversión en criptomonedas a sus clientes. “Es un producto especulativo, no es una moneda para pagar, y por eso no lo recomendamos”, ha señalado Dancausa, quien ha reconocido que es “una pequeña revolución” y que el banco, a través de su filial EVO, estará atento a la evolución de este fenómeno.

El exbanquero Jaime Botín ha pagado la multa de 91,7 millones de euros que le impuso la Justicia por un delito de contrabando. El expresidente de Bankinter sacó de España pese a la prohibición expresa del Ministerio de Cultura el cuadro Cabeza de mujer joven, un Picasso de 1906, valorado en 26,2 millones. Según ha publicado el diario Expansión, el empresario abonó la penalización económica hace unos meses con la esperanza de evitar así la pena de prisión de tres años a la que también fue condenado por este delito.

El juzgado número 27 de Madrid condenó a Botín en enero de 2020 a 18 meses de prisión y una multa de 52,4 millones, aunque un mes después, en una modificación de la sentencia, elevó la pena a tres años de prisión y la citada cantidad. El hermano del fallecido Emilio Botín alega además su edad (85 años) para ser destinado a un Centro de Inserción Social (CIS) y no a la cárcel.

El empresario defendió siempre que no hizo contrabando pues el cuadro “fue pintado en el extranjero” y allí habría tenido “su domicilio permanente”, a bordo del Alix. Lo cierto es que Cabeza de mujer joven fue adquirido por Botín en la galería Marlborough Fine Art Ltd de Londres en 1977, pero el cuadro no fue elaborado allí. Pablo Picasso lo pintó hace más de un siglo en Gósol, un pueblo leridano que entonces no llegaba a los 800 habitantes, en la primavera de 1906.

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español aseguró en diciembre de 2013 que no existe una “obra semejante” en España por ser de las pocas que se conservan de la llamada “etapa Gósol”. Con tales datos, la Audiencia Nacional confirmó hace cuatro años “que se trataba de un Bien de Interés Cultural que en ningún caso podía salir de España”.

Botín conocía perfectamente el valor histórico del cuadro, por eso lo habría ocultado en su lujoso velero Alix con la ayuda de su capitán y se dirigía con él a Córcega, lugar desde donde tenía planeado volar hasta Ginebra.

Previamente, el acusado había intentado vender la obra a la prestigiosa casa de subastas Christie's, que lo pensaba sacar a la puja en su sede de Londres en febrero de 2013. Sin embargo, Botín necesitaba una licencia de exportación y, ante la imposibilidad de que el Ministerio de Cultura se la concediese, decidió dar un paseo marítimo a bordo del Alix acompañado del cuadro millonario.

Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos es dueño del 31,05% de las acciones de ABC Legacy Fund, una sicav que disponía de activos netos valorados en 283 millones de euros a finales de 2020, de los que 150,6 millones estaban en el fondo Balanced Diversified y 132,4 millones en el fondo Global Flexible, según publica Infolibre y ha confirmado elDiario.es. Teniendo en cuenta que Botín controla casi una tercera parte de este vehículo financiero le corresponden unos 87,7 millones de euros.  

Jaime Botín es el máximo accionista de Bankinter ya que controla el 24% del capital. El pasado enero Bankinter Luxembourg SA fue elegida como nuevo gestor de inversiones de ABC Legacy Fund. Según Infolibre, Jaime Botín no ha querido contestar sobre quiénes son el resto de los participantes de esta sicav o si los activos que tiene en ABC Legacy Fund están declarados ante la Agencia Tributaria española.

El expresidente de Bankinter tiene un largo historial de problemas con la Justicia, que han acabado en condenas, por sus inversiones y su patrimonio además de sus gestiones con obras de arte.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del Ministerio de Hacienda confirmó en diciembre de 2020 una sanción al holding del banquero, Cartival, por deducirse ilegalmente el IVA de los gastos de vigilancia privada de las viviendas particulares de los miembros de su consejo de administración, compuesto por el multimillonario y sus cinco hijos. La resolución, dictada en octubre, confirma una liquidación de 733.000 euros, contando deudas e intereses (y sin la correspondiente sanción), por la aplicación incorrecta de unos 650.000 euros en deducciones en el IVA durante tres años. El TEAC concluye que “el comportamiento del contribuyente fue negligente” y primó “el beneficio particular del destinatario de la protección”. Cartival es la sociedad con la que el banquero jubilado canaliza su participación del 22,8% en Bankinter-

En 2020, los tribunales condenaron a Botín a tres años de prisión y multa de 91,7 millones de euros por intentar sacar del país en 2015 el cuadro Cabeza de mujer, valorado en 26,2 millones de euros, escondido en su barco el velero Alix.

El Supremo confirmó en 2019 una sanción de 300.000 euros a Jaime Botín por una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores, por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter, banco del que Botín es primer accionista y del que ocultó una participación superior del 7% que tenía en Suiza.

Tras esta condena, el expresidente de Bankineter trasladó a España y disolvió su sociedad Cherokee Bay Ltd, la firma radicada hasta hace unos meses en el paraíso fiscal de Guernsey que formaba parte del entramado societario con el que el multimillonario y máximo accionista de Bankinter defraudó, según la Fiscalía de Madrid, 1.014.298 euros a la Hacienda española con la adquisición de un avión privado en el año 2012.

En 2016, La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)sancionó con 500.000 euros a Jaime Botín por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter a través de su sociedad  XYZ Heritage Foundation, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del estado (BOE). La CNMV ya había impuesto esta multa a Botín en 2013 pero tuvo que repetir el proceso tras ser anulado por la Audiencia Nacional al haberse demorado el plazo legal del expediente administrativo.

En octubre de 2013, la CNMV pidió a Economía sancionar al banquero por ocultar en Suiza la participación real que tenía en Bankinter. El tío de Ana Patricia Botín, actual presidenta de Banco Santander, declaraba tener un 16% del banco y en realidad tenía un 23%. La lista Falciani reveló esta ocultación y la CNMV inició el proceso de sanción paralelo e independiente al de evasión fiscal (que la familia Botín en su conjunto saldó con un pago a Hacienda de 200 millones de euros).

El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid ha elevado la pena impuesta al expresidente de Bankinter Jaime Botín que pasa a ser de tres años de prisión y multa de 91,7 millones de euros por intentar sacar del país en 2015 el cuadro Cabeza de mujer, valorado en 26,2 millones de euros, escondido en su barco el velero Alix.

Así lo recoge un auto aclaratorio la de la sentencia condenatoria, que imponía una condena de 18 meses de cárcel y sanción por importe de 52,4 millones de euros por los mismos hechos. La sentencia todavía no es firme. Pero, de confirmarse esta condena, Botín entraría en la cárcel al superarse la barrera de los dos años que habitualmente supone el ingreso en prisión si así lo determina el juez. Esta condena se asemeja a la solicitada por la Fiscalía, que pedía para Botín cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.

En esta resolución aclaratoria, realizada a instancias de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, la magistrada expone que el delito por el que se condenó a Jaime Botín se ha de imponer en su mitad superior, por lo que de conformidad con el artículo 66.6 del Código Penal debe hacer frente a una pena de prisión de tres años y un día y la multa de 91.700.000 euros, con responsabilidad subsidiaria de cuatro meses.

El empresario ha defendido siempre que no se trataba de contrabando pues el cuadro “fue pintado en el extranjero” y allí habría tenido “su domicilio permanente”, a bordo del Alix. Lo cierto es que Cabeza de mujer fue adquirido por Botín en la galería Marlborough Fine Art Ltd de Londres en 1977, pero el cuadro no fue elaborado allí. Pablo Picasso lo pintó hace más de un siglo en Gósol, un pueblo leridano que entonces no llegaba a los 800 habitantes, en la primavera de 1906.

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español aseguró en diciembre de 2013 que no existe una “obra semejante” en España por ser de las pocas que se conservan de la llamada “etapa Gósol”. Con tales datos, la Audiencia Nacional confirmó hace cuatro años “que se trataba de un Bien de Interés Cultural que en ningún caso podía salir de España”.

Botín conocía perfectamente el valor histórico del cuadro, por eso lo habría ocultado en su lujoso velero Alix con la ayuda de su capitán y se dirigía con él a Córcega, lugar desde donde tenía planeado volar hasta Ginebra.

Previamente, el acusado había intentado vender Cabeza de mujer a la prestigiosa casa de subastas Christie's, que lo pensaba sacar a la puja en su sede de Londres en febrero de 2013. Sin embargo, Botín necesitaba una licencia de exportación y, ante la imposibilidad de que el Ministerio de Cultura se la concediese, decidió dar un paseo marítimo a bordo del Alix acompañado de la obra millonaria.

El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid ha condenado al expresidente de Bankinter Jaime Botín a 18 meses de cárcel y multa de 52,4 millones de euros por un delito de contrabando de bienes culturales por querer sacar en barco el cuadro de Picasso 'Cabeza de mujer joven', para venderlo en Reino Unido siendo “plenamente consciente” de que el Gobierno se lo había prohibido. La obra, tasada en 26 millones, pasará a manos del Estado.

El juicio se celebró el pasado mes de noviembre y Fiscalía solicitaba para Botín cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros. La Abogacía pedía además que también la goleta en la que fue intervenido el cuadro cuando se encontraba en aguas francesas fuese a parar a manos del Estado.

En la sentencia, el juez descarta ambos extremos, si bien considera probado que el traslado de la obra de arte, hallada en Córcega, no contaba con el preceptivo permiso de las autoridades españolas y británicas y que por tanto, constituye un delito de contrabando de bienes culturales. La multa que le impone es el doble de la tasación del cuadro.

Conforme explica, Botín compró la pintura de 1906 en el año 1977 y la tuvo en su casa de Madrid y en una finca de Ciudad Real. En un momento dado, contactó con la empresa de subastas Christie's para vender el cuadro en una subasta que se celebraría en febrero de 2013 en Londres.

El propio personal de la empresa le hizo saber que dada la antigüedad de la pieza, debía contar con permiso del Ministerio de Cultura para exportarla y Botín les autorizó a tramitar las correspondientes licencias haciendo constar que el cuadro estaba en Madrid y esa sería la aduana de salida.

Sin embargo, en diciembre de 2012, Patrimonio negó la autorización de exportación, “frustrando su propósito de venderla en dicha casa de subastas en Londres” debido a la excepcionalidad del cuadro, pues pertenece al período “Gósol” del artista y no hay obra semejante en territorio español.

Botín fue notificado de la negativa, como también fue advertido después de que el Ministerio de Cultura emitió orden Ministerial declarando la inexportabillidad del cuadro como medida cautelar hasta la pertinente declaración del mismo como Bien de Interés Cultural.

Pero el ex presidente de Bankinter, dice la sentencia, ignoró esta orden de Cultura, “pese a ser plenamente consciente” de ella y trasladó el cuadro a su goleta atracada en Valencia “con la finalidad de sacarlo de España, dando instrucciones a su capitán para que lo ocultara a las autoridades”. Hizo, en palabras del juez, “caso omiso” a la prohibición.

Interceptado en Córcega

De hecho, dos años y medio después, en junio de 2015, el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó una inspección del barco y pidió al capitán que hiciera una declaración de los bienes a bordo, pero no incluyó el cuadro, tal y como le había indicado Botín y se da por probado en la sentencia.

Fueron los servicios aduaneros franceses los que, sabiendo que el exbanquero estaba tramitando un permiso de salida de Córcega, donde la goleta estaba atracada, ordenaron una inspección de la misma y localizaron el cuadro embalado en la cabina del comandante.

Cuando se enteraron de que Botín tenía prohibido sacar la pintura de España, procedieron a su incautación, dado que además, el banquero estaba tramitando pasajes de avión para desplazarse con el cuadro hasta Suiza.

“Sobra discusión: es patrimonio”

Un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) acordó entonces el aseguramiento del cuadro como medida cautelar y emitió un auto solicitando su traslado a España, lo que tuvo lugar finalmente en agosto de 2015. La pintura de Picasso quedó depositada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a disposición judicial.

El juez entiende que “siendo que el cuadro es del año 1906, sobra toda discusión en torno a la calificación del bien como de interés cultural o a su catalogación” y la obra en cuestión, “es un claro ejemplo de patrimonio histórico español, ya que es una contribución de los españoles al mundo del arte”. Por eso, conviene que concurre un delito de contrabando penado con hasta cinco año de prisión.

Sin embargo, señala que si bien la actitud de Botín “revela una actitud dolosamente contraria al cumplimiento de las normas” el hecho de que no tenga antecedentes penales le ha llevado a fijar como pena 18 meses de prisión y la multa, siguiendo la tasación que hizo en su día la propia empresa de subastas, calcula como sanción el doble del valor, 54,2 millones.

El expresidente de Bankinter Jaime Botín ha reconocido este lunes en el juicio por el presunto delito de contrabando de un 'Picasso' que advirtió a la empresa Christie's de que no quería que el Gobierno español pudiera adquirir el cuadro 'Cabeza de mujer joven', valorado en más de 26 millones de euros, ya que su intención era venderlo en una subasta que se realizaría en febrero de 2013.

Así lo ha dicho el hermano del banquero fallecido Emilio Botín a preguntas de la Fiscalía, que le pide cuatro años de prisión y una multa de 100 millones de euros por el supuesto intento de sacar de España un cuadro de Pablo Picasso de forma ilegal para venderlo en una subasta en Londres.

La vista oral, que se prolongará hasta el viernes, ha comenzado con la exposición de cuestiones previas, trámite en el que la defensa de Botín ha pedido la nulidad de la causa al considerar que está “prefabricada” porque la Guardia Civil se incautó de la obra de arte sin la autorización judicial pertinente. Según ha dicho el abogado Javier Gómez Bermúdez, los agentes del Instituto Armado no actuaban como policía judicial e informaron al juez instructor de la localización del cuadro días después.

Asimismo, señala el letrado que no avisaron a las autoridades francesas de que la sentencia de la Audiencia Nacional prohibiendo a Botín sacar dicho cuadro no era firme, pues se había interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han opuesto a esta pretensión alegando que había un “proceso administrativo” en vigor porque la Administración española estaba interesada en la localización de la pintura y que el propio Tribunal Supremo rechazó el recurso contra la resolución de la Audiencia Nacional.

Ya en el interrogatorio, Botín -que no tendrá que volver al juicio hasta el viernes, última sesión prevista, por si quiere hacer uso de su última palabra- ha explicado a la titular del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid que él mismo preguntó al personal de la empresa especializada en subastas “si había una posibilidad de que al Gobierno le interesara la compra” porque esa operación no era la que le “interesaba”.

“No había riesgo”

La cuestión salió a la luz debido a que “era de dominio público” que el Ejecutivo tiene la opción de adquirir un bien por el precio en el que está valorado según la solicitud de exportación. “Me dijeron que eso no iba a ocurrir porque eso es imposible que eso ocurriera”, ya que el Gobierno “no se puede gastar la cantidad de la que se habla”, 26,2 millones de euros, y que, por tanto, “no había ningún riesgo”, ha añadido.

Botín ha contado a la magistrada Elena González Bayón que debido a su interés en vender la obra del pintor malagueño, que data de 1906 y se trata de una de las pocas obras del periodo 'Gosol', autorizó en diciembre de 2012 a Christie's Ibérica, S.L. la presentación y gestión de la licencia de exportación con posibilidad de venta, como dueño de pleno dominio de la obra, ante el Ministerio de Cultura.

En este sentido, ha afirmado que la propia empresa le informó de que eran necesarios “varios permisos de Cultura y que la autorización de exportación era uno de ellos, el esencial, el más importante”, aunque no le concretaron “específicamente” de cuál se trataba.

Sin embargo, la autorización fue denegada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, un organismo consultivo del Ministerio de Cultura en este tipo de expedientes, y así se lo trasladó el entonces responsable de Christie's en España, Juan Várez, quien según ha dicho el acusado, “se mostró muy sorprendido” porque “no entendía que eso hubiera ocurrido”.

“Me dio a entender que ese no era el punto final”, ha indicado, y por ese motivo, pese a la negativa del Ministerio de Cultura, el expresidente de Bankinter mantuvo la reunión que tenía concertada con el personal de la empresa subastadora unos días después, a mediados de diciembre de 2012, para seguir adelante con lo previsto. Así, mostró la obra de arte para que pudieran fotografiarla y preparar la información necesaria para elaborar el catálogo que se presentaría a subasta en febrero de 2013, ha indicado.

En esta línea, el banquero ha subrayado que nunca informó a Christie's sobre dónde se encontraba realmente el cuadro. Ha señalado durante la vista oral que en esas fechas la pintura de Pablo Picasso, que compró en 1977 a una galería de arte de Londres, estaba en una finca que tiene en Ciudad Real, contradiciendo lo afirmado en el escrito de acusación de la Fiscalía, que indica que estaba en su vivienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Así, ha apostillado que debido a que se había concertado dicho encuentro en las oficinas de Christie's en Madrid, mandó buscar el cuadro al yate de su propiedad, 'Adix', que se encontraba atracado en Valencia. También ha recordado que en 2014 contestó a varios requerimientos del Ministerio de Cultura diciendo que 'Cabeza de mujer joven' se encontraba en el extranjero porque, concretamente, estaba en su embarcación, la cual está “abanderada en Londres”.

El yate es “su segunda casa”

De hecho, ha subrayado que en realidad el cuadro sólo ha estado en España en “tres” ocasiones, entre ellas el día de la reunión con Várez y en la boda de su hija en 2003, pues cuando lo compró ya decidió que quería tenerlo en su yate, la que ha calificado como su “segunda casa”, junto a otras obras de gran valor.

Sobre el hecho de que diera instrucciones al capitán del barco, Paul Frederick Goss, para que no dijera nada a nadie sobre este cuadro, ha dicho que lo hizo por “razones de seguridad”, ya que existían informaciones periodísticas sobre el mismo y temía que “alguna organización delictiva” lo robara. Por ello, mandó construir una caja de embalado y esconderlo, ha agregado.

El Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó el 10 de junio de 2015 una inspección en el buque, “requiriendo al citado capitán para que hiciera una declaración de los bienes que estaban a bordo, y aquél, siguiendo las instrucciones de su patrón, y sin que conste su conocimiento de la prohibición de salida del cuadro, no incluyó en el listado esta obra de arte, aunque incluyó otras”, relata el escrito de acusación.

Exigencias de la Aduana francesa

Botín ha detallado que el cuadro finalmente no fue trasladado desde Córcega (Francia) a Ginebra (Suiza), como era la intención, después de que el barco atracase en el puerto de Calvi en julio de 2015, porque se negó a ceder a las exigencias de la aduana francesa. Ha asegurado que canceló la operación porque le pedían pagar una “cantidad importante” y entonces dedujo que “estaban haciendo algo que no quería que se hiciera, que era una exportación”.

En este momento el 'Picasso' se encontraba en “tránsito” hacia al Freeport de Ginebra, un complejo de almacenes de arte y obras de valor, donde pensó guardar el cuadro “mientras se decidía cuál era su destino final”, es decir, si se conseguía vender o no, ha concluido.

El banquero y aspirante a filósofo Jaime Botín ha trasladado a España y disuelto su sociedad Cherokee Bay Ltd, la firma radicada hasta hace unos meses en el paraíso fiscal de Guernsey que formaba parte del entramado societario con el que el multimillonario y máximo accionista de Bankinter defraudó, según la Fiscalía de Madrid, 1.014.298 euros a la Hacienda española con la adquisición de un avión privado en el año 2012.

Esa operación, cuya existencia avanzó eldiario.es en 2014, propició una denuncia del Ministerio Público por delito fiscal en 2017 que derivó en uno de los procedimientos judiciales a los que ha hecho frente en los últimos años el banquero.

El hermano del fallecido Emilio Botín, que el mes pasado vio como el Tribunal Supremo confirmaba una multa de 300.000 euros por ocultar en Suiza su participación en Bankinter, lograba este lunes esquivar de nuevo el banquillo por “cuestiones procesales” en el juicio por el presunto contrabando de un Picasso interceptado en Córcega agosto de 2015 cuando viajaba para su venta en Suiza a bordo de su yate Adix, pese a la prohibición expresa de la Audiencia Nacional y el Gobierno español.

La embarcación, que en las últimas semanas ha estado fondeada en la Polinesia francesa, según contaba hace unos días La Información, estaba a nombre, precisamente, de la sociedad Cherokee Bay. Pero esta firma ya es historia.

El pasado 20 de diciembre, Cherokee Bay hizo oficial su traslado a la Calle Antonio Maura de Madrid para convertirse en una sociedad de responsabilidad limitada en España, Cherokee Bay, SL, por expreso deseo de su propietario, Jaime Botín. “La compañía desea trasladarse a España ya que es allí donde tiene su residencia su beneficiario último y él desea llevar todos sus activos de vuelta a la jurisdicción fiscal española”, indica el acta de migración a la que ha tenido acceso eldiario.es

Posteriormente, en febrero de este año, y tal y como avanzó La Celosía, se materializó el traslado con la constitución de esa sociedad española, dedicada a la “adquisición, arrendamiento, operación y explotación comercial de medios de transporte, propios o ajenos, como aeronaves, vehículos, embarcaciones, incluyendo especialmente la realización de actividades de transporte y navegación aérea, en cualquiera de las modalidades legalmente permitidas”.

Sin embargo, la sociedad ha tenido una vida muy breve en España, de poco más de tres meses, porque, según el Registro Mercantil, a finales de mayo, el propio Botín decretó la extinción voluntaria de Cherokee Bay SL, “dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones”. Para ello, nombró liquidadores a dos personas de su máxima confianza, Rocío Utrera y Ricardo Egea, ambos imputados en el procedimiento por ese presunto delito fiscal relacionado con la compra de su jet privado.

Este caso estuvo a punto de cerrarse a finales de 2017. Entonces, el banquero, de 83 años, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para aceptar una pena de 9 meses de cárcel (que implicaba no entrar en prisión) y abonar una multa de medio millón y la devolución de la cantidad defraudada, correspondiente al 10% del importe de la venta del impuesto de matriculación de la aeronave. Pero el enfado de Botín por la publicación de su condena en la prensa dinamitó el pacto.

En Guernsey, Cherokee Bay tenía como administrador al suizo Paul Saurel, testaferro de muchas de las empresas de la familia Botín. Estuvo inicialmente domiciliada en otro paraíso fiscal, Jersey, hasta que se trasladó a ese otro destino offshore en 2009, tal y como desveló eldiario.es cuando destapó la existencia de esta empresa en 2014.

El Juzgado de lo Penal número 27 ha suspendido hasta el mes de noviembre el juicio que se iba a celebrar este lunes contra el banquero Jaime Botín, acusado de un delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España el cuadro de Pablo Picasso 'Cabeza de mujer joven', pintado de 1906 y valorado en 26 millones de euros, sin la autorización pertinente.

Así, según han explicado fuentes jurídicas, la magistrada instructora del caso, Elena González Bayón, ha aplazado temporalmente el juicio por “cuestiones procesales” tras reunirse con el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas.

En esta ocasión, la defensa ha pedido la realización del juicio, mientras que el Ministerio Fiscal ha solicitado la suspensión temporal hasta los primeros días de noviembre, que finalmente ha sido concedida. Ahora, deberá fijarse una fecha concreta para la vista oral.

Asimismo, este aplazamiento se debe a cuestiones procesales y de agenda, tal y como ha señalado la magistrada, quien ha asegurado que la defensa por su parte se ha pronunciado a favor de la celebración del juicio. Sin embargo, se ha decretado la suspensión temporal.

Según el escrito del Ministerio Fiscal presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, Botín, propietario de la obra original, la tenía en su casa situada en la urbanización de Somosaguas y se puso en contacto con la empresa Christie's, especializada en la subasta de obras de arte, “con el fin de vender a través de la misma” la pintura en una subasta programada para el mes de febrero de 2013 en Londres.

El fiscal ha explicado que el personal de Christie's le informó de que, dada la antigüedad de la obra, debía pedir autorización al Ministerio de Cultural para su exportación. Este permiso, explica, era “necesario al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español, dado su evidente interés histórico-artístico” y por tener una antigüedad superior a los cien años.

Por ello, el 5 de diciembre de 2012 el acusado “autorizó de su puño y letra” a la casa de subastas que presentara y gestionara la licencia de exportación con posibilidad de venta, como dueño de pleno dominio de la obra ante el Ministerio de Cultura.

Tras la solicitud, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, organismo consultivo del Ministerio, se reunió el 13 de diciembre y propuso por unanimidad la denegación de la exportación solicitada y la declaración de inexportabilidad, “por no existir obra semejante en territorio español”.

Así, el director general de Bellas Artes dictó una resolución denegando la solicitud y el Ministerio, además, emitió una orden declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta la pertinente declaración de Bien de Interés Cultural, notificándolo tanto a Christie's como al acusado en enero de 2013.

El fiscal apuntó que Botín “plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa” trasladó el cuadro a un yate de su propiedad atracado en el puerto de Valencia con la finalidad de sacarlo ilícitamente de España.

Fue en junio de 2015 cuando el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó una inspección en el buque y al solicitar al capitán una declaración de los bienes que estaban a bordo no lo incluyó en la lista.

El Juzgado instructor acordó en un auto de agosto de 2015 el aseguramiento del cuadro como medida cautelar y por otro lado, emitir reconocimiento necesario para que el cuadro fuese trasladado a España.

El 10 de agosto la autoridad judicial de Bastia autorizó la entrega de la obra a la Guardia Civil, que trasladó el cuadro al Museo Nacional Reina Sofía, donde quedó a disposición judicial.

Por estos hechos, Botín se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, junto a una multa de 100 millones de euros y en caso de impago, la responsabilidad subsidiaria de seis meses de privación de libertad.

Jaime Botín ha esquivado de nuevo el banquillo por presunto contrabando de un Picasso en 2015 que tenía prohibido salir de España. También las grabadoras de los periodistas, ante las que ha permanecido en silencio este lunes a la salida del juzgado de lo penal número 27 de Madrid.

La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y 100 millones de euros de multa, pero el juicio ha sido aplazado hasta los primeros días de noviembre, según ha explicado la jueza Elena González Bayón, que instruye el caso.

El exbanquero de 83 años y hermano del fallecido Emilio Botín había sido citado a juicio por segunda vez después de que intentase sacar del país el cuadro Cabeza de mujer, valorado en 26,2 millones de euros, escondido en su barco velero Alix. La exclusiva embarcación llevaba el nombre de una sociedad pantalla con la que el pequeño de los Botín minimizaba el pago de impuestos por el uso y disfrute de estas naves.

Según declaraciones de Bayón, el juicio se ha suspendido por “cuestiones procesales” a petición del Ministerio Fiscal. La defensa de Emilio Botín, en cambio, ha insistido en llegar a un acuerdo para evitar la celebración de la vista oral. El empresario ha defendido siempre que no se trataba de contrabando pues el cuadro “fue pintado en el extranjero” y allí habría tenido “su domicilio permanente”, a bordo del Alix.

Lo cierto es que Cabeza de mujer fue adquirido por Botín en la galería Marlborough Fine Art Ltd de Londres en 1977, pero el cuadro no fue elaborado allí. Pablo Picasso lo pintó hace más de un siglo en Gósol, un pueblo leridano que entonces no llegaba a los 800 habitantes, en la primavera de 1906.

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español aseguró en diciembre de 2013 que no existe una “obra semejante” en España por ser de las pocas que se conservan de la llamada “etapa Gósol”. Con tales datos, la Audiencia Nacional confirmó hace cuatro años “que se trataba de un Bien de Interés Cultural que en ningún caso podía salir de España”.

Botín conocía perfectamente el valor histórico del cuadro, por eso lo habría ocultado en su lujoso velero Alix con la ayuda de su capitán y se dirigía con él a Córcega, lugar desde donde tenía planeado volar hasta Ginebra.

Previamente, el acusado había intentado vender Cabeza de mujer a la prestigiosa casa de subastas Christie's, que lo pensaba sacar a la puja en su sede de Londres en febrero de 2013. Sin embargo, Botín necesitaba una licencia de exportación y, ante la imposibilidad de que el Ministerio de Cultura se la concediese, decidió dar un paseo marítimo a bordo del Alix y acompañado de la obra millonaria.

Por todo el periplo, la Fiscalía pide hasta cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros que se decidirá el próximo mes de noviembre. Mientras tanto, el exbanquero tiene en el aire otro juicio por una acusación de delito fiscal. Aunque había alcanzado un principio de acuerdo por la matriculación irregular de su 'jet' privado, lo rompió en el último momento antes de llegar a la vista.

La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 300.000 euros a Jaime Botín por una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores, por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter, banco del que Botín es primer accionista y del que ocultó una participación superior del 7% que tenía en Suiza.

El Supremo desestima el recurso de Botín contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en enero de 2018 constató la comisión de la infracción muy grave, si bien redujo la cuantía de la sanción impuesta por el Ministerio de Economía en julio de 2015, que fue de 500.000 euros, a 300.000 euros.

La sentencia de la Audiencia Nacional ahora confirmada consideró probado que el recurrente incumplió la obligación de notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la participación significativa en Bankinter, a la que estaba obligado como presidente de la entidad (cargo que desempeñó desde noviembre de 1989 hasta marzo de 2002) y consejero y vicepresidente desde 1997 de la sociedad Cartival, S.A., a la que se traspasó un paquete accionarial del 7'85% de Bankinter sin comunicarlo al regulador.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Bandrés, se fija como doctrina que el artículo 99 p) de la Ley del Mercado de Valores, que tipifica como infracción muy grave la inobservancia del deber de información “cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido, debe interpretarse en el sentido de que se trata de una información de carácter permanente, de modo que el plazo de prescripción de cinco años, a que se refiere el artículo 101 bis del citado texto legal, debe comenzar a contarse desde el día en que finalizó el incumplimiento del deber de comunicación en que consiste la conducta infractora”.

Añade la resolución que la citada ley “impone al adquirente o transmisor de una participación significativa en una sociedad cuyos títulos están sometidos a negociación en mercados regulados, que comporte una modificación de la estructura de los derechos de voto, una obligación positiva de comunicar dichas operaciones al emisor” y a la CNMV, “que determina que en tanto no se cumpla, aún transcurrido el plazo reglamentariamente previsto, subsista la comisión de la conducta infractora, hasta que se ponga por el obligado fin a ella, debiendo tenerse en cuenta la demora en el cumplimiento a los efectos de graduar la sanción”.

En consecuencia, la Sala rechaza las pretensiones de la defensa de Botín y declara “no haber lugar al recurso de casación” interpuesto por Jaime Botín, que reclamaba que la sanción había prescrito.

La CNMV ya había impuesto una primera multa a Botín en 2013 por este asunto, pero tuvo que repetir el proceso tras ser anulado el procedimiento por la Audiencia Nacional al haberse demorado el plazo legal del expediente administrativo. Tras ese fiasco, Bankinter fichó a la hasta entonces abogada del Estado jefe del Ministerio de Economía, Gloria Calvo, como secretaria de su consejo de administración.

En octubre de 2013, la CNMV ya pidió a Economía sancionar al banquero por ocultar en Suiza la participación real que tenía en Bankinter. El tío de Ana Patricia Botín, actual presidenta de Banco Santander, declaraba tener un 16% del banco y en realidad tenía un 23%. La lista Falciani reveló esta ocultación y la CNMV inició el proceso de sanción paralelo e independiente al de evasión fiscal, que la familia Botín en su conjunto saldó con un pago a Hacienda de 200 millones de euros.

En el primer procedimiento sancionador, Economía dio luz verde a la multa que sumaba 700.000 euros en total. De forma indirecta se multaba a Jaime Botín con 500.000 euros pero se le imponían otros 200.000 a su empresa XYZ Heritage Foundation.

Todo quedó listo la primera semana de octubre. Listo y firmado. El banquero y filósofo Jaime Botín, hermano del expresidente del Santander, máximo accionista de Bankinter, aceptaba una condena de nueve meses de cárcel y medio millón de euros de multa, y el caso de la compra de su avión privado a través de sociedades de Jersey y Portugal no iba a juicio. El asunto había nacido con una denuncia anónima ante Hacienda y desembocado en un querella de la Fiscalía de Delitos Económicos que acusaba a Jaime Botín y a tres de sus empleados de defraudar más de un millón de euros en la compra y matriculación de la aeronave en el año 2012.

Con el pacto, adelantado entonces por eldiario.es, todas las partes ganaban: el banquero sorteaba cualquier posibilidad de ir a la cárcel -con una pena de 9 meses y sin antecedentes nadie entra en prisión en España y además había un segundo acuerdo para conmutarla por una multa de 94.000 euros- y la Fiscalía y la Abogacía del Estado se garantizaban la devolución del millón presuntamente defraudado en el impuesto de matriculación del jet, además de recaudar una sanción de 500.000 euros. Pero sobre todo se lograba una condena histórica: un representante de la más importante saga de banqueros en España iba a pagar por un delito fiscal en los tribunales.

En nombre de Jaime Botín estampó su firma en el documento de conformidad el pasado 5 de octubre un abogado estrella: el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Justo al lado, en el escrito conjunto que resumía el acuerdo, estaban las del Fiscal de Delitos Económicos Carlos García Berro y del responsable de delitos penales de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal. El documento se remitió al juzgado de lo penal número 25 de Madrid, el que había procesado al banquero por simular que la aeronave tenía su base en Portugal cuando estaba en un hangar de Torrejón para ahorrarse el 10% del impuesto de la matrícula. En total, un millón de euros, de los diez en que se valoró la compra del avión privado.

La información de la condena fue adelantada en exclusiva por eldiario.es el pasado 6 de octubre y pasó casi inadvertida en la prensa durante aquella semana en la que el referéndum de Cataluña y sus repercusiones monopolizaron el debate público.

Solo faltaba un trámite formal: que todas las partes ratificasen el acuerdo en el juicio, fijado para este lunes. Pero todo se torció el jueves, después de que la agencia Efe publicase un teletipo en el que recordaba el pacto y la proximidad de la condena. Al ver la información esta vez sí amplificada por otros medios de comunicación, Jaime Botín ordenó a su defensa dar marcha atrás y deshacer el acuerdo.

Así que este lunes ante la juez el banquero, un millonario de 81 años, lamentó que el buen nombre de su familia se hubiera manchado y argumentó que tras reflexionar sobre la estrategia a seguir había decidido no declararse culpable de un delito que el creía no haber cometido. Su entorno explica que en el acuerdo de octubre pesó sobre todo la idea de exculpar a sus tres empleados imputados en el supuesto fraude.

El fiscal del caso pidió entonces suspender el juicio y que la causa retorne al juzgado de instrucción número 49 de Madrid, donde se inició la investigación. La Abogacía del Estado apoyó esa tesis. Son las dos acusaciones en este sumario que ahora se reabre y que previsiblemente llevará a ambas a endurecer la petición de penas ya mantener entre los acusados al personal de Botín que participó en la operación del avión privado.

Ambas acusaciones podrían solicitar hasta tres años de prisión por el delito fiscal que se imputa al banquero. Además de plantear la práctica de nuevas diligencias.

La causa va para largo y no es la única en la que está implicado el máximo accionista de Bankinter. El banquero también está procesado por un delito de contrabando después de intentar sacar de España un Picasso, Cabeza de mujer joven, valorado en 26 millones de euros. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel, una multa de 100 millones de euros y el decomiso del lienzo. La Abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Cultura, solicita además de los cuatro años y multa de 104 millones, que se le expropie también la embarcación donde figuraba el cuadro, un majestuoso velero de 64 metros, registrado a nombre de sociedades off shore.

El banquero y filósofo Jaime Botín, hermano del expresidente del Santander y máximo accionista de Bankinter, ha roto a última hora el acuerdo suscrito a principios de octubre con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para aceptar una condena de 9 meses de cárcel, así como el pago de la multa de medio millón de euros y evitar así un juicio por fraude fiscal en la compra de un avión privado a través de sociedades ubicadas en Portugal y Jersey.

Fuentes judiciales han confirmado a eldiario.es que el motivo de la ruptura de la conformidad acordada entonces en un escrito conjunto que lleva la firma del ministerio público la abogacía del Estado y la propia defensa del banquero es la publicación de la noticia que antipaba la condena. El juicio estaba señalado para este lunes e iba a ser un mero trámite en el que las partes elevasen al juez el pacto al que llegaron en octubre. Pero el repentino cambio de opinión del banquero y su defensa trastoca todos los planes.

Aquel pacto sellado en octubre, y cuyo contenido adelantó eldiario.es, pasaba por que el banquero aceptase una pena de nueve meses de cárcel que no le obliga a entrar en prisión y el pago de medio millón de euros, la mitad de la cuota defraudada, que la Agencia Tributaria cifra en 1.014.298 euros.

El asunto está relacionado con la compra y matriculación de un avión privado en el año 2012 que fue denunciado por una persona anónima ante la Agencia Tributaria dos años más tarde. La clave de la operación, señalaba aquel escrito presentado ante la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, era la existencia de una sociedad de Botín en Jersey y Guernsey, fundamental para llevar a cabo el supuesto fraude y denominada Cherokee Bay, también fue avanzada entonces por este diario.

Otra de las empresas de la trama era la española Worldtour SA, que tenía como administradora única a Rocío Utrera Gómez, hija del exministro franquista José Utrera Molina y cuñada de Alberto Ruiz-Gallardón, que fue imputada como colaboradora necesaria del fraude de Botín.

Botín era el propietario de Worldtour SA, que, tal y como señaló la Fiscalía en julio, tenía como principales activos el 66,67% de las acciones de Cherokee Bay, domiciliada en Jersey y valoradas en más de 25 millones de euros, y del 99,99% de la portuguesa World Tour Portugal, LDA, valorado en 10,5 millones de euros.

En 2012, el banquero adquirió un avión Cessna Citation Encore+, por un precio total de 10.700.000 dólares que, según la Fiscalía, “se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sanz de Sautuola y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid”.

Para eludir el pago del impuesto de matriculación de la aeronave, los citados 1.014.298 euros, los querellados decidieron localizar “de forma artificiosa”, según la Fiscalía, la matriculación de la aeronave a Portugal, “donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación”.

Con la sorprendente reacción del banquero, a quien representa como abogado el exjuez Javier Gómez Bermúdez, Jaime Botín se expone a una pena mayor de la acordada con las acusaciones en un juicio para el que todavía no hay fecha, después de que el fijado para hoy haya sido suspendido.

Primera condena por fraude fiscal contra el banquero y filósofo Jaime Botín. El máximo accionista de Bankinter y hermano del fallecido Emilio Botín ha aceptado este jueves ser condenado en conformidad por un delito contra la Hacienda Pública en la compra de un avión privado a través de un entramado de sociedades en Portugal y Jersey.

Previo pago de la multa del 50% de la cuota defraudada (cifrada por la Fiscalía en 1.014.298 euros), lo que elevaría la multa a más de medio millón de euros, Botín ha logrado la aplicación del 305.6 del código penal, según fuentes jurídicas. Este artículo permite bajar dos grados la pena si antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisface la deuda tributaria y reconoce judicialmente los hechos.

La cuantía del fraude de Botín elevaba el delito al tipo agravado, lo que implica un arco de penalidad de dos a seis años de prisión. Finalmente, el acuerdo es de ocho meses de privación de libertad que no se va a ejecutar. Botín no ingresará en prisión, al ser la pena inferior a dos años y no haber condena previa.

Según las mismas fuentes, en su declaración hace dos semanas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos, el exbanquero reconoció los hechos y se esforzó por eximir a los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado señaló como colaboradores necesarios en el fraude, entre ellos, una cuñada del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

El Juzgado de Instrucción 49 admitió a trámite la querella presentada en julio pasado por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el banquero y otras tres personas. La querella, presentada por el fiscal de Delitos Económicos Carlos García Berro tras una denuncia de la Agencia Tributaria, describía un entramado que fue destapado en una denuncia anónima presentada en 2014 ante la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude de la Agencia Tributaria y adelantada en octubre de 2014 por eldiario.es. La existencia de una sociedad de Botín en Jersey y Guernsey, clave para llevar a cabo el fraude y denominada Cherokee Bay, también fue avanzada entonces por este diario.

Otra de las empresas de la trama era la española Worldtour SA, que tenía como administradora única a Rocío Utrera Gómez, hija del exministro franquista José Utrera Molina y cuñada de Alberto Ruiz-Gallardón, que fue imputada como colaboradora necesaria del fraude de Botín.

Botín era el propietario de Worldtour SA, que, tal y como señaló la Fiscalía en julio, tenía como principales activos el 66,67% de las acciones de Cherokee Bay, domiciliada en Jersey y valoradas en más de 25 millones de euros, y del 99,99% de la portuguesa World Tour Portugal, LDA, valorado en 10,5 millones de euros.

En 2012, el banquero adquirió un avión Cessna Citation Encore+, por un precio total de 10.700.000 dólares que, según la Fiscalía, “se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sanz de Sautuola y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid”.

Para eludir el pago del impuesto de matriculación de la aeronave, los citados 1.014.298 euros, los querellados decidieron localizar “de forma artificiosa”, según la Fiscalía, la matriculación de la aeronave a Portugal, “donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación”.

Para ello, constituyeron la sociedad lusa World Tour Portugal, LDA y, una vez matriculada la nave en Portugal y “a fin de evitar el pago de impuesto mediante este montaje puramente artificial”, los querellados montaron ese entramado para “ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España” a cargo de Worldtour, por otro lado, “debían asegurar” que esta empresa “tuviera en España la plena disponibilidad de la aeronave”.

Según la Fiscalía, para sufragar la compra del avión Worldtour desvió los fondos necesarios a la sociedad portuguesa que fueron ingresados en la misma cuenta corriente que a su vez servía de garantía financiera al Banco Santander Totta SA en un contrato de leasing firmado por otra empresa portuguesa “para facilitar el uso de la aeronave en España”.

La Fiscalía sostenía que una vez finalizada la utilización de la aeronave (fue vendida a un tercero), se desmanteló el entramado societario “preordenado” para eludir el IEDMT, “al tiempo que se repatriaba el dinero sobrante”: “Concretamente el 14 de enero de 2014”, Worldtour “recibió una transferencia de 6.507.170,03 € de World Tour Portugal, LDA en concepto de devoluciones de aportaciones de capital” tras la venta del avión.

Por último, tras ser conscientes Botín y el resto de querellados de que la Agencia Tributaria había abierto una inspección a Worldtour, tal y como informó este diario en agosto de 2016, decidieron liquidar la sociedad y adjudicar los bienes al banquero. Fundamentalmente, su participación en Cherokee Bay, que Botín no declaró en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de 2016 “ni en el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria.

Este caso ha llegado a los tribunales poco después del proceso que sigue contra Botín en un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por intentar sacar ilegalmente de España un Picasso en 2015 a bordo del velero Adix, que está a nombre, precisamente, de la sociedad Cherokee Bay. El juez de instrucción ha enviado al banquillo al banquero, de 81 años, acusado de un presunto delito de contrabando, y le ha impuesto una fianza de 133 millones de euros.

Botín ha estado defendido en este caso por el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que este verano solicitó la excedencia voluntaria y el relevo como juez de enlace con Francia para incorporarse como socio del área Penal del bufete Ramón y Cajal.