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Condenado el banquero Jaime Botín por fraude fiscal en la compra de un avión privado

Acepta una pena de 8 de meses de privación de libertad que no se va a ejecutar al ser inferior a dos años y tratarse de su primera condena

También acepta pagar el 50% de la cuota defraudada, cifrada por la Fiscalía en 1,1 millones de euros

Durante su declaración, reconoció los hechos pero eximió a los que la Fiscalía apuntaba como colaboradores necesarios en el fraude, entre ellos, una cuñada de Gallardón

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Jaime Botín, en septiembre de 2014. EFE

Jaime Botín, en septiembre de 2014. EFE

Primera condena por fraude fiscal contra el banquero y filósofo Jaime Botín. El máximo accionista de Bankinter y hermano del fallecido Emilio Botín ha aceptado este jueves ser condenado en conformidad por un delito contra la Hacienda Pública en la compra de un avión privado a través de un entramado de sociedades en Portugal y Jersey.

Previo pago de la multa del 50% de la cuota defraudada (cifrada por la Fiscalía en 1.014.298 euros), lo que elevaría la multa a más de medio millón de euros, Botín ha logrado la aplicación del 305.6 del código penal, según fuentes jurídicas. Este artículo permite bajar dos grados la pena si antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisface la deuda tributaria y reconoce judicialmente los hechos.

La cuantía del fraude de Botín elevaba el delito al tipo agravado, lo que implica un arco de penalidad de dos a seis años de prisión. Finalmente, el acuerdo es de ocho meses de privación de libertad que no se va a ejecutar. Botín no ingresará en prisión, al ser la pena inferior a dos años y no haber condena previa.

Según las mismas fuentes, en su declaración hace dos semanas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos, el exbanquero reconoció los hechos y se esforzó por eximir a los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado señaló como colaboradores necesarios en el fraude, entre ellos, una cuñada del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

El Juzgado de Instrucción 49 admitió a trámite la querella presentada en julio pasado por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el banquero y otras tres personas. La querella, presentada por el fiscal de Delitos Económicos Carlos García Berro tras una denuncia de la Agencia Tributaria, describía un entramado que fue destapado en una denuncia anónima presentada en 2014 ante la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude de la Agencia Tributaria y  adelantada en octubre de 2014  por eldiario.es. La existencia de  una sociedad de Botín en Jersey  y Guernsey, clave para llevar a cabo el fraude y denominada Cherokee Bay, también fue avanzada entonces por este diario.

Otra de las empresas de la trama era la española Worldtour SA, que tenía como administradora única a Rocío Utrera Gómez, hija del exministro franquista José Utrera Molina y cuñada de Alberto Ruiz-Gallardón, que fue imputada como colaboradora necesaria del fraude de Botín.

Botín era el propietario de Worldtour SA, que, tal y como señaló la Fiscalía en julio, tenía como principales activos el 66,67% de las acciones de Cherokee Bay, domiciliada en Jersey y valoradas en más de 25 millones de euros, y del 99,99% de la portuguesa World Tour Portugal, LDA, valorado en 10,5 millones de euros.

En 2012, el banquero adquirió un avión  Cessna Citation Encore+, por un precio total de 10.700.000 dólares que, según la Fiscalía, "se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sanz de Sautuola y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid".

Para eludir el pago del impuesto de matriculación de la aeronave, los citados 1.014.298 euros, los querellados decidieron localizar "de forma artificiosa", según la Fiscalía, la matriculación de la aeronave a Portugal, "donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación".

Para ello, constituyeron la sociedad lusa World Tour Portugal, LDA y, una vez matriculada la nave en Portugal y "a fin de evitar el pago de impuesto mediante este montaje puramente artificial", los querellados montaron ese entramado para "ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España" a cargo de Worldtour, por otro lado, "debían asegurar" que esta empresa "tuviera en España la plena disponibilidad de la aeronave".

Según la Fiscalía, para sufragar la compra del avión Worldtour desvió los fondos necesarios a la sociedad portuguesa que fueron ingresados en la misma cuenta corriente que a su vez servía de garantía financiera al Banco Santander Totta SA en un contrato de leasing firmado por otra empresa portuguesa "para facilitar el uso de la aeronave en España".

La Fiscalía sostenía que una vez finalizada la utilización de la aeronave (fue vendida a un tercero), se desmanteló el entramado societario "preordenado" para eludir el IEDMT, "al tiempo que se repatriaba el dinero sobrante": "Concretamente el 14 de enero de 2014", Worldtour "recibió una transferencia de 6.507.170,03 € de World Tour Portugal, LDA en concepto de devoluciones de aportaciones de capital" tras la venta del avión.

Por último, tras ser conscientes Botín y el resto de querellados de que   la Agencia Tributaria había abierto una inspección a Worldtour, tal y como informó este diario en agosto de 2016, decidieron liquidar la sociedad y adjudicar los bienes al banquero. Fundamentalmente, su participación en Cherokee Bay, que Botín no declaró en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de 2016 "ni en el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero", según la Fiscalía y la Agencia Tributaria.

Este caso ha llegado a los tribunales poco después del proceso que sigue contra Botín en un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por intentar sacar ilegalmente de España un Picasso en 2015 a bordo del velero Adix, que está a nombre, precisamente, de la sociedad Cherokee Bay. El juez de instrucción   ha enviado al banquillo al banquero, de 81 años, acusado de un presunto delito de contrabando, y le ha impuesto una fianza de 133 millones de euros.

Botín ha estado defendido en este caso por el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que este verano solicitó la excedencia voluntaria y el relevo como juez de enlace con Francia para incorporarse como socio del área Penal del bufete Ramón y Cajal.

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