Alexandra García Tabernero (Barcelona, 1991) es fiscal de la Audiencia de Barcelona, profesora de Derecho Penal y una experta y apasionada de la Justicia Internacional. Trabajó en la Corte Penal Internacional y en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Su currículum es aún más extenso, pero esta entrevista no es a la Alexandra fiscal. O no solo a ella. Es a la Alexandra que un día, en una comida familiar, descubrió que un familiar suyo, de la parte que emigró a Argentina, podía haber tenido “problemas” con la Justicia. Intentó saber más, pero no lo logró hasta que, 12 años más tarde y gracias a una de sus tías, apareció ya el nombre del coronel Tabernero. Su tío.

A partir de ahí empezó una investigación que concluye con un libro, Carta al coronel (Debate), en el que la autora reconstruye la historia real de su viaje a Argentina para conocer quién fue su tío, subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que murió preso sin llegar a ser juzgado. Alexandra García Tabernero tampoco le juzga aunque, como buena fiscal, señala los indicios en una carta que aspira a ser también una reparación para las víctimas de la atroz dictadura.

¿Quién es Reinaldo Tabernero?

Reinaldo Tabernero es mi tío y fue coronel del ejército argentino. En 1977, en plena dictadura de Videla, era subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Años después acabó preso, investigado por crímenes de lesa humanidad.

Y usted sabe de su existencia casi por casualidad. 

Sí. Yo volvía de Londres, de una estancia por un máster en la que justo había escrito sobre la orden de detención a Pinochet. Me puse a contarlo en una comida familiar en Barcelona. Alguien mencionó que tenía familia en Argentina y que uno de mis tíos de allí terminó, dijo, con problemas de esos con la Justicia.

Qué frase. “Problemas de esos con la Justicia”.

Exacto, como si no hubiera pagado una multa, como si hubiera tenido, no sé, un embargo por alguna cuestión de Hacienda. Pregunto en esa mesa y a partir de ese día también a otros familiares y nadie me confirma absolutamente nada. Ese comentario espontáneo termina arrinconado y de algún modo paso página. Acababa de volver de una estancia de máster y me pongo a pedir una beca para irme a Estados Unidos justo para profundizar en temas de derecho penal internacional, que es lo que a mí me había despertado vocación desde hace años.

Después estoy en La Haya, en casos de crímenes de lesa humanidad, de militares, precisamente. Terminado ese año vuelvo a España y me pongo a opositar, saco plaza de fiscal y empiezo a trabajar. Transcurren doce años desde esa comida. Pero en enero del 2025 estoy hablando con una de mis tías y le cuento que me voy a Argentina. No me da tiempo de mencionarle que es para visitar a unas amigas. Mi tía se confunde, se descuelga y de repente me dice, 'madre mía, si investigas lo del coronel no te va a gustar'. Y ahí ya toca hueso.

Y empieza a tirar del hilo.

Ahí ya sí que me pongo a investigar a fondo, a solicitar documentación. Confirmo que se trata de un pariente mío llamando a una prima de mi tía que resulta que había elaborado un árbol genealógico. Esa prima de Barcelona me confirma que tenemos a una parte importante de nuestra familia en Argentina, porque de un pueblecito, de una aldea de La Rioja, una familia con seis hijos, cinco se fueron para Argentina a principios del siglo XX. Solamente uno de los hijos se quedó. Yo desciendo de ese, del mayor, el resto, todos los hermanos se fueron para Argentina y este militar, este coronel, es el hijo de uno de ellos.

Su tía le dijo que no le gustaría lo que encontraría, pero en su familia tampoco sabían mucho de Reinaldo Tabernero.

No sé todavía, a día de hoy, hasta qué punto mi familia española conocía detalles de todo esto. No termina de quedar nunca claro. Forma parte de esos secretos familiares vinculados a la idea de estigma, el peso social de la familia. Es un personaje que acabó preso. Allí era un cargo público conocido. Lo que yo descubro es que la gente en la provincia de Buenos Aires conoce mi apellido y que lo asocian a la dictadura, evidentemente.

¿Por qué decide averiguar más sobre él?

Lo único que tengo por seguro cuando emprendo el viaje es que tengo vínculo de parentesco con un coronel del ejército que fue jefe de la Policía con Videla. Que era subjefe de la Policía Provincial de Buenos Aires, y que terminó preso por crímenes de lesa humanidad. Esto es todo lo que yo sé, lo que hay en una primera búsqueda en internet.

Contacto con los archivos de memoria, con asociaciones de memoria, Abuelas de Plaza de Mayo… Ellos me facilitan toda la documentación que está pública y desclasificada. Han hecho un trabajo impresionante de documentación. Y empiezo a entrevistarme también con personas, sobre todo buscando a víctimas de 1977, de torturas, de apropiaciones de bebés, y me voy empapando de la época. No solamente de la figura en concreto de quién fue mi tío y qué había hecho, que eso era lo que a mí me obsesionaba más, sino que también necesitaba sumergirme al máximo en esa época para poder entender las implicaciones de lo que fue su figura y de lo que representó. 

También reconoce que no era consciente de hasta qué punto le marcaría. 

Sí, eso es así. Me voy con la intención y el objetivo de documentarme, de obtener información, casi como una labor periodística de investigación. Lo que me encuentro es con un montón de testimonios personales. Conozco a mi familia argentina y eso me traspasa todas las capas porque es muy distinto a leer lo que puede reflejar un documento. El testimonio vivo se convierte en un viaje emocional, en una montaña rusa porque atravieso un montón de emociones.

A la vuelta hay unos días en los que no puedo escribir, no puedo seguir. Había empezado a escribir la carta, y me bloqueo, porque tengo tal cóctel emocional, tanto conflicto interno, tanta emoción ambivalente, que me cuesta avanzar. Siento que me he acercado demasiado a él en este viaje. El hecho de saber que somos familia, que compartimos apellido, sangre e incluso apariencia física, según el fiscal del caso, y yo dedicándome a lo que me dedico hace que al principio se produzca un efecto inconsciente de querer exculpar. El buscar el resquicio, la versión exculpatoria posible, la duda razonable. ¿Y si estuvo en el cargo equivocado, en el momento equivocado? Es algo que pienso de forma inconsciente.

¿En cierta manera este libro, esta carta que le escribe, es una especie de rendición de cuentas en su nombre?

En este sentido me encuentro con un escollo y es que él, pese a entrar en prisión, muere antes de su juicio. Fallece preso preventivo y, por tanto, sin una sentencia, sin un proceso público en el que pueda demostrarse en sentencia firme lo que hizo o dejó de hacer.

Lo que yo puedo hacer frente a eso es publicar esta carta y evidenciar un compromiso desde el mismo apellido y desde la misma sangre con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la memoria, para lo que eso pueda servir. Ya no solo en mi persona, que ya te digo que ha tenido un efecto terapéutico, sino también para otras personas dentro de mi familia española y argentina. Mi esperanza es que también pueda llegar a tener un cierto efecto reparador y de justicia en personas que atravesaron esa época en Argentina. 

¿En posibles víctimas?

Sí, en posibles víctimas.

¿Encontró todas las respuestas que buscaba?

Encontré muchas de las respuestas, no todas. Me queda la duda y la arrastraré siempre, me queda el no haberlo conocido, haberme entrevistado con él y haberme podido llevar una impresión directa de quién era.

Si eso hubiera sido posible, ¿qué le habría preguntado?

Muchas de las preguntas están en el libro. Fundamentalmente, ¿qué fue lo que ocurrió ese año?, ¿qué hay de cierto en lo que te atribuyó el fiscal?, ¿participaste?, ¿sabías lo que estaba pasando?, ¿ordenaste alguna detención ilegal?, ¿ordenaste algún asesinato?, ¿cometiste algún asesinato?, ¿torturaste a alguien?, ¿tuviste algo que ver en la apropiación sistemática de bebés que se produjo ese año?

Lo que yo puedo hacer frente a eso es publicar esta carta y evidenciar un compromiso desde el mismo apellido y desde la misma sangre con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la memoria, para lo que eso pueda servir.

Hay un momento en el que reflexiona sobre el mal, sobre su génesis. ¿Hasta qué punto piensa que nace de la propia persona y cómo puede verse propiciado también por el contexto?

No entiendo de biología pero, por lo que he leído, se dice que podría haber un elemento congénito. Lo que sí he podido ver como fiscal es que hay personas que tienen una absoluta falta de empatía y una frialdad frente al dolor ajeno y la causación del dolor ajeno.

A mí me parece que el contexto, la socialización de los humanos, tiene un papel muy importante. Y el contexto no solo social y familiar sino también el cultural. En Argentina se instauró un relato oficial, el de que había una guerra contra el terrorismo y de que había que hacer frente a los elementos subversivos con todos los medios al alcance del aparato estatal. Ese paraguas fue utilizado por muchas personas para justificar atrocidades. 

En el libro, una de las víctimas le explica que no cree en la humanidad, que la historia no existe. ¿Para alguien que se dedica a impartir justicia es especialmente difícil escuchar una frase como esta?

Sí, lo es. Siempre que trato con una víctima le transmito una idea y es que soy consciente de que no puedo hacer lo que a mí me gustaría, que es borrar lo que le ocurrió. Hay que ser realistas, nosotros no podemos borrar lo que les hicieron. Sí podemos comprometernos a poner todos los medios públicos a nuestro alcance para que esa persona sienta que está siendo escuchada y que se está intentando algún tipo de reparación, ya sea en la forma de consecuencia punitiva, que es lo que hacemos en derecho penal, o en otra forma.

Este libro es otra forma de justicia en algún sentido. Yo no le hago un juicio a mi tío, no puedo, pero puede haber un efecto restaurador a lo largo de la historia.

Dice que este libro no lo escribe como fiscal, pero algo habrá influido su mirada de jurista a la hora de tratar con algunas víctimas y también a la hora de escribirlo.

Se me escapa un poco el papel de fiscal. Llevo el personaje dentro y no puedo separarme del todo de él porque para mí mi elección de oficio fue algo muy vocacional. Yo no me veo haciendo otra cosa. Soy fiscal y seguiré siendo fiscal. 

Aquí he hecho un esfuerzo por colocarme en el papel de sobrina porque me interpela. Como fiscal podría haber escrito sobre muchos otros posibles perpetradores y hacer una valoración de indicios, pero elegía al coronel Reinaldo Tabernero por una razón y es que es mi tío. Es cierto que hay algo que hago a lo largo de toda la carta que es muy de fiscal sin reconocerlo abiertamente y es poner sobre la mesa los indicios que había en su contra.

Tal vez también llevar la coraza abrochada.

Sí, ese consejo me lo dio un magistrado del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia cuando terminé mi periodo allí de estancia antes de convertirme en fiscal y es el mejor que me han dado. Yo pensé que para el oficio, pero lo es para la vida. Hay que protegerse. Estamos en un mundo en el que no todas las personas tienen buenas intenciones y es necesario protegerse. En mi oficio lo es para poder prestar un servicio público en condiciones.

Estamos en un mundo en el que no todas las personas tienen buenas intenciones y es necesario protegerse. En mi oficio lo es para poder prestar un servicio público en condiciones.

Usted es experta en Derecho Internacional. Viendo lo que ha pasado en Gaza, habrá gente a la que le cueste creer aún en la Justicia internacional. Parecería que entre la justicia y la geopolítica ha ganado la segunda.

El sistema de justicia penal internacional requiere de voluntades soberanas de los países y necesitamos de su consentimiento y de la cooperación permanente de los países que son soberanos, que pueden retirarla. Vivimos un momento actual de fragilidad en el que hay que tomar decisiones pensando a largo plazo y de forma estratégica para la supervivencia de este modelo. 

Es un modelo que nació de forma imperfecta. Tenemos los juicios de Núremberg con todas las objeciones legales que se podían formular. Sin embargo, fue el peaje, el mal menor, para que naciera este proyecto en el que yo sigo creyendo firmemente. No es el mejor momento que atraviesa, pero sigo creyendo en su viabilidad. 

Es de las fiscales que ha hablado más claro reclamando una especialización para lidiar en los casos de violencia sexual. Aunque se haya avanzado, aún cuesta mucho que una mujer se decida a denunciar.

Las reticencias que me he encontrado en este tipo de delitos no las he encontrado en otros. El miedo, la vergüenza, el estigma, las presiones frenan a la víctima y la paralizan como no lo hacen en ningún otro caso. Eso es comprensible y precisamente por ello, nosotros somos los que debemos poner mayores facilidades para que se venzan esas barreras de miedo inicial a denunciar. Porque en España, sin una denuncia, no podemos investigar un delito sexual. Necesitamos esa denuncia. La puede interponer el fiscal, pero para que el fiscal la interponga necesita información que normalmente le va a proporcionar la víctima. Ahí tenemos un reto pendiente. Argentina creó una especialidad en violencia sexual. Podemos aspirar a ello y sería un gran acierto.

Leí una frase suya que lo resume muy bien: “No todo empieza y termina en el derecho”.

La ley es una parte de la solución, pero es necesario el enfoque multidisciplinar.

Una colección completamente digitalizada de los registros de los juicios de Núremberg ha sido lanzada online para conmemorar el 80 aniversario del esfuerzo legal pionero dedicado a llevar a los líderes nazis ante la justicia.

Por primera vez, desde este jueves cada documento oficial del juicio, conservado en la biblioteca de la Facultad de Derecho de Harvard, está disponible para todos los investigadores —tanto aficionados como profesionales—, tras un proyecto de 25 años llevado a cabo por un equipo de 30 historiadores, curadores de metadatos y bibliotecarios.

El proceso comenzó en 1998 con la retirada de grapas y clips de los delicados documentos para poder escanearlos. Paul Deschner, que dirigió el proyecto de los juicios de Núremberg en Harvard, afirma que, desde el principio, el objetivo había sido digitalizar todo lo relacionado con los procedimientos judiciales en la colección de la biblioteca, que hasta entonces se había conservado en cajas y rara vez se había consultado. El objetivo era doble: “Preservar estos documentos, que empezaban a desintegrarse literalmente en cuanto se tocaban porque estaban… en papel de la década de 1940 mimeografiado a base de ácido, y simplemente no podían soportar la manipulación; y hacerlos accesibles en los albores de la era de Internet”.

La colección de la biblioteca contiene más de 750.000 páginas de transcripciones, informes y pruebas presentadas en un total de 13 casos que, entre 1945 y 1949, se llevaron a cabo contra líderes militares y políticos nazis considerados responsables de crímenes de lesa humanidad —en particular, el Holocausto— y que revolucionaron el derecho internacional de los derechos humanos. En el primer y principal proceso, fueron juzgados 19 de los nazis más influyentes, incluidos Hermann Göring, Rudolf Hess y Albert Speer. En 12 juicios posteriores, casi 200 fueron llevados ante el tribunal. En total, solo tres fueron declarados no culpables. Doce recibieron penas de muerte y, otros, cadenas perpetuas o sentencias más cortas.

Entre el material se incluyen transcripciones que detallan palabra por palabra toda la actividad de a sala a lo largo de cada uno de los juicios, así como documentos de origen consultados por los abogados y pruebas presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa.

Tiene una enorme utilidad para las personas que tengan ojos para ver, oídos para oír… en el contexto de cualquier época, incluida la nuestra

Paul Deschner — Director del proyecto

Deschner dijo que los usuarios comunes ahora podrían descubrir, de diversas maneras —como utilizando la transcripción como una hoja de ruta para adentrarse en la colección o mediante palabras clave—, una cantidad mucho más amplia de información que la disponible anteriormente. Los documentos —en algunos el horror es explícito, mientras que en otros se transmite de forma más eufemística en lenguaje burocrático— ofrecen un relato detallado de cómo los nazis primero concibieron sus planes para el Holocausto y luego los desarrollaron. “Ofrecen una imagen clara de cómo cosas comparativamente inofensivas podían parecer en los primeros años 30 en comparación con solo unos pocos años después”, asegura Deschner.

“Tiene una enorme utilidad para las personas que tengan ojos para ver, oídos para oír… en el contexto de cualquier época, incluida la nuestra, podría ayudar a que la gente esté atenta a las dinámicas que se presentan en estos archivos”.

En el primer y principal proceso, fueron juzgados 19 de los nazis más influyentes, incluido Hermann Göring. Hasta ahora, las consultas han llegado de todo tipo de personas, desde historiadores y productores de cine hasta quienes buscan información sobre familiares que participaron en el juicio, ya sea como testigos, como parte de los equipos jurídicos o como acusados.

En un momento en que la libertad de cátedra generalmente se considera amenazada y, especialmente en Estados Unidos, las universidades están siendo cuestionadas por su papel tradicional como lugares dedicados a fomentar la verdad, el proyecto adquiría aún más importancia, señala Deschner.

“Por supuesto, si eres un negacionista empedernido del Holocausto, el cielo es el límite en cuanto a las cosas que puedes inventar para argumentar que no ocurrió. Como el acceso que la gente tiene al mundo está tan influido por lo que es accesible digitalmente, y dado que estamos viendo cómo se socava lo que antes podía pasar por auténtico, es absolutamente esencial que ofrezcamos al usuario evidencias que confirmen la autenticidad de lo que están viendo”.

Deschner cita el amplio rastro documental detrás de cada prueba del juicio: “Hay un documento gubernamental, del cual se produce una fotocopia, que se transcribe al alemán; de esa transcripción, se hace una versión mecanografiada, que se traduce al inglés, de la cual existe un resumen de una página”.

En cuanto a la actividad del tribunal, el aspecto lingüístico ofrecía un campo de estudio completamente inexplorado, según Deschner. “Tuvimos la primera introducción extensa de traductores simultáneos para poder manejar los cuatro idiomas que se estaban utilizando; luego estaba la taquígrafa registrando palabra por palabra lo que oía a través de sus auriculares del traductor, y después alguien lo mecanografiaba. Había múltiples capas de interpretación en marcha y creo que se ha investigado muy poco sobre ello”.

Amanda Watson, del departamento de biblioteca y servicios de información de la Facultad de Derecho de Harvard, afirmó que la simple preservación robusta de los documentos como sustitutos digitales no bastaba: el conocimiento debía compartirse. “Esta colección constituye una respuesta a una de las preguntas más críticas de la historia”, dijo en un comunicado. “¿Cómo puede el derecho responder a momentos de crisis internacional? Hoy garantizamos que esa respuesta no quede encerrada, sino disponible para todos. Cuando hacemos visible la justicia, la hacemos posible”.

Un tribunal de Alemania ha condenado este lunes a cadena perpetua a un médico sirio, Alaa M. por crímenes contra la humanidad al torturar a detenidos en hospitales militares bajo el régimen del depuesto presidente Bashar al Asad

Los crímenes incluyeron dos muertes y ocho casos de graves torturas. Después de un proceso penal que se prolongó durante algo más de tres años, los magistrados han condenado a Alaa M., que permanecía en prisión preventiva desde 2020, año en que fue detenido en Alemania tras haber sido reconocido por una de sus víctimas tras su aparición en un programa de televisión, según recoge la edición digital de la revista 'Focus'.

En sus labores represivas para el régimen sirio, Alaa M., de 40 años y que llevaba una década viviendo en Alemania, había trabajado para varias clínicas como ortopeda y ejerció como “médico torturador”.

Las torturas por las que fue condenado tuvieron lugar entre los años 2011 y 2012 en la ciudad siria de Homs.

Los hechos fueron juzgados Alemania en aplicación del principio de jurisdicción universal del derecho penal internacional, que permite perseguir crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en otros países.

“La justicia es una decisión netamente política de los países que componen el Estatuto de Roma”, denunciaba este miércoles el juez Baltasar Garzón durante el debate ‘La esperanza de Justicia en el mundo’, en el que también participó la periodista Olga Rodríguez. El encuentro, organizado por la fundación Éxodus y el Instituto Cervantes, tuvo como objetivo analizar si, en un mundo marcado por la crisis internacional, la desigualdad y las guerras, el principio de justicia universal sigue siendo aplicable hoy en día.

Durante su intervención, Garzón denunció la inacción política de los gobiernos que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos el de España. “No he visto una movilización por parte de los gobiernos más allá de las declaraciones”, afirmó, lamentando la falta de credibilidad en el sistema judicial internacional como motor de transformación. “Hay miedo. Y el miedo anula la esperanza y la vida”, repitió en diversas ocasiones citando al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han.

Por su parte, Rodríguez evidenció “el sentir y la preocupación colectiva al ver cómo se extiende la impunidad”. Parafraseando a una de las voces más reconocidas del activismo internacional, Angela Davis, la periodista reivindicó: “Estamos en tiempos en los que hay que defender la esperanza como disciplina. Y en ese argumentario, hay una obligación en sí misma. No desde la impunidad, sino desde la necesidad absoluta”.

Si bien ambos ponentes reconocen que el derecho internacional ha dado pasos importantes —como la orden de arresto contra dos mandatarios israelíes por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, o el dictamen emitido por el mismo tribunal el pasado julio que recordaba a los Estados miembros que es ilegal dar apoyo o asistencia a la ocupación de Israel en territorios palestinos—, a día de hoy, las masacres continúan.

La semana pasada, Viktor Orbán retiró a Hungría de la Corte Penal Internacional tras recibir a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí buscado por la CPI por crímenes de guerra. Pero su caso no es una excepción: varios países de la UE, entre ellos Alemania y Francia han puesto en cuestión la orden de la CPI.

“Hay mucho cinismo”, recordó Rodríguez. “Sectores que operan con hipocresía y que han pasado de ahí al cinismo. Si no hay justicia, ¿qué es lo que tenemos? La extensión del espacio para la impunidad, y eso es la ley del más fuerte y del que está dispuesto a utilizar la fuerza bruta”. Rodriguez recordó que, Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, invitó a Netanyahu a una visita oficial, según informó la oficina del primer minisro de Israel.

Autoproclamado como un pesimista positivo y sin ninguna intención de querer quedarse callado a sus 69 años, para Garzón la situación es muy clara: “Hay actores que actúan y otros que impiden actuar. Y hasta que no conectemos estos dos ámbitos y nos creamos que la justicia internacional da esperanza, no vamos a avanzar”. Defender la justicia universal “no es cuestión de ser de extrema izquierda o no. Tenemos casi todos los instrumentos, pero solamente hay que creer. Es una cuestión de voluntad”.

Jueces al servicio público

Cuestionando la narrativa oficial israelí sobre Gaza, Garzón desmintió la idea de que todo lo que se encuentra en la Franja es Hamás. “Es un poco sui géneris y, desde luego, falsa”. Según el juez, no hay duda de que Israel está cometiendo un exterminio: “En Gaza se han desbordado todos los límites desde hace mucho tiempo. Y se ha hecho a ciencia y conciencia”.

Pero el juez quiso poner el foco en quienes, desde fuera, sostienen ese horror: “¿Quién está financiando todo esto? Todos aquellos que están suministrando armas para las acciones que se están desarrollando en Gaza. No son armas para proteger a la población. Y eso tiene financiación, tiene empresas detrás. En definitiva, eso también interpela directamente a la CPI”.

En ese sentido, el experto se pregunta por qué el fiscal general de la Corte no ha abierto todavía un procedimiento contra los empresarios —no solo estadounidenses, sino también de países miembros del Estatuto de Roma— que se benefician del negocio armamentístico vinculado al conflicto. “Los jueces son servidores públicos que representan a todos los ciudadanos de la comunidad internacional, y en ese sentido, el fiscal general debe asumir la presión propia de su cargo”, afirmó. “Las preguntas deberían hacerse a los presidentes, como a Pedro Sánchez. Hay acuerdos en casi todos los temas, pero a la hora de la justicia, todo el mundo guarda silencio y desaparece”.

Aunque reconoció las dificultades a las que se enfrentan los fiscales, Garzón recordó que disponen de herramientas suficientes para actuar: “Tienen a su disposición a toda la Policía y la Guardia Civil de España, porque España es un Estado miembro y ha ratificado el Estatuto de Roma. Como también lo es Francia, Portugal y los 127 países que han ratificado el estatuto. Pero otra cosa es que se quiera hacer. O nos creemos la justicia penal internacional o lo dejamos. Porque estamos dando falsas esperanzas a las víctimas”, concluyó.

Defender la jurisdicción internacional

El principio de jurisdicción universal permite a un Estado o tribunal ejercer su autoridad legal sobre crímenes cometidos fuera de su territorio, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores, cuando se trata de delitos especialmente graves como los crímenes de guerra, de lesa humanidad o el genocidio. Sin embargo, no todos los países reconocen o aplican este principio de la misma forma.

En el caso español, la aplicación de la justicia universal fue pionera y ejemplar durante años. Uno de los hitos más recordados fue en 1998, cuando el mismo Baltasar Garzón ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, marcando un antes y un después en la lucha contra la impunidad a nivel internacional.

Sin embargo, con el paso del tiempo, España ha ido restringiendo progresivamente el alcance de este principio. En 2009, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una primera reforma con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV. Desde entonces, la Audiencia Nacional solo puede investigar crímenes cometidos en el extranjero si el acusado se encuentra en España, alguna víctima es de nacionalidad española o existe un vínculo claro con el país. Cinco años después, en 2014, el gobierno del PP impulsó una segunda reforma aún más restrictiva, estableciendo requisitos más estrictos y limitando el margen de actuación judicial.

A día de hoy, las Naciones Unidas no han logrado llegar a ningún consenso a la hora de definir qué es la jurisdicción universal. Pero “su grandeza”, señalaba Garzón, “es que es un principio que se va generando y, por mucho que en algunos países se restrinja, se abren otras puertas”. Ejemplo de ello fue la querella argentina contra los crímenes del franquismo –que nunca se han investigado en España– en 2010 que sigue abierta y se sigue investigando, explicaba el magistrado como ejemplo para hacer entender que la puerta de la justicia universal no se va a cerrar pese a que los gobiernos de cada país impongan muchos condicionantes.

Acciones políticas como la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 han fortalecido la aplicación de la justicia universal en España, al facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Un ejemplo reciente es la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre las torturas sufridas por Blanca Serra, detenida por la brigada político-social en la comisaría de Vía Laietana. Otro caso destacado es la querella presentada este martes en Paterna, que se suma a las más de 115 interpuestas en todo el Estado para exigir la investigación judicial de crímenes del franquismo que, hasta hoy, siguen impunes.

Pero ante los avances que se puedan dar, para el experto, lo que sucede en España es que la justicia española “no sigue la ley de 2022 que dice que tienen que ir a las fosas y que tienen que haber procedimientos”. Y, para cambiarlo, “los jueces tienen que tener las ganas y la convicción de hacerlo”, concluyó finalmente.

“Ante ello, qué tenemos que hacer: convencer a los políticos, al Parlamento y a los grupos políticos de que tienen que modificar la ley de jurisdicción universal, la ley de 2014 hay que reformarla”, concluyó.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar el recurso de la familia de José Couso pone punto y final a años de batalla legal para intentar que el asesinato del cámara bajo fuego estadounidense en Irak en 2003 no quede impune. Una resolución que avala los efectos de la reforma que impulsó en solitario el Gobierno del Partido Popular hace una década y que condenó al archivo de una docena de causas relacionadas con la justicia universal: desde el caso Couso hasta las masacres del Tíbet pasando por la muerte de españoles en Mauthausen y desembocando en la liberación de medio centenar de narcotraficantes que se vieron beneficiados.

El concepto de justicia universal que había funcionado en España durante tres décadas murió hace diez años y medio en el Congreso de los Diputados tras un debate de dos horas. El Partido Popular impuso el rodillo de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy para sacar adelante la reforma impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que esos días justificó que España no podía ser “gendarme del mundo”.

Sobre el papel, la modificación tocaba algunos puntos esenciales de la Ley Orgánica del Poder Judicial para endurecer los requisitos que permitían a los jueces abrir estas investigaciones: en casos de genocidio o crímenes contra la humanidad, el acusado debe ser español o vivir de forma habitual en España. En casos de torturas o desapariciones forzadas, la víctima debe tener nacionalidad española y el acusado estar en el país. El laberinto para llevar a un criminal de guerra al banquillo, por tanto, se complicaba.

Ese jueves de 2014 el diputado del PP, José Miguel Castillo, culminó su defensa parlamentaria de la reforma con una frase: “Sin demagogia ni cuentos chinos”. Detrás de la expresión se escondía la verdadera exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2014: el conflicto diplomático abierto con China por la imputación de los expresidentes Hu Jintao y Jiang Zemin, además de varios miembros de la cúpula del Partido Comunista chino, por la represión a 15 miembros de Falun Gong.

Esa causa tardó unos pocos meses en archivarse. Diligencia tras diligencia, la Audiencia Nacional estampó el sello del sobreseimiento en las principales causas de justicia universal que instruían desde hacía años: el ataque israelí a la Flotilla de la Libertad, la muerte de miles de españoles en el campo de concentración de Mauthausen, el genocidio en Ruanda o los ataques al campo de refugiados iraquí de Ashraf.

Pocas causas sobrevivieron a la criba: el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador terminó con una condena firme de 133 años de prisión para el coronel Inocente Montano. Y las decisiones no fueron unánimes por parte de los jueces. Tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía surgieron voces discrepantes contra la aplicación general de la reforma. Supuso, dijo el Supremo, “una restricción sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción”.

La reforma impulsada en solitario con el PP para que España dejara de ser el “gendarme” del mundo también tuvo efectos imprevistos: los jueces dejaron en libertad a más de medio centenar de acusados de narcotráfico tras dejar de ser competentes para investigar delitos fuera del territorio nacional. En esa ocasión, al contrario de lo que sucedió más recientemente con la ley del 'solo sí es sí', el Consejo General del Poder Judicial no encargó un recuento mensual de excarcelaciones, pero los archivos judiciales recuerdan quién se benefició de la reforma de rebote: desde siete marineros sirios detenidos a pocos kilómetros de las costas de Alborán con 16 toneladas de hachís a ocho supuestos narcos detenidos cerca de Málaga con otras 12 toneladas.

El caso Couso: el archivo que llegó a Europa

El archivo de estas causas, con más o menos entusiasmo, fue refrendado por el Tribunal Supremo y en algunos casos por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso del PSOE contra la ley. Pero el único caso que pasó el filtro de admisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo fue el de José Couso. El cámara de Telecinco que fue asesinado en el hotel Palestina de Bagdag por los disparos de las fuerzas estadounidenses durante la invasión de Irak.

La investigación fue llevada desde la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz, que llegó a procesar a tres militares de EEUU y a desplazarse personalmente a Bagdag para inspeccionar el lugar del crimen. El archivo en aplicación de la ley llegaba en el verano de 2015: “Pese a que existen múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de ilícitos, el delito quedaría impune”, lamentó el juez.

El aval definitivo de Europa llegó hace unos días, cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazó de forma definitiva el último recurso de la familia del cámara asesinado. Una sentencia que no solo puso el último clavo en el ataúd de la causa sino que avaló, al menos en su aplicación práctica, la reforma de 2014. “No parece irrazonable que un Estado ponga condiciones al ejercicio de la justicia universal, por ejemplo que existan vínculos con ese Estado”, afirmaba la sentencia.

En el caso concreto de Couso, según Estrasburgo, la decisión de los tribunales españoles de no seguir investigando no vulneró la Convención de Derechos Humanos. Todo sin dejar de defender, un párrafo después, que no se cuestiona el “consenso” de la comunidad internacional sobre el derecho de las víctimas de crímenes internacionales para obtener reparación, y la obligación de los Estados a examinar sus casos. Es “recomendable” que los Estados hagan esfuerzos para garantizar el acceso de estas víctimas a los tribunales, dijo el TEDH en la misma sentencia que le cerraba la puerta a la familia de José Couso para siempre.

Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica que representó a la familia de Couso ante Europa, explicaba minutos después de recibir la sentencia que el fallo no había producido “ninguna sorpresa”. “Causa poca sorpresa que se haya avalado hoy una modificación legislativa como la que se produjo en nuestro país hace 10 años y que permitió que, tanto el caso Couso, como otros muchos crímenes de guerra y lesa humanidad que estaban siendo investigados por nuestros tribunales, fuesen archivados”, afirmaba en un comunicado.

La sentencia de Estrasburgo es el punto final al recorrido judicial del asesinato de José Couso tanto dentro como fuera de España. Y cualquier hipotética reforma legal para volver a ampliar los supuestos de la justicia universal tampoco tendrá ningún efecto sobre el caso por la imposibilidad de aplicar una norma más dura de forma retroactiva a un acusado, en este caso a los militares estadounidenses que nunca se sentarán en el banquillo por el asesinato de José Couso.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha ordenado este viernes a Israel que detenga “inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah, después de que Sudáfrica solicitara hace dos semanas que la corte dictara medidas cautelares urgentes ante el ataque israelí contra esa localidad, que dio comienzo el 6 de mayo y ha provocado desde entonces el desplazamiento de unos 800.000 palestinos que se habían refugiado en el extremo sur de Gaza.

El presidente de la CIJ, el libanés Nawaf Salam, ha leído y argumentado la decisión de los jueces (13 de un total de 15 votaron a favor) que consideran que la situación humanitaria en Gaza ha degenerado en los pasados meses y es ahora “desastrosa”, y que las medidas tomadas por Israel en Rafah –las órdenes de evacuación de varios barrios de la ciudad y la designación de una “zona humanitaria”– no son suficientes para “reducir el riesgo al que está expuesta la población palestina debido a la ofensiva”.

Áreas designadas por el Ejército israelí en Gaza

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

ISRAEL

“Zona humanitaria” extendida

Deir al Balah

“Zona humanitaria” de Al Mawasi

Franja

de Gaza

Jan Yunis

Rafah

EGIPTO

Paso

de Rafah

Áreas de Rafah que Israel ha ordenado evacuar

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

Áreas designadas por el

Ejército israelí en Gaza

Jerusalén

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Área

ampliada

2 km

Deir al Balah

“Zona humanitaria” extendida

ISRAEL

“Zona humanitaria” de Al Mawasi

Franja

de Gaza

Jan Yunis

Rafah

EGIPTO

Paso

de Rafah

Áreas de Rafah que Israel ha ordenado evacuar

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

Por ello, el tribunal con sede en La Haya insta a Israel a “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafah” y “mantener abiertos los pasos fronterizos terrestres, en particular el cruce de Rafah” para que pueda entrar la asistencia humanitaria y los servicios básicos que los gazatíes “necesitan urgentemente”. A través de ese cruce entre Gaza y Egipto llega a la Franja la mayor parte de la ayuda internacional (alimentos, agua potable, combustible, suministros y personal médicos, etc.) pero muy pocos camiones han podido cruzarlo desde que Israel se hizo con el control del lado palestino del paso fronterizo el pasado día 7, tal y como han denunciado las agencias de la ONU.

La CIJ ya había instado a finales del pasado mes de enero a Israel a que permitiera la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, una orden que reiteró a finales de marzo. También había pedido a Israel que tomara “todas las medidas que están en su poder para evitar actos de genocidio” en la guerra de Gaza y presentara un informe con todas las medidas adoptadas para aplicar las órdenes dictadas por el tribunal en un plazo de un mes, algo que no ha ocurrido hasta el día de hoy.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recordado este viernes a Israel que las órdenes de la CIJ son “vinculantes” y ha dicho que “confía en que las partes cumplan debidamente la orden”, según un comunicado de su portavocía citado por la Agencia EFE.

Israel hace oídos sordos a las órdenes del tribunal

Este viernes, el tribunal de La Haya también ha destacado en su decisión que Israel debe “garantizar el acceso sin obstáculos” a la Franja de cualquier comisión o misión de investigación, o de otro organismo de Naciones Unidas para “investigar las alegaciones de genocidio”, en el marco de la demanda presentada por Sudáfrica el pasado diciembre contra Israel denunciando un “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva en Gaza, que ha dejado casi 36.000 muertos –incluidos más de 15.000 niños– desde el pasado 7 de octubre.

Los propios jueces de la CIJ consideraron en enero que existe riesgo de genocidio en Gaza y que los palestinos representan un grupo que tiene derecho a ser protegido bajo la Convención contra el Genocidio. Además, dijeron que la “catastrófica” situación humanitaria podía empeorar y, cinco meses después, han constatado que ha sido así.

Las decisiones de la CIJ son legalmente vinculantes, pero depende de la voluntad de los países aplicarlas y, en el caso de Israel, ha demostrado anteriormente que no tiene ninguna voluntad. Sin ir más lejos, en el caso de Rusia, el máximo tribunal de la ONU pidió a Moscú suspender “inmediatamente” sus operaciones militares en Ucrania menos de un mes después del comienzo de la guerra pero, más de dos años después, el Ejército ruso continúa su ofensiva.

Desde el primer dictamen de la CIJ, Sudáfrica ha pedido al tribunal que ordene medidas cautelares adicionales para detener la masacre en Gaza, pero Israel ha hecho oídos sordos una y otra vez. Durante las audiencias celebradas la semana pasada en La Haya, el embajador de Sudáfrica en Holanda, Vusimuzi Madonsela, pidió a los jueces que ordenaran a Israel retirarse “de forma total e incondicional” de Rafah y del paso fronterizo homónimo. El equipo legal israelí, como ya ha hecho en otras ocasiones, aseguró ante la corte que “Israel toma medidas extraordinarias para minimizar el daño a los civiles en Gaza”.

El Gobierno israelí, que en general rechaza el mandato de Naciones Unidas y considera que el organismo favorece a los palestinos, ha decidido participar en el proceso de la CIJ y defenderse ante las acusaciones de genocidio, y después de las órdenes de enero empezó a permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza, pero eso no ha sido suficiente para evitar la hambruna entre su población. Según Sudáfrica, “la condición necesaria para la implementación efectiva de las medidas cautelares de la corte es un alto el fuego permanente en Gaza”, algo que hasta el momento Israel ha rechazado en el marco de las negociaciones indirectas con Hamás.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, uno de los más radicales del Gobierno de Benjamín Netanyahu, ha afirmado después del dictamen de la CIJ que “quienes exigen que el Estado de Israel detenga la guerra, exigen que se decrete que dejará de existir”, por lo que no acatarán esa orden. “Si deponemos nuestras armas, el enemigo alcanzará las camas de nuestros niños y mujeres en todo el país”, ha dicho a través de la red social X.

Por su parte, la Oficina de Netanyahu ha rechazado una vez más las acusaciones de genocidio por parte de Sudáfrica, calificándolas de “falsas, escandalosas y moralmente repugnantes”. “Israel no ha llevado a cabo y no llevará a cabo una campaña militar en Rafah que cree las condiciones de vida que lleve a la destrucción de la población civil palestina, en parte o en su totalidad”, ha dicho en un comunicado conjunto con el Ministerio de Exteriores, refiriéndose a las palabras empleadas por la CIJ en su dictamen. “Israel continuará sus esfuerzos para permitir la asistencia humanitaria y actuará en pleno cumplimiento de la ley”, ha prometido.

La profesora Janina Dill lleva décadas dedicada al estudio de la aplicación de la ley y los códigos éticos en conflictos armados para evitarlos o conseguir que los responsables de crímenes de guerra rindan cuentas ante la justicia. Entiende la decepción actual por las atrocidades en Gaza y en Ucrania, pero cree que el camino recorrido por la legislación internacional es largo y es el único posible.

Dill dirige el Instituto de Ética, Ley y Conflicto Armado de la Universidad de Oxford, donde también es profesora de la Escuela de Gobierno. Pasará este verano en Berlín para trabajar en un proyecto sobre cómo aplicar mejor las leyes existentes para proteger a los civiles y cómo influir en los que toman las decisiones. Su otra gran especialidad es la disuasión nuclear.

Empezamos la conversación hablando del nombre del instituto en Oxford, que combina ética y guerra, algo que puede parecer contradictorio. Jill explica que se trata de rebatir la postura del “realismo de la guerra” que sugiere que no se pueden hacer razonamientos morales en un campo de batalla. La profesora recuerda que cuando el ser humano utiliza la violencia, ya sea de forma individual o colectiva, suele buscar una justificación moral para sus acciones, aunque “se equivoque la mayor parte del tiempo” y las guerras sean “catástrofes morales”.

Éste es el resto de la conversación con elDiario.es, editada por longitud y claridad.

¿Cómo usa Israel esos argumentos morales? 

Quienes hablan en nombre de Israel hoy presentan un argumento moral. No hay nadie que diga “lo que estamos haciendo puede que no esté justificado, pero no nos importa”. Todo está expresado en términos morales: la defensa de los israelíes contra el próximo 7 de octubre. Algunos de estos argumentos tienen sentido. Una comunidad que afronta una amenaza muy significativa de terrorismo tiene justificación para protegerse y evitar que eso vuelva a suceder. Pero también hay muchos argumentos morales que son profundamente defectuosos: la razón principal es que no existe el compromiso subyacente de valorar toda la vida humana por igual. Un problema moral es que Israel se está defendiendo de una manera que causa un daño desproporcionado a los inocentes palestinos. La autodefensa está moralmente injustificada si esto causa un daño desproporcionado. A menudo, y es una constante en la historia de la humanidad, los líderes políticos sobrevaloran enormemente las vidas de su propia gente y devalúan las vidas de la comunidad externa. Para mí, toda la vida humana es prima facie [en principio] igualmente digna. La autodefensa que depende del supuesto de que te puedes defender a toda costa está moralmente injustificado.

Un problema moral es que Israel se está defendiendo de una manera que causa un daño desproporcionado a los inocentes palestinos. La autodefensa está moralmente injustificada si esto causa un daño desproporcionado

¿La moralidad se utiliza para olvidar el otro elemento esencial, que es el derecho internacional?

Ambos se pueden usar para desplazar al otro. A menudo hay argumentos legales que se formulan para ocultar la falta de justificación moral, y la gente puede apelar a la moralidad si no quiere hablar de derecho. Deberíamos proteger ambas cosas. Una conversación sobre la justificación y la legitimidad en la guerra siempre debe tener componentes morales y legales. El derecho internacional no sigue perfectamente la moralidad. Cumplir con la ley no significa que todo lo que se hace entonces esté moralmente justificado. Idealmente, hay que lograr que la ley sea un estándar mínimo de cumplimiento y luego tener una conversación adicional sobre los principios morales aplicados en la guerra. 

A menudo, y es una constante en la historia de la humanidad, los líderes políticos sobrevaloran enormemente las vidas de su propia gente y devalúan las vidas de la comunidad externa

Usted ha escrito que el Gobierno israelí ha dejado de aludir a la legalidad internacional como hacía antes. ¿Por qué?

Israel tiene un ejército muy profesional con fuerzas armadas con abogados muy bien capacitados. Existe un Abogado General Militar. Estábamos acostumbrados a que Israel tuviera argumentos muy sofisticados y detallados sobre por qué lo que está haciendo en Gaza y Cisjordania es legal según el derecho internacional. Y fue muy sorprendente que después del 7 de octubre, el discurso fuera notablemente diferente del habitual. No es que dijeran que ya no les importa el derecho internacional, pero hubo declaraciones por parte de dirigentes políticos y militares que son irreconciliables con el derecho internacional. Por ejemplo, el ministro de Defensa dijo en octubre que lanzaría una ofensiva en Gaza sin “restricciones” ; la ley exige moderación, no puedes cumplir con el derecho internacional en una campaña en la que tú mismo dices que no tienes límites. La declaración del presidente Herzog sugiriendo que no hay inocentes en Gaza va absolutamente en contra del derecho internacional, que traza una línea muy clara entre los civiles y aquellos que participan en las hostilidades, dice que los civiles nunca pueden ser atacados intencionalmente y requiere diferenciar entre quién es y quién no es tu enemigo. [Cuando sus palabras fueron citadas ante la Corte Penal Internacional, el presidente de Israel dijo que habían sido “malinterpretadas”]

Estas declaraciones son contraproducentes para Israel. Alguien con asesoramiento legal no las aceptaría. Y eso es lo que me sorprendió al inicio de la campaña. Ahora hay un mensaje más disciplinado, pero algunos miembros del Gobierno de derecha siguen haciendo declaraciones que revelan lo que se podría llamar “intención genocida”. Y esto obviamente también va en contra del derecho internacional. Es complicado presentar argumentos legales sobre esto porque las declaraciones legalmente relevantes son las de las personas que toman decisiones sobre la guerra, y esas son pocas.  

¿Qué puede hacer el derecho internacional en las guerras actuales en Gaza y en Ucrania? 

Lo primero que debemos decir es que estas no son guerras que se libran respetando el derecho internacional. La guerra incluso cuando se libra de conformidad con el derecho internacional es una catástrofe moral. La ley no es una panacea por la que cuando se hace la guerra de manera legal todo está bien. No es así en absoluto. Pero también tenemos que tener muy claro estas guerras no se libran respetando el derecho internacional humanitario ni por la conducta de Israel en Gaza ni por la conducta de Rusia en Ucrania. Ambas fuerzas armadas están cometiendo violaciones muy graves del derecho internacional humanitario de forma sistemática. 

En principio, la ley está destinada a limitar la guerra, a descartar ciertos cursos de acción. Cuando se cumple la ley, no se producen ciertos tipos de ataques, por ejemplo, contra las instalaciones de atención médica o la infraestructura civil para la electricidad y el tratamiento de agua. Cuando eso sucede sistemáticamente, no se trata sólo de decir que se incumple la ley. La ley está destinada a responsabilizar a quienes no la cumplen. 

Las guerras de Gaza y de Ucrania no se libran respetando el derecho internacional humanitario ni por la conducta de Israel en Gaza ni por la conducta de Rusia en Ucrania. Ambas fuerzas armadas están cometiendo violaciones muy graves del derecho internacional humanitario de forma sistemática.

No parece estar funcionando…

Estamos viendo logros, pero también los límites del derecho internacional. Si se piensa en la función de rendición de cuentas de la ley tal como la conocemos en el contexto nacional, se espera que alguien que viola de manera atroz la ley de un país tenga que rendir cuentas. A nivel internacional, la ley no es tan confiable y sistemática porque no se aplica de la misma manera: a menudo nos decepcionará. Hay muchas personas en este momento en el mundo que han cometido crímenes de guerra y que nunca serán llevadas ante la justicia, porque el derecho internacional no funciona como el derecho nacional. Por otro lado, hemos recorrido un largo camino desde cuando se aceptaba que la guerra crea atrocidades y que nadie tiene que rendir cuentas. Tenemos jurisdicción universal por la que, en principio, cualquier estado puede juzgar a cualquier persona por crímenes de guerra esté o no involucrado en la guerra. Y tenemos la Corte Penal Internacional. Estos son logros históricos y contribuyen a producir una función de rendición de cuentas en derecho internacional.

Hay muchas personas en este momento en el mundo que han cometido crímenes de guerra y que nunca serán llevadas ante la justicia, porque el derecho internacional no funciona como el derecho nacional. Por otro lado, hemos recorrido un largo camino desde cuando se aceptaba que la guerra crea atrocidades y que nadie tiene que rendir cuentas.

¿Hasta qué punto importan las órdenes de arresto como la que hay contra Vladímir Putin?

Incluso si Putin nunca se sienta en el banquillo de los acusados en La Haya, que es el escenario más probable, esta orden de arresto es muy importante por dos razones. Primero, muestra cuán lejos hemos llegado en términos de crear instituciones para el derecho internacional que se asemejen a las instituciones del derecho nacional. La corte tiene la autoridad que los estados le han otorgado para responsabilizar a las personas por los crímenes que cometen en la guerra, incluidos jefes de Estado en ejercicio. La importancia de eso no debe subestimarse. En segundo lugar, es posible que esta orden de arresto, incluso si Putin no termina en prisión, tenga una función disuasoria. 

Hemos visto algo de eso en Israel. Todavía no hay órdenes de arresto, pero se puede decir que la posibilidad de que existan órdenes de arresto ya ha moldeado hasta cierto punto la conducta de Israel. La conducta sigue siendo muy desenfrenada y es una catástrofe humanitaria absoluta, los civiles están muriendo en cantidades trágicas e insondables. Es lógico preguntarse dónde está la función disuasoria, pero lamentablemente se puede imaginar una conducta de guerra aún peor. Hay algunos indicios de que el Gobierno de Netanyahu se toma en serio la posibilidad de una orden de arresto y la considera una fuente potencial de moderación, incluso si esa moderación está muy por debajo de lo que esperaríamos.

Es posible que la orden de arresto contra Putin, incluso si no termina en prisión, tenga una función disuasoria.

¿En qué aspectos se nota?

Obviamente el Gobierno israelí tiene una buena razón para no decir públicamente que no está haciendo X debido a la posibilidad de una orden de arresto, porque su mensaje es que está muy lejos de cualquier cosa que se parezca a un crimen de guerra. Pero se ha publicado información sobre iniciativas diplomáticas con las que el Gobierno israelí ha intentado conseguir la ayuda de Estados Unidos para presionar a la corte. Y miembros del Congreso de Estados Unidos han tratado de presionar al tribunal. De manera paradójica, esto afirma el poder de la corte. Si el derecho internacional fuera ineficaz, si no tuviera una función disuasoria, si a la gente no le importara, entonces no valdría la pena amenazar al fiscal de la corte.

Las últimas órdenes de arresto contra dos comandantes en Rusia se refieren a lo desproporcionado de los ataques. ¿Qué importancia tiene esto para Ucrania y para otros casos?

Es muy significativo porque la parte del derecho internacional humanitario que tiene el mayor potencial para proteger a los civiles, y la más difícil de aplicar, es la ley sobre la conducción de las hostilidades. La noción de que nunca se puede atacar directamente a un civil o un objeto civil significa que hay que minimizar los daños colaterales previsibles. Luego está la proporcionalidad, que dice que un ataque sigue siendo ilegal incluso si es contra el objeto legítimo militar, pero el daño civil previsible es desproporcionado. En una sociedad interconectada, muchos objetivos son militares y no siempre es fácil identificar quién es civil y quién no. Lo que protege a los civiles en la guerra es una lectura adecuada del principio de proporcionalidad, que es la noción de que incluso los ataques en principio legítimos terminan siendo ilegítimos porque causan demasiado daño civil incidental. El principio es absolutamente crucial. Y, sin embargo, es muy difícil de aplicar y aún más difícil de utilizar como base para pedir cuentas porque lo que es y lo que no es proporcionado es debatible.

No tenemos una jurisprudencia penal reciente en la que alguien haya sido responsabilizado por un ataque desproporcionado y eso haya resistido una apelación. Que la Corte Penal Internacional lo considere en el contexto de Ucrania es crítico para un posible desarrollo doctrinal. La corte puede darnos ejemplos de ataques desproporcionados que fundamentan la responsabilidad penal y esto es importante también para la función disuasoria. Sería fundamental para tener más claridad sobre cómo se desarrolla el principio de proporcionalidad como una base para la rendición de cuentas.

¿Qué debe cambiar en el derecho internacional para responder mejor a los conflictos según la experiencia de los últimos años?

En realidad, el mensaje principal debería ser que el derecho internacional humanitario es adecuado para su propósito. Sus principios están articulados de tal manera que le dicen a un comandante sensato qué hacer y qué no hacer. No es que la guerra haya cambiado tan radicalmente en los últimos años que ya no podamos aplicar adecuadamente el derecho internacional humanitario. 

En este momento hay demasiadas partes en conflicto en el mundo que no cumplen con el derecho internacional humanitario. Si miramos a los gobiernos que quieren apoyar el derecho internacional o que se conciben a sí mismos como buenos ciudadanos de un orden legal, lo que pueden hacer es no alterar las reglas sustanciales del derecho internacional humanitario y construir las instituciones que ayuden a aplicarlo. Los estados deben ayudar a hacer cumplir el derecho internacional. Ese es su papel porque no hay un gobierno mundial que vaya a imponerlo. Los estados deben convertir en una prioridad política el exigir el cumplimiento mutuo. Y es muy fácil exigir el cumplimiento de la ley a tus adversarios, pero la exigencia más efectiva es a tus aliados. Lo que necesitamos es ver a los estados mirándose unos a otros y avisando a sus aliados cuando están en guerra de que sólo les apoyarán si cumplen con el derecho internacional, y tan pronto como tengan indicios de violaciones graves del derecho internacional, cesar todo apoyo diplomático, financiero y armamentístico. Los estados ya tienen la obligación de no apoyarse mutuamente cuando violan el derecho internacional. Pero eso también es algo que los estados están incumpliendo en este momento. El Gobierno de EEUU, el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de Alemania están incumpliendo sus obligaciones de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario porque no condicionan su apoyo a Israel al cumplimiento real de la ley.

¿Se arriesgan estos gobiernos a sufrir acciones legales contra ellos?

Todos ellos afrontan desafíos legales a través de sus propios tribunales, en general con perspectivas de éxito bastante bajas. Lo que les debe preocupar sobre todo a estos gobiernos es que están socavando la autoridad del derecho internacional para el futuro. La próxima vez que quieran confiar en el derecho internacional, lo encontrarán debilitado por sus propias acciones. De eso es de lo que deben preocuparse. La coincidencia de la agresión rusa en Ucrania y la guerra de Israel en Gaza es una tormenta perfecta porque muestra cómo los gobiernos occidentales que se consideran defensores del derecho internacional sólo están dispuestos a exigir su cumplimiento cuando es frente a sus adversarios, no frente a sus aliados. Y eso es muy perjudicial para el derecho internacional, que, como la autoridad de toda ley, proviene de la seguridad de la expectativa, es decir, que casos similares sean tratados de manera similar. Si los estados que se consideran defensores del derecho internacional hacen una cosa con respecto a Rusia y Ucrania y otra completamente diferente con respecto a Israel y Gaza, debilitan la autoridad normativa del derecho internacional y lo encontrarán debilitado la próxima vez que quieran recurrir a él. 

Es muy fácil exigir el cumplimiento de la ley a tus adversarios, pero la exigencia más efectiva es a tus aliados. Lo que necesitamos es ver a los estados mirándose unos a otros y avisando a sus aliados cuando están en guerra de que sólo les apoyarán si cumplen con el derecho internacional, y tan pronto como tengan indicios de violaciones graves del derecho internacional, cesar todo apoyo diplomático, financiero y armamentístico

Como experta en disuasión nuclear, ¿las maniobras nucleares de Rusia puedan derivar en el uso voluntario o accidental de armas nucleares?

No quiero ser alarmista, pero el riesgo de un ataque nuclear probablemente no ha sido tan alto desde el pico de la Guerra Fría. Estamos geopolíticamente en un contexto muy peligroso. Hasta ahora la disuasión ha funcionado en el sentido de que el presidente Putin ha sido disuadido de usar armas nucleares por la perspectiva de una posible participación de la OTAN. Y me alegro de que haya funcionado hasta ahora. Pero depende de quién toma las decisiones en Rusia y con qué cálculo. Este es un momento muy peligroso.

¿Qué se puede hacer? 

Si la pregunta es qué puede calmar este momento, los estados de la OTAN tienen una oportunidad de intentar elevar el umbral nuclear volviendo a hablar sobre lo que significa cumplir con el derecho internacional en el contexto de su disuasión nuclear. No está del todo claro que las posturas nucleares de los estados que están comprometidos con el derecho internacional humanitario sean aplicables con sus exigencias legales. Al iniciar una conversación sobre cuál es la norma sobre armas nucleares, los estados occidentales y la OTAN pueden desactivar este momento además de aferrarse al elemento disuasivo.

No quiero ser alarmista, pero el riesgo de un ataque nuclear probablemente no ha sido tan alto desde el pico de la Guerra Fría. Estamos geopolíticamente en un contexto muy peligroso

¿La política de disuasión nuclear necesita actualización?

La disuasión es por definición especulativa, basada en la idea de que puedes actuar de alguna manera que influirá en la otra parte para disuadirla de usar armas nucleares. Es necesario actualizar constantemente qué significa exactamente, sobre todo porque es un concepto psicológico. Siempre surge la pregunta: ¿a quién intentas disuadir de hacer qué exactamente? Deberíamos actualizar lo que significa disuadir al otro lado con respecto a las capacidades tecnológicas y el contexto geopolítico. También pienso en la evolución de las normas sobre lo que no es y no es una amenaza aceptable. 

¿Qué deberían hacer los gobiernos para devolver paz y estabilidad a Europa?

Pienso en lo básico. Es un gran logro de la civilización que tengamos reglas de derecho internacional que limitan cuándo está permitido usar la fuerza y cómo se debe usar la fuerza. En este momento, se necesita coraje político y moral por parte de los gobiernos para no desperdiciar ese logro y defender estas reglas. Se necesita coraje porque deben ser defendidas en todos los contextos o de lo contrario se marchitarán. La autoridad normativa del derecho proviene de que constriñe a todos por igual. 

Esta no es la panacea para crear paz en la Tierra, pero lo es si los estados quieren evitar cosas peores, si quieren evitar recaer en una era anterior donde no teníamos las instituciones que construimos con tanto esfuerzo. Deben tomarse en serio invertir en derecho internacional y apoyar con su propio poder político y diplomático el cumplimiento legal. Deben hacerlo sin miedo ni favoritismo en todos los contextos políticos, incluso si es inconveniente. Ese es el primer paso. Eso no va a resolver todos nuestros problemas geopolíticos. Pero resolver estos problemas geopolíticos sin el derecho internacional o con el derecho internacional sustancialmente debilitado porque ha sido desenmascarado como una herramienta que los estados occidentales usan selectivamente cuando les conviene, va a ser aún más difícil. Hay mucho en juego.

La valenciana Almudena Bernabéu, primera española abogada 'barrister' en Reino Unido, es la fundadora de Guernica 37, un bufete de 30 abogados expertos en genocidios y justicia transicional, con sedes en Londres, Madrid y San Francisco. Con 25 años en activo y experiencia en casos como los de Augusto Pinochet y Efraín Ríos Montt o el asesinato de Ignacio Ellacuría, intervino en la querella contra nueve altos oficiales sirios por las torturas y asesinato del hermano de una ciudadana española en 2017. La denuncia fue admitida por el juez Eloy Velasco, pero finalmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la rechazó por “falta de jurisdicción”.

También participó en la demanda de un español-tibetano contra China por el genocidio de Tíbet. En esa ocasión, el freno fue político. El Partido Popular había aprobado en 2014 en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar aún más la jurisdicción universal.

“Crueldad y sadismo se encuentran en todos los conflictos armados, no así en la escala televisada de este genocidio mediático que, a falta de reporteros, que han sido asesinados, trasmiten a diario las propias víctimas”, dice Bernabéu sobre la matanza de Israel en Gaza. “Como si en las cámaras de gas hubiéramos entregado teléfonos inteligentes a aquellos desahuciados”. 

Los abogados de Guernica37 parecen los candidatos perfectos para llevar denuncias de ciudadanos indignados. ¿Puede un ciudadano español reaccionar ante la barbarie y presentar denuncias a través de ustedes? ¿Quiénes son sus clientes?

Sí pueden, pero no es fácil, los clientes pueden ser donantes patrocinadores de víctimas, estados y fundaciones. Son procesos largos y costosos. La precarización de mi sector profesional es la misma desde hace 20 años y favorece al violador de derechos humanos. Durante años, las demandas avanzan solo como consecuencia del esfuerzo altruista y la convicción de unos pocos, y eso se traduce en que la defensa y protección de los derechos humanos sea la excepción y no la regla.

Para combatirlo, fundamos Guernica 37 en Londres en 2017, combinando la práctica privada con el interés publico, según el modelo anglosajón. El hecho de que sea probono limita y reduce la efectividad. En el caso de Siria, trabajamos por encargo de unos ciudadanos agrupados por el mismo interés, revelar al mundo a través de la ley los casos de torturas por los altos mandos del Ejército del [dictador sirio] Bashar Al Asad.

En los años 90, con el caso Pinochet nace un optimismo y en muchos países se ve como posible la lucha contra la impunidad.

Sí, pero los éxitos tornan en castigo, se ve excesiva nuestra intervención y se dice que la justicia universal es una manipulación política, que solo generamos problemas políticos, como el caso contra Ariel Sharon y el de Tíbet/China en España que producen la reforma legislativa por el Gobierno de Rajoy, que acaba con la justicia universal, tal y como era. Esas aberraciones legislativas aún no han sido corregidas.

Rajoy desmanteló el ejercicio de la justicia universal en España, lo cual fue un escándalo internacional, pero no aquí. Los horrores en Ucrania y Palestina generan una oportunidad para entender la importancia de instrumentos como la ley de justicia universal. Existe un gran consenso mundial en exponer esta gran violación de los derechos humanos.

¿Usted ve un caso como el de Núremberg en relación a lo ocurrido en Gaza? 

Será un goteo incesante de acciones legales. Estará la acción liderada por Suráfrica [en la Corte Internacional de Justicia] y en cada tribunal nacional que así lo quiera gracias a la ley de justicia universal. Habrá soldados y oficiales que jamás podrán salir de Israel a no ser que quieran ser arrestados. Este goteo tendrá un coste social y político del que Israel no va a recuperarse.

En mi opinión, la secuela para ellos será más grande que lo que han logrado o lograrán destruyendo Gaza. Esta arrogancia terminará cuando entiendan que van a ser perseguidos toda su vida. El sionismo fue una idea loable y válida tras la Segunda Guerra Mundial, pero hoy no es más que una ideología ultranacionalista enarbolada para justificar agresión y violencia. Hay que mantener el consenso internacional contra lo que han hecho y actuar. 

¿Por qué era necesario fundar Guernica 37? ¿No existía algo así hasta ahora?

Mi salida de España fue involuntaria, enseguida me di cuenta de que, sin el coraje de mis compañeros en España, no hubiéramos tenido el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos que disfrutamos hoy en el mundo. Sin embargo, su aplicación práctica es algo que en España no se ha conseguido sacar de la esfera de la sociedad civil altruista y de la buena voluntad. Existen los expertos, pero no con la capacidad de encontrar dotación económica para sacar las causas adelante. En materia de litigio para establecer responsabilidades por derechos humanos no existe nada como Guernica 37 y ha sido muy bien recibido en el mundo anglosajón, no tanto en España, donde creo que se desconfía por ignorancia del modelo. Eso me apena. España es un país atrevido, iconoclasta e innovador para todo, menos para el derecho.

Usted es la primera mujer abogada española y no educada en Reino Unido que es 'barrister' y que puede litigar ante los tribunales británicos, por lo tanto un grado superior a un 'solicitor'. ¿Por qué quiso serlo?

Me hice abogada especialista en estos temas sobre la marcha, trasteando mucho y entrando en equipos muy grandes, lo que me dio una visión de internacionalidad y posibilidades. Con el idioma y la educación española de los años 90, era muy difícil abrirse paso así que en algún momento, la vida me llevó por la vía del derecho anglosajón que ahora conozco bien. Me gusta para la lucha estratégica respecto a casos complejos pues está centrado en la interpretación y la innovación. Me gusta la importancia de la independencia de los jueces y la integridad de la profesión. Es fundacionalmente democrático, con elementos irrenunciables como el jurado.

¿En Europa se ha violado el derecho internacional por omisión o es que la obligación solo existe selectivamente si los poderes mundiales así lo quieren?

Así es lamentablemente, aunque es de obligado cumplimiento y esa obligación es explícita y 'erga omnes', es decir, universal. Es hora de exigir responsabilidades que se derivan precisamente de no observarla. Lo más importante: la obligación de otros estados, bajo el principio de justicia universal, de exigirlas.

Esta impunidad televisada ¿traerá más autoritarismos a Occidente, donde la matanza de civiles, periodistas y sanitarios o los bombardeos de hospitales sean tolerados? 

Sin lugar a dudas, llevamos treinta años hablando de combatir la impunidad. Con impunidad, la violencia y sus diferentes formas se amplían y se perpetúan. Es absolutamente crucial exigir responsabilidades y no dejar estos crímenes ni ninguno impune.

¿Cómo es la huella transgeneracional que incuba los horrores de un genocidio para que una parte de un pueblo que fue víctima se haya convertido en verdugo, cuatro generaciones después y sin capacidad para reconocerlo?

Todavía no hemos visto ni una quinta parte de los horrores. Pero sufrir no siempre acarrea venganza. Creo que pensar eso es un error. He visto muchos casos de un profundo deseo de pasar página y seguir con sus vidas, de buscar nuevas oportunidades. El genocida que he podido mirar a los ojos es un hombre patético, lo que conocemos como un cobarde. Y en las víctimas he visto muchas veces que los espacios de dolor tan inmensos que han vivido les han dado el acceso a la profundidad de su propia humanidad. Hay sonrisas con las que me he encontrado que no se pueden describir. Es como si mirándoles pudieras palpar qué es la humanidad. Son seres que están a otro nivel. A riesgo de parecer espiritual, son almas que han encontrado el perdón. Es decir, la paz.

Su motor de trabajo es la figura de la víctima. ¿Bajo qué prisma moral un gobierno que inflige una hambruna y mata a más niños en cinco meses que en cuatro años de guerras en todo el mundo aún se presenta como víctima? 

Difícilmente el ataque del 7 de octubre convierte a Israel en víctima o justifica lo que está haciendo. Hay un contexto, el asedio que radicalizó a un grupo terrorista, que pudo tener la simpatía pero no el apoyo del pueblo palestino. Aquí hablar de víctima es continuar la retórica asfixiante que destruirá estos dos países.

¿Qué es lo que nunca debemos olvidar de este capítulo de la historia humana?

Que las consecuencias de la violencia que somos capaces de infligir se van a sentir cada vez más a largo plazo, que no solo destruimos el presente sino que destruimos el futuro.

El Congreso de los Diputados comenzará a tramitar una ley para recuperar en la legislación española la jurisdicción universal, limitada primero durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y eliminada definitivamente en 2014 bajo la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. El PSOE y el resto de partidos del bloque de la investidura han votado a favor de la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar que iniciará ahora su senda parlamentaria. 

La propuesta de Sumar busca devolver a los juzgados españoles la posibilidad de investigar y perseguir crímenes de derecho internacional independientemente del país en el que se haya cometido: genocidio, crímenes de guerra, torturas o delitos de lesa humanidad, entre otros. Es el principio que permitió por ejemplo al juez Baltasar Garzón ordenar el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet o investigar los crímenes cometidos por la última dictadura argentina. 

Este principio estuvo habilitado por la legislación española hasta 2014 a través del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecía que los jueces españoles eran competentes “para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional según la ley penal española.

La primera modificación de este precepto la introdujo el Congreso en 2009, durante el mandato de Zapatero, gracias a los votos socialistas y los del Partido Popular, CiU y PNV. Entonces, se introdujo la necesidad de acreditar “determinados puntos de conexión con España o un vínculo de conexión relevante con España”, recuerda la proposición de ley de Sumar. 

El portavoz sustituto del grupo parlamentario, Enrique Santiago, ha recordado que aquella limitación fue anunciada en 2008 por la ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, tras una conversación con su homólogo español Miguel Ángel Moratinos, aunque en su momento la Moncloa negó aquellas palab ras. “Desde 2008 la Audiencia Nacional instruía una causa por un ataque desproporcionado sobre la franja de Gaza. Una bomba donde murieron 14 civiles, la mayoría mujeres y bebés. Tras la reforma, la Audiencia Nacional tuvo que archivar esta investigación y estos crímenes hoy continúan en la impunidad”, ha dicho el diputado de Izquierda Unida. 

Finalmente, en 2014, la mayoría absoluta del PP y mediante vía rápida en el Congreso, la limitó a “supuestos prácticamente imposibles” como ha dicho este martes Santiago desde la tribuna del Congreso, “eliminando la posibilidad de colaboración con la justicia eliminando la acusación popular”. 

“Esta reforma, todavía vigente, limita la competencia de los tribunales españoles hasta el punto de que en los delitos más graves, como por ejemplo los de genocidio y lesa humanidad, se exige que la persona a la que se le impute el hecho delictivo se encuentre en territorio español, o en los delitos de tortura se exige que el procedimiento se dirija contra un español o que la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español”, plantea la proposición de Sumar en su exposición de motivos. “Es evidente que con esta reforma se restringió el principio de justicia universal, y además para los crímenes internacionales más graves, hasta unos límites que lo hacen irreconocible”, considera. 

La ley que propone ahora Sumar quiere volver a una redacción de 1985 pero recuperando ciertos aspectos de la reforma de 2009, en concreto, la limitación que establecía la necesidad de que se acreditase algún vínculo con España, aunque en este caso elimina esa condición para los delitos de terrorismo. 

“Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos, deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado un procedimiento judicial con garantías que suponga una investigación y una persecución efectiva y eficaz, en su caso, de tales hechos punibles”, precisa la propuesta. 

“Lo que proponemos con esta proposición de ley es volver al modelo de 1985, incluso conservando algunos de los requisitos de la reforma de 2009, con propuestas razonables que exigen algún vínculo del caso con nuestro país, salvo en los casos de genocidio, donde el bien jurídico protegido es la humanidad en su conjunto y debe ser perseguido eficazmente”, aseguró el diputado de Sumar en la rueda de prensa en la que el grupo parlamentario presentó la iniciativa. 

La reforma que plantea Sumar recupera también el “ejercicio de la acción popular” que eliminó totalmente la reforma de 2014 y habilita una mejora técnica, según el grupo, respecto al sistema de 1985, “para poder perseguir delitos según leyes españolas o tratados internacionales ratificados por España, cuando se entiende que son delitos contra la dignidad humana y que vulneran Derechos Humanos básicos, por ejemplo delitos apartheid o de esclavitud”.

El abogado Reed Brody (Nueva York, 70 años) lleva cuatro décadas persiguiendo a dictadores por todo el mundo. Se dedica a reunir pruebas y testigos, recoger testimonios, organizar a las víctimas y articular casos de vulneraciones de derechos humanos para llevarlos ante la justicia. Su trabajo le ha valido el cinematográfico apodo de “el cazadictadores”.

Durante 20 años fue consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch. Ha encabezado misiones de la ONU en la República Democrática del Congo y El Salvador. Tuvo un papel relevante en la acusación contra Augusto Pinochet en Londres a finales del pasado siglo. Representó a mujeres exiliadas del Tibet en la conferencia de la ONU en Pekín. Coordinó también el equipo jurídico para llevar a juicio los crímenes del exdictador de Haití Jean-Claude Duvalier. Logró la condena del exdictador del Chad Hissène Habré y actualmente anda detrás del dictador de Gambia entre 1994 y 2017, Yahya Jammeh, ahora exiliado en Guinea Ecuatorial.

El pasado jueves participó en Barcelona en un encuentro junto al Premio Nobel de la Paz Carlos Umaña, organizado por el Observatorio Social de la Fundació La Caixa.

¿Detrás de quién anda ahora?

Sigo detrás del exdictador de Gambia, Yahya Jammeh, que está exiliado en Guinea Ecuatorial. Todavía trabajo también con las víctimas de Hissène Habré, exdictador de Chad, pidiendo su indemnización. Hago consultorías, represento también al expresidente derrocado de Níger, todavía detenido en su palacio… 

Cuénteme un poco cómo es su trabajo. ¿Cómo salen los casos?

Todo fue a raíz del caso Pinochet. Cuando fue arrestado, un mundo nuevo se abrió en la justicia internacional. Yo coordiné el trabajo de Human Rights Watch (HRW) en la cámara de los Lores en Londres y cuando determinaron que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser arrestado y extraditado en cualquier parte del mundo, a pesar de su calidad de exjefe de Estado, vimos que teníamos un arma, un nuevo instrumento en el derecho internacional para llevar la justicia a las personas que parecían fuera de su alcance. 

Ese caso marcó un punto de inflexión.

Totalmente. El arresto llegó tres meses después de la conferencia de Roma, que instauró las bases para la Corte Penal Internacional (CPI). En 1998 se creó un nuevo escenario de justicia internacional, todo el mundo empezó a soñar quién iba a ser el próximo, cómo íbamos a organizarlo... Yo fui contactado por los chadianos para plantearme el caso de Hissen Habré. Me dijeron “queremos hacer como las víctimas chilenas”. Después me contactaron los gambianos y me dijeron que querían hacer lo mismo que los chadianos. Cada caso es distinto, pero el motor siempre es la voluntad de las víctimas de hacer justicia. 

¿Sería posible algo similar a un caso Pinochet a día de hoy? Tanto Bélgica como España han derogado las leyes que le conferían jurisdicción universal para juzgar este tipo de casos.

No sería posible... Yo vivía en Bélgica cuando EEUU presionó para derogar esa ley. Vino Donald Rumsfeld [secretario de Defensa con George W. Bush] y dijo que si los líderes de la OTAN no podían venir con seguridad a Bélgica, habría que pensar en sacar la sede del país. Uno de los responsables de justicia en Bélgica me dijo “ahora ya sabes cómo es vivir en una república bananera”. EEUU no solo obligó a cambiar la ley, sino que estuvo vigilando cómo Bélgica lo cambiaba.

Esos años de jurisdicción universal en España y Bélgica fueron un paréntesis en la historia.

Sí. Totalmente. Hoy en día no habría las condiciones para crear la Corte Penal Internacional. 

¿Hay más impunidad hoy en el derecho internacional que hace 20 años?

Vamos a verlo... Tenemos otro hito que es la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con el caso de Sudáfrica contra Israel. La justicia internacional siempre ha sido un instrumento de occidente contra gente sin poder. Nunca se ha podido actuar contra actores occidentales potentes. Creo que el caso de Sudáfrica puede cambiarlo todo.

Hoy en día no habría las condiciones para crear la Corte Penal Internacional

Mucha gente no sabe que la Corte Penal Internacional (CPI) no ha condenado nunca a ningún jefe de Estado.

¡Es cierto! Nadie se da cuenta de eso. Lo recuerdo en muchos de mis artículos. Algunos dicen que solo se han condenado a líderes africanos. Pero es que ni eso. No era para eso que creamos la CPI…

¿Por qué cree que ocurre?

Hay un defecto estructural: la CPI no tiene capacidad de capturar a nadie, no tiene policía. El otro problema es la distancia. Hubo un caso contra los líderes de Kenia. ¿Qué puede hacer un tribunal en La Haya para juzgar hechos cuyos imputados tienen control sobre el territorio en su país? Es una justicia en el mejor de los casos muy distante, pero al mismo tiempo la existencia de la CPI es muy importante por varias razones: representa el compromiso de la comunidad internacional con la justicia. También porque las disposiciones del Estatuto de Roma están transpuestas en muchas leyes nacionales. A su vez ejerce una presión sobre los países.

Da la impresión de que al fin y al cabo es una corte subsidiaria: solo actúa cuando los sistemas nacionales no tienen esa capacidad.

Exacto, pero es que esa es la idea, la complementariedad. La idea desde el principio de la CPI es actuar cuando la justicia nacional no puede o no quiere actuar. 

¿Cree que a día de hoy sigue siendo injusto el derecho internacional? La sensación es que solo se acaba persiguiendo a líderes débiles o sin influencia geopolítica

Es muy temprano para hablar porque el caso de Sudáfrica puede cambiarlo todo.

¿Pero hasta la fecha no cree que ha sido injusto?

Totalmente. Ha sido muy desigual. Siempre ha sido occidente el que impuso sus estándares y su ley. Para mí, el caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) va a tener o puede tener tantos efectos en el mundo como el caso Pinochet y la creación de la CPI. Demostraría que el derecho internacional también puede ser un instrumento de los oprimidos contra los poderosos. Puede suponer una reconfiguración del derecho internacional y que los países del sur tengan interés y posibilidad de recurrir a este tipo de justicia. 

En esta misma sección, Philippe Sands admitía que el derecho internacional a día de hoy es injusto, pero confiaba que con el paso del tiempo, décadas o siglos, acabaría siendo algo más igualitario. ¿Comparte este optimismo?

¡Él fue nuestro abogado en el caso Pinochet! No puedo discrepar en nada con Philippe, es un tipo brillante y sabe mucho más que yo de derecho internacional. Yo no tengo su background académico, acabé aquí por casualidad. Pero como decía Martin Luther King: “el arco moral del universo tiende hacia la justicia”. Hay momentos en que es muy difícil pensar esto, como a día de hoy con lo que está pasando en EEUU, Europa o Israel.

También es un derecho muy lento.

Sí, pero es así como debe ser. Es un derecho que se hace con el tiempo. Para que algo sea una norma de derecho internacional, tiene que ser aceptado por el mundo entero. Eso requiere tiempo.

Y persistencia.

También. Y estrategia. Para mí, como abogado, ver que hace poco el mundo entero tenía los ojos puestos en el tribunal de La Haya durante las audiencias y el veredicto sobre la denuncia de Sudáfrica contra Israel, era como ver la final de la copa del mundo. Esto me alienta el corazón. Yo he escrito muchos artículos sobre la ausencia del derecho en medio oriente. Ahora el derecho está en el centro del debate. 

La lentitud hace que algunos acaben muriendo en la cama: Duvalier o Pinochet, por mencionar algunos de los casos en los que ha trabajado. ¿Puede ser frustrante?

Sí que lo es. Para mí, pero sobre todo para las víctimas. Recuerdo la víspera de la vista con Hissen Habré: sus abogados dijeron que había tenido un infarto. Fue un bulo, pero te das cuenta de que quieres que sigan vivos para que puedan ser juzgados. Uno puede trabajar 25 o 30 años en un asunto. Tengo amigos que han estado décadas con un caso sin ningún resultado. Al final lo importante es la tenacidad, la perseverancia de las víctimas y la independencia del poder judicial. Estoy con un caso en Surinam, donde en diciembre se condenó a su expresidente por una matanza que cometió 41 años antes. En el lapso de tiempo pasaron muchas cosas, incluso su elección democrática durante 10 años.

El caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia puede tener tantos efectos en el mundo como el caso Pinochet

¿Qué fue lo que le atrajo del derecho internacional? 

Nunca lo estudié. Pero en 1984, siendo fiscal general adjunto en Nueva York, visité Nicaragua para ver con mis ojos la revolución sandinista. Conocía a un cura americano que me permitió hablar con supervivientes y víctimas de La Contra, la guerrilla antisandinista financiada por el Gobierno de Ronald Reagan. Regresé después a Nicaragua cuatro meses más y escribí un informe que acabó siendo portada del New York Times y se presentó en el Congreso. Eso fue clave para cortar la financiación estadounidense al grupo. Todo eso me cambió la vida y me llevó a los derechos humanos. 

¿Es cierto que en su despacho de HRW tenía un mapa del mundo e invitaba a sus compañeros a señalar los países donde se encontraban tiranos y torturadores contra los que se debían abrir causas?

Así es [ríe]. Yo nací y crecí en Brooklyn, mi madre era una artista muy avantgarde y todas las paredes de la casa estaban llenas de cosas. Mi cuarto estaba lleno de mapas. Desde pequeño que los adoro y creo que influyó en lo que hago en la vida. Tenía ese mapa en la oficina y justamente pedí a mis compañeros, después del caso Pinochet, cuando se abrió el mundo de la justicia internacional, que vinieran y propusieran donde podíamos actuar. Fuimos poniendo chinchetas. Los periodistas adoraban esta historia. 

También nos gusta ese apodo de “cazadictadores”.

Eso fue por un par de documentales que me llamaron así y se quedó. Es cierto que me ayuda en el sentido de que es muy mediático, pero a la vez desestima un poco lo serio o lo constructivo de lo que yo pretendo hacer. No vengo a rescatar a nadie como un superhéroe. Desde el primer momento, y esto es un factor importante en lo que hago, trabajo con las víctimas. Parte de mi trabajo es ayudar a formar, dialogar y hacer un verdadero partnership con ellas para que no se les ignore. Las cosas que logramos no son porque ha llegado de repente un “cazadictadores” y lo arregla. 

Antes hablaba de su familia. Como descendiente de judíos, ¿le afecta a la hora de valorar lo que está ocurriendo en Gaza?

Me afecta mucho. Mi padre pasó años en campos de trabajo, era muy sionista. Siempre decía que si fuese más joven hubiese ido a Israel a combatir. Yo entiendo la importancia que tenía Israel en su momento como lugar de seguridad para un pueblo oprimido y casi exterminado. Yo soy judío, estoy orgulloso de la historia del pueblo judío pero no puedo aceptar que nos convirtamos en opresores. Y eso es lo que está pasando. Durante las décadas en que trabajé en derechos humanos intenté evitar el asunto. Ahora no. Creo que lo que está haciendo Israel en Gaza sobrepasa cualquier límite. Y no creo que sea bueno para el pueblo judío en general. Genera antisemitismo. Están haciendo lo mismo que hizo EEUU después del 11 de septiembre. 

En EEUU (y también en Alemania) parece difícil criticar lo que ocurre en Gaza. 

Pasé unos días en Alemania hace poco y es incluso peor que en EEUU. Es un fenómeno muy complejo, ya viste lo que pasó con la rectora de Harvard. Lo único que me alegra es ver la cantidad de judíos que protestan en EEUU, pero me preocupa que todo esto pueda hacer perder a Biden. Los votos de los árabes musulmanes son claves en swing States como Michigan. También hay muchos negros en EEUU que se identifican con Palestina... Es muy complicado porque muchos judíos también votan a Biden. Pero creo que su complicidad casi total con Israel puede inclinar la balanza hacia Trump. Tengo amigos progresistas que no van a votar a Biden por su política en Israel. 

¿Cree que está en juego la democracia americana si vuelve a ganar Trump?

Sí. Puede ser el fin de la democracia en Estados Unidos. 

Usted lo ha comparado en alguna ocasión con un dictador africano.

Creo que es incluso peor. Los dictadores africanos lo suelen tener más fácil porque no hay instituciones tan robustas. Si logramos sobrevivir al primer mandato de Trump fue en parte por la fortaleza de las instituciones americanas, pero también porque ni él se esperaba ganar. No estaba preparado y se rodeó de personas del establishment que lograron frenar alguna de sus derivas. Ahora es distinto, ya tiene todo listo para atacar desde dentro a las instituciones y contrapoderes estadounidenses si gana. Creo que podría ser el fin de la democracia en EEUU. 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas con sede en La Haya, ha pedido a Israel que tome medidas para evitar “actos de genocidio” en la guerra que está librando en Gaza, en respuesta a solicitud presentada por Sudáfrica, que presentó una demanda contra ese país denunciando un “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva contra la Franja, donde más de 26.000 personas han muerto desde el pasado 7 de octubre. El Tribunal también ha ordenado a Israel a que permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

La decisión ha sido tomada por 15 votos a favor y dos en contra, de los 17 jueces encargados de la demanda presentada a finales de diciembre, en la que Sudáfrica alega violaciones de la Convención sobre el Genocidio por parte de Israel contra los palestinos. La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, ha dicho en la apertura de la sesión de este viernes que el tribunal “está preocupado por la pérdida de vidas [humanas] y el sufrimiento en Gaza” y ha señalado que la ofensiva Israelí “ha causado muertes, una gran destrucción y el desplazamiento masivo” de los habitantes de la Franja, basándose en las declaraciones de varios altos representantes de la ONU, incluido el comisionado general de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Ante todo, la CIJ ha dictaminado que tiene jurisdicción para juzgar este caso y, además, que los palestinos de Gaza representan un grupo que tiene derecho a ser protegido ante un posible genocidio. Para evitar que eso ocurra, el tribunal ha emitido una serie de “órdenes de emergencia” para proteger a los gazatíes, pero no ha ordenado un alto el fuego.

La Corte ha pedido a Israel “tomar todas las medidas que están en su poder para evitar actos” que se incluyen en la Convención contra el Genocidio y que son: “asesinar a miembros del grupo” protegido, “causar daño físico o mental grave a miembros del grupo”, “imponer al grupo condiciones de vida que conlleven su destrucción física, en parte o en total” e “imponer medidas que eviten nacimientos dentro del grupo”. En su fallo, la CIJ detalla que “el Estado de Israel debe garantizar que sus militares no cometen ningún acto de los descritos arriba” y tiene que “evitar y castigar cualquier incitación directa y pública a cometer genocidio de los palestinos en Gaza”. De cara a la desesperada situación humanitaria, el tribunal exige a Israel “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a los gazatíes.

Además, Israel tendrá que presentar a la CIJ un informe con todas las medidas adoptadas para aplicar las órdenes, en un plazo de un mes a partir de este viernes.

Israel no cumplirá las órdenes

La ministra de Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, a la salida de la vista en La Haya, ha lamentado que la CIJ no haya incluido un cese de las hostilidades en su fallo pero ha afirmado que, para cumplir con las órdenes del tribunal, es necesario un alto el fuego. “La corte ha mandado una clara señal a Israel”, ha añadido, al mismo tiempo que ha advertido que no cumplir las órdenes de emergencia dictadas este viernes sentaría un “precedente peligroso”.

El Gobierno israelí adelantó este jueves que no tenía intención de acatar las medidas cautelares, si estas incluían un alto el fuego, porque “no tiene fundamento”, afirmó su portavoz, Eylon Levy. También se mostró confiado en que la CIJ fallaría a favor de Israel: “Esperamos que la CIJ desestime estas acusaciones espurias y engañosas”. Las decisiones del máximo tribunal de Naciones Unidas son vinculantes y no pueden ser apeladas, pero de facto la Corte no dispone de ninguna forma para imponer sus decisiones y que estas se apliquen.

Tras conocerse el fallo, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que la acusación de genocidio contra Israel “no sólo es falsa, es escandalosa”, aunque se ha mostrado satisfecho con que el tribunal no ordenara el cese inmediato de las hostilidades. “Como todo país, Israel tiene el derecho básico a la autodefensa. El tribunal de La Haya rechazó con razón la escandalosa exigencia de privarnos de este derecho”, ha afirmado.

Por su parte, el grupo islamista Hamás afirmó anoche que acataría la decisión de la CIJ si Israel también lo hacía y si cumplía con el alto el fuego que se esperaba que ordenara el tribunal. También aseguró que pondría en libertad a los rehenes que secuestró el día 7 de octubre y que siguen en sus manos y de otras milicias palestinas, si Israel excarcela a los presos palestinos que están recluidos en ese país.

Precisamente, la defensa que Israel presentó ante la CIJ el pasado día 12 se basa en los ataques de Hamás del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos, buena parte de ellos residentes de las comunidades judías cercanas a la Franja de Gaza. Esos ataques no forman parte central de la acusación sudafricana e Israel alega que es el elemento clave que justifica su derecho a la legítima defensa. Aún así, ante la posibilidad de que el tribunal emitiera una decisión en su contra, Israel –por primera vez en su historia– ha decidido defenderse y, de esta forma, reconocer la legitimidad de la CIJ.

Documentos desclasificados

El periódico The New York Times informó el jueves de que Israel ha desclasificado más de 30 documentos secretos con órdenes del Gobierno y de los líderes militares para tratar de rebatir las acusaciones de Sudáfrica, en concreto, su “intención genocida”. Esas órdenes muestran que Israel hizo “esfuerzos” para no causar muchas muertes entre los civiles palestinos, según el diario, que ha revisado una copia de los documentos presentados a la CIJ. La defensa de Israel trata de probar que, aunque dirigentes políticos israelíes, incluidos ministros, han hecho llamamientos a expulsar a todos los palestinos de Gaza o matarlos, las órdenes oficiales del Ejecutivo y del Ejército no apuntaban en ese sentido.

Precisamente, Sudáfrica incluyó en su demanda de 84 páginas declaraciones oficiales de altos cargos políticos y mandos militares, así como lo que dicen los propios soldados en vídeos grabados por ellos mismos en Gaza, en los que prometen venganza contra los palestinos, expresan su desprecio y odio hacia ellos, o se ríen del sufrimiento que les están causando. Según uno de los abogados del equipo sudafricano, la “intención genocida” está “arraigada en la creencia de que el enemigo está incrustado en la vida civil palestina de Gaza, no solo en el brazo militar de Hamás”.

El propio presidente de Israel, Isaac Herzog, responsabilizó a todos los palestinos del ataque perpetrado por Hamás. Mientras, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, calificó a los gazatíes de “animales humanos” para justificar la decisión de cortar por completo el suministro de agua, luz y combustible a la Franja –suministro que aún no ha sido restablecido y que, entre otras cosas, está causando la propagación de enfermedades debido al consumo de agua contaminada y respiratorias por la quema de todo tipo de residuos para cocinar y calentarse–. La presidenta del CIJ citó esas declaraciones y otras de ambos dirigentes en la sesión de este viernes.

Según The New York Times, los documentos desclasificados no incluyen las órdenes emitidas en los primeros diez días de ofensiva contra Gaza, cuando Israel cerró el grifo del agua y la electricidad, y limitó las entregas de combustible y otros suministros básicos a la Franja.

250 juristas, incluidos catedráticos, abogados, jueces y profesores universitarios, así como un exfiscal del Estado y un letrado del Tribunal Supremo, han firmado una petición para que el Gobierno español se sume a la demanda que el Ejecutivo sudafricano presentó a finales de año contra Israel por genocidio.

La iniciativa ha sido promovida por la RESCOP (Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina) y busca, por una parte, mostrar públicamente el apoyo a la demanda de Sudáfrica y, por otra parte, “instar al Gobierno de España a adherirse a la demanda y a participar activamente en el procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y a hacer cumplir el contenido de la decisión que se adopte tanto cautelarmente como definitivamente”. RESCOP destaca la “obligación legal” de España de sumarse a la demanda “como lo ha hecho en el caso de Ucrania contra Rusia”.

Los firmantes afirman conocer “el contenido de la demanda interpuesta por la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justica de la Haya contra el Estado de Israel hace pocos días sobre el incumplimiento de este último de la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio en relación con los miembros de la comunidad palestina, solicitando la imposición de obligaciones y la adopción de medidas cautelares inmediatas para el estado de Israel”. 

“La Convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio obliga a que los Estados empleen todos los medios razonablemente disponibles para prevenir el genocidio, y entre estos medios está el recurso ante la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo IX del Convenio”, explica una de las firmantes, Ana Manero, Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. “España puede presentar una declaración de intervención como ya ha hecho en el caso de Ucrania contra Rusia”, añade.

Este jueves se celebra la primera vista del caso contra Israel en la CIJ de la Haya, que podría emitir un fallo provisional en cuestión de semanas para que se adopten medidas cautelares para detener la violencia y el presunto genocidio. Sudáfrica ha solicitado que se dicte una medida cautelar, en consonancia con la tendencia general de la CIJ a dictar sentencias de este tipo en la última década. Las medidas cautelares de esta corte tienen por objeto congelar la situación jurídica entre las partes para garantizar la integridad de una futura sentencia definitiva y son consideradas vinculantes dada la “función básica de resolución judicial de controversias internacionales” del tribunal. Sin embargo, los Estados no tienen porqué cumplirlas.

Israel ha declarado que se defenderá en los tribunales tras décadas de boicot al máximo tribunal de la ONU y a los 15 magistrados que lo componen, pero eso no significa que vaya a acatar sus decisiones.

Sudáfrica defenderá su acusación basada en los “actos y omisiones de Israel”, considerados por ese país “de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida... de destruir a los palestinos de Gaza como parte de un grupo nacional, racial y étnico más amplio”. Asimismo, en un escrito en el que explicó detalladamente sus motivaciones, alega que “la conducta de Israel –a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan en su nombre- en relación con los palestinos de Gaza, viola las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.

Israel ha denunciado que la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, en la que se acusa a Israel de genocidio y crímenes de guerra en Gaza, equivale a apoyar a Hamás.

Israel ha calificado de “calumnia manchada de sangre” la demanda de Sudáfrica ante el CIJ –que empezará a estudiarla este jueves– en la que alega que el Estado judío ha incumplido sus obligaciones como firmante del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y ha matado intencionadamente a miles de civiles palestinos. Distintas organizaciones judías sudafricanas han acusado al gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) de apoyar el terrorismo y el antisemitismo.

Sin embargo, lo cierto es que la demanda que ha interpuesto Sudáfrica, y que tiene por objetivo poner fin a los ataques que inició Israel en Gaza como respuesta a los atentados transfronterizos del grupo palestino Hamás el 7 de octubre, se produce tras años de deterioro de las relaciones entre Israel y Sudáfrica. El deterioro tiene sus orígenes en la estrecha alianza militar de Israel con el régimen del apartheid durante algunos de los años más opresivos del régimen blanco y en el apoyo brindado por el CNA a la causa palestina durante décadas.

En reacción a la demanda de Sudáfrica ante el CIJ, el rabino jefe en ese país, Warren Goldstein, ha acusado al partido en el Gobierno de actuar “como aliado y apoderado de Irán en los planes del Estado Islámico para destruir el Estado judío” y de apoyar “a Hamás, como apoderado de Irán, en sus crímenes de guerra”.

La Junta de Diputados Judíos de Sudáfrica se ha sumado a las críticas, acusando al Gobierno de seguir “humillándose en la escena internacional” y de “no tener vergüenza” a la hora de utilizar los tribunales internacionales con fines políticos. Por su parte, los críticos de la Junta han respondido acusándola de actuar como apoderada de Israel. Andrew Feinstein, exparlamentario judío del CNA, afirma que las críticas tendrán poca fuerza dentro del país. “Desde que tengo uso de razón, el Gran Rabino y el Consejo de Diputados Judíos nunca han criticado nada de lo que ha hecho Israel. Vale la pena recordar que a la comunidad judía organizada de Sudáfrica le resultó extraordinariamente difícil criticar el apartheid hasta mediados de la década de los ochenta. Así que no estamos hablando de personas que hablen desde una posición de integridad moral”, señala.

Feinstein ha destacado que, aunque los sudafricanos judíos tuvieron un papel destacado en la lucha contra el apartheid, fueron rechazados por la Junta de Diputados, que afirmaba hablar en nombre de la mayoría de la comunidad judía en el país africano. La organización colaboró con el régimen blanco y optó por honrar a figuras como Percy Yutar, el fiscal que envió a Nelson Mandela a prisión.

Feinstein ha afirmado que la base de las críticas sudafricanas a Israel es el apoyo que el CNA viene prestando desde hace tiempo a la Organización para la Liberación de Palestina –liderada por el histórico líder Yaser Arafat hasta su muerte en 2004– y lo que él considera una opinión cada vez más extendida de que Israel practica su propio tipo de apartheid en los territorios ocupados. “Hay ciertas causas que están muy arraigadas en el CNA y el apoyo al pueblo palestino es una de ellas. Existe una afinidad con la lucha palestina, ya que se percibe como muy cercana a la lucha sudafricana”, afirma Feinstein.

Una lucha “muy cercana”

El mes pasado, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, dijo a los representantes de la Junta de Diputados que su Gobierno seguiría apoyando a los palestinos “que han soportado más de siete décadas de ocupación brutal tipo apartheid”.

Israel y la Sudáfrica de la era del apartheid desarrollaron una estrecha alianza militar que incluyó la colaboración en materia de armas nucleares, a pesar de que muchos de los líderes afrikáners de la época tenían un historial de profundo antisemitismo. John Vorster, el entonces primer ministro, fue agasajado en una visita a Jerusalén en 1976, a pesar de haber sido internado durante la segunda guerra mundial por simpatizar con los nazis y pertenecer a una milicia fascista que quemó propiedades de judíos.

Tras su llegada al poder en 1994, el CNA estableció relaciones diplomáticas plenas con Palestina, mientras que los lazos con Israel se fueron deteriorando con el tiempo. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Pretoria ha señalado que sólo mantiene una “interacción política y diplomática limitada” debido a la “actitud antagónica” de Israel respecto a las conversaciones de paz con los palestinos y el “desprecio por el derecho internacional en relación con los derechos de los palestinos y sus territorios”.

En 2019, Sudáfrica degradó su embajada en Tel Aviv al estatus de oficina de enlace después de que el Ejército israelí matara a más de 220 manifestantes palestinos dentro de Gaza, en su mayoría civiles desarmados, durante meses de protestas junto a la valla fronteriza que separa los dos territorios. El CNA calificó al Gobierno y al Ejército israelíes de “parias y lacras de la humanidad”.

En noviembre, cuando se intensificó el asalto israelí a Gaza, Sudáfrica retiró a sus diplomáticos de Israel. El Parlamento de Ciudad del Cabo aprobó una resolución en la que pedía al Gobierno que cerrara la Embajada israelí y suspendiera totalmente las relaciones diplomáticas hasta que se produjera un alto el fuego en Gaza e Israel se comprometiera a negociar “una paz justa, sostenible y duradera” con los palestinos.

Sudáfrica también ha pedido a la Corte Penal Internacional que dicte órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros dirigentes israelíes por “declaraciones de intención genocida” y otros presuntos crímenes de guerra. En plena escalada diplomática, Israel retiró a su embajador de Pretoria.

Las relaciones no mejorarán con la elección por Sudáfrica de John Dugard para dirigir su equipo jurídico en la CIJ. Dugard fue relator especial de la ONU para los derechos humanos en la Palestina ocupada durante la década de 2000. Sus informes acusaban a Israel de construir un sistema de dominación judía sobre los palestinos, de violar la convención internacional de 1973 contra el apartheid y de cometer crímenes de guerra. También acusó al Ejército israelí de colaborar con “el terror de los colonos” contra los palestinos. De hecho, en relación a la demanda, Feinstein ha afirmado que, lejos de dañar la posición internacional de Sudáfrica, como afirma la Junta de Diputados, el caso ante la CIJ probablemente reforzará el respeto entre aliados como India, Brasil y China.

“Los representantes de algunos sectores de la comunidad judía, por otra parte, son quizá los que se están avergonzando a sí mismos con su apoyo acrítico a cualquier cosa que haga Israel. No veo en modo alguno cómo esto vaya a humillar a Sudáfrica. De hecho, creo que hace exactamente lo contrario”, señala.

Benjamin Berell Ferencz, más conocido como Ben Ferencz, el último fiscal que quedaba vivo de los juicios de Nuremberg y que juzgó a los nazis por crímenes de lesa humanidad y genocidio, ha fallecido en Florida (Estados Unidos) a los 103 años, según ha confirmado el Museo del Holocausto de Estados Unidos.

“Hoy el mundo perdió a un líder en la búsqueda de justicia para las víctimas del genocidio y delitos conexos. Lamentamos la muerte de Ben Ferencz, el último fiscal de crímenes de guerra de Nuremberg”, ha escrito el museo en sus redes sociales.

El museo conmemorativo, creado para “inspirar a los ciudadanos y líderes de todo el mundo a enfrentar el odio, prevenir el genocidio y promover la dignidad humana”, ha destacado que Ferencz, a los 27 años y sin experiencia previa en juicios, obtuvo veredictos de culpabilidad contra 22 nazis.

Ferencz falleció el pasado viernes en Boynton Beach, una ciudad costera de Florida (sureste) ubicada en al condado de Palm Beach.

Según recoge en su blog el profesor John Q. Barrett, de la Universidad de St. John, en Nueva York, quien fue su alumno, en marzo pasado Ferencz acababa de cumplir 103 años, pero “le gustaba decir que ya estaba viviendo los 104 años”.

De la pobreza y un ambiente hostil a Harvard

Nacido el 11 de marzo de 1920 en Transilvania (Rumanía), Ferencz llegó a los Estados Unidos de la mano de sus padres con 10 meses de nacido.

“Creció en la 'Cocina del Infierno' de la ciudad de Nueva York. Conoció la pobreza, el crimen desenfrenado y el sufrimiento. Rápidamente se convirtió en un estudiante de escuela pública, un graduado universitario, un graduado de la Facultad de Derecho de Harvard y soldado de infantería del Ejército de EE. UU. de la Segunda Guerra Mundial”, rememoró en Barrett en su blog.

Autor de La Lista Jackson, un archivo de publicaciones sobre el juez de la Corte Suprema de EEUU y fiscal jefe de Nuremberg Robert H. Jackson (1892-1954), Barrett dice sentirse muy agradecido de su “maestro” y “querido y generoso amigo” Ben Ferencz.

Después de que Ferencz se graduara en Harvard en 1943, se unió a un batallón de artillería antiaérea que se preparaba para la invasión de Francia.

Como soldado luchó en las principales campañas en Europa. Cuando se descubrieron las atrocidades nazis, fue transferido a una Rama de Crímenes de Guerra del Ejército recién creada para recopilar evidencia de la brutalidad nazi y detener a los criminales, detalla la web benferencz.org.

En su libro PlanetHood: The Key to Your Future (1988), escrito para promover un sistema de derecho internacional completo y con tribunales, Ferencz describe las escenas que presenció mientras liberaba “estos centros de muerte y destrucción”.

“Campos como Buchenwald, Mauthausen y Dachau están grabados vívidamente en mi mente. Incluso hoy, cuando cierro los ojos, soy testigo de una visión mortal que nunca podré olvidar: los crematorios resplandecen con el fuego de la carne quemada, los montículos de cadáveres demacrados apilados como leña esperando ser quemados... Había atisbado el infierno”, narró.

A partir de la primavera de 1946, Ferencz se desempeñó como fiscal en Nuremberg, en la zona de ocupación estadounidense de lo que había sido la Alemania nazi.

Entre 1947 y 1948, detalla Barrett, Ben fue fiscal jefe del caso Einsatzgruppen, sobre el enjuiciamiento a miembros de los escuadrones de ejecución itinerantes de la Alemania nazi. “Era su primer caso como abogado. Acusó a los líderes de las operaciones nazis de exterminio en Europa del Este, de crímenes de lesa humanidad (..), crímenes de guerra y pertenencia a organizaciones criminales nazis”, recuerda su alumno.

Más de 20 acusados de Einsatzgruppen fueron condenados por matar a casi un millón de personas. “El caso Einsatzgruppen fue y es el mayor juicio por asesinato en la historia de la humanidad”, puntualiza Barrett.

“Nuremberg me enseñó que crear un mundo de tolerancia y compasión sería una tarea larga y ardua. Y también aprendí que si no nos dedicamos a desarrollar leyes mundiales efectivas, la misma mentalidad cruel que hizo posible el Holocausto algún día podría destruir a toda la raza humana”, ha dicho Ferencz sobre su interés en establecer una corte internacional para juzgar a cualquier gobierno por crímenes de guerra.

“Desde la primera vez que conocí a Ben, en 1999, supe que sería el fiscal de podio de Nuremberg más longevo. Lo sabía por las matemáticas: Ben era muy joven (26 años, o lo suficientemente cerca) en Nuremberg”, escribó Barrett.

A Ferencz le sobreviven un hijo y tres hijas. Su esposa, Gertrude Fried, falleció en 2019.

Familiares y allegados de José Couso han emplazado este sábado al Gobierno a recuperar la justicia universal para investigar el asesinato del reportero ferrolano, del que se cumplen 20 años en esta misma jornada, en un acto en recuerdo del cámara de Telecinco celebrado en Ferrol, su ciudad de nacimiento.

La cita, impulsada por la agrupación ferrolana de Esquerda Unida, ha comenzado con la lectura de un manifiesto a cargo de la responsable local de la formación, Paula Faraldo, tras la cual ha intervenido el tío del informador, Quico Permuy.

Ante representantes del grupo político y de entidades de la ciudad en la Plaza de la Paz, en el barrio de Esteiro, ha adelantado que se desarrollará un evento similar el próximo 22 de abril en Madrid.

Permuy ha exhortado al Ejecutivo a que se “cumpla con lo establecido” en el acuerdo para la formación de la “coalición progresista” de PSOE y Unidas Podemos, que estipulaba la modificación legislativa precisa para recuperar la justicia universal, suprimida por el anterior Gobierno, del PP.

Así, ha estimado que después de “veinte años no nos cansamos de pedir justicia”, y ha lamentado la cifra de muertes en el colectivo de periodistas en todo el mundo en los últimos años, con referencia a países como México.

Además, ha aludido al caso del periodista Pablo González, “preso e incomunicado en Polonia desde 2022”, tras el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y ha afeado que permanezca “recluido en régimen de aislamiento” y que no contase con asesoramiento legal de “oficio hasta 16 días” después de su detención.

Quico Permuy ha reclamado una “libertad de prensa” plena y ha insistido en “exigir justicia e información veraz”, con apoyo del Gobierno en aras de la “seguridad de los periodistas” para que haya una “información libre”, como también ha pedido “investigación y justicia” para Couso.

Tres días después de que la Corte Penal Internacional emitiera su orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, defendió este lunes la decisión ante “acciones consideradas criminales desde Núremberg” y pidió “fortaleza” a los países que apoyan al tribunal y tienen la responsabilidad última de cumplir sus dictámenes. Los investigadores de la corte llevan meses trabajando sobre el terreno y, según la ONU, ya hay pruebas documentales de asesinatos, violaciones, saqueos, secuestros de niños y deportaciones forzosas a manos de los soldados de Rusia. 

Khan participó en una conferencia de ministros de Justicia celebrada en Londres organizada por Reino Unido y Países Bajos y que ha reunido a 40 países de todo el mundo. La reunión buscaba más financiación y apoyo logístico para que el tribunal pueda hacer su trabajo en línea con las peticiones de los últimos meses. La corte tiene un presupuesto de 169 millones de euros para 2023, aunque el año pasado pidió un aumento para llegar hasta 175 millones. Los anfitriones, Reino Unido y Países Bajos, se comprometieron a aportar un millón de euros extra cada uno, pero no está claro que el tribunal logre el presupuesto solicitado pese a la situación extraordinaria por la invasión de Ucrania y el despliegue de un equipo de 40 personas allí.

“Este es un momento de crisis... Necesitamos fortaleza para hacer justicia”, dijo Khan, que se refirió a los crímenes de guerra que varios grupos de forenses y otros expertos del tribunal investigan desde la exhumación de las fosas de Bucha, una de las primeras masacres a manos de los soldados rusos documentadas el año pasado. “Nos oponemos a acciones que han sido consideradas criminales desde Núremberg”, dijo en referencia a los juicios contra dirigentes nazis que se celebraron en esa ciudad de Alemania entre 1945 y 1946. “Mostramos a aquellos que lo necesitan que la ley les da cobijo incluso cuando el suyo está destruido por bombas que han causado enorme devastación”.

El viernes, el tribunal emitió una orden de arresto internacional contra Putin y su consejera para la infancia, Maria Lvova-Belova, por la deportación forzosa de menores de Ucrania a Rusia, uno de los aspectos que han investigado los fiscales internacionales.

“Este es un momento en el que nos tenemos que dar cuenta de que si no nos agarramos a la ley, no tendremos nada a lo que agarrarnos en el futuro”, dijo Khan, que imploró a Putin que devuelva a los niños ucranianos enviados a Rusia de manera forzosa, según han documentado los investigadores del tribunal, de la ONU y de organizaciones internacionales de derechos humanos. “A cualquiera que diga que esto se trata de una evacuación humanitaria, la evidencia le contará una historia diferente, y así lo han dicho los jueces”, dijo el fiscal, que subrayó que la orden viene tras una “investigación apolítica basada en los hechos”.

También habló del peso que siente el propio tribunal: “No es momento de darse palmaditas en la espalda. Es muy triste y sombrío que por primera vez jueces de la Corte Penal Internacional hayan sentido que es necesario emitir una orden contra un líder y los representantes gubernamentales de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”. Rusia ha respondido abriendo una investigación “criminal” contra los jueces y el fiscal del tribunal internacional y el ex presidente Dmitri Medvedev ha amenazado con bombardear la corte en La Haya.

Cómo ejecutar la orden

El tribunal, con un equipo de 900 juristas y otro personal, no tiene ni policía ni otras fuerzas para hacer cumplir la orden de detención de Putin, que depende ahora de la entrega por parte del país afectado -como hizo Serbia con sus líderes acusados de crímenes de guerra- o de la detención en territorio de otros países que aceptan la jurisdicción del tribunal. La corte ha logrado detener así a 21 personas entre los 31 casos que ha tratado desde su creación en 2002, la mayoría por crímenes de guerra en República Democrática del Congo, Uganda, Mali y Sudán, a menudo por iniciativa de los gobiernos de estos países. Más allá de quién ha firmado la creación de la Corte, la cuestión es si un país acepta o no la jurisdicción del tribunal. La Corte Penal Internacional también tiene una investigación abierta sobre Palestina y dice que tiene jurisdicción en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este porque los palestinos la aceptaron a través de la ONU (Israel firmó, pero no ratificó la creación del tribunal).

Putin está invitado a una cumbre de países emergentes en agosto en Sudáfrica y el Gobierno de este país, que es parte del tribunal, ya ha dicho que es “consciente” de sus “obligaciones legales”. Sin embargo, Sudáfrica no arrestó al presidente sudanés, Omar al-Bashir, cuando visitó el país en 2015 pese a la orden de detención de la corte. Los jueces del tribunal decidieron entonces no emitir una reprobación contra Sudáfrica por no cooperar.

La corte es el primer tribunal internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, según el estatuto de Roma aceptado por 123 países entre los que no se encuentran ni Rusia ni Estados Unidos (Ucrania no lo ha ratificado, pero lo ha firmado y acepta la jurisdicción del tribunal en su territorio desde 2013).

El tribunal se está ocupando de los crímenes en Ucrania como parte de su mandato y su toma de decisiones es independiente después de que países miembros denuncien casos y sin perjuicio de lo que puedan hacer los tribunales nacionales. Sin embargo, todavía existe un debate sobre la conveniencia de crear un tribunal ad hoc para investigar y juzgar los crímenes cometidos en Ucrania, como en el caso de la antigua Yugoslavia y como defienden algunos líderes europeos.

Los principales aliados occidentales de Ucrania aún no han firmado la creación de un tribunal internacional especial para juzgar a Vladímir Putin y a su círculo de confianza por el crimen de agresión y no quieren hacerlo para dejar margen para futuras relaciones con Rusia, según miembros destacados del gobierno de Ucrania.

“Es la política. Por un lado, los países condenan públicamente la agresión pero por otro, no quieren que la puerta que les permite mantener la relación con Rusia se cierre del todo”, dice Andriy Smyrnov, jefe adjunto de la administración presidencial de Ucrania, que lidera los esfuerzos del país para que se constituya un tribunal internacional. “Están tratando de mantener un cierto espacio de maniobras diplomáticas”, subraya Smyrnov. “Sabemos que los acuerdos con Rusia no valen ni siquiera el papel en el que están escritos”, dice.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hace unos días que Rusia no debería ser declarado “Estado patrocinador del terrorismo”, tal y como habían pedido las autoridades ucranianas y algunos políticos estadounidenses. Rusia ha dicho en el pasado que esa designación implicaría que Washington habría cruzado un punto de no retorno en sus relaciones con Moscú.

De hecho, fuentes del Gobierno de Ucrania afirman que desde abril han intentado convencer a sus aliados occidentales de la conveniencia de crear un tribunal especial que juzgue a los altos cargos rusos del crimen de agresión por invadir Ucrania. La agresión se considera el crimen máximo, según el derecho internacional, ya que la transgresión de las fronteras durante una invasión es el requisito para el reconocimiento posterior de crímenes de guerra que se puedan cometer a partir de ese momento.

Hasta ahora, según las autoridades ucranianas, solo los países bálticos y Polonia se han comprometido a apoyar la creación del tribunal. “Esperamos un apoyo más amplio”, ha indicado el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin. “Para nosotros, el apoyo del Reino Unido y de Estados Unidos es muy importante, así como el del resto del mundo civilizado”, dice Smyrnov.

La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, declaró a Times Radio en mayo, cuando era ministra de Asuntos Exteriores, que sopesaría la posibilidad de apoyar tal tribunal.

Un tribunal ad hoc

La Asamblea General del Consejo de Europa solicitó a finales de abril el establecimiento de un tribunal penal internacional ad hoc para juzgar a los responsables “del crimen de agresión contra Ucrania”.

Según The Guardian, el asunto tenía que haberse debatido este jueves. Una portavoz del organismo, Tatiana Baeva, dijo a elDiario.es que “de momento” solo podía “confirmar que el asunto se está considerando en el Consejo de Europa igual que en otras organizaciones internacionales”.

En un acto celebrado el 5 de septiembre en Bruselas, Andriy Yermak, asesor jefe del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se preguntó por el motivo de la demora en la creación del tribunal y señaló que algunos representantes europeos parecían convencidos de que la Corte Penal Internacional (CPI) era suficiente. 

En el mismo acto, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, afirmó estar dispuesto a debatir la idea, pero habló sobre todo de la ayuda que está prestando la UE para recopilar los crímenes de guerra que pueden remitirse posteriormente a la Corte Penal Internacional.

Ucrania es partidaria de que se constituya un tribunal internacional especial para juzgar a los dirigentes rusos por el delito de agresión, que no es competencia de la Corte Penal Internacional. Este tribunal se encarga de juzgar casos de crímenes de guerra que requieren que los fiscales identifiquen a los autores directos de un crimen y luego analicen la estructura de mando para llegar hasta los altos mandos que dieron las órdenes, lo que dificultaría llegar a las altas esferas del régimen ruso.

Sin embargo, los aliados occidentales se han mostrado reacios a dar los pasos necesarios para juzgar a Putin y otros altos cargos, ya que con toda probabilidad esto supondría el fin de las relaciones con Moscú. Ucrania cree que esto es un indicio de que, a pesar de la magnitud de las atrocidades cometidas por Rusia y de las declaraciones públicas contra estos actos por parte de los aliados occidentales, algunos no descartan la posibilidad de entablar negociaciones con los actuales dirigentes rusos.

“Sería como juzgar a los responsables de los campos de concentración y dejar que Hitler y su círculo queden en libertad”, lamenta Oleh Gavrich, que forma parte del equipo de Smyrnov en la oficina presidencial. Durante los juicios de Nuremberg, tras la segunda guerra mundial, los líderes nazis fueron juzgados por el crimen de agresión, que entonces se conocía como crimen contra la paz.

Las autoridades ucranianas afirman que el caso no necesitaría mucha investigación y actuaría como un mecanismo directo para garantizar que los responsables del Kremlin asuman su responsabilidad, ya que una abrumadora mayoría de países reconoció en una votación de la Asamblea General de la ONU que esta agresión había tenido lugar y una resolución del Parlamento Europeo ha dado apoyo a este reconocimiento. Putin y su círculo también lo han reconocido en numerosas ocasiones.

Terra Incognita

La rama jurídica de Open Society Foundations ha redactado una acusación preliminar contra Putin y siete de sus aliados más cercanos por el delito de agresión. De hecho, ha avanzado que espera que el documento sirva para mostrar que es viable constituir un tribunal especial.

“Cuando apoyas a la Corte Penal Internacional, contribuyes a la autoridad judicial independiente y, de alguna manera, no estás vinculado con la decisión final”, dice Kostin, fiscal jefe de Ucrania. Sin embargo, “cuando apoyas [un] tribunal, actúas como un Estado, es un acto político y no todos, por el momento, están dispuestos a apoyarlo políticamente”.

“Rusia es como terra incognita (territorio inexplorado) para muchos de ellos y algunos quieren mantener cierto espacio para, si no ser amigos de nuevo, sí mantener cierta relación, cosa que no entiendo, como tampoco entenderá ningún ucraniano”, asegura Kostin.

Smyrnov señala que algunos países ven con escepticismo la idea del tribunal porque Putin y sus hombres serían probablemente juzgados in absentia. “El principal mensaje que quiero transmitir a los países escépticos es que la creación de este tribunal no es una cuestión de simbolismo”, indica Smyrnov.

“El hecho de que Putin esté sentado de manera presencial en el banquillo o no lo esté no supone ninguna diferencia. Si la mayoría de los países civilizados del mundo firman este acuerdo internacional para establecer el tribunal... reduciremos y limitaremos los aliados internacionales de Putin”, dice el jefe adjunto de la administración presidencial de Ucrania. “Sería muy positivo que la lista de aliados de Putin se reduzca a Corea del Norte y Siria, y sería un castigo en sí mismo el hecho de que Putin muriera en su propio país como un criminal internacional”, opina.

Traducción de Emma Reverter

La Justicia de El Salvador investigará la autoría intelectual de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, tras 32 años, después de que un tribunal ordenara este viernes que la causa contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y 10 personas más pase a instrucción.

La apertura de esta etapa, en la que se realizará un investigación judicial, es el paso previo para que el caso pueda ser llevado a juicio.

Este proceso contra los supuestos autores intelectuales se venía posponiendo desde el año 2000, cuando un tribunal dictó el sobreseimiento de la causa en favor de seis militares y el expresidente Cristiani por la existencia de una ley de amnistía.

Orden de captura contra Cristiani

El juez José Campos, titular del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, ha resuelto que 11 de los acusados enfrenten la etapa de instrucción, mientras que dictó el sobreseimiento del proceso a favor de dos militares fallecidos.

El juez ha ordenado la detención del expresidente Cristiani, con paradero desconocido, y del coronel retirado Inocente Montano por no presentarse y no nombrar abogados defensores. En el caso de Montano, este se encuentra en España, donde fue condenado a 133 años de prisión por la Audiencia Nacional por esta misma masacre.

Cristiani llegó al poder en 1989 con la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y es conocido como “el presidente de la paz” por firmar el final de la guerra civil (1980-1992).

Mediante un comunicado, divulgado en redes sociales por una de sus hijas, el también empresario se ha desvinculado de los planes para ejecutar a los jesuitas, entre ellos el del español Ignacio Ellacuría. “La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”, ha sostenido Cristiani.

El expresidente afirma que es víctima de “acoso político” por el fiscal general, Rodolfo Delgado, a quien tilda de ser “impuesto” por el Gobierno de Nayib Bukele.

Cristiani se ha convertido así en el quinto presidente de la historia reciente de El Salvador con orden de captura, tras Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), por estar vinculados a actos de corrupción.

Delitos de lesa humanidad

Inicialmente eran 13 los procesados, pero la corte ha ordenado el sobreseimiento por haber fallecido para Francisco Elena Fuentes y René Emilio Ponce, este último cabeza principal del Ejército en el momento de los hechos. El juez ha ordenado también la detención del exdiputado Rodolfo Parker, y de los militares Nelson Iván López, Joaquín Cerna y Óscar León. Para el general Rafael Bustillo, Camilo Hernández, Rafael Larios, Juan Orlando Zepeda y Manuel Rivas se ha decretado la libertad condicional.

Estas personas enfrentan cargos de asesinato, comisión por omisión de asesinato, actos de terrorismo, proposición para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.

La defensa de los militares ha solicitado que los cargos de fraude y encubrimiento fueran desechados por no considerarse delitos de lesa humanidad, pero el juez los ha elevado a esa categoría al señalar la “conexión” que tienen con los asesinatos.

El general se desvincula

Bustillo y Hernández han sido los únicos procesados que han acudido a la audiencia inicial y divulgación del fallo, donde el primero se ha desvinculado y ha señalado que no participó en una reunión en la que se dio la orden de asesinar a Ellacuría “sin dejar testigos”.

El informe de la Comisión de la Verdad de 1993 relata que antes de la masacre se reunió el alto mando del ejército, cita en la que Ponce ordenó eliminar a líderes de la insurgencia y sindicalistas. Tras esa reunión, se mantuvo otra en la que supuestamente estuvieron Bustillo, Ponce, Fuentes y Montano, y en la que se habría ordenado la matanza de los jesuitas.

“No estuve yo allí, porque yo había partido para la Fuerza Aérea. Yo me retiré de la primera reunión a las 8 y 10 minutos (de la noche) y no volví a regresar”, ha dicho a la prensa Bustillo y ha añadido “¿cómo diablos iba yo a saber?”.

Investigación tres décadas después

Este proceso se ha demorado más de tres décadas a raíz de una ley de amnistía de 1993, que fue anulada en 2016, y un fallo de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba su cierre.

En 2017, por petición de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), una corte ordenó su reapertura, pero se retrasó por diversos recursos presentados por la defensa.

El último fue uno de casación que dos jueces suplentes de la Sala de lo Penal del Supremo respaldaron y ordenaron el cierre de la causa, pero la Sala de lo Constitucional revirtió dicha decisión al declararla inconstitucional.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de élite mató a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la UCA.

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinados Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

La Fiscalía General del Estado ha dictado este martes un decreto de apertura de diligencias de investigación en las que incluirá todos los indicios de posibles delitos relacionados con la invasión rusa de Ucrania, con el objeto de colaborar con la Corte Penal Internacional o incluso proceder a presentar una querella ante los tribunales españoles si se dieran los requisitos para ello, tal como adelantó el lunes elDiario.es. 

“La agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificada y, por tanto, no aparado en normativa internacional alguna y, por tanto, no amparado en normativa internacional alguna, sino que además de la violación de su soberanía se están originando otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, obligatorio en todo tiempo, momento y circunstancias, según los Convenios de la Haya y Ginebra”, recoge el decreto dictado por la fiscal general, Dolores Delgado.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció la semana pasada que ha abierto una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y lesa humanidad a petición de 39 países, entre los que se encuentra España. “Mi oficina ha encontrado una base razonable para creer que se han cometido delitos dentro de la jurisdicción de la Corte y ha identificado posibles casos que serían admisibles”, declaró el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan. Por el momento, la Fiscalía General del Estado no cuenta con información de que Rusia haya podido cometer algún delito contra ciudadanos españoles, pero las diligencias de investigación que se van a abrir servirían de base en el caso de que se produjeran víctimas españolas.

La propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, informó este lunes en Bilbao de una reunión mantenida con la fiscal general de Ucrania el pasado sábado en la que analizaron una posible cooperación jurídica entre ambos países y la “contribución a la justicia universal desde la Fiscalía española”. 

Delgado apuntó la posibilidad de que la Fiscalía española pueda “tomar declaración a víctimas, testigos… para tener ese acervo probatorio que poner a disposición de aquellos tribunales que, en su momento, puedan enjuiciar estos hechos”. Sería en el marco de las citadas diligencias de investigación donde se incluirían esos posibles testimonios, precisan las fuentes consultadas. 

“No existe legítima defensa en el ilícito actuar por parte de la Federación de Rusia, como tampoco autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, únicas circusntancias que convertirían en lícitas y permitidas las actuaciones hasta ahora ejecutadas”, añade el decreto dictado hoy, en el que se encarga la investigación preliminar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesus Alonso.

La reforma legal aprobada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy limitó considerablemente la aplicación de la justicia universal desde España, pero aún existen casos en que los tribunales locales pueden emprender acciones si la víctima es española. 

Por ejemplo, en los delitos de lesa humanidad y de desaparición forzada, la jurisdicción española podrá actuar si “la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español”. Los tribunales españoles también podrían actuar si los hechos ocurridos en el extranjero son considerados terrorismo y hubiera víctimas españolas. La propia Delgado ha aludido a este artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para “canalizar esa cooperación y esa contribución a la justicia universal desde la Fiscalía española”.

¿Contra Putin?

Preguntada por la posibilidad de dirigir una acción penal contra el presidente ruso, Vladímir Putin, Delgado afirmó: “No se debe hablar ahora tanto de personas como de concretar qué hechos están ocurriendo y cuál es la respuesta que desde espacios de Justicia se puede dar en distintos ámbitos”.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, consideró el pasado domingo “muy creíbles” los informes que califican como “crímenes de guerra” actos cometidos por Rusia en Ucrania. “Hemos visto informaciones muy creíbles sobre ataques deliberados a civiles que constituirían un crimen de guerra”, dijo durante una entrevista con la CNN, asegurando que Estados Unidos estaba “revisando” esta información.

Lista de rusos investigados en España

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a los fiscales Anticorrupción, de la Audiencia Nacional y Antidroga que elaboren una lista con las causas que investigan a ciudadanos rusos. El objetivo de esa recopilación de información trasciende a oligarcas como Mijail Fridman e incluirá también a los rusos que están imputados por cualquier delito vinculado a la criminalidad organizada.

Aunque el motivo último del encargo de la lista no ha sido trasladado a las fiscalías especializadas, la medida transcurre paralela a otra adoptada ayer, la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por la invasión rusa de Ucrania. 

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón de militares entró en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador y asesinó a seis jesuitas españoles y a dos mujeres. Ellos eran Ignacio Ellacuría –uno de los máximos exponentes de la Teología de la Liberación–, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López y Amando López. Ellas, Elba y Celina, madre e hija, trabajaban en la casa donde vivían los religiosos.

En los años 90, un tribunal del país juzgó a una decena de militares como autores materiales, pero la ley de amnistía impidió juzgar a los señalados como autores intelectuales. Entre ellos, el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano. Este último fue condenado en España en noviembre de 2020 a 133 años de prisión por estos asesinatos, después de que la Audiencia Nacional los calificara como crímenes contra la Humanidad.

“Justicia y verdad”

No era el primer asesinato rodeado de impunidad en El Salvador. Ya había ocurrido a finales de los años setenta con el crimen de Rutilio Grande, que será beatificado este mes en una ceremonia frente a miles de personas. O en 1980, tras el martirio del arzobispo Óscar Romero, que fue beatificado por el Papa Francisco en 2015 y canonizado años después.

Pero si el reconocimiento católico con la llegada de Bergoglio marcó un claro distanciamiento del poder político local, la sentencia en España supuso un punto de inflexión en el ámbito penal: a partir de ella, la Justicia salvadoreña recibió una nueva petición para reabrir el caso, que en un primer momento fue denegada por la Sala de lo Penal. Ahora, el Tribunal Constitucional ha ordenado que el proceso se reabra, después de admitir un recurso de amparo presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado. El Constitucional ha dado 10 días a la Sala de lo Penal para que “modifique” una resolución de 2020 en la que cerraba el caso, señalando en un texto dado a conocer el pasado miércoles que se “violó el derecho de acceso a la Justicia de las víctimas”.

“La decisión la recibimos con agrado porque responde a una demanda de justicia y de verdad, que tanto la Compañía de Jesús como la UCA y los familiares de las víctimas han reclamado desde que ocurrió la masacre”, manifestó el rector de la UCA, Andreu Oliva, quien resaltó un punto a favor de este posible nuevo proceso judicial: “La Audiencia Nacional española ya ha hecho casi toda la investigación necesaria”.

¿Qué decía la sentencia de la Audiencia Nacional ? El fallo, que llegó 31 años después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, del que formaba parte no solo Inocente Montano, sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.

“Sin dejar testigos vivos”

Al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN), el Alto Mando decidió ejecutar a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad y quien de forma más intensa intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.

Siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa, personal y ejecutiva al coronel Guillermo Benavides –único condenado, hasta la fecha, en El Salvador– de ejecutar al jesuita “sin dejar testigos vivos de ello”, y pusieron bajo su mando a 40 soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados por el ejército de los Estados Unidos, fuertemente armados y equipados, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor.

Fue una decisión “tan grave” como la de “ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado”, deja claro el Supremo. Es decir, se adoptó “desde el poder establecido y utilizando las armas del poder frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública” y que “nada pudieron hacer para defenderse”.

En el fondo subyacía el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil salvadoreña, que les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia se enfocó especialmente en la figura de Ellacuría.

Fue “un acto alevoso tendente a asegurar el crimen y a evitar cualquier opción de defensa” desde el mismo momento en que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas “participó en la decisión de ordenar” asesinar tanto a Ellacuría como a los que se encontrasen allí, sin importar quienes, para que no hubiera testigos.

Las víctimas, que se encontraban durmiendo cuando fueron asesinadas, no tuvieron ninguna capacidad de defensa. No eran parte del conflicto armado, subraya el Supremo, de modo que el crimen “fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado” contra su vida, “pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de diez años de guerra interna”. Ahora, 32 años después, la memoria de Ellacuría y los mártires de la UCA puede fructificar, también, en un acto de justicia y reparación en El Salvador.

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