Una Feria de Abril a la madrileña y un “estadio” construido a mayor gloria de una artista internacional en el mismo entorno donde el Ayuntamiento planteó “un circuito completo para que los chavales dispusieran de una infraestructura pública para grabar su música”. La evolución del recinto ubicado entre el distrito de Villaverde y el municipio de Getafe simboliza gran parte de las transformaciones que la capital ha experimentado en la última década.

La sede actual del festival Mad Cool, que aterriza cada año entre las quejas vecinales y la disputa política por sus efectos en el descanso o la movilidad de los vecinos, subsiste y consigue nuevos eventos pese a que la masiva asistencia de personas se produce sin una parada de transporte público en al menos un kilómetro a la redonda. Su siguiente reto serán los (de momento) once conciertos de Shakira ante 50.000 espectadores como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Los albergará una infraestructura que sus impulsores proclaman “estadio” y que vendrá acompañada de otros servicios de venta ofertados en el “Parque Macondo”, guiño a los Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, alrededor del Iberdrola Music.

Ese es el nombre comercial del recinto desde el verano de 2023, cuando se sumió en una nueva y más ambiciosa etapa, después de los graves problemas de organización en aquella edición del Mad Cool (que han remitido parcialmente en las siguientes) y en el concierto de Harry Styles. La viabilidad económica del espacio, un antiguo trigal relativamente próximo a algunas viviendas, pero sin conexiones de transporte cercanas, se vio reforzada cuando Mahou San Miguel adquirió el 51% de la empresa que lo gestiona. Una operación con vistas a apuntalar el proyecto de la mano de nuevas citas de calado.

Todo ello en medio de un contexto de feroz competencia por convertir a Madrid en referencia internacional de macroeventos deportivos y musicales, con el hueco para recoger parte de la oferta en este segundo apartado que ha dejado la suspensión de conciertos en el Santiago Bernabéu. De ahí la disposición de los gestores del Iberdrola Music a servir de sede para la residencia de Shakira o para la frustrada y cancelada Madrilucía, que ampliaba aún más el rango y características de actividades. Pero, aunque haya caído en el olvido, el enfoque original del entorno distaba mucho de esta concepción actual como “eventódromo”.

La utopía musical que diseñó Carmena, adaptó Villacís y desechó Almeida

Durante el mandato de Manuela Carmena, el ímpetu por convertir a Villaverde en un centro neurálgico de la escena musical tomó un cariz muy distinto. El proyecto para La Ciudad del Sonido, que aquel Ejecutivo no tuvo tiempo de desarrollar, quería impulsar “un circuito completo para que los chavales del distrito dispusieran de una infraestructura pública para grabar su música”. Así lo describió en conversación con elDiario.es Guillermo Zapata, exconcejal de Ahora Madrid y uno de sus ideólogos.

El objetivo era fomentar tres vertientes: “Locales de ensayo, de grabación y un espacio para conciertos”. Zapata hablaba de Villaverde como un distrito donde “un montón de grupos se buscan la vida para grabar y enseñar lo que hacen”. Así, “no en todas partes necesitan que se invierta tanto en recursos y apoyos”.

Con la llegada a Cibeles de José Luis Martínez-Almeida, mediante el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos en su primera legislatura, la vicealcaldesa Begoña Villacís hizo suya la reconfiguración de este plan inicial. Al menos, eso deslizaba cuando en 2022 anticipaba el traslado del Mad Cool a Villaverde desde su anterior ubicación en Valdebebas. Auguraba Villacís que el festival actuaría de “lanzadera” para una transformación de mayor calado en la zona, gracias a una serie de dotaciones culturales y educacionales englobadas en la renombrada como Ciudad de la Música.

“Llevamos tiempo trabajando en la localización de un nuevo centro de acumulación de talento, economía y creatividad en torno a la producción musical con un proyecto innovador”, explicó por aquel entonces la ex edil del Consistorio, sin apenas referencias a la idea previa de Ahora Madrid. Desde la corporación municipal matizaron luego que la Ciudad de la Música estaría ligada a los grados de producción musical e ingeniería del sonido de la Universidad Carlos III, la más cercana, a la que cederían parte del suelo público. También los entregarían a “empresas interesadas en invertir en Madrid y traer sus centros de trabajo en torno a la producción musical”. Pero finalmente, con la salida de Ciudadanos de Cibeles y la mayoría absoluta del PP de Almeida, el destino del proyecto fue el mismo que el de Carmena y Zapata: el olvido.

“Han sido un engaño, pero no una sorpresa. Sabíamos que nos estaban vendiendo la moto”, resumió años después en declaraciones a este periódico Gema, una de las portavoces de la plataforma vecinal Stop Mad Cool Villaverde. En uno de los distritos con menor renta por habitante de Madrid, los residentes vieron en la iniciativa cultural una oportunidad de modernizar los barrios y reforzar sus tejidos culturales con dotaciones al servicio de la ciudadanía. El resultado, en cambio, ha provocado su repetida movilización ante el “colapso”, “la suciedad” o la “inseguridad” que generan unos eventos que apenas han contribuido a la prosperidad de la Colonia Marconi, Villaverde Alto y Getafe Norte.

Choque político con dos modelos de ciudad enfrentados

La coyuntura ha generado reproches cruzados entre el equipo de Almeida y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín (aliado a su vez con la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández). En una reciente entrevista con Somos Madrid, Martín alertaba del peligro de “actuar en una ratonera” si no se acometen mejoras de cara a las actuaciones de Shakira. Ha llegado incluso a pedir por carta al alcalde que reconsidere las autorizaciones a este tipo de citas. “Él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones”, opinaba. “No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que algo de esta naturaleza debe tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro”, añadió.

Pero el conflicto tiene también un componente de concepción antagónica acerca del modelo urbano. La polémica en torno a Madrilucía, que debería haber aterrizado en el Iberdrola Music a finales de mayo o principios de junio, puso sobre la mesa los reparos de la oposición a la conversión de Madrid en “un parque temático”. Así definió el proyecto la portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, que llegó a reunirse en el Senado con su homólogo en el Ayuntamiento de Sevilla y con la regidora getafense. Para Maroto, Madrilucía es “un festival que se apropia de un referente con una identidad muy arraigada en Sevilla, como es la Feria de Abril” y se preguntaba si lo siguiente sería “ver los Sanfermines en la Gran Vía”.

El equipo de Almeida, por contra, se ha entregado a esta y la gran mayoría de iniciativas alrededor del recinto. Aunque puso algunos reparos a Madrilucía (solicitó su retraso inicial para no coincidir con las fiestas de San Isidro), desdeñó las críticas de la oposición. El responsable de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha acusado al delegado del Gobierno de fomentar un “boicot a la ciudad” por sus dudas con los conciertos de Shakira. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz cuestionó a “una izquierda triste y ceniza”. “Le parece mal la Fórmula 1, le parece mal la NFL, le parece mal cualquier gran evento que viene a la ciudad y le parece mal que Madrid esté de moda”, lamentó la edil, en unas declaraciones que dejaban a las claras el tipo de ciudad que su Ejecutivo pretende seguir fomentando.

En esa misma intervención, solo una semana antes de que trascendiera la suspensión de Madrilucía, Sanz avanzó que el Ayuntamiento estaba trabajando con los promotores “para que pueda ser un grandísimo espectáculo y se desarrolle en las mejores condiciones”. Unas generosas palabras como las que visten cualquiera de los macroeventos a los que aspira la capital en general y el Iberdrola Music en particular. Como las que utilizó Pino Sagliocco, presidente de la promotora Live Nation, para exponer las garantías que a su juicio tendrá el “estadio” de Shakira gracia a un espacio “experimentado y bien acondicionado”. El lugar que pudo haber servido para formar a las bandas madrileñas del futuro y que en cambio ahora pasa la tradición andaluza o la obra de Gabriel García Márquez por el filtro de la mercadotecnia.

En pleno cruce de reproches con la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que desplegará 10.000 efectivos durante la visita del Papa a la capital, entre el 6 el 9 de junio. Así lo ha detallado este martes la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, cuyo departamento será el que transfiera a los agentes. “Toda la plantilla va a estar absolutamente implicada”, aseguró la también vicealcaldesa en declaraciones que recoge Europa Press. Incluye en el saco a los equipos de de SAMUR-Protección Civil o el Cuerpo de Bomberos.

El mismo día se ha celebrado una reunión institucional para ultimar la visita del Papa, presidida por la Delegación del Gobierno y sobre la que Sanz ha resumido un tono “cordial” y un carácter puramente organizativo. Como resultado de la cita se ha pactado constituir una mesa de coordinación y cooperación entre instituciones, incluyendo a a la Archidiócesis, que dejará todo a punto para el aterrizaje de León XIV. Sin embargo, a la par hubo un cruce de reproches entre la representación del Estado en la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha espetado al delegado Francisco Martín que se dedique a “criticar cosas un poco espurias” en lugar de “estar a la altura y dedicarse a lo importante para la llegada de León XIV. La representante autonómica hacía así referencia a unas declaraciones de Martín, que cuando convocó a equipos municipales, regionales o episcopales aludió a que los primeros (Ayuntamiento y Comunidad) no habían respondido previamente a su llamada para coordinar conjuntamente la visita del Papa. La propia Inmaculada Sanz reprochó en declaraciones públicas las palabras del delegado, sobre el que dijo estar ”muy necesitado de polémica“.

En la reunión entre administraciones, acudió por parte del consistorio el jefe de gabinete del alcalde, Diego Lozano. La vicealcaldesa ha asegurado que ya hubo encuentros previos en materia de seguridad. “A medida que se vayan concretando todas y cada una de las visitas se irán haciendo planes concretos”, ha subrayado la delegada del Área.

“El Ayuntamiento de Madrid se va a volcar para que esta visita sea un éxito y para que los madrileños y todos los que vengan de fuera la disfruten. Se ha hablado de seguir manteniendo estas reuniones en las próximas semanas y por lo tanto entiendo que habrá alguna otra convocatoria, pero los representantes que han estado en esta reunión entiendo que serán los que acudan a las siguientes reuniones. No hay ningún tipo de polémica”, ha recalcado, tratando de zafarse del ruido por las tensiones con Delegación.

En esta entrevista reciente con Somos Madrid, Francisco Martín reconoció que aún continuaban “aterrizando la agenda y la logística” en torno al acontecimiento, considerándolo una “gran oportunidad” para Madrid. “Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido. [...] Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien”, deslizó ya entonces.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

“Me dirijo a usted para solocitarle formalmente que reconsidere su posición y que el Ayuntamiento de Madrid no autorice la celebración de eventos masivos en el Iberdrola Music”. Así arranca el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, una misiva dirigida al alcalde José Luis Martínez-Almeida. En ella, pide al regidor que no autorice por el momento actividades multitudinarias en el recinto situado entre el distrito de Villaverde y el municipio de Getafe.

La comunicación llega en un contexto en el que acaba de hacerse pública la celebración de al menos seis conciertos de Shakira en septiembre. Actuaciones en un “estadio” al aire libre con capacidad para 50.000 espectadores bautizado con el nombre de la artista colombiana y que se levantará para la ocasión. Estará integrado en una residencia que pretende convetir a Madrid en “epicentro de la cultura latina”, según sus promotores. Todo ello en un entorno que albergará otras actividades culturales en las jornadas de conciertos, llamado Parque Macondo.

La petición, con fecha del pasado lunes 23 de marzo, apela a evitar estos grandes acontecimientos “mientras no concurran las condiciones adecuadas de accesibilidad, movilidad y seguridad que una ciudad como Madrid debe garantizar a quienes acuden a estos espectáculos”. Martín recuerda al alcalde que es una “reclamación” que viene realizando expresamente desde hace tiempo ante “los antecedentes recientes que desaconsejaban el uso de ese espacio para eventos con afluencia masiva de público”. Señala, igualmente, que el propio Gobierno de Cibeles “se ha reconocido, desde lo sucedido con Harry Styles, que aquel no era un espacio adecuado para eventos de estas características si no se corregían previamente los déficits”. Una “constatación” que para el delegado “debería haber llevado a una actuación mucho más decidida para evitar los mismos problemas”.

Señala que “en la reunión institucional celebrada en 2024 en la Delegación del Gobierno”, que presidió el propio Francisco Martín, se volvió a constatar por las administraciones y organismos implicados que seguían existiendo “deficiencias relevantes en materia de accesibilidad, movilidad y ordenación de flujos de entrada y salida, incompatibles con la celebración de grandes eventos en condiciones de seguridad”.

Martín había mostrado ya sus reservas ante el proyecto de la cantautora responsable de éxtiso como Loca o Ciega, sordomuda. Deslizó que el Iberdrola Music “sigue sin tener las condiciones adecuadas” para conciertos tan ambiciosos. Reclamó a Almeida e Isabel Díaz Ayuso que se tomen “muy en serio” la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad de Madrid: “No puede ser que ahora estén facilitando que en un espacio como Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fans, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen esa serie de características”.

Un cuestionamiento que el concejal delegado de Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, había desdeñado al achacarle un interés por “boicotear la ciudad”. Pino Sagliocco, presidente de la promotora Live Nation, defendió las cualidades del recinto en la presentación del pasado lunes de la llegada a Madrid del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y lo definió como un espacio “experimentado y bien acondiconado”, sin entrar a valorar las distintas multas a las que Mad Cool se ha enfrentado en los últimos años.

Sagliocco sostiene que “el plan de movilidad está ya hecho” y apela a su experiencia: “Tengo 48 años de profesión, jamás haría un concierto sin un plan de movilidad avalado por ingenieros. La seguridad del público está por encima de todo. No hay ni un detalla dejado al azar”. El empresario rememoró incluso que la cantante Adele “establecó su residencia en un parque de Munich”, en contraposición a las grandes prestaciones que desde su punto de vista ofrece el Iberdrola Music.

El promotor zanjó este tipo de controversias con una declaración tajante que apela precisamente a posibles multas: “Un acto de esta envergadura merece pagar las multas que sea”. Además, contrapuso los beneficios que reportará con otro gran evento que llegará a Madrid en septiembre, ya que cree que los conciertos y experiencias en torno a Shakira “generan diez veces más que la Fórmula 1”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a corregir al juez Juan Carlos Peinado y ha levantado la imputación que pesaba sobre Francisco Martín, delegado del Gobierno en la capital, dentro de la causa contra Begoña Gómez. Los magistrados entienden que Peinado aceptó investigar a Martín basándose en la querella de Vox y en “meras suposiciones sin el más mínimo indicio de responsabilidad” en la parte del caso que analiza la contratación de la asistente de Begoña Gómez.

Peinado imputó a Martín el pasado mes de mayo tras admitir a trámite una nueva querella de Vox. Martín fue secretario general de Presidencia en Moncloa entre 2021 y 2023 y la extrema derecha afirmaba que tuvo un papel delictivo en la contratación de Cristina Álvarez, asesora al servicio de Begoña Gómez. En su declaración como investigado, Martín negó directamente haber participado en esa contratación.

El propio juez Peinado preguntó a las partes hace unos días si debía archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid pero la Audiencia Provincial se ha adelantado: “Tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre”.

La ramificación del caso que rodea a la asesora de Begoña Gómez es la que el juez Peinado ha utilizado para intentar llevar sus imputaciones hasta el Palacio de La Moncloa. El Tribunal Supremo frenó su intento de imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y ahora la Audiencia Provincial de Madrid levanta la imputación de Martín, entonces también alto cargo. El propio Peinado reculó hace unos días y archivó la causa contra otra dirigente de Presidencia del Gobierno a la que pretendía encausar por el mismo asunto.

En este nuevo revés, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda a Peinado lo que ya ha dicho otras veces: que esta pata de la investigación debe centrarse en si esta asistente fue más allá de sus funciones pública para favorecer el supuesto “plan delictivo” de Begoña Gómez para ejercer su “tráfico de influencias”. “Esta debía ser la dirección que debería tomar la instrucción”, reprocha el tribunal para después añadir que “no se proporciona el más mínimo indicio que el citado cargo tenga esa supuesta función de control”.

Que Begoña Gómez usara a su asistente para “intereses privados”, dice la Audiencia, puede ser un delito de malversación pero “no se cita en la querella, ni se proporciona el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad del citado Francisco Martín Aguirre”. Peinado, por tanto, nunca debió admitir la querella de Vox del pasado mes de mayo contra Martín ni llamarle a declarar como imputado.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez, ha preguntado a las partes si debe archivar la causa para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Lo hace tras recibir un escrito en el que la Fiscalía considera que su imputación debe ser revocada porque su situación es “idéntica” a la de la actual secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra Gómez, a la que exoneró 11 días después de imputarla. “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribe el fiscal. 

El magistrado mantiene investigado a Martín desde el pasado mayo como sospechoso de participar en la supuesta malversación que suponen las labores de Cristina Álvarez para Begoña Gómez en relación con la Universidad Complutense. La defensa de Martín recurrió su imputación hace casi seis meses, pero la instancia superior todavía no ha dado respuesta a ese recurso. 

Entre tanto, el Tribunal Supremo rechazó su maniobra para escalar el caso hasta la Moncloa e involucrar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que llegó a tomar declaración en su despacho el pasado abril. Peinado intentó implicar a Bolaños por malversación con el argumento de que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando la asesora fue nombrada. 

En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. 

En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado.

Tras interrogar a Bolaños, el juez imputó a Francisco Martín. En su caso, la citación venía motivada por el hecho de que —en el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno que ocupó entre 2021 y 2023— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia. 

El derrumbe en el mediodía del martes de un edificio en el número 4 de la calle Hileras, a poca distancia de la Plaza Mayor de Madrid, ha despertado numerosas muestras de consternación entre la clase política. El suceso, que ha dejado tres personas heridas y cuatro fallecidos, provocó el regreso precipitado a la capital desde Londres del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. “Estamos pendientes del derrumbe parcial de varios forjados en un edificio en obras en la calle Hileras”, escribió el regidor desde su cuenta de X, en un post en el que informaba además sobre el despliegue de efectivos de rescate, atención sanitaria y seguridad.

El mensaje, publicado a las 14.22 del martes (alrededor de una hora después de que comenzasen a circular las primeras informaciones al respecto), vino continuado por el anuncio de su viaje inmediato a Madrid. Almeida iba a participar esta semana desde la capital británica en la conferencia Bloomberg LSE European City Leadership, sobre el liderazgo de las grandes ciudades europeas.

Hasta el entorno de la tragedia se desplazaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes regionales consultadas por Europa Press, la dirigente autonómica siguió la situación en el puesto de control habilitado para conocer cómo avanza la situación. También se personaron en el lugar la vicealcaldesa de la ciudad, Inma Sanz, así como el concejal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante.

Acudió igualmente a los alrededores de la calle Hileras el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En declaraciones a los medios de comunicación, Martín llamó a ser “prudentes” mientras se conocía el alcance de lo que ha catalogado como “una catástrofe en el tajo”. “Toda la labor de los servicios de emergencia y de seguridad, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Policía Nacional, están volcados en asegurar esta zona y, por supuesto, en encontrar a esas personas que todavía se encuentran desaparecidas”, afirmó.

Martín explicó que “se ha venido abajo el forjado de un edificio que se estaba rehabilitando y esto ha conllevado una caída a plomo hasta el sótano”. La zona ha quedado acordonada y desalojada y se irá analizando en qué condiciones se encuentran los edificios vecinos antes de tomar decisiones sobre el regreso de sus ocupantes. El delegado también ha indicado que es prematuro hablar de qué ha causado “este accidente laboral, esta catástrofe en realidad”. A su vez, confirmó que se trataba de “un accidente laboral y presumiblemente las personas desaparecidas estaban en el tajo”.

Óscar López, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, compartió en X que seguían “muy pendientes” el derrumbe. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública dijo que estaba “en contacto con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, desplazado a la zona”. “Gracias a los equipos de emergencia que están trabajando sobre el terreno”, apostilló López.

Otra figura del Gobierno central, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, agradeció la “pronta actuación” en la zona y recalcó su “deseo de recuperación de todas las víctimas”. “Seguiremos de cerca las investigaciones de la Inspección [de Trabajo]”, en un post de Blue Sky.

La líder del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, expresó por su parte en X la “preocupación” ante lo acontecido. “Mi apoyo a las personas afectadas y agradecer el excelente trabajo de los servicios de emergencia y de todos los profesionales que están actuando sobre el terreno”, añadía.

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Consistorio, Eduardo Rubiño, se manifestó en términos similares a través de la misma red social: “Esperamos la pronta recuperación de los heridos y que se encuentre a los desaparecidos lo antes posible”.

Condolencias a familiares y amigos de los cuatro fallecidos

Políticos y representantes municipales han expresado sus condolencias a la familia y los amigos de los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio. La fatídica noticia se ha confirmado la madrugada de este miércoles, cuando los bomberos han localizado entre los escombros los cuerpos de los desaparecidos. Fuentes de Emergencias Madrid han informado del rescate de dos de los cuerpos poco antes de las 3.00 horas después de hallar y recuperar otros dos cadáveres el martes por la noche.

El primero en pronunciarse ha sido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha trasladado un mensaje de “cariño” a los familiares y allegados de las víctimas. Martín ha publicado un mensaje en su perfil oficial de la red social X en el que ha aprovechado para reconocer el trabajo de los servidores públicos de los servicios de seguridad y emergencias de la región que “una vez más, lo están dando todo” en las calles.

También se ha sumado a las condolencias el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha mandado un “sentido abrazo” a los allegados de las cuatro personas fallecidas y ha agradecido a los servicios de emergencia por haber trabajado sin descanso, “como hacen siempre”. “Un sentido abrazo a las familias, amigos y compañeros de las cuatro personas fallecidas en el derrumbe del edificio en el centro Madrid y que han sido localizadas esta noche. Todo nuestro cariño y solidaridad en estos difíciles momentos”, ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido la “extraordinaria labor” de los servicios de emergencia “evitando prolongar la agonía” de los allegados de las cuatro víctimas mortales del derrumbe. “Gracias a la extraordinaria labor de los servicios de emergencia ya se han rescatado los cuerpos de los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio del centro, evitando prolongar la agonía de sus familias y conocidos. DEP. Nuestra cercanía y ánimo a todos ellos y a quienes trabajan en la construcción”, ha trasladado Ayuso en sus redes sociales pasadas las 7.30 horas de este miércoles.

Poco antes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha sido uno de los principales canales de comunicación sobre los avances de los servicios de emergencias en la operación, ha confirmado el fallecimiento de los cuatro desaparecidos y ha expresado sus condolencias a través de la red social X: “Todo nuestro cariño y apoyo a sus familias, amigos y compañeros en este durísimo momento”.

Además, el Gobierno local, ha suspendido toda su agenda para este miércoles.

Más Madrid cancelaba anoche su agenda para este miércoles al conocerse el fallecimiento de dos de los desaparecidos, mientras que su portavoz en funciones en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, enviaba el pésame de la formación a “los familiares y seres queridos” al confirmarse el hallazgo de los dos cuerpos restantes.

Por su parte, Rita Maestre, que se encuentra disfrutando de su baja de maternidad, también ha mandado un mensaje a las familias de las víctimas y ha agradecido su labor a los equipos de emergencia.

También cancelaba su agenda la portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, quien reconocía esta mañana a los servicios de emergencia su trabajo y enviaba al entorno de los fallecidos su “cariño y pésame”. Un mensaje que hacía propio también el partido regional en sus redes sociales.

En el plano nacional, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha mostrado su consternación por lo ocurrido a través de Bluesky, donde ha reivindicado que “nadie debería perder la vida en el trabajo” y ha anunciado que su ministerio se encuentra “en contacto” con la inspección.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha lamentado el “desgraciado” resultado del derrumbe y ha aprovechado para agradecer su labor a los servicios de emergencias.

Más de 9.000 folios reunidos en 19 tomos y una pieza separada, cuatro investigados y más de una treintena de testigos interrogados, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ministro de Justicia, Félix Bolaños, y varios presidentes de empresas del Ibex. Son las grandes cifras de la causa que el juez Juan Carlos Peinado sigue desde hace casi un año y medio contra Begoña Gómez, a la que este miércoles comunicó que si finalmente se sienta en el banquillo por el delito de malversación que le atribuye por las tareas que realizó su asistente será un jurado “popular” quien determine si es o no culpable. 

Precisamente para comunicarle esta decisión el juez la ha citado el próximo sábado por la tarde en su juzgado junto a la asesora Cristina Álvarez y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era el jefe de la asistente en la Moncloa cuando envió los tres correos a empresas que colaboraban con la esposa del presidente que sustentan la imputación por este delito. Será la quinta vez que Begoña Gómez tenga que asistir a la sede de los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde es habitual que se concentren grupos de exaltados vinculados a algunas de las asociaciones ultras que ejercen la acusación. En la última ocasión, hace solo dos semanas, la Policía acordonó la zona y encapsuló a los manifestantes en la acera contigua. 

En las causas que se juzgan por jurado popular son nueve ciudadanos de a pie, elegidos por sorteo, los encargados de decidir si creen a las acusaciones o a las defensas. La Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995, delimita los delitos que se pueden enjuiciar a través de esta institución jurídica. Entre ellos están los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, como es el caso de la malversación que Peinado atribuye a Begoña Gómez.

La decisión de anticipar un posible juicio con jurado popular es el último hito de una causa que el magistrado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia. 

La Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado, ha dado un aval parcial a sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de dos investigados o anular registros. Por el momento, y a pesar del ruido político y mediático, en las varias ramificaciones abiertas no constan evidencias de los cinco delitos que persigue el magistrado mientras se agolpan los testimonios que descartan sus sospechas.

El magistrado también encajó el pasado julio otro sonoro revés cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la ramificación del caso relativa a la asesora de Begoña Gómez. Los jueces del Alto Tribunal lo acusaron incluso de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial. 

Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado.

Una querella de Manos Limpias

La causa ha ido expandiéndose después de que la querella de Manos Limpias acusara a Begoña Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos. 

Las sospechas sobre Air Europa fueron rápidamente refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios pese a la insistencia del juez en seguir investigando un asunto que el PP ha convertido en una de sus principales armas políticas. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la instancia superior le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.

Tras el revés con Air Europa, Peinado también perdió el control sobre la segunda pata de la querella inicial, la relativa a la supuesta influencia en los contratos de Barrabés, porque la Fiscalía Europea asumió esa parte de las pesquisas. Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en dos adjudicaciones públicas por las “cartas de recomendación” que recibió de la mujer del presidente. En realidad, Begoña Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

Cuando la Fiscalía Europea le arrebató esa parte de la investigación, Peinado optó por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en los otros contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. Por el momento, no ha aflorado ningún indicio del delito de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial avaló esa parte de la investigación, aunque también reprendió a Peinado por registrar la casa y la oficina del empresario mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces le advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y anularon ese registro. En su momento, el juez también intentó interrogarlo durante ese ingreso.

Reveses de la Audiencia Provincial

De ahí, el magistrado pasó a buscar irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Y lo hizo apoyado en querellas y escritos de las acusaciones populares ligadas a la extrema derecha. Investigó primero si su contratación en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias. Llegó a mantener imputado durante meses al rector, Joaquín Goyache, que siempre negó haber dado trato de favor a Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra. La Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. 

Esa línea ha derivado en una macroinvestigación en la que se indaga, por un lado, si incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la universidad; y, por otro, si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en la Complutense y por los que cobraba 15.000 euros anuales. Por el juzgado han pasado distintos responsables de la universidad y directivos de tecnológicas y del Ibex que patrocinaron esos estudios.

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del Instituto de Empresa (IE), donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial le obligó a archivar la causa para el directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP, y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor. 

Cambio de criterio  

Por contra, la Audiencia Provincial sí avaló con matices la línea de investigación abierta por una posible malversación en relación con las labores de la asesora de la Moncloa que se encarga de gestionar la agenda y la seguridad de la mujer del presidente del Gobierno. Esa es la vía que ha explorado el juez para elevar la causa al Palacio de la Moncloa. Fue ahí donde trató sin éxito de implicar a Bolaños en una maniobra que frenó el Tribunal Supremo. 

Sin embargo, los jueces de la Audiencia Provincial defendieron que sí se debe investigar si la asistente se sobrepasó en el desempeño de sus funciones para “favorecer el plan delictivo” de Begoña Gómez. No obstante, también afirmaron que no podía ser investigada por el delito de malversación que le acabó atribuyendo el juez en una decisión que está recurrida y a la que Peinado no ha esperado para situarla más cerca del banquillo. También la esposa de Sánchez recurrió su imputación por este delito. 

De hecho, el propio Peinado había rechazado en mayo involucrar por malversación a Begoña Gómez y a la asesora cuando decidió imputar al delegado del Gobierno. El juez reconoció entonces que no había base para atribuir a Begoña Gómez delito alguno por el trabajo de la asesora porque no había indicios de que participara en su nombramiento y porque se había limitado a “hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales”. Respecto a la asesora, Peinado dijo que “no se alcanza a percibir en qué medida” pudo malversar dinero público “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada”.

En su última resolución de este martes, Peinado reconoce que en un primer momento consideró que “no procedía” investigar a Begoña Gómez y a su asistente por ese delito. Pero no explica su cambio de criterio y se limita a decir que los procesos judiciales están sometidos a un proceso de “cristalización progresiva”. Eso es, que va tomando forma poco a poco. Por el momento, la investigación que se abrió con una querella basada en recortes de prensa se prolonga durante un año y medio en el que PP y Vox han utilizado cada movimiento del juez como munición contra el Gobierno. 

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado duramente al alcalde de la capital después de conocerse el censo elaborado por entidades sociales sobre las personas sin hogar que viven y pernocatan en Barajas, que descartan la existencia de solicitantes de asilo entre ellas. Martín ha tachado este estudio de “varapalo sideral para la tesis del Ayuntamiento”.

En una rueda de prensa desde la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, Martín ha aludido así al censo elaborado por iniciativa propia de la entidad religiosa Mesa de la Hospitalidad. “Queda clarísimo que ninguna de las excusas que planteaban eran ciertas”, ha dicho sobre la postura que ha mantenido durante esta controversia el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida.

Martín considera que el regidor debe “dejar de buscar excusas y asumir sus competencias”, ya que el “tiempo perdido” por el Ayuntamiento ante la situación de estas personas es “imperdonable”. En esta misma línea se ha pronunciado al respecto del requerimiento judicial de AENA al Ayuntamiento de Madrid “para que cumpla con sus responsabilidades”. “Si no lo hace por sí mismo, se lo tendrán que mandar los jueces. Qué vergüenza, qué inhumanidad. Qué lejos del espíritu solidario de la ciudad de Madrid y de los madrileños”, ha lamentado el delegado del Gobierno.

El Gobierno de Cibeles ha respondido ya al informe de la Mesa de la Hospitalidad, que adelantó El País. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha puntualizado que con las aproximadamente 400 personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas solo se ha hecho “una encuesta” y no el estudio que viene reclamando el Ayuntamiento de Madrid. “En ningún caso es el estudio de filiación que el Consistorio viene reclamando al aeropuerto y que es imprescindible para poder ofrecer soluciones individualizadas”, opina José Fernández.

El censo fue elaborado en la última semana de marzo y las dos primeras de abril. Un grupo de voluntarios recorrió las cuatro terminales entre las 21.00 y las 23.00 para conocer las diversas realidades de estas personas. El 25 de marzo, final de mes, se toparon con el mayor número de personas, hasta 421. 137 de ellas accedierona a contestar. De ellas, un 78% eran hombres. En cuanto al desglose geográfico, dominan las personas procedentes del continente americano (46%) y españolas (26%). Más de la mitad de los afectados están empadronados en la propia capital y un 38% abandona incluso las instalaciones para ir a trabajar. El propio Ayuntamiento indicó que debía hacerse cargo de aquellas personas que tengan “vínculos con la ciudad”.

La Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez del caso contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de investigar por un presunto delito de malversación de caudales públicos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su posible papel en la contratación de la asesora de Moncloa que trabajaba haciendo “funciones privadas” para la esposa del presidente del Gobierno.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se pronuncia así contra el auto de Peinado que el pasado martes admitió a trámite una querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre. Apuntaba el magistrado que el ahora delegado del Gobierno habría participado en julio de 2021 siendo secretario general de la Presidencia en la contratación de Cristina Álvarez.

El fiscal del caso explica que en esa querella de Vox sólo se explicaba que Martín Aguirre ostentaba en 2021 el cargo de secretario general de la Presidencia y que por tanto era responsable y superior jerárquico de Álvarez, y lamenta que con tan “escaso desarrollo” se le imputa “nada menos que por un presunto delito de malversación de caudales públicos, catalogado como delito grave y con notable penalidad”.

“Parece acudirse a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo”, lamenta, para luego explicar que en realidad el nombramiento de Álvarez como asesora tiene lugar en julio de 2018, tres años antes de que Martín Aguirre llegara a ese puesto.

“No puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los 3 años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado para el puesto en cuestión. Falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuesto erróneos”, subraya.

E insiste en que “admitir esta querella por los motivos que lo hace y contra la persona señalada, resulta incomprensible” dado que “se sabe la fecha del nombramiento” de Álvarez gracias a varias de las testificales celebradas en el seno de la causa, entre ellas la del ministro Félix Bolaños.

“Parcos razonamientos”

Tras esto, el fiscal explica en su recurso que intuye o deduce de las resoluciones “parcas en palabras y razonamientos” de Peinado que no se está ante un nombramiento para un puesto de trabajo al que “no se acude y se cobra”, ni ante un desvío de actividad de trabajadores o funcionarios “dirigido a un beneficio particular”. “En el presente caso, partimos de la naturaleza del empleo de naturaleza eventual y designación discrecional, en el que la confianza resulta esencial, y en el que las funciones son flexibles en consideración a la función de asistencia y coordinación que se desarrolla”, abunda.

Y destaca que Álvarez ha desempeñado las funciones asignadas en el ámbito de coordinación de agendas con los funcionarios de escolta y vigilancia durante siete años. Y por tanto, “la realización de ciertas llamadas, envío de algunos correos, realización de gestiones en el ámbito de la actividad o presencia en ciertos eventos difícilmente puede integrar el delito de malversación de caudales públicos”.

“Estamos hablando de prácticamente siete años desempeñando el puesto de asistente del cónyuge del presidente del Gobierno; son 2.555 días, con disponibilidad horaria total; y se invocan episodios concretos de apoyo, participación o encomienda de gestiones para pretender orquestar una malversación de caudales públicos”, lamenta.

Para el fiscal, el nombramiento de Álvarez es “legítimo, legal y usual”, y añade que no se dirige a un auxilio para actividades profesionales privadas de Begoña Gómez ni se ha centrado en ello “más allá de colaboraciones concretas y puntuales”.

“La asistencia puntual en actividades de la Cátedra, máster, o de la Universidad Complutense resultan más bien anecdóticas o secundarias, y sin menoscabo o perjuicio para las arcas públicas y de cumplimiento de las funciones principales que motivan su nombramiento”, explica.

El fiscal, en su recurso, incide en que respecto a Martín Aguirre “no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno” y en que “imputar a una persona de esta forma directa, por unos presuntos hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición o motivación, y con incoherencias evidentes, no resulta asumible”.

“No se trata de no investigar, sino de respetar las garantías previstas en el ordenamiento jurídico. Se vuelve a adoptar una decisión desde el juzgado con gran sonoridad, pero sin sustento fáctico y respaldo de razonamiento jurídico que merezca tal consideración”, puntualiza.

Por último, el Ministerio Público explica que va directamente ante la Audiencia Provincial porque hasta ahora sus recursos ante Peinado carecen de “respuesta real en cuanto al fondo” y son respondidos con “evidente retraso”.

Cabe recordar que fue este martes cuando trascendió que Peinado decidió investigar a Martín Aguirre “por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública”.

El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado, a petición de Vox, la investigación en torno a la secretaria que asiste a Begoña Gómez en Moncloa y ha imputado a Francisco Martín, hoy delegado del Gobierno en Madrid y entonces secretario general de Presidencia y superior de la asesora. El magistrado, a petición del partido de extrema derecha, entiende que Martín debe ser imputado “por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública”.

Peinado lleva meses investigando si Presidencia del Gobierno nombró una asesora para que asistiera a Gómez después de la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa y si usó sus servicios para fines considerados privados, como por ejemplo sus másters en la Universidad Complutense. Varios testigos han defendido la legalidad de su nombramiento como personal eventual y han destacado que otras esposas de presidentes anteriores, como fue el caso de Elvira Fernández y su asesor Jaime de los Santos, han contado con la misma asistencia para asuntos privados e incluso no profesionales.

El magistrado ha analizado una nueva querella presentada por Vox, que ya ejerce la acusación popular en la causa principal contra Gómez, y ha incorporado esas acusaciones aceptando la imputación de Martín, que queda citado para el próximo 14 de mayo. El juez le atribuye un posible delito de malversación de caudales públicos pero rechaza los otros dos tipos penales que Vox ponía encima de la mesa: prevaricación y tráfico de influencias.

Peinado puso el foco sobre Cristina Álvarez después de que varios altos cargos de la Universidad Complutense afirmaran que su trato con Begoña Gómez en sus másters y su cátedra extraordinaria se producía, en ocasiones, a través de la asesora y por correo electrónico. Su primera declaración fue como testigo pero finalmente fue llamada a declarar como imputada, buscando desde entonces el magistrado el rastro de su contratación como personal eventual en la Moncloa: llamó a declarar al coordinador de personal de Moncloa, al ministro Félix Bolaños y ahora finalmente a Francisco Martín.

Todos los testigos, además de la propia Álvarez, han defendido la limpieza de su nombramiento y del trabajo que realiza para la esposa del Presidente del Gobierno, en la línea de los sucedido en mandatos anteriores. Bolaños explicó a Peinado, por ejemplo, que no conoció a esta asesora hasta “semanas después” de ser contratada. Alfredo González, cargo de Moncloa del que dependió la contratación, explicó que este tipo de contrataciones se basan en la “confianza”. Peinado ha llegado a organizar un careo entre la asesora y el coordinador originalmente prevista para el próximo día 14 de mayo, el mismo día en que Francisco Martín está llamado a declarar como imputado, pero suspendido por razones de agenda.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, se ha referido a este asunto este martes en el Senado: “Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país”, ha dicho el ministro.

Las múltiples investigaciones contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado sigue haciendo crecer la causa contra la esposa del Presidente del Gobierno que, en origen, arrancó con una denuncia del pseudo sindicato ultra Manos Limpias contra ella. A veces por propia iniciativa y a veces admitiendo a trámite nuevas querellas de organizaciones de extrema derecha como Vox o HazteOir, el magistrado ha aumentado el foco a toda la actividad profesional de Begoña Gómez desde que vive en la Moncloa: los másters y la cátedra extraordinaria que tuvo en la Complutense, un software desarrollado para esos cursos, su trato con el empresario Juan Carlos Barrabés, su trabajo en el África Center del IE y la contratación de su asistente, además del rescate de Air Europa.

Junto con Begoña Gómez, Peinado mantiene imputadas a varias personas: al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la Complutense Joaquín Goyache, al exconsejero madrileño Juan José Güemes, a la asesora Cristina Álvarez y ahora también al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El magistrado, que mantiene imputadas tanto a Álvarez como a Gómez desde hace meses, explica ahora en un auto que ninguna de las dos ha podido participar en la supuesta malversación que la nueva querella de Vox atribuye al entonces secretario de Presidencia. No se puede atribuir ese delito a la asesora, razona, “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada”. Tampoco a Begoña Gómez: “Sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos”.

Nuevo capítulo en el choque del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con el Ayuntamiento y la Comunidad. El Ministerio de Política Territorial, liderado por Ángel Víctor Torres, ha contestado la carta remitida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la que el Ejecutivo autonómico amenazaba con romper relaciones con Martín por supuestas faltas de respeto.

La misiva, que obviaba episodios como el de Ayuso llamando “hijo de puta” al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, hablaba de “intolerable actitud y comportamiento” e instaba a que el delegado se “abstenga” de “insultar” a la presidenta madrileña. Defendía además el establecimiento de “líneas rojas”.

La respuesta del Gobierno central se dirige al firmante de la epístola original, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Ángel Víctor Torres destaca el “compromiso absoluto en tener, y tejer, las relaciones institucionales más adecuadas y respetuosas entre nuestras administraciones”. Afirma además que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid “comparte ese compromiso”.

El ministro argumenta luego que la confrontación ha venido por parte de las autoridades madrileñas: “El mejor mecanismo para esa correcta relación bilateral debiera ser el respeto y la lealtad permanentes entre ambas partes y, por ello, desde el Gobierno de España entendemos que los insultos, las descalificaciones y los ataques no deben venir de ninguna administración”. Apunta luego que es “de público conocimiento” que Sánchez ha recibido “ataques inadmisibles e injustificados dentro y fuera del ámbito institucional, excesivos e hiperbólicos, por parte de distintos representantes de comunidades autónomas o de alcaldías, en este caso a través de la presidenta o el alcalde de Madrid”.

Torres acaba la carta con un llamamiento a la concordia: “Espero que podamos, entre todos y todas, buscar mecanismos y métodos que lleven a que volvamos, porque creo que en estos momentos no la tenemos, a esa normalización en la relación institucional, y le aseguro que pondré de mi parte todo lo que sea preciso”. 

Un torrente de reproches que no cesa

Esta contestación llega después del enésimo enfrentamiento entre Martín y un dirigente madrileño, en este caso José Luis Martínez-Almeida, que tuvo lugar el lunes después de la la Junta Local de Seguridad de la ciudad. “En la reunión ha sucedido lo que nunca había ocurrido mientras soy alcalde. Ninguno de los cuatro delegados del Gobierno anteriores había tenido un comportamiento así de lamentable. Ha abierto su intervención con un mitin político, con una actitud lamentable”, expresó el primer edil antes de decir que Martín “es la marca del sanchismo, todo lo que manda empobrece la vida institucional y la vida política”. El delegado explicó por contra que tan solo solicitó una coordinación más estecha y específica con el Ayuntamiento, así como una condena expresa del Gobierno municipal a los discursos de odio que asocian inmigración con delincuencia.

Los reproches del primer edil se recrudecieron en junio, después de quejarse por unas “declaraciones insultantes” de Martín durante el último pleno sobre el Estado de la Ciudad. El representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la región había acudido ese día a Cibeles en su papel de representante institucional y aprovechó la visita para arremeter contra el alcalde por su “discurso autocomplaciente” sin abordar “los problemas y las dificultades reales que sí tiene Madrid”. “Desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a replantear la relación con el delegado del Gobierno”, aseguró entonces el regidor.

El primer gran velontazo en las relaciones institucionales es no obstante anterior. Un tuit de Martín provocó hace unos meses las iras dentro del PP de Madrid. Fue el pasado mes de marzo, a raíz de que elDiario.es desvelara el fraude fiscal de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “Pagar los impuestos que te correspondan también es cumplir con la Constitución”, publicó Martín en redes.

Según fuentes de Delegación, hasta ese momento el Ayuntamiento se había comprometido a celebrar una reunión de trabajo extensa, en la que ambas instituciones tratarían temas variados, entre ellos la resolución de los problemas en el recinto donde se celebra el festival Mad Cool. En principio habían dejado este encuentro para después del enlace matrimonial del alcalde, pero a la vuelta de la luna de miel nadie en Cibeles quería que esa foto se materializase.

Nuevo choque político en Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han vuelto a evidenciar sus enormes discrepancias entre ataques cruzados. En su intervención posterior a la Junta Local de Seguridad de la ciudad, Martín ha aprovechado para señalar cuestiones que “es preciso reforzar”. Ha citado la colaboración directa entre su figura y la del alcalde: “La mejora tiene un amplísimo margen de recorrido. Me ha sorprendido la reacción de algunos, que se han sentido ofendidos por reclamar colaboración. Almeida ha vuelto a rechazar el guante y ha tachado la petición de mitin político”.

Ha lamentado que el regidor tampoco se ha querido adherir a una condena expresa de los discursos que vinculan la inmigración con la delincuencia: “Le he hecho un ruego, condenar las campañas de odio que vinculan inmigración con delincuencia y crean una persecución injusta contra los inmigrantes. El alcalde ha rechazado de plano mis propuestas, no sé a qué le tiene miedo cuando hablamos de colaborar. La ciudadanía nos lo pide. Parece que, al igual que Isabel Díaz Ayuso, está más por la confrontación”.

El tenso encuentro ha tenido lugar este lunes en la Casa de la Villa (sede del Ayuntamiento hasta 2007). En este acto se presentan los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del año 2024, y también el de la Policía Municipal. Esta vez, sin embargo, las miradas estaban más puestas en las figuras políticas que en los datos.

El primer edil ha ofrecido una versión alejada de la del delegado en declaraciones a la prensa: “En la reunión ha sucedido lo que nunca había ocurrido mientras soy alcalde. Ninguno de los cuatro delegados del Gobierno anteriores había tenido un comportamiento así de lamentable. Ha abierto su intervención con un mitin político, con una actitud lamentable”. Almeida ha aseverado que “es la marca del sanchismo, todo lo que manda empobrece la vida institucional y la vida política”.

“Quiere que entremos al juego de la crispación y la confrontación. Su primera intervención ha sido insultante. Hay funcionarios que llevan 20 años y no han visto nada así. No va a encontrar la pelea que va buscando y vamos a seguir coordinándonos, que es lo que hacen las fuerzas de seguridad. Pero no vamos a someternos a insultos y descalificaciones. Yo no he venido a la Junta Local de Seguridad para escuchar al delegado del Gobierno, sino a aquellos que nos protegen y nos defienden”, ha criticado con dureza el alcalde.

Motivos de la discordia: Mad Cool, okupación o Sistema VioGén

Martín ha insistido por su parte en la importancia de una reunión entre delegación; la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el de Madrid para abordar el uso del espacio Iberdrola Music y en particular la celebración de Mad Cool: “Almeida ha rechazado el acuerdo para sentarse en una mesa y abordar las perspectivas de futuro del Mad Cool entre Ayuntamiento de Madrid, el de Getafe y la Delegación en materia de seguridad y movilidad”. El regidor se ha limitado a apuntar que actuará “exactamente de la misma manera que el año pasado” . Llama a “no apartarse de un esquema de actuación marcado por los técnicos, que consiguió minimizar las molestias”, pese a que las quejas vecinales no han desaparecido.

Otro de los puntos de tensión es la renovación urgente del convenio del Sistema VioGén para la protección de víctimas de violencia de género, caducado desde 2018 y “sin respuesta del Ayuntamiento al último borrador enviado por la Secretaría de Estado de Seguridad”, según Martín. “Es una herramienta clave para la protección de miles de mujeres víctimas de las violencias de género. Estamos a la espera de contestación desde el último borrador enviado hace meses al Consistorio. Si solo quedan unos flecos, como dijo la vicealcaldesa en rueda de prensa, esperamos, por tanto, que lo acepten y procedamos a la firma”.

Almeida mantiene que el Ayuntamiento de Madrid envió el borrador a la Secretaría de Estado el pasado 6 de febrero y resta gravedad al asunto: “La Policía Municipal de Madrid protege más del 50% de las víctimas de violencia de género, un porcentaje al que no llega ninguna otra policía municipal”. Cree que “el detalle está en quien quiere sacar rédito político de una situación tan delicada como esta”, ya que con el programa caducado se han ofrecido “los mejores medios a las mujeres víctimas, no ha habido ningún perjuicio por que ese convenio estuviera caducado”. Su mensaje es que “Madrid tiene buenos datos de seguridad y esa es una seña de identidad”.

El líder del Ejecutivo municipal llama al reforzamiento de la Policía Municipal “frente a un delegado del Gobierno que no quiere más policía poniendo fin a las tasas de reposición”. Y aunque Martín ha destacado el descenso del 40% en las okupaciones ilegales, Almeida ha insistido en el tema: “Algo falla si un edificio como Carabanchel se desokupa de determinada forma y no mediante mecanismos instituciones que da el Estado de derecho”. Además, ha vuelto a incidir en el uso del término inquiokupación: “Es un problema que existe y que no va a desaparecer por mucho que quieran seguir cerrándose los ojos”.

Cuando hasta el modelo de reunión causa confrontación

Pero más allá de desavenencias ideológicas, la confrontación se asienta también en los diferentes modelos de reunión que defiende cada parte. Martín aboga por tratar los problemas de convivencia y seguridad de algunas áreas determinadas de Madrid a través de un “análisis quirúrgico junto al tejido social”, con mesas técnicas y específicas por zonas: “Convocamos una por la situación de la calle Cullera de Latina y no acudieron ni Ayuntamiento ni Comunidad, que luego organizaron otra por su cuenta. Pedimos que no haya aversión al acuerdo, que seamos capaces de sentarnos para encontrar soluciones a los problemas reales de Madrid. Son propuestas concretas que han escandalizado a Almeida”.

El primer edil se justifica apelando a los procedimientos ordinarios establecidos para los encuentros entre administraciones: “Le hemos dicho que en las Juntas Locales de los distritos es donde está previsto tratar cuestiones de seguridad como Cullera. Lo que nos puede es convocarnos a una comisión técnica sin soporte normativo, y encima coincidiendo con las Juntas de Gobierno que sabe que tenemos los jueves”.

El cruce de acusaciones no ha pasado desapercibido para los grupos de la oposición. “Produce sonrojo escuchar las palabras victimistas del alcalde”, ha expresado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. “Cuando la delegada del Gobierno era Concepción Dancausa [Partido Popular] no le importaban las críticas que sistemáticamente emitían al Ayuntamiento de Manuela Carmena en las Juntas Locales”, ha explicado la concejal. “Se queja de que el delegado les ha criticado, pues bienvenido a la política”, ha apostillado.

Argumenta que “Almeida es quien ejerce de representante de la política de la crispación, quien se dedica a esparcir barro al igual que Ayuso”. Ha destacado que “sí, en estos encuentros hablamos de política, y destacamos los aspectos que no nos gustan, igual que hace siete años el Partido Popular tenía ese derecho”. Sobre la falta de reuniones de Almeida con Martín, cree que “escudarse en aspectos normativos no tiene sentido cuando existen problemas específicos”, ya que “no es novedoso que se reúnan diferentes administraciones para que no se pasen la pelota de una a otra”. Considera “imperativo” que Comunidad y Ayuntamiento se sienten con el delegado a abordar problemas específicos.

La portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha tachado a su vez de “bochorno” la intervención de Almeida. Defiende que Martín no ha lanzado reproches al alcalde, tan solo ha pedido “lealtad institucional”.

Un encontronazo enquistado

“Desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a replantear la relación con el delegado del Gobierno”, aseguró en junio el regidor. Lo hacía después de quejarse por unas “declaraciones insultantes” de Martín durante el último pleno sobre el Estado de la Ciudad. El representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la región había acudido ese día a Cibeles en su papel de representante institucional y aprovechó la visita para arremeter contra el alcalde por su “discurso autocomplaciente” sin abordar “los problemas y las dificultades reales que sí tiene Madrid”.

El alcalde ha recrudecido desde ese día sus ataques verbales al delegado del Gobierno y este los ha respondido sin miramientos, acusando a Almeida de practicar un “bloqueo institucional” hacia su figura. El último capítulo se produjo cuando el verano pasado Martín organizó una reunión para hablar sobre el futuro del recinto Mad Cool con la alcaldesa de Getafe y el alcalde de Madrid. La primera, del PSOE, acudió a la cita, pero el segundo envió a su mano derecha, el delegado de Urbanismo Borja Carabante. Este disculpó a Almeida, asegurando que “tenía desde hace semanas otra cita”. Martín explicó después que habían ofrecido a su equipo tres fechas distintas, y que este no quiso concretar ninguna. “El alcalde no está diciendo la verdad”, zanjó.

El momento de viraje en las relaciones institucionales es no obstante anterior. Un tuit de Martín provocó hace unos meses las iras dentro del PP de Madrid. Fue el pasado mes de marzo, a raíz de que elDiario.es desvelara el fraude fiscal de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “Pagar los impuestos que te correspondan también es cumplir con la Constitución”, publicó Martín en redes.

Según fuentes de Delegación, hasta ese momento el Ayuntamiento se había comprometido a celebrar una reunión de trabajo extensa, en la que ambas instituciones tratarían temas variados, entre ellos la resolución de los problemas en el recinto donde se celebra Mad Cool. En principio habían dejado este encuentro para después del enlace matrimonial del alcalde, pero a la vuelta de la luna de miel nadie en Cibeles quería cerrar una fecha para la foto.

Más allá de la controversia, Martín ha destacado “un nivel de seguridad como no teníamos en una década, ha caído 5 puntos la tasa de criminalidad, más que en el conjunto regional”. Y añade: “En 2024 hubo un descenso de 10.500 infracciones penales respecto a 2023 (30 delitos menos al día). No nos conformamos, queremos seguir avanzando con determinación para seguir haciendo de Madrid una ciudad cada vez más segura”.

Almeida coincide en que “Madrid es una ciudad segura donde los delitos bajan en un 3,3%”. Ha mencionado esos sí el aumento de las agresiones sexuales y la ciberdelincuencia, mientras destaca la participación de agentes municipales en más de 415.000 incidencias a lo largo del pasado año.

Pocos años se habrán celebrado en Madrid tantos homenajes a la Carta Magna como este 2024. El motivo no es una fiebre de constitucionalismo en las instituciones públicas, sino la muestra del enfrentamiento abierto que tanto Comunidad como Ayuntamiento mantienen con el Gobierno de España y la alta tensión existente hacia su representante en la región, la Delegación del Gobierno.

Este miércoles había dos homenajes a la Constitución convocados: el de Almeida en la plaza de Oriente y el de Delegación del Gobierno casi al lado, en el Museo de las Colecciones Reales. El segundo surgía como respuesta a que la Comunidad de Madrid “silenciaba la voz al Gobierno de España” en el acto que tuvo lugar este martes en la Puerta del Sol, que otros años había sido organizado por las dos administraciones.

“Este acto es una anomalía, es el resultado de un nuevo paso adelante en la confrontación y la división. Y, por tanto, un significativo paso atrás en la aplicación de la Constitución que hoy conmemoramos” aseguraba el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al arrancar el discurso que abría su evento, abundando en una idea que lleva repitiendo desde la semana pasada, cuando se anunció la celebración de este acto alternativo.

Martín exhibió poder de convocatoria en el evento, donde estuvo acompañado del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, además de una enorme representación del PSOE de Madrid, altos cargos gubernamentales, militares, de las fuerzas de seguridad, miembros de Más Madrid y de las asociaciones de vecinos. Hasta el arzobispo de la capital estuvo presente en un acto en el que se homenajeaba al pueblo de Valencia, a las puertas de la nueva exposición sobre Sorolla que acoge el museo.

El delegado ensalzaba en su discurso la figura del pintor protagonista de la exposición situada a sus espaldas: “Madrid y Valencia, como tantas veces en la historia, se han entendido. Este museo no solo es un homenaje a un gran artista, sino también a la capacidad de nuestras comunidades de trabajar juntas,” decía antes de asegurar que este tipo de proyectos culturales son ejemplos del espíritu constitucional. “Cuidar y comprender la Constitución pasa también por fomentar el diálogo cultural y la cooperación interterritorial. Este museo es una representación física de estos ideales”, decía.

Martín también se refería a la justicia social, un término especialmente atacado por la presidenta Ayuso. “La justicia social es la defensa más contundente de la Constitución. No podemos dejar a nadie atrás, especialmente en tiempos de creciente polarización” manifestaba.

Las críticas del Almeida y de la Comunidad

Más Madrid había estado poco antes en el homenaje del Ayuntamiento y estuvo también en el de la Comunidad el día anterior. En el de Almeida el alcalde se despachó ampliamente contra el delegado, asegurando que solo pretendía “opacar y competir” con el institucional que organiza el Gobierno regional en la Real Casa de Correos todos los años.

“Me gustaría ver si en alguna otra comunidad autónoma se organiza un acto de estas características por parte del delegado del gobierno, simplemente para tener un micrófono que no tuvo ayer”, decía a la vez que justificaba el homenaje municipal porqque, a diferencia de los otros dos, no tiene discursos y que se limita a recoger la lectura de la Constitución por parte de niños de colegios de Madrid. Lo mismo que han estado haciendo varias juntas de distrito a lo largo de esta semana.

Por parte del Gobierno de Ayuso también arreciaron las críticas hacia Francisco Martín. Llegaron este miércoles por parte del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, quien le acusaba “sembrar la discordia y la confrontación” así como de ser un “comisario político”, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del “sanchismo” en la región.

Lo decía después de que el propio Martín hubiera acudido al acto del martes en la sede de la Comunidad para asegurar que el Gobierno regional y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, eran el “epicentro de vetos, bulos y amenazas”.

Hoy, el portavoz regional aseguraba que “desde que entró por la puerta no tuvo más que palabras que rezumaban el odio y discordia contra todo lo que se estaba celebrando en esta sede”.

El último Pleno del Ayuntamiento de Madrid antes de las vacaciones vivió su episodio más tenso políticamente hablando entre una concejala municipal y una persona que no se encontraba presente. Fue cuando la edil de Vox Carla Toscano llamó “filoetarra” al delegado del Gobierno, Francisco Martín, durante una de sus intervenciones.

La concejala del partido de ultraderecha reiteró sus palabras en el mismo Pleno ante las quejas de Reyes Maroto, portavoz municipal socialista y compañera de partido de Martín en el PSOE. “Su afinidad con Bildu la expresó el propio delegado del Gobierno en Madrid”, aseguró.

Maroto pidió al presidente del Pleno que llamara al orden a la edil por el exabrupto, pero Borja Fanjul (PP) lo rechazó: “Eso no se puede hacer en el Ayuntamiento de Madrid, no se puede retirar. Lo que está en el acta, está en el acta”, contestó a la socialista .

Ante esto, Maroto ha pedido a Fanjul que llamara al orden a Toscano, en aplicación del Reglamento Orgánico del Pleno, artículo 79 A. “Ya he escuchado que me ha leído usted el reglamento, se lo agradezco mucho. No voy a llamar al orden a la señora Toscano”, zanjó Fanjul.

El insulto fue repetido horas después por la propia Carla Toscano en su cuenta de X. El propio Francisco Martín lamentó su comentario y anunció “las correspondientes acciones legales”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno confirman a este periódico que Martín presentará una denuncia por daños al honor. Su equipo está valorando el formato de la demanda que incoará contra la concejala del Ayuntamiento.

En un mensaje en redes sociales, Martín había escrito antes del segundo insulto que la democracia “venció a ETA hace más de 12 años” y que calificarle a él de “filoetarra” es “insultar y mentir pero, sobre todo, es volver a despreciar la memoria de las víctimas del terrorismo”. “Dejen de manosear el sufrimiento. Dejen de causar dolor”.

Además, también criticó la “bochornosa también la actitud de Borja Fanjul. Un PP de Madrid que es indistinguible de Vox”. Francisco Martín mantiene desde hace meses una relación difícil con el PP municipal y con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con quien ha chocado últimamente en varias ocasiones. La última, a raíz de los permisos para celebrar el Mad Cool en el recinto de Villaverde.

Francisco Martín (Santander, 1966) se confiesa como un “enamorado” del mar. De hecho, considera que “desde bien pequeño la mar ha sido mi vida”. Y lo demuestra con hechos, porque navegar ocupa la práctica totalidad del tiempo libre del que dispone y su carrera profesional fuera de la gestión pública siempre ha estado ligada al desarrollo de infraestructuras portuarias. Por eso, esta nueva etapa al frente del Puerto de Santander, después de cuatro legislaturas en el Gobierno de Cantabria con distintas responsabilidades, la vive como una cierta liberación y el inicio de un ciclo que era casi previsible dada su trayectoria. Tener que abandonar la Consejería de Industria en medio de la legislatura no parece haberle supuesto ningún trauma, todo lo contrario. Podría decirse que se encuentra cómodo lejos de la refriega política y pretende explotar su perfil más técnico sin desligarse del todo de algunos proyectos que él mismo trató de impulsar a las órdenes de Miguel Ángel Revilla en el Ejecutivo autonómico. Pese al poco tiempo que lleva como presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, la lista de tareas pendientes que él mismo considera prioritarias es larga y tienen un único objetivo: cambiar el modelo y modernizar unas instalaciones que se deben preparar para nuevos retos a corto plazo.

¿Cómo valora sus primeros meses al frente de la Autoridad Portuaria de Santander?

Ha sido un aterrizaje suave, porque llevaba ya cinco años como vicepresidente en mi condición de consejero de Industria, por lo que casi todo lo que me he encontrado lo conocía. Hay un equipo muy bueno, muy bien formado, y sobre todo, tenemos un puerto que va a cambiar de modelo. Es un momento muy importante porque el Puerto de Santander va a transformarse por completo en los próximos dos años. Venimos de un puerto en el que los graneles eran su carga fundamental, estamos en un puerto en el que el reparto es casi del 50% entre graneles y carga general, y con la apuesta que estamos haciendo eso va a volcarse más hacia carga general. Estamos convirtiéndonos en un puerto más especializado y me toca liderar ese cambio de modelo. Así que estoy muy ilusionado y muy arropado por un equipo muy sólido.

¿Y no considera que su salida de la Consejería de Industria en medio de la legislatura no le ha permitido cerrar un ciclo político cuando tenía todavía varios proyectos importantes encima de la mesa? ¿Le genera cierta frustración?

Hubiese sentido frustración si no hubiese sido capaz de lanzar esos proyectos. Creo que están todos lanzados y espero que lleguen a buen puerto todos, o casi todos. También tengo que decir que tengo el encargo personal de Miguel Ángel Revilla de seguir encima y apoyando casi todos estos proyectos que yo inicié. Esta época de colaboración entre el Puerto y el Gobierno de Cantabria va a ser la más intensa de los últimos años. Voy a seguir colaborando intensísimamente en el desarrollo de La Pasiega, de la consecución de la mejora de las conexiones ferroviarias, del tren Santander-Bilbao… El Puerto es un dinamizador y un agente muy importante, que va a apoyar al Gobierno de Cantabria en todas estas iniciativas. He pasado durante cuatro legislaturas por muchísimas responsabilidades. Un pedacito de cada Consejería prácticamente ha sido mi competencia en algún momento. Ha sido un periodo precioso, riquísimo en lo profesional y en lo personal, pero después de cuatro legislaturas… ya está bien. Vengo al Puerto con muchísima ilusión. Siempre he dicho que a Miguel Ángel Revilla nunca le he pedido dónde estar, que allí donde me ha encomendado estar, yo he estado, y he estado bien, pero en este caso quizás es una situación especial. Desde bien pequeño la mar ha sido mi vida. Si no estoy trabajando, yo estoy navegando. Después, a nivel profesional, me inclino por el área de la Ingeniería de Caminos en la rama portuaria. Esa ha sido la vida profesional elegida por mí. Desde el punto de vista de mi evolución profesional, la Autoridad Portuaria es el destino normal. Además, creo que después de cuatro legislaturas tengo pleno conocimiento de la gestión de lo público. Si metes en Google el amor por el mar, ingeniero de Caminos experto en actividad portuaria y conocimiento de lo público... te sale la Autoridad Portuaria. Vengo con mucha ilusión para este proceso de transformación del Puerto. Tengo retos importantes aquí mismo [despliega un cronograma de varias páginas], con una programación de infraestructuras para los próximos dos años y medio. Y si no hacemos todo esto, los compromisos que hemos adquirido no podremos cumplirlos. No podremos tener una terminal de contenedores, no podremos tener una terminal de ferries, no podremos tener un sistema de abastecimiento de gas natural licuado para los barcos… Después de prácticamente 20 años sin invertir, este cambio de modelo nos obliga a recuperar el tiempo perdido. Son más de 100 millones de euros de inversión en dos años y medio y todas estas tareas por delante. Es un reto muy bonito.

¿Se siente más cómodo en este perfil más técnico después de cuatro legislaturas en medio del rifirrafe político?

Bueno, sí que es verdad que después de cuatro legislaturas de rifirrafe político lo que uno quiere es sentirse útil, y es cierto que ese rifirrafe político te hace perder mucha energía y bastante tiempo. En la primera legislatura fui director general, puramente gestión, en la que fructificaron muchas cosas: depuradoras, la Autovía del Agua... Yo produciendo, yo gestionando, creo que soy muy eficaz. Sin embargo, el debate político hace que tengas que dedicar mucha energía y mucho tiempo a eso. En cierto modo, esto es un retorno a la gestión directa, sin tanta intervención política, donde creo que soy más eficaz, sinceramente.

Ha sido el proceso de transición en la Consejería más trabajado, más hablado, más debatido y más coordinado en la historia del Gobierno de Cantabria. Pocas veces habrá habido dos personas que se sucedan con mayor colaboración y diálogo

¿Y cómo es la convivencia con su sucesor en el cargo, con el que ahora tiene que trabajar codo con codo en muchos proyectos que fueron iniciados bajo su mandato?

La relación es magnífica. Es mi vicepresidente en la Autoridad Portuaria. Y yo soy su mejor colaborador a la hora de establecer soluciones logísticas en la región. Creo que seguramente ha sido el proceso de transición en la Consejería más trabajado, más hablado, más debatido y más coordinado que se haya producido en la historia del Gobierno de Cantabria. Yo con Javier [López Marcano] he tenido muchas reuniones, muchas conversaciones, y las sigo teniendo. Ha sido un proceso natural y normal. Fíjate que buena parte del equipo de Javier en la Consejería sigue siendo mi equipo, en una transición que creo que ha sido inteligente, pausada y reposada. Creo que pocas veces habrá habido dos personas que se sucedan con mayor colaboración y diálogo. Y a partir de este punto, mi absoluta lealtad al Gobierno de Cantabria, porque creo que el Puerto de Santander es seguramente como actor único, el mayor de los actores económicos de esta región. No voy a decir como empresa, porque somos un servicio público, pero en capacidad de generar actividad económica somos muy relevantes por todo lo que mueve aquí.

¿Y hacia dónde debe ir enfocada la transformación del Puerto de Santander en los próximos años si no quiere perder competitividad ante grandes infraestructuras portuarias del entorno como Bilbao o Gijón?

La primera reflexión creo que es de sentido común: nosotros nunca vamos a poder competir en grandes volúmenes con Gijón o con Bilbao. Son dos puertos cuyas dimensiones son absolutamente diferentes. Son dos puertos exteriores, que no tienen la limitación de tener una ciudad a la que no puedes apartar ni molestar, como es lógico. Por lo tanto, el espacio del Puerto de Santander está limitado. No nos planteamos un puerto exterior. Eso se decidió hace años. El Puerto de Santander no va a ocupar ni un metro cuadrado más de agua de la Bahía y hay que ser inteligentes para gestionar aquello de lo que disponemos. Y si no podemos ni queremos competir en las grandes cifras, hay que competir en la especialización. Para especializarse, el proceso natural es la terminalización. Es decir, convertir el Puerto en una sucesión de terminales, todas ellas especializadas y gestionadas por operadores privados, que es como funciona en España. Tenemos una terminal de agroalimentarios que es de las más modernas que hay en el mundo, no solamente en nuestro país. Tenemos una terminal de acero, de chatarra. Vamos a tener una terminal de ferries que va a ser la más grande de España, que va a poder acoger a barcos mucho mayores, y vamos a tener por fin, después de 50 años de anhelarlo, una terminal de contenedores. Todo esto es carga general o pasajeros, que tiene mayor valor añadido. Para poder teminalizar nuestro puerto, lógicamente tendremos que construir una serie de infraestructuras.

¿Como por ejemplo? ¿Qué es lo más próximo?

Primero, lo que va a ocurrir con las flotas es que van a ir migrando de combustibles fósiles a combustibles sostenibles. Jamás vendrá un barco de combustibles alternativos si no tenemos aquí un suministro de combustibles alternativos. Por lo tanto, el primer trabajo, de la mano de Repsol, es desarrollar una 'gasolinera' en la que poder suministrar este tipo de combustibles alternativos. Empezaremos por el gas natural licuado, que es un combustible de transición hasta que llegue el amoniaco o el hidrógeno, pero ya tendremos el sistema de suministro de alta presión preparado en nuestro puerto. En segundo lugar, si no podemos crecer, pero queremos especializarnos en el vehículo, en el coche, algo en lo que somos el mejor puerto de España y en algún momento lo hemos sido del mundo, avalados por los operadores logísticos de coches, nos tenemos que dotar de más espacio. Y si no podemos crecer a lo ancho, tendremos que buscar una alternativa para crecer en altura. Ese es el reto. Ya hemos tramitado la obra del silo vertical para ampliarlo en más plantas. Vamos a incrementar el espacio dotado a CLdN, que ha multiplicado por cinco el tráfico del material ro-ro, es decir, de todo aquello que entra y sale del barco rodando. Acaban de anunciar que amplían con dos frecuencias más las conexiones con Dublín y con Liverpool y no descarto que de aquí a final de año haya alguna buena noticia más en este sentido, pero antes hay que incrementar el espacio. Hay que buscar el sitio para una terminal de contenedores que ya de saque estamos hablando de 50.000 contenedores anuales. Son todas ellas cosas nuevas, hay que reordenarlo todo. Y en este proceso hay que hacer muelles nuevos, hay que reforzar algunos muelles que ya existen... Ahora toca construir. En ese modelo pasamos del granel sólido, que exige bastante poco, un muelle y una grúa, a otro tipo de instalaciones más exigentes, con más calado. Es un cambio de modelo incluso de vehículos, en cuanto a los barcos. Estos días nos anunciaban que ya están construyendo barcos cocheros más grandes, que harán la ruta de Santander con Oceanía, que serán de unas dimensiones sorprendentes y que podrán acoger más de 7.000 vehículos dentro, que son palabras mayores. Los barcos están cambiando y utilizarán otro tipo de combustible, y eso hay que tenerlo preparado, los ferries también van a crecer y necesitarán rampas más anchas y mayor espacio para el embarque... Para todo esto, haremos más de 100 millones de inversión. Vamos a tener la infraestructura preparada para que todo esto ocurra. Y todo ello tiene fecha de ocurrir, fecha de caducidad, así que estamos trabajando contrarreloj.

El Puerto de Santander ha obtenido cerca de siete millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. ¿A qué proyectos se destinará esa inyección económica proveniente de los fondos europeos?

Es la parte terrestre del cambio de modelo. En este momento, la mayor parte de las mercancías llegan al Puerto de Santander sobre todo en camión. Europa lo que tiende es a buscar sistemas más sostenibles de transporte, como el barco, y desde luego el ferrocarril. Y esos más de siete millones de euros van a ir íntegramente para ferrocarril, para mejorar la accesibilidad por ferrocarril al Puerto, porque tenemos que tener las infraestructuras preparadas. No tardará mucho para que las empresas tengan que integrar los costes de su huella de carbono en su producción. Pero antes de eso, el cliente va a apreciar y exigir que se conozca la huella de carbono de todo lo que compra, y una buena parte de esa huella de carbono de los bienes que compramos tiene que ver con la logística. El tren es el transporte del futuro, sin duda ninguna, pero no solo para pasajeros, también para mercancías. Vamos a meter una línea nueva de ferrocarril, vamos a ampliar los apartaderos de la terminal de Muriedas, vamos a llevar la conexión ferroviaria hasta la nueva terminal de contenedores... Es decir, vamos a hacer una nueva espina dorsal dentro y fuera del Puerto para estar preparados para esto. Y a eso vamos a dedicar esos fondos de recuperación.

El tráfico de mercancías en el Puerto de Santander ha crecido por encima del 12% en el primer trimestre, con cifras récord en el mes de marzo. Sin embargo, el tráfico de pasajeros acumula en estos primeros meses del año una caída de más de la mitad. ¿Qué otros efectos secundarios está provocando la crisis sanitaria de la COVID?

Nos afecta en la misma medida que al resto de la economía nacional. Es decir, si el año pasado hemos decrecido un 11% por efecto de la pandemia, es normal que el Puerto también lo haya hecho. Es verdad que este trimestre estamos detectando un repunte bastante más intenso que los índices de recuperación de la economía a nivel general. ¿Por qué? Sería difícil de explicar, pero en cierto modo está explicado por la exportación. El año pasado, que fue relativamente bueno en el transporte de vehículos, el 50% fue importación y el 50% fue exportación. En estos primeros meses del año, el 65% está siendo exportación y el 35% restante ha sido importación. El país se ha puesto a producir y ha crecido más la venta al exterior que la demanda interna. Las buenas cifras están asociadas, por ejemplo, a la buena marcha de Solvay, que hizo en el mes de marzo una expedición récord en un solo barco. Al tiempo, también se han batido récords de tráfico ro-ro, tráfico de contenedores... La cosa está yendo bien porque las empresas de nuestro hinterland, que no solo es Cantabria, están tirando bastante bien. ¿El elemento diferencial respecto a otros años? Seguramente las líneas de conexión con Gran Bretaña, fíjate qué curioso...

¿El Brexit no ha añadido más dificultades?

A nosotros el Brexit nos ha producido problemas iniciales en materia de importación, pero en lo que respecta a la exportación, nos ha venido muy bien. Al tener más frecuencias, al ser más complejo el transporte desde la Unión Europea con camión por todos los límites aduaneros, el tráfico por barco ha sufrido un incremento, y las compañías que operan desde Cantabria han acompañado ese incremento con más líneas y frecuencias.

Recientemente, el Puerto de Santander celebraba la llegada del coche 8 millones “con la vista puesta en La Pasiega”. ¿Cómo puede influir este proyecto en un crecimiento sostenido de la actividad portuaria de Santander?

Es muy sencillo. El Puerto de Santander no va a crecer nunca en horizontal, porque no puede. Al revés. Como buenos vecinos que somos, iremos devolviendo a la ciudad entornos que ya tengan una baja utilidad para nosotros. Luego nos queda crecer hacia arriba o buscar alternativas. Y hay actividades asociadas al transporte portuario que no tienen por qué estar en primera línea de muelle. Para algunos de nuestros operadores, La Pasiega puede ser el pulmón del Puerto de Santander. Si tengo que acopiar lo que sea, si tengo que hacer distribución de última milla, si tengo que desconsolidar convoyes para organizarlos de otra manera... Imagina que me llega un tren con muchos vagones con distintos tipos de carga. Pues pueden utilizar La Pasiega para desmontar el convoy y configurarlo de otra forma para que vaya a otro sitio o para que llegue al Puerto para exportar ese material. Eso se puede hacer perfectamente en la terminal multimodal de La Pasiega. Para todas aquellas actividades que no requieren que ocurran en primera línea de muelle, La Pasiega es la alternativa logística de la región, perfectamente conectada por autovía y por ferrocarril, a pocos minutos del Puerto de Santander.

En los últimos meses se han incorporado nuevas navieras con conexiones a Dublín, por ejemplo. ¿Se está trabajando en la llegada de nuevas compañías? Antes dejaba intuir que habrá buenas noticias a corto plazo...

Sí, sin duda. Santander está despuntando. A medida que nos demostramos como un operador más rápido y más barato, vamos captando nuevos clientes. Si viéramos la mancha de clientes del Puerto de Santander, veríamos que cada año es un poquito más grande. Se incrementa nuestro hinterland. Hay más barcos y más rutas. Lo que necesitamos son navieras, y tenemos ahora la suerte de contar con los operadores más ágiles en cuanto a la posibilidad de desarrollar nuevas rutas. Si me preguntas qué rutas, en este momento te digo que no te puedo contestar. Eso les corresponde a los operadores y yo soy de las personas que creen que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Pero creo que antes de final de año tendremos buenas noticias respecto a rutas de mercancías. Y también espero que a partir de mayo, Brittany Ferries retome la venta de billetes para pasajeros. Eso nos permitirá recuperar rápidamente el ritmo de llegada de personas, sobre todo si la vacunación se produce tal y como está prevista. Objetivamente, según los datos que tenemos, el Puerto de Santander va evolucionando bien. Sobre todo, en un año tan complicado como el que estamos teniendo.

El Ayuntamiento de Santander iniciará este próximo mes de mayo las obras para el derribo de los tinglados portuarios, que incluirán el acondicionamiento de los terrenos liberados y la renovación de la calle Antonio López, y han firmado hace unas semanas el convenio para la rehabilitación del Muelle de Maura, ubicado entre el Palacete del Embarcadero y la Grúa de Piedra. ¿Esa colaboración entre el Puerto y la ciudad vive un buen momento?

Primero, Santander está donde está porque el Puerto es lo que es. Santander es una ciudad nacida alrededor de un puerto. La ubicación de Santander surgió porque la Bahía es un refugio natural ya desde la época de los romanos, citada en los libros. Tenemos la suerte de tener una ciudad alrededor y la limitación de que esa ciudad nos impide crecer y al revés, quiere recuperar su frente marítimo, lo que es lícito y a ese respecto creo que el Puerto ha estado a la altura de las circunstancias. Hablabas de los tinglados y del muelle de Maura pero, fíjate, acabamos de renovar también el entorno y la Estación Marítima, que nos ha costado alrededor de un millón de euros. Ahora lanzamos también la obra de rehabilitación del Palacete del Embarcadero; estamos acabando las obras para dotar a Santander de un Museo Fundación Enaire, a la que hemos cedido los espacios; vamos a afrontar la obra de un espacio expositivo también en el Barrio Pesquero ampliando las instalaciones de nuestro archivo; estamos personados en la Mesa de la Bahía como un actor principal; estamos trabajando en la búsqueda de una alternativa de sede... El Puerto de Santander es uno de los pocos puertos que si le preguntas a un santanderino o a un cántabro no sabe dónde está su sede. Queremos que igual que vamos cediendo espacio a la ciudad, la ciudad nos busque un espacio para tener un sitio reconocible, donde el ciudadano pueda identificar su Autoridad Portuaria, y para eso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda buscando un edificio 'ocioso' que nos permita salir de los ámbitos vallados del Puerto, que el Puerto esté en la ciudad, sea reconocible, accesible y por lo tanto el ciudadano sepa dónde está su Autoridad Portuaria y pueda hacer los trámites con facilidad. Todo eso es buen vecindario, y con Camargo también vamos a hacer unas obras de mejora del acceso a Raos. El deseo es que el Puerto sea un activo, que no nos vean como nada negativo, porque como actor principal de la economía de Cantabria, como generador de empleo, como durante muchísimos años dinamizador cultural de esta región, queremos ser un buen vecino y tener nuestra parte de colaboración también en lo urbanístico y en los servicios.

Años atrás hablaba de la renovación del frente marítimo casi como un proyecto faraónico, algo que cambiara por completo la ciudad. La situación económica hace pensar más en lo que estamos viendo, intervenciones concretas, obras concretas, y esa recuperación poco a poco del terreno para los vecinos allí donde se pueda. ¿Lo ve así?

Absolutamente cierto. El Puerto necesita estar en primera línea de agua, eso es inevitable, siempre va a ser una interfaz entre la tierra y el mar, pero es verdad que a medida que hemos ido pudiendo trasladar las actividades a zonas con menos presión urbanística hemos ido liberando espacios. Santander durante muchos siglos ha disfrutado bastante poco de su frente marítimo. En los últimos dos siglos prácticamente ha disfrutado desde la Grúa de Piedra hasta Puertochico y muy poquito más porque más allá estaba el Puerto, estaban Astilleros del Atlántico y el resto era Autoridad Portuaria. Hemos ido recuperando esos espacios, han sido urbanizados, ahora son espacios muy apreciados, pero aún existen espacios en los que hay que incidir porque sí que es verdad que el Paseo Marítimo ha crecido hasta la Estación Marítima pero la zona del paseo desde la zona del Museo Oceanográfico hasta Los Peligros todavía no es un paseo agradable y hay que trabajar esa zona. Creo que los proyectos faraónicos en materia de integración del Puerto y la ciudad son muy difíciles de llevar adelante, la mejor prueba es la que ocurrió en este Puerto, fue una grandísima actuación prevista con un presupuesto brutalmente alto que se financiaba de la enajenación de terrenos en la zona de Varadero que iban a ser vendidos para construir pisos, todo eso se cae y creo que el modelo de muchos pocos es mucho más eficaz. Vamos a actuar con la Fundación Enarie, punto de calidad; vamos a actuar en el Barrio Pesquero en los archivos, punto de calidad; vamos a actuar en el muelle de Maura, vamos a actuar prolongando el paseo marítimo de la Duna de Zaera en adelante... Quizás eso sea mucho más natural y más apreciado por los vecinos que hacer un proyecto faraónico que requiera recaudar 80 millones de euros que nunca se va a conseguir y va a estar sometido a los vaivenes de un plan urbanístico, que en el caso de Santander no sabemos cuándo va a ser el siguiente.

Un día vamos a tener desgraciadamente que lamentar que alguien se meta en un contenedor mal ventilado y que, cuando llegue a su destino, nos encontremos una catástrofe

Durante la pasada legislatura, desde sus responsabilidades como consejero de Industria, fue muy crítico con la situación de la seguridad del Puerto de Santander. ¿Se ha puesto remedio o siguen sufriendo problemas de intrusismo?

Bueno, en los meses de la pandemia lógicamente mejoró muchísimo porque el control de la gente que paseaba, que merodeaba, por así decirlo, por el entorno del Puerto era mucho más fácil de controlar, pero hemos visto un repunte a partir del mes de diciembre, es decir, en los últimos cuatro meses, de personas que quieren de forma ilícita traspasar unos límites fronterizos, unos límites aduaneros, que ponen en riesgo la carga, las líneas, porque si el polizón consigue su objetivo genera un efecto llamada, que hará que por cada polizón que llegue a su destino las autoridades receptoras te multan, los dueños de los contenedores en los que han viajado nos los devuelven, la carga queda afectada y, lo más importante, un día vamos a tener una desgracia, un día vamos a tener desgraciadamente que lamentar que alguien se meta en un contenedor mal ventilado y que, cuando llegue a su destino, nos encontremos una catástrofe. No estamos hablando de frenar un flujo migratorio, estamos hablando de evitar riesgos que no es que sea gente que quiera entrar en España, es que quiere salir de forma ilícita para entrar en otro país de forma no declarada. Eso genera riesgos para todos y es obligación de todas las administraciones colaborar en detectar por dónde y poner todos los medios para que esto no se produzca intentando que no lleguen a acceder al barco aunque se hayan colado de forma subrepticia en un remolque. Estamos detectando que hay nombres que se repiten de forma recurrente en estos intentos de salto y creo que es un problema que en otros puertos han conseguido resolver y nosotros tenemos un puerto, que como decía antes, no es exterior, como Gijón o Bilbao, que es más fácil de controlar, con siete kilómetros de valla con una ciudad con actividad donde es mucho más difícil controlar accesos pero por el bien de los operadores y de la credibilidad del Puerto de Santander no puede ser un puerto inseguro, desde el punto de vista del cliente y también por el bien y la seguridad de las personas, porque un día vamos a tener que lamentar una desgracia seria.

También se debatió insistentemente tanto en el Ayuntamiento de Santander como en el Parlamento de Cantabria sobre el desembarco de material explosivo y armas por parte de algunas navieras, lo que provocó un gran rechazo social. ¿Se debe mirar hacia otro lado con ese tipo de actividades o hay margen para la actuación?

Es muy complicado, no hay ninguna normativa, más que la de seguridad, evidentemente, que te permita limitar el tipo de carga que trasiegas. Es, además, una tarea que, de producirse un cambio de normativa, le correspondería al Estado. Cantabria sola no puede legislar de forma que impida el tráfico de explosivos o de armas en su Puerto. No me gusta, y yo creo que un gesto solidario sería repartir por todos los puertos de España las cargas que desde España se exportan. Eso sería un gesto más solidario desde la administración del Estado y nosotros así lo hemos transmitido, no nos apartamos de cumplir con nuestra obligación, de cumplir escrupulosamente la ley, pero creo que una de las tareas que podría acometer el Estado es intentar planificar el transporte y la exportación alternando las cargas entre los distintos puertos. Aquí aplicamos criterios de seguridad muy, muy estrictos. Desde el punto de vista de la peligrosidad estaría tranquilo siendo vecino de Santander. No permitimos la acumulación de contenedores en el puerto, no permitimos la pernoctación, tienen que estar absolutamente controlados, llegan al barco de forma dosificada, no juntamos muchos tráficos simultáneamente en las mismas horas, pero con todo me gustaría que hubiese más reparto territorial de estas cargas que, independientemente que lo hagamos de forma muy segura, genera una reacción social normal, un temor que es perfectamente lícito aunque técnicamente esté poco justificado.

Francisco Martín (Santander, 1966) afronta su segunda legislatura consecutiva como consejero de Industria de Cantabria, en la que es su segunda etapa en un Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla, convencido de que es imprescindible ser “rupturista” tras la crisis sanitaria del coronavirus que ha hecho temblar todos los cimientos de toda la economía mundial. “Hay que dejar de pensar con los esquemas habituales. Hay que pensar en cosas absolutamente nuevas... y rápido. Muy rápido”, insiste. A su juicio, la comunidad autónoma ha mostrado una “gran capacidad de reacción” durante la pandemia y ahora es el momento de facilitar el proceso de “descongelación” para recuperar la actividad lo más rápido posible. “Siempre he sido apóstol de parar lo menos posible la economía por el coronavirus”, reconoce, al tiempo que destaca que el plan de desescalada que se ha puesto en marcha ha sido “muy bueno”. “Creo que el Gobierno de España ha hecho una gran labor en el planteamiento, en las fases y en su desarrollo”, subraya durante una entrevista en la que aborda el futuro de Nissan, Sniace o La Pasiega, patatas calientes de una legislatura que admite que será complicada.

El año comenzó con malas noticias en el sector industrial de Cantabria, con anuncios de ERTE en empresas muy importantes para la comunidad autónoma, pero las consecuencias de la pandemia del coronavirus han hecho estallar hasta las previsiones más optimistas. ¿Cómo está resistiendo el tejido industrial cántabro la crisis sanitaria de la COVID-19?

Nos parecían malas noticias entonces... ¡Qué lejos queda todo! Es cierto que en diciembre se produjo una cascada de ERTES, que no ERES, que dije en aquel momento que eran preventivos porque llegado el momento no se ejecutaron. Estaban autorizados, pero la mayoría de las empresas seguía con su actividad. Sí es verdad que se detectaba una caída de pedidos, lo que obligó a estas empresas a prepararse para reducir su producción. Esto era el reflejo de una paulatina bajada de la actividad a nivel global, que a nosotros también nos afectaba. Pero efectivamente, llega el coronavirus y todo parece anecdótico, porque cualquier crisis que conocíamos suponía un descenso del 2 o 3% del PIB, y llega esto de repente, porque es necesario confinarse, y provoca una caída del 15% del PIB. Nunca jamás habíamos vivido nada parecido y es difícil predecir lo que va a suceder después. ¿Qué pasa cuando has pegado un parón a la economía de dos meses, desaparece un 15% del PIB y al día siguiente arrancamos con las mismas herramientas que disponíamos antes del parón? Estamos todos a la expectativa.

¿Y cuáles son sus previsiones, si se atreve con una predicción de futuro?

Te puedo decir lo que estoy viendo yo estos días... Y yo estos días estoy viendo que mientras el país tiene herramientas para mantener la congelación, es decir, mientras los ERTES por fuerza mayor y las subvenciones siguen encima de la mesa, la actividad económica tiene tendencia a seguir congelada, a dilatar lo máximo el proceso de descongelamiento. Ahí las administraciones tenemos una obligación evidente de ponernos en marcha cuanto antes como elemento tractor y ejemplarizante.

También hay que reconocer que la gran empresa de esta región no se ha parado. O casi no se ha parado. En medio están todas las pymes y micropymes que tienen esa inercia a la reapertura. Desde que se decreta el confinamiento, un trabajo fundamental de esta Consejería ha sido reinterpretar toda la avalancha de reales decretos ley que se han ido publicando, algunos verdaderamente complejos. Para las empresas grandes nos tocó determinar aquellas que prestaban servicios esenciales. Dije en su momento que para Cantabria cualquier actividad que es tractora de economía es esencial, siempre y cuando se garantizara la seguridad de los trabajadores. Por eso, nos pasamos durante el primer mes contestando a ese tipo de consultas.

Hemos tenido un nivel de actividad mayor que otras comunidades en lo que se refiere a la gran industria, que luego plantea sus ERTES en prevención de lo que puede venir después. Lo que hemos venido haciendo es trabajar mano a mano con todos ellos para facilitarles la actividad, apoyando a las empresas que han sufrido problemas serios, con Nissan por el buen camino y Sniace dando los pasos para que en el menor plazo posible pueda producirse una noticia positiva.

¿Y en qué punto se encuentran ahora?

En medio de ese maremágnum, se produjo el problema de Nissan, que nos ha tenido el segundo mes hablando muy estrechamente con la dirección de la compañía. Estaba sobre la mesa la posibilidad de la desaparición de toda la actividad en Europa, también en Cantabria. De la mano de la empresa y los trabajadores hemos sido capaces de diseñar una hoja de ruta en la que el Gobierno de Cantabria se compromete a aportar todas sus herramientas de apoyo a un plan de ultraactividad. Todos estamos volcados en ello. Ese mensaje conseguimos que llegara hasta Japón. Si confían en la planta de Los Corrales, nosotros, como Gobierno, más. Pero esto debe ser un compromiso mutuo. Nosotros como Gobierno, los trabajadores y la empresa vamos a poner todo de nuestra parte, pero también hace falta que la matriz en Japón apueste por la planta de Los Corrales. Japón ya ha dicho que confía. Ahora, tenemos hasta el día 26 de junio para dibujar ese plan de ultracompetitividad con todos los compromisos. De esa forma, de momento, hemos salvado la presencia de Nissan en Cantabria.

¿Y respecto a Sniace?

Hay otro proceso que sigue en marcha, que es el de la liquidación de Sniace. Hemos estado durante todo este periodo de confinamiento en continuo diálogo con los liquidadores. Se ha hecho un catálogo de venta. Está en proceso de liquidación irremediable. Quiero decir que todo aquello que se oyó durante el confinamiento sobre una posible reapertura de Sniace para fabricar productos esenciales ya nos dijo el juez y el liquidador que era imposible.

Lo que sí que es verdad es que hay visos de que vaya a aparecer una empresa que va a tirar para adelante con la actividad. ¿Por qué? Porque si analizamos objetivamente el sector de la celulosa, vemos que en Europa es muy difícil obtener las autorizaciones, es muy difícil disponer de un emplazamiento rodeado de tu materia prima, como ocurre en el caso de Cantabria, y que existen también relaciones cruzadas entre la producción de celulosa y lo que tiene alrededor, como la producción de cloro, de vapor, de energía... El conglomerado es propicio para que esto tire para adelante.

¿Hay margen para ser optimistas y pensar en una recuperación o debemos ser realistas y dar por hecho que afrontamos una larga temporada de malas noticias?

Hay que ser muy prudentes. Los mensajes apocalípticos solo generan apocalipsis. Y los mensajes excesivamente optimistas son también origen de problemas. Creo que hay que ser realistas, pero cuando hay una botella que está hasta la mitad, prefiero ver la botella medio llena que medio vacía. La economía es un 80% estado de ánimo y un 20% capital. Si nosotros mismos, desde casa, decidimos afrontar los problemas con un mal estado de ánimo, no conseguiremos nada.

El problema es grave, pero somos un país que tenemos las infraestructuras disponibles, las capacidades económicas totalmente estables. Nos falta liquidez, pero tenemos a gente formada, tenemos todo el sistema operativo, buenos empresarios, todos los mimbres para salir como el mejor. No debemos caer en luchas intestinas. El ejemplo que está dando el Parlamento de Cantabria es un mensaje francamente bueno. Las leyes básicas para salir de este problema se están aprobando por unanimidad. Es un buen mensaje. Toca remangarse y ponerse a trabajar.

Creo que estamos igual de colocados que el mejor para salir de esta grave situación. Solo hace falta que no nos pongamos palos en las ruedas a nosotros mismos. Como región, tenemos grandes potencialidades. Tenemos el apoyo incondicional del mayor banco de Europa, además. Tenemos proyectos encima de la mesa que igual hay que reformular, pero que en lo básico siguen siendo igual de válidos. Hay que ser realistas, pero cuando tienes capacidad de generar un estado de ánimo positivo de optimismo y, sobre todo, de confianza, como Gobierno estás obligado a ello.

Más allá de las grandes industrias, desde su departamento, apoyados en Sodercan, se ha puesto en marcha el 'cheque de resistencia' y el 'cheque de autónomos' que intentan paliar en el corto plazo las mayores urgencias de las empresas más afectadas por el parón económico. ¿Cómo está funcionando? ¿Tienen datos que les permitan hacer una valoración de su alcance real?

Estas son medidas para afrontar el periodo de congelación. Hay que tener cuidado, porque si facilitas mucho la congelación, es probable que el país siga congelado. Lo que tenemos que hacer es dosificar o dimensionar herramientas que ayuden durante ese proceso de congelación, pero que no motiven a continuar con la congelación. Algunos pueden decir que son medidas insuficientes, claro. El 'cheque de resistencia' se diseña para afrontar todos los gastos generales que se siguen produciendo aunque la empresa no tenga actividad: alquileres, suministros y todos aquellos gastos que no desaparecen aunque estés cerrado. Esto ha funcionado francamente bien. Pensábamos que iba a beneficiar a 7.700 solicitantes y ha habido 10.300 en total, aproximadamente.

Respecto al 'cheque de autónomo', está enfocado para hacer frente a los costes sociales. Son 286 euros en un solo pago, el equivalente a una mensualidad de la cuota. En unas pocas horas se formalizaron más de 500 peticiones. No es una tabla de salvación, pero es un respiro para aquellos con menos margen. Por lo que nos llega, son propuestas que han sido muy bien recibidas. Creo que hemos reaccionado bien para apoyar a las empresas y autónomos en el periodo de congelación, y ahora tenemos que dar el do de pecho para facilitar la reactivación, que la gente no mantenga la inercia de seguir congelado. Yo sé que es arriesgado, pero estamos obligados a generar actividad y poco a poco recuperar el pulso de una región que quiere salir de esta crisis con ilusión y con energía.

Precisamente en esa reactivación económica progresiva, el comercio minorista está recuperando su actividad, asumiendo aforos limitados y medidas de seguridad e higiene excepcionales dada la situación sanitaria. ¿Qué feedback tiene de los comerciantes? ¿Podrán salvar el año o se están encontrando muchas dificultades añadidas?feedback

Bueno, bueno. La directora general de Comercio está recorriendo toda la región, visitando distintos comercios de diferentes sectores, pulsando poco a poco el sector. Hemos estado en contacto durante todo este tiempo con las principales asociaciones de comerciantes. El feedback está siendo mejor de lo que esperaba. Tengo que agradecer el esfuerzo que está haciendo el comercio, que se ha puesto en marcha de forma ilusionada e ilusionante, poniendo en marcha todas las medidas: mascarillas, mamparas, hidrogel, distancias, control de aforos... Están demostrando una voluntad férrea que yo agradezco de corazón. Y se están viendo recompensados, creo, con una respuesta bastante buena de los clientes.

Y es que si algo ha cambiado esta crisis sanitaria del coronavirus es la naturaleza del cliente. Nos hemos acostumbrado a comprar por internet o por teléfono. Por eso, el esfuerzo que va a hacer el Gobierno de Cantabria es que el pequeño comercio de Cantabria, ya que se ha iniciado en la venta online por necesidad, se suba a las plataformas digitales. Esa digitalización del pequeño comercio debe ir asociada de toda una infraestructura logística. ¿Cómo vencemos a Amazon una vez que el cliente ha cambiado su forma de comprar? Siendo más próximos, siendo más reconocibles, siendo más especializados y siendo más rápidos si cabe. Esas son las cuatro claves. Y eso quiere decir que si yo compro unos zapatos por internet en una zapatería de mi calle, los tenga en mi casa en 20 minutos. No en 20 horas, como hace Amazon, en 20 minutos. Por eso, el sistema de distribución de la última milla es la clave del pequeño comercio minorista pensando en el futuro.

Fíjate que hace unos años, el comercio minorista miraba de reojo a El Corte Inglés. Hace pocos meses, ambos juntos miraban de reojo a Amazon. Y creo que ahora Amazon podría mirar de reojo al pequeño comercio si somos capaces de explicarles a los cántabros que comprando en comercios de Cantabria, productos de Cantabria, conseguiremos que Cantabria salga adelante.

¿Y eso no exige también un cambio de mentalidad y de educación del cliente?

Absolutamente. Actuar sobre el estado de ánimo del cliente, en Cantabria no se había hecho nunca. Y pensar en un comercio de proximidad digital, con un sentido de reparto ágil, tampoco se había hecho nunca. El coronavirus nos lleva hacia una economía rupturista y hay que dejar de pensar con los esquemas habituales. Hay que pensar en cosas absolutamente nuevas... y rápido. Muy rápido, porque las grandes plataformas enseguida se van a acostumbrar a esto y van a intentar que el pequeño comercio se suba a su negocio, donde la gran tributación se produce en Irlanda, o en China, o a saber dónde.

Hay que ser rupturistas y rápidos. Debemos apelar al cántabro como ciudadano, porque solo salimos de esta si somos capaces de salir juntos. Si valoramos más un tomate de Isla que un tomate de Murcia. Es más, poniendo un ejemplo que no existe para que nadie se ofenda, aunque la piña de Cantabria fuera un poquito peor que la piña de Cuenca, yo diría que hay que comprar piña de Cantabria porque de eso depende que salgamos para adelante. Oye, cuando estemos otra vez en una dinámica de normalidad ya podremos plantearnos frivolidades, pero de momento la responsabilidad del cántabro está en pensar antes de tomar cada pequeña decisión de compra. Esa es la mentalidad.

En el fondo, es un pequeño ejercicio de egoísmo, porque pensar en tu entorno más cercano es pensar en ti. Si el único objetivo es comprar todo más barato, eso acaba en pobreza. Es un desarrollo mental muy sencillo. Compramos fuera de Cantabria, y la riqueza se queda fuera de Cantabria. Sin embargo, comprar en Cantabria, a precio de mercado, productos de calidad, nos lleva a la riqueza.

Por sacar un aspecto positivo de la catástrofe que ha supuesto el coronavirus, ¿no cree que esta crisis pueda hacernos repensar la importancia de nuestras industrias y de la necesidad de impedir la deslocalización de empresas esenciales?

Claro. Hay otros dos elementos más después de todo este proceso de reflexión y de ruptura con lo de siempre que nos llevan a pensar que no podemos deslocalizar determinadas cosas. Lo primero: productos estratégicos. Nos hemos dado cuenta de que cuando cedemos la producción de mascarillas a China, nos quedamos sin mascarillas. Esto, en materia de salud, sería aplicable a casi todo. En este caso, han sido mascarillas e hisopos, pero imaginaos que fueran camas y jeringuillas. Da igual. Hay cosas básicas de las que no podemos prescindir.

Como región y como país, esta crisis nos ha enseñado algunas cosas. No podemos prescindir de nuestras redes de comunicación. Que quien nos da el servicio de internet, de transporte público, de televisión, sean empresas sobre las que tengamos cierto control. Y que quien me da el servicio de mascarillas, de respiradores, de viales, de camas de hospital... sean empresas sobre las que tengamos cierto control. Cosas que yo he aprendido y que en este proceso rupturista han cambiado: además del automóvil, que para la industria de Cantabria es esencial porque supone casi el 30% del PIB industrial, quiero que también lo sea la industria de los suministros sanitarios.

Tenemos al cabo del año, aproximadamente, unos 15 millones de euros para promocionar nuevas cosas en la industria de Cantabria. Pues el sistema sanitario cántabro gasta alrededor de 1.000 millones de euros al año. Imaginaos si todos los suministros provinieran de empresas de Cantabria... ¿Qué supondría eso para el PIB de Cantabria? Vamos a intentar que en Cantabria surjan proveedores de todo aquello que nuestro sistema de salud va a consumir, de forma que esos 1.000 millones de euros, o un porcentaje importante, no se vayan de Cantabria. Además, garantizamos que esos suministros fundamentales se producen en Cantabria, evitando lo que ha ocurrido durante esta pandemia. Esa es la mejor política de promoción industrial que a mí se me puede ocurrir. Esa es la primera idea.

Segunda gran lección: si nos dedicamos a vender las empresas tractoras de Cantabria a capitales extranjeros, el centro de decisión se va fuera. ¿Tú sabes lo difícil que es contactar con Japón para hablar de Nissan? ¿Te imaginas lo que hay que gritar desde Cantabria para que te escuchen desde Japón? ¿Tú crees que si la toma de decisiones de Nissan se hiciera en España se hubiera cerrado la planta de Barcelona? Tenemos que plantearnos como españoles un cierto patriotismo industrial, intentando que los centros de decisión de las grandes empresas tractoras y estratégicas sigan residiendo en España. A ver, que es buenísimo que un capital importante o que una multinacional desembarque aquí, pero tenemos que plantearnos cómo mantener cerca los centros de decisión para no perder capacidad a largo plazo.

Siempre he dicho que la gallina de los huevos de oro la buscan los gobiernos novatos. Nosotros, que llevamos un tiempo ya, decimos siempre que vamos a confiar en los empresarios de Cantabria. ¿Cómo nos ha ido en el pasado cuando hemos traído un GFB, un Néstor Martin, un Haulotte? En cuanto han podido, o han tenido problemas, han desaparecido de aquí. Vamos a ver si con ese patriotismo regional, los empresarios de Cantabria, o que llevan toda la vida en Cantabria, pueden crecer e incluso ir fuera. Lo fundamental es confiar en los que están, garantizando que puedan seguir estando y crezcan. Es la única forma de garantizar que sigan pasando cosas grandes en esta región.

Más allá de que si te toca la lotería, estés ahí y sepas gestionarlo. El día a día no es de eso. Es intentar que el pequeño empresario que tiene 8 trabajadores tenga 10, porque si los 40.000 parados que hay en Cantabria los comparamos con los 40.000 empresarios que hay en Cantabria, con que cada uno de ellos generara un puesto de trabajo... acabábamos con el paro en Cantabria. Eso es posible, y bastante más probable a que venga aquí una gran empresa y contrate a 40.000 parados. Si el centro de decisión es de aquí, si el empresario es de aquí, es muy difícil que se deslocalice y esa empresa desaparezca.

Hablando de las consecuencias de la pandemia, y por no insistir solo en los aspectos negativos, también ha habido algunas compañías que han demostrado su capacidad de reinventarse y de apoyar en un momento complicado, como ocurrió con Textil Santanderina para la fabricación de mascarillas o batas y de la destilería Siderit para la elaboración de productos de uso sanitario. ¿Ese debe de ser el ejemplo a seguir?

Magníficos ejemplos para poner encima de la mesa. Cuando digo que hay que ser rupturistas, tanto Textil Santanderina como Siderit, pero no solo ellos, también algunas farmacéuticas de Cantabria o Amica, por ejemplo, han puesto todo de su parte para reinventarse. Ha habido un montón de empresas que han demostrado que durante el mayor de los problemas han sido capaces de ser útiles.

Cantabria siempre sorprende en estas situaciones. Cantabria es una grandísima región que, cuanto mayor es el problema, mayores sorpresas da en cuanto a su capacidad de reacción. Esos ejemplos de éxitos nos gustará seguir contándolos porque es verdad también que no todo el empresariado de Cantabria tiene esa capacidad o elasticidad. Pasa por tener una estructura ágil y porque el empresario sea emprendedor. Tenemos más ejemplos, desde Solvay hasta Maflow o el Hospital Virtual. Ha habido un montón de empresas y de particulares que han querido aportar. Los centros de FP, las universidades o ciudadanos a título particular que con sus impresoras 3D se han puesto a fabricar componentes para respiradores o máscaras, por ejemplo. Todo el que ha podido, se ha puesto a aportar, y eso es maravilloso. Ahora vamos a ver si no perdemos esa inercia y esa capacidad de reinventarnos. Vamos a poner en marcha algún plan que lleva esa idea de la reinvención como piedra angular.

A lo largo de este proceso de desescalada que estamos viviendo, a veces parece que el debate ha girado en torno a lo sanitario frente a lo económico. Ahora que Cantabria ha entrado en la fase 3 de la desescalada y se reclama la reapertura del aeropuerto Seve Ballesteros a la mayor brevedad posible, ¿está de acuerdo en que la recuperación de la movilidad geográfica debe ser ya una realidad o es de los que apuesta por mantener la prudencia?

A lo largo de la pandemia, el mando único lo ostentaba el Ministerio de Sanidad, como no podía ser de otra manera, y bajo ese mando único los principios eran los que tenían que ser, pero sí es verdad que pasado un mes nos empezamos a sentir con la necesidad de generar más actividad económica, con la premisa siempre de la salud para el trabajador. Yo siempre he intentado que destruyésemos la menor capacidad económica posible. Dije en su momento, al día siguiente del confinamiento, que la gravedad de la crisis tendría que ver con el mecanismo de congelación de la actividad y con la duración de la congelación.

Hemos intentado desde Cantabria que la congelación fuera la menor posible, y por eso la gran industria se ha mantenido abierta con el apoyo de su Gobierno. La catástrofe hubiera sido mayor con el parón de la economía. Cuando se produjeron esos nueve días de parálisis total nos sentimos muy incómodos. Sí es verdad que luego, tengo que decir, el plan de desescalada me ha parecido un muy buen plan de desescalada. Creo que el Gobierno de España ha hecho una gran labor en el planteamiento, en las fases y en su desarrollo. Seguramente se podría haber hecho mejor, pero se ha hecho muy bien teniendo en cuenta que era la primera en la historia que se hacía. Debo romper una lanza a favor de aquellos que han diseñado este plan de desescalada.

Nosotros, como Gobierno autónomo, hemos ido pidiendo una serie de cosas que nos parecían que eran peculiaridades de Cantabria, que igual no eran de aplicación en todos los sitios, pero que se han ido atendiendo. Para Cantabria, la labor que ha venido haciendo Miguel Ángel Revilla en las reuniones de los domingos con Pedro Sánchez ha sido muy eficaz. Un trabajo muy intenso desarrollado por todas las consejerías a lo largo de la semana, que se vuelca de la mano de la Universidad de Cantabria en unos planes propios de desescalada, que el presidente traslada en este foro, y que casi siempre se nos ha concedido.

Estamos llevando a cabo un buen proceso de desescalada, bien diseñado, que está demostrando que se realiza bien, sin repuntes, y deseando con todo el alma que se abran las fronteras para que llegue la bendición de los visitantes, que es lo que a partir de este momento y hasta final del verano puede permitir que se recupere nuestra economía con más intensidad. Hay mensajes muy buenos. Cantabria ha ido siempre liderando las regiones con el menor número de contagios y de defunciones. Si estás en Madrid y estás pensando en irte de vacaciones, lo primero que buscas ahora es ir a un sitio donde no haya problemas sanitarios. Es un sitio donde el resto de españoles se va a plantear venir.

Y es importante abrir cuanto antes. Yo siempre he sido apóstol de parar lo menos posible la economía por el coronavirus. Pero también es muy importante no ir ni un paso por detrás de los demás. Tendríamos un problema. Es más importante no quedarnos atrás que intentar adelantar unos días la apertura de lo que sea. A partir de que se reabran nuestras fronteras, yo espero que recuperemos una actividad al 95% de lo que había antes de la COVID-19.

Supongo que en los últimos días haya estado aguantando la respiración antes de conocer el desenlace final de los planes de Nissan para la fábrica de Los Corrales de Buelna. ¿Cómo se va a articular ese apoyo del Gobierno a la multinacional japonesa para que mantenga su apuesta por Cantabria?

El hecho de que no cierre la planta de Nissan en Los Corrales de Buelna tiene que ver con que ya en Japón se nos ha escuchado. Y hemos tenido que gritar muy fuerte... El principal altavoz ha sido la dirección de la fábrica en Los Corrales, a la que agradezco el trabajo que han hecho para hacer llegar este compromiso del Gobierno de Cantabria y de los trabajadores hasta Japón. Los trabajadores han sido absolutamente generosos, porque no han perdido los nervios y han sido parte de la solución, porque no han generado una imagen de inestabilidad o de inquietud para aquellos que tenían que tomar la decisión en Japón.

Ahora toca desarrollar ese grupo de trabajo en el que, por supuesto, tiene que estar el Gobierno de la Nación. El Ministerio de Industria lo sabe, pero también hay que ser comprensivos. Ahora mismo tienen un problema muy gordo que se llama Nissan Barcelona. Lo están intentando resolver, y dentro de los elementos de negociación, cuando se pone todo encima de la mesa, también están las plantas de Ávila y Cantabria. Después de la decisión de Japón, entiendo que el Estado habrá hecho, como nosotros, un trabajo con la multinacional para que todas las plantas se mantengan abiertas. Cuando decides cerrar la planta más grande, la de Barcelona, es evidente también que el Ministerio de Industria, además de afectado y enfadado, estará intentado trabajar en alguna solución de última hora para la planta de Barcelona.

Conozco muy bien a la ministra de Industria, conozco muy bien al secretario general del Ministerio de Industria, con el que he estado hablando ampliamente de esto, y estarán. Estarán en el momento en el que deban estar. Hay que ser prudentes. Ahora mismo tienen un problemón, que están intentando solucionar, pero tengo la convicción y tenemos el compromiso de que el Ministerio estará apoyando ahí. La planta de Los Corrales tendrá ese apoyo, estoy seguro de ello.

El cierre de Sniace, sin embargo, tuvo lugar en el peor momento, a las puertas de una crisis brutal en todo el mundo como consecuencia del coronavirus, pero antes mencionaba una alternativa para la fábrica. ¿Está dicha ya la última palabra o hay margen para un nuevo renacimiento?

No, no. Vamos a ver. Ahora está en fase de liquidación. A diferencia de la fase de concurso, en este momento desaparecen todas las deudas. Sniace reabrió hace tres años con una deuda concursal de más de 100 millones de euros, que ha sido fundamental para que no hayan podido retomar el vuelo. Si a eso le unes el descenso del precio de la celulosa y la bajada de la prima a la cogeneración, eso hace una sopa que convierte en inviable ese proyecto industrial. Y así lo deciden sus máximos accionistas, que invirtieron muchísimo dinero, y perdieron muchísimo dinero por ello. Quiero agradecer el esfuerzo que han hecho por ello.

Pero ahora está en proceso de liquidación y desaparece la deuda. Es como si con una goma de borrar, borrásemos todo el pasado de Sniace, y quedase solo la maquinaria, el conocimiento del negocio, la red comercial y la experiencia de sus trabajadores. A eso le unimos que ahora en Europa es casi imposible obtener los permisos para fabricar este tipo de celulosa y que la materia prima está rodeando la fábrica, estoy casi convencido de que va a haber alguien, alguna empresa, algún grupo empresarial, que va a ver una gran oportunidad de hacer negocio aquí.

Si eso ocurre, como pensamos nosotros y los liquidadores que puede ocurrir, ya se ha hecho el catálogo de venta de la liquidación. Me gustaría que fuese un grupo empresarial español, por aquello de que el centro de decisión estuviera en España. Creo que tendremos noticias en un corto espacio de tiempo. El proceso de paralización por el coronavirus hace que todo lo que debería haber ocurrido en tres meses, ocurra en cinco o en seis, pero creo que va a ocurrir.

Los activos, y no estoy hablando solo de la maquinaria y los edificios, que quizás no sean los más ejemplares ni los más modernos, pero los activos que tiene Sniace, como la ubicación, materia prima, conocimiento, trabajadores, suministro de agua, electricidad, sistema industrial a su alrededor... hace que sea una buena oportunidad para que alguien, partiendo de cero, porque se borró la deuda, pueda arrancar el proceso de nuevo. Yo soy moderadamente optimista. Si yo perteneciese al sector de la fibra o la celulosa, me plantearía dos cosas: que es una oportunidad cierta y que si no lo hago yo, lo va a hacer mi competencia.

Hablando de la importancia de la ubicación estratégica, se ha hablado mucho en los últimos años sobre el Centro Logístico de La Pasiega. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos meses, ¿sigue siendo prioritario para el Gobierno de Cantabria? ¿Cuándo veremos avances en esta infraestructura?

Sí, sí. Seguimos pensando que es fundamental desarrollarlo. Tenemos una ubicación geoestratégica muy buena, en el centro de la Cornisa Cantábrica, nuestras autovías no son de pago, y si tuviéramos un buen ferrocarril ya seríamos la leche... Queremos hacer una grandísima Ciudad del Trasporte y hacer un gran Centro Logístico que aúne el transporte por carretera con el transporte ferroviario. Tenemos todos los mimbres. La Pasiega como elemento focal de la política de transporte sigue siendo la pieza imprescindible. Pero el elemento definitivo será una buena conexión ferroviaria. Es decir, La Pasiega será una condición necesaria, pero no suficiente.

¿Y cómo va La Pasiega?

La Pasiega sigue su proceso de peregrinaje, que ha estado plagado de palos en las ruedas, uno tras otro. Estamos en estos momentos rehaciendo el proyecto a la luz de lo que ha ido produciéndose en los últimos años. Pasó mucho tiempo. La aprobación inicial decayó y tuvimos que hacer una nueva aprobación. Para ello, hay otra serie de condicionantes medioambientales que debemos respetar, reducimos el ámbito geográfico, recibimos aquel palo en la rueda del Ministerio de Fomento diciendo que no era trascendente para el Puerto de Santander, luego otro palo en la rueda que fue el borrador del Plan General de Piélagos diciendo que ese suelo tenía especial valor agroecológico... En fin, que hemos tenido que ir saltando obstáculos. Habrá más vallas. En el momento de la información pública me consta que así será, porque determinados grupos que no están de acuerdo lo plantean así, pero lo iremos solventando.

Los cántabros queremos que eso ocurra. Hay que ser muy respetuosos con la democracia, y si la mayoría de los cántabros queremos que sea así, deberemos intentar que ocurra, siempre cumpliendo las leyes. Ahora estamos terminando la redacción del enésimo proyecto de La Pasiega. Dije que para final de año podría estar aprobado, pero con el parón del coronavirus todo se desplaza tres meses más. Sigo pensando que la aprobación inicial puede estar a finales de año, si todos somos ágiles y corremos. Pediremos a todas las administraciones la mayor celeridad posible, y espero que la aprobación inicial de La Pasiega llegue antes de final de año. Es un proyecto que lleva dando vueltas desde 2007. No es un proyecto de una legislatura, no es un proyecto de un Gobierno, sino que debe proyectarse en el tiempo, así que el cuándo casi es lo de menos, siempre que tengamos la garantía que va a ocurrir. Y Cantabria se la juega en esto. No podremos ser competitivos exportando sin ello.

Ya para acabar... Repasando una de las últimas entrevistas que le hicimos la pasada legislatura, decía que antes de asumir las competencias de Industria se había prometido a usted mismo “no volver nunca a la política” después de su anterior periodo en el Gobierno de Cantabria. ¿Sigue pensando lo mismo o le ha compensado la vuelta?

También me he propuesto adelgazar muchas veces, o hacer más ejercicio... [Risas]. Son cosas que se dicen.

¿Piensa ya en cerrar una etapa cuando acabe este mandato en 2023?

Como nos conocemos hace muchos años, te reconocí cuando dejé la política -o cuando la política me dejó a mí, porque perdimos unas elecciones- que estaba cansado después de esos ocho años. Creo que ocho años es un plazo razonable para agotarse. Si alguien en ocho años no se ha agotado, es porque es Superman o porque no ha entregado todo lo que tenía. Yo siempre intento dar todo lo que tengo, y la política vacía muchísimo. La anterior legislatura fue muy buena en casi todo. Si analizamos los parámetros económicos, no tuvimos ni un disgusto industrial, el turismo batió sus récords históricos, el aeropuerto superó sus cifras de pasajeros... Fue una magnífica legislatura, luego fue un poquito más sencilla de lo que va a ser este. Me vació un poquito menos.

Esta va a ser muy dura. Ya vimos cómo empezó, con una paulatina bajada de la actividad económica, y ahora se junta esto. Toca vaciarse y darlo absolutamente todo, cambiar de mentalidad y sí pronostico que al final de los tres años que quedan ya voy a estar francamente cansado. Y eso será porque he dado lo mejor de mí para ayudar a la recuperación económica de esta región, que lo va a necesitar. No me he arrepentido hasta la fecha de mi vuelta. A mí me motivan los grandes retos. Siempre en mi vida ha sido así. Fíjate que soy el único consejero que repite esta legislatura, pero tengo las mismas ganas y la misma ilusión que al principio.

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, y el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez, han analizado la revisión del plan urbanístico de este municipio con la que se prevé generar 800.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial.

Durante la reunión de trabajo que ambos han mantenido en la Consejería, Martín ha recibido como “muy positivos” los planes del Consistorio y ha ofrecido la “más absoluta colaboración” de su departamento para desarrollar este proyecto que, en su opinión, indica el buen funcionamiento del parque empresarial de Marina-Medio Cudeyo, en el que se ha implantado el centro logístico de Lupa.

Asimismo, durante la reunión también han abordado el desarrollo del PSIR y las posibilidades de implantación de otras empresas que se han interesado en el municipio, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

El Partido Popular ha registrado una moción que se debatirá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento en la que pide que se rechace la “falta de transparencia” con la que ha conducido a su juicio el consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), la búsqueda de un nuevo socio industrial para Sidenor, así como el incumplimiento de la resolución parlamentaria de 25 de marzo de 2019 en la que se demandaba la “implicación” del Gobierno “como garante de los derechos de los trabajadores y de los compromisos adquiridos con dinero público”.

El diputado autonómico y portavoz de Industria del Grupo Popular, Lorenzo Vidal del la Peña, ha asegurado que “si de verdad el Parlamento importa y si de verdad queremos que siga importando, los parlamentarios no podemos dejar de mostrar nuestro rechazo a quien incumple sus mandatos”.

Vidal de la Peña ha señalado que los grupos políticos, entre ellos el PRC, que apoyaron en la Cámara instar al Gobierno a que velara por los intereses de los trabajadores de Sidenor, “deben ser firmes en el rechazo a la negligente gestión de Francisco Martín”.

La moción es subsiguiente a la interpelación que defendió el diputado popular el pasado martes en la que pidió la dimisión de Martín por “hacer con Sidenor lo que nunca hubiera hecho con su propio patrimonio”.

Según informa el PP en nota de prensa, la iniciativa tiene como objetivo que todos los grupos de la Cámara cántabra rechacen esta gestión que ha permitido que Sidenor “quede en manos de posibles especuladores evitando facilitar esta información antes de unas elecciones en las que podía verse perjudicada la campaña del PRC y, lo que es peor, dejando en el aire los derechos de los trabajadores de la planta, su continuidad y los compromisos de inversión”, según Vidal de la Peña.

El diputado del PP también han explicado que el Gobierno aún no ha remitido los informes solicitados por su grupo: el de viabilidad de Deloitte Financial Advisory y el de valoración de empresas de Neon Century, lo que a su juicio constituye “una muestra más de esta opacidad”.

Además, desde el Grupo Popular ven “falta de coherencia” en el relato del consejero Martín en el pleno del martes que, en la primera réplica habló del informe de viabilidad de Deloitte, de la solvencia económica de los tres socios de NFL, “su experiencia dilatada en el sector siderometalúrgico, su elevada experiencia en el sector del acero, cuya estrategia empresarial está orientada a la implantación de nuevos procesos, a inversiones orientadas a la capacidad productiva, a entrar en nuevos mercados a través de la red comercial NFL e incrementar el volumen de la planta, priorizando productos de mayor valor añadido”, dando “claras muestras de conocerlo en profundidad”.

Sin embargo, Vidal de la Peña señala que en la segunda de las réplicas, el consejero afirmó que “usted sabe que ni a usted ni a mí nos enseñaron los informes”, idea que repitió poco antes de finalizar su intervención explicando que en aquella época “ni yo era responsable de Sodercan, ni usted ni yo conocemos estos informes”.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, nombrará a Guillermo Blanco, Marina Lombó, Paula Fernández, Francisco Martín y José Luis Gochicoa como consejeros del PRC en el nuevo Gobierno de Cantabria. El jefe del Ejecutivo ha contactado este mismo viernes con todos ellos para comunicarles su decisión de que ocupen las consejerías que corresponden al Partido Regionalista en virtud del acuerdo firmado con el PSOE.

Tras su toma de posesión esta sábado, el presidente procederá a los nombramientos la próxima semana, una vez que el PSOE le comunique quiénes serán los titulares de los departamentos bajo su gestión. La toma de posesión de los nuevos consejeros está prevista para el lunes 8 de julio.

Paula Fernández, Francisco Martín y José Luis Gochicoa seguirán al frente de las consejerías de Presidencia y Justicia; Innovación, Industria y Comercio y Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, mientras que Guillermo Blanco asumirá Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y Marina Lombó, Educación y Turismo.

Estos dos cambios son las principales novedades de los nombramientos del PRC, que confirman la salida del Consejo de Gobierno de Jesús Oria, uno de los dirigentes históricos en el Partido Regionalista y que ha permanecido hasta ahora junto a Revilla en los sucesivos ejecutivos en los que ha tenido responsabilidades. Su relevo recae en Guillermo Blanco, uno de los hombres más cercanos al presidente de Cantabria, que tendrá además tareas añadidas al sumar las competencias de Medio Ambiente a la Consejería.

También se confirma definitivamente la decisión del PRC de unificar en un único departamento las competencias de Educación y Turismo, unas áreas que tienen poco que ver políticamente y que se justifica con la idea de no sobrecargar la Consejería que dirige Francisco Martín, tras recuperar la empresa pública Sodercan.

Currículum

Natural de Bárcena de Pie de Concha, Paula Fernández tiene 47 años, es licenciada en Derecho, diputada, secretaria de Organización del PRC y consejera de Presidencia y Justicia desde el pasado 10 de abril, tras la dimisión de Rafael de la Sierra.

Francisco Martín también repite al frente de la Consejería de Innovación, Industria y Comercio, aunque en esta nueva etapa sin las competencias en materia de Turismo. Nacido en Santander en 1966, es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y fue consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria entre 2007 y 2011.

Por su parte, José Luis Gochicoa, nacido en Vitoria en 1970, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y licenciado en Derecho por la UNED. Es funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y ha ocupado varias direcciones generales del Gobierno de Cantabria antes de su nombramiento como consejero de Obras Públicas el pasado mes de abril, cuando sustituyó a José María Mazón, quien dimitió del cargo para concurrir a las elecciones generales.

Nacido en Ongayo hace 54 años, Guillermo Blanco es grado en Relaciones Laborales, diputado autonómico, secretario de Administración Local del PRC y ha sido jefe de Gabinete de Revilla desde 1999.

Marina Lombó, de 68 años, es natural de La Cavada. Asistente social por la Universidad de Valladolid y diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Oviedo, es funcionaria. En su trayectoria política ha sido directora general de Función Pública (2003-2011) y directora del Centro de Estudios de la Administración Regional desde 2015.

Toma de posesión de Revilla

Según ha anunciado el Gobierno, Miguel Ángel Revilla tomará posesión este sábado 29 de junio como presidente de Cantabria en el transcurso de un acto institucional que tendrá lugar, a las 12.00 horas, en el patio del Parlamento y en presencia de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que acudirá en representación del Estado, así como representantes de las principales instituciones de la Comunidad Autónoma.

La ceremonia comenzará con la interpretación del Himno de Cantabria a cargo del Grupo Ensemble Instrumental de Santander, bajo la dirección de Daniel López. Seguidamente, tomarán la palabra del presidente de la Cámara, Joaquín Gómez, y la ministra María Jesús Montero, cuya intervención dará paso a la lectura, por parte de la secretaria primera de la Mesa, Ana Obregón, del decreto de nombramiento de Miguel Ángel Revilla, que se publicará mañana mismo en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de Cantabria.

A continuación, Revilla jurará o prometerá el cargo y pronunciará su primer discurso como presidente nuevamente en ejercicio, en el que marcará las líneas principales de lo que será su acción de gobierno en los próximos cuatro años.

Miguel Ángel Revilla, tras ser investido este pasado jueves por mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, inicia su cuarto mandato como presidente del Gobierno de Cantabria, que ya ha dirigido en las legislaturas 2003-2007, 2007-2011 y 2015-2019.