La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha apuntado que aprobar la condonación de 83.000 millones de deuda pública de las comunidades autónomas es una medida que quedará “coja” sin aplicar al mismo tiempo una reforma del sistema de financiación de los gobiernos regionales, un proyecto del Gobierno que tiene pocos visos de prosperar ante la falta de apoyos para que salga adelante.

“Si se aprobase una condonación de la deuda y no se aprobase un nuevo sistema de financiación autonómica, que es un escenario también posible, creemos que quedaría la reforma coja”, ha dicho este jueves la presidenta de Autoridad Fiscal a preguntas de los periodistas durante su participación en el curso de verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que patrocina BBVA.

Olóndriz ha señalado que “la línea lógica de actuación” y “el escenario óptimo” sería el inverso al seguido por el Gobierno hasta ahora, empezando por una reforma de las reglas fiscales que controlan las cuentas públicas de las autonomías –algo que el Ejecutivo ha decidido no abordar–. Solo después se abordarían los cambios en el sistema de financiación autonómica y, en último lugar, medidas de alivio del endeudamiento como el caso de la condonación.

Sin embargo, Olóndriz ha insistido en que, en sus escenarios fiscales, aún no está incluida la quita de deuda: “Cuando se proponen medidas, hasta que no se materializan no las tenemos en cuenta, porque ese escenario de no aprobación está ahí”.

El Gobierno envió al Congreso la ley para condonar la deuda autonómica a finales del año pasado, pero el proyecto aún no se ha estudiado. El Ministerio de Hacienda se encuentra inmerso en las negociaciones con las comunidades autónomas para tratar de alumbrar una reforma del sistema de financiación, algo que se abordará, previsiblemente, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tendrá lugar en el mes de julio.

Revisarán al alza su proyección del PIB para 2026

Ante la falta de Presupuestos, también por la dificultad que tiene el Gobierno para atar el apoyo de sus socios, la Autoridad Fiscal ha insistido en que “no es una práctica muy deseable seguir año tras año con prórroga” de las cuentas públicas, en tanto que esto “dificulta la planificación económica” del Ejecutivo y “ralentiza decisiones que puedan afectar al crecimiento económico”.

Así, ha planteado que deberían presentarse “para, al menos, tener una idea clara de las prioridades del Gobierno de turno”.

A pesar de la situación de prórroga, Olóndriz ha reconocido la buena marcha de la economía española, fundamentalmente por el vigor del mercado de trabajo, que ha potenciado el consumo. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado este jueves que el producto interior bruto (PIB) avanzó un 0,6% en el primer trimestre y, según la Autoridad Fiscal, los datos más recientes apuntan a que la actividad va a un ritmo mejor del esperado.

“Los resultados que está habiendo en este segundo trimestre están siendo algo mejor de lo que teníamos previsto inicialmente. Es posible que en nuestro próximo pronunciamiento, que será a mediados de julio, subamos la tasa de crecimiento de la economía para 2026”, ha señalado. Su última proyección era de un avance del 2,2% del PIB, una cifra qe podría revisar al alza en “una o dos décimas”.

La emergencia climática y los desastres naturales le han costado 65.085 millones de euros al Estado, ya sea en obras, ayudas o indemnizaciones, en apenas 20 años, de acuerdo con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), unos fenómenos que cada vez son más frecuentes y pueden tener un mayor impacto en las cuentas públicas.

El supervisor de las cuentas públicas ha publicado este miércoles su segunda Opinión sobre riesgos fiscales, en el que analiza los efectos sobre la sostenibilidad presupuestaria que pueden tener diversos factores, desde macroeconómicos a aquellos vinculados por sentencias judiciales, con el ejemplo de los mutualistas como el más reciente.

Según han detallado fuentes de la AIReF, si bien los riesgos macroeconómicos (por ejemplo, una subida abrupta de los precios de la energía o el endurecimiento de las condiciones financieras) son los que tienen un mayor potencial de golpear a los Presupuestos españoles, hay una “evidencia” de que los factores ambientes son cada vez más frecuentes e intensos, con una tendencia a concentrarse. Por lo que su factura podría dispararse en los próximos años.

Los cálculos del supervisor apuntan que, entre 2005 y 2025, los riesgos ambientales le han costado 65.085 millones a las arcas públicas. Esos desastres naturales han sido sequías, incendios forestales, inundaciones u otros fenómenos meteorológicos. En esta rúbrica incluyen riesgos geofísicos (como el volcán de La Palma, en 2021) o biológicos (la pandemia de COVID-19).

El ejemplo más claro de cómo estos riesgos se materializan con cada vez más fuerza es que solo la DANA de Valencia del año 2024 ha supuesto un coste de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia, así como 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

En total, el Estado ha desembolsado, desde 2005, 16.500 millones de euros a obras de emergencia y ayudas a damnificados, 12.800 millones en compensaciones del CCS, y 35.000 millones de euros en otros costes de respuesta, donde la AIReF incluye también aquellos vinculados a la pandemia.

“Estas cifras ponen de manifiesto que los riesgos ambientales constituyen una de las principales fuentes de materialización efectiva de riesgos fiscales en España”, aduce el organismo en la Opinión, en el que subraya que esto es solo “una aproximación”. 

Además de la información presupuestaria y de las bases de datos del CCS, la AIReF ha diseñado una herramienta con Inteligencia Artificial que analiza las referencias del Consejo de Ministros, el resumen de las principales medidas adoptadas por la reunión semanal del gabinete. Entre ellas, han detectado 437 desastres y 1.555 asuntos, desde el terremoto de Lorca de 2011 a la Borrasca Filomena en 2021.

La AIReF apunta que “la elevada frecuencia” con la que se materializan los desastres naturales y el coste fiscal vinculado “aconsejan una gestión activa de estos riesgos”. En este sentido, recomienda al Ejecutivo mejorar las fuentes de datos, avanzar en la cuantificación de los costes fiscales y establecer una estrategia de mitigación de estos riesgos.

14.000 millones de pago en sentencias en 2024 y 2025

Otros riesgos cada vez más relevantes que señala la AIReF son aquellos vinculados a las sentencias contra el Estado. Solo en dos años, 2024 y 2025, las acciones legales tuvieron un impacto de 14.400 millones de euros, principalmente por la sentencia de los mutualistas (5.936 millones) y las devoluciones por el Impuesto de Sociedades (3.048 millones).

En términos acumulados, el gasto acumulado en concepto de sentencias desde 2014 es 19.407 millones de euros.

El análisis de la AIReF incorpora, por primera vez, las garantías públicas, una figura que ha cobrado un notable protagonismo en los últimos años gracias al papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y sus avales para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y otras crisis sobrevenidas. Si bien la Autoridad Fiscal reconoce que estas medidas no tienen un impacto presupuestario inmediato, pueden tenerlo en el caso de que que lleguen a ejecutarse.

De acuerdo con sus datos, a cierre de 2025 había 24.000 millones de euros en saldo vivo de las líneas COVID, de las que 7.500 millones se encontraban en riesgo mora.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este viernes su nuevo estudio de la regla de gasto en pensiones encargado por el Gobierno, en el que mejora su previsión de gasto neto del sistema a largo plazo, hasta 2050, que rebaja del 13,2% que estimó en 2025 al 13% en este nuevo análisis.

Como consecuencia, no será necesario activar ajustes adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, según estableció la reforma de pensiones aprobada por el Ejecutivo de coalición.

La llamada “regla de gasto en pensiones” se incluyó como un mecanismo semiautomático de control del sistema por parte de la AIReF, para que cada tres años evaluara el equilibrio entre gastos e ingresos. Si este análisis concluía que el sistema se descompensaba por el lado del gasto, la ley previó un camino a seguir para incluir nuevas medidas correctoras. Esta herramienta fue pactada por el entonces ministro José Luis Escrivá y Bruselas, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación tras la pandemia.

En 2025, la AIReF realizó su primera evaluación, que suponía el cumplimiento de la regla de gasto aunque con muchas críticas por parte de la institución, que entonces lideraba la economista Cristina Herrero. Poco después, el Gobierno pactó con Bruselas un nuevo análisis para este año.

“Se vuelve a confirmar el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones”, ha explicado este viernes la nueva presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, en una rueda de prensa que se está celebrando esta mañana. No obstante, la institución sigue siendo muy crítica con la propia regla de gasto, que considera que “ofrece una visión parcial centrada en un único componente de gasto” y que “no es adecuada” para medir la sostenibilidad del sistema.

Por ello, la AIReF ha propuesto al Ministerio de la Seguridad Social que se reforme este instrumento, para “que se integre en el marco fiscal europeo”, ha afirmado Olóndriz, hasta hace unos meses miembro del Gobierno, como secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social han celebrado que “el sistema público de pensiones español ha vuelto a superar una prueba externa e independiente” y han reivindicado que “los resultados del informe de la AIReF muestran que es sostenible y que las reformas estructurales adoptadas desde 2021 por el Gobierno” están “dando resultados”.

El departamento de Elma Saiz publicó ayer el primer informe de su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, cuyos resultados ya adelantó en abril, que estiman un gasto neto promedio algo más elevado, del 14% del PIB, aunque el pico de gasto máximo lo sitúa en un 15,3% en 2050 y en la AIReF lo elevan el 16,4%.

Más ingresos por las cuotas de los autónomos

La principal diferencia del actual cálculo de la AIReF respecto a la valoración del año pasado se centra “en el saldo de las medidas de ingresos”, ha explicado Inés Olóndriz, que en este análisis se sitúa en un 1,6% del PIB y en el anterior era del 1,4%. La previsión de gasto se mantiene en el 14,6%.

Y, dentro de los ingresos, la diferencia principal con el análisis del año pasado, se centra en la valoración de los ingresos de cotizaciones de los trabajadores autónomos, que aumenta, gracias a la reforma para que coticen según sus ganancias. Olóndriz ha explicado que el año pasado la AIReF hizo una proyección y “ahora lo que tenemos son datos observados de 2023 y 2024”, que “han sido mejores de las proyecciones”.

El resto de medidas de ingresos apenas varían, han explicado en la AIReF. Por ejemplo, se mantiene solo una décima de ingresos en cotizaciones gracias a los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) y no estiman un impacto positivo en los ingresos fruto de la reforma laboral, que ha desplomado el empleo temporal, porque la institución considera que aún no hay evidencia que permita constatarlo.

337.000 trabajadores más con contrato en el primer año

El estudio también incorpora una evaluación –aún muy incipiente– del impacto de la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno en el empleo y los ingresos por cotizaciones sociales que supondrá para las arcas públicas, que estiman en 0,03 puntos del PIB promedio hasta 2050. La directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo, ha insistido en varias ocasiones en que son datos aún sobre los que pesa una gran incertidumbre.

La AIReF estima que el universo potencial de beneficiarios de la regularización sería de unas 763.000 personas en situación irregular y de 186.230 solicitantes de asilo en edad de trabajar. En total, casi 950.000 personas entre los 18 y 64 años, pero de las que estiman que no todas lograrán la residencia.

De las personas en situación irregular, el organismo estima –fruto de otros procesos de regularización– que solo un 85% presentará la solicitud para regularizarse y, de ellos, que la tasa de aceptación será de un 83%. A partir de ahí, con supuestos de actividad y empleo elevados, del 83% y 86%, como existe en la actualidad para la población migrante, la AIReF calcula que el universo potencial de nuevos trabajadores con contrato alcanza las 384.000 personas.

Con un supuesto de cierta reducción del empleo, por el aumento de costes para las empresas que supondrá el paso a la regularidad de miles de empleados ahora sin contrato, el organismo concluye que el balance de nuestros trabajadores en el primer año de regularización será de 337.000 personas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vuelve a advertírselo al Gobierno de Canarias, y ya van unas cuentas veces en esta legislatura (2023-27). 

Ese organismo oficial, adscrito al Ministerio de Hacienda, sigue insistiendo en lo mismo, ahora tras su último análisis contenido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-28 (PFEMP) y su seguimiento en lo que concierne a la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC). Se trata del informe 29/2026 de ese organismo, que es el publicado el jueves 14 de mayo pasado con estudio de los ejercicios de 2026 a 2028.

Las proyecciones de la AIReF en esa etapa para la CAC, como se hace con las otras autonomías españolas, se actualizan en el informe reseñado, en el que se tiene en cuenta la información incluida en el plan presupuestario a medio plazo (PPMP); en el caso de Canarias, ya remitido a esa institución independiente y aprobado por el Gobierno autonómico el 24 de abril pasado, y las variaciones en la información disponible en los informes de noviembre de 2025 y abril de 2026 que puedan afectar a los años ahora analizados (2026-28).

El nuevo informe de la AIReF, que se apoya en lo descrito por el Plan Presupuestario de Canarias a medio plazo (2026-2028), recoge la siguiente conclusión central: la AIReF prevé que, “en un escenario de políticas constantes, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá por encima de la tasa de referencia en 2026, 2027 y 2028 en la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Hay que recordar que el incumplimiento de la regla de gasto ya se confirmó en el ejercicio de 2024 en Canarias y, por ello, habrá un plan de ajuste (se debe presentar y aprobar por el Ministerio) de aplicación este 2026 (obliga a una reducción del presupuesto canario en 445 millones de euros). Para 2025, la AIReF ya ha asegurado que ocurrirá lo mismo, aunque está pendiente a este respecto la decisión final del Ministerio de Hacienda. Si se confirma el desfase, se tendrá que redactar otro plan de ajuste, ya con efecto en 2027 y previo visto bueno de Hacienda del Estado.

La AIReF ha estimado el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional en los próximos años teniendo en cuenta sus previsiones sobre la evolución de los empleos totales y de los elementos que se excluyen del cómputo del gasto, así como la información actual sobre las medidas permanentes de ingresos adoptadas y previstas.

Atendiendo a esos parámetros, y siempre según se observa en el informe ya identificado de la AIReF, “se estima que el gasto computable crecerá en Canarias el 5% en 2026, el 7,1% en 2027 y el 5,2% en 2028”, en los tres casos “por encima de los límites respectivos de cada año, fijados en el 3,5%, 3,4% y 3,2%”.

Ese mismo análisis reitera que la CAC incumplirá la regla de gasto en 2025, con un incremento del gasto computable del 8% (ya se ha confirmado en 2024), mientras que la tasa autorizada es para ese ejercicio anual del 3,2%.

Además, señala que “el gasto primario neto de medidas de ingresos a efectos de la regla de gasto europea crecerá en Canarias una media del 5,5% en el periodo 2025-2028”, en el llamado medio plazo.

La AIReF también reconoce que ese gasto subirá “en el periodo 2025-2028 en tasas anuales entre el 4,8% y el 6,7%, con un promedio del 5,5% en el periodo de referencia, por encima del 3,4% comprometido en el PFEMP para el conjunto de las administraciones públicas españolas”.

Como se desprende de los resultados ya consolidados y de las previsiones más recientes de la AIReF, el cumplimiento de la regla de gasto no parece, al menos por ahora, una prioridad del Gobierno de Canarias, que preside Fernando Clavijo, de CC, y que tiene como consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea a Matilde Asián, del PP.

Por lo tanto, tampoco es parte primaria de la política presupuestaria actual de la CAC el cumplimiento de la regla de gasto, incluso cuando no hay duda de que de nuevo es de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desde el 1 de enero de 2024 pasado, una vez terminó su suspensión por la pandemia de la covid en el periodo 2020-23.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado, en un informe, al Gobierno de Aragón que tome medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en 2026.

La institución ha publicado esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas, con informes individuales para cada Comunidad Autónoma que completan el análisis del subsector del informe general.

En el informe de Aragón, la AIReF analiza el cumplimiento de la Comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026. La AIReF estima que, en 2025, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional en Aragón habrá aumentado un 3,6 %, frente al límite vigente del 3,2%.

Considerando este punto de partida, el gasto computable en 2026 en la Comunidad crecerá un 4,2 %, por encima del límite del 3,5%. A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Aragón crecerá en 2026 un 2,7%, inferior al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) para el conjunto de las Administraciones Públicas.

La AIReF estima que Aragón cerrará 2026 con un superávit de 0,1% del PIB mejorando el saldo en dos décimas respecto al informe de noviembre. Además, considera que la deuda de Aragón se situará en 2026 en torno a un 17,1% del PIB, nivel inferior al previsto en el informe anterior.

El nuevo simulador de gasto en pensiones a largo plazo de la Seguridad Social, la herramienta INTegraSS que anunció en verano la ministra Elma Saiz, prevé un menor peso de este gasto social en las próximas décadas frente a las estimaciones de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Comisión Europea. Son los primeros datos del modelo de proyección, cuya robustez y nivel de detalle destaca el Gobierno, ya que se basa en la enorme base de datos de los pensionistas de Seguridad Social, con información de generaciones desde las nacidas en 1938.

El modelo de proyección del gasto en pensiones ha sido explicado en detalle este jueves, en un acto inaugurado por la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, y con cierre del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

“Vamos a presentar esta importante herramienta pública. Con ese mensaje de compromiso con la transparencia y con acompañar y dar certidumbres al sistema público de pensiones”, ha dicho Saiz a la entrada de la presentación. “Las pensiones son el mayor contrato entre generaciones que tiene nuestra sociedad. Mantenerlas sostenibles, justas y predecibles no es solo una responsabilidad económica: es una obligación moral”, ha afirmado por su parte Cuerpo.

Los equipos técnicos de ambos ministerios han trabajado codo con codo en los últimos dos años para elaborar INTegraSS, que ofrecerá más información y “transparencia” al debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas, para que esté centrado en datos y “no en prejuicios”, sostuvo Saiz este verano. O en sesgos a menudo interesados, advierten fuentes de la Seguridad Social. El Gobierno publicará próximamente una extensa metodología sobre qué elementos tiene en cuenta la herramienta.

Bastante menos gasto, sobre todo en el pico de 2050

Sus resultados arrojan una imagen más halagüeña de la presión de gasto para las próximas décadas en España, en las que el sistema afronta la jubilación de la numerosa generación del baby boom. Si el gasto medio estimado por la AIReF entre 2022 y 2050 se sitúa en el 14,4% del PIB y el de la Comisión Europea, en el 15,5% (el 14,6%, según el dato revisado), el simulador de la Seguridad Social prevé una media del 14%.

Cuando se mira a 2050, el año previsto de mayor tensión para las cuentas públicas, las diferencias son sustanciales. La Comisión Europea calculó en su informe del Ageing Report de 2024 que el gasto en pensiones alcanzaría el 17,3% del PIB y la AIReF lo situó en el 16,1%, mientras que INTegraSS lo reduce casi un punto adicional: el 15,3%.

La ministra Elma Saiz ha destacado que los datos obtenidos por el simulador “permiten ser optimistas”. “El sistema de pensiones es sostenible, su gasto a futuro es asumible y las medidas que hemos adoptado están funcionando”, ha sostenido sobre las reformas aplicadas, como las que incentivan la jubilación demorada o varias modalidades para compatibilizar la pensión y el trabajo, así como desincentivan el retiro anticipado.

Los cálculos del simulador de la Seguridad Social se plantean como informativos y complementarios para el debate sobre las pensiones, pero no afectarán a la cláusula de revisión del sistema cada tres años aprobada en la reforma de 2023. En función de esta, la ley establece si hay que tomar o no medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Este control –pactado por el exministro Escrivá con Bruselas– lo realiza la Autoridad Fiscal, que analiza tanto el gasto como los ingresos de la Seguridad Social a largo plazo. Para la previsión de gasto tiene en cuenta los datos de la Comisión Europea, que tiene su propio modelo de proyección.

En su primer análisis, la AIReF concluyó que se cumplía la regla de gasto de la cláusula, lo que descartó los ajustes adicionales por el momento. Antes de junio, el organismo independiente debe realizar un informe de seguimiento de este cálculo por orden del Gobierno, contra el que se posicionó la anterior presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. Hace unas semanas fue elegida la nueva responsable de la entidad, Inés Olóndriz, hasta hace poco miembro del Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, la Seguridad Social reconoce que el objetivo de INTegraSS es mejorar la consistencia de las proyecciones que se realizan sobre pensiones, aportando datos de manera transparente y actualizada. La previsión del Ministerio es publicar los resultados de su simulador periódicamente. En principio, cada año.

CCOO ha celebrado la nueva herramienta que considera “de utilidad tanto para la información que se suministra a los grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo, como para el desarrollo de los mecanismos de concertación y diálogo social en relación con el sistema público de pensiones, mejorando la capacidad de evaluación y seguimiento de su evolución”. El sindicato ha añadido, no obstante, que esta “debe completarse con el desarrollo de herramientas equivalentes para la proyección de los ingresos del sistema”.

Más población y más crecimiento económico

Los resultados de la Seguridad Social reflejan un menor gasto en pensiones que otras herramientas de proyección por varios motivos. Principalmente, porque tiene en cuenta datos distintos, pero también supuestos diferentes.

Por un lado, el Gobierno destaca el principal valor de INTegraSS: la enorme base de datos de jubilaciones que tiene en cuenta el modelo de la Seguridad Social, con información real de millones de pensionistas, con datos de hasta 35 generaciones distintas (jubilados por año de nacimiento), destaca el equipo de Saiz. Otros modelos analizan una muestra de pensionistas y, además, con un menor nivel de granularidad en sus estimaciones frente a las distinciones de la Seguridad Social por sexo, tipo de pensión, edad y régimen.

Por otro lado, la herramienta del Gobierno tiene en cuenta supuestos distintos más optimistas que los de la AIReF. Por ejemplo, un mayor crecimiento económico (que ha calculado el departamento de Carlos Cuerpo), del 2,8% entre 2022 y 2030 y del 1,4% hasta 2050, frente a un empuje medio de la economía del 1,3% que prevé la Autoridad Fiscal en todo este periodo.

INTegraSS también proyecta una mayor cantidad de población en España para las próximas décadas, con 53,7 millones de personas en 2050, frente a las 52,1 de la Autoridad Fiscal, gracias principalmente a la migración. Fuentes de la Seguridad Social apuntan que todos los supuestos se han incorporado desde un principio de prudencia, con escenarios incluso conservadores que confían en que puedan ser mejorados en la práctica.

La Comisión de Hacienda del Congreso ha respaldado este miércoles la propuesta del Gobierno para que Inés Olóndriz, hasta ahora secretaria general en el Ministerio de Hacienda, sea la nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con el voto en contra de PP y Vox y la ausencia de Junts en la votación.

Con este aval, Olóndriz podrá recoger el cargo que ha dejado vacante Cristina Herrero tras seis años de mandato, el máximo legal. Sin embargo, la nueva presidenta no ha conseguido la unanimidad de la comisión que sí consiguió su predecesora. El nombramiento ha sido respaldado por el apoyo de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y BNG, que en la comisión conforman la mayoría absoluta de 19 votos que Olóndriz necesitaba para ejercer el cargo.

Aunque ningún grupo parlamentario ha criticado el currículum ni la validez de Olóndriz, el PP y Vox sí han censurado que provenga del Ministerio de Hacienda y han criticado —junto con Junts e incluso Sumar y ERC— al PSOE y al Ministerio de Hacienda por la forma en que ha gestionado la salida de Cristina Herrero, la presidenta saliente del organismo.

Tras seis años en el cargo, Herrero no pudo despedirse en la Comisión de Hacienda—pese a que ella mismo lo pidió y hasta Sumar registró esa petición— porque el Grupo Socialista no llegó a atender su petición de comparecencia.

De hecho, Herrero tuvo que acudir a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas de su mandato de seis años y se encontró con reproches públicos del PSOE por haber acudido a esa comisión mixta e incluso críticas por su “falta de discreción”, algo que dejó a la ya expresidenta negativamente sorprendida.

Con este panorama, el portavoz de Sumar, Carlos Martín, ha criticado la “tozudez” del Ministerio de Hacienda para que Herrero no compareciese en la Comisión de Hacienda del Congreso. De hecho, ha lamentado que este movimiento ha impedido que Olóndriz obtenga el respaldo unánime de la comisión que sí obtuvo Herrero.

Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha espetado a los socialistas: “¿No se han dado cuenta del daño que han causado?”. La reflexión de Cruset, que después se ha ido y no ha votado, la ha compartido parcialmente la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, que no obstante ha ensalzado la labor de la candidata durante su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona.

De su lado, el portavoz del PP, Pedro Puy, ha avanzado que su partido no puede avalar la candidatura porque pone en tela de juicio la independencia que Olóndriz puede aportar al organismo cuando es secretaria del Ministerio de Hacienda: “Saltar de un día para otro, de ser controlado a ser controlador a controlarse a sí mismo, pues no da mucha sensación de independencia”.

Pese a las críticas de los grupos, el portavoz del PSOE, Juan Antonio González, ha querido remarcar que Herrero fue una “buena presidenta” y ha recordado que ella había sido directora general en la Secretaría General de Financiación Autonómica. Asimismo, ha defendido la idoneidad de Olóndriz para el cargo.

Desde su cargo, Olóndriz ha sido una de las figuras clave a la hora de diseñar las propuestas del Ejecutivo central tanto para la quita de la deuda autonómica, que ahora mismo está paralizada en el Congreso; como de la reforma del sistema de financiació autonómica, que Hacienda presentó a principios de año y que el Gobierno está ultimando.

El Ministerio de Hacienda ya tiene candidata para suceder a Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y sale de su propio departamento. La vicepresidenta María Jesús Montero propondrá a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, como nueva responsable del 'pepito grillo' de las cuentas públicas.

Este martes es el último día de Herrero como máxima responsable de la Autoridad Fiscal, tras cumplir los seis años no renovables de su mandato. En Hacienda consideran que el perfil de Olóndriz goza de prestigio y respeto tanto en el sector público como privado, a pesar de que la propia presidenta de la AIReF ya advirtió que lo más adecuado para sucederla era un perfil que saliese de su propio equipo.

“Mi sucesor o sucesora tiene que cumplir dos requisitos. Por supuesto, cualificación técnica, y hay mucha en la casa y fuera de la casa. Pero también tiene que creer en la AIReF o entender la AIReF. Entender la independencia, el rigor, la objetividad y entender el balance y el equilibrio que hay que tener entre decir las cosas como son y caer en la provocación o en un debate elevado que en nada favorece ni a las Administraciones Públicas, ni a nosotros ni a la ciudadanía en general. Si tengo en cuenta esos dos requisitos, sin duda, mejor mirar dentro de la casa”, dijo en su última rueda de prensa, el mes pasado, al ser preguntada por su sucesión.

La designación, que ha avanzado La Vanguardia, tendrá que recibir el aval de la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda del Congreso, donde el Gobierno ha de atar los votos de todos sus socios habituales para que salga adelante.

En Hacienda creen que Olóndriz cumple con el perfil exigido y que, con su perfil técnico y curriculum, tiene un profundo conocimiento de los tres niveles de la Administración: tanto la estatal, la autonómica y la local. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, tiene un Executive Master en Administraciones Públicas por ESADE y es Certified Financial Analyst por la European Federation of Financial Analyst societies (EFFAS). Además de su experiencia en la Administración, también se desempeñó como analista senior en el departamento de Sovereing & International Public Finance de S&P Global Ratings. Antes de dar el salto al Gobierno central y a la empresa privada, la funcionaria fue directora de Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona.

Desde su cargo, Olóndriz ha sido una de las figuras clave a la hora de diseñar las propuestas del Ejecutivo central tanto para la quita de la deuda autonómica, que ahora mismo está paralizada en el Congreso; como de la reforma del sistema de financiació autonómica, que Hacienda presentó a principios de año y que el Gobierno está ultimando.

Herrero, desde la AIReF, ha sido crítica con la propuesta de Hacienda para la reforma del reparto autonómico, en tanto que el Estado se ha comprometido a inyectar unos recursos que podrían poner en cuestión la sostenibilidad de las cuentas públicas.

“Solamente diremos algo del sistema de financiación si vemos que con eso puede haber un peligro para las finanzas públicas. El Estado no lo tiene muy fácil tampoco para perder recursos”, dijo en rueda de prensa a finales del año pasado.

En su propuesta para reformar las reglas fiscales españolas, la AIReF propuso limitar el control que tiene el Ministerio del Consejo de Política Fiscal y Financiera en algunos aspectos clave, como un potencial cambio del sistema de financiación autonómica.

Un fin de mandato con choques con Hacienda

Herrero llega este martes a final de mandato tras seis años en los que ha desarrollado un perfil propio. Primero como dirigente interina, tras la salida de José Luis Escrivá al Gobierno para hacerse cargo de la cartera de Inclusión, y luego confirmada por unanimidad en el Congreso, la presidenta ha chocado constantemente con el Ejecutivo, singularmente en aspectos como la propuesta de quita de deuda a las autonomías o incluso en cuanto al examen sobre la sostenibilidad de las pensiones que la Autoridad Fiscal está obligada a realizar.

“Nos parece que es difícil acomodar este encargo en el ámbito de un supervisor fiscal que ejerce sus funciones de evaluación y supervisión sobre todas las administraciones públicas”, dijo Herrero en su última comparecencia en el Congreso, en noviembre, después de que el organismo elevara a la Abogacía del Estado varios encargos del Gobierno al considerar que “atentan” contra su independencia. Este nuevo examen debe estar entregado antes del 1 de junio, según decretó el Ejecutivo, después de que el 'aprobado' que recibió el año pasado fuera cuestionado por la Comisión Europea.

Al acabar su mandato, Herrero cesa automáticamente. Según el reglamento de régimen interno de la Autoridad Fiscal, su 'número dos', el director de la división de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas, asume la dirección de manera interina. Precisamente el mecanismo que encumbró a la presidenta saliente en el organismo.

El Estado ingresa más que nunca. El crecimiento económico y la buena marcha del mercado laboral están impulsando a máximos la recaudación, pero el mordisco de la subida de los precios también aporta cada vez más a los recursos públicos. Un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apunta a que Hacienda capta 10.110 millones más que en 2019 solo por el efecto de la llamada progresividad en frío. Es decir, por no restar a los tramos del Impuesto sobre la Renta (IRPF) el efecto de la inflación.

El documento, publicado este miércoles, señala que el peso de los ingresos públicos sobre el total de la economía aumentó en 1,5 puntos del producto interior bruto (PIB) entre 2019 y 2024, hasta representar el 18,5% del PIB. Un incremento que se explica en buena parte por el crecimiento del empleo, de los salarios y de los beneficios empresariales (1,2 puntos, unos 20.220 millones), pero que también tiene mucho que ver con la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF tras la crisis inflacionaria de 2022 (0,6 puntos, 10.110 millones). En sentido contrario, el Ejecutivo adoptó determinadas medidas fiscales en ese periodo que restaron tres décimas de recaudación, como las rebajas del IVA a los alimentos.

La progresividad en frío es un fenómeno por el cual parte de las subidas salariales para compensar el alza de los precios acaban en las arcas públicas, ya que provocan un 'salto' de tramo en el gravamen sin que lo perciban ni el bolsillo ni el bienestar de la ciudadanía, que sí sufren los efectos de la inflación.

La deflactación (restar la inflación) o no del IRPF provocó una agria disputa política en 2022 y 2023, con el IPC por las nubes y unas elecciones en ciernes. Entonces, el Gobierno optó por no tocar la parte estatal del impuesto, argumentando que ya estaba aplicando rebajas fiscales con otras medidas como, por ejemplo, la subida del mínimo exento del IRPF para adecuarlo al salario mínimo, algo que se traslada a toda la distribución de renta, también los más ricos. Pero las comunidades autónomas dirigidas por el PP, especialmente la Comunidad de Madrid, hicieron bandera de esta medida que, por su propia estructura, beneficia más a las rentas más altas.

La recaudación creció un 9,5% en 2025, según la AIReF

Más allá de la política, el efecto de los precios sobre la recaudación es clave. La AIReF calcula que la recaudación se disparó un 9,5% en 2025. El 38% de este crecimiento se debió al efecto de los precios, mientras que el 32% fue por el crecimiento económico. También impulsó la recaudación un 11% el aumento del tipo medio en el IRPF (es decir, las subidas salariales, de pensiones y la mejora del empleo) y un 27% otras medidas, como la entrada en vigor de la reforma fiscal que se aprobó en 2024 o la expiración de las rebajas en el IVA. Si los ingresos públicos no crecieron a mayor ritmo el año pasado fue por el pago extraordinario que hizo el Estado por la sentencia a favor de los mutualistas.

Los precios supusieron un tercio del aumento de la recaudación también en 2024, cuando esta avanzó un 8,4%. El mayor impulso a los recursos públicos vino por parte del crecimiento económico (explicó el 37% de su incremento), seguido de los precios (34%) y los aumentos en los ingresos privados, medidos a través del incremento del tipo medio del IRPF (14%).

En términos generales, la presión fiscal -que incluye también los ingresos por cotizaciones sociales- de España se encuentra a gran distancia de nuestros socios (es el 37,3% del PIB en España, frente al 40,4% de la Unión Europea), lo que aleja la idea instalada en el imaginario de que nuestro país es un infierno fiscal. El informe de la AIReF es una aproximación a los datos de Hacienda para 2025, que se conocerán el mes que viene.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, se despidió esta semana de los periodistas tras la que fue, con toda probabilidad, la última rueda de prensa de su mandato. A la economista le resta menos de un mes hasta cumplir los seis años en los que, como máximo, puede permanecer al frente del organismo que fiscaliza las cuentas públicas.

La fecha marcada en rojo en el calendario es el próximo 3 de marzo, cuando Herrero cesará automáticamente de su cargo y se pondrá en marcha la maquinaria para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, designe a la persona que la sustituya. Y, a diferencia de otros organismos donde el Gobierno puede imponer a su candidato, en esta ocasión es el Congreso, a través de la Comisión de Hacienda, el que tiene que aprobar el nombramiento. Una circunstancia que obliga al Ejecutivo a cerrar el nombre con los socios de investidura o a un acuerdo con el PP. 

La ley que crea la AIReF, de 2013, estipula que el candidato a presidir la Autoridad Fiscal ha de comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso “con el fin de que examine si la experiencia, formación y capacidad de la persona propuesta son adecuadas para el cargo”. El nombramiento ha de ser avalado por mayoría absoluta en el organismo, donde el Gobierno solo cuenta con los votos si se suman la mayoría de sus apoyos parlamentarios habituales.

La Comisión de Hacienda del Congreso está compuesta por 37 diputados: 14 del PP, 12 del PSOE, 3 de Vox, 3 de Sumar, 1 de ERC, 1 de Junts, 1 de EH Bildu, 1 del PNV y 1 del Grupo Mixto, que en este caso es el diputado de BNG, Néstor Rego. Solo con que uno de los socios se descuelgue, la mayoría absoluta (19 diputados) ya peligra.

Si la propuesta del Gobierno decae, 15 días después tendrá que celebrarse el mismo procedimiento en el Senado, donde será necesaria una mayoría simple que solo es posible con el concurso del PP, que domina la Cámara Alta.

Una carpeta sin abrir en el Ministerio de Hacienda

En el Ministerio de Hacienda aún no han abierto la carpeta de la AIReF, reconocen fuentes consultadas por este periódico, toda vez que la prioridad de la vicepresidenta Montero está en sacar la prórroga del escudo social, cuyo futuro no está claro por la oposición de Junts; la reforma de la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno quiere presentar este trimestre. Todo ello antes de hacer las maletas y concurrir a las elecciones en Andalucía, que tendrán lugar, como tarde, en junio de este año.

Tampoco se ha sondeado a los socios sobre un potencial nombre que genere el consenso necesario para superar el trámite parlamentario. Ni el PNV, ni EH Bildu, ni siquiera Sumar, que está dentro del Gobierno, tienen noticias de Hacienda, reconocen varias fuentes parlamentarias consultadas por este diario.

Herrero, que lleva en la AIReF desde su fundación en 2014, ha desarrollado un perfil propio a lo largo de su mandato. Tomó las riendas de la institución después de que José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, fuese nombrado ministro de Seguridad Social, en 2020. Y durante sus seis años al frente de la Autoridad Fiscal no ha dudado en chocar con quien fuera su jefe. “No es bueno que el presidente de una institución independiente dé el salto al Gobierno, como tampoco veo bien que alguien pase del Ejecutivo a la AIReF”, dijo en 2023.

También ha cargado contra el mandato del Ministerio de la Seguridad Social de hacer un nuevo examen sobre la sostenibilidad de las pensiones en 2026, tras el elaborado el año pasado, con el que ha sido muy crítica.

“Nos parece que es difícil acomodar este encargo en el ámbito de un supervisor fiscal que ejerce sus funciones de evaluación y supervisión sobre todas las administraciones públicas”, dijo Herrero en su última comparecencia en el Congreso, en noviembre, después de que el organismo elevara a la Abogacía del Estado varios encargos del Gobierno al considerar que “atentan” contra su independencia. Este nuevo examen debe estar entregado antes del 1 de junio, según decretó el Ejecutivo.

Herrero: “Mejor mirar dentro de la casa”

Esta semana, y en tono de despedida, Herrero defendió su trabajo y el de la propia AIReF: “El prestigio cuesta mucho lograrlo y un minuto perderlo. Hemos conseguido reforzarlo en estos seis años”, apuntó. “No es fácil. Las instituciones independientes son incómodas, evidentemente tienen que serlo. Si no lo eres, es que algo falla en una de las dos partes”, insistió, apuntando a renglón seguido que las Administraciones Públicas “no se han apoyado tanto en la AIReF como podrían haberlo hecho”.

Y, preguntada específicamente por su sucesión, la presidenta de la Autoridad Fiscal fue clara: “Mi sucesor o sucesora tiene que cumplir dos requisitos. Por supuesto, cualificación técnica, y hay mucha en la casa y fuera de la casa. Pero también tiene que creer en la AIReF o entender la AIReF. Entender la independencia, el rigor, la objetividad y entender el balance y el equilibrio que hay que tener entre decir las cosas como son y caer en la provocación o en un debate elevado que en nada favorece ni a las Administraciones Públicas, ni a nosotros ni a la ciudadanía en general”.

Para Herrero, esto último es muy difícil que se entienda fuera del organismo público. “Si tengo en cuenta esos dos requisitos, sin duda, mejor mirar dentro de la casa”, recomendó.

En la Autoridad Fiscal temen que, precisamente, desde Hacienda se escoja un nombre ajeno al organismo para fiscalizar el gasto público. Y creen que una persona que ya esté dentro de su organigrama tendría más fácil pasar el examen del Congreso. La capacitación de los técnicos de la AIReF es excepcional. Por ejemplo, el ministro Carlos Cuerpo, antes de dar el salto al Ejecutivo, fue responsable de Análisis Económico durante el mandato de Escrivá.

La AIReF es un organismo relativamente joven dentro del sector público. Creada en 2013, en lo peor de la crisis, solo ha tenido dos presidentes: Escrivá, procedente del servicio de estudios del BBVA; y Herrero. En el caso del primero, solo recibió 23 votos a favor en la Comisión de Hacienda del Congreso, por parte del PP, ya que era una propuesta del Gobierno de entonces, de Mariano Rajoy. La segunda fue primero presidenta interina y luego confirmada por el Gobierno. Fue apoyada por unanimidad en marzo de 2020.

El reglamento de régimen interno de la AIReF establece que, en caso de vacancia, es el director de la División de Análisis Presupuestario el que asume las funcione de la presidencia. Es lo que encumbró a Herrero en 2020, por lo que todos los ojos están ahora puestos en Ignacio Fernández-Huertas, su actual titular, y en la directora de Análisis Económico, Esther Gordo, la siguiente en la lista.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido este miércoles más vigilancia de la Seguridad Social de las bajas médicas, ante el aumento de estas ausencias laborales en los últimos años. El organismo público detecta una correlación positiva entre las listas de espera de los sistemas sanitarios y la mayor duración de las bajas, aunque su principal recomendación es aumentar el control de los trabajadores y de manera más temprana, ante lo que tacha de una gestión con “deficiencias” en la actualidad.

El estudio sobre la Incapacidad Temporal (IT) ha sido presentado este miércoles por la presidenta de la AIReF, Cristina Herreno, en sus últimos días en el cargo, junto a José María Casado, director de la División de Evaluación del organismo. Herrero ha sostenido que “la incapacidad temporal es una de las prestaciones principales del sistema del bienestar español”, ya que protege la renta de los trabajadores cuando han sufrido un accidente o enfermedad y no pueden ir al trabajo. “Es una prestación imprescindible”, ha apuntado.

La autoridad fiscal se ha centrado en analizar el aumento del gasto público en esta prestación de la Seguridad Social en los últimos años. “Ha multiplicado por dos el coste desde 2017 y por tres desde 2014”, hasta los 16.500 millones de euros en 2024. Este incremento del coste se produce, principalmente, por un aumento de la duración de las bajas (que se ha incrementado casi en un 41% desde 2017) aunque también por un aumento de la incidencia de estas bajas (un 29% de incremento).

“Me parece muy peligrosa esa idea de que la gente se coge una baja y no va en tres años a trabajar”, ha respondido Herrero sobre las críticas generalizadas al absentismo ante el aumento de bajas médicas. La presidente de la AIReF ha afirmado de que hay que partir de la premisa de que una baja laboral tiene un motivo médico, que acredita siempre un profesional sanitario, pero también ha considerado que “si hay algún caso que no” está justificado, “ahí es donde debe entrar el INSS”.

Una vigilancia y supervisión que el organismo público considera que tiene “deficiencias”. Herrero ha llegado a tachar a la Seguridad de “dejación de funciones” en su tarea de seguimiento de las bajas.

Las causas que destaca la AIReF del aumento de bajas

Desde este marco, la AIReF ha analizado los motivos que causan el aumento de las bajas médicas, entre los que han señalado cinco y, de manera prioritaria, uno: “La falta de supervisión y seguimiento de los procesos de incapacidad temporal” por parte de la Seguridad Social.

Cristina Herrero ha afirmado que, aunque la Seguridad Social (el INSS) tiene competencias para supervisar las bajas desde el primer día, y lo hace en exclusiva a partir del día 365, pero “en la práctica lo que ocurre es que actúa a partir de 366 días”, lo que ha denunciado que “supone una pérdida de las ventajas de una intervención temprana” y aumenta el “riesgo de prolongación” de las bajas.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social han sostenido, en lo que respecta al control y seguimiento temprano, que “el INSS ya cuenta con un sistema de analítica predictiva que permite una gestión avanzada y preventiva” y que “se están realizando importantes avances con la creación de una unidad de seguimiento especializado, para apoyar a los médicos de familia, que permita priorizar determinadas intervenciones”.

Además, la AIReF señala que ha empujado al alza las bajas una “evolución normativa más garantista y mejoras de los convenios colectivos”, que han reflejado con dos ejemplos. El primero, la mayor cobertura de las bajas médicas en los primeros días de los empleados públicos en 2018, que pasó del 50% al 100% del salario, y que según la AIReF elevó “un 40% la probabilidad de iniciar una IT”. Por otro lado, la reforma laboral supuso el traspaso de muchos trabajadores temporales a contratos indefinidos y el organismo ha analizado que “el cambio de un contrato temporal a un contrato indefinido incrementa en un 30% la probabilidad de iniciar” una baja laboral.

El tercer causante que señala la institución es el ciclo económico, ya que en épocas de crecimiento económico aumenta tradicionalmente las bajas médicas. En cuarto lugar, la AIReF constata un notable aumento de las demandas de la Atención Primaria de los ciudadanos desde la pandemia. Es decir, que la gente va más al médico que antes, sobre todo ante enfermedades infecciosas, como son las gripes, por ejemplo.

La quinta causa es una correlación positiva entre la demora de las listas de espera en los servicios públicos de salud y el aumento de la duración de las bajas médicas, lo que más presiona al alza el gasto público, según los datos. “Aquellas Comunidades Autónomas con listas de espera de mayor duración, tienen duraciones de la IT mayores”, ha explicado José María Casado en la rueda de prensa, en la que no se ha señalado

Este punto se ha centrado en los datos de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y para consultas de atención sanitaria especializada, y no en los retrasos en la atención primaria ni en las pruebas diagnósticas, de los que Casado ha afirmado que la AIReF no tenía datos disponibles de las administraciones afectadas.

El estudio de AIReF no ha señalado el envejecimiento de la población como una de las causas del aumento de las bajas médicas, aunque son el colectivo que tiene procesos de IT más prolongados, por la mayor gravedad de sus patologías en general. El director de la División de Evaluación ha sostenido que, aunque el envejecimiento puede ser un motivo del aumento de bajas a largo plazo, en este corto periodo de tiempo (2017-2024) no han considerado que es una de las causas principales del incremento. Además, Casado ha recordado que entre los jóvenes hay un mayor aumento de las bajas, del número de procesos cortos.

En el aumento de las bajas hay un peso importante que se debe al aumento de los procesos por salud mental, que se han disparado desde la pandemia, y que tienen mayores duraciones. Aunque estas patologías apenas están cubiertas por la sanidad pública en la atención especializada, no hay recomendación para ampliar la asistencia pública de esta dolencia, como reclaman los sindicatos y también la patronal.

Alertas automáticas del INSS ante “indicios de absentismo”

Dado este diagnóstico del aumento de las bajas por parte de la Autoridad Fiscal, el organismo público recomienda de manera prioritaria reforzar el control y la vigilancia de la Seguridad Social de las bajas médicas de los trabajadores desde etapas más tempranas, y no solo a partir de los 365 días.

Para ello, la AIReF recomienda que se cree una unidad especializada en Incapacidad Temporal que se encargue de esta vigilancia, gracias a una mayor información sobre los procesos de baja, que incluya más detalles y más datos sobre “si hay desviación de los procesos óptimos”, tanto de los tiempos de baja como de la reincidencia de los trabajadores que tienen más bajas.

El organismo ha destacado que el 5% de trabajadores acumula el 25% de los episodios de baja, aunque ha reconocido que no ha filtrado estos datos por los diagnósticos, como procesos oncológicos o enfermedades crónicas. Casado ha explicado que la AIReF recomienda que la Seguridad Social vigile de manera prioritario este grupo de trabajadores, “no porque pensemos que haya absentismo, sino porque es donde está el volumen fundamental, como medida de eficiencia”.

La AIReF ha recomendado así que se creen “alertas automáticas” en la Seguridad Social cuando se superen ciertos índices considerados como “óptimos”, como “índices” de posibles casos de absentismo, ha considerado Herrero.

Fuentes del Ministerio que dirige Elma Saiz destacan que “la saturación asistencial de los Servicios Públicos de Salud es un factor crítico” del aumento de las bajas, “a lo que se añade la sobrecarga de trabajo de la Inspección Médica del INSS, debido a que las bajas largas (de más de 365 días) cada vez son más numerosas”, añaden en la Seguridad Social.

Extremadura registró en 2025 un crecimiento del 2,6% de su Producto Interior Bruto (PIB9, un periodo en el que la Comunitat Valenciana se situó al frente, con un alza del 3,2%. Le siguiero Andalucía y Madrid, ambas con un 2,9%, según los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), correspondiente al cuarto trimestre del año.

Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento, un 1,8%; seguida de Galicia, con un 1,9%, y Navarra, Aragón y País Vasco, todas ellas con un incremento del 2%.

Entre unas y otras se sitúan Castilla y León, La Rioja y Cataluña, las tres con un 2,7%; Extremadura, con un 2,6%, igual que la media, Baleares, Canarias, Murcia y Cantabria, con un 2,4%; y Castilla-La Mancha, con 2,2%.

En tasas de variación trimestrales, destaca también el dinamismo de la ComunitatValenciana, con un crecimiento del 1%, seguida de Andalucía y Castilla y León, las dos con un crecimiento del 0,9%.

En el lado contrario, Navarra, Cantabria, País Vasco, Asturias y La Rioja registran las cifras más bajas, todas con un incremento intertrimestral del PIB del 0,6%.

La AIReF combina tres tipos de información estadística para obtener estas estimaciones: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR). 

La tensión entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Gobierno central, que viene marcando desde hace meses las intervenciones de su actual presidenta, Cristina Herrero, ha anotado un importante episodio. La bronca ha escalado a la vía de los hechos: Herrero ha puesto en duda que la AIReF cumpla con el encargo de la Seguridad Social de un análisis adicional del sistema de pensiones antes del 1 de junio de 2026, aprobado por un decreto el pasado verano y previsto con la Comisión Europea. En el Ministerio de la Seguridad Social son tajantes: el informe no es voluntario y “la fecha de vencimiento sigue siendo junio de 2026”.

“Nos parece que es difícil acomodar este encargo en el ámbito de un supervisor fiscal que ejerce sus funciones de evaluación y supervisión sobre todas las administraciones públicas”, deslizó la presidenta de la AIReF en su comparecencia la semana pasada en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. 

El análisis en cuestión es de seguimiento de la sostenibilidad del sistema público de pensiones tras las últimas reformas de 2021 y 2023, un año después del primer dictamen de la AIReF que concluyó que se cumplía la nueva regla de gasto pactada con Bruselas y que, por tanto, no obligaba a hacer reformas correctivas. No obstante, la presidenta criticó con dureza esta regla de gasto, que el Congreso respaldó por amplia mayoría, porque, en su opinión, “no es un indicador de sostenibilidad”. 

Empujado por la Comisión Europea, el pasado verano el Ministerio de la Seguridad Social ordenó por decreto a la AIReF realizar este examen adicional el próximo ejercicio, en lugar de esperar los tres años previstos en la ley. El “informe adicional” tiene que estar listo “antes del 1 de junio de 2026”, indica el decreto, aunque ahora la presidenta de la AIReF lo pone en duda. No la realización del estudio en sí mismo, pero sí de los términos en que se hará: tanto su metodología como la fecha de entrega, ambas cuestiones muy relevantes y que están reguladas en este real decreto. 

“AIReF elaborará un plan de acción donde dirá cuándo puede hacerlo y cuál es la metodología”, afirmó Cristina Herrero en el Pacto de Toledo. La economista sostuvo que el organismo público está “evaluando materias tan importantes como los recursos humanos en Sanidad” y “los sistemas universitarios”.

“No puedo ahora porque hay un decreto del Gobierno decir a las comunidades autónomas que ya tienen un plan de acción aprobado y que ya han hecho desembolsos, que tengo que atender al Estado”, argumentó la presidenta de la AIReF, que en marzo agota su mandato de seis años (no prorrogable). 

Una batalla que no ha existido en otros encargos por ley

Herrero ampara su negativa a cumplir con el decreto del Gobierno sobre esta nueva evaluación en materia de pensiones en que, asegura, este no cumple con la ley que regula el organismo fiscalizador de las cuentas públicas.

La Ley Orgánica de la AIReF prevé que la entidad realice 'informes', 'opiniones' y 'estudios'. Los 'informes' los enumera la propia legislación: por ejemplo, sobre las previsiones económicas del Gobierno, y un informe anual sobre el análisis de la ejecución presupuestaria, entre otros. Las 'opiniones' se formulan “a iniciativa propia de la Autoridad” sobre ciertas materias específicas, como “la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, pero también “sobre cualquier otro asunto cuando así lo disponga una ley”, como recoge su artículo 23 c).

Por último, los 'estudios' son encargos de las administraciones públicas, más allá de los informes. En concreto, la ley establece que la AIReF “realizará los estudios que el Gobierno de la Nación” le solicite.

La presidenta de la AIReF recordó que la entidad pública tiene muy tasados cuáles son los ‘informes’ y que, en este caso, el análisis debe encajar en el capítulo de ‘estudios’. Aunque pueda parecer baladí la terminología de ‘informe’ o ‘estudio’, no lo es. Herrero explicó en el Pacto de Toledo que, en el caso de los estudios, es la AIReF quien pacta con las administraciones la metodología y el calendario, y que no pueden ser impuestos al organismo. 

La respuesta de la AIReF ha sorprendido en algunos sectores, que advierten un “comportamiento distinto” de la institución en materia de pensiones respecto a otros muchos análisis obligados por ley que se han ido aprobando a lo largo de su historia, como la opinión anual sobre el ingreso mínimo vital, sin que haya habido quejas de este tipo por el organismo.

Estos mandatos legales no se han aprobado solo por este Ejecutivo. El Gobierno de Mariano Rajoy, que creó la AIReF en 2013, también aprobó que la entidad debía emitir opiniones sobre los valores para determinar el índice de revalorización de las pensiones y del factor de sostenibilidad.

El Gobierno insiste en que “no es voluntario”

La presidenta de la AIReF argumentó que había elevado una consulta a la Abogacía del Estado sobre este análisis. “No siendo vinculante, así nos lo recuerda: los informes tienen que ser los que dice la Ley Orgánica, ni uno más ni uno menos. Ni por ley, ni por decreto se nos puede decir que hagamos un informe porque tienen que ser los que dice la ley orgánica”, sostuvo.

elDiario.es ha pedido a la AIReF la resolución de la Abogacía del Estado al respecto, pero el dictamen no ha sido facilitado por la institución. El Ministerio de la Seguridad Social sostiene, en cambio, que la consulta de la AIReF a la Abogacía “ha ratificado que este nuevo informe, que está previsto en la cláusula de cierre, debe considerarse dentro de los estudios de la Ley de la AIReF”.

“Es decir, señala que no es potestativo y, por tanto, consecuentemente, está en disposición de elaborarlo”, indican fuentes del departamento de la ministra Elma Saiz.

En la Seguridad Social explican que el nuevo análisis para 2026 se encomendó “como un informe de seguimiento, no como una nueva evaluación”. Y sostienen que el organismo debe cumplir con los plazos estipulados por el Ejecutivo. “Debe ser la AIReF quien, si así lo considera, plantee alguna modificación o adapte su metodología. Sin embargo, la fecha de vencimiento sigue siendo junio de 2026”, destacan en el Ministerio.

Uno de los puntos más llamativos de este choque es que el Ministerio de la Seguridad Social asegura que no ha sido informado por el organismo de ningún cambio de planes respecto a esta evaluación. “La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no ha comunicado oficialmente ninguna intención de paralizar el informe. Entendemos que se elaborará de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto”, responden en el departamento de Elma Saiz.

Críticas expresas a la reforma de pensiones del Ejecutivo

La pugna por este análisis de las pensiones en 2026 en realidad es solo una derivada de una crítica de fondo de la presidenta de la AIReF a la propia regla de gasto en pensiones, pactada por el entonces ministro José Luis Escrivá con la Comisión Europea en la reforma de pensiones de 2023 y respaldada después por el Congreso de los Diputados.

La reforma recogía un refuerzo del sistema público de pensiones con un incremento de los ingresos, sin recortes, gracias a un aumento de las cotizaciones sociales y, en especial, de lo que aportan los salarios altos. 

En este esquema, el hoy gobernador del Banco de España (antecesor de Cristina Herrero en la presidencia de la AIReF antes de ser nombrado ministro) incluyó un mecanismo semiautomático de control por parte de la Autoridad Fiscal, para que cada tres años evaluara el equilibrio entre gastos e ingresos.

Si este análisis concluía que el sistema se descompensaba por el lado del gasto, la ley previó un camino a seguir para incluir nuevas medidas correctoras. En ausencia de un pacto para aplicar estas medidas, la regulación previó un alza de las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Cristina Herrero volvió a sostener ante el Pacto de Toledo que la regla de gasto no le parece “un buen indicador” de la sostenibilidad de las pensiones y añadió que “presenta grandes debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal”. En su opinión, dijo, “no debería haber regla de gasto en pensiones”, sino simplemente los compromisos del plan fiscal estructural. 

Herrero ha vinculado el encargo de este análisis sobre pensiones a una “merma” de la independencia del organismo público por parte del Gobierno y un “uso privativo” de sus recursos en detrimento de otras administraciones públicas, que también financian la entidad. La economista pidió incluso “ayuda” al Parlamento para cambiar la Ley de la AIReF y evitar que el organismo “al final acabe convirtiéndose en una agencia del Estado, porque eso ataca de manera directa a nuestra independencia”.

“La independencia de la Autoridad Fiscal está asegurada en su propia ley y, de hecho, es la mayor virtud en la que el Gobierno confía para realizar este tipo de análisis, con el objetivo de evaluar la efectividad de las políticas públicas”, responden por su parte en el Ministerio de la Seguridad Social. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado una propuesta para reformar el actual marco fiscal nacional, el conjunto de reglas e instituciones que controlan las cuentas públicas, y propone una reforma del reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera -CPFF, el órgano que reúne al Ejecutivo central con los autonómicos en materia presupuestaria- para dar más peso al voto de las comunidades y limitar el control que ahora mismo tiene Hacienda.

La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, ha calificado de “poco sólido, coherente y eficaz” el actual marco que rige las cuentas públicas, ya que está desacompasado con el europeo y desfasado, en parte, al priorizar el déficit como variable de la estabilidad presupuestaria, mientras que las nuevas reglas fiscales europeas priorizan el incremento del gasto para controlar las finanzas estatales.

“Tenemos una multiplicidad de reglas fiscales con criterios poco transparentes y con una clara falta de consistencia entre ellas”, ha dicho Herrero en una rueda de prensa para presentar la Opinión del organismo sobre por dónde debería ir la reforma. Unos cambios normativos que el Gobierno ya ha avanzado que hará antes del final de año mediante dos reales decretos, algo insuficiente a juicio de la Autoridad Fiscal.

“A nosotros no nos ha dicho nadie lo que se pretende hacer. Sí hemos visto el decreto que afecta a nuestro reglamento (...). Si el alcance va a ser el mismo alcance que conocemos, no cabe esperar grandes modificaciones en el marco fiscal nacional”, ha lamentado.

Mayoría reforzada para el sistema de financiación

La Autoridad Fiscal ha planteado diez propuestas para una reforma integral del marco fiscal nacional. Así, plantea el desarrollo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de 2012, y propone reforzar la lealtad institucional dando un mayor peso a las comunidades autónomas y las entidades locales en los mecanismos de coordinación fiscal, lo que pasa por limitar el control del que disfruta el Ministerio de Hacienda del CPFF.

En la actualidad, el Gobierno cuenta con la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de una de las comunidades autónomas para sacar adelante cualquier acuerdo de este organismo multilateral. Esto permite que cualquiera de los gobiernos regionales del mismo color político que el Ejecutivo central desatasque las votaciones.

Pero la AIReF plantea que se refuerce este sistema del voto, manteniendo las mayorías simples en el caso de votaciones ordinarias, pero exigiendo un consenso reforzado (por ejemplo, con dos tercios de los presentes a favor) en materias de “especial relevancia para la autonomía financiera”, como las reglas fiscales o el sistema de financiación.

La vicepresidenta primera María Jesús Montero ya ha avanzado que presentará a principios de 2026 una reforma completa del sistema de reparto para los Ejecutivos regionales, una cuestión que llevará a un CPFF y que tendría garantizado que salga adelante con el voto de alguna de las tres comunidades que dirigen los socialistas (Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, ya que Navarra cuenta con Hacienda foral propia y suele acudir como oyente a estos foros).

Pero, de reformarse el reglamento como propone la Autoridad Fiscal, no solo sería muy complejo que saliera adelante el planteamiento del Gobierno, sino que las comunidades podrían exigir la incorporación de asuntos al orden del día cuando lo solicite “un número mínimo de ellas”, limitando aún más el margen del Ejecutivo central para dirigir estas reuniones.

La AIReF también habla de “establecer un marco temporal predefinido que determine los plazos de convocatoria del CPFF en relación con cada uno de los principales hitos del ciclo presupuestario y fiscal”, lo que habría forzado al Gobierno a reunirse en julio para comunicar los objetivos de estabilidad y las entregas a cuenta -los principales recursos con los que cuentan las comunidades autónomas-, en lugar de hacerlo en noviembre, como ha ocurrido este año.

Críticas a los objetivos de déficit

Sobre la senda de estabilidad que el Gobierno propuso la semana pasada, que permite un déficit del 0,1% para las comunidades autónomas, Herrero ha sido muy crítica, ya que hay una divergencia entre la regla de gasto -el incremento máximo permitido, la variable en la que se fija Bruselas- y los números rojos que permitiría Hacienda.

“No nos hemos enterado de que la variable de supervisión es otra. Hemos reproducido exactamente lo que se ha hecho otros años. No se han tenido en cuenta las tasas de referencia para fijar los objetivos de déficit. Si se hubieran tenido en cuenta, el objetio no hubiera sido de déficit para las comunidades autónomas, hubiera tenido que ser equilibrio o ligero superávit”, ha explicado Herrero.

Fijarse únicamente en el déficit, y permitir ese desvío del 0,1%, supondrá que algunas regiones puedan disparar su gasto un 10%, ha advertido, por encima del 3,5% que ha comprometido el Gobierno con Europa.

El Gobierno ha esgrimido en los últimos días que, de no salir adelante los objetivos de déficit en el Congreso de los Diputados (como es previsible, dado el rechazo de Junts y Podemos), la Constitución fija que tendrán que las comunidades tendrán que presupuestar en equilibrio, lo que supondrá 5.500 millones de euros menos de margen para gastar en el próximo trienio.

Sin embargo, Herrero ha calificado de “lío innecesario” esta referencia a la Carta Magna, ya que obligaría al propio Gobierno a no gastar más de lo que ingresa. En este sentido, y sin senda de déficit, la guía para el Ejecutivo debería ser esa tasa de referencia del máximo que puede crecer el gasto público.

“Hay que cambiar lo que se lleva al Parlamento. Me parece difícil que se establezcan los parámetros del marco fiscal sin que el Parlamento tenga nada que decir. A lo mejor la tasa de referencia se tendría que llevar al Congreso”, ha reflexionado, a preguntas de la prensa.

En cuanto al resto de modificaciones que son necesarias al juicio de la AIReF, la Autoridad Fiscal plantea revisar cómo se calculan las reglas fiscales numéricas y que se tenga en cuenta la situación de cada una de las comunidades, en función de la regla de gasto, para fijar sus objetios de estabilidad. Los Gobiernos regionales, como ya hace la Administración central, deberían plantear Planes Fiscales de Estabilidad a Medio Plazo, con un contenido detallado, asegurando que la participación de las regiones en el ciclo presupuestario. Otra de las ideas pasa por reforzar la credibilidad mediante un sistema de medidas preventivas y correctoras que sea eficaz y efectivamente aplicable.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido este miércoles su informe sobre la previsión presupuestaria enviada por la Junta de Castilla y León para 2026, en el que ve “riesgo de incumplimiento de la regla de gasto” y desvela la intención del Ejecutivo autonómico de intentar ahorrar 82 millones con la no reposición de jubilaciones.

En su informe, la AIReF mantiene vigente su recomendación formulada en el anterior documento para corregir las “desviaciones” observadas en los ejercicios presupuestarios de 2025 y 2026, al indicar que con las cuentas remitidas por Castilla y León el gasto crecería el 5,9 por ciento, mientras que el límite fijado por esta entidad para cumplir con la regla de gasto debería ser únicamente del 3,3 por ciento.

En su contestación a la AIReF, la Junta ha tratado de defender su programación presupuestaria con referencias, entre otras líneas, a la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, la disminución del gasto derivado de la concesión de obra y explotación por parte de la concesionaria del Complejo Asistencial de Burgos, medidas de reducción del gasto farmacéutico en atención primaria, el ahorro energético en edificios públicos y el traslado de las oficinas de la Gerencia de Servicios Sociales en Valladolid, pero esas medidas no tienen “claro” su calendario de implementación.

Detalla también el informe que en su última aportación de documentación, la Junta cuantificó en 76 millones un incremento en el gasto, aunque no desvela en sus recomendaciones el destino de ese dinero.

En uno de sus apartados, la AIReF explica que el proyecto de ley de Presupuestos registrado por la Junta de Castilla y León no recoge estimaciones sobre la regla de gasto y prevé alcanzar un déficit equivalente al 0,1% del PIB, aunque lo hace con un cálculo más moderado de recursos y empleos que el estimado por esta entidad.

Los ingresos

La Autoridad Independiente calcula que los ingresos de la comunidad en 2026, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumenten un 5%, hasta situarse en una cantidad equivalente al 17,1% del PIB, “sustentada fundamentalmente en el aumento del 7% de los recursos del sistema de financiación” -entregas a cuenta del Gobierno central-.

Además, la AIReF estima un crecimiento del 4% de los ingresos tributarios en su conjunto por la evolución positiva del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y un descenso de los ingresos de fondos europeos, de los que se espera un “nivel excepcionalmente elevado en 2025”.

También contribuirá a los ingresos autonómicos una “leve mejora” asociada al nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, compensando la retirada parcial de otras medidas (ayudas al transporte y menores no acompañados), según el informe de AIReF.

Tal y como anunció la Junta, el informe ratifica que el proyecto de ley de presupuestos no incluye nuevas medias permanentes de ingresos -fiscalidad-, por lo que las bajadas de años anteriores “no impactan en la regla de 2025 y 2026”.

Los gastos

Sobre los gastos previstos, el informe hace referencia al ahorro de 82 millones que prevé la Junta por la no reposición de efectivos, que compensaría el mayor gasto de 20 millones derivado de las medidas de personal adoptadas para este año (concurso de traslados y carrera profesional de grado IV).

Además, detalla el informe que otros 11 millones de incremento de gasto están vinculados a las bonificaciones al transporte y otros 36 millones esperan obtener por ahorros vinculados a acuerdos marco en sanidad y racionalización en los medicamentos, medidas de ahorro energético y disminución en alquileres.

Otras de las medidas incluidas por la Junta en sus incrementos de gastos y que tiene en cuenta la AIReF para apuntar al riesgo de incumplimiento de la regla de gasto son el nuevo bono de 300 euros destinado a compensar la subida de cuotas a los autónomos, la bonificación de los peajes de las autopistas a los conductores recurrentes empadronados en Castilla y León, las ayudas para la movilidad de las personas mayores en su vivienda -sustitución de bañeras por plato de ducha- y gratuidad del transporte público regular para los menores de 15 años.

Sobre la deuda pública, el informe de la AIReF considera que Castilla y León se situará al cierre de 2026 en una cuantía de la deuda equivalente al 17,6% del PIB, lo que implicaría 1,5 puntos porcentuales menos respecto a 2024, cuando se situó en el 19,1%, aunque lo vincula fundamentalmente con el crecimiento previsto del PIB.

Marco de incertidumbre

La AIReF reconoce en su documento que existe incertidumbre sobre los presupuestos para 2026, dado que están pendientes de publicar aún por parte del Gobierno central los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que regirán para los tres ejercicios siguientes ni se ha publicado un nuevo informe sobre la situación de la economía española que actualice para los años siguientes la tasa de referencia de la regla de gasto.

Del mismo modo, falta también la transposición del nuevo marco fiscal europeo al nacional que tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2025, lo que según la AIReF condicionará las reglas fiscales nacionales a partir de 2026. 

Las subidas del salario mínimo en los últimos años en España, de 2020 a 2024, no suponen una pérdida de empleos debido al impulso del consumo, entre otros factores, según el análisis macroeconómico a largo plazo que ha publicado este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Cuando se mide el efecto directo aislado del aumento del SMI en el empleo, tiene un impacto negativo limitado, pero cuando la mirada del análisis es más amplio, sobre otras consecuencias provocadas en la economía, como el aumento de la demanda y el consumo, el resultado es neutro en el empleo o ligeramente positivo.

Es una de las conclusiones más novedosas de los estudios publicados por la AIReF este lunes, que forman parte de su análisis en profundidad de los ingresos a futuro del sistema público de pensiones, por los que en marzo concluyó que se cumple la regla de gasto aprobada por el Gobierno y no se requieren por tanto ajustes adicionales de manera automática.

Este análisis supone un punto de vista novedoso en la literatura académica sobre el impacto de las subidas del salario mínimo en el empleo, demandado en muchas ocasiones por colectivos como los sindicatos. Generalmente, las publicaciones suelen centrarse en un análisis microeconómico, directo sobre el empleo, que deja resultados negativos del aumento del SMI, aunque muy limitados (como probó el Nobel de Economía David Card). Así lo hace también el análisis de la AIReF, que por ejemplo sitúa una pérdida de entre 55.000 y 85.000 afiliados a la Seguridad Social en 2023 debido al aumento del SMI de ese ejercicio. Una reducción de -0,34 a 0,53 puntos porcentuales.

El tirón del consumo hace crecer la economía

Sin embargo, la AIReF ha realizado un estudio más amplio de las derivadas del aumento del salario mínimo, por su efecto en el aumento de los salarios, la renta de las familias y, como consencuencia, cómo se traslada esto a la economía en forma de un aumento de la demanda y del consumo, crecimiento y, por tanto, empleos. Los perceptores del salario mínimo habitualmente se sitúan en los hogares con rentas bajas, que vuelcan más en el consumo los aumentos salariales que otro tipo de hogares que viven con más holgura económica.

Así, se produce “un efecto expansivo por el canal de demanda”, que predomina sobre el efecto de pérdida limitada de empleos. Como consencuencia, el impacto final no es negativo de destrucción de puestos de trabajo (como se suele afirmar), sino neutro o ligeramente positivo (+0,0 a +0,2 en el periodo 2022 a 2050).

“En conjunto, el aumento de los salarios tiene una mayor relevancia que la caída inicial del empleo, lo que hace que el impacto en la renta disponible de los hogares sea positivo, impulsando el consumo y por tanto la actividad”, recoge la AIReF.

La factura total es de ligero crecimiento económico vinculado al aumento del salario mínimo, indica la Autoridad Fiscal. “De este modo, el PIB real aumentaría ligeramente, con un impacto cercano pero inferior a dos décimas a largo plazo, en relación con el escenario sin medidas” (sin aumento del SMI).

Mejoras de las últimas reformas laborales

En otro de los análisis publicado este lunes por la AIReF, este centrado en las consecuencias de las últimas reformas laborales, la Autoridad Fiscal también destaca varios efectos positivos de los cambios normativos. En el organismo explican que se trata de la reforma laboral de 2021, que desplomó los contratos temporales en España por primera vez en décadas, pero no solo: también se tienen en consideración otras, como la reforma de las políticas públicas de empleo y de los incentivos a la contratación.

La AIRef detecta un “impacto positivo y significativo” en la probabilidad de transitar a un empleo desde el desempleo, es decir, en la inserción laboral. “Y, en particular, hacia contratos indefinidos”, destaca el organismo independiente. Las mejoras son más intensas entre las mujeres, entre los jóvnes de 16 a 25 años y en los mayores de entre 56 y 65 años. Además, también se aprecia “una reducción en el riesgo de pérdida de empleo”, la transición del empleo al desempleo, “pero moderado”, indica la AIReF.

Con la mirada amplia, el análisis macroeconómico de la AIReF concluye que existe “un impacto positivo” de estas reformas laborales sobre el PÎB y el empleo, “aunque muy escaso (+0.15%)”. Por ello, estima que el aumento de las cotizaciones sociales se incrementan en tres décimas en el largo plazo, hasta 2050. Un cálculo que en opinión de la Seguridad Social es conservador ante los cambios que está registrando el mercado de trabajo.

El número de beneficiarios de la renta mínima de inserción en Extremadura ha caído un 14 % desde 2020, coincidiendo con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, el trasvase de perceptores hacia la prestación estatal explica buena parte de este descenso, que ha supuesto una transformación en la cobertura de rentas mínimas autonómicas.

En el conjunto de España, no todas las comunidades han impulsado reformas para mejorar la coordinación entre sus rentas mínimas y el IMV. En 2023, solo un 22,2 % de los titulares de rentas mínimas (24.708 personas) compatibilizaban ambas ayudas, más de la mitad concentrados en el País Vasco.

En ese mismo año, un 2,9 % de las solicitudes de rentas mínimas (758 expedientes) fueron denegadas por ser incompatibles con el Ingreso Mínimo Vital, mientras que el 40,4 % de las prestaciones autonómicas (5.233) se extinguieron o suspendieron una vez que los titulares pasaron a cobrar la ayuda estatal.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que, desde la entrada en vigor del IMV, el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas a la prestación estatal ha liberado en torno a 510 millones de euros, lo que equivale al 11 % del gasto que las comunidades autónomas destinaban a estas ayudas.

En Extremadura, donde la renta mínima ha sido una herramienta esencial para las familias en situación de vulnerabilidad, las cifras reflejan un cambio de escenario: una parte significativa de las personas beneficiarias ha pasado a depender directamente de la prestación estatal, lo que ha reducido la carga presupuestaria de la Junta, pero también ha generado nuevas dificultades de coordinación entre administraciones.

52 pueblos de Castilla y León pagan a sus proveedores con más de tres meses de retraso, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). De hecho, hay dos municipios que tienen un plazo de más de 1.000 días de media para pagar: Pardilla (Burgos), con 1.461 días; y Peñausende (Zamora), con 1.189 días.

Aunque con plazos menores, también hay otros municipios que tardan más de un año en abonar las facturas: La Pola de Gordón (León, 638 días), Fermoselle (Zamora, 465 días de demora), Cedillo de la Torre (Segovia, 464 días de media), Santo Tomé del Puerto (Segovia, 556 días), Fresno de Cantespino (Segovia, 384 días) y Cacabelos (León, 366 días para pagar sus facturas). Además, hay otros 95 municipios de Castilla y León que tardan en pagar entre 30 y 90 días.

Además, cinco pueblos de Castilla y León tienen una deuda financiera que supera en más de un 120% sus ingresos corrientes: Monasterio de la Sierra (238%), Galende (231%), Peleas de Abajo (220%), San Andrés del Rabanedo (144%) y Ledesma (125%).

La Airef realiza anualmente un análisis de la situación financiera de toda la administración, basada en unos principios de sostenibilidad señalados en la llamada 'Ley Montoro', oficialmente Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Su nombre proviene de su impulsor, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ahora implicado en un caso de corrupción de una presunta trama de pago de sobornos a cambio de realizar leyes y normativas fiscales ad hoc del pagador.

Los veinte municipios con peor situación

La Airef recurre a varios municipios para analizar su sostenibilidad financiera: en Castilla y León hay nueve pueblos entre los cien municipios de España que tienen peor situación, entre los que se encuentran Parla, Jaén, Jerez de la Frontera o Gandía, entre otros.

El análisis de riesgo de sostenibilidad elaborado por la Airef revela cuáles son los municipios con peor situación financiera de Castilla y León. De los veinte primeros municipios, más de la mitad pertenecen a la región leonesa: cinco a Zamora (Peleas de Abajo, Galende, Castroverde de Campos, Carbajales de Alba y Pinilla de Toro), cinco a Salamanca (Ledesma, Guijuelo, La Vellés, El Cerro y Serradilla del Arroyo) y cuatro a León (Fabero, Villablino, Quintana y Congosto y Bustillo del Páramo).

Además, hay municipios en Segovia (Aldeasoña y Real Sitio de San Ildefonso), Ávila (Pajares de Adaja y Casillas), Burgos (Monasterio de la Sierra) y Soria (Cubo de la Solana). Las únicas provincias sin municipios afectados en este top 20 son Palencia y Valladolid.

Valladolid incrementa sus ingresos por impuestos

Los ingresos fiscales de Valladolid (PP-Vox) muestran crecimientos de un 5% para 2025, debido a la introducción de la tasa de basuras y la actualización de diversas ordenanzas fiscales, un crecimiento superior al del periodo entre 2019 y 2023 (de casi el 0%). Esta subida es inferior al que registran ciudades como Madrid, Valencia, Córdoba y Vitoria.

La Airef prevé que en Valladolid haya un superávit próximo al equilibrio para finales de 2025. Además, las previsiones de la Airef indican que el consistorio ha mejorado su capacidad de financiación sobre sus ingresos no financieros. De hecho, la previsión actual de la Airef para Valladolid es mejor que la corporación había comunicado en su presupuesto inicial, según el informe complementario de evaluación, que profundiza en la situación de las 25 ciudades más grandes de España. Además, la institución calcula que la ratio de deuda será de un 44% a finales de año.

El Ayuntamiento de Valladolid, al cierre de 2025, mantendrá en una posición pasiva neta, lo que significa que sus ahorros acumulados son inferiores a su deuda prevista. Aunque está en posición pasiva, el gráfico indica una tendencia de mejora desde 2019.

Ciudades y capitales

La situación en las ciudades de Castilla y León no tienen nada que ver con la de los municipios pequeños. Aunque mejora la situación preocupante de San Andrés del Rabanedo —cuya deuda todavía supera a sus ingresos— este municipio todavía no se ha recuperado del todo. León (PSOE) es la capital que más deuda financiera tiene sobre los ingresos corrientes (un 67%), aunque la Airef no percibe riesgo de deuda financiera en la ciudad.

La Airef ve una situación de riesgo no elevado en seis ciudades de Castilla y León, aunque solo en uno de los indicadores, salvo en el caso de San Andrés, que tiene la mitad de indicadores catalogados como 'negativos': Valladolid, Ponferrada, Soria, Laguna de Duero y Medina del Campo. En todos ellos, el problema es el mismo: el saldo presupuestario no financiero es negativo. De estos, la capital vallisoletana es la ciudad que peor situación presenta (-3%). Sin embargo, la Airef no considera que haya un riesgo elevado hasta que este saldo no es inferior al 20% de sus ingresos corrientes.

La capital que presenta mejor situación financiera es Zamora (IU-PSOE), por delante de otras Administraciones como las diputaciones de Burgos, Segovia, Ávila, Palencia y Valladolid. Precisamente la Diputación zamorana (PP) es la Administración provincial que mejor situación financiera presenta.

El incentivo al empleo del ingreso mínimo vital (IMV), que se puso en marcha en 2023, “no está funcionando”. Así lo ha concluido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su cuarto análisis anual de la renta mínima estatal contra la pobreza. Este instrumento, lanzado para fomentar el empleo entre los beneficiarios del IMV, no está logrando su objetivo a tenor del estudio de la institución, ya que se mantiene una reducción del 12% en la probabilidad de trabajar antes y después de su puesta en marcha.

El incentivo al empleo permite a los beneficiarios del IMV trabajar y que no se reduzca la ayuda, eso sí, durante el primer año y siempre que haya supuesto un aumento en los ingresos salariales. El mecanismo, bastante complejo, se aplica de oficio por parte de la Seguridad Social y permite durante su vigencia aumentar los ingresos del hogar en cuestión, gracias al aumento salarial y el mantenimiento del ingreso mínimo vital.

Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, y José María Casado, director de Evaluación del organismo, han presentado los principales resultados del nuevo estudio anual de la prestación de la Seguridad Social, que recoge “avances” en la cobertura de la ayuda, tanto del ingreso mínimo vital como de la ayuda por hijo (CAPI), que llegan a más personas en 2024 respecto a 2023: el IMV pasa de una cobertura del 36% hasta el 42% y el CAPI del 19% al 23%. Sin embargo, la institución señala que aún hay muchas personas con derecho a la ayuda que no la reciben (el llamado non take up), que cifra en un 55% en el caso del IMV y del 72% en las ayudas por hijo.

La AIReF advierte de que persisten varios “problemas estructurales” ya detectados por el organismo de evaluación desde su primer análisis. Por ejemplo, la barrera de acceso a la ayuda que supone la “unidad de convivencia”, un criterio también complejo, que no existe para ningún otro trámite de la Administración y que tienen que demostrar los beneficiarios, que son personas especialmente vulnerables. La AIReF también ha reiterado la necesidad de utilizar criterios de renta más recientes para adecuarse a la situación presente de las familias y reducir las devoluciones que exige la Seguridad Social en las revisiones anuales.

No alivia la merma en la probabilidad de trabajar

Como novedad, este año la AIReF se ha detenido en el impacto del IMV en la inserción laboral y en estudiar la eficacia del incentivo al empleo. La Autoridad Fiscal calcula un impacto negativo de la ayuda del 12% en la probabilidad de trabajar, que ha estimado comparando la inserción laboral de los beneficiarios del IMV y de otras personas de escasos recursos (10% con menos renta) que no perciben la ayuda. Este desincentivo al empleo es mayor en ciertos grupos, como las familias monoparentales (-19%), los jóvenes de 30 años (-29%) y los beneficiarios con una mayor cuantía de prestación (-21%).

Sobre la magnitud de este dato, en la AIReF no se pronuncian sobre si el dato es alto u bajo y señalan que se encuadra dentro de lo que señala la literatura económica sobre este tipo de prestaciones, que suelen tener cierto efecto negativo en el empleo. El estudio destaca que también se detectan algunos efectos positivos del IMV en el ámbito laboral, como un aumento del 3% en la probabilidad de tener un contrato indefinido. Cristina Herrero ha explicado que esta ayuda de garantía de rentas permite a las personas beneficiarias rechazar algunas ofertas de trabajo más precarias, permitir búsquedas laborales más selectivas, con mayor estabilidad y acceder a oportunidades de recualificación profesional.

Lo más determinante del análisis consiste en que, este efecto negativo detectado, no se reduce tras la puesta en marcha del incentivo al empleo del IMV, puesto en marcha en 2023. Con un análisis del primer año de funcionamiento, la AIReF advierte de que los datos de merma en la probabilidad de trabajar no se modifican, lo que hace cuestionar la eficacia del instrumento.

En el Ministerio de la Seguridad Social, que dirige la socialista Elma Saiz, consideran que “la evaluación del incentivo al empleo del IMV es temprana porque solo se dispone de datos del primer año de aplicación (2023)”. “Sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios para hacer una evaluación más fiable”, responden en el Ministerio.

“Problemas de diseño”: la gente no sabe que lo está percibiendo

Cristina Herrero ha concedido que el incentivo al empleo lleva poco tiempo en vigor, pero no obstante en la AIReF consideran que la falta de eficacia detectada se debe a varios “problemas en su diseño” de partida, por lo que la institución propone “una reformulación completa” de la medida.

Entre los problemas detectados, José María Casado ha destacado su falta total de visibilidad, ya que los beneficiarios del IMV no son conscientes de que están cobrando el incentivo al empleo, lo que les impide “conocer las ventajas” de la medida o de la inserción laboral. Casado ha destacado que no se produce ninguna comunicación por parte del Ministerio, que simplemente se lo aplica a posteriori en las revisiones anuales que realiza la Seguridad Social.

Tampoco tiene un efecto inmediato, ha destacado Cristina Herrero, lo que supone que las familias no noten la diferencia entre trabajar y no hacerlo o qué supone esto para el cobro de la prestación, cuando se supone que ese es su objetivo, un incentivo para no alimentar la llamada 'trampa de la pobreza'. Otra de las deficiencias es que “no hay una duración garantizada” del incentivo, ya que solo se aplica el primer año y a partir del segundo solo se mantendría en caso de producirse aumentos de renta de nuevo y en unas condiciones que no son transparentes para los ciudadanos.

Por todo ello, la AIReF propone “reformular completamente el incentivo al empleo con un nuevo diseño que sea visible para los potenciales beneficiarios, transparente en su duración, y modulable según el momento de incorporación laboral y la intensidad de la jornada”. Por poner un ejemplo, la institución destaca el enfoque distinto del nuevo complemento vinculado al subsidio por desempleo, que aunque es muy incipiente sí cumple con algunas de estas recomendaciones, ha destacado Herrero.

“No vemos adecuado armonizar el diseño del incentivo al empleo con el del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) porque se ha puesto en marcha recientemente, aún no ha sido evaluado y el subsidio de desempleo está dirigido a personas que han trabajado anteriormente, con un perfil distinto al del IMV”, han reaccionado en el Ministerio de Elma Saiz a la propuesta de la AIReF.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado contra varios encargos del Gobierno a la institución, como el último adicional sobre la regla de gasto en pensiones, que consideran que “atentan” contra su independencia y autonomía de gestión regulada por ley, ha afirmado este miércoles su presidenta, Cristina Herrero.

La presidenta de la AIReF ha criticado el último encargo adicional para evaluar la regla de gasto en pensiones para 2026. “No lo entendemos”, ha afirmado Cristina Herrero, que ha sostenido que su valoración sobre la última reforma de pensiones “no ha variado en los últimos tres años”. “El diagnóstico es más o menos el mismo. No entendemos muy bien qué se pretende con esto”, ha sostenido la economista, que ha vuelto a ser muy crítica con la regla de gasto pactada en la última reforma de pensiones con Bruselas y que considera que no mide realmente la sostenibilidad del sistema público.

Cristina Herrero ha rechazado que el Gobierno cargue al organismo público con este otro trabajo adicional, al que ha añadido otros encargos adicionales que el Ejecutivo está exigiendo a la AIReF a través de varias leyes y decretos leyes, por ejemplo en la Ley de startups, entre otras. La presidenta de la AIReF considera que estos mandatos están incumpliendo la ley orgánica que regula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por lo que ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado al respecto.

Atentando contra su independencia y autonomía

En este sentido, Cristina Herrero ha mencionado que estos múltiples encargos adicionales que el Gobierno está incorporando al trabajo ordinario de la AIReF “atentan contra nuestra independencia y la autonomía de gestión”. La economista ha apuntado que estos nuevos encargos, con varias formulaciones (como evaluación, informe, opinión...), en algunos casos definen qué debe evaluar la AIReF y mucha concreción en los tiempos y objeto de análisis, algo que en su opinión va en contra de la autonomía e independencia de la institución.

“Vengo denunciando mucho tiempo que hay que parar esta deriva”, ha afirmado Herrero, que tiene además como consencuencia que “se trastoque lo que es el funcionamiento, la autonomía de gestión y la independencia de la AIReF”.

En el Ministerio de la Seguridad Social han reaccionado a la noticia y han destacado que “el Gobierno respeta, como ha hecho siempre, las opiniones de la AIReF y confía plenamente en su independencia”. Como prueba de ello, el departamento de la ministra Elma Saiz destaca que la reforma de pensiones incluyera “un mecanismo de revisión -cláusula de cierre- basado en un informe de evaluación a cargo de esta institución”.

La presidenta de la institución ha recordado que “las opiniones son voluntarias y no nos las puede imponer nadie” y los informes están establecidos en la Ley orgánica del organismo, por lo que ha pedido “claridad en la terminología” porque “no es baladí” de cara a la metodología, el calendario, el presupuesto y la independencia de la AIReF al realizar sus estudios.

La presidenta de la AIReF ha pedido “que se limite muy mucho” que la AIReF “entre a valorar otras cosas al margen de lo que está previsto” en su regulación “y, desde luego, con una previa consulta a la AIReF”, algo que no siempre ha sucedido por parte del Gobierno.