Un total de 16 fiscales de sala del Tribunal Supremo, entre ellos dos ex fiscales generales del Estado, firman en estos momentos una carta en la que se dirigen a la fiscal general para que inste al PSOE a retirar una enmienda parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Los fiscales firmantes se dirigen a la Fiscalía General y se refieren a la enmienda 603 presentada por el grupo parlamentario socialista en la tramitación de la reforma de la Ley Concursal y que afecta a los supuestos en los que la Fiscalía está obligada a informar al Gobierno sobre investigaciones en curso.

La misiva está siendo firmada por pesos pesados del Ministerio Público: los fiscales del procés Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, la fiscal de criminalidad informática Elvira Tejada o el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix, entre otros. También hay dos antiguas fiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal y María José Segarra. La Fiscalía, tal y como explica su estatuto, está integrada en el Poder Judicial pero con autonomía funcional. El número de fiscales que van a firmar la misiva constituye casi la mitad de la junta de fiscales de sala, formada por más de 30 miembros.

El actual Estatuto del Ministerio Fiscal, vigente desde 1981, explica textualmente en su artículo 9.2 que la Fiscalía General debe informar al Gobierno “cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”. La enmienda del PSOE añade que la Fiscalía informará a petición del Gobierno “en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.

Los fiscales de sala que planean enviar el documento, según ha sabido elDiario.es, cargan con dureza contra esta enmienda que se tramita en la cámara baja. “Representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno”, dicen en una misiva que también afirma que la enmienda implica “una quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía.

La enmienda, dicen estos fiscales de sala, “consagra un privilegio en virtud del cual el Poder Ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispondría a través de la actuación que desarrolla el Ministerio Fiscal de un acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso”.

La misma enmienda del grupo socialista en el Congreso, disponible en la web de la cámara baja, propone otro cambio en su artículo 8.2 para reforzar la transparencia de estas consultas. Establece que “la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por escrito y de modo debidamente registrado en el soporte que reglamentariamente se determine por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado”. Actualmente, el Estatuto especifica que se hará a través del Ministerio de Justicia pero no por escrito ni debidamente registrado.

Dolores Delgado fue recientemente intervenida por un quiste sinovial en la columna vertebral y su agenda y actividad han quedado suspendidas hasta que se recupere.

El Gobierno de Pedro Sánchez da un giro radical en su política respecto a la Fiscalía General del Estado. De nombrar a una fiscal al frente de la institución, María José Segarra, que ha evitado imprimir un sesgo progresista a ninguna de las más relevantes actuaciones del Ministerio Público, carrera por otra parte mayoritariamente conservadora, pasa a sustituirla por su hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Con su elección, el Ejecutivo abandona el criterio que se ha impuesto en la mayoría de los Gobiernos de la democracia, consistente en buscar un fiscal o un juez afín ideológicamente para el cargo de Fiscal General del Estado, pero sin una carga partidista tan fuerte como proceder de su propio Consejo de Ministros. Delgado, aunque no afiliada, se ha implicado de forma decidida en la campaña electoral para satisfacción de la Federación Socialista Madrileña, confiesan desde su dirección. El anuncio de que Sánchez propondrá a Dolores Delgado se ha producido sin que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hubiera tenido tiempo de tomar posesión.

El malestar con María José Segarra era conocido tanto en el Gobierno y el PSOE como entre algunos destacados compañeros de la Unión Progresista de Fiscales, si bien la asociación siempre la ha defendido en público. Segarra era uno de los cuatro representantes de la UPF en el Consejo Asesor, que eligen todos los fiscales en votación. Otra era Dolores Delgado. Fue precisamente la campaña previa a la votación de ese órgano elegido por todos los fiscales de la carrera y miles de kilómetros de viaje compartidos lo que acercó a ambas. El nombramiento de Segarra fue una decisión de la que ahora va a ser su sustituta.

El asunto más espinoso de cuantos han ocurrido durante el mandato de Segarra ha sido el informe de conclusiones de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el juicio del procés. Los cuatro fiscales solicitaron condenas por rebelión y llegaron a hablar de “golpe de Estado” sin que se conociera si su posición era compartida por la fiscal general, que decidió no intervenir. El tribunal finalmente no condenó por rebelión y se alineó con las tesis mantenidas por la Abogacía del Estado, partidaria de la sedición, y que debía obediencia al Ministerio de Justicia, dirigido en ese momento por Dolores Delgado.

Precisamente, Delgado había sido criticada por el cese del jefe de Penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, tras las discrepancias sobre la postura de quien debía mantener en la causa del procés la parte que actúa en representación de la Administración. La destitución de Bal fue decisión de la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, nombrada por Delgado.

La primera gran decisión que provocó polémica fue la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de oponerse a la imputación del líder del PP, Pablo Casado, en el caso Máster, sin que Segarra interviniera. Tres compañeras del político, en una situación idéntica a la de Casado, declararon en condición de investigadas ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel con el aval de la Fiscalía de Madrid. Sin embargo, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, enmarcado en el sector conservador, informó de que no había motivos suficientes para llamarle siquiera a declarar como investigado, pese a reconocer que el político había tenido un “trato de favor”. Con ese posicionamiento de la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo, ante el que está aforado Casado, rechazó actuar contra él.

Durante el mandato de Segarra ha habido otros posicionamientos del Ministerio Público que han terminado por beneficiar al Partido Popular y en los que la fiscal general no ha intervenido. El caso de los ordenadores de Bárcenas es uno de ellos. La Fiscalía no veía siquiera argumentos para juzgar al PP como persona jurídica y pidió su absolución. En la vista, la fiscal Carmen Luciáñez fue mucho más dura con Luis Bárcenas, que comparecía como testigo, que con los acusados.

Durante el mandato de Segarra, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo de la causa contra Alberto Ruiz-Gallardón en el caso Lezo y ha evitado presentar querellas por delitos de odio por las afirmaciones de Vox contra colectivos desfavorecidos, como los menores migrantes no acompañados, en contra de una corriente favorable a tomar esa iniciativa dentro del Ministerio Público.

La sustituta de Segarra tendrá opción de dejar su impronta en breve. Delgado deberá decidir si recurre los permisos penitenciarios que autorice la Administración catalana a los presos del procés o el tercer grado que les conceda el juez. El próximo día 20 arranca en la Audiencia Nacional el segundo juicio más importante en relación con el procés, que sentará en el banquillo al major de los Mossos Josep Lluís Trapero, acusado por el Ministerio Público de rebelión.

El PP arranca su oposición en los tribunales

La elección de la próxima fiscal general ha dado pie a Pablo Casado para refrendar su promesa de hacer oposición en los tribunales. El líder del PP ha anunciado al poco de conocer el nombramiento que lo recurrirá por vulnerar dos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Ministros.

Casado, que calificó a Sánchez durante el debate de investidura de “presidente fake” o “sociópata”, ha dicho que la elección de Dolores Delgado “es de extrema gravedad” y que la próxima fiscal general del Estado será “la ministra 23”. El presidente de los 'populares' ha recuperado la afirmación de Sánchez en campaña de que la Fiscalía depende del Gobierno, afirmación de la que después se desdijo el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Vox, que tiene a punto una querella contra Sánchez, Delgado y tres abogados del Estado por el informe sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, ha aprovechado la noticia sobre la elección de la próxima fiscal General anunciando que ampliará su escrito al nombramiento y que incluirá en la calificación de los hechos un nuevo delito de tráfico de influencias.

Ciudadanos ha aprovechado para registrar este lunes en el Congreso su propuesta sobre la reforma de la ley del Ministerio Fiscal, precisamente “para evitar casos como el de Delgado”. Así se expresaba Edmundo Bal, el abogado del Estado cesado por Dolores Delgado que ahora es diputado de la formación tras comprometerse con Albert Rivera. Según él, la elección de la exministra es “un caso flagrante de puertas giratorias” y “una absoluta falta de vergüenza” que traspasa “las más mínimas reglas del decoro”.

Los tres partidos de derechas ya habían sumado sus votos para reprobar a Delgado en el Congreso durante el año y medio que duró el Gobierno de Sánchez.

Las asociaciones profesionales también han criticado la elección de Delgado, salvo la UPF, a la que pertenece. “Quieren a la Fiscalía sometida”, sostuvo la portavoz de la Asociación de Fiscales, acostumbrada a que sus asociados se conviertan en fiscales generales cuando Gobierna el PP. La asociación conservadora fue una de las que salió en defensa de Segarra durante la actuación de la Fiscalía en el proceso por su postura no intervencionista.

El Gobierno es el encargado de elegir al Fiscal General del Estado y puede dirigirse a él para pedir que actúe en defensa del interés público o que rinda cuentas por una investigación, pero la institución no está obligada a obedecer. Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Ministerio Público sí tiene que responder a cualquier petición del Gobierno con una exposición razonada. La institución se rige por el principio de jerarquía: los fiscales deben obedecer a sus jefes directos y en caso de discrepancia, pueden someter la decisión a votación en la junta de fiscales, cuyo resultado no es vinculante.

El Consejo General del Poder Judicial, pendiente de renovar pero que conserva por ahora su mayoría conservadora, elaborará un informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre la elección de Delgado. La previsión es que pueda estar en la mesa del Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes.

El Consejo de Ministros propondrá este martes el nombramiento de la hasta ahora ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado eldiario.es. Delgado sustituirá a María José Segarra y será la tercera mujer que preside esta institución.

El pasado viernes el Gobierno informó a Delgado de que no seguiría al frente de la cartera de Justicia en el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, a la que había accedido en 2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le comunicó en ese momento que tenía este otro puesto reservado para ella. Lo hizo durante el pasado fin de semana.

La propuesta de nombramiento, que será sometida a informe del Consejo General del Poder Judicial y al examen del Congreso de los Diputados antes de ser ratificada, ha causado sorpresa, pues el paso por el Ministerio de Justicia de esta fiscal experta en lucha contra el terrorismo con 25 años de experiencia en la Audiencia Nacional estuvo marcado por las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo y la actuación de su Ministerio en la causa del 1-O.

Además, en la Moncloa había descontento con el desempeño de Delgado durante estos meses. Más contundentes se mostraban en los últimos días algunas fuentes en el PSOE, que hablaban incluso de que su gestión había sido “un absoluto desastre”. Entre las decisiones en las que se equivocó, citan precisamente la elección de María José Segarra como fiscal general del Estado, a la que ahora sustituye.

La oposición no ha tardado en reaccionar a la propuesta de nombramiento de Delgado. El líder del PP, Pablo Casado, considera que su elección “ataca directamente la separación de poderes y el Estado de Derecho”. “Es perder las formas y el pudor al nombrar una persona que ha estado al servicio de los intereses del partido”, ha afirmado en un desayuno informativo.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Gobierno de utilizar a Delgado como “un mando a distancia para controlar la Justicia”. Este mismo lunes, la formación de extrema derecha ha presentado una querella contra Sánchez, Delgado y los tres abogados del Estado que firmaron el informe de respuesta a la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras. El portavoz adjunto de Ciudadanos y abogado de Estado, Edmundo Bal, ha calificado el nombramiento como un “caso flagrante de puertas giratorias” y “una absoluta falta de vergüenza” que traspasa “las más mínimas reglas del decoro”.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, ha mantenido que la propuesta es “una manera muy clara de indicar” que el Gobierno quiere tener “sometida” a la Fiscalía. En declaraciones a Onda Cero, su presidenta, Cristina Dexeus, ha asegurado que la noticia le ha causado “estupor”.

Teresa Peramato, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –asociación de la que era miembro Delgado antes de ser ministra de Justicia– ha reconocido que el nombramiento “puede provocar reticencias”. Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que “hay que dar un voto de confianza”, ya que a su juicio Delgado es consciente de que el fiscal general del Estado es una figura “absolutamente independiente durante su mandato”.

La gestión de Segarra

La figura de la hasta ahora fiscal general del Estado también había generado malestar en el Gobierno desde hace meses, pues lejos de considerarla independiente, entendían que defendía que ciertos fiscales actuaran por libre sin la unidad de criterio que fija el estatuto de la carrera fiscal. La institución se rige por el principio de jerarquía: los fiscales deben obedecer a sus jefes directos y en caso de discrepancia, pueden someter la decisión a votación en la junta de fiscales, cuyo resultado no es vinculante.

La apuesta de Segarra ha sido siempre no interferir en las decisiones de sus subordinados, aunque estos tuvieran una interpretación discutible, incluso sesgada hacia posiciones conservadoras, según han lamentado desde el sector progresista de la judicatura, al que pertenece como vocal del Consejo Asesor del Ministerio Público en representación de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La elección de Delgado se interpreta como una apuesta por tener al frente de esta institución a una persona alineada con las tesis del Ejecutivo.

Por ejemplo, el Tribunal Supremo decidió no investigar el máster que Pablo Casado cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, el tribunal al que está aforado, porque así lo decidió la Sala de lo Penal después de que la Fiscalía se opusiera a esta investigación al alegar que no había “dato alguno” que avalara que el líder del PP había obtenido su posgrado de forma fraudulenta.

Sin embargo, dos alumnas del mismo máster de Casado en una situación casi idéntica de favores declararon como investigadas en Plaza de Castilla con el informe favorable de la Fiscalía de Madrid. La Fiscalía General del Estado no intervino en el caso de Casado y el conservador Luis Navajas, el jefe de los fiscales del Supremo, de talante conservador, impuso su criterio.

En cuanto al procés, la postura de la Fiscalía ha sido siempre mucho más dura que la de la Abogacía del Estado como quedó plasmado en la petición de penas y en el informe final del juicio, en el que el fiscal Javier Zaragoza llegó a hablar de “golpe de Estado”. De hecho, Segarra no modificó el escrito de conclusiones que los cuatro fiscales de Sala presentaron al final de la vista.

La Abogacía del Estado, sin embargo, relevó a su letrado en el juicio del 1-O –Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos–, que pretendía elevar la acusación contra los dirigentes catalanes a rebelión. El órgano que defiende los intereses del Estado acusó finalmente por sedición a pesar de la intensa campaña de ataques de la derecha. Esa fue la tesis asumida por el Tribunal Supremo en la sentencia.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero Serrano, ha intervenido este martes en la inauguración de las Jornadas de Especialistas de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, que han sido inauguradas por la máxima representante de este órgano, María José Segarra Crespo, quien ha asegurado que mueren mujeres porque “algo está pasando y no nos podemos instalar en la autocomplacencia”. “Hay que ser autocríticos y apostar por la formación”, ha dicho.

Caballero, que ha estado acompañado por la vicepresidenta Noelia Serrano, ha agradecido el enorme esfuerzo realizado para reunir en la capital a los fiscales especialistas en violencia de género, puesto que se trata de un ámbito de trabajo que lamentablemente está de actualidad. De ahí que haya conferido una gran importancia a que esta provincia se haya convertido esta mañana “en el epicentro de la lucha que tiene que tener una sociedad democrática contra esta lacra”.

El presidente de la Corporación provincial ha asegurado que todas las instituciones han de luchar juntas, cada una desde su ámbito. En lo que concierne a la Diputación ha precisado que la institución que preside trabaja la educación y la prevención entre los jóvenes, con un programa que se desarrolla en los institutos de la provincia, porque el diagnóstico entre este colectivo en esta materia “es preocupante”, ya que el 27 por ciento justifica la violencia machista. Ha añadido, además, que el 20 por ciento opina que los políticos y los medios de comunicación alteran la realidad.

Caballero ha recordado, por otra parte, que la Diputación de Ciudad Real fue una de las primeras instituciones de España que puso recursos a disposición de las mujeres que sufren la violencia machista con la puesta en marcha de una Casa de Acogida en 1985, en la que desde entonces se presta ayuda y apoyo a las mujeres maltratadas, “un refugio, un espacio de solidaridad y de empoderamiento de la mujer del que nos sentimos muy orgullosos”.

En otro orden de cosas, María del Pilar Martín Nájera, fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, ha dicho durante el acto de inauguración que la formación es esta materia es necesaria y decisiva, porque así serán más capaces de atender a las víctimas adecuadamente. Ha recordado que Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma “puntera”, ya que tiene una de las Leyes contra la Violencia de Género más reciente.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha referido en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial al fallo del juicio del procés, que se espera para las próximas semanas, y ha insistido en la “imperiosa obligación” de acatar la sentencia que se dicte “sea cual sea el sentido de la misma”. 

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, viene reiterando que no aceptará una condena a los procesados en la causa del 1-O. El pasado jueves, en un desayuno informativo en Madrid, Torra afirmó que la respuesta a un fallo condenatorio será una “confrontación democrática” que pondrá “el objetivo de la independencia en el centro” de la acción política. 

Ante Felipe VI, Segarra ha reiterado que el Ministerio Fiscal actuó en esta causa de manera “autónoma, interpretando y aplicando las leyes conforme a criterios estrictamente jurídicos”. En su informe final durante el juicio, la Fiscalía se reafirmó en calificar de rebelión el proceso soberanista, al que no dudó en definir como “un golpe de Estado” perpetrado con violencia por los acusados. El Ministerio Público pide 25 años de cárcel para el exnúmero dos del Govern y líder de ERC Oriol Junqueras, al que considera “motor principal de la rebelión”.

“Respeto a la decisión judicial”

El discurso del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no ha incluido referencias expresas a una sentencia que condicionará a corto y medio plazo la agenda política, aunque de forma genérica sí ha dicho que “el respeto al Derecho comporta, ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial”.

Además, ha destacado que el juicio del procés ha puesto de manifiesto el “compromiso” de los jueces “con la defensa de los valores del Estado de derecho proclamados por la Constitución”, al tiempo que ha reclamado la renovación del órgano de gobierno de los jueces para no verse debilitado y así poder mantener su “independencia”. 

Lesmes puesto en valor la actuación del magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal del procés, durante un juicio que ha calificado “de gran impacto social y mediático”. Y también ha tenido palabras de felicitación hacia el resto de magistrados, funcionarios y partes por el desarrollo de su trabajo durante la vista. 

“Este juicio es el paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos, y que se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos, pues la injusticia, aún en pequeñas dosis, es un veneno que resulta letal para la convivencia”, ha remarcado el presidente del Poder Judicial.

El curso judicial que está a punto de terminar se abrió con una buena noticia para Pablo Casado. La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el archivo de la causa contra él por los másteres fake que regalaba la Universidad Rey Juan Carlos y la Sala de lo Penal aceptó su petición. Y esa es la constante que se ha repetido durante los últimos doce meses. Bien por la falta de autoridad de la fiscal general del Estado nombrada por el Gobierno del PSOE, María José Segarra, bien por su exquisito respeto a la independencia de sus subordinados, lo cierto es que las decisiones adoptadas por el Ministerio Público gustan más en Génova que en Ferraz. 

Segarra no modificó ni una coma del escrito de conclusiones que los cuatro fiscales de Sala presentaron al final del juicio del procés, lo que agrandó la distancia entre el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia, que optó por la acusación por sedición al no apreciar la violencia suficiente que justificara el delito de rebelión. Y tampoco hizo nada por evitar el inquebrantable tono de su discurso, que les llevó a dar por probada la existencia de “un golpe de Estado” e incluso a utilizar la expresión “organización criminal” para detallar las actuaciones del Gobierno de la Generalitat.

En el Supremo la imputación por el delito de organización criminal sólo la sostiene la acusación popular de Vox pero la Fiscalía de Barcelona la hizo suya y quiso incorporarla a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 13 contra el segundo escalón de acusados por el procés, los altos cargos de la Administración catalana que pusieron en marcha la logística para que el referéndum del 1 de octubre pudiera celebrarse. La jueza Alejandra Gil rechazó la petición al considerar que los imputados, entre los que se encuentran los máximos responsables de TV3 y Catalunya Radio, nunca tuvieron “la infraestructura necesaria para desarrollar un plan criminal” ni la necesaria “concertación” para llevarlo a término.

En la sede del PP también gustó, y mucho, la intervención de la representante del Ministerio Público en el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, en el que defendió con vehemencia la absolución para la formación, primer partido político en la historia de España en ser juzgado como persona jurídica, y tres de sus antiguos dirigentes. 

La fiscal Carmen Luciáñez dejó claro que su posición fue avalada por su antiguo jefe, José Javier Polo, hoy destinado en la Audiencia Nacional, y defendió con entusiasmo que no podía existir un delito de daños informáticos si lo que el PP destruyó fue parte de la contabilidad B de la que era propietario. También llegó a asegurar que el borrado de los discos duros no causó ningún perjuicio a la Administración de Justicia porque supuestamente el extesorero sólo guardaba en esos dispositivos datos sobre sus cuentas bancarias que llegaron con la comisión rogatoria cursada a Suiza. 

La fiscal, que expuso argumentos que fueron reproducidos prácticamente palabra por palabra por el abogado del PP, Jesús Santos, se alineó con las defensas para impedir que el juicio fuera retransmitido por televisión y trató con suavidad a los acusados y con dureza al antiguo responsable de las finanzas populares. Al final de la vista, los abogados de las defensas estaban tan contentos que a alguno se le escapó que nunca habían asistido a un juicio en el que sus planteamientos hubieran sido tan cercanos a los de la acusación pública. 

Alegando la prescripción del delito de prevaricación, la Fiscalía también pidió el archivo de la causa que se seguía contra Francisco Camps en un juzgado de Valencia por la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 que funcionó entre los años 2008 y 2012 y que, a pesar de la promesa del expresident de que no supondría ningún gasto para el erario público, acabó costando a los contribuyentes 300 millones de euros. La Generalitat valenciana, sin embargo, llegó a solicitar siete años de cárcel para él antes de que la Audiencia diera carpetazo definitivo al caso. 

La Fiscalía de Segarra también consiguió que Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González y Manuel Cobo fueran exonerados de cualquier responsabilidad en la pieza del caso Lezo que se sigue por la adquisición de la empresa colombiana Inassa y rechazó la petición del PSOE de imputar a Esperanza Aguirre en esta causa a partir de un borrador de informe que nunca se llegó a presentar en el juzgado. Del mismo modo, se opuso a la admisión a trámite de las querellas presentadas contra el ex fiscal Anticorrupción con el PP, Manuel Moix, por no investigar la trama del Canal de Isabel II y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por decir que “el enemigo del futuro es la invasión islamista”. 

Sin embargo, Anticorrupción no tuvo remilgos en denunciar ante el CGPJ a la jueza instructora de los ERE, María de los Ángeles Núñez Bolaños, por la desatención y el retraso injustificado en sus resoluciones. La misma magistrada archivó la pieza sobre los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la que están imputados, tras la reapertura por parte de la Audiencia de Sevilla, varios ex altos cargos. Todos del PSOE. 

La fiscal general del Estado, María José Segarra, visó el escrito presentado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo en el que pide que no se investigue siquiera a Pablo Casado por cohecho e inducción a la prevaricación. Explicó más tarde públicamente que la Fiscalía comparte con la juez instructora Rodriguez-Medel que al líder del PP le regalaron el master aunque el cohecho está prescrito, así que tampoco piensan investigar su participación en la prevaricación.  La finta mental es suficientemente extraña, pero se agrava mucho más si recordamos el principio de unidad de actuación de la Fiscalía que unido al de dependencia jerárquica obliga a Segarra a asegurarse de que la postura del Ministerio Público es la misma para todos los afectados por el caso, sean estos cohechadores de ringorrango o de segunda fila. Esto no ha sido así. Los fiscales del Caso Máster han acompañado a la instructora en todo el procedimiento y no le han recurrido nada, pero nada de nada. La cosa es tan chusca que la propia Rodríguez-Medel, tras conocer ayer el informe, pidió inmediatamente a la Fiscalía -supongo que entre el cabreo, dado que encima Navajas le pone verde, y el recochineo por el ridículo fiscal- que se aclaren y le digan si consideran que ella también debe dejar de investigar al resto de los imputados que hicieron exactamente lo mismo que el privilegiado Casado y que incluso lo han confesado.

La fiscal general del Estado, tan respetuosa de la independencia de sus subordinados, va a tener que aclarar qué pasa ahora con la acusación en Madrid porque, aunque pretendiera también no injerir en el criterio de los fiscales territoriales, resulta que Madrid está sin fiscal jefe desde el viernes y no sé yo si dejar que esta papeleta la resuelva un segundo va a ser posible. Todo puede ser con Segarra, la fiscal general que está siendo tan respetuosa de la independencia de todos sus fiscales y tan celosa de demostrar la suya del Gobierno que está empezando a independizarse también de sus propias convicciones y criterios. La república independiente de la casa de Fortuny se decora con gestos y actos que tienen boquiabiertos e indignados a los propios y regocijados a los extraños.

Les decía que Madrid está sin fiscal jefe desde esta misma semana dado que José Javier Polo fue designado el viernes para ocupar una plaza de fiscal en la Audiencia Nacional. Es este un episodio que muestra muy bien la extrañeza de gran parte de la carrera fiscal, sobre todo de la que ha acompañado durante años a Segarra en las reivindicaciones. “Está abandonando a su Ejército” dicen, con una extrañeza que además de en el Consejo Fiscal me temo que debe reinar también en San Bernardo. No sé si saben que los fiscales de la Audiencia Nacional todos, no sólo los jefes, son designados por el Gobierno a petición del fiscal general del Estado. Un método totalmente diferente a la cobertura por antigüedad que rige en el resto. Pues bien, resulta que el fiscal jefe de Madrid ha tenido un recorrido tempestuoso desde que fuera nombrado por Torres-Dulce. Su gestión, incluso del personal, consiguió poner en pie de guerra a gran parte de los fiscales de la región. Hasta el punto de que, como un hito histórico, en dos congresos de la Unión Progresista de Fiscales se le reprobó expresamente y se pidió su remoción tras su “incomprensible” nombramiento y tras demostrar “su absoluta incompetencia para desempeñar el cargo en la Fiscalía más voluminosa del país”. Fue acusado de usar métodos “autoritarios, antidemocráticos y despóticos”. En ese congreso, sin duda, estaba Segarra. Los problemas de Polo no acaban con esta fuerte contestación ni mucho menos. Hace nueve meses, en el primer Consejo Fiscal que le tocó presidir al anterior fiscal general nombrado por el PP, Julián Sánchez-Melgar, ya tuvieron que afearle la conducta, dado que Polo había relevado irregularmente al fiscal del Caso Hoyo de Manzanares, César Estirado, porque éste había tenido la independiente idea de querer investigar a un alto cargo del ministro Catalá. Así que este dechado de virtudes profesionales es el que Segarra ha enviado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que éste pidió a sabiendas de que era imposible que revalidara para un segundo mandato en Madrid. Esta decisión, que tampoco ha debido gustar mucho en la Audiencia Nacional dado el elemento que les mandan, la tomó Segarra además haciéndoles un feo tremendo a los miembros progresistas del Consejo Fiscal. Estos manifestaron a la fiscal general que iban a seguir la tónica de apoyar a aquel candidato que llevara más tiempo ya en comisión de servicios en la AN para que consolidara la plaza. Así las cosas, los miembros de la UPF apoyaron a un no asociado en vez de a Garcia Berro que era el candidato a consolidar plaza de su misma asociación. Incomprensiblemente Segarra no tuvo en consideración esos parámetros de antigüedad y propuso al Consejo de Ministros a Polo, el candidato de la conservadora Asociación de Fiscales, a sabiendas de su conflictividad y mal hacer en Madrid. Tal actitud ha indignado muchísimo a muchos fiscales, a muchos que no entienden la incongruencia que supone premiar a alguien que la fiscal general sabe perfectamente que no lo merece. Para más inri Polo va a ocupar la plaza que dejó vacante Dolores Delgado, todo un sarcasmo. Nadie sabe las causas. No saben si Segarra no quiere enfrentarse con ciertos sectores o si, simplemente, está aplicando la máxima de darle una salida digna a un exjefe por si algún día no muy lejano ella necesita que se la den también.

No es la única muestra de incoherencia de criterio que le reprochan. También ha mantenido en su equipo, aunque rebajándole el grado, a Guillermo García Panasco el exfiscal jefe de Canarias que fue refugiado allí por el PP después de que el TS dejara claro que se excedió en sus investigaciones y vulneró los derechos de la magistrada Victoria Rosell. O el nombramiento para su secretaría técnica de la conservadora fiscal jefe de Melilla, Isabel Martín López, muy contestada también por sus actuaciones poco consonantes con la política de derechos humanos que propugna la fiscal general, como pedir que se le quitara la nacionalidad española a una anciana bereber que testificó en un juicio “por no saber hablar correctamente el español”. Dicen muchos que es como si hubiera decidido apoyarse en los que conspiran para que lo suyo salga mal y que ya tienen candidatos para sustituirla.

Segarra es ahora mismo una fiscal general en una situación muy débil y lo importante es que sus opositores lo tienen muy claro. No sabe cuánto va a estar en el cargo -no es lo mismo que asumir con cuatro años por delante- y es probable que no quiera encontrarse con un terreno minado cuando vuelva a ser fiscal de trinchera. Eso o tiene un extraño sentido de cómo demostrar que el Gobierno no interfiere en sus decisiones. En todo caso sabiendo todo esto es más fácil darse cuenta de hasta qué punto resultaba ridícula la presunción de Maragall de que alguien del Gobierno le había dado seguridades sobre un cambio de posición de la Fiscalía. Eso sólo puede producir hilaridad si se conoce la situación. En la cuestión del procès y piense lo que piense Segarra, que por lo que se sabe no tiene por qué coincidir con la acusación actual, la espiral de silencio ha hecho ya que la única opinión expresada abiertamente en la carrera fiscal sea la de la acusación de rebelión. Un fiscal que pisa moqueta y que cree que los hechos no encajan con el tipo de rebelión me dijo el otro día: “dentro de la carrera me siento como un kamikaze que circulara en sentido contrario por la M-30. Todos los que pensamos como yo guardamos ya silencio”. Segarra, aunque lo considerara justo, no tendría margen de maniobra para cambiar esa calificación ahora.

Esperemos a ver cómo resuelve ahora la incongruencia de la acusación en el Caso Máster. Esta injusticia ya ha ocurrido otras veces cuando había fiscales generales nombrados por el PP. Solo que muchos esperábamos que la diferente Justicia para el VIP y para el robagallinas no siguiera siendo tan descarada. Lo cierto es que Segarra está demostrando que es muy capaz de ser independiente del Gobierno, pero no sabemos si será capaz de serlo del poder.

La fiscala general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este viernes que el Ministerio Público coincide con la jueza del caso máster en apreciar indicios de cohecho impropio en la actuación de Pablo Casado, pero que rechaza su imputación por este delito al estar prescrito. El escrito del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, se limita a exponer la prescripción y a asegurar que no puede “profundizar más en esta cuestión”.

Tras participar en un acto en Bernedo (A Coruña), Segarra ha atendido a los medios. A la petición de un comentario sobre la decisión de la Fiscalía del Supremo, ha dicho: “Tan solo puedo transmitirles brevemente que, efectivamente, hemos pedido que no se admita la competencia del Tribunal Supremo porque, atendiendo a los indicios que expone la magistrada en su exposición razonada, y compartiendo la exposición en la medida en que transmite que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho, ella misma expresaba que este estaría prescrito, por lo que no procede investigar esos hechos”. 

La jueza Rodríguez-Medel considera que Casado pudo cometer un delito de prevaricación, en grado de cooperación, y que ese delito evitaba la prescripción del cohecho, al cometerse presuntamente en concurso con aquel. La fiscala general ha dicho al respecto: “Consideramos que no ha establecido la relación de causalidad entre la conducta de la persona del aforado con la realización de  la prevaricación”.

La decisión del jefe de los fiscales en el Supremo ha sido consensuada con la Secretaría Técnica de la fiscala general. El Ministerio Público es una institución jerárquica, donde su máximo responsable puede establecer criterio y ordenar que sus subordinados se posicionen de una determinada manera. 

El independentismo catalán quería gestos del Gobierno de Pedro Sánchez y ya tiene uno. El traslado de los dirigentes independentistas encarcelados por lo sucedido aquellos días de septiembre y octubre necesitaba el visto bueno del juez Pablo Llarena pero responde exclusivamente, para mal o para bien, a una decisión política del jefe del Ejecutivo que se ha tomado en vísperas de su primera reunión, este lunes, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Al juez le da igual dónde estén los presos, ahora que la instrucción está prácticamente finalizada, y su estancia en cárceles catalanas deja de penalizar a sus familias, que tenían que desplazarse más de 600 kilómetros, en algunos casos con niños pequeños, para ver a sus seres queridos. Ahora los dirigentes independentistas vivirán mejor, ellas en la cárcel de Figueres y ellos en Lledoners, la única prisión de Catalunya que tiene implantado un modelo de participación y convivencia que permite, ironías de la vida, organizar las actividades carcelarias a través de referéndums.

Pero, al mismo tiempo, el retorno de los presos es una jugada de alto riesgo porque deja la gestión de la política penitenciaria derivada del procés en manos de Torra, el mismo que, siguiendo la estela que le marca Puigdemont desde Berlín, asegura que hay que “crear otro 1 de octubre” porque el independentismo se equivocó y debería haber culminado su desafío “proclamando y defendiendo la república catalana”. De hecho, el Gobierno central ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional la resolución del Parlament que apostaba por retomar el proceso independentista del 9N.

En este jardín de gestos y de senderos que se bifurcan, con el procesamiento ya firme de los dirigentes independentistas y la previsión de celebrar el juicio durante un nuevo curso político que acabará en elecciones municipales y autonómicas, resulta trascendental el camino que emprenda en los meses que vienen la nueva fiscala general del Estado, María José Segarra, una jurista de prestigio, activista en la Unión Progresista de Fiscales y muy próxima a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El fallecido José Manuel Maza encarnó la cara más dura posible contra los independentistas. Firmó personalmente, como fiscal general del Estado, una querella por desobediencia y prevaricación contra los responsables del referéndum del 1 de octubre y la presentó, como venía siendo tradición desde el inicio del procés en 2015, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Pero cuando el Parlament proclamó la declaración unilateral de independencia, elevó el tiro hacia el controvertido delito de rebelión, construido a partir de la tesis de que tanto en la jornada de votación como durante los registros que realizó en septiembre la Guardia Civil hubo violencia.

Para llevar la causa al Tribunal Supremo, un órgano en el que desarrollar una instrucción es tan ocasional que no existen ni calabozos, tenía que echar mano de una pirueta jurídica y lo hizo: justificó su competencia con la premisa de que parte de los supuestos delitos se habrían cometido en el extranjero por la actividad exterior y diplomática desarrollada por la Generalitat.

Las defensas también cuestionan la forma en la que se está armando el delito de malversación, que se atribuye de forma general a todos los miembros del Govern, incluye la reforma del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Generalitat y gastos que no llegaron a abonarse, y aplica imaginativas fórmulas para calcular el coste de urnas y papeletas. El último informe pericial aportado a la causa, elaborado a partir de estimaciones basadas en los datos del catastro, calcula en 900.906,70 euros el importe del “alquiler teórico (sic)” que habría pagado la Generalitat por utilizar los 2.259 inmuebles que organismos de la propia Administración catalana y ayuntamientos de toda Catalunya cedieron gratis para la celebración de la consulta.

El sucesor de Maza tras su repentino fallecimiento, José Manuel Sánchez Melgar, trazó un camino paralelo al de su antecesor, y aunque en alguna de sus comparecencias dejó entrever que él habría sido más moderado en el planteamiento, solo se apartó de la tesis jurídica que heredó cuando, utilizando su prerrogativa jerárquica, impuso a los cuatro fiscales de Sala que trabajan en el caso que solicitaran la puesta en libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn por su maltrecho estado de salud. Llarena rechazó esa pretensión y hoy Forn, que ha renunciado por activa y por pasiva a la vida política, sigue entre rejas.

Segarra tendrá que elegir adónde le llevan sus pasos y si mantiene el rumbo fijado por los fiscales nombrados por el Gobierno del PP o realiza algún otro gesto que pueda aplacar los deseos del secesionismo. De momento, su estreno en el Congreso sirvió para situar el “desafío independentista” catalán entre sus prioridades y dejar claro que los políticos presos no son “presos políticos”. En su toma de posesión fue más ambigua y apuntó que en cada momento la Fiscalía fijará su criterio en los informes correspondientes y explicará sus posiciones con transparencia. El tiempo dirá, como apuntó otro de sus antecesores en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, antes de la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA, si el vuelo de las togas de los fiscales elude o no el polvo del camino.

La fiscal propuesta por el Gobierno para convertirse en la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este miércoles en el Congreso que “en la España del siglo XXI no se persigue a nadie por sus ideas sino por sus actos”. “No podemos hablar de presos políticos”, ha dicho en referencia a los encarcelados por la causa del 1-O y al “desafío independentista”.

En su presentación en la Cámara Baja, Segarra ha remarcado el “compromiso” de la Fiscalía con el Estado de Derecho y la “legalidad establecida”. También ha dicho, en referencia a los independentistas, que “las garantías procesales amparan a toda la ciudadanía”.

En referencia a sus compañeros destinados en Catalunya, María José Segarra ha querido enviar un mensaje de “apoyo inequívoco”. “La ley nos vincula a todos. Sin ley, no hay democracia”, ha remarcado.

Desde las filas independentistas se ha reprochado esta intervención a Segarra. La diputada del PdeCat Lourdes Ciuró ha lamentado que la próxima fiscal general se refiera al “desafío independentista”, como utilizan “algunos periodistas”, mientras que Carolina Telechea, de ERC, le ha pedido que impulse la libertad de los “presos políticos” y que se aleje de las tesis de sus antecesores.

De otro lado, la fiscal Segarra ha anunciado que impulsará “un enfoque de género” en todas las actuaciones del Ministerio Público, así como un plan de igualdad en el seno de la Fiscalía para “tratar de superar el actual desequilibrio entre hombres y mujeres”. Para ello, es necesario fomentar la conciliación para los cuidados. Sin ello, no será efectiva esa pretendida igualdad, ha añadido.

La próxima fiscal general ha anunciado que va a “promover la derogación” de los plazos de instrucción, una demanda de todas las asociaciones de jueces y fiscales contra la reforma impuesta por el Partido Popular con su mayoría absoluta. La intención era evitar que la instrucción de las causas se eternizara, pero los profesionales vienen denunciando que fomenta la impunidad.

En cuanto a la persecución de los delitos de odio, la fiscal Segarra ha apostado por la “proporcionalidad” entre la libertad de expresión y la “incitación al odio” que recoge el Código Penal.

Segarra ha asegurado que al fiscal general del Estado “no se le pueden dar órdenes de ningún tipo”. Segarra ha trasladado su “profundo agradecimiento al Gobierno” para desempeñar el cargo, pero a continuación ha advertido que lo hará “con absoluta independencia y la más radical imparcialidad”. Del Ministerio de Justicia, ha añadido, la Fiscalía solo tiene una “dependencia material”.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado de forma unánime la idoneidad de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, María José Segarra, para el cargo de fiscal general del Estado, puesto en el que sustituirá a Julián Sánchez Melgar.

El informe de idoneidad del CGPJ era el primer paso exigido por la ley para formalizar el nombramiento después del cambio de Gobierno tras la moción de censura del PSOE.

El aval del Poder Judicial, que no tiene carácter vinculante, consiste en un mero control de que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Ninguno de los vocales del órgano de gobierno de los jueces ha encontrado motivos para vetar a Segarra por este aspecto.

Falta la comparecencia en el Congreso 

Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia comparecerá la candidata “a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad” de la misma. Sin embargo, este informe tampoco es vinculante ni la candidatura es sometida a votación.

Después de estos trámites, el expediente vuelve al Consejo de Ministro y será entonces cuando Segarra sea nombrada. Una vez se cumpla este trámite la nueva fiscal general, la segunda después de Consuelo Madrigal, restará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

30 años en el Ministerio Público

Nacida en 1963, Segarra es miembro destacado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), al igual que la ministra de Justicia, Dolores Delgado. El pasado mes de abril fue designada, también como Delgado, miembro del Consejo Fiscal, que es el órgano consultivo que asesora al fiscal general.

La que con toda probabilidad será al nueva fiscal general -la segunda mujer que accede al cargo tras Consuelo Madrigal- celebró el pasado otoño 30 años como miembro del Ministerio Público, que comenzó ejerciendo en Barcelona de la mano de Carlos Jiménez Villarejo.

Después fue destinada a Sevilla, donde desde hace 12 años ejerce de fiscal jefe. En dicho puesto coordinó el arranque del caso Mercasevilla, que fue el germen de la causa de los ERE que ahora se está juzgando, si bien dicho procedimiento pasó a ser responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la defensa de su candidatura al Consejo Fiscal, Segarra destacó la importancia del despliegue territorial de las fiscalías, del desarrollo digital --que actualmente presenta importantes carencias-- y llamó la atención sobre las escasas plantillas en las secretarías de las fiscalías.

Hablar de “la fiscala general del Estado” y no de “la fiscal general del Estado” es completamente válido. La polémica en torno a esta denominación ha regresado tras el nombramiento de María José Segarra para liderar la Fiscalía. Pero tanto la RAE como la Fundeu lo aceptan. Y destacan que este término empleado para referirse a una responsable mujer del ministerio público es utilizado en varios países de América.

Según explica Fundeu, “fiscal” es un sustantivo común al género. Pero “fiscala” también es válido por ese uso en otros países latinoamericanos, como Chile o Nicaragua. Lo que no varía es el adjetivo que completa el cargo, por lo que “general” se mantendría así. No ocurriría lo mismo si el sintagma estuviese formado por dos sustantivos, con el ejemplo de “capitana generala”.

La Academia de la Lengua y la Fundeu atajaron así las discrepancias sobre el uso de este término hace más de tres cuatro años, cuando Consuelo Madrigal accedió al cargo que ahora ostentará Segarra. Un ejemplo de lenguaje inclusivo que no han trasladado al Consejo de Ministras, fórmula para referirse al gabinete de Pedro Sánchez que no consideran válida.

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Capacidad de trabajo y muy ordenada, de buen trato, inteligente, sonriente. “No puede haber mejor persona para trabajar a su lado”, dice alguien muy cercano a ella durante los últimos años. Pocas voces suenan en Sevilla contrarias a María José Segarra, la primera mujer fiscal jefe en esta provincia desde finales de 2004 y que está muy bien considerada entre sus compañeros, tanto progresistas como conservadores. Y eso que tenía la compleja tarea de sustituir a toda una institución en la capital hispalense, Alfredo Flores, fiscal jefe de Sevilla durante 19 años.

Siempre volcada con temas de violencia machista, ha trabajado todo este tiempo codo con codo con las fiscales delegadas en la materia. Casualidades de la vida, fue nombrada por el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, un 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas. Su reelección hasta 2020 se ha visto ahora truncada por su propuesta por parte del Consejo de Ministras para la Fiscalía General del Estado. Solo otra mujer, Consuelo Madrigal, ocupó el cargo entre 2015 y 2016.

Segarra nació en 1963 e ingresó en la carrera fiscal el 14 de septiembre de 1987, comenzando su labor profesional en Barcelona, en concreto en el área de Menores. El pasado 22 marzo fue elegida vocal del Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público, en la lista de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma a la que pertenece la flamante ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también fue elegida vocal esa reciente votación.

Madre dos hijos, su marido es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Trabajan en el mismo edificio judicial de Sevilla. De hecho, cada mediodia, al finalizar la jornada laboral, se esperan para volver juntos a su domicilio. Medida, sin ganas de figurar y con una relación fría con la prensa habitual de los tribunales sevillanos, a Segarra se le conocen pocas polémicas judiciales pese a que en sus trece años y medio al frente de la Fiscalía de Sevilla no le han faltado casos mediáticos con los que lidiar, como el asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés o la misteriosa muerte de la joven Marta del Castillo.

La fiscal jefe fue foco de las críticas del PP por parte del entonces alcaldable Juan Ignacio Zoido cuando denunció al Ayuntamiento socialista por el cobro de comisiones a empresarios en Mercasevilla, de las cuales se derivaron las diligencias que más tarde abriría la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE.

Encontronazos con la jueza

La denuncia de los populares en abril de 2009 obligó a la Fiscalía a cerrar la investigación preliminar que había abierto apenas un par de meses antes después de que la Junta de Andalucía pusiera en su conocimiento la grabación de conversación entre exdirectivos de la lonja sevillana Fernando Mellet y Daniel Ponce con un responsable del grupo hostelero La Raza que destapó el escándalo. “La Fiscalía tuvo que cesar en las investigaciones por imperativo legal, sin tiempo a adoptar otras diligencias”, dijo Segarra en un comunicado enviado entonces a los medios de comunicación.

También se recuerda en Sevilla, a finales de 2010, un primer encontronazo judicial directo entre Segarra y Alaya cuando la fiscal jefe apoyó recusar a la por entonces “juez de Mercasevilla” por el trabajo de su marido com auditor en la sociedad pese a que, en un primer momento, la Fiscalía dijo que no veía motivo para la recusación. La recusación, la primera negación de Segarra a Alaya, no llegó a prosperar.

Zoido, antiguo compañero de Alaya en los juzgados de Sevilla, 'nacionalizó' en 2011 la causa contra Mercasevilla, antes de que se convirtiera en el caso de los ERE fraudulentos, para denunciar la “inacción” de la Fiscalía. Pero la investigación de la Fiscalía ya apuntaba una posible venta irregular de los suelos de Mercasevilla, aunque el caso se saldó recientemente con la absolución final de una decena de acusados.

Alaya, en octubre de 2013, archivó una parte de aquella causa en la que estaban imputados los hermanos de la exministra Báñez, acusando de paso a los los fiscales de retrasar el proceso y de haber cometido errores durante el mismo. La misma Alaya a quien el presidente de la Audiencia, cuyos despachos solo distan unos metros, ha acusado este mismo martes de querer hacer “carrera política” con sus manifestaciones sobre posibles “presiones” políticas en los asuntos que instruyó.

Segarra salió contundentemente al paso negando por aquel entonces las acusaciones de Alaya, lamentando las “expresiones gratuitas” de la jueza contra el Ministerio Público, “absolutamente ajenas al debate procesal”. “No es oportuno perderse en consideraciones o incluso reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a un buen fin”, dijo Segarra. Eso es lo que a buen seguro espera Segarra, que la profesionalidad que han comprobado, y defenderán estos días, todos los agentes judiciales de Sevilla, pueda dar sentido a la difícil labor de estar al frente de la Fiscalía General del Estado.

La tercera y más reciente negación de Segarra a Alaya fue cuando la fiscal jefa contradijo el criterio de Anticorrupción en el caso de los ERE y la validez del informe pericial clave del caso,. encargado por Alaya los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Segarra, en un recurso de la causa contra la agencia IDEA, consideró que una prueba pericial de ese tipo “debe rechazarse” si alude a “aspectos exclusivamente jurídicos”.