El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Hace ocho años, una furgoneta atravesaba a toda velocidad la Rambla de Barcelona, causando 368 heridos y 16 muertos. Este domingo, y como todos los 17 de agosto, supervivientes, familiares de las víctimas, vecinos y representantes de las instituciones se han reunido en ese lugar emblemático de Barcelona. Concretamente, en el mosaico de Joan Miró, el mismo sitio en el que se paró la furgoneta después del atropello masivo.

El acto de este año ha sido breve y conciso: un minuto de silencio y la ya tradicional ofrenda floral acompañada de El cant dels ocells. Primero los familiares y luego políticos.

A la ofrenda floral han acudido el president de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; la consellera de Interior, Núria Parlon, diputados del Parlament y diversos concejales del Ayuntamiento.

Y, como cada año, también ha habido quien ha aprovechado la cita para protestar contra el Estado y la Generalitat por su gestión de los hechos. Pero en esta ocasión, a diferencia de otras veces, las críticas han sido en silencio, respetando rigurosamente el minuto de silencio.

El motivo es que las víctimas confían en que pronto se cumplirá una reivindicación histórica y se abrirá una oficina que atienda a las víctimas. Catalunya ya disponía de esta herramienta, pero se cerró por los recortes de 2010 y no llegó a asistir a las víctimas del 17-A, quienes siempre se han quejado del poco apoyo con el que han contado a la hora de buscar ayuda psicológica.

Tampoco han faltado los manifestantes que han levantado pancartas con lemas como “Estado asesino”. Eran miembros de la plataforma '17A exigim responsabilitats'. Las incógnitas sobre la preparación del atentado y las dudas sobre sus responsables se han incrementado de un año a esta parte debido a las diversas comparecencias en la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados, una de las condiciones que impusieron Junts y ERC a Pedro Sánchez a cambio de la investidura.

Esta plataforma ha convocado una acción de protesta justo después del homenaje a las víctimas. La cita, que ha reunido a unas 200 personas, ha sido frente a la comisaría de la Via Laietana para exigir al Estado que depure responsabilidades por los atentados.

La acción ha contado con la presencia del secretario general de Junts, Jordi Turull, y la diputada en el Congreso Pilar Calvo. Aun así, la plataforma asegura que no están vinculados a ningún partido político ni asociación, así como que tampoco buscan representar ni ser portavoces de las víctimas. “Somos activistas que sólo buscan conocer la verdad”, han dicho.

Reclaman al Gobierno que desclasifique los documentos que se mantienen en secreto para conocer la responsabilidad que podría haber tenido el Estado en el 17A. En esta línea, los concentrados han mostrado pancartas en las que se ha podido leer “Estado español cómplice, Estado español asesino”.

Estudiar los errores cometidos con los terroristas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en La Rambla y Cambrils para detectar mejor los procesos de radicalización. Este ha sido el objetivo que los Mossos d'Esquadra y tres universidades se han planteado en un estudio que ha identificado varios “factores de riesgo” que impactaron en los jóvenes de Ripoll para conformar la célula liderada por imán Abdelbaky Es Satty.

Los resultados muestran que los elementos vinculados a las creencias psicológicas, como la sensación de estar amenazado por la sociedad occidental, y los ligados a la experiencia personal de cada miembro de la célula, como haber vivido hechos traumáticos o la exposición a medios violentos de comunicación, son los más frecuentes en los islamistas del 17-A.

En cambio, los factores protectores (educación, empleo y vínculos, entre otros) estaban más desconectados entre sí y no tenían fuerza suficiente para imponerse a los factores de riesgo. Las amistades que todos mantenían con gente externa a la célula no fueron suficientes para neutralizar las acciones violentas que cometieron hace casi ocho años.

El estudio se ha realizado en el marco del proyecto Camins, liderado por la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra y las universidades de Córdoba, Granada y Burgos. Los investigadores han estudiado los factores de riesgo presentes en su radicalización y los de protección que deberían haber contrarrestado a los primeros.

La célula terrorista formada por diez miembros -el imán de Ripoll y nueve hombres jóvenes- se empezó a constituir entre finales de 2014 e inicios de 2015. Tras la detonación accidental de los explosivos que preparaban en la casa de Alcanar (Tarragona), donde murieron varios de ellos, los terroristas improvisaron el atropello de La Rambla y el ataque en Cambrils. En conjunto, asesinaron a 16 personas.

Entre los factores de riesgo analizados se encuentran especialmente los psicológicos, como la conexión dentro del grupo, la búsqueda de significado, las tendencias obsesivas o el autoritarismo. También existen las actitudes o creencias subjetivas que reflejan la perspectiva individual como las actitudes segregacionistas, antidemocráticas o radicales y el extremismo político-religioso.

Estos factores de riesgo tuvieron una presencia significativamente mayor entre los miembros que otros factores protectores, como los sociodemográficos (edad, nivel educativo, estado civil o empleo), o los experienciales, especialmente aquellos relacionados con su integración social, que habrían podido evitar su radicalización.

Para realizar el estudio se han analizado 200 declaraciones policiales, 50 entrevistas a familiares, amigos y personas del entorno, 123 evidencias tecnológicas, 25 pruebas físicas, 18 pruebas virtuales, y otros informes complementarios.

Los resultados, señalan los Mossos, permitirán mejorar los actuales planes de prevención de extremismos violentos y avanzar en el desarrollo de herramientas de apoyo a la evaluación para conocer los mecanismos que se encuentran en la base de la radicalización violenta.

El estudio tiene en cuenta factores sociodemográficos y psicológicos, así como aquellos vinculados a la integración y la discriminación, las creencias subjetivas y los factores criminógenos, es decir, aquellos relacionados con la influencia de compañeros o redes radicales.

Desde 2015, los Mossos han impulsado, junto con otros departamentos de la Generalitat, diversos planes de prevención de los extremismos violentos. El objetivo es expandir la red de colaboración en el ámbito preventivo y asegurar la participación activa de los sectores de la comunidad educativa, la protección de la Infancia y la juventud, la proximidad policial, los Agentes Rurales, la ejecución penal, los servicios sociales, las comunidades religiosas y asociaciones culturales y el deporte.

Xavier Martínez, padre de un niño de tres años que murió en los atentados de las Ramblas de Barcelona, ha reclamado este martes a los grupos del Congreso que desclasifiquen toda la información sobre el 17A porque es el desconocimiento lo que “alimenta las teorías de la conspiración”.

Martínez ha comparecido este martes ante la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona). La comisión es fruto del acuerdo entre PSOE y Junts, partido que ha agitado la teoría de la conspiración sobre el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaky es Satty, cerebro de los ataques.

Xavier Martínez, que ejerció la acusación particular en el juicio del 17-A a través del abogado y exdiputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, ha llevado los atentados al Tribunal de Estrasburgo en una demanda en la que solicita que se investigue quién estaba detrás de los ataques.

En una emotiva intervención, Martínez ha rehuido aludir al CNI y ha arremetido contra quienes lo llaman “conspiranoico” por plantear unas pruebas que apuntarían a que la investigación del 17-A no ha sido completa: “Yo no soy una teoría de la conspiración, soy una víctima”, ha proclamado, según informe la agencia EFE.

En ese sentido, ha exigido que se “desclasifiquen los papeles del 17A” precisamente para evitar alimentar las teorías de la conspiración. “¿El Área 51 qué tiene dentro? No lo sabemos. Y eso es lo que hace que la gente hable”, ha ejemplificado.

Martínez se ha remitido a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los atentados, que reconoce “el derecho de las víctimas a conocer la verdad” y asume que estas han sido “las grandes olvidadas en el proceso judicial”, al tiempo que, ha recordado, deja la puerta abierta a reabrir la causa si se encuentran pruebas nuevas.

Para esta víctima de los atentados, la investigación “no ha quedado cerrada” puesto que persisten dudas sobre lo sucedido, entre ellas “quién llevaba la furgoneta que salió después de la explosión de Alcanar, quién era el chico que llevaba una camiseta del FC Barcelona y que nadie identificó, de quién es la foto hallada de un señor con barba blanca...”.

“Pero, sobre todo, las dudas que tienen las víctimas es que todavía en esta búsqueda de la verdad hay una parte que está clasificada”, ha lamentado, tras insistir en que su intento de aclarar todo lo sucedido el 17A busca evitar que un atentado así vuelva a repetirse, por el bien de todos.

La diputada de Junts Pilar Calvo ha instado a Martínez a pronunciarse sobre la comparecencia de Mohammed Houli Chemnal, uno de los yihadistas condenados por el 17A que el pasado 13 de febrero en el Congreso aseguró que el CNI sabía que el imán de Ripoll planificaba un atentado. “Hay cosas que chirrían mucho”

Martínez ha apuntado que “ojalá” Houli explicara “cómo se radicalizó, qué pasó, qué falló, qué actores sociales estuvieron implicados en el tema” y ha recalcado que en la causa “hay cosas que chirrían mucho”.

“Personas que han venido a esta comisión y en el juicio dijeron que no habían hablado nunca con el imán, al final dijeron que sí”, ha aseverado el compareciente, que ha apuntado a una posible descoordinación policial en relación con los atentados: “Quiero creer que si alguien tenía alguna información no la compartían toda, pero espero que hoy sí la compartan”.

Martínez, que ha propuesto también que se exija certificado de antecedentes penales a los imanes que ejerzan en España, ha expresado su deseo de que la muerte de su hijo “sirva para algo bueno, que sea una cosa bonita, no una excusa para empezar una guerra”.

El padre de uno de los menores fallecidos en los atentados ha criticado algunos de los “errores” de la sentencia y se ha quejado del trato que recibieron las víctimas por parte de las autoridades, al tiempo que ha denunciado haber recibido llamadas telefónicas “amenazadoras” que le invitaban a dejar de hablar con los medios y a quedarse en casa para “llorar a su hijo”.

Asimismo, Xavier Martínez no ha ahorrado reproches a los grupos de PP y Vox por oponerse a la creación de la comisión de investigación sobre el 17A -“a mí eso me hace mucho daño”, ha dicho- y ha denunciado que los catalanes víctimas de los atentados de 2017 se sienten “de segunda, casi de tercera”, frente a las víctimas de otros terrorismos como el de ETA.

Una comisión de investigación parlamentaria es una de las peores vías para esclarecer cualquier asunto. Este viejo dicho vuelve a confirmarse con el uso que ha realizado Junts de la comisión del Congreso sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Media docena de sesiones han bastado para que los de Carles Puigdemont la empleen para agitar la teoría de la conspiración sobre los ataques. El colofón fue la comparecencia este jueves de uno de los yihadistas condenados, Mohamed Houli.

La teoría conspirativa sobre la pretendida (y falsa) responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la radicalización de los jóvenes de Ripoll a manos del imán Abdelbaky Es Satty no es nueva. Primero la reivindicaron sectores marginales del independentismo, con la pretendida hipótesis de que los servicios de inteligencia no controlaron, ya fuera a conciencia o por descuido, a Es Satty para perjudicar al independentismo en vísperas a la consulta soberanista.

Sin embargo, desde hace años la teoría ha ganado peso en Junts. La comisión en las Cortes ha proporcionado al partido de Puigdemont un escenario y un altavoz inéditos para propagarla, aunque sea a base de dar pábulo a personajes cuanto menos controvertidos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo o un yihadista condenado que es, en palabras de su abogada, “fácilmente vulnerable”.

Junto a una nueva comisión sobre la Operación Catalunya, la investigación parlamentaria sobre los atentados fue una concesión del PSOE a Junts a cambio de retener la presidencia del Congreso tras las elecciones de julio de 2023. Se aceptó que la comisión incluso llevara en su título la mención al “derecho a saber la verdad” de un caso ya juzgado y sentenciado tras una investigación minuciosa de los Mossos d'Esquadra durante años.

Este sapo resultó mucho más difícil de tragar que otros, pero los de Pedro Sánchez lo asumieron. Y lo asumieron tanto que una vez en marcha los trabajos preparatorios de esa comisión accedieron a presentar una lista conjunta y acordada de comparecientes.

Es habitual que los grupos parlamentarios que impulsan un espacio de trabajo de este tipo pacten no vetar las propuestas del prójimo. Y así ocurrió también esta vez: cada grupo registró sus nombres y la lista, con Houli incluida, fue aprobada con los votos a favor del PSOE, Junts, ERC y Sumar, con la abstención del PNV y con el voto en contra del PP y Vox.

La sorpresa llegó el miércoles por la mañana. Todos los portavoces parlamentarios consultados por elDiario.es admiten que los miembros de la comisión daban por descontado que la comparecencia del preso yihadista condenado por pertenecer a la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils se produciría por vía telemática desde la cárcel. Pero el presidente de la comisión, Txema Guijarro, trasladó a los grupos 24 horas antes de esa comparecencia que por decisión del juez de vigilancia penitenciaria el terrorista acudiría presencialmente al Congreso, para lo cual necesitaba desplegar un amplísimo dispositivo policial.

Leyendo un papel y sin aportar prueba alguna, Houli aseguró que el CNI permitió que el imán “comiera la cabeza” a los jóvenes radicalizados de Ripoll. Se negó a contestar al resto de preguntas de los diputados sobre su papel en la célula yihadista pese a ser el terrorista que grabó al resto mientras fabricaban explosivos en el chalé de Alcanar (Tarragona). “¡Faltaría algo de metralla!”, dice Houli en uno de los vídeos.

Minutos después de su aparición en el Congreso, Carles Puigdemont difundió en sus redes un mensaje en el que daba credibilidad al terrorista pese a la falta de pruebas. “Más claro no lo puede decir, y probablemente pocas personas como él puedan estar en condiciones de formular esta acusación”, aseveró el expresident.

El desmentido más contundente al terrorista lo ha pronunciado este viernes su abogada durante el juicio en la Audiencia Nacional. Carmen González de Lario, en declaraciones a Rac-1, ha advertido del peligro de que Houli fuera manipulado. “Lo que ha manifestado tiene tintes claramente políticos”, ha sostenido, tras recordar que en ningún momento del procedimiento su cliente le comentó lazo alguno de la célula con el CNI.

La implicación del CNI en los ataques no fue la primera teoría sin pruebas lanzada desde el entorno de Junts. El exparlamentario y exabogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, a su vez letrado de una de las víctimas del 17-A, viene azuzando desde hace años la hipótesis de que Es Satty sigue vivo, pese a la rotundidad de las sentencias y los análisis biológicos de la causa.

Dos jefes de los Mossos d'Esquadra en etapas distintas y con discrepancias conocidas en otras carpetas como los comisarios Eduard Sallent y el major Josep Lluís Trapero no han dudado en desmentir, en varias ocasiones, con contundencia las teorías de la conspiración lanzadas desde la órbita de Junts.

A la revisión de la muerte del imán, le siguió la manipulación del vínculo del CNI con el imán. Para ello Junts se sirvió de elementos conocidos y reales. El propio centro admitió pocos meses después de los atentados que, siguiendo los protocolos de detección de radicales, contactó con Es Satty mientras cumplía una pena de prisión por tráfico de drogas. Los documentos desclasificados por el Gobierno, tras la exigencia de Junts, este mes de enero confirmaron estas explicaciones, pero la formación neoconvergente los empleó para retorcerlos en su propio interés.

“Teníamos razón, el cerebro de los atentados de agosto de 2017, un mes y medio antes del referéndum de independencia de Catalunya, tenía tratos con los servicios secretos españoles”, señaló en un tuit Puigdemont. El expresident omitió que el CNI descartó profundizar en las entrevistas con el imán al no verle fiable. Sí introdujo el expresident el recordatorio de que los atentados se produjeron 45 días antes de la votación soberanista.

Junts también ha aprovechado las palabras de otro condenado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En 2022, el excomisario, llegó a responsabilizar al CNI de un “error” con los atentados para “dar un susto a Catalunya”, pero en sede parlamentaria el pasado mes de noviembre rebajó ese error a “una negligencia, más que un deseo de no evitarlo”.

Junts orilló el conocido y público enfrentamiento de Villarejo con el CNI, al que culpa de todos sus procesos judiciales, para emplear las palabras del comisario jubilado sobre los atentados como carpeta de oposición al president de la Generalitat, Salvador Illa. El secretario general de Junts, Jordi Turull, exigió, en base a la alocución de Villarejo, que Illa compareciera en el Parlament  por su “complicidad con el silencio de Estado” ante los ataques. Este viernes, tras las palabras de Houli, Turull se ha reafirmado en su petición. En el momento de los atentados, Illa era secretario de organización del PSC y no ocupaba ningún cargo público de primera línea

Mohamed Houli Chemlal, el único superviviente de la célula terrorista yihadista que dejó 16 muertos y más de 300 heridos en los atentados de la Rambla de Barcelona y del paseo marítimo de Cambrils en el mes de agosto de 2017, ha azuzado este jueves en la comisión de investigación sobre estos atentados en el Congreso la teoría de la conspiración que insiste en que el imán Abdelbaki Es Satty tenía algún tipo de permiso de los servicios secretos españoles para actuar.

Houli Chemlal, que se ha convertido en el primer terrorista en comparecer ante una comisión de investigación del Congreso de los Diputados, ha arrancado su breve comparecencia situándose como una víctima más y descargando la responsabilidad en el imán de Ripoll y en los servicios secretos: “El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza”. “Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder”, ha argumentado Houli durante su declaración inicial en la comisión, acordada por el Gobierno de coalición como parte del acuerdo de investidura con Junts.

Ya en el mes de enero, informes desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reflejaban cómo se descartó a Abdelbaki Es Satty como confidente en 2014, tres años antes de que el imán de Ripoll planeara los atentados de Barcelona y Cambrils, tras entrevistarse con él en tres ocasiones en prisión. Los motivos fueron la falta total de “fiabilidad” o “confianza” que Es Satty generó en sus interlocutores.

La desclasificación de estos informes sobre los atentados era una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para los presupuestos de 2025, que todavía no se han presentado. Los trabajos de la comisión de investigación de los ataques de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 empezaron este otoño y la retirada del secreto fue uno de los gestos del Gobierno hacia Junts.

En la primera intervención de los grupos parlamentarios, el portavoz del Partido Popular Santi Rodríguez ha recordado que su grupo estuvo en contra de la creación de la comisión y ha afirmado que se han enterado hoy a través de la prensa de esta comparecencia. “Esta situación lo que provoca es una vergüenza y una falta de dignidad de esta cámara --ha subrayado--. Todo este espectáculo se produce simplemente para dar satisfacción a aquellos que con sus votos permiten que Pedro Sánchez se mantenga en el Palacio de la Moncloa de una forma creemos que muy indigna y a costa de la dignidad del conjunto de los españoles”, ha afirmado Rodríguez antes de anunciar que su grupo iba a abandonar la sala.

Después de una aclaración del presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro ha querido que conste en acta que la declaración del terrorista condenado ha sido presencial y no telemática por decisión del juez. A continuación ha intervenido el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien no ha escondido su “sorpresa” al escuchar que Houli se “sumaba” a la teoría de la conspiración. Iñarritu ha pedido al compareciente que aportase pruebas de las afirmaciones que acababa de realizar, ante lo que el recluso ha dicho que hacía estas afirmaciones “para que se busque a quien permitió que el imán campara a sus anchas”. “Yo estoy en la cárcel, pero quienes tenían que vigilar al imán no lo están”, ha insistido.

El portavoz de EH Bildu ha insistido en solicitar pruebas de estas acusaciones a Houli Chemlal, quien aparece en una serie de vídeos grabados por los terroristas de la Rambla mientras fabricaban explosivos y en los que se le puede escuchar diciendo: “Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros el infierno”. “Una vez Mohamed Hichamy nos contó que a veces, cuando se reunían con el imán, este les decía que se tenían que ir porque iban a venir agentes del CNI”, ha respondido Houli, quien nunca había hecho declaraciones en este sentido ni ante las fuerzas y cuerpos de seguridad ni durante el juicio por el que se le condenó finalmente a 43 años de prisión.

Cuando el portavoz le ha recriminado que hiciera estas afirmaciones tanto tiempo después y sin aportar ninguna prueba, Houli ha respondido que él no es quien tiene que buscarlas. Tampoco ha querido aportar ningún tipo de detalle acerca ni de la preparación de los atentados, ni de su participación en la preparación de los explosivos, ni sobre su radicalización.

La intervención de los partidos catalanes

Tras Bildu ha llegado el turno de la portavoz de Junts, Pilar Calvo, quien ha tratado de ahondar en las circunstancias de los presuntos encuentros entre el imán Es Satty y agentes del CNI. Houli ha repetido sus declaraciones iniciales, sin aportar más datos, y tras ello ha defendido que sufrió “presiones” a través de terceras personas en la cárcel de Alcalá-Meco y que se sintió “obligado” a decir que la intención del grupo yihadista era atentar contra la Sagrada Familia.

El terrorista, que aunque ha insistido en su arrepentimiento y en su intención de colaborar no ha respondido a preguntas acerca de la preparación de los atentados, ha reafirmado que solo había tres personas en la vivienda de Alcanar que utilizaban para preparar los explosivos y que explosionó. Después ha hecho algunas conjeturas acerca de la posibilidad de que el imán de Ripoll hubiera podido escapar de la deflagración a través de la ventana: “Dicen que no se sabe si está muerto o no. Yo tampoco lo sé”.

Ya durante la intervención del portavoz de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, Houli ha reconocido que sus afirmaciones acerca del CNI eran meras “conjeturas”. “Si fuera una información tendría pruebas, yo no las tengo”, ha admitido. Preguntado por el diputado republicano sobre qué le diría a las víctimas, el compareciente ha tratado de nuevo de situarse como una víctima del imán Es Satty: “Yo era un chico joven, que me comieron la cabeza y ya está. Que yo realmente ahora no sería capaz de hacer nada de eso. Yo jamás he hecho nada a nadie ni jamás me he metido en problemas ni nada”.

El portavoz de Sumar Eloi Badia ha acusado al condenado de venir al Congreso a situarse como una víctima y no asumir su culpabilidad. “No ha venido a ayudar a descubrir la verdad ni mucho menos ha venido a ayudar a las víctimas”, insistía, antes de recordar que su acusación contra el CNI “la podía haber hecho antes”. Tras ello, ha dejado claro que su grupo no iba a contribuir a su “intento de situarse hoy como víctima” y no ha hecho preguntas.

En el caso de Vox su portavoz sí que ha lanzado algunas preguntas al compareciente, aunque este, tras afirmar que ya había dicho lo que tenía que decir, no ha contestado a ninguna de ellas, la mayoría acerca de detalles sobre la preparación de los atentados o de la conformación y radicalización del grupo de jóvenes de Ripoll.

El portavoz socialista, David Serrada, ha seguido una estrategia similar a la de Sumar y no ha querido dar validez a su testimonio. “Usted ha venido aquí a jugarse un triple, pero le está saliendo bastante mal”, ha acusado el diputado del PSOE, que ha cuestionado su credibilidad: “De aquellas cuestiones en las que estaba presente no se acuerda de nada. De lo que sí se acuerda es de lo que escuchó decir a otras personas”. 

El PP responsabiliza a Armengol y a Sánchez

Una vez finalizada la comparecencia ante la comisión de investigación, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha ofrecido una comparecencia en la que ha destacado que la declaración de un terrorista yihadista condenado en el Congreso “no tiene precedentes”. “Lo que estamos viendo hoy aquí supera todo lo que hemos visto y vivido y esto no es un circo, es algo infinitamente peor”, ha dicho Álvarez de Toledo, que ha calificado el acto de “espectáculo degradante”.

“Este terrorista ha venido aquí para dar pábulo a la desquiciada teoría de que el Estado deliberadamente no impidió e incluso permitió una masacre terrorista para perjudicar a la causa separatista”, afirmaba la diputada popular, que defiende que esta comparecencia se ha producido “para dar satisfacción a Junts” y para que Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno.

Álvarez de Toledo ha anunciado también un escrito de “grave queja” a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que acusa de convertir el Congreso “en un plató para terroristas islamistas” y ha insistido en que “la única solución” es acabar con la legislatura.

Tras su declaración, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los pactos de investidura con EH Bildu, la Ley de Amnistía y la declaración del terrorista yihadista de hoy con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Todo ha pasado por primera vez con un presidente”.

Sentencia judicial firme

Los jueces avalaron en noviembre de 2023 la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Mohamed Houli Chemlal (43 años) y Driss Oukabir (36 años) y rebajaron a un año y medio de prisión la de Said Ben Iazza por formar parte del grupo terrorista, fabricar los explosivos o adquirir el material y como responsables de los daños y lesiones que causó la explosión de la casa de Alcanar donde preparaban ataques contra lugares emblemáticos de Barcelona.

Estos atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 ya cuentan, por lo tanto, con una sentencia judicial firme. Los ataques, organizados por una célula que dirigió el imán Es Satty, provocaron 16 muertos y más de 300 heridos en dos atentados en la Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils. Pese a la rotundidad de las sentencias judiciales, dirigentes de Junts han lanzado teorías de la conspiración que llegan a poner en duda la muerte del imán, en contra de todas las evidencias recogidas en la investigación.

El major de los Mossos d'Esquadra y actual jefe político del cuerpo, Josep Lluis Trapero, ha defendido este miércoles en el Congreso la actuación del CNI antes, durante y después del atentado islamista en la Rambla y Cambrils sucedido el 17 de agosto de 2017. “La colaboración más leal y provechosa fue la que mantuvimos con el CNI”, ha asegurado Trapero, que ha indicado que desde los servicios de inteligencia hubo un flujo continuo de información hacia los Mossos tanto antes del atentado como después.

Trapero, que en verano de 2017 era el comisario jefe, es decir, el máximo responsable operativo de los Mossos, ha comparecido en la comisión de investigación sobre el atentado con una defensa sin fisuras de la actuación del cuerpo catalán en aquellos días. “He visto ejercicios de desmemoria y tergiversación de los hechos y a mi me competen en la medida que afectan al trabajo de los Mossos”, ha lamentado.

En este capítulo, Trapero se ha mostrado dolido por las “críticas sin motivo” que a su juicio lanzó contra los Mossos en esa misma comisión el exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, José Antonio Nieto. “Se hizo llegar a la ciudadanía que algo se había hecho mal en el cuerpo de Mossos y había posibilitado esos atentados”, asegurado el policía. “Eso es lo que no hay derecho. No hay derecho a hacerlo con Mossos y no hay derecho a hacerlo con nadie”, ha añadido.

Según el veterano policía, los Mossos estuvieron a la altura de las circunstancias tanto en la jornada de los atentados, donde según ha indicado la célula terrorista se encontró con operativos que “estaban donde tenían que estar y hacían lo que tenían que hacer” según el plan Cronos de la policía catalana. Además, una vez se produjo el atentado, ha defendido, “no hubo desorden ni improvisación, sino planificación y eficacía”. “Creo que la ciudadanía lo percibió”, ha apostillado.

“Nada que se hubiese podido hacer y que no se hizo hubiera evitado el atentado”, ha asegurado categórico Trapero. “La respuesta hubiese sido otra si hubiesemos pasado por alto alguna noticia, documento o información que nos hubiese llevado a conocer aquellas intenciones, pero no fue así, no ocurrió”, ha remachado.

Sobre la relación con otros cuerpos, Trapero no ha ahorrado loas hacía el CNI, un organismo que, según ha relatado, al inicio de ese mismo verano se puso en contacto con los Mossos por iniciativa propia para ofrecer la información que se compartía en un comité europeo antiterrosita constituído entre diversos servicios de inteligencia.

De hecho, según ha explicado el ahora director general en el Govern de Salvador Illa, los Mossos aprovecharon esa información tanto antes del atentado como, sobre todo, una vez éste se había producido.

Otro detalle revelado por Trapero en la comisión, y que a su juicio demuestra la sintonía que hubo en todo momento con el CNI, es que los servicios de información adscritos al Ministerio de Defensa comunicaron a los Mossos la información que tenían sobre el iman Abdelbaki es Satty en cuanto la policía catalana puso en su conocimiento esa identidad. “Comunicaron que se habían entrevistado con esa persona en el pasado y que hacía un tiempo que no tenían este contacto”, ha explicado.

Trapero sí ha explicado, sin embargo, que la relación con otras policías fue más complicada. A su juicio los roces que se produjeron no tenían tanto que ver con la situación política derivada del procés, sino con que algunos mandos policiales no asumían que habían cedido competencias en manos de los Mossos.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) descartó a Abdelbaki Es Satty como confidente en 2014, tres años antes de que el imán de Ripoll planeara los atentados de Barcelona y Cambrils, tras entrevistarse con él en tres ocasiones en prisión. Los motivos fueron la falta total de “fiabilidad” o “confianza” que Es Satty generó en sus interlocutores, según consta en las actas de esas entrevistas que el Gobierno ha desclasificado. 

La desclasificación de informes del CNI sobre los atentados era una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para los presupuestos de 2025, que todavía no se han presentado. Los trabajos de la comisión de investigación de los ataques de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 empezaron este otoño y la retirada del secreto fue uno de los gestos del Gobierno hacia Junts.

Los documentos aportados al Congreso confirman lo que ya había sido aducido por el exdirector del CNI en la comisión de secretos oficiales en 2018. Esto es, que el CNI, al igual que la Guardia Civil, se entrevistó con Es Satty en prisión en cumplimiento del protocolo de vigilancia del yihadismo. Entre 2012 y 2017, el CNI realizó 46 entrevistas de este tipo.

Es Satty fue detenido en 2010 por tratar de introducir 130 kilos de hachís en España. Fue condenado y mientras cumplía su pena en la prisión de Castellón, el CNI acudió a visitarle para ver si podía captarle como fuente antiterrorista. El imán era un viejo conocido de los cuerpos de seguridad, ya que, si bien nunca fue detenido ni imputado, su nombre si apareció en una operación antiterrorista contra dirigentes de una mezquita de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

En las tres entrevistas que mantuvo el CNI con Es Satty en prisión, uno de los objetivos fue que el imán diera más detalles de ese caso. “Se trata de una persona muy opaca, apenas ha mostrado interés en nada”, reza el acta desclasificada de la primera entrevista en prisión realizada el 17 de marzo de 2014 por un agente del CNI, que describe a Es Satty como “muy desconfiado”.

Un mes después tuvo lugar la segunda entrevista en la cárcel. “Es Satty da la impresión de querer jugar con sus conocimientos y los de sus interlocutores”, describe el segundo informe desclasificado del CNI, que también destaca que el imán “trató de eludir” el “vaciado total de sus conocimientos” que intentaron los agentes de inteligencia.

La última entrevista tampoco fue mejor. Es Satty, según se describe en el documento, mostró una “gran desconfianza” hacia sus interlocutores y orilló las preguntas sobre la célula de Vilanova, según el acta de esa entrevista. “Es un individuo del que no se tiene ninguna fiabilidad y confianza”, concluyeron los agentes. No hubo más entrevistas tras su salida de prisión en junio de 2014.

Las conclusiones de las tres entrevistas, junto al análisis de la letra de Es Satty realizado por personal del CNI, llegaron a la conclusión de que el imán no era válido “para cualquier actividad informativa en beneficio de las misiones asignadas” al centro, según declaró en 2018 en la comisión de secretos oficiales el exdirector del centro Félix Sanz Roldán, cuya comparecencia también se ha desclasificado.

Tras salir de prisión en mayo de 2014, el CNI siguió vigilando durante el resto del año a Es Satty, pero no observó “conversaciones, actividades o contactos que permitieran deducir un plan para ejecutar ataques terroristas en España”. Tampoco aportó “información de interés” al teléfono que, como suelen hacer todos los cuerpos de seguridad con sus informadores, le entregaron los agentes en una de sus entrevistas en prisión.

En suma, ni en sus entrevistas en prisión ni en su vigilancia posterior el CNI detectó que Es Satty mantuviera actividad alguna que pudiera deducir que preparaba un ataque terrorista. En febrero de 2015, dos meses después de que dejara de ser uno de los objetivos del CNI, Es Satty llegó a Ripoll.

Los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 ya cuentan con una sentencia judicial firme. Los ataques, organizados por una célula que dirigió el imán Es Satty, provocaron 16 muertos y más de 300 heridos en dos atentados en la Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils. Pese a la rotundidad de la sentencias judiciales, dirigentes de Junts han lanzado teorías de la conspiración que llegan a poner en duda la muerte del imán, en contra de todas las evidencias recogidas en la investigación.

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha empleado los nuevos informes desclasificados para relacionar los atentados con el proceso soberanista. En un mensaje en X, Puigdmeont denuncia algo que el CNI nunca negó: sus entrevistas, que Puigdemont califica de “tratos” con Es Satty en prisión. El expresident omite, sin embargo, que el CNI rechazó captar a Es Satty como colaborador.

La comparecencia de Félix Sanz Roldán ante la comisión de investigación en el Congreso de los atentados de Barcelona ha vivido un momento de tensión cuando el ex director del Centro Nacional de Inteligencia ha respondido a la primera pregunta de la portavoz de Junts, Pilar Calvo. “El imaginar, solo imaginarlo, que pudimos evitar la muerte de 16 ciudadanos y que no lo hiciimos es una infamia, es una maldad y es una vileza”, ha afirmado el general retirado.

Antes, la diputada de Junts había lamentado que el Gobierno no haya desclasificado documentos sujetos al secreto que rige las actuaciones del CNI y ha afirmado: “Cuando es Catlunya la que sufre el terrorismo el Estado no le reconoce el derecho a conocer la verdad”. A la afirmación de Sanz Roldán, la diputada ha replicado que estaba poniendo en su boca palabras que ella no había pronunciado.

Sanz Roldán es el primer compareciente de una comisión de investigación impulsada por los partidos independentistas a partir de una teoría de la conspiración aireada en su momento por un medio de comunicación, según la cual el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, era “confidente” del CNI y que el servicio secreto español pudo conocer la preparación de los atentados y no actuar.

Nadie en la sesión se ha atrevido a repetir, sin embargo, esa tesis y la motivación que hubiera podido tener el CNI. Hasta que la diputada de Vox Carina Mejías ha expuesto la tesis de algunos sectores independentistas, según la cual, la motivación del CNI para permitir los atentados era “disuadir a los golpistas para que siguieran con su actitud”, en relación a la celebración dos meses después del referéndum independentista.

La comisión y sus comparecientes es fruto de un acuerdo parlamentario entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, de un lado, in los independentistas, ERC y Junts, por otro. “No me puedo quitar de la cabeza las víctimas de los atentados terroristas del 17 de agosto. No me las puedo quitar”, ha comenzado su intervención la portavoz de Junts.

El portavoz del PP, Santiago Rodríguez Serra, ha dicho más adelante que no había nada peor para las víctimas que “alimentar siete años después una teoría de la conspiración” cuando ya hay una sentencia firme, del Tribunal Supremo, que entre otros aspectos descarta la teoría de la conspiración.

Sanz Roldán ha apoyado su defensa de la actuación del CNI en una afirmacion del major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero en una entrevista en La Vanguardia: “La respuesta más efectiva, con más conocimiento de datos, más profunda y honesta fue la del CNI”.

El PSOE se enfrentaba en esta comparecencia a la aparente contradicción de no asumir la teoría de la conspiración sobre los atentados, ni siquiera una actuación negilgente del CNI y el hecho de haber apoyado la comisión y la comparecencia de Sanz Roldán por sus pactos con Junts.

El diputado socialista David Serrada aludió a la publicación de un supuesto informe del CNI, apócrifo, y difundido por el diario 'Público' en el contexto de aquella teoría de la conspiración para dar la oportunidad a Sanz Roldán de que se explicara. “No hay mejor método para dignificar una mentira que decir que su origen está en el CNI”, respondió el general retirado, al frente del servicio secreto diez años.

Durante la comparecencia de Sanz Roldán ha aparecido la alerta genérica de la CIA sobre un atentado en Las Ramblas que difundió El Periódico de Catalunya'. El general ha dicho a los diputados que las relaciones con los servicios secretos extranjeros son materia secreta y que no puede responder pero se ha preguntado porqué habrían recibido esa alerta todos los servicios de Información españoles y todos “actuaron de forma tan indolente”.

También se ha referido a la acusación del comisario Villarejo –cuya comparecencia también está aprobada– de que el CNI estaba detrás de los atentados y que Sanz Roldán dedicó años a destruirle. “Me preocuparía mucho que el comisario Villarejo hablara bien de mi. Mientras sigan las cosas así, no van mal”, ha dicho el ex director del CNI.

Nuevo gesto del Gobierno a Junts. El Ejecutivo está dispuesto a desclasificar documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativa a los atentados yihadistas de 2017 de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en la comisión de investigación parlamentaria que se creó a inicios de legislatura y que todavía no ha arrancado.

El movimiento del Gobierno, a la espera de conocer su alcance, se produce en el marco de las negociaciones para intentar que Junts vuelva a la mayoría de la investidura. Los de Carles Puigdemont han provocado varias derrotas parlamentarias al Ejecutivo al votar junto a PP y Vox, y el PSOE busca rehacer los puentes con Junts de cara a los Presupuestos de 2025.

La desclasificación de informes del CNI sobre los atentados era una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria. Este jueves se reanudan en el Congreso los trabajos de esa comisión de investigación de los ataques de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 para intentar consensuar su plan de trabajo y los comparecientes.

Junts ya había puesto sobre la mesa la retirada del secreto de los documentos del CNI en su propuesta de hace medio año sobre el plan de trabajo de la comisión. La medida fue rechazada por el PSOE, que entonces consideró que, como máximo, algún miembro del CNI podía llegar a declarar, pero en la comisión de secretos oficiales. 

Las teorías de la conspiración 

La petición de Junts que el PSOE se abre a cumplir se produce pese a que los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 ya cuentan con una sentencia judicial firme. Los ataques, organizados por una célula que dirigió el imán de Ripoll Abdelbaky Es Satty, provocaron 16 muertos y más de 300 heridos en dos atentados en la Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils.

Es Satty y otros miembros de la célula murieron en la explosión, un día antes del 17-A, del chalé de Alcanar (Tarragona) donde los terroristas configuraban explosivos. Pese a la rotundidad de la sentencias judiciales, exdirigentes de Junts como Jaume Alonso Cuevillas, también abogado de una de las víctimas, han lanzado teorías de la conspiración que llegan a poner en duda la muerte del imán, en contra de todas las evidencias recogidas en la investigación.

Las sospechas alentadas desde parte del independentismo más vinculado a Junts también pasan por la antigua relación entre el imán y las fuerzas policiales, que es conocida y está incluida en el sumario de caso. Mientras Es Satty cumplía condena en Castellón por tráfico de drogas, recibió cuatro visitas, dos de la Guardia Civil y otras dos de agentes del CNI.

Las entrevistas ocurrieron en el año 2012, esto es, cinco años antes de los atentados que fueron más bien improvisados tras la explosión del chalé de Alcanar (los planes originales pasaban por una gran matanza en un espacio emblemático, como la Sagrada Familia), sin que conste ningún dato que permita deducir una relación posterior a las visitas carcelarias entre las fuerzas de seguridad y el imán.

Barcelona ha homenajeado este sábado a las víctimas del atentado del 17 de agosto de 2017, siete años después de los hechos, que dejaron 16 muertos y un centenar de heridos. El acto de memoria se ha realizado en el pla del Os de la Rambla, el lugar exacto hasta donde llegó la furgoneta que atropelló mortalmente a diversas personas.

Como cada año, superviventes y familiares se han congregado en este punto para el homenaje y dejar una ofrenda florar. El acto ha sido sencillo y ha durado a penas 15 minutos. Ha arrancado con un minuto de silencio que se ha cerrado con la melodía d'El Cant dels Ocells' de Pau Casals.

Los primeros en dejar las flores han sido los familiares y víctimas y luego les han seguido algunos representantes institucionales. Entre ellos estaba el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; y por parte del nuevo Govern han asistido la consellera de Interior, Núria Parlon, y el de Justicia, Ramon Espadaler. Todo ello con la ausencia del nuevo president, Salvador Illa.

Aprovechando la presencia institucional, un grupo de víctimas de diferentes atentados han aprovechado para pedir al Govern más medidas para proteger a los supervivientes y a sus familias. Por ejemplo, consideran necesario aplicar un protocolo de atención posterior al atentado y establecer una legislación autonómica de atención a las víctimas, que ya está vigente en otras comunidades. Igualmente, reclaman la creación de un centro de memoria específico sobre el 17A.

Por su parte, los familiares del niño fallecido en la Rambla durante el atentado han anunciado que quieren llevar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) para “esclarecer interrogantes”. Las víctimas tienen de tiempo hasta el 6 de septiembre para elevar la demanda y hacen un llamado a donaciones para poder hacer frente a los costes judiciales.

Este recurso ante la justicia europea llega después de que en mayo el Tribunal Constitucional denegara el recurso de las víctimas porque no apreciaba “especial trascendencia constitucional”.

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar las condenas de entre 36 y 43 años de prisión impuestas a dos de los tres colaboradores de la célula terrorista que en 2017 atentó en Barcelona y Cambrils. Los jueces avalan la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Mohamed Houli Chemlal (43 años), Driss Oukabir (36 años) y rebajan a un año y medio de prisión la de Said Ben Iazza por formar parte del grupo terrorista, fabricar los explosivos o adquirir el material y como responsables de los daños y lesiones que causó la explosión de la casa de Alcanar donde preparaban ataques contra lugares emblemáticos de Barcelona.

Los jueces también rechazan recursos de varias acusaciones y descartan que el proceso haya lesionado su derecho a la verdad. “Por su minuciosidad, extensión y control jurisdiccional desde su mismo arranque han cumplido, sin ambages, con los estándares de protección que se derivan del artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos donde se ubica, por lógica extensión, el invocado derecho de las víctimas a la verdad”, dice el Supremo.

Los condenados formaron parte del grupo terrorista que el 17 de agosto de 2017 perpetró un atropello masivo en La Rambla de Barcelona que acabó con la vida de 14 personas, mató a otro hombre más durante la huida y finalmente dejó una última víctima mortal en la localidad de Cambrils, en Tarragona. Los diferentes ataques dejaron también más de 150 heridos y los Mossos d'Esquadra mataron a seis de los terroristas.

La investigación destapó que el grupo llevaba meses radicalizándose en la localidad catalana de Ripoll a las órdenes de Abdelbaki Es Satty, imán de la localidad y con antecedentes tanto por tráfico de drogas como por su relación con el yihadismo radical. Al frente del grupo de jóvenes, empezó a adoctrinarles, a planificar atentados y a fabricar explosivos de forma casera. El plan original era atentar contra la Sagrada Familia y el Camp Nou en Barcelona, pero una explosión truncó los planes de los terroristas y obligó al grupo a improvisar: la explosión de la casa de Alcanar donde preparaban explosivos.

En esa explosión fallecieron dos miembros del grupo: el imán Es Satty junto con Youssef Aalla. Mohamed Houli Chemlal sobrevivió a la deflagración. Youness Abouyaaqoub fue quien se dirigió con la furgoneta a La Rambla de Barcelona y murió días más tarde por los disparos de la policía autonómica. El resto perpetraron el ataque de Cambrils y también fueron abatidos: Omar y Mohamed Hichamy, El Houssaine Abouyaaqoub, Said Allaa y Moussa Oukabir.

Todos los autores materiales de los atentados murieron y el juicio se centró en tres colaboradores del grupo: Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben Iazza. Los dos primeros estaban acusados de haber participado en los preparativos de los atentados truncados antes de la explosión de Alcanar y el tercero de colaborar con la adquisicón del material necesario para elaborar explosivos. En el caso del tercero, su condena baja de ocho años a un año y seis meses por entender que actuó por imprudencia grave.

La Audiencia rebajó las condenas

La primera sentencia de la Audiencia Nacional declaró probado que los tres acusados “no tenían conocimiento” de que sus compañeros iban a atentar en Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils tras la explosión condenó a los tres por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y estragos terroristas junto con 29 delitos de lesiones por todos los afectados por la explosión de Alcanar. Ninguno fue condenado, por tanto, como responsables de las 16 muertes.

La condena inicial más alta fue de 53 años y medio para Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir fue condenado a 46 años y Said Ben Iazza a ocho años. La Fiscalía había pedido condenas más bajas para ellos.

Posteriormente fue la sala de apelaciones la que rebajó a 43 años la condena de Houli, a 36 años de la Oukabir y dejó en ocho años la de Ben Iazza, aunque el límite máximo de cumplimiento entre rejas seguía siendo de dos décadas de prisión. Los jueces entendieron que no tenían “intención” de atentar contra los efectivos que trabajaban en las labores de desescombro cuando hubo una segunda explosión y aplicó el concurso ideal entre los estragos y las lesiones, rebajando las condenas.

El Tribunal Supremo rebaja notablemente la condena de Ben Iazza a año y medio de prisión al entender que no hay pruebas que demuestren que supiera que con su actuación, estaba contribuyendo a un atentado terrorista. Su delito de cooperación con organización terrorista pasa a estar considerado como una imprudencia grave “pues con su comportamiento, cediendo el uso de un vehículo y su documento de identidad que los terroristas utilizaron para comprar precursores de explosivos, incumplió gravemente deberes objetivos de cuidado”, dice el Supremo.

El cadáver del imán

Una parte de las quejas de las víctimas en sus recursos era que no se había indagado lo suficiente en la posibilidad de que Es Satty siguiera vivo y no hubiera fallecido en la explosión de Alcanar. Si su teléfono no apareció entre las ruinas, explica el Supremo, se debe a que la explosión dejó “absolutamente destrozados” los cuerpos de los miembros de la célula, recogiendo 14 kilos de restos humanos. “Es muchísimo más plausible considerar, desde la lógica de lo razonable, que la destrucción provocada impidió la localización de las tarjetas y el teléfono”, afeando que se lancen hipótesis “sobre la manipulación y la confabulación de todos los agentes del TEDAX del Cos de Mossos d’Esquadra que de manera heroica pusieron en juego su vida buscando evidencias entre los restos de la vivienda”.

Que la familia del imán no reclamara el cuerpo, dice el Supremo, puede responder a “mil razones, incluso de tipo emocional”. O una razón económica por no poder hacerse cargo del traslado.

Sobre la posible implicación o negligencia de los servicios españoles de inteligencia, el Supremo afirma: “Es obvio que tales datos, por su genericidad, no permiten sostener una hipótesis de incumplimiento grave de los deberes de control de las fuentes de peligro conocidas que cabe exigir a los servicios secretos que tienen encomendada dicha función”.

La Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), entidad creada tras los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, ha anunciado que cierra. En el que ha sido el último acto público de la asociación, su presidenta, Sara Bosch, ha denunciado la falta de apoyo de la Generalitat y el Ministerio del Interior. “No se trata de decir que se puede mejorar la atención a las víctimas ni de decir que están a su lado. Esto es demagogia. Se trata de resolver urgentemente los errores evidenciados”, ha expresado.

La entidad ha lamentado la falta de un protocolo de asistencia posterior al atentado y no haber recibido noticias de la creación de la oficina de atención a las víctimas por parte de la Generalitat. La Asociación 11M, sin embargo, continuará acompañando a los afectados en el camino legal.

La UAVAT ha reivindicado la labor profesional y humana desde que se constituyó en febrero de 2018 para acompañar a las víctimas de los atentados del 17-A en el circuito administrativo, jurídico y por los recursos sanitarios, pero ha lamentado haberse encontrado con “errores” , carencias“ e ”ineficacia“ por parte de las administraciones.

“Durante cinco años y nueve meses, las víctimas de estos atentados nos hemos visto en la más absoluta soledad por parte de las administraciones y políticos, aquellos que únicamente hacen presencia el día 17 de agosto en las Ramblas, y sin embargo, no todos”, ha expresado Iolanda Ortiz, quien ha leído un manifiesto en nombre de las víctimas en el acto en el Colegio de Periodistas de Catalunya.

Una de las principales carencias que ha denunciado la UAVAT ha sido la falta de un protocolo de asistencia después de un atentado adecuado al circuito y a la realidad de los afectados. “No sabíamos ni que éramos víctimas”, exclamó una de las personas que se encontraban entre los asistentes al acto. 

La falta de este protocolo todavía no se ha resuelto y, durante estos años, la entidad se ha encontrado con personas afectadas que no estaban los listados de víctimas de los atentados, déficits en la filiación de los heridos o carencia de mecanismos de localización e información de las víctimas, tanto de España como extranjeras.  

Tras la sentencia de los atentados y la condena a los miembros vivos de la célula, la entidad presentó el proyecto del 2022 para localizar a las víctimas que aparecen en la resolución e informarles de que podían ejercer sus derechos. Según calcula la entidad, unas 250 de las 345 totales no han sido informadas. Según la UAVAT, el Ministerio del Interior dice que actuará cuando la sentencia sea firme y que la Generalitat no ha articulado la manera para que la entidad pueda contactar con estas personas (habría que habilitar el mecanismo legal para ceder sus datos).

La unidad también reclama a la Generalitat que se coordine con los agentes implicados en el circuito por el que deben transitar a las víctimas de terrorismo y que impulse una ley catalana como tienen otras comunidades. “Las intenciones no hacen país. Ni ayudan a nadie. Solo agotan y nos dejan en riesgo”, alertan desde la UAVAT en el comunicado que han leído. En cuanto al Ministerio, dicen esperar “poco” de quien “nunca tiene ninguna intención de cambio y sólo se justifica”.

La vicepresidenta de la entidad, la psicóloga Elisa Micciola, ha señalado que durante estos años han actuado como una oficina de atención a las víctimas “con todo el rigor, amor y sensibilidad que han podido” y que han esperado a la sentencia para acabar de hacer “un acompañamiento digno”, pero que no quieren “perpetuar en el tejido asociativo una anomalía”, sino que ahora toca reivindicar “una oficina rigurosa, continuada y segura” por parte de la Generalitat.

En el acto, también ha participado Montserrat Fortuny, abogada de la UAVAT, y Robert Manrique, asesor de la unidad y una de las voces con mayor autoridad en defensa de las víctimas del terrorismo en España. Manrique sobrevivió al atentado de Hipercor que ETA cometió en junio de 1987. Les han acompañado víctimas de terrorismo y representantes de la Asociación 11M, que seguirá ayudando a los usuarios de la unidad, también socios suyos.

Durante estos años, la UAVAT ha atendido a 221 personas; ha realizado 216 trámites de expedientes –117 que han hecho solicitud al Ministerio del Interior–; 94 trámites de alegaciones y recursos ante las denegaciones: 59 trámites jurídicos en el ámbito laboral, así como juicios, derivaciones psicológicas, acompañamientos a valoraciones médicas y periciales forenses y acompañamiento al juicio penal y coordinación con los representantes legales del Asociación 11M.  

El Ministerio del Interior ha decidido expulsar a Driss Oukabir, condenado a 36 años de cárcel por los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, para que cumpla el resto de su pena en una cárcel de Marruecos.

Según ha avanzado 'El Español', este acuerdo se lleva fraguando desde el momento de la condena a Oukabir, en mayo de 2021. La expulsión de territorio español se tramita a petición de la Audiencia Nacional y está gestionado por el ministerio de Justicia, en aplicación de un tratado bilateral entre España y Marruecos.

Oukabir ya ha recibido en la cárcel de Picassent (València) la notificación con la tramitación para llevar a cabo su expulsión a partir de la segunda quincena de marzo. Se trata de un procedimiento por la vía administrativa, después de que el propio Oukabir solicitara cumplir condena en su país natal.

Abogados de la acusación han mostrado su sorpresa e indignación ante la noticia, que han conocido por la prensa, y la vinculan a los acuerdos pactados en otros ámbitos entre los gobiernos de ambos países, hace dos semanas.

Oukabir, junto a Mohamed Houli Chemlal y Saïd ben Iazza, fue uno de los tres condenados por los atentados del 17-A, que dejaron 16 muertos y 140 heridos. A estos tres nombres, hay que sumar los de los cinco miembros de la célula de Ripoll que fueron abatidos en Cambrils, el del conductor de la furgoneta que atentó en las Ramblas y el de los tres hombres que murieron en la explosión de Alcanar.

Puedes hacer creer cualquier cosa a un número determinado de personas activando los mecanismos necesarios. Jim Jones era un pastor protestante, y ferviente admirador del estalinismo, que se fraguó una gran credibilidad entre amplios sectores racializados de Indiana en los años 50, cuando en Estados Unidos la segregación todavía era una realidad sangrante. Su labor comunitaria en contra del racismo le hizo ganarse un nombre que poco a poco fue degenerando en unas posiciones autoritarias que le empujaban a exigir obediencia absoluta a todos aquellos que le seguían, hasta abjurar del protestantismo y crear su propia comunidad religiosa. Las acusaciones contra Jim Jones por su deriva sectaria le llevaron a consolidar su mensaje conspiranoico contra el capitalismo como el anticristo que acabaría con el mundo, y llevó a su comunidad, ya constituida en la secta Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, a un pequeño enclave en Johnstone (Guyana), donde en 1978 acabaría en el suicidio masivo de 909 personas.

Jim Jones convenció no solo a ignorantes incautos, sino que fue capaz de hacer creer a personajes relevantes de la izquierda americana de aquella época como Harvey Milk, Willie Brown o Angela Davis que la persecución contra su secta era fruto de una conspiración. En una alocución con el propio Jim Jones en 1970, Angela Davis afirmó: “Sé que estás en una situación muy difícil en este momento y hay una conspiración, una conspiración muy profunda diseñada para destruir las contribuciones que has hecho a nuestra lucha. Y es por eso que debo decirles que nosotros también sentimos que estamos bajo ataque. Cuando te atacan, es por tu postura progresista, y sentimos que también es un ataque directo contra nosotros. Por lo tanto, más de nosotros necesitamos saber que continuaremos con esta idea, luego haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar su seguridad y su capacidad para seguir luchando”. La conspiración, siempre presente, incluso anidando en los valores más humanistas y progresistas y, sin embargo, nada más contrario a los preceptos de justicia social, razón y pensamiento crítico que tienen que emanar de una ideología de progreso.

Pitos en el homenaje a las víctimas del atentado de las Ramblas por parte de una cohorte de pacientes de las conspiranoias. La teoría es que el CNI, en connivencia con el Estado, propició el atentado terrorista en las Ramblas para dar un escarmiento al independentismo. No es una broma, es lo que late detrás de la teoría de la conspiración del 17A dentro de un sector del independentismo. Una teoría alimentada y promovida por noticias de dudosa procedencia, publicadas en diarios pagados por el independentismo, gracias a dosieres falsos filtrados por los sectores más esencialistas y de la izquierda más tolerante con el procesismo por intereses políticos y empresariales.

En España ya conocemos el proceder de las teorías de la conspiración por motivos políticos, utilizando un atentado yihadista y despreciando a las víctimas para intentar lograr una ventaja. Los peones negros, de infausto recuerdo, estuvieron años difundiendo la autoría de ETA con la participación de altas esferas del Estado el 11M en un atentado para perjudicar a José María Aznar y lograr que Jose Luis Rodríguez Zapatero fuera presidente del Gobierno en las elecciones que se celebrarían tres días después. Los paralelismos con la conspiración del atentado de las Ramblas son tan evidentes que no pasan por ser más que una burda copia de lo que la derecha más reaccionaria fraguó tras el 11M, y que aún late en muchos de sus seguidores. No es baladí que las teorías de la conspiración de ambos atentados fueran promovidas por los sectores más radicales que no soportan la derrota y que sus ideas no tengan la preeminencia que su proceder sectario considera que merecen. La conspiración del atentado yihadista de Las Ramblas es auspiciada por el nacionalismo más esencialista, y justificada por personajes como Laura Borrás. No es secundario que quien se echa en brazos de esas tácticas sea una perdedora de la política totalmente desacreditada. Es en esos estadios cuando más se abrazan las conspiraciones, para mantener un pequeño espacio de poder que permita la propia supervivencia.

Promover el pensamiento sectario y la conspiración tiene unos réditos muy relevantes para quien vive en los márgenes y busca sobrevivir liderando una pequeña comunidad. Se puede construir contra los judíos, George Soros, el globalismo, la ciencia, las vacunas, el Estado, los medios de comunicación, o cualquier elemento con poder y relevancia para, mediante un antagonismo exacerbado, sobrevivir como salvador. En los últimos tiempos la conspiración y la política se han tornado inseparables compañeros, anidando en todos y cada uno los espacios políticos, de la izquierda a la derecha, pasando por movimientos transversales como el independentismo y alcanzando cotas globales e internacionales como el trumpismo o el negacionismo derivado de la pandemia de Covid.

Elegir un enemigo, ya sea Soros, el Estado o los medios, buscar un asidero de realidad, siempre tiene que existir algo cierto a lo que agarrarse y, a partir de ahí, construir una historia que ayude a situarte como víctima de todos y cada uno de los actores que operan en política. Convertirse en víctima de una conspiración es una estrategia de comunicación muy efectiva, propia de quien ya no tiene capacidad propositiva. El clavo ardiendo del desesperado. Siempre es mucho más sencillo buscar una coartada descontextualizada para construir una conspiración que aporte un dogma de fe a tus seguidores acríticos para conservarte como mesías. Construirte una figura de émulo de Jim Jones es mucho más fructífero cuando has dejado de seducir y los tiempos te convierten en un apestado para el común de los ciudadanos. El pensamiento sectario y conspiranoico se combate con pensamiento crítico, disensión interna, crítica razonada y una moral aseada. Por eso hay poco que hacer y la deriva existencial de este tiempo hace prever que sea la sinrazón la ganadora en un momento político donde solo priman las adhesiones inquebrantables y las explicaciones sencillas que refrenden los prejuicios. Es posible que sea una resistencia vana, pero recordemos el error que un día tuvo Angela Davis para no dejarnos llevar por los delirios de quien ve en la doctrina Jim Jones la solución a la falta de cultura política. 

Laura Borràs llevaba poco más de un mes en la presidencia de Junts cuando, coincidiendo con su procesamiento por corrupción, su grupo más afín decidió trasladarle su apoyo promoviendo un manifiesto y un acto de homenaje. Pero, contra sus intenciones, ambas cosas acabaron demostrando que algo inusual pasaba entre la nueva líder y su partido o, al menos, una parte importante del mismo. En el manifiesto faltaban los nombres de dos de los presos y figuras referentes de la formación: Jordi Sànchez y Quim Forn. Y, en el acto, todos los consellers de la formación, incluyendo el vicepresident Jordi Puigneró. Fue el primer síntoma de una grieta entre presidenta y partido que en los siguientes meses se convertiría en socavón.

Varias controversias y una suspensión como presidenta del Parlament después, Laura Borràs volvió a estar este miércoles en el centro de la polémica. En esta ocasión lo que ha generado el malestar es la actitud de la política en el aniversario del atentado yihadista de la Rambla, cuando un grupúsculo de manifestantes independentistas, seguidores de la teoría de la conspiración sobre la autoría del atentado alentada desde algunas instancias mediáticas y políticas, trató de reventar el acto de homenaje a las víctimas.

Algunos de los seguidores de esta protesta, convocada por entidades independentistas pero no por partidos, profirieron gritos y abucheos en diferentes momentos, incluyendo el minuto de silencio, la ofrenda floral y en algunos pasajes del discurso de la conductora del acto. Además, al acabar, algunos de ellos también se encararon con familiares de las víctimas del atentado. Una vez finalizado el homenaje, Borràs acudió a saludar y hacerse fotos con los manifestantes, que la aclamaban al grito de “presidenta, presidenta”. 

Borràs dio su propia versión de los hechos en la radio este jueves, mostrando su rechazo a los gritos pero, únicamente, a los proferidos en el minuto de silencio. Según su punto de vista, su saludo nada tenía que ver con el episodio que acababa de suceder y que fue rechazado por las víctimas presentes. Tanto la actitud como las explicaciones de Borràs recordaron a lo ocurrido en otro episodio polémico de julio pasado. Cuando el Parlament acordó su suspensión como presidenta, un grupo de fieles se apostó frente a la puerta del Parlament para insultar a los diputados que iban saliendo. ERC denunció que a una de sus diputadas le habían gritado “mora de mierda”. Pese a todo, la líder de Junts fue a hacerse fotos con ellos.

Lo ocurrido en la Rambla ha sido una gota que ha estado a punto de rebosar el vaso entre la dirección de Junts, que comanda Jordi Turull como secretario general, y la presidencia del partido, un cargo que Borràs ostenta pero que tiene atribuciones más simbólicas que ejecutivas en la formación. Turull quiere evitar a toda costa un cisma, pero este miércoles las voces del partido que pusieron el grito en el cielo, en público y en privado, se convirtieron en un clamor. Tanto en el conjunto del independentismo como en el entorno de Junts había una cascada de reacciones para desmarcarse de los hechos, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales porque los vídeos era muy explícitos.

Una de las cuestiones que más molestan del episodio a algunas de las fuentes independentistas consultadas es que la teoría de la conspiración sobre el 17A acabe eclipsando todas las reivindicaciones para esclarecer algunos de los hechos, una petición que es mayoritaria en el conjunto del independentismo y que también comparten más allá, por ejemplo entre los 'comuns'. Los rumores infundados en torno al atentado son diversos y van desde quien imputa directamente la autoría a servicios secretos del Estado, una idea que trató de alentar el comisario Villarejo en enero pasado, hasta la idea de algunas defensas en el juicio de que no está suficientemente demostrado que el imán Es Satty muriera en la explosión de Alcanar, una teoría que la sentencia enterró.

Variantes de las anteriores ideas eran las que esgrimían los manifestantes reunidos el miércoles y que no representan la posición mayoritaria del independentismo. En cambio, el conjunto de partidos soberanistas sí consideran que debería abrirse una comisión de investigación para conocer en su totalidad las relaciones entre el imán y los servicios secretos españoles, unos contactos reconocidos por el CNI, y también si pudo haber negligencias.

Malestar en Junts

Un par de horas después de que todo pasara, quien reaccionaba era el partido y algunos de sus principales referentes. “Junts reitera el apoyo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y sus familiares. Por eso, queremos expresar el rechazo más enérgico a la interrupción del minuto de silencio de hoy en la Rambla de Barcelona”, afirmó el partido en un comunicado desde su cuenta de Twitter. Carles Puigdemont compartió el mensaje de inmediato, el secretario general Turull también y el exconseller Josep Rull hizo lo mismo pero añadiendo: “Sin ningún matiz. Ninguno”.

“Ya es hora de dejar de estar con los frikis y estar donde debe estar un partido de Gobierno”, afirmaba el miércoles una fuente de Junts que admitía estar “horrorizado” con las imágenes. Borràs puede levantar pasiones entre cierto electorado, pero una idea cada vez más extendida en su propio partido es que a Junts no le va nada bien verse mezclado con unos grupos cada vez más minoritarios y radicales que han hecho de la mala educación su carta de presentación. “Nadie quiere que le vinculen con alguien capaz de romper un minuto de silencio por unas víctimas del terrorismo”, razonaba este mismo cargo del partido.

En la dirección de Junts, por el momento, templan los ánimos y evitan salir en público con mensajes contra Borràs. Pero perciben como un peligro la posibilidad de que estas salidas de tono que involucran a la presidenta puedan ir a más. El “laurismo”, afirman, ha tomado vida propia y actúa al margen de las consignas de Junts. Con el problema de que todo el mundo vincula la corriente con el partido.

Septiembre y octubre son momentos de gran activación para el independentismo, pero los próximos nueve meses son también la recta final hacia las elecciones municipales, donde Junts tiene el reto de volver a atraer a sectores del nacionalismo moderado. La prioridad de Junts es lanzarse a por los dos electorados, el más exaltado y el que tiene interés fuera del procés. Una tarea que solo es posible con una dirección que controle el partido al milímetro.

Pero eso es difícil con una presidenta que casi ha generado un escándalo en cada una de sus intervenciones públicas desde junio pasado. El “laurismo” no gusta a la dirección de Junts y carece del apoyo de Waterloo, pero es muy eficaz dejándose ver en la calle atrayendo el foco mediático sobre una política a la que incluso los suyos daban por amortizada. Por el momento, no ha sido así. Y lo que queda por delante es su juicio y una esperable inhabilitación. Borràs y los suyos aún pueden generarle unos cuantos problemas a la dirección de Junts.

El atentado yihadista en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, que dejó 16 fallecidos y unos 150 heridos, ha llegado a su quinto aniversario con el descontento de las víctimas como protagonista, enojadas muchas de ellas, según las entidades, por no haber recibido el acompañamiento necesario por parte de las administraciones. Así lo han reconocido las principales autoridades, que un año más se han reunido en el Pla de l’Ós, donde se paró la furgoneta que conducía Younes Abouyaaqoub, para homenajear a los fallecidos y al resto de afectados por la tragedia. Pero sobre todo el homenaje se ha visto empañado este año por la presencia de unas decenas de manifestantes independentistas que han boicoteado el minuto de silencio y la ofrenda con flores acusando al Estado de querer ocultar una supuesta responsabilidad en el atentado.

El acto institucional de recuerdo de las víctimas ha arrancado con una breve lectura por parte de la escritora y poeta Fátima Saheb, que ha recordado a “los que ya no están”, “los que siguen su paseo de vida mirando al futuro” y “los que todavía sufren la compañía de la tristeza y el miedo”, así como a “los nombres que ni siquiera se conocen” de los demás afectados. En representación de las instituciones, siempre por detrás de las víctimas, han asistido, entre otros, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El homenaje, que ha comenzado a las 10.00 con una intervención del coro VOZES, se ha visto sin embargo empañado por los gritos y silbidos de un grupo reducido de manifestantes independentistas que han acusado al Estado de ocultar una supuesta responsabilidad en los atentados y de no querer. Estos manifestantes, con pancartas de “exigimos la verdad”, han llegado a reventar el minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos, pero sobre todo han abucheado a los políticos mientras realizaban la ofrenda floral que daba por concluido el acto.

A lo largo de todo el homenaje, esos congregados han gritado “queremos la verdad”, “vergüenza” y “vosotros, fascistas, sois los terroristas”, mientras mostraban pancartas con lemas como “Reclamamos explicaciones” o “queremos la verdad”. Laura Borràs, recientemente suspendida como presidenta del Parlament, ha acudido al término del homenaje a saludar a los manifestantes que han boicoteado parte del acto. También al final, algunos familiares de víctimas se han encarado con ellos para reprocharles su falta de respeto.

Robert Manrique, de la entidad de apoyo a las víctimas del terrorismo UAVAT, en declaraciones a los medios también los ha criticado: “Siempre he dicho que un acto de homenaje a las víctimas tiene que estar limpio de mensajes políticos. Qué lástima que haya gente que utilice hoy el acto para hacer política”.

Colau: “Es una profunda falta de respeto”

Sobre los abucheos y silbidos durante la ofrenda y especialmente el grito de algún manifestante durante el minuto de silencio, Colau se ha mostrado contundente en su rechazo: “Quiero lamentar que por primera vez un grupo reducido de decenas de personas ha boicoteado el acto de memoria y de silencio. Es una profunda falta de respeto”, ha declarado. “Todo el mundo puede protestar en esta ciudad, pero hoy no era el sitio, ni la forma, ni el momento”, ha continuado, para pedir finalmente que “no se vuelva a repetir”.

Sobre el apoyo de Laura Borràs a estos concentrados, a preguntas de los periodistas ha lamentado que “si hay cargos institucionales que han ido a animar esta protesta de boicot se retratan por ellos solos”.

Miquel Iceta, por su parte, ha preferido no pronunciarse sobre el incidente cuando le han preguntado en TVE: “Yo me he concentrado en las víctimas y en no distraerme en cosas menores que no sirven a lo que debe servir la conmemoración de esta tragedia, que es llamar a la unidad y a la reconciliación y a estar todos juntos”.

A pesar del saludo de Borràs a estos manifestantes, desde Junts, partido que ella misma preside, han publicado un tuit en el que expresan “el más enérgico rechazo” a la interrupción del minuto de silencio.

Un descontento de las víctimas que viene de lejos

Antes de arrancar el acto institucional, políticos como la alcaldesa de Barcelona o el consejero de Interior de la Generalitat, o Joan Ignasi Elena, han calificado de calvario el proceso que han tenido que seguir muchas de las víctimas para ser reconocidas como tales o acceder a una indemnización. De hecho, la sentencia que condena a los autores del atentado reconoce a su vez que hubo hasta 355 víctimas, de las que solo 216 han solicitado alguna indemnización y 130 lo han logrado. 

“El trato de la administración ha sido nulo. La inmensa mayoría [de víctimas] dicen que la primera llamada ha sido la nuestra”, lamentaba en Catalunya Ràdio Manrique, asesor de la entidad de asistencia a víctimas UAVAT, “puesto que hacemos la tarea de localización y búsqueda con nuestros recursos”. Según este activista y víctima del atentado en Hipercor, a muchos de quienes aparecen con su nombre en la sentencia “nadie les ha contactado”. 

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la misma radio ha defendido el progreso en España en materia de políticas de asistencia a las víctimas de terrorismo, que son competencia del Ministerio del Interior, pero ha reconocido que puede no haber sido “suficiente”. “Yo, cuando escucho voces de víctimas que no se sienten acompañadas y que dicen que se ha hecho poco, lo primero que pienso es que hay que aceptarlo, no cuestionarlo, y hacer todo lo posible por intentar revertirlo”, ha manifestado. 

La presidenta de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat) y psicóloga forense, Sara Bosch, ha explicado que, cinco años después de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), las víctimas padecen “un sufrimiento silencioso continuado”, convirtiéndose en personas más grises, vulnerables, inseguras y acostumbradas a evitar situaciones.

En una entrevista de Europa Press, Bosch ha asegurado que las víctimas “evitan viajar, ir a zonas turísticas, a centros comerciales o incluso sentarse a una terraza para minimizar situaciones donde puede haber riesgo”.

“En momentos como estos, cuando hay aniversarios del atentado, las sensaciones se reviven y se vuelve a recordar, momento en el que los afectados tienen angustia e insomnio. Estos cinco años, si les preguntas a los afectados cuanto tiempo ha pasado, te dirán que fue ayer. El tiempo para ellos se congeló el 17 de agosto de 2017”, ha recalcado.

En un primer momento, las víctimas o familiares de víctimas tienen afectaciones psicológicas y trastornos por estrés postraumático, por lo que necesitan ayuda de profesionales para poner en marcha “un mecanismo de supervivencia y seguir con su vida”.

Bosch ha recomendado a las personas con vivencias de este tipo que busquen a un profesional experto en trauma y que se dejen asesorar, porque es la única manera de prevenir: “Sobre todo que sigan enfocándose en las cosas bonitas de la vida, que hay muchas, que no las dejen de ver. Esto solamente es la cruz de la moneda, pero hay una cara también, y que se apoyen en la gente que les quiere, que sigan activos y que se dejen ayudar”.

Sentencia e indemnizaciones

La sentencia penal reconoce a 350 personas como víctimas, de las cuales el 30% están representadas por una acusación particular --20% por la asociación 11-M y el 10% por otros abogados--, mientras que el 70% restante solamente están representadas por la Fiscalía: “No sabemos si saben que están en la sentencia penal, quizás nadie les ha informado”, ha afirmado Bosch.

Bosch ha sostenido que hay dos vías para conseguir indemnizaciones: la vía administrativa, que la única competencia administrativa para indemnizar a las víctimas es el Ministerio de Interior, y la vía penal.

Para conseguir una indemnización administrativa se tienen que hacer trámites a partir de la unidad médica de la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo del Ministerio, que les hacen revisión para ver las lesiones y ver si derivan directamente del atentado: “Muchas veces les dicen que ellos no están en los listados aportados por la Generalitat, que no estaban en la trayectoria de la furgoneta, o que no han aportado un informe hecho el mismo día del atentado”.

Por otro lado, por la vía penal se consiguen las indemnizaciones con una sentencia firme, aunque las víctimas tendrán que volver a hacer el trámite y la unidad médica volverá a valorar las lesiones y propondrá una cuantía económica: “En la victimización primaria del atentado, se añade la victimización secundaria y las piedras en el camino, la sensación de que las víctimas no importan y que solo se hace politiqueo”, ha criticado Bosch.

Ha manifestado que en la sentencia hay nombres y lesiones, pero ha lamentado: “No son nombres en una sentencia, son vidas. El atentado viene, nos destroza a todos, nos paraliza, pero después no tenemos miedo, volvemos a andar por las Ramblas, la vida sigue. Yo entiendo que no podemos ir con miedo, pero tenemos que revisar los protocolos y hacer autocrítica para mejorar las cosas”.

El excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha considerado que “la sociedad no ha sido generosa” con las víctimas del atentado en la Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017, del que este verano se cumplen cinco años.

En una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, Trapero ha afirmado este domingo que la respuesta de la sociedad catalana y española “no estuvo al nivel de otros países”.

“La sociedad no ha hecho grandes reconocimientos. No ha sido generosa, y no lo ha sido porque no se la ha animado a hacerlo”, ha aseverado, señalando al proceso independentista en Catalunya de haberlo tapado todo de forma total, en sus palabras.

Preguntado por si él y el cuerpo de Mossos se sintieron utilizados por algunos políticos en ese momento, ha respondido: “Cada uno jugó sus cartas. Algunos, dando un valor especial a nuestro trabajo de forma exagerada, y otros, al revés, colocando errores donde no los había”.

Sobre la divulgación de una supuesta nota de la CIA que advertía del riesgo de atentado, Trapero ha asegurado que fue “doloroso en lo personal y hacía mucho daño” que la sociedad pudiera pensar que el atentado se podía haber evitado, y que la nota no tenía ningún sentido ni vinculación con los hechos que sucedieron.

“No me reconozco en algunas de mis intervenciones en aquel momento y lo digo claro, no me gusto, pero de la misma manera que digo esto, creo que los medios deben tener una gran prudencia cuando acaba de suceder un atentado como aquel, lanzar la noticia de este tipo hace mucho daño”, ha sostenido.

Preguntado por la relación entre el imán de Ripoll y el CNI, ha dicho que la investigación por parte del CNI fue “la respuesta más efectiva, con más conocimiento de datos, más profunda, y más leal”, y no cree que hubiera ningún indicio de teoría conspirativa.

¿Cómo acaban unos chavales presuntamente integrados en Ripoll, su pueblo, cometiendo un atentado terrorista con 16 víctimas? ¿Podría haberse evitado? ¿A cuántos muertos ascendería el recuento de víctimas si los terroristas hubiesen logrado ejecutar su plan inicial?

Apenas fueron 800 metros. Un recorrido macabro de menos de un kilómetro que dejó un reguero de 15 muertos por atropello en la calle más famosa de Barcelona, que ya nunca volvió a ser la misma. Se cumple casi un lustro de los atentados de La Rambla y Cambrils, pero todavía quedan muchas preguntas que difícilmente llegarán a tener respuesta. 

Algunas de estas cuestiones son las que plantea el documental 800 metros, que se estrena este viernes en Netflix y desgrana en tres episodios de 50 minutos todo lo que ocurrió tanto los días anteriores como los posteriores a los atentados del 17 de agosto de 2017. Dirigido por Elías León Siminiani, el trabajo ofrece un exhaustivo repaso a la intimidad de los terroristas, la mayoría abatidos por los Mossos d'Esquadra tras los ataques. La Audiencia Nacional condenó a 53, 46 y 8 años de cárcel respectivamente a los únicos tres integrantes de la célula que pudieron ser juzgados.

La cinta no olvida el calvario que siguen sufriendo, años después, muchas de las víctimas del atentado. Para ello, se contactaron con más de 400 personas y se realizaron 80 entrevistas en un trabajo que analiza de manera profunda lo ocurrido durante tres días de caos y miedo en medio de las vacaciones de verano.

El documental arranca con las imágenes de la furgoneta blanca bajando por Las Ramblas a toda velocidad mientras los cuerpos de las víctimas saltan por los aires. Una grabación durísima que muchos medios prefirieron no reproducir y cuya inclusión defiende el director de la serie. “Hubo debate entre nosotros y consultamos incluso a las asociaciones de víctimas”, explica León Siminiani, que recuerda que el vídeo se hizo público durante el juicio. “Al final decidimos utilizarlo pero con el contexto suficiente para que hubiera una lectura más consciente y profunda por parte del espectador”, dice.

La serie se apoya en un material de archivo insólito, en lo que probablemente sea el atentado con más contenido audiovisual disponible sobre sus autores. Hay vídeos de los jóvenes de Ripoll preparando explosivos y haciendo bromas en catalán. Grabaciones de uno de los terroristas cantando a capella versos que llaman a la yihad o, incluso, conversaciones telefónicas entre los asesinos tanto antes como después de los atentados. Buena parte de estos vídeos y audios trascendieron durante el juicio en la Audiencia Nacional, pero algunos no se habían visto hasta la fecha.

“Es poco habitual que se tenga tanto material gráfico sobre un atentado terrorista y sus autores”, señala Anna Teixidor, periodista de TV3 y una de las investigadoras del documental. El director de la serie explica que fue precisamente el libro de Teixidor, Los silencios del 17-A, lo que le animó a intentar abordar la historia de estos atentados. “Cuando empezamos a preparar el documental no sabíamos que tendríamos todo ese material de archivo”, explica Elías León.

Después de entrevistar a Teixidor para el documental, decidieron sumarla al equipo por sus conocimientos sobre los hechos, y para poder tener acceso a los vecinos de Ripoll, cerrados en banda tras los atentados y cansados de periodistas que cada dos por tres merodeaban por este municipio de apenas 10.700 habitantes. 

“Años después del atentado, en Ripoll sigue habiendo un silencio clamoroso”, apunta esta periodista, que durante tres años acudió casi cada semana al municipio para documentarse para su libro. “Es un tema tabú, los vecinos quieren pasar página”, dice.

Las entrevistas del documental son otro de los puntos fuertes de la cinta. Tiene particular interés el testimonio que ofrecen los amigos de los terroristas y también diversas trabajadoras sociales de Ripoll, que conocieron y trataron a los asesinos. “Se puso en jaque el concepto de integración en el que habíamos creído y llevábamos trabajando durante años”, explica Núria Riera, técnica del Consorcio de Bienestar Social del Ripollès. 

El relato de estas trabajadoras y de los jefes de algunos de los terroristas, donde se les describe como chavales ejemplares, responsables y trabajadores, contrasta con un proceso de radicalización que se fue forjando a fuego lento sin que apenas nadie se diera cuenta. 

“Aparentemente, parecía que estaban integrados pero a través de lo que vimos en sus móviles se demuestra que ellos para nada se sentían así”, apunta Teixidor. El documental muestra cómo, casi dos años y medio antes de los atentados, algunos de los jóvenes ya crearon un grupo de WhatsApp “para hablar del Islam”. En ese momento, el imán Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro y creador de la célula terrorista, ni siquiera había llegado a Ripoll.

“Es Satty ejerce de catalizador”

Una trabajadora social del municipio recuerda en el documental el efecto y la buena recepción que tuvieron los discursos sencillos y efectistas del imán. “El proceso de radicalización de esos chavales dura mucho tiempo y se acentúa cuando aparece el imán en el pueblo”, añade el director de la cinta. “Es Satty ejerce de catalizador de algo que se estaba cociendo poco a poco”, dice. El documental deja abierta la duda de si el imán se fue a Ripoll porque se enteró de la existencia de esos chicos que ya mostraban ligeros indicios de radicalización o fue solo una trágica casualidad.

Exponen también sus puntos de vista desde el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, hasta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. De especial interés resulta el testimonio de un musulmán converso que trató en Castellón tanto al imán Abdelbaki Es Satty meses antes de que se trasladara a Ripoll, como también a varios de los terroristas en Amposta (Tarragona) antes de cometer la matanza.

También se recoge en la cinta el testimonio de diversos supervivientes de los atentados tanto en Barcelona como en Cambrils, algunos de ellos entrevistados en un piso de La Rambla desde el que se ve el lugar en el que la furgoneta blanca dejó de atropellar a viandantes porque le saltaron los airbags. 

Un taxista pakistaní rememora cómo le impactó la furgoneta en el cuerpo. Otro vecino recuerda cómo acabó refugiado en una tienda de objetos sexuales  –“¿Cómo es la vida, no?”, se pregunta frente a la cámara– mientras en el centro de la ciudad se vivían escenas de caos y terror. Un propietario de una librería relata cómo puso a sonar el Nocturno número 2 de Chopin para calmar a los turistas que se refugiaban en su negocio.

Muchas de estas personas anónimas que ofrecen su testimonio en el documental podrían estar hoy muertas. Desde la mujer que grabó accidentalmente al conductor de la furgoneta cuando se escapaba por el mercado de La Boqueria hasta el tipo que paseaba frente al mar en Cambrils y fue apuñalado en el rostro por uno de los terroristas. 

Las historias de los supervivientes son de todo tipo, pero todas muestran la dureza y la dificultad para superar un episodio traumático como el de estos dos atentados, que en tres días de caos dejaron 16 fallecidos y cientos de heridos. “Tardé una semana en salir de casa”, explica una de ellas sobre las secuelas psicológicas que sufrió y que todavía afectan a muchos supervivientes casi cinco años después. “Al cabo de dos días de los atentados, empecé a llorar y no pude parar”, concluye otro.