El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro antes de regresar al Ministerio de Hacienda con Mariano Rajoy, ha ido extendiendo sus tentáculos durante años rodeado de sospechas, preguntas incómodas e informaciones periodísticas. Algunas de ellas se ven ahora refrendadas en la investigación judicial del titular del Juzgado número 2 de Tarragona, Ruben Rus Vela, que las ha incorporado al sumario. Lo que durante años fue tratado como ruido político, especialmente por parte de Montoro, ahora se ve como posible delito.

elDiario.es ha ido publicando desde hace una década diversas informaciones clave sobre el entramado empresarial de Montoro, su influencia sobre Hacienda y las conexiones de Equipo Económico (EE) con decisiones regulatorias que beneficiaron a sus clientes.

Hace siete años revelamos que el despacho traspasó parte de su actividad a una nueva sociedad justo después de que Anticorrupción pusiera el foco sobre sus contratos. La sociedad detrás del bufete fundado por Montoro pasó a denominarse Global Afteli en julio de 2015, tras una vertiginosa caída de la facturación meses después de trascender la investigación de la Fiscalía.

Ambas informaciones, el cambio de nombre y el declive del negocio, aparecen en los tomos I y IX del sumario. “En este mismo sentido apuntan varias noticias de prensa, que atribuyen el traspaso de la actividad del despacho fundado por Cristóbal Montoro a la sociedad Global Afteli a la existencia de una investigación contra el gabinete económico en 2015, derivada de la posible adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a EE en 2012 por parte de la Cámara de Comercio de España. Unos meses más tarde de que dicha investigación trascendiera a los medios de comunicación, Global Afteli comenzó sus operaciones. A partir de ese momento, se pudo observar cómo el volumen de negocio y la facturación de EE fue disminuyendo y, en contraposición, la actividad económica de Global Afteli fue cada vez mayor”.

La investigación judicial añade: “la concurrencia de los datos anteriormente expuestos, unidos a otros como son la vinculación entre sus socios y administradores, o la coincidencia de proveedores, clientes y trabajadores, permitirían presumir que realmente se produjo un traspaso paulatino de actividad de la empresa EE a Global Afteli, por lo que cuando se haga alusión a Global Afteli se ha de entender como la sociedad sucesora de EE, con la que este despacho dio continuidad a su actividad económica bajo otro nombre comercial que permitiría, al menos formalmente, desvincularlo de la conocida denominación de EE, asociada a una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”.

elDiario.es también aparece en el tomo XV del sumario, al referirse al papel del también exministro Rafael Catalá en el gigante del juego Codere, una de las empresas asesoradas por Equipo Económico. “A destacar el hecho que, a pesar de su supuesta desvinculación a partir de 2012, se ha constatado que [Rafael Catala] siguió ligado a Codere hasta 2014, como patrono de la fundación que gestiona la multinacional. Se desconoce el momento exacto en que éste se desvinculó”.

Codere pagó 679.000 euros al despacho mientras se legislaba a su favor. El caso es paradigmático: se pasaba del Gobierno a una de las empresas beneficiadas por decisiones del Gobierno, cerrando un círculo de puertas giratorias.

Por su parte, otros medios de comunicación, como El Periódico, han revelado correos que muestran cómo Hacienda habría maniobrado para salvar al Partido Popular en el caso Bárcenas y cómo Montoro accedía a “información reservada” sobre los problemas fiscales de figuras como Jordi Pujol y su familia desde al menos 2014, Rodrigo Rato o incluso el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. No eran rumores: eran correos concretos, entre funcionarios y altos cargos, que evidencian un uso partidista y personalista de una de las instituciones más delicadas del Estado.

El juez Rus Vela abrió diligencias en secreto en diciembre de 2021. Montoro se enteró de la causa por una información publicada en El Periódico, donde evidenció su enfado. “Me parece muy llamativo que esté investigado desde el año 2021 y no tenga ni idea”, declaró. Y negó que manipulara o dirigiera ninguna decisión tributaria. “Eso es imposible”, dijo. El juez Ruben Rus Vela no lo ve así.

El exministro de Economía Rodrigo Rato ha recurrido la negativa del juez del caso Montoro a investigar el trasvase de datos sobre inspecciones fiscales que se cruzaron altos cargos de la Agencia Tributaria y el Ministerio al considerar que la transmisión de información reservada en la cúpula de Hacienda es “palmariamente delictiva.

En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, Rato recuerda que Montoro, como máximo responsable del Ministerio de Hacienda, es el encargado de orientar los objetivos de la Agencia Tributaria, pero que en ningún caso “tiene derecho a conocer identidades concretas de contribuyentes ni los datos, informes o antecedentes obtenidos” por el fisco.

Así ocurrió durante la etapa de Montoro en Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Además de legislar en favor de las gasistas previo pago al despacho que fundó Montoro antes de volver al ministerio, la investigación del juez de Tarragona ha descubierto decenas de correos electrónicos cruzados entre altos cargos de Hacienda sobre inspecciones fiscales a famosos, periodistas que habían publicado informaciones sobre el bufete de Montoro, o rivales políticos del PP.

Algunos de ellos, como los referentes a Rato, llegaron al correo de Montoro. Ambos exministros mantienen un enfrentamiento conocido desde hace años, y Rato ha llegado a insinuar que el extitular de Hacienda impulsó la causa sobre su patrimonio en el exterior. La Audiencia de Madrid condenó a Rato a casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

En los correos de la causa de Tarragona, que llegaron al buzón del ministro, se remiten varios informes sobre las sociedades de Rato, además de advertir a Montoro de los movimientos de la Agencia Tributaria contra el exministro de Economía y expresidente de Bankia. “Situación fiscal de Rato”, llega a titularse una de las notas adjuntas a los nueve correos.

El auto del juez de Tarragona Rubén Rus develó que los correos sobre las maniobras sobre Rato no fueron aportados a la causa porque así lo decidió en 2023 la Junta de Fiscales tras el choque sobre la dirección que debían tomar las pesquisas entre la fiscal del caso, Carmen García-Cerdá, partidaria de investigarlos, y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no veía delito en ellos.

“Los correos no explican el motivo por el que se iniciaron las actuaciones inspectoras, ni del contenido de los correos se desprende que nos encontremos ante actuaciones de inspección carentes de causa ni que durante la inspección se haya falseado o adulterado datos que pudieran afectar a la situación fiscal” de Rato, argumentó el juez en su auto.

El exministro lo ve de forma opuesta. La normativa tributaria, recuerda Rato, impide ceder o comunicar datos fiscales “a nadie que no esté específicamente habilitado por ley”. “Y el ministro de Hacienda no lo está”, apostilla el recurso. Es más, recuerda el recurso que Montoro no rechazó recibir esos datos “ni instó” a investigar penalmente su filtración, pese al deber legal de hacerlo.

Como ministro, Montoro, recuerda el escrito, “no tenía competencia en materia de comprobación, inspección, gestión o sanción tributaria”. En consecuencia, los correos en los que se suministraban datos fiscales reservados suponen “la vulneración del deber de sigilo funcional y del principio de confidencialidad” que impone la ley tributaria.

El juez no quiere indagar en la brigada fiscal que anidó en el Ministerio de Hacienda y que proporcionó datos de un periodista y de rivales políticos del PP al gabinete del entonces ministro Cristóbal Montoro. El magistrado de Tarragona no aprecia “actuaciones de inspección carentes de causa”, esto es, que respondan a motivos políticos.

En sendos autos, adelantados por El Periódico y a los que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado rechaza que puedan personarse en la causa como perjudicados el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el exministro y rival de Montoro en el PP Rodrigo Rato y el periodista de ABC Javier Chicote, de quien todos ellos distintos altos cargos del Ministerio se enviaron mails sobre inspecciones fiscales a las que fueron sometidos.

Los correos electrónicos se hallaron en el marco de un registro en Hacienda sobre el despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, y su papel clave para beneficiar a empresas gasistas para obtener ventajas fiscales a cambio de cuantiosos pagos. Los correos evidencian cómo Montoro era informado puntualmente por sus colaboradores de información reservada sobre contribuyentes que, por su posición política o relevancia social, hacían de la misma un poderoso arsenal que utilizar contra ellos.

En el caso de los correos que afectan a una inspección fiscal abierta a Monedero, el juez indica que, una vez examinado el “contenido material” de los cinco correos que se cruzaron altos cargos de Hacienda “no se revela la comisión de ningún delito” del que pudiera ser perjudicado el fundador de Podemos.

Los correos “se limitan a dar cuenta de las actuaciones realizadas” por la Agencia Tributaria frente a Monedero, ahonda el juez, “sin que de ellos pueda desprenderse que se estuviera llevando a cabo una actuación punible”.

Tampoco ve nada “penalmente relevante” el juez en el envío de información fiscal de Monedero entre altos cargos del Ministerio “al tratarse personas legalmente autorizadas para conocer esa información, sin que se acredite que hayan hecho uso de la misma ni se haya revelado a terceros”.

El auto del juez de Tarragona Rubén Rus también apunta a un hecho desconocido hasta ahora: los correos que afectaban a las maniobras sobre Monedero o Rato no fueron aportados a la causa porque así lo decidió en 2023 la Junta de Fiscales tras el choque sobre la dirección que debían tomar las pesquisas entre la fiscal del caso, Carmen García-Cerdá, partidaria de investigarlos, y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no veía delito en ellos.

Sobre Chicote, el juez indica que, si bien es cierto que existe “una coincidencia temporal” entre las informaciones que el periodista publicó en ABC en 2017 sobre Equipo Económico, el despacho del exministro, y la apertura de una inspección fiscal, “no se puede deducir que las actuaciones de análisis sean consecuencia directa y exclusiva de la publicación de los artículos ni que con ello se pretenda silenciar al señor Chicote para que no publique nuevos artículos”.

El instructor descarta que el exministro incurriera en un delito de revelación de secretos en tanto que se trataron, únicamente, de “comunicaciones o daciones de cuenta” que realizaba su jefe de gabinete. “La información se realiza a través de correo corporativo, y es una información en la que participan exclusivamente el jefe de gabinete y el ministro, no se comparte con terceros. Simplemente nos encontramos con una transmisión de información”, apunta el juez que, por el contrario, sí ha admitido al PSOE como acusación popular.

Tal y como informó elDiario.es, además de Monedero, Rato y Chicote, en los correos sobre inspecciones fiscales que se cruzaron en la cúpula del Ministerio aparecen adversarios políticos del Gobierno del PP, como la familia Pujol, a compañeros de partido, caso de Esperanza Aguirre o Josep Piqué, y famosos con una gran exposición pública, como el tenista Rafa Nadal o la baronesa Thyssen.

Santos Cerdán ha pasado en pocas semanas de ser uno de los políticos con más poder en España a verse durmiendo en la cárcel. Es un nombre más, importante, en una larga lista de personas que quizá sintieron que nunca se verían entre rejas. Y muchos de ellos han pasado por una cárcel en concreto: Soto del Real. Hablamos del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o del ex vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras. Algunos, incluso, coincidieron allí en el tiempo.

Hacemos un repaso a estos nombres y a cómo es la vida de un político en prisión con el periodista de elDiario.es Alberto Pozas.

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La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

La Fiscalía Anticorrupción pide 3 años y 11 de meses de prisión para el abogado Carlos Neira por un delito de estafa procesal en concurso con otro delito de falsedad continuada en documento oficial relacionados con su actuación como perito particular de Rodrigo Rato en la misma causa por la que el ex vicepresidente económico ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por tres delitos fiscales, según informa El País. Neira es el abogado que representó a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, durante toda la inspección fiscal contra el empresario que derivó en una querella por dos delitos fiscales en concurso con falsificación documental. Como tal es el abogado que escribió a la Fiscaía ofreciendo, de parte de su cliente, un pacto para que no entrara en la cárcel.

Anticorrupción también solicita para el despacho Garrido Asesores Fiscales, para el que trabajó Neira, una pena de multa de 3,5 millones de euros y la prohibición de realizar informes periciales tributarios durante cinco años. La acusación de Anticorrupción está recogida en el escrito de Anticorrupción previo a la apertura de juicio oral y se centra en su labor como perito en la defensa de Rodrigo Rato, al elaborar dos informes “falaces” sobre los movimientos de dinero en las cuentas del exvicepresidente del Gobierno en el extranjero.

Los informes concluían que la declaración tributaria especial que Rato hizo para acogerse a la amnistía fiscal en noviembre de 2012 había sido correcta y que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del ministerio de Hacienda, había cometido graves errores en la cuantificación de la deuda tributaria del exdirigente del PP. La defensa de Rato presentó estos dos informes de Neira para su incorporación a las diligencias judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito que Neira introdujo en esos informes “datos bancarios y financieros falaces que crearon una realidad ficticia ante el instructor y el resto de partes”. La acusación apunta que Neira llevó a cabo “con pleno conocimiento de su falacia” diversas manipulaciones de documentos oficiales como tachar transferencias de dinero o entradas de dinero con las que se hicieron inversiones financieras por casi medio millón de euros.

El despacho cuyo membrete figura en los documentos presentados en defensa de Rato permitió “por una grave falta de control”, según la Fiscalía, que el abogado Neira confeccionará unos informes periciales “sustentados en documentación bancaria manipulada por él mismo”. El objetivo de esos trabajos era rebajar las cantidades supuestamente defraudadas “anulándolas o poniéndolas por debajo del umbral delictivo del artículo 305 del Código Penal”.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado diciembre a Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideran al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Es su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Sí resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

La publicación del correo en el que Neira solicitaba un pacto a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para su cliente ha motivado la imputación del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid en el Tribunal Supremo. La publicación de ese correo tuvo lugar después de que la Comunidad de Madrid difundiera el bulo de que había sido al revés y que la Fiscalía había sido quien había ofrecido el pacto a González Amador, retirándolo después “por órdenes de arriba”, como difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Rodrigo Rato y Figaredo, el todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, está más cerca de volver a la cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó este viernes a cuatro años, nueve meses y un día de prisión en la causa por el origen de su fortuna. En una sentencia de 1.200 folios, el tribunal considera probado que Rato defraudó a Hacienda en tres ejercicios, intentó ocultar la procedencia ilícita de parte de su patrimonio y cobró dos millones de euros en mordidas por amañar contratos de publicidad de Bankia. 

La pena está muy por debajo de la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Pero abre la puerta a su regreso a prisión, donde ya estuvo durante dos años tras ser condenado por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Rato anunció este viernes que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que el fallo no será firme hasta que se pronuncie. Entre tanto, la Audiencia podría acordar su regreso a la cárcel en caso de que aprecie riesgo de fuga, como ocurrió tras la primera sentencia de la Gürtel, donde las condenas fueron mucho más altas; o imponerle algún tipo de medida cautelar, como el pago de una fianza, sostienen las fuentes consultadas. 

En todo caso, esta segunda condena es un duro golpe para el hombre al que el PP de Aznar entronizó como el símbolo del “milagro económico español”. Tras la condena por gastar casi 100.000 euros con las tarjetas 'black' y su absolución por el fiasco de la salida a Bolsa de Bankia, el expolítico afrontó este tercer juicio con una actitud desafiante. Rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”; y cargó contra los funcionarios que investigaron su patrimonio. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos”, fueron los descalificativos con los que se dirigió a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado durante la vista. 

Además, en la última sesión del juicio utilizó su derecho a la última palabra para defender su inocencia y señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de esta última etapa de calvario judicial. Dejó caer que meses antes de su mediática detención, cuando fue introducido en un coche de los agentes de Aduanas, ambos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria. 

Acusación “monstruosa”

La sentencia demuestra que los jueces que siguieron el más de medio centenar de sesiones de la vista solo han asumido en parte de las alegaciones de su abogada, María Massó, que defendió que toda la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y que calificó de “monstruosa” la acusación contra su cliente. Por contra, la fiscal Elena Lorente definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que se presentó ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar su condena. 

La realidad es que el fallo limita a tres ejercicios los delitos fiscales frente la durísima acusación de la Fiscalía, que defendía que la actividad delictiva se había iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y había seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Y le atribuía, en consecuencia, 11 delitos fiscales. 

En todo caso, la resolución considera probado que Rato cometió fraude fiscal por una doble vía. Por un lado, ocultando a Hacienda dinero que tenía en el extranjero. Y, por otro, facturando a través de sociedades instrumentales servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica. 

La otra pata de la causa son las supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. En la vista, Rato negó haber dado ninguna “indicación” a nadie sobre esos contratos con el argumento de que no estaba capacitado porque no era “experto en marketing ni publicidad”. 

Pero en la sentencia los jueces consideran acreditado que Rato cometió un delito de corrupción entre particulares al imponer que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de la entidad a cambio de una mordida de 2.022.154,52 euros. Un dinero que se repartió con Alberto Portuondo, uno de sus supuestos testaferros, también condenado a una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida, además del decomiso de esa cantidad. 

No obstante, la Audiencia Provincial absuelve tanto a los empleados de Publicis y Zenith (y a ambas sociedades), como a algunos de sus colaboradores más fieles, que según Anticorrupción habían conformado un “grupo de presión” en la entidad. Es el caso de su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; o el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Los jueces entienden que no participaron en el acto corrupto.

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Ante el tribunal, reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la han tenido los jueces de la Audiencia Provincial, que han acreditado irregularidades aunque con la intensidad defendida por la Fiscalía. 

La condena de las 'black' y la absolución de Bankia

Rato suma esta condena a la recibida por llevarse dinero de Caja Madrid. En su caso, los 99.054 euros que gastó pasando la tarjeta 'black' con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Supremo en octubre de 2018, atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

Esa fue la línea de defensa que siguió durante este juicio, pues Rato nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, el banco necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica y en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver. 

El precedente de Zaplana

La resolución contra Rato sucede a la que, hace dos meses, dictó la Audiencia de València contra otro de los hombres fuertes de Aznar: el que fuera portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Su condena fue más alta, de diez años y cinco meses de prisión, por las comisiones ilícitas que recibió tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. 

Esa sentencia acredita que Zaplana cobró comisiones ilícitas durante toda su carrera política en el PP. El fallo consideró probado que el exministro, su testaferro y su contable blanquearon mordidas por un total de 16,2 millones de euros en Luxemburgo, Panamá y Andorra y le asignó una conducta “especialmente reprobable” por haber ordenado amañar esa adjudicación millonaria siendo “máximo responsable” del Gobierno valenciano.

Uno de los grandes montajes de la historia reciente de España ha sido el llamado “milagro económico” de los primeros años de gobierno de José María Aznar. El PIB se disparó hasta pisar los talones del de Italia; la deuda, el déficit y la inflación cayeron a niveles sin precedentes, y se crearon puestos de trabajo a mansalva, al punto de que nuestro país fue bautizado como “la fábrica de empleo de Europa”. Los medios de comunicación internacionales se deshacían a diario en elogios al presidente y a su ministro de Economía, Rodrigo Rato, a quien atribuían una suerte de poder mágico sobre las finanzas públicas que permitía que un país de toreros y bailaores se codeara ahora con los estados más poderosos y serios del planeta. Ese entusiasmo mediático iba en paralelo con una potente campaña publicitaria desde la Moncloa que difundía por tierra, mar y aire el supuesto portento que tenía lugar en España. Uno de los admiradores más fervientes del “milagro” era el italiano Silvio Berlusconi, la estrella europea del momento.

En realidad, el “milagro” no tenía demasiado misterio. Europa en su conjunto vivía una ola de prosperidad sin precedentes que irrigaba en mayor o menor grado a toda su geografía. España era de lejos el principal beneficiario del jugoso Fondo de Cohesión europeo que había conseguido en su momento Felipe González, a quien Aznar, entonces en la oposición, tachó de “pedigüeño” por negociarlo. El Gobierno del PP había consumado la privatización de las joyas de la Corona, lo que permitió ingresar cantidades fabulosas de recursos para cuadrar las cuentas públicas. También había promovido políticas desaforadas de liberalización del suelo, fomentando un boom inmobiliario de dimensiones inéditas. Había impulsado además una concentración bancaria de tal magnitud que transmitió al mundo la imagen de un país con músculo financiero. Y había ahondado en la desregularización del mercado laboral, convirtiendo a España no en la “fábrica de empleo de Europa” que veian los analistas palaciegos, sino en el país con más volumen de contratos basura del continente.

El “milagro” siguió coleando en la etapa del socialista Zapatero, sucesor de Aznar, hasta que le estalló en las manos con la crisis de 2008: la UE quedó exhausta, España había dejado de ser desde la ampliación europea de 2004 la gran beneficiaria del Fondo de Cohesión, la burbuja inmobiliaria saltó por los aires, el dinero de las privatizaciones ya no estaba (comida para hoy y hambre para mañana, se les dice a estas captaciones de fondos), las poderosas corporaciones bancarias hacían aguas y los empleos precarios se esfumaban en el aire. Los artífices del “milagro español” no habían promovido cambios estructurales en el modelo productivo nacional: se habían limitado a aprovechar con astucia unos vientos cíclicos favorables, a colocar amiguetes en las compañías privatizadas y a usar estas en sus ofensivas políticas, como en el caso de la Telefónica de Villalonga. Hay que admitir que muchísimos españoles lo pasaron bomba mientras duró la fiesta. No soprendió que dieran a Aznar la mayoría absoluta en las elecciones de 2000.

Cuando llegó la crisis, España resultó ser uno de los países más vulnerables. El rey de la fábula estaba desnudo. El hecho es que los españoles siguen sin recuperar unos 50.000 millones de euros que el Gobierno de Rajoy inyectó a los bancos para que salieran del abismo. Miles de inmuebles se agolpan en el Sareb, mientras los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, no tienen medios para acceder a una vivienda. Todo era un bluff. Empezando por el todopoderoso vicepresidente económico Rato, el cerebro del “milagro”. En el 2000 fue nombrado con gran fanfarria director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI): quién mejor para llevar las riendas de la más poderosa institución financiera internacional que una persona con esas dotes de brillante gestor. Pues bien: en 2007, su último año en el cargo –que dejó intempestivamente alegando motivos personales–, manifestó que la crisis aun en ciernes se estaba “reconduciendo”. El mundo estaba a punto de estallar y no lo vio venir. En 2011, un informe de la Unidad de Evaluación Independiente del FMI que auditó el periodo 2004-2007 detectó una “débil gobernanza” en la institución y reprochó “el elevado nivel de pensamiento uniforme, la captura intelectual y en general la percepción de que una gran crisis en las grandes economías avanzadas era improbable”. Ese fue el legado de Rato en el FMI.

Este viernes se ha conocido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena al exministro a cuatro años y nueve meses de prisión por tres delitos contra Hacienda, uno de blanqueo de capitales y uno de corrupción entre particulares en relación con el origen de su fortuna. La investigación detectó que ocultaba su dinero en un entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao. Con anterioridad había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por usar fondos de Caja Madrid (99.054 euros en su caso) para pagar viajes de placer, fiestas y bolsos de lujo, en lo que se conoció como el escándalo de las tarjetas black, desvelado por este diario. Tras pasar dos años en prisión por este caso, logró la libertad condicional en febrero de 2021.

Esto, todo esto, era el “milagro económico español”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideran al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Es su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Sí resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

La pena impuesta es muy inferior a la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para él 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Además, el tribunal ha apreciado dilaciones indebidas por el tiempo que duró la investigación. La instrucción, que se inició en 2015, se alargó durante más de nueve años, en los que acumularon más de 70.000 documentos. Los investigadores indagaron en un enrevesado entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda.

Además de a la citada pena de cárcel, Rato ha sido condenado a multas por un total de más de dos millones de euros, y deberá pagar a la Hacienda Pública 568.413 euros, según consta en la sentencia, de más de 1.200 folios, que puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tras conocer el fallo, el expolítico ha asegurado que recurrirá. “Defenderé mis derechos en los correspondientes recursos ante un fallo que me parece injusto y falto de base jurídica”, ha afirmado a preguntas de los periodistas, informa Europa Press.

Doble vía para el fraude fiscal

La resolución considera probado que Rato cometió fraude fiscal por una doble vía. Por un lado, ocultando a Hacienda dinero que tenía en el extranjero. Y, por otro, facturando a través de sociedades instrumentales servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica. Según la Fiscalía, que pedía para él 63 años de cárcel, evitaba de esa forma que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave del juicio fue determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI, entre junio de 2004 y noviembre de 2007. Respecto de uno de los delitos fiscales, el correspondiente al ejercicio 2006, los jueces entienden que, pese a que residía en Washington, seguía manteniendo todo su patrimonio e interés económico en España y, por lo tanto, estaba obligado a presentar sus declaraciones fiscales en este país como efectivamente hizo, así como que el dinero que afloró con la amnistía fiscal no incluía la cantidad defraudada en ese ejercicio.

La otra pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. Los jueces consideran acreditado que Rato cometió el delito de corrupción entre particulares al imponer que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia a cambio de una mordida de 2.022.154’52 euros.

Respecto al resto de acusados, la Audiencia de Madrid también ha condenado al asesor fiscal Domingo Plazas por su cooperación en dos de los delitos fiscales y en el de blanqueo de capitales. Y a Alberto Portuondo, uno de sus presuntos testaferros, por el amaño de los contratos de la publicidad de Bankia. A este último le impone una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida.

El tribunal absuelve, sin embargo, al resto de los acusados por este delito, tanto a los empleados de Publicis y Zenith y a estas sociedades, como su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella al entender que no participaron en el acto corrupto.

Resultan también absueltos su excuñado Santiago Alarcó, respecto del delito de blanqueo de capitales del que se le acusaba; Ramiro Sánchez de Lerín, quien lo estaba en relación con el contrato de Telefónica; y el administrador de varias de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero, por entender que no tuvo participación en el delito de corrupción entre particulares, y que no podía ser acusado de ningún delito fiscal, al no haber sido investigado por los mismos durante la instrucción de la causa. También resulta absuelto el despacho Plazas Abogados, por no considerar acreditada su participación en los hechos.

Amnistía fiscal

La investigación que llevó a Rato al banquillo por tercera vez se inició después de conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

Rato acumula ya otra condena por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, le atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

El juicio por el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato ha quedado visto para sentencia este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid. El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) ha utilizado su derecho a la última palabra para señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de la causa en la que se expone a una condena a más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. 

Ante el tribunal, Rato ha leído varios correos electrónicos del que fuera jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, que demostrarían que meses antes de que el 16 de abril de 2015 los agentes de Aduanas registraran su domicilio y su despacho profesional, todos ellos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria. En este sentido, ha mencionado a la investigación abierta en un juzgado de Tarragona contra Equipo Económico, el despacho del exministro Montoro, por un presunto tráfico de influencias con la Agencia Tributaria en beneficio de sus clientes. 

“Estamos aquí porque el 21 de enero de 2015 el jefe de gabinete del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el señor Felipe Martínez Rico, escribía el siguiente correo a Montoro: ”Santiago [entonces director de la Agencia Tributaria] quiere comentar contigo la situación fiscal de Rato. Tiene ahora indicios de que está procediendo al alzamiento de bienes. Te dará información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro. Puede comentarlo el jueves después del comité de dirección o después del consejo de ministros“, ha leído ante el tribunal. Ese correo y otros a los que ha hecho alusión Rato fueron desvelados por El Periódico de España. 

Días después, en otro correo del 9 de febrero de 2015, Martínez Rico le habría indicado a Montoro que Rato “sí presentó la Declaración 720 [de bienes procedentes del extranjero]” y que habían pedido a la Agencia Tributaria “la información” para ver si había alguna “errata” respecto a la que le habrían trasladado días antes y así poder corregirla. 

Otra de las comunicaciones a las que ha aludido tuvo lugar el 16 de abril [cuando fue detenido] el jefe de gabinete de Montoro escribió en otro correo que esos hechos les venían “bien” para “demostrar que la amnistía fiscal ha servido de señuelo a la Agencia Tributaria para centrar investigaciones de fraude fiscal y que de la investigación posterior, incluso, puede derivarse acusación por delito fiscal”. En otro momento de su intervención, también se ha referido a unas declaraciones que el exministro Catalá realizó el 4 de abril de 2015 en las que aseguró que Rato se había acogido a la amnistía fiscal. “Un hecho secreto que sólo podía conocer el ministro de Hacienda”, ha aseverado Rato. 

En una línea similar a la mantenida durante todo el juicio, el exbanquero también ha acusado a la fiscal Elena Lorente de presentar unos hechos contra él “artificialmente complejos” como base de una acusación “improcedente”. Y ha afirmado que su defensa ha aportado “muchos y muy consistentes argumentos” que han puesto en evidencia lo que ha definido como un “castillo de naipes fabricado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado”. 

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Volvemos a tener el sabor agridulce que dan los buenos datos macroeconómicos que luego no tienen tanta traslación a varios sectores de la ciudadanía. La Comisión Europea ha mejorado la previsión de crecimiento de la economía española para 2024 al 2,1% y ha rebajado el déficit al 3%. Son buenas noticias. España será el país de los grandes de Europa que más crezca este año y también el próximo (1,9%).

Sin embargo, hay datos que son muy preocupantes. “Las generaciones nacidas a partir de 1980 muestran un progresivo retraso en su edad de emancipación”, recoge la última Encuesta Financiera a las Familias del Banco de España. La vivienda vuelve a estar en el centro del problema: el 65,9% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años residían en el hogar familiar en 2022, 13 puntos porcentuales más que en 2008. Alquileres desbocados, precios de compra por las nubes e incapacidad de acceso a crédito es a lo que se enfrentan varias generaciones de españoles.

Hay una  palpable reducción de la riqueza de los más jóvenes. Apenas un 30% de los menores de 35 años son propietarios de una vivienda, mientras eran casi el 70% en 2011. La caída de la riqueza neta mediana de los menores de 35 años es alarmante porque no pueden acceder a un crédito por las subidas de precios o porque las condiciones de financiación de los bancos (de las hipotecas) son más estrictas. Aquí te explicamos por qué los jóvenes ya no tienen capacidad económica ni para endeudarse.

Los altos tipos de interés que subió el Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación han mermado más aún la capacidad adquisitiva de una vivienda por parte de los más jóvenes. Pese a que países como Suecia, Suiza, República Checa o Hungría han recortado ya el 'precio' oficial del dinero, el BCE mantiene su política monetaria agresiva.  

Para colmo, los salarios han frenado el ritmo de subidas en el arranque de 2024 en España. Los sueldos crecieron un promedio del 4,8% en el primer trimestre de este año, según la estadística de la Agencia Tributaria. La realidad es que los incrementos salariales no son suficientes para equilibrar el histórico 'mordisco' de la inflación al bolsillo de los trabajadores en 2021 y, sobre todo, en 2022.

Hay un problema de desigualdad claro en España. Para tener una idea, los ingresos del 20% más rico de la población en España son 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre, según el informe de convergencia social de la Comisión Europea. Bruselas nos tira de las orejas por la gran desigualdad que hay en nuestro país, a pesar de los avances conseguidos con la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. A pesar de que la economía española es la que más crece de las grandes de la UE, en Bruselas preocupa especialmente el riesgo de pobreza de España. Aquí te explicamos que la desigualdad de ingresos en España es de las más altas de la UE.

Es una obligación para el Gobierno meterle mano a los precios de la vivienda.

El Gráfico

El BBVA lanzó una oferta de compra (opa) hostil por un competidor: el Banco Sabadell. Si ya la propuesta de fusión, que rechazó el Sabadell, nos parecía un pésimo movimiento porque acentúa la falta de competencia del sistema financiero español, este asalto por las malas nos resulta incomprensible. Entre otras cosas porque la opa hostil del BBVA por Sabadell se enfrenta a la oposición del Gobierno, los partidos y las dudas del mercado, pero además se confirma que se va a traducir en despidos y menos competencia en el sector financiero, con el cierre de oficinas, ya que coinciden en numerosos puntos de la geografía española como mostramos en el mapa de los municipios a los que más puede afectar el cierre de sucursales de BBVA y Sabadell.

El Dato

28%

Ha crecido la cosecha para la producción de aceite de oliva, según los datos de abril del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estamos hablando de 850.157 toneladas, un 11% por encima de las previsiones iniciales, por lo que “se espera que los precios se sitúen por debajo de los altos niveles registrados en la actual campaña”. Es una buena noticia y más cuando aún vemos que los alimentos tiran de los precios: la inflación de los alimentos volvió a repuntar en abril al 4,7%. Las subidas de precios en los supermercados se resisten a moderarse y avanzaron cuatro décimas respecto al mismo mes del año pasado.

Entrepreneur

A veces no hay necesidad de cambiar el mundo, basta con hacer lo correcto. La eléctrica Holaluz se presentó como la eléctrica que iba a “cambiar el mundo” con energía renovable a “precios justos” para los consumidores, pero está al borde de la quiebra. Nunca ha ganado dinero. Desde su salida a Bolsa ha perdido más de 43 millones de euros tras gastar más de 115 millones en publicidad, propaganda, relaciones públicas y asesores. Con una deuda de 58,8 millones a cierre de 2023, Holaluz amenaza con unirse a la larga lista de fiascos del mercado de pymes cotizadas, como otras empresas como EiDF o Solarprofit. Aquí te explicamos el ocaso de Holaluz. 

Cada vez que habla sube el pan

La acusación se ha elevado sobre imputaciones de renta inciertas, sobre un alzamiento de bienes inventado, se ha construido sobre el análisis exhaustivo de toda la documentación incautada… pero los castillos de naipes caen fácilmente y veremos cuántos soplidos aguante este

María Massó — Abogada defensora del ex vicepresidente Rodrigo Rato 

Rodrigo Rato, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente económico del Gobierno con José María Aznar (PP), se enfrenta en un juicio a la petición por parte de la fiscal de más de sesenta años de cárcel por el origen de su fortuna. Las palabras del encabezado de esta sección corresponden a la abogada de Rato, María Massó, que alega que esta causa es “un castillo de naipes”. Sin embargo, la representante del Ministerio Público no solo llamó “apátrida fiscal” a Rato, en un contundente alegato señaló que el ex político utilizó “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. En este enlace puedes leer 'Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”'. 

Bien público

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad es la crisis climática. Ya hay un consenso generalizado, no solo del mundo científico, en la sociedad de que hay que dar pasos firmes para eliminar los combustibles fósiles como motor de la economía. Sin embargo, año tras año se puede comprobar como la industria petrolera y gasística siguen manteniendo su poder y capacidad de atraer inversiones multimillonarias. Los 60 mayores bancos globales destinaron a la industria del petróleo y el gas 705.000 millones de dólares en 2023, un 4,7% más que un año antes. Un ejemplo más del lavado de imagen verde de petroleras y banca. De hecho, el Congreso de EEUU ha acusado a las petroleras de “negacionistas” del cambio climático y de ecopostureo. La Cámara de representantes estadounidense tilda sus acciones climáticas de “decepcionantes” y las acusa de usar un “doble lenguaje” con el que blanquean sus estrategias centradas en los carburantes de combustión. Aquí puedes leer un reportaje de Cristina G. Bolinches sobre cómo la gran banca aceleró la financiación destinada a los combustibles fósiles en 2023. 

Nos gusta la competencia

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Después de más de seis horas de detallada exposición —espaciadas en tres sesiones—, la fiscal anticorrupción Elena Lorente apiló los folios que tenía sobre la mesa, tomó el estuche de sus gafas y animó al tribunal encargado de juzgar el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato a no buscar complejos mecanismos en su veredicto. Lo hizo invocando uno de los correos que José Manuel Fernández Norniella, ‘escudero’ de Rato, envió al exbanquero y en el que aludía a la herramienta filosófica de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es probablemente la más real. “Esto puede ser un principio para lo que ustedes tienen que ver a partir de ahora”, culminó la fiscal. 

Fue el colofón del informe acusatorio de Lorente, la fiscal encargada de impulsar la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). Una exposición centrada en rebatir las tesis de la defensa de Rato, a la que acusó de haber usado “trampantojos, trampas y ocultaciones” en favor de su defendido. Los días siguientes, la abogada del exbanquero, María Massó, contraatacó diciendo que la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y se remontó al Imperio Romano con una cita de Quintiliano. “Una cita que decía que es más fácil hacer heridas que curarlas y que debemos ser modestos en nuestros juicios para no caer en el común error de condenar lo que no entendemos”, sentenció.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid será ahora el encargado de determinar quién tiene razón. En su larga exposición, la fiscal se afanó en hacer un detallado retrato del hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español. En contraposición a esa figura, la fiscal definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que ahora se presenta ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

La Fiscalía reclama para él más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Le atribuye 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La actividad delictiva que lo ha llevado al banquillo por tercera vez se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Rato ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

“Apátrida fiscal”

En esas tres sesiones, la representante de la Fiscalía Anticorrupción trató de apuntalar los indicios reunidos contra Rato en más de siete años de una compleja instrucción, en los que se llegaron a acumular más de 70.000 documentos. El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que habría efectuado en una doble vía. Por un lado, ocultando “bolsas patrimoniales en el exterior” que eran “desconocidas para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades instrumentales” servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. De esa forma, dice la acusación, evitaba que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave en este punto es determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI. La Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio, y en los que habría defraudado casi 2,5 millones de euros. En su intervención, la fiscal afirmó que aunque residía en Washington, su domicilio fiscal estaba en España. “Se está pretendiendo que era un apátrida fiscal”, llegó a decir. 

En respuesta, la abogada del exbanquero dijo que este era uno de los “soplidos” que podría tumbar el “castillo de naipes” levantado contra Rato. Según Massó, no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo fraude. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear ni conexidad”, apostilló. Y añadió que, en consecuencia, decaería la “monstruosa acusación” contra su cliente. 

Las “refinadas técnicas de blanqueo”

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que todas las cantidades ocultas a Hacienda fueron objeto de “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Todo, según la representante del Ministerio Público, con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. Entre esas herramientas está el llamado “crédito lombardo”, que “consiste en obtener un préstamo con la única garantía de los activos financieros”, explicó Lorente. 

Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. “Fue una actividad llevada a cabo durante años que denota una actuación blanqueadora de un modo indubitado, prácticamente como un modus operandi”, dijo tajante la fiscal. 

La tercera pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

Para ello, explicó Lorente, se rodeó de sus colaboradores más fieles, que conformaron lo que la fiscal definió como un auténtico “grupo de presión” en la entidad. Según cálculos del Ministerio Público, el expolítico y exbanquero se embolsó 835.025 euros en comisiones por mediar para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. La abogada del exministro defendió que no existió “ninguna irregularidad” en ese proceso. 

La Fiscalía también destaca la colaboración “particularmente relevante” que en las operaciones fraudulentas de Rato habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas que, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades. Es la misma sociedad que, según la acusación, usó para cobrar el dinero de las mordidas por la publicidad de Bankia. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la tendrán los jueces que durante los últimos cuatro meses han escuchado a las acusaciones, los acusados y las decenas de testigos que han comparecido ante el tribunal. 

Tras el turno del contundente informe de la Fiscalía, que solicita más de sesenta años de cárcel para Rodrigo Rato en el juicio sobre el origen de su fortuna, ha llegado el de las defensas. La abogada del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), María Massó, ha tomado la palabra para pedir la libre absolución de su defendido y ha afirmado que la causa que ha llevado a Rato al banquillo por tercera vez es “un castillo de naipes”. 

“La acusación se ha elevado sobre imputaciones de renta inciertas, sobre un alzamiento de bienes inventado, se ha construido sobre el análisis exhaustivo de toda la documentación incautada… pero los castillos de naipes caen fácilmente y veremos cuántos soplidos aguante este”, ha sostenido la abogada, que ha criticado que las defensas hayan tenido que “demostrar” su inocencia. “Se sostienen tesis, teoría e hipótesis criminales más propias de quien redacta una denuncia que de quien tiene que acreditar una conducta culpable. Se miran los hechos por parte de las acusaciones de una forma sesgada para mantener tesis irrazonables. Tesis arbitrarias”, ha añadido.

Así, la abogada ha hablado de varios “soplidos” que, a su juicio, desmontarían las tesis acusatorias. El primero es el relativo a la residencia. Las acusaciones sostienen que él era residente en España cuando era gerente del FMI. La cuestión es relevante porque la Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio. Habría defraudado casi 2,5 millones de euros, según los cálculos del Ministerio Público. 

Pero, según Massó, Rato no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo defraudación tributaria alguna. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear y, por tanto, no hay conexidad”, ha apostillado. Y ha añadido que, de esta forma, decaería lo que ha definido como “monstruosa acusación” de 11 delitos fiscales, puesto que habría que acogerse de nuevo a los plazos de prescripción de cinco años“.

La fiscal Elena Lorente, sin embargo, mantuvo este lunes que aunque residía en Washington su domicilio fiscal estaba en España. “El señor Rato no podía ni tuvo la residencia fiscal americana. Lo que se está aquí pretendiendo es que era un apátrida fiscal, que es el último recurso. Yo entiendo que hay que defender al señor Rato, pero es una defensa que, a mi juicio, roza la absurdez”, dijo la fiscal, que en otro momento de su intervención había tirado de cierta sorna para afirmar que se le tenía que situar “en mitad del océano desde el punto de vista fiscal”. 

Otro “soplido” de ese castillo de naipes, siempre según la defensa del exbanquero, sería la la amnistía fiscal a la que se acogió Rato en 2012 y que, a su juicio, “borra el delito”. El Ministerio Público, sin embargo, sostiene que fue un “afloramiento controlado” de su patrimonio porque “necesitaba” traer dinero a España y “llevarlo limpio” a Alemania para sus inversiones en ese país. No obstante, insistió en que declaró “una parte muy pequeña de su patrimonio” y sólo tuvo que pagar a Hacienda 11.000 euros. 

La fiscal anticorrupción Elena Lorente, encargada de impulsar la causa sobre el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato, ha expuesto este lunes su informe final ante el tribunal que juzga desde el pasado diciembre al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). En una contundente exposición, la representante del Ministerio Público ha acusado a Rato de haber querido “controlar” la investigación y le ha afeado que se presentara ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

El hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español se enfrenta a más de 70 años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Es la tercera vez que se sienta en el banquillo en menos de una década: ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

La actividad delictiva por la que se le juzga ahora se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. 

La fiscal Lorente no tuvo el pasado abril la posibilidad de interrogar al exministro, ya que éste se negó a responder sus preguntas. Es más, durante el interrogatorio de su abogada —que este lunes Lorente definió de “conversación”— acusó a la fiscal de promover una “ficción impresentable”, de haber utilizado “prácticas inquisitoriales” y cargó contra el resto de investigadores. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos”, fueron los descalificativos con los que se dirigió a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado que ejerce la acusación. 

Lorente pudo tomar finalmente la palabra este lunes. Y lo hizo cargando duramente contra el exministro. Así, afirmó que había tratado de trasladar a este procedimiento la “capacidad de control” que ejerció en su “vida anterior” por sus relevantes cargos profesionales. “Ha tratado de actuar como una suerte de instructor en el procedimiento”, ha afirmado la fiscal, que ha dicho también que su defensa ha usado “trampantojos, trampas y oscuridades” para tratar de ocultar realidades y manipular el caso en su favor.

Delitos fiscales  

Durante su intervención del pasado abril, Rato mostró su lado más chulesco cuando cargó contra el abogado del Estado y los funcionarios de la Agencia Tributaria que sostienen que él era residente en España cuando era gerente del FMI. La cuestión es relevante porque la Fiscalía le atribuye sendos delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio. Según Anticorrupción, Rato habría defraudado 346.853,29 euros en 2005, 948.148,40 euros en 2006 y 1.144.323,70 en 2007. En total, casi 2,5 millones de euros en durante sus años como director gerente de ese organismo. 

Ante el tribunal, Rato alegó que su residencia estaba fuera y que presentó esas declaraciones por error. Con el objetivo de probarlo, relató que había aportado a la causa recibos y notas de los colegios de sus hijos, así como el documento que refleja que se dio de baja del padrón en Madrid. Ante el tribunal, Rato afirmó que la acusación de que no vivía en Washington “o es una falsedad o una tontería” y llegó a decir que “es increíble que funcionarios públicos españoles” pudieran sostener que era residente en España en esa época. “Tenía escolta, yo no me movía alegremente. Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente”, dijo ante el tribunal. 

La tesis de las acusaciones es que aunque residía en Washington su domicilio fiscal estaba en España. Y así lo expuso de nuevo la fiscal este lunes, que respondió a los exabruptos del exbanquero. “El señor Rato no podía ni tuvo la residencia fiscal americana. Lo que se está aquí pretendiendo es que era un apátrida fiscal, que es el último recurso. Yo entiendo que hay que defender al señor Rato, pero es una defensa que, a mi juicio, roza la absurdez”, ha dicho la fiscal, que en otro momento de su intervención había tirado de cierta sorna para afirmar que se le tenía que situar “en mitad del océano desde el punto de vista fiscal”.

En otro momento de su informe, la fiscal también se ha referido a la amnistía fiscal que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy y a la que se acogió Rato para para tratar de regularizar bienes y rentas que habían escapado del control de Hacienda. Ese movimiento acabó dando lugar a la investigación sobre su patrimonio objeto de este juicio por las incongruencias detectadas en las rentas afloradas.

Según la fiscal, fue un “afloramiento controlado” de su patrimonio porque “necesitaba” traer dinero a España y “llevarlo limpio” a Alemania para sus inversiones en ese país. No obstante, ha insistido en que declaró “una parte muy pequeña de su patrimonio” y sólo tuvo que pagar a Hacienda 11.000 euros.

“No di ninguna indicación a nadie, no estaba capacitado porque no soy experto en marketing ni publicidad”. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), Rodrigo Rato, ha negado este lunes en el juicio sobre el origen de su patrimonio haber maniobrado para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con millonarios contratos de publicidad de Bankia, la entidad que dirigió entre 2010 y 2012. 

Durante casi dos horas de interrogatorio, Rato ha tratado de confrontar la tesis de la Fiscalía, que sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, el exbanquero trató de “sacar provecho económico personal”. Anticorrupción afirma que a través de Kradonara, su sociedad patrimonial, el expolítico y exbanquero se habría embolsado una comisión de 835.025 euros por mediar para que esas dos agencias se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. 

Para ello, siempre según el relato de la Fiscalía, se “sirvió” de personas de su confianza como su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; el administrador de varias de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero; el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Todos ellos se sientan ahora en el banquillo junto otra decena de personas. 

En su tercera y última sesión de interrogatorio, Rato ha negado haber tenido participación en el proceso de elección de esas dos agencias y se ha desvinculado de todas las decisiones que se adoptaron en relación con la difusión de la marca Bankia, así como de los detalles de la campaña de publicidad que se puso en marcha durante la salida a bolsa. Según ha detallado, era el departamento de Comunicación el que se ocupó de todo el proceso: de seleccionar a las agencias y medios a escoger una marca. 

En este sentido, Rato ha asegurado que, aunque era uno de sus miembros, “nunca” asistió al llamado Comité de Medios, donde se adjudicaron esos contratos. “Me parecía que como presidente del Consejo de Administración tenía que mantener distancia con decisiones concretas (...). Recibía información suficiente cuando las cosas pasaban al Consejo de Administración. Y a mi me permitía no involucrarme en decisiones concretas”, ha afirmado a preguntas de su abogada. El pasado miércoles 10 de abril, en el primer día de interrogatorio, ya anunció que no respondería a las preguntas de las acusaciones. 

Rato carga contra la directiva que le señaló

Lo afirmado este lunes por Rato contrapone la versión de la que fuera directora de Comunicación de Bankia durante parte de su mandato al frente de la entidad, Pilar Trucios. En su declaración como testigo, esta directiva le atribuyó la decisión final sobre la contratación de las empresas encargadas de la publicidad de la salida a Bolsa.

Ante el tribunal, Rato ha relatado que aunque fue él quien contrató a Trucios, la relación se fue tensando porque ella no era una persona resolutiva, sino “más bien emocional, de mucha lágrima”. En un momento dado, la degradó poniéndola a las órdenes de Teresa Arellano, con quien él llevaba trabajando varias décadas. “Se tomó la decisión mucho peor de lo que yo esperaba, tuvimos tensiones, lágrimas. Pero yo no podía ni quería dar marcha atrás”, así que acabó despidiéndola.

Una decisión que, según Rato, “le supuso un gran favor porque le permitió cobrar una indemnización” de 1,2 millones de euros, según Efe. Y que, años después, ha utilizado para cargar contra ella en el juicio por el que se expone a una condena de más de 70 años por delitos de fraude fiscal, blanqueo y corrupción en los negocios. “Me pareció que era una salida financieramente muy generosa y lo que he comprobado es que mantiene herida abierta”, ha dicho sobre su antigua colaboradora. 

Casi la mitad, 13 de los 34 ministros que nombró José María Aznar en las dos legislaturas que presidió el Gobierno, están salpicados por la corrupción. Dos de ellos han llegado incluso a pisar la cárcel tras ser condenados. Esta misma semana Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana, figuras de las que el PP presumía, están siendo juzgados por graves delitos de corrupción y fraude fiscal. En paralelo, el responsable de su nombramiento se erige en autoridad moral y marca los pasos a seguir a un partido que no le cuestiona. 

Hablamos con Lucas Marco, periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, sobre los detalles del juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Eduardo Zaplana, ex presidente valenciano y ex ministro de Aznar. Con Elena Herrera, que cubre el juicio que se sigue en Madrid contra Rodrigo Rato, conocemos de qué se le acusa esta vez al que llamaban el artífice del milagro económico de España, y con Iñigo Aduriz analizamos cómo y por qué Aznar sigue marcando la estrategia a un PP que no consigue escapar de la sombra de la corrupción a pesar de los años.  

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Fueron dos de los hombres más poderosos del Partido Popular y del Estado a finales de los 90 y principios de la década del 2000, aunque 20 años después, tras pasar por prisión provisional e inmersos ambos en juicios por distintos casos de corrupción vinculados a esa época, nadie en el PP parece conocer a Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana. Ningún dirigente de la cúpula actual –ni cualquier otro cargo– ha hecho mención a ellos en los últimos días pese a que esta semana ambos han declarado desde el banquillo de los acusados. Ni siquiera han recibido el respaldo de José María Aznar, que fue quien les aupó y mantuvo como sus hombres de máxima confianza en el partido y el Gobierno.

Mientras sus antiguos colaboradores luchan con la Justicia, Aznar se ha profesionalizado como conferenciante internacional y se presenta como referente en los foros más ultraliberales de España y Latinoamérica. El aún presidente de la Fundación FAES se ha consolidado como representante del ala más derechista del PP. Y es habitual que siente cátedra en cada una de sus intervenciones públicas, hable de honestidad o ejemplaridad, lance mensajes alarmistas contra el Ejecutivo progresista con graves acusaciones al mismo estilo de Vox e intente orientar desde su posición la estrategia de la dirección de su partido, ahora en manos de Alberto Núñez Feijóo.

Aznar fue presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, ocho años en los que mantuvo como uno de los puntales de su Ejecutivo a Rodrigo Rato, vicepresidente y principal estratega de su política económica. Durante mucho tiempo, incluso cuando ya se conocieron los primeros indicios sobre sus actividades presuntamente ilícitas, en los círculos de la derecha se le consideró un gurú y el artífice del crecimiento económico que vivió España esos años, algo que desde esos mismos sectores llegaron a calificar como un “milagro”. En ese mismo periodo Eduardo Zaplana fue president de la Comunitat Valenciana (hasta 2002) y, después, ministro de Trabajo del Gobierno de Aznar y portavoz del mismo entre septiembre de 2003 y abril de 2004.

Mientras Aznar trata de dar lecciones en todos los foros a los que le invitan, los caminos de dos de sus principales colaboradores durante años, Rato y Zaplana, se han topado de bruces con el pasado. Ambos han sido procesados por casos de corrupción vinculados a sus etapas como servidores públicos, han pasado por la cárcel y sobre ellos pesan graves acusaciones.

El tercer juicio de Rato

Rato se enfrenta a más de 70 años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Es la tercera vez que se sienta en el banquillo en menos de una década: ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia. Ahora se le juzga por una actividad que se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y otros de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

Durante las sesiones del juicio celebradas esta semana el exvicepresidente rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”. También cargó contra los funcionarios que han investigado su ingente patrimonio. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos” fueron los descalificativos con los que se dirigió el miércoles a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado que ejerce la acusación en esta causa. 

Un día después, el jueves, Rato volvió a cargar contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusó de utilizar “prácticas inquisitoriales” y promover una “ficción impresentable”. Pero en los primeros momentos del interrogatorio de su abogada, María Massó, el exvicepresidente sí reconoció que se había “equivocado” al acogerse a la amnistía fiscal que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo hizo para tratar de regularizar bienes y rentas que habían escapado del control de Hacienda. Y fue precisamente ese movimiento el que acabó dando lugar a la investigación sobre su patrimonio objeto del juicio.

Anticorrupción sostiene que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. Además, la Fiscalía defiende que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos.

Todo en contra de Zaplana

En cuanto a Zaplana, el expresident valenciano se sienta desde finales de marzo en el banquillo de los acusados tras dos aplazamientos del juicio –por la enfermedad de su abogado– por el llamado 'caso Erial'. En base a las investigaciones policiales, Anticorrupción le sitúa al frente de una trama que se dedicaba al cobro de comisiones por las concesiones de licencias de ITV y de parques eólicos durante su etapa en la Generalitat valenciana. El Ministerio Público pide para él 19 años de prisión y una multa de 40 millones de euros por blanqueo, cohecho, pertenencia a organización criminal, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil. Las presuntas comisiones de la trama ascienden a 20,6 millones de euros.

El martes fue la primera sesión de su declaración. En ella, Zaplana negó toda implicación en la trama apuntado al blanqueador de la trama, el abogado uruguayo Fernando Belhot. “Es una persona muy conocida en Madrid que hasta donde yo sé se dedicaba a los negocios”, dijo el también exministro de Aznar. Zaplana reconoció una “relación amplia” con el blanqueador, uno de los principales testigos de la causa que entregó al juzgado de instrucción casi siete millones de euros adjudicados al expresidente de la Generalitat Valenciana. Pero este último se limitó a asegurar que Belhot le propuso “alguna operación económica” que “nunca ha fructificado”.

El exministro también negó que conociera a Marcos Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero' que fue precisamente a quien se le intervino la documentación que permitió tirar del hilo del 'caso Erial' y localizar en el extranjero un presunto botín de Zaplana. El fiscal, Pablo Ponce, le preguntó específicamente si había hablado con Benavent “recientemente” y Zaplana lo negó. Además, explicó que en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refieren a él como “jefe” como un apelativo común dada su trayectoria política como alcalde de Benidorm, primero, presidente de la Generalitat Valencia, después, y ministro. “Es un apelativo con el que, para mi desgracia, se dirige muchísima gente, incluso en la actualidad, y mire que mi situación es desgraciada”, dijo.

Pese a la declaración de inocencia de Zaplana, solo un día después de que pronunciara esas palabras, el miércoles, declaraba en el juicio el testaferro confeso de la trama, Joaquín Barceló, 'Pachano', que es amigo de la infancia del expresident. Pese a la relación, este acusó directamente a Zaplana y dijo que todo el dinero que las autoridades han encontrado en paraísos fiscales es del también exministro. Barceló explicó que el exdirigente del PP le pidió que hiciera de testaferro en empresas de Luxemburgo para custodiar un “dinero que no esperaba de una operación en la que prácticamente no había participado”. Se trataba, tal como descubrió más tarde, de dinero que provenía de la adjudicación de las ITV.

Varios de los acusados han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, una alianza letal en términos jurídicos para la defensa de Zaplana ya que puede propiciar su condena. 

Las lecciones de Aznar

Mientras Rato y Zaplana se enfrentan a graves acusaciones y declaran en los juzgados Aznar prosigue con su prolija actividad como conferenciante. En los últimos años –sobre todo tras su rehabilitación como estratega por parte de Pablo Casado cuando este llegó a la presidencia del PP, en 2018–, el expresidente se consolidado como uno de los referentes de la derecha más radical desde FAES y otras organizaciones ultraliberales. Sus palabras las tiene siempre muy en cuenta la dirección del PP, que recuerda que es el padre político de dirigentes con una importante influencia en Feijóo como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el jefe de Gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez, que llegó a ser el portavoz de uno de los gobiernos del expresidente 'popular'.

La pasada semana, Aznar trató de marcar el posicionamiento del PP en torno a la invasión de Gaza. “A los que se refieren a la creación de un Estado palestino, ¿a qué se refieren con un Estado palestino? Eso no existe. Eso es absurdo”, dijo, el día 4. Días después Feijóo sí se abrió al reconocimiento de Palestina aunque Génova no cree que el actual sea el momento adecuado pese a la masacre en Gaza por parte de Israel que ya ha provocado más de 30.000 fallecidos.

Obviando la situación procesal de quienes fueron sus más estrechos colaboradores, Aznar no tiene tapujos a la hora de hablar de honestidad o ejemplaridad en la política española. Hace apenas un mes afirmó que el actual es “el momento de mayor crisis en España desde el comienzo de la democracia”. “Nunca he conocido ningún gobierno que haya puesto su destino y futuro en las manos de quien quiere destruir este país, excepto este”, añadió. Se trata de una tesis repetida por la dirección del PP y también por Vox.

Pese a las graves acusaciones que pesan sobre Rodrigo Rato, su principal estratega económico, al que ascendió a ministro y vicepresidente, Aznar también sigue dando lecciones sobre economía. “Uno de los problemas de España es que solo tenemos un Botín y lo que necesitamos es por lo menos 15. No se está facilitando porque el país está a otras cosas”, dijo a finales de febrero. Es más, sin mencionarlo, defendió uno de los principales pilares de la gestión de Rato: la privatización de empresas públicas que ya inició antes el socialista Felipe González. En opinión de Aznar, “el gran salto económico en España en términos de prosperidad se dio con la liberalización y la desregulación” y “ahí es donde España tiene que estar”.

Hay quien utiliza la soberbia para compensar una inseguridad y hay quien la exhibe porque realmente se cree perfecto. Rodrigo, el hombre que descendió sin apenas tránsito del cielo a los infiernos y pasó de banquero con sueldo multimillonario  a presidiario, es más bien de los segundos. Ha vuelto a dar buena muestra de ello. Y lo ha hecho esta vez delante de un tribunal que le juzga por el supuesto origen ilícito de su fortuna.

Ni los golpes de la vida ni el tiempo que pasó en prisión tras ser condenado a cuatro años y medio por el uso indebido de las célebres tarjetas black le han regalado un gramo de humildad. Tan sólo una vez, a las puertas de Soto del Real y quizá por recomendación de su defensa, mostró un atisbo de arrepentimiento: “Acepto mis obligaciones con la sociedad y asumo los errores que haya cometido. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas”. Nunca más. 

Quien soñó hace años con ser presidente del Gobierno, siempre se creyó una víctima y, por ejemplo, en su defensa por la quiebra de Bankia cargó por igual contra populares y socialistas. Contra Zapatero, contra Solbes, contra Elena Salgado, contra su sucesor al frente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, contra Luis de Guindos, contra Cristóbal Montoro… Rato siempre contra el mundo y por encima del bien y del mal.

Ha vuelto a hacerlo ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde se le juzga por un supuesto fraude de 8,5 millones de euros. Con tono y expresiones de todo punto improcedentes además de intolerables ante un tribunal, estalló contra la Fiscalía Anticorrupción, contra los investigadores, contra la Agencia Tributaria y contra la Abogacía del Estado llegando incluso a apuntar sobre una fiscal con ese dedo índice que habitualmente se levanta con ansia de echar las culpas sobre alguien. 

La representante del Ministerio Público le afeó el gesto y le pidió el debido respeto, a lo que Rato respondió siempre desafiante y chulesco: “El respeto se gana”. En efecto, la consideración se gana y es justo la que la sociedad, pero también su propio partido, le retiró hace años a quien nunca mostró tenerla por nadie más que no fuera su ego descomunal. 

El destino –o sus malas prácticas– ha querido que en la misma semana hayan vuelto a las primeras páginas de los diarios los rostros de dos ex dirigentes de la era Aznar por sentarse en el banquillo de los acusados. Rato, por once delitos contra la Hacienda Pública por los que se le pide hasta 70 años de cárcel. Y el ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, por prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo en la trama para el cobro de comisiones ilegales del llamado caso Erial. 

Y si el primero ha hecho gala una vez más de su habitual engreimiento, el segundo ha sido recriminado por una ciudadana al saltarse la cola de entrada a los juzgados de la Audiencia Provincial de Valencia. “¡Haz la cola! ¡Haz la cola, que estoy desde temprano! Detrás de mí. Descarado”, le espetó la ciudadana mientras un agente concedía al ex ministro la prioridad de acceder al edificio.

Ambos son una dosis de recuerdo de la  corrupción que acumuló el PP en los años de Aznar y el engreimiento con los que se movían en la esfera pública, pero también un aviso a navegantes para quienes, como Ayuso, hoy actúan con similares formas al creerse impunes y tener una elevada autoestima. Creerse más listo, más astuto, más hábil o contar con más apoyo electoral acaba siempre pervirtiendo su percepción de la realidad. Dicho de otro modo: engañándose a sí mismo y sin ver lo obvio.

Más alto que llegó Rato no llegará jamás Ayuso y ahí está, sentado en el banquillo y repudiado por su propio partido. Que tome nota.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar opiniones como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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Y, el segundo día, volvió a defenderse al ataque. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), Rodrigo Rato, afrontó este jueves la segunda parte del interrogatorio en el juicio sobre el presunto origen ilícito de su fortuna que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. En una línea similar a la mantenida este miércoles, el expolítico y exbanquero negó las irregularidades y volvió a cargar contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusó de utilizar “prácticas inquisitoriales” y promover una “ficción impresentable” en la causa en la que pide para él más de 70 años de cárcel. 

No obstante, en los primeros momentos del interrogatorio de su abogada, María Massó, el acusado reconoció que se había “equivocado” al acogerse a la amnistía fiscal que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy y a la que se acogió para para tratar de regularizar bienes y rentas que habían escapado del control de Hacienda. Ese movimiento acabó dando lugar a la investigación sobre su patrimonio objeto de este juicio por las incongruencias detectadas en las rentas afloradas. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

“¿Qué quería aflorar con la regularización?”, le preguntó su abogada. Rato explicó que había regresado a España en 2008 —tras ser director gerente del FMI— y que tenía tres sociedades en el extranjero (Red Rose Investment, Wescastle Corporation y Vivaway Limited). Aunque, afirmó, “no tenía una sensación de estar ocultando nada, más que la titularidad”, sí pensó que la regularización era “el camino más fácil” para aflorar esos fondos. “Me equivoqué”, reconoció ante el tribunal. Y trató de poner en valor que aunque en ese momento se exponía a una condena de “responsabilidad civil” en el pleito por la salida a Bolsa de Bankia —del que resultó absuelto— se acogió esa amnistía. “Podía tener una presión para salvaguardar mis bienes y no lo hice”, aseveró. 

El relato de la Fiscalía es radicalmente distinto. Anticorrupción sostiene que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. De hecho, el Ministerio Público afirma que declaró únicamente ser propietario de la empresa Red Rose Finantial, pero “omitió cualquier referencia a otras sociedades” y declaró un patrimonio en el exterior de sólo 115.334 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Además, la Fiscalía defiende que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Entre ellos, el llamado “crédito lombardo”, que son líneas de financiación flexibles “con la garantía de su abultada cartera de valores”, según el escrito del Ministerio Público. Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta compra, rehabilitación y puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. 

Frente a esta tesis, Rato negó todas las irregularidades y se presentó como víctima de las “prácticas inquisitoriales” de la Fiscalía. “La impunidad con la que se actúa es tremenda”, dijo el expolítico y exbanquero, que volvió a acusar a los investigadores de promover una “ficción impresentable” y de utilizar “lo que le viene bien para la teoría del tesoro oculto”. 

Sus críticas exasperaron a la fiscal, Elena Lorente, a la que Rato llegó a señalar con el dedo por, a su juicio, hacerle perder el tiempo. “Apuntar directamente a esta acusación… creo que se nos debe el debido respeto. Y lo reclamamos”, dijo la representante del Ministerio Público. “El respeto se gana. Y después de nueve años tengo el respeto por usted que tengo que tener. Vamos a poner a cada uno en su sitio”, espetó Rato. La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Acevedo cortó el rifirrafe afirmando que no iba a permitir a las partes que entraran en “ese tipo de discusiones”. “Si el acusado le falta al respeto yo me ocuparé, pero hasta ahora no lo ha hecho”, zanjó la jueza. 

Tras más de tres horas de interrogatorio, la defensa de Rato solicitó suspender la declaración y alegó que su defendido no se encontraba en condiciones para seguir. “La verdad es que estoy muy cansado”, dijo el acusado. Está previsto que siga respondiendo a las preguntas de su letrada y de las defensas de los demás acusados el próximo lunes.