La corrupción del PP lleva por primera vez a Aznar ante el tribunal de Gürtel con la obligación de decir la verdad como testigo

José María Aznar tendrá que dar por primera vez explicaciones ante un tribunal sobre la supuesta caja B del Partido Popular, formación que dirigió durante catorce años. El expresidente del Gobierno será citado como testigo –con obligación de decir verdad para no ser acusado de perjurio, por tanto– ante los magistrados de la Audiencia Nacional que juzgarán próximamente los llamados papeles de Bárcenas, en los que figuran donaciones de empresarios y pagos a altos cargos del PP. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha acordado su citación como testigo a instancias de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en este procedimiento.

También serán llamados como testigos el expresidente Mariano Rajoy y cuatro exsecretarios generales del PP: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal. Salvo esta última, todos comparecieron en el juicio de Gürtel de la primera época, ya sentenciado y que motivó la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno. Entre los citados están, asimismo, los exministros Rodrigo Rato, hoy en prisión, Federico Trillo, Jaume Matas, condenado ya en varias causas, y José María Michavila. Es decir, toda una generación de mandatarios del partido desfilarán ante el tribunal. Lo que se juzgará es el supuesto pago con dinero opaco de parte de las obras que el partido hizo entre 2005 y 2010 en su sede nacional de la calle Génova de Madrid. No obstante, lo que subyace detrás es todo un sistema de contabilidad paralelo supuestamente irregular que se habría mantenido durante dos décadas.

La experiencia de sentarse ante un tribunal será nueva para Aznar. El expresidente nunca fue llamado durante la fase de instrucción de esta causa a pesar de las peticiones de varias acusaciones para que fuera interrogado. Adade e IU solicitaron en 2013 su comparecencia para que aclarara si había autorizado parte de los pagos recogidos en la contabilidad opaca. Ante el juez, el exdiputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo aseguró que Aznar había dado el visto bueno a que Calixto Ayesa recibiera 23.439 euros como compensación por tener que cerrar su clínica dermatológica al ser nombrado consejero de Salud. El entonces instructor del caso, Pablo Ruz, calificó entonces de “irrelevante” e “innecesario” su testimonio para la investigación.

Aznar tampoco compareció ante el tribunal que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, donde sí declaró Rajoy. De hecho, la única vez que ha sido interrogado en público sobre la supuesta caja B de su partido fue en septiembre de 2018 ante la comisión de investigación de la financiación del Partido Popular en el Congreso. A preguntas de los grupos parlamentarios el expresidente aseguró que en el PP jamás se cobraron sueldos en B y que toda la corrupción de su partido se circunscribe a dos casos, en las localidades madrileñas de Pozuelo y Majadahonda.

En esa comparecencia, que fue bronca en casi todos sus episodios, Aznar sí dejó dos matices. El primero, que sus “responsabilidades políticas” le alejaban “completamente del conocimiento de las cuestiones económicas”. El segundo, que sí “ayudó” a personas que sufrían la lacra del terrorismo. Entre las anotaciones de Luis Bárcenas figuran pagos en negro a responsables del PP vasco amenazados por ETA.

En su escrito de acusación, Adade sostiene que los manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas recogen una anotación de 9.195,49 euros con la inscripción de “JM” como beneficiario que atribuye a José María Aznar. Además, los papeles del hombre que manejaba el dinero en Génova 13 incluyen al expresidente en el grupo de dirigentes que “percibieron como sobresueldos sumas superiores a las que percibían como diputados o senadores”. En este último caso, no obstante, se trata de cantidades que el partido abonaba a los miembros de su dirección en concepto de gastos de representación, que sí eran informadas a la hacienda pública. Por este concepto, Aznar habría recibido 684.958,09 euros entre 1990 y 1999, los tres últimos años cuando ya era presidente del Gobierno. Aznar también fue presidente del Consejo de Ministros que adjudicaba las grandes obras de las que supuestamente salían las mordidas que pagaban los contratistas.

La declaración de Rajoy

El desconocimiento de las cuestiones económicas fue uno de los argumentos que utilizó Rajoy en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio de la primera época de Gürtel en julio de 2017. Durante las más de dos horas que respondió a las partes, el entonces presidente del Gobierno y del PP declaró no conocer la existencia de sobresueldos y descargó toda responsabilidad sobre el extesorero Álvaro Lapuerta, que entonces tenía 89 años y sufría demencia senil. Falleció un año después.

Al igual que hizo Aznar en el Congreso, Rajoy descargó responsabilidades en la Comunidad de Madrid. En concreto, en la figura de Esperanza Aguirre, quien había sido un quebradero de cabeza para su liderazgo del PP durante años. Lo hizo al reconocer que Lapuerta le trasladó, en presencia de la entonces 'lideresa', que había sospechas de irregularidades en la gestión de los ayuntamientos de Arganda del Rey y Majadahonda. Salvo eso, Rajoy –al igual que hizo poco más de un año después Aznar en la comisión parlamentaria– negó la caja B y desplegó su tesis de que él rompió el nexo de la Gürtel con el PP.

Otros exmandatarios que declararon como testigos en el juicio como los ex secretarios generales Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos o el expresidente del Senado Pío García Escudero negaron la existencia de una contabilidad opaca e insistieron en la tesis de que sus obligaciones eran de estricto carácter político para eludir cualquier responsabilidad. Pero la credibilidad de esos testimonios fue puesta en cuestión por el propio tribunal y la Fiscalía. En la sentencia, los jueces argumentaron que los dirigentes no podían admitir que recibieron sobresueldos por las consecuencias que eso implicaría en términos de “reproche social” y porque, en consecuencia, “vendrían a admitir la existencia de una caja B en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido”.

Así, los jueces concluyeron que esos testimonios no eran lo “suficientemente verosímiles” para “rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido”. En la sentencia, el tribunal consideró probado que el PP había mantenido un sistema de financiación ilegal desde su fundación con pagos en dinero opaco de empresarios a cambio de contratos públicos. Lo que pasó después es de sobra conocido: la primera moción de censura de la democracia que salió adelante y el fin de la carrera política de Mariano Rajoy, que decidió volver a su trabajo como registrador de la propiedad tras ser desalojado del Palacio de la Moncloa. El PP está desde entonces en la oposición.