Geroa Bai, la coalición vasquista de que el PNV forma parte en Navarra junto con Socialverdes, el partido de la expresidenta Uxue Barkos, y los minoritarios Atarrabia Taldea, amaga con buscar “fórmulas de colaboración” con otras fuerzas de izquierdas en las elecciones generales del 29 de noviembre para tratar de lograr representación en las Cortes Generales.

En un comunicado, la coalición explica que en un contexto de “extrema polarización política” y con “el riesgo cierto de que la ultraderecha pueda llegar al Gobierno del Estado” son “necesarias posiciones generosas y efectivas por parte de las fuerzas políticas que comparten el objetivo de evitarlo”. Por ello, emplaza a sus socios en el Ejecutivo foral navarro, que son el PSN y Contigo/Zurekin, una coalición de Podemos, IU, Batzarre e independientes en su momento y que ahora se reconfigurará como Frente Amplio, a buscar una “fórmula de colaboración”. “No proponemos nada que no hayamos trabajado ya antes en Navarra, pero ahora lo hacemos buscando una mayor rotundidad en la apuesta”, apuntan desde Geroa Bai, que trasladará la propuesta a sus órganos de decisión próximamente.

Este movimiento contrasta claramente con la estrategia del PNV. A nivel nacional, Aitor Esteban había lanzado el mensaje de ir a las elecciones alejado de la política de bloques y con un mensaje propio. Es más, en el Alderdi Eguna de Vitoria, a finales de septiembre, dijo sobre la dicotomía entre Pedro Sánchez y la ultraderecha: “Van a querer despistarnos unos y otros con el mantra de que solo hay dos alternativas: la derecha echada al monte o Sánchez. Claro que sabemos lo que es la ultraderecha. Y no nos gusta. Más años de persecución que nosotros no tiene nadie. Pero que no os engañen: el futuro del Gobierno de Madrid no se vota ni se decide en Euskadi”.

De hecho, el PNV este miércoles ha anunciado ya a sus bases los candidatos por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con Maribel Vaquero como referencia. En el caso de Navarra, los nombres estaban ya listos a la espera de cerrar el acuerdo con sus socios locales en Geroa Bai, los Socialverdes de Uxue Barkos. En paralelo, el PNV había desechado con rotundidad también todas las ofertas de EH Bildu para ir en coalición a las generales por razones similares a las que ahora esgrime Geroa Bai. La primera, de hecho, la hizo en Pamplona el propio Arnaldo Otegi.

En Navarra, Geroa Bai fue séptima fuerza política en las generales de 2023, con la nacionalista María Solana como candidata. En el Senado sí tiene un escaño, pero por designación autonómica y no por elección directa. Sin embargo, Barkos, que es la senadora, se ha integrado precisamente en el grupo de Sumar y no en el del PNV, que ha tenido que recibir apoyo del PSOE para salvar su estructura propia y no ir al mixto. Hace apenas un mes, el PNV y Socialverdes renovaron para cuatro años su acuerdo para las forales y municipales. Este periódico reveló los detalles del acuerdo y en él nada apuntaba a la posibilidad de retocar la fórmula de Geroa Bai.

Pero ya existe un precedente. En 2015 y 2019 Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra concurrieron a las generales bajo la marca Cambio/Aldaketa.

Aunque su relación con el PNV en los últimos años se ha enfriado en alguna medida, Uxue Barkos volverá a ser la candidata en las elecciones forales de Navarra de la coalición Geroa Bai, la marca que une a los 'jeltzales' con lo que oficialmente se llama “Geroa Social Verdes en Europa”, el partido de Barkos, y el grupo minoritario Atarrabia Taldea. El efecto en las urnas de la expresidenta de 2015 a 2019, aunque la tendencia de esta opción vasquista es claramente a la baja, es perfectamente real. Un dato: en Pamplona, en 2023, Geroa Bai logró unos 7.000 votos en las municipales y, a la vez, el doble en las forales, 14.000. Ahí la papeleta estaba encabezada por Barkos.

El PNV ratificó el 11 de septiembre los nuevos términos de la coalición Geroa Bai al menos para otros cuatro años. La documentación interna a la que ha tenido acceso este periódico habla de la de Barkos como una candidatura “de consenso”. En círculos internos del partido de Aitor Esteban ha sorprendido también que, a la vez, se ratificara a ciegas la candidatura para el Ayuntamiento de Pamplona, de la que no se dan detalles —ni desde luego la identidad— aunque parece que recaerá de nuevo en los Socialverdes de Barkos y no en el PNV.

Tras la desaparición de Nafarroa Bai porque algunas de sus fuerzas, como EA o Aralar, pasaron a EH Bildu, fue el tirón de Barkos el que permitió darle continuidad con la forma de Geroa Bai. Ha sido solamente en los últimos años cuando el entorno de Barkos se ha articulado con un partido propio, llamado en la información oficial “Geroa Socialberdeak Europan”, en euskera, o “Geroa Social Verdes en Europa”, en castellano, cuyas siglas serían “Geroa SB/SV”.

El mayor hito fue el acceso a la Presidencia en 2015. Desde 2019, en cambio, muestra desgaste en las forales, a pesar del tirón de Barkos, y malos resultados en el resto de convocatorias. En la última cita con las urnas, las europeas de 2024, Geroa Bai quedó en séptima posición y a punto de ser sobrepasada también por la formación ultra de nuevo cuño SALF.

El preámbulo del acuerdo de coalición señala que los integrantes de Geroa Bai están “convencidos” de que el proyecto “ha adquirido carta de naturaleza en el panorama político de Navarra” y que es un “actor imprescindible”. Tras la salida de Barkos de la Presidencia, Geroa Bai se ha mantenido como socio del PSN de María Chivite en dos legislaturas, aunque el camino no ha estado exento de tensiones.

El nuevo documento guía de Geroa Bai asegura mantener “inalterables” los “signos de identidad” del proyecto, como la “sed de justicia”, la defensa del euskera, el “europeísmo” o la “obstinación” para defender que los navarros puedan “vivir dignamente” y “realizarse en armonía con la naturaleza”. Hablan de Navarra “como sujeto político libre y soberano”, que aspira a “profundizar en su autogobierno”.

Geroa Bai se rige por una Comisión Permanente de diez miembros, cuatro Socialverdes, cuatro del PNV y dos de Atarrabia Taldea. Entre otras funciones, es el órgano que analizar las posibles alianzas de Gobierno o estratégicas. Dispone de unas juventudes complementarias a EGI, llamadas Gazteok Bai. Los integrantes de todas las fuerzas de la coalición se llaman “geroabaikides” y la formación, en su ánimo de no perder implantación local, se articula en “herrigunes” de ámbito local o comarcal.

El acuerdo que hará a Barkos candidata da a su partido tres de los cuatro primeros puestos en la lista electoral. El PNV solamente dispondrá del segundo lugar. En el siguiente tramo, de los puestos cinco al ocho, el PNV tendría dos, Socialverdes otro y Atarrabia Taldea uno. Barkos logró 9 escaños (de 50) cuando logró gobernar en 2015, ahora es cuarta fuerza con 7 y algunas encuestas apuntan a una bajada hasta los 5 de cara a 2027.

El documento refrendado por el PNV indica, textualmente, que “para la conformación de la candidatura del Ayuntamiento de Iruña-Pamplona se seguirá el mismo criterio” de reparto por partidos. Eso sí, las fuentes consultadas inciden en que se ha aprobado sin saber quién será el candidato de consenso. El 2023 fue Koldo Martínez, también del grupo de Barkos, pero ya abandonó la institución mediada esta legislatura. Ahora mismo Geroa Bai tiene dos concejales, uno por cada socio principal.

El acuerdo menciona también que para los puestos de “primer nivel”, como la Presidencia del Parlamento navarro (desde 2019 en manos del PNV con Unai Hualde), los miembros del Gobierno (tres de Socialverdes y uno del PNV) y el posible escaño en el Senado a través de la Cámara foral (el puesto actual de Barkos) se actuará de forma coordinada y “equilibrada” entre los socios de Geroa Bai. Nada se menciona sobre la peculiar situación del Senado.

La expresidenta, efectivamente, fue enviada como senadora autonómica por toda coalición, también por el PNV, pero nunca se integró en el grupo de los nacionalistas y optó por agruparse con otras fuerzas de izquierdas, como Sumar. En paralelo, el PNV ha necesitado del apoyo de senadores del PSOE para poder disponer de estructura propia en la Cámara alta de las Cortes Generales. Ahora mismo, el vitoriano Adolfo Lander y el malacitano Rafael Granados, ambos socialistas, están adscritos al grupo del PNV, que está inmerso en una renovación de su portavocía con la salida por jubilación de su portavoz desde 2020, Estefanía Beltrán de Heredia, y la llegada de Beatriz Artolazabal, que se formalizará en los próximos días.

El acuerdo de coalición de Geroa Bai incorpora también un código ético para todos sus cargos. Incluye un compromiso de “información y transparencia frente a la opacidad habitual”, “actitud de servicio a la sociedad navarra”, “dedicación, intensidad y dignidad”, pero también “generosidad, altruismo y austeridad” en el cargo, orillar los “intereses personales”, prohibición del “cobros” más allá de los establecidos y de tener al tiempo “negocios” en conflicto de intereses y veto al uso de informaciones privilegiadas para cualquier tipo de fines.

Geroa Bai es el principal socio del PSN en la coalición de Gobierno que lidera María Chivite y en la que también está Contigo/Zurekin. Y como otra pata del Gobierno ha querido marcar distancias con sus socios en el debate del Estado de la Comunidad en el que se ha respirado ya un clima preelectoral.

Durante su intervención, Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, ha criticado la gestión “accidentada” de los socialistas en la obra de Belate, adjudicada por 76 millones a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe al 15% el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“No puede volver a ocurrir y mucho menos en momentos como este porque la falta de rigor en la gestión administrativa es caldo de cultivo para el avance de la ultraderecha”, ha aseverado Azcona.

También ha criticado la gestión del PSN en Educación por haberla convertido “en un instrumento de confrontación a base de decisiones cortoplacistas”. Geroa Bai y PSN chocaron hace unos meses por la renovación de los conciertos educativos. “Seguiremos defendiendo una educación pública fuerte y una política educativa capaz de dar respuesta a la realidad plural de Navarra”, ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai también ha aprovechado su intervención para criticar a la otra pata del Gobierno, a la coalición Contigo/Zurekin, que lidera la consejería de Vivienda. Ha dicho que el sorteo de las 87 viviendas protegidas de alquiler ha sido un ejercicio de “administrar escasez” porque había 4.995 personas pendientes del sorteo.

Con todo, ha emplazado a Chivite a “no conformarse” con “administrar lo conseguido” y “preparar” a la comunidad foral “para los próximos diez años” con “firmeza, valentía y ambición”.

Geroa Bai apuesta por la continuidad y rescata a la expresidenta navarra Uxue Barkos para volver a liderar la lista de la coalición de Socialverdes y PNV en las próximas elecciones forales del 2027. Barkos, que ya fue canidata tras ser presidenta en 2019 y 2023 dejó el Parlamento navarro al comienzo de la presente legislatura para trasladarse a Madrid como senadora autonómica. Ese fue uno de los requisitos de la coalición en su pacto con el PSN para la investidura de Chivite.

Se da la circunstancia de que en el Senado Uxue Barkos forma parte del grupo de la izquierda confederal, con Sumar o Más Madrid, entre otros y no en el del PNV, uno de los socios de la coalición del PNV. De hecho, los nacionalistas vascos necesitaron que el PSOE les cediese dos senadores para poder conformar un grupo propio.

En el Parlamento de Navarra se quedó como portavoz de Geroa Bai el exalcalde de Lodosa Pablo Azcona, quien además fue elegido secretario general de Socialverdes, el partido que fundó Barkos en 2020. Finalmente, la coalición ha designado a Barkos como la cabeza de lista a los comicios.

“Afrontamos el próximo ciclo electoral con el firme compromiso de seguir ofreciendo a la sociedad navarra un proyecto progresista, plural y comprometido con el futuro de Navarra, desde la defensa de sus instituciones y de su capacidad para decidir sobre sus propias políticas”, ha expuesto Geroa Bai en un comunicado en el que aseguran que Barkos es “la mejor persona para liderar Navarra ante los retos y desafíos que la comunidad foral deberá afrontar en los próximos años, tanto en el ámbito social y económico como en la transformación de los servicios públicos o la transición energética y el desarrollo territorial”.

Geroa Bai considera que “este momento exige no dar ni un paso atrás ni permitir retrocesos en los avances que Navarra ha conseguido en los últimos años”. “Todo lo construido en materia de derechos, servicios públicos, igualdad, convivencia, desarrollo económico y autogobierno es fruto de mucho esfuerzo y de amplios acuerdos sociales y políticos, y es mucho lo que está en juego”, ha indicado.

Así, la coalición entiende que “Navarra necesita el liderazgo de Uxue Barkos no solo para preservar lo que hemos conseguido, sino para dar un nuevo impulso a Navarra y construir sobre lo avanzado una comunidad todavía más justa, próspera, cohesionada y plural”.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a la instalación de nuevas plantas de biometano en la comunidad foral. La medida, que ha contado con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, la abstención del PSN y del PP y el voto en contra de Vox, prorroga la moratoria de un año aprobada el año pasado y que provocó una división entre los socios del Gobierno de Chivite. Durante el periodo que dure la moratoria, el Gobierno de Navarra trabajará en una normativa que regule la instalación de estás plantas.

La ley aprobada este jueves recoge que desde el 14 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2028 no se admitirán a trámite por parte de ninguna administración pública competente nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a la planta.

Por su parte, los expedientes de autorización de plantas de biometanización que se encuentran suspendidos cautelarmente desde el 15 de julio de 2026 se mantendrán suspendidos bajo las mismas condiciones que motivaron dicha resolución. Por tanto, la medida aprobada afectará a las plantas que proyectadas en Arróniz y Sesma y que provocaron movilizaciones vecinales en contra.

Quedan excluidas de la presente moratoria las plantas de biometanización anaeróbica de autogestión, cuya capacidad de gestión sea inferior a 25.000 toneladas anuales; y las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que responden a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas.

Las plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas y que a 15 de julio de 2026 se encuentren en fase de autorización serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. El PSN había presentado una enmienda que suprimía este punto, pero no ha sido aprobada.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha indicado este lunes que lo que trasladó Geroa Bai a la opinión pública tras el encuentro que mantuvieron este lunes los socios de Gobierno sobre la situación de la obra del túnel de Belate y el pago del sobrecoste de 8,3 millones “nada tiene que ver con lo que trasladó en el interno de la reunión”. “De ahí mi sorpresa”, ha manifestado la presidenta.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes, Chivite ha añadido que en el encuentro de este lunes se emplazaron “a seguir hablando, a que el consejero diera más detalles” y a que “sigan estando informados como lo han venido estando desde el minuto uno de todos los pasos que se vayan a dar”. “Seguiremos hablando”, ha insistido.

Geroa Bai trasladó tras la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, que salían más preocupados de lo que habían entrado y que todas las salidas, tras los informes de la Intervención y de la asesoría jurídica sobre el modificado de la obra, son preocupantes. “No es lo que traslado en el interno de la reunión”, ha reiterado la presidenta, quien ha barajado que “quizás comenzamos en periodo preelectoral, entiendo esos posicionamientos en ese marco, pero no es lo que se trasladó en la reunión, donde se dijo que se van a trabajar soluciones”.

“Todavía no hay nada cerrado, estamos en conversaciones con la UTE, también con la asesoría jurídica del Gobierno porque todos los pasos que vayamos a dar tienen que venir perfectamente avalados desde un punto de vista legal y todavía no hay nada cerrado encima de la mesa”, ha sentenciado, para recordar que este miércoles darán “todos los detalles” en la comparecencia programada en el Parlamento. Y preguntada por qué tipo de soluciones se están planteando, Chivite ha señalado que “mañana contaremos”.

Sobre si cree que pudiera estar condicionando la proximidad de las elecciones, María Chivite ha indicado que “también estamos viendo cómo el PNV en el País Vasco va despegándose un poco del Partido Socialista”. Y ha repetido que lo expuesto por Geroa Bai “no es lo que se trasladó en el interno de la reunión, me sorprendieron las declaraciones, sí”.

“Hemos venido hablando con ellos, con todos los grupos, han sabido cada paso que se ha dado, cada informe que ha habido y vamos a seguir trabajando de la misma manera, con transparencia y aportando toda la información porque nos emplazamos a una reunión quizás más detallada, con cronogramas, con escenarios, conforme se vayan cerrando escenarios porque todavía está abierto”, ha añadido.

La presidenta ha manifestado que “el Gobierno de Navarra no va a pagar ni euro que no venga con el correspondiente respaldo de nuestra asesoría jurídica, por tanto no se va a pagar”. “Se abren otros escenarios, que iremos viendo cómo los afrontamos”, ha dicho, para asegurar que “la voluntad política es que la obra continúe”. “Es un reto que cogimos desde el inicio de la legislatura pasada, recuerdo que tenemos también a la Comisión Europea vigilando esta infraestructura porque se lleva incumpliendo una directiva europea desde el año 2004 porque gobiernos anteriores no hicieron”, ha afirmado.

Sobre si la UTE también muestra esa misma voluntad, Chivite ha indicado que “estamos en conversaciones, es pronto para decir; estamos hablando con la UTE”.

El PSN va a plantear a sus socios de gobierno en Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, y a EH Bildu, socio presupuestario, una nueva deflactación del IRPF para el año 2027 con la que pretenden paliar el efecto de la subida de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Los socialistas llevarán la propuesta a la negociación de las medidas fiscales del próximo ejercicio, que se desarrollará en paralelo a la de los presupuestos.

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha señalado que se trata de una medida justificada en el incremento de los precios. “Si todo cuesta más, y si el sueldo de un trabajador sube solo para compensarlo, no queremos que esa subida haga que se acabe pagando más impuestos, porque no es para nada justo”, ha indicado. Unzu ha afirmado que el objetivo del PSN es “poner en marcha todos los años medidas que protegen a la ciudadanía, en este caso, del incremento de los precios”.

La portavoz socialista ha realizado este planteamiento después de que el pasado viernes el Gobierno de Navarra anunciara el techo de gasto para el año 2027, que aumenta un 8,4% respecto al ejercicio anterior. Unzu ha destacado que se “sigue avanzando para tener unos buenos Presupuestos, ambiciosos, con proyectos que están mirando a años vista”.

El portavoz de Geroa Bai, el principal socio del PSN en el Gobierno, Pablo Azcona, ha emplazado a los socialistas a retomar la negociación fiscal “cuanto antes” para poder negociar esa y otras medidas que vayan a afectar a los ingresos de las arcas forales. Tanto él, como el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, han valorado positivamente el aumento del techo de gasto.

En la misma línea se ha manifestado EH Bildu. Su portavoz, Mikel Zabaleta, ha afirmado que “ahora este mayor margen presupuestario debe servir para responder a los retos y las necesidades de la sociedad navarra, avanzar en la protección y el fortalecimiento de los servicios públicos, y garantizar los derechos de la ciudadanía”. “Estamos a la espera de conocer el reparto por departamentos, que se conocerá hoy mismo, así como la traslación de esas cifras generales a partidas concretas en el anteproyecto de la ley foral de Presupuestos”, ha indicado.

Sobre fiscalidad ha apuntado que para poder tener un sistema público “sólido” que “aproxime” a Navarra “a los países socialmente más avanzados de Europa”, hay que “aprovechar las competencias en materia fiscal”. “Es por ello por lo que también esperamos poder alcanzar un acuerdo en la mesa de fiscalidad, porque la fiscalidad debe ser una herramienta al servicio de la mayoría social y servir para afrontar los principales retos que tiene esta sociedad, como el acceso a la vivienda, la redistribución de la riqueza y la emergencia climática”, ha señalado.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de Navarra, han abierto una nueva brecha entre los socios del Gobierno de Chivite tras el último revés jurídico sobre el abono del sobrecoste de 8,3 millones de euros que acumulan los trabajos. Los servicios jurídicos del Gobierno navarro han rechazado el pago de ese sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. Se trata del mismo sobrecoste que ya generó una crisis entre los socios en noviembre del año pasado después de que la Intervención General tumbase el modificado del contrato al considerar que carecía de justificación.

Geroa Bai y Contigo/Zurekin, socios del PSN en el Ejecutivo foral, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su malestar por el futuro incierto de las obras y han reclamado a la presidenta Chivite más explicaciones sobre el pago del sobrecoste.

“Lo que está ocurriendo no puede abordarse ya como una cuestión meramente técnica o administrativa”, ha explicado Geroa Bai en una nota de prensa. “La dimensión que ha adquirido el expediente exige una respuesta política al más alto nivel, que permita determinar con claridad qué ha ocurrido, qué consecuencias puede tener la situación actual y, sobre todo, qué medidas va a adoptar a partir de ahora”, ha añadido la coalición de Socialverdes y el PNV.

“Especialmente incomprensible resulta que los socios de gobierno del PSN no hayamos tenido ocasión de conocer este informe hasta momentos antes de hacerse pública la existencia del mismo y las graves consecuencias ahora detalladas. Esta actitud del PSN colisiona frontalmente con la transparencia y lealtad debidas entre socios de Gobierno”, ha reprochado. En ese sentido, Geroa Bai ha recordado que viene reclamando “desde el momento en que tuvo conocimiento de los sobrecostes” que cualquier actuación relacionada con las obras “debía llevarse a cabo con el máximo rigor y con todas las garantías jurídicas y procedimentales, además de con la máxima diligencia política, precisamente por la importancia y trascendencia de esta infraestructura para Navarra”.

Desde Contigo/Zurekin, coalición de Podemos, IU y Batzarre, han considerado “inaceptable la posibilidad de que la ciudadanía pueda acabar sufriendo las consecuencias de la chapuza administrativa del modificado planteado para la obra”, ha expuesto. Ha advertido además de que no aceptarán “ninguna solución que le cueste a la ciudadanía un solo euro más del imprescindible para la obra”. “Los responsables de esta situación son quienes deben poner las soluciones, y éstas deben pasar por garantizar la continuidad de la obra al coste derivado de las necesidades constructivas y de nada más”, ha opinado.

Por último, EH Bildu, socio externo del Gobierno de Chivite, ha reconocido su “preocupación” por el informe de los servicios jurídicos a raíz del sobrecoste, si bien no ha querido hacer más valoraciones hasta no tener más explicaciones de Chivite, a quien han solicitado una reunión. “Consideramos que le corresponde al propio Gobierno de Navarra determinar y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas de haber llegado a esta situación”, han expuesto en un comunicado.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

El Parlamento de Navarra ha cerrado este jueves el curso político con un pleno muy centrado en materia de vivienda. Los socios del Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai y Contigo7Zurekin) y EH Bildu han impulsado dos leyes con las que se busca reforzar la protección de los inquilinos: por un lado, ha salido adelante una norma que vuelve permanente la calificación de las VPO de alquiler y, por otro, se ha aprobado la regulación del alquiler de habitaciones y del alquiler de temporada.

Así, el Parlamento navarro ha dado luz verde a una ley que elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva. La norma alcanza a 2.248 viviendas que perderían su protección.

Esta previsión se completa con la extensión de la aplicación del régimen de protección indefinida a todas las VPO en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley, con independencia de cuándo hubieran sido calificadas.

La modificación aprobada incluye una enmienda de adición presentada por Geroa Bai en relación con los derechos de tanteo y retracto. Se ha agregado un nuevo párrafo dirigido a reservar a las Administraciones Públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos), descalificadas, situadas en zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y propiedad de una persona gran tenedora (cinco o más viviendas en dichas zonas), con el fin de destinarlas al alquiler social u otros fines de interés público. Esta prioridad se restringe a los diez años siguientes a la fecha en que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se precisa, abarca “la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos”.

“Días como hoy hacen que la política merezca la pena”, ha celebrado el parlamentario Kevin Lucero, del PSN, uno de los partidos impulsores de la ley. “La calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo”, ha añadido el portavoz de Contigo/Zurekin, Daniel López.

Con todo, los grupos proponentes ya han anticipado que habrá “una batalla judicial” por la aprobación de esta ley, “porque detrás de la descalificación de las viviendas hay enormes intereses económicos”, ha apuntado Mikel Zabaleta, de EH Bildu. “La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos”, ha apostillado.

Navarra, pionera en regular el alquiler de habitaciones

Por otro lado, la comunidad foral se ha convertido en la primera en la que el alquiler de habitaciones va a estar regulado con la aprobación de una norma que también afecta al alquiler de temporada. Se pretende con esta ley evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Así, los contratos de alquiler de habitaciones para vivienda habitual deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales ligados a vivienda habitual deberán estar vinculados a “causas reales” -como motivos laborales, formativos o asistenciales-. Estos no podrán superar el año de duración y, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.

La segunda modalidad se corresponde con el arrendamiento de habitación de temporada, destinado a “satisfacer necesidades puntuales o transitorias de alojamiento no equivalente a vivienda habitual”, y comprende usos vacacionales, turísticos, lúdicos o recreativos. En cuanto a la modalidad de hospedaje, el contrato puede alcanzar a la vivienda entera o a una sola estancia y debe incluir la prestación de unos servicios mínimos (al menos limpieza y suministros), entre otras cuestiones.

En las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de la parte de Geroa Bai, como el “primer” vínculo de la actividad conjunta del trío llamado Hirurok que conformaban el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y la socialista vizcaína Leire Díez. Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en operaciones como el rescate de Tubos Reunidos u otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

Según un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, Hirurok empezó a operar en 2021. Y los agentes de la Guardia Civil sitúan a Aierdi, entonces consejero de Vivienda y también vicepresidente segundo en el primer Gobierno de la socialista María Chivite pero propuesto por Geroa Bai (en concreto, por la rama de los Socialverdes y no por el PNV), como “el primer elemento” que relaciona a los tres de manera conjunta. Lo hace tras localizar un mensaje de WhatsApp que Alonso le envió a Aierdi el 10 de febrero de 2021 con los teléfonos de Fernández Guerrero y Díez. Según la UCO, Alonso escribe este mensaje al consejero “en el contexto de una reunión que ese mismo día podría haber tenido lugar entre ellos”.

Fuentes del Gobierno navarro niegan que Aierdi se reuniese con los miembros del grupo Hirurok y aseguran que el consejero no recuerda haber recibido esos contactos por parte de Alonso. En la documentación que el Ejecutivo de Chivite envió hace unos meses a UPN, el partido que lidera de la oposición en la comunidad foral, sobre las reuniones de Alonso con miembros del Gobierno, entre ellos Aierdi, no se detalla este encuentro al que hace referencia la UCO.

Se da la circunstancia de que fue el propio Aierdi quien, a finales de 2019, informó al Parlamento navarro de que quería firmar un convenio para la promoción de viviendas con la mercantil de Alonso Servinabar 2000, en la que aparentemente el socialista Santos Cerdán tenía una participación del 45%. “Se están realizando gestiones para formalizar un convenio con la empresa Servinabar 2000. El formato sería similar al de la fundación bancaria Caja Navarra y se construirían 40 VPO en alquiler sobre una parcela de Nasuvinsa en Ardoi. Actualmente, se está realizando el estudio de viabilidad”, explicaba en la Cámara Aierdi. En el caso de Caja Navarra que se toma como referencia, la Administración le cedía suelo y la entidad privada asumía las obras y “al término de los 30 años” de concesión “el suelo y el edificio revertían a Nasuvinsa”.

Es un movimiento muy relevante, porque es de los pocos negocios en que Servinabar 2000 ha operado en solitario y no con Acciona, por ejemplo. Además, en aquel momento, Servinabar 2000 tenía como objeto social la “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones; y otras”, nada relacionado con la promoción inmobiliaria.

Aierdi, al conocerse el informe de la UCO de junio del 2025 que vinculaba a Cerdán con Servinabar 2000 tras haber encontrado en el domicilio de Alonso un documento privado por el que adquirió el 45% de las participaciones de la mercantil, aseguró que no recordaba haber querido impulsar ese convenio de colaboración pero, posteriormente, en su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, sí que lo reconoció. Pero señaló que no se llegó a concretar.

En esa misma comparecencia Aierdi desveló que su primera reunión con Alonso tuvo lugar en 2018 cuando él era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa. Servinabar 2000 ha obtenido contratos en Navarra de esta sociedad para construcción de vivienda protegida, aunque de la mano de Acciona. Según explicó Aierdi, su primer encuentro se debió a que Alonso tenía interés en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga. Ya como consejero, en 2023, tuvo otros tres encuentros con el empresario vasco, dos sobre Mina Muga y otro sobre Forestalia.

Nueve meses y 43 comparecencias después, la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha echado el cierre este miércoles con una última sesión en la que se ha votado un dictamen consensuado entre los socios de Gobierno PSN, Geroa Bai y el socio presupuestario EH Bildu, y en el que la tercera pata del Ejecutivo navarro, Contigo/Zurekin, se ha abstenido. En él se recogen cuatro conclusiones en las que se descarta la existencia de corrupción y de injerencia en la adjudicación de obra pública en la comunidad foral durante las tres últimas legislaturas.

Así, según el dictamen, que será aprobado en el pleno del próximo 18 de junio, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

Enmarca a su vez estas conclusiones en un escenario en el que se han encontrado con “limitaciones” como el hecho de que haya coincidido en el tiempo con el proceso penal, lo que ha impedido a los grupos acceder por ejemplo a los informes de la UCO y el resto de documentación recogida en el sumario. Que el proceso judicial estuviera abierto también ha provocado que varios de los comparecientes, entre ellos Santos Cerdán, Koldo García o Antxon Alonso se hayan acogido a su derecho a no declarar. En el caso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, directamente se ha negado a acudir a la citación, lo que le ha llevado a ser denunciado por la Fiscalía por un delito de desobediencia.

No obstante, se constata la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate, el más cuantioso de los siete adjudicados por la Administración foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 (76 millones de euros). Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

Así, los socios del Gobierno de Chivite y EH Bildu han afeado a la oposición de UPN, PP y Vox que en sus conclusiones dieran por buenas “teorías” y “conjeturas” para demostrar la existencia de corrupción. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hablado de “corrupción por analogías” para referirse a los argumentos que ha dado UPN en relación con Santos Cerdán para asegurar que se cometió corrupción en la adjudicación de Belate. “Dicen que como esto pasaba en otros sitios y son las mismas personas, necesariamente tiene que pasar aquí”, ha apuntado.

“Si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?”, ha añadido el portavoz del PSN, Javier Lecumberri. “Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos”, ha apostillado Pablo Azcona, de Geroa Bai. El portavoz de Cintigo/Zurekin, Miguel Garrido, por su parte, ha apuntado que “no todo se ha hecho bien” y que hay “comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública” que se deben corregir. “Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial”, ha apostillado.

En el lado contrario, UPN, PP y Vox han considerado qué sí se han demostrado indicios de la existencia de corrupción y han acusado a los socios de querer “proteger” al Gobierno y a María Chivite con este dictamen. “¿Hubiera escrito el mismo dictamen si los protagonistas fueran UPN, Miguel Sanz y Javier Esparza?”, le ha preguntado el portavoz regionalista, Javier Esparza, a Adolfo Araiz, de EH Bildu. “Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”, ha continuado Esparza para afirmar que “la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo el país”.

El dictamen aprobado incluye un segundo punto de recomendaciones, que en este caso sí ha sido firmado y apoyado por Contigo/Zurekin. Entre ellas destaca la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que pueda haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.