El PP de Madrid ha perdido la cuenta de sus cargos públicos condenados por corrupción. El último juicio, una de las muchas ramas de la trama Púnica, envió a prisión hace unas semanas a media docena de alcaldes del partido en la región, condenados por cobrar mordidas de la empresa Cofely, a cambio de adjudicaciones en planes de ahorro energético a largo plazo. Dos de sus últimos secretarios generales, Francisco Granados e Ignacio González han pasado por la cárcel y están pendientes de nuevos juicios, aunque Granados ya ha recibido la primera condena por recibir un chivatazo de la Guardia Civil. El que fue gerente durante más de una década, Beltrán Gutiérrez, también se sentará en el banquillo previsiblemente este año: la Fiscalía Anticorrupción le pide tres años y seis meses de cárcel por llevar una contabilidad paralela en dinero negro. Sumarios como Púnica, Lezo, la Ciudad de la Justicia, indagaron en las diferentes formas de saqueo de dirigentes populares madrileños en empresas públicas como el Canal de Isabel II, que gestiona el agua, en la construcción de colegios concertados, en la adjudicación y privatización de hospitales, en la anterior Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, en la construcción de edificios judiciales, en la frustrada línea de tren a Navalcarnero, en el gasto en publicidad del Gobierno regional, en la contratación de actos públicos o fiestas patronales...

La Justicia acumula además pruebas sobradas de que durante más de una década las campañas electorales de Aguirre, la madrina política de Ayuso, se pagaron con dinero que salía de la Comunidad de Madrid. De que sus encuestas internas se sufragaron también con fondos públicos. De que la sede del PP madrileño también se pagó y se reformó con dinero negro.

Esta semana arranca otro juicio, el de Waiter Music, la empresa que organizaba a la vez fiestas en distintas administraciones gobernadas para el PP y montaba después los mítines del partido e incluso actos familiares para sus cargos públicos. No solo son escándalos del pasado. La actual número 3 del PP regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, fue ascendida a esos puestos por Isabel Díaz Ayuso cuando ya se conocía su imputación, está siendo investigada por cobrar de un empresario al que había adjudicado contratos desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos. De momento, se le atribuyen cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Otro juzgado investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de centros de Formación Profesional, algunos de ellos ya bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso.

Con semejante historial delictivo, pasado pero también presente, el Partido Popular de Madrid intenta erigirse en látigo contra la corrupción. Lo repite la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cada uno de sus consejeros y también los cargos del Partido. Definen a Sánchez como el presidente del “Gobierno más corrupto de la democracia”. Lo hacen desde la sede institucional de la Comunidad, en los mítines del partido y también en las redes sociales. Las ruedas de prensa del Gobierno de Madrid suelen iniciarse con ataques al Gobierno de Sánchez, antes incluso de que llegue el turno de preguntas. Lo hace casi a diario Ayuso, ajena a los escándalos protagonizados por el PP, pese a crecer políticamente a la sombra de Esperanza Aguirre, quien le proporcionó sus primeros sueldos. En mítines de partido pero también en actos institucionales.

Su elocuencia a la hora de atacar al PSOE contrasta con el silencio que mantiene sobre las condenas por corrupción de sus compañeros de partido y las investigaciones a altos cargos de su Gobierno en el caso de la FP o a su estrecha colaboradora y amiga, Ana Millán, que continúa como número 3 del PP regional y fue colocada como vicepresidenta en la Asamblea regional pese a los graves cargos que pesan contra ella.

Elocuente fue la visita hace unos meses a la Ciudad de la Justicia, donde casi 20 años después, Ayuso intenta recuperar el proyecto que supuso una condena de ocho años de cárcel a otro de los popes del PP, Alfredo Prada, vicepresidente de la Comunidad en su día. El proyecto faraónico consumió más de 300 millones de euros. Cuando los cargos populares, comandados por la presidenta, volvieron a la explanada de Valdebebas, al norte de la capital, donde solo se levantó uno de la docena de edificios que se habían proyectado, nadie habló del elefante en la habitación. Como si no hubieran pasado veinte años desde la primera piedra de Aguirre, no se hubiera despilfarrado una millonada y no hubiera cargos del partido condenados a prisión. Ayuso rodeada de alcaldes y altos cargos de la Comunidad presentó otra maqueta y una inversión de 700 millones más hasta 2029 para unificar allí todas las sedes judiciales de la capital. El redondeo del proyecto superará los 1.000 millones de euros.

Una historia similar a la del tren a Navalcarnero. Otro proyecto estrella del aguirrismo que embarrancó entre clamorosas sospechas de corrupción. El Gobierno de Aguirre, con María Dolores de Cospedal como consejera de obras públicas, decidió acometer la obra y de paso denunciar que el gabinete de Rodríguez Zapatero no cumplía con la red de transporte en su comunidad. El resultado: 300 millones de euros adjudicados a la empresa OHL, propiedad entonces de un amigo de la presidenta, Juan Miguel Villar Mir, y según la Fiscalía Anticorrupción una comisión de 2,5 millones para Ignacio González, en aquel momento vicepresidente de Aguirre, y a la postre su sucesor. El asunto se investiga en una de las ramificaciones del caso Lezo y Anticorrupción pide para González cuatro años de cárcel y para López Madrid, el yerno de Villar Mir, seis y medio. El juicio aún no tiene fecha.

Ahora que el Ministerio de Fomento se ha prestado a finalizar la obra, los consejeros de Ayuso aluden al proyecto sin mencionar aquellas primeras piedras como si fuera un mero incumplimiento del Gobierno central y apremian a Óscar Puente. Las desventuras de Aguirre, González y OHL con el tren son otro tabú para el gabinete de la presidenta.

Mientras urge al ministerio a completar la infraestructura o se felicita del futuro Campus de la Justicia sin mencionar los problemas en los tribunales de ambos proyectos, el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, alude al de Sánchez como “el gobierno más corrupto de la democracia”. Es costumbre en cada una de sus comparecencias públicas, antes incluso de que llegue la ronda de preguntas. Lo hizo también en su comparecencia del cierre del año el 23 de diciembre, tras el último consejo de Gobierno antes de vacaciones en el que ocultó a la prensa un acuerdo para pagar al grupo Quirón, el mayor adjudicatario de la Comunidad y donde trabaja con una identidad falsa la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, 214 millones de euros que no figuraban en el presupuesto, y otros tantos para rescatar a otros hospitales privatizados que gestiona el grupo Ribera Salud. Como tantos miércoles, el portavoz de la Comunidad aludió al “peor gobierno de la democracia” y a las tramas de corrupción que sacuden al entorno de Sánchez.

La semana anterior, en el Pleno de Presupuestos, lo repitieron todos y cada uno de los consejeros de Ayuso y los diputados que salieron a la tribuna. El discurso monopoliza los actos del PP de Madrid, que pese a ser el que más condenados acumula en la organización, se puso de ejemplo en el último congreso nacional, que reeligió a Feijóo como presidente. En esa cita tomó la palabra, Alfonso Serrano, que ya formó parte del comité electoral de Esperanza Aguirre en 2011, una de las campañas que la Justicia considera bajo sospecha, y que acumula 14 años como diputado en la Asamblea de Madrid. Desde el atril Serrano, el lugarteniente más fiel de Ayuso, puso como ejemplo a su organización y se permitió impartir consejos al resto del partido.

El PP de Madrid cargan contra Sánchez, el PSOE y sus socios de Más Madrid, a los que llegan a acusar de ser cómplices de la corrupción mientras tratan de enterrar los problemas judiciales de su número tres y de dirigentes que fueron la columna vertebral del partido y apadrinaron a la actual dirección, con Ayuso y Serrano a la cabeza.

Púnica: un secretario general imputado y cinco alcaldes con condenas

La trama a la que dio nombre Granados, Púnica, como bautizó a la red la Guardia Civil, es la traducción del nombre de la flor en latín, mantiene 11 años después muchas ramificaciones en los juzgados. Con la construcción bajo mínimos en la resaca de la crisis inmobiliaria, David Marjaliza, empresario y socio de Granados, urdió una organización mafiosa para amañar contratos en sistemas de ahorro energético en municipios del PP. Marjaliza acabó confesando y acaba de ser condenado en diciembre. Junto a él tienen penas de prisión seis alcaldes de la época, cinco de ellos del Partido Popular (Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Sevilla La Nueva y Moraleja de Enmedio), uno del partido socialista, en Parla, y un independiente (Serranillos del Valle).

Pero el grueso del caso sigue sin juzgar e indaga en la caja B que se descubrió en el PP de Madrid y en la fortuna del propio Granados, que acabó reconociendo la propiedad de un millón de euros encontrados en el altillo de una vivienda de sus suegros y al que la Guardia Civil atribuye varios millones más en cuentas de Suiza, individuales o compartidas con su ex socio David Marjaliza.

Granados, que ocupó la secretaría general, fue mano derecha de Aguirre y a quien nadie parece conocer hoy en el PP, está acusado de liderar una organización para amañar contratos y financiar irregularmente al partido en Madrid entre 2007 y 2011, en connivencia con el gerente Beltrán Gutiérrez. El que fuera secretario general está imputado además por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Este mismo enero se inicia el juicio por el amaño de contratos en la adjudicación de eventos en Madrid, en el que se pide a Granados seis años de cárcel.

Ignacio González: tres casos de amaño de contratos y comisiones ilegales

El sucesor de Granados en la secretaría general del PP, cuando Esperanza Aguirre lo destituyó en 2011 por “pérdida de confianza” fue Ignacio González, elegido además como el relevo al frente de la Comunidad cuando la presidenta decidió renunciar, también está involucrado en varios casos de corrupción. En la trama Lezo se le acusa de amañar la adjudicación de un campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí. Su juicio en la Audiencia Nacional está fijado para septiembre de 2027, se le acusa de cohecho y de prevaricación.

En la pieza relacionada con el tren a Navalcarnero se le atribuye cohecho y falsedad documental, la petición es de cuatro años de prisión. Hay todavía una tercera ramificación del caso: la compra de una empresa brasileña a través del Canal de Isabel II por un precio inflado del que habrían salido también comisiones ilegales. La Justicia atribuye al que fue secretario general del PP de Madrid, presidente de la Comunidad y que hoy es otro apestado en el partido, malversación de caudales públicos y administración desleal por un supuesto desvío de fondos de más de nueve millones y medio de euros.

Gürtel, epicentro en Madrid

Si Ayuso y su mano derecha Alfonso Serrano, que aplaudieron durante cuatro años (entre 2011 y 2015) desde sus escaños en la Asamblea de Madrid a Ignacio González primero como vicepresidente de Aguirre y luego ya como presidente de la Comunidad, hacen ver ahora que no lo conocen de nada, cómo preguntarles por la cascada de condenas a su partido en Gürtel. Diferentes tribunales han probado que la red de Correa y cía tuvo como epicentro la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos más emblemáticos para el PP: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte. La gran trama de corrupción del PP llevó a prisión a Alberto López Viejo, consejero de Aguirre, condenado a 31 años de prisión por amañar contratos y cobrar sobornos, al que fue alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años de cárcel) al de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, 36 años, al de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años) al de Arganda del Rey Ginés López (cinco años) junto a otros concejales y cargos de las agrupaciones locales del partido. El propio PP de Madrid fue condenado como persona jurídica en tres ocasiones por lucrarse de los delitos cometidos por la red corrupta liderada por Correa. En Boadilla del Monte, la Audiencia Nacional le obligó a devolver más de 200.000 euros con los que financió sus campañas electorales.

Caso FP: adjudicaciones a dedo y contratos troceados en la era Ayuso

Pero la sombra de la sospecha del amaño de contratos en adjudicaciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid se extiende también sobre la gestión de la propia Ayuso y de dirigentes muy cercanos a ella como el presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, y su consejera de Economía, Rocío Albert. Una investigación de elDiario.es ha revelado cómo en la Consejería de Educación se adjudicaron obras a dedo bajo el sistema de fraccionar facturas para no convocar concursos públicos en la construcción de centros de FP, entre 2021 y 2023. Los responsables de la Consejería de Educación entonces eran el propio Ossorio y su número dos era Rocío Albert. Ambos están aforados como presidente del parlamento regional y consejera de la Comunidad, por lo que cualquier investigación sobre ellos debería llevarla a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza del caso, que investiga delitos de prevaricación, prorrogó el pasado septiembre durante seis meses el sumario.

La número 3 del partido, imputada por cobrar de un empresario

El ejemplo más paradigmático de la doble vara de medir de Ayuso y los suyos con los casos de corrupción es el de su colaboradora y amiga, Ana Millán. La exalcaldesa de Arroyomolinos está acusada de cuatro delitos por la jueza que investigó los contratos adjudicados en su etapa municipal a un empresario que a su vez le realizó pagos. A pesar de estar imputada desde 2022, y mientras ataca al Gobierno de Sánchez y a sus socios de izquierdas, Ayuso decidió ascender a Millán en el partido, donde ahora ejerce como secretaria de organización, además de blindarla en la Asamblea de Madrid, como vicepresidenta, con su correspondiente aforamiento.

La magistrada de Navalcarnero que investigó el asunto halló indicios de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único competente para investigar a un miembro de la Asamblea. A principios de diciembre, el Tribunal devolvió el caso a la magistrada para que complete sus pesquisas. La imputación por corrupción no impide a Millán ser un valor en alza en el partido: además de los ascensos en la asamblea y la organización, Ayuso le ha encomendado presidir la gestora del PP en Fuenlabrada.

El empresario David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la trama corrupta Púnica, ha pedido a la Audiencia Nacional que rebaje la condena de más de ocho años de cárcel impuesta en la primera gran sentencia del caso. Marjaliza recuerda que lleva diez años reconociendo sus delitos y colaborando con los investigadores para ahora encontrarse con que los jueces le imponen penas mucho más altas que las que él pactó con la Fiscalía. La solución, explica su letrado, pasa por rebajar en dos grados las condenas de todos sus delitos y no solo de unos pocos.

David Marjaliza fue uno de los primeros detenidos en el estallido de la operación Púnica en octubre de 2014. Su nombre, desconocido entonces para el gran público, surgió junto con el de Francisco Granados y una decena de alcaldes detenidos y enviados a prisión provisional por formar parte de un entramado corrupto. Poco más de un año después, el empresario radicado en Pinto cambió de estrategia legal: empezó a colaborar con la Audiencia Nacional y sus confesiones han sido clave tanto en la investigación como en juicios como el del chivatazo que casi da al traste con la causa.

El empresario compareció en el juicio a la ramificación principal de la trama –el botín que consiguió Marjaliza de la mano de la empresa Cofely con los contratos de eficiencia energética de media docena de municipios de Madrid– con una confesión y un acuerdo con la Fiscalía debajo del brazo. Pero la sentencia final le ha impuesto una condena en torno al doble de la pactada con el Ministerio Público: ocho años y dos meses de prisión.

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, su abogado José Antonio Choclán apunta a un “error material manifiesto” del tribunal a la hora de imponerle esa condena por un rosario de delitos relacionados con la corrupción. Por un lado, por no rebajar en dos grados muchas de sus condenas atendiendo a su “especial contribución” para llegar con éxito a juicio a través de sus confesiones, y por otro por haber juntado muchos delitos que debían haberse penado por separado.

Para Marjaliza, que ya pasó más de un año en prisión provisional desde su detención y hasta finales de 2015, la cuenta es relevante. Muchas cosas cambian para un condenado en función de si cada uno de sus delitos, de forma individual, es penado con más o menos de dos años de cárcel. “Tiene trascendencia a los efectos de la remisión condicional de la pena”, explica el propio Marjaliza en su escrito. Con su secretaria, también condenada, la cuenta sí se ha hecho correctamente.

La sentencia de la que ahora se queja el empresario declaró probado que Marjaliza se alió con empleados y directivos de Cofely, filial española del gigante gasístico francés GDF-Suez, para hacer frente a la crisis económica y obtener un botín de cientos de millones de euros en ayuntamientos madrileños: los contratos para gestionar la eficiencia energética de algunos de los municipios más grandes de la región. Contratos que, según han reconocido ellos mismos, conseguían gracias a sus contactos corruptos en los ayuntamientos y con adjudicaciones millonarias a 15 años vista.

La Guardia Civil llevó a cabo un lunes de octubre de 2014 una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia de España. Se registraron de forma simultánea ayuntamientos, domicilios particulares y sedes de empresas. Los detenidos superaron la treintena. Entre ellos, el que había sido ‘número dos’ de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, Francisco Granados, la persona más relevante entre los detenidos y la que da nombre al caso: Púnica Granatum es el nombre del árbol en latín.

Más de una década después, se han formalizado dos condenas, algunas ramificaciones quedaron archivadas, hay cuatro pendientes de juicio y otra en la fase de interrogatorios. La última vista oral se inició la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional acogió la primera sesión del juicio por lo que se considera el mayor pelotazo de la trama. 

36 personas, entre ellos nueve exalcaldes de PP y el PSOE, se sientan en el banquillo por las presuntas comisiones que recibieron por adjudicar a la multinacional Cofely contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros. De ellos, dos admitieron en el primer día de juicio su implicación en la trama: el exregidor socialista de Parla, José María Fraile; y el de una agrupación vecinal de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez. Otros dos exalcaldes del PP están estudiando la propuesta de acuerdo de la fiscalía —Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio)—, mientras los cinco restantes, también del PP, han declinado por ahora un pacto con el que amortiguar las altas condenas a las que se exponen. Algunos de esos alcaldes llegaron a pedir comisiones ilegales de medio millón de euros, según Anticorrupción. 

Aunque no se sienta en el banquillo en esta causa, este juicio ha vuelto a poner el foco sobre la figura de Granados. Estrecho colaborador de Aguirre, Granados llevaba unos meses fuera de la política cuando fue detenido por este caso. La razón de su renuncia había sido la publicación de que había ocultado 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. La revelación de las autoridades helvéticas hizo elevar las sospechas sobre él, lo que acabó desencadenando toda la operación. Una década después, Granados tiene al menos cuatro juicios pendientes relacionados con diferentes ramificaciones del caso. En uno de los registros se encontró un millón de euros en un altillo del armario en casa de sus suegros que Granado acabó reconociendo como suyo.

El estallido de Púnica hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo. La expresidenta estuvo imputada durante tres años, aunque la acusación finalmente se archivó porque el juez Manuel García Castellón —con el apoyo de la Fiscalía— sostuvo que a pesar de que considera que su partido financió de manera irregular las campañas de 2007, 2008 y 2011, no hay pruebas de que ella estuviera al tanto de esas ilegalidades. Por esa ramificación del caso, que está pendiente de juicio, sí se sentarán en el banquillo su secretario general Granados y otros de sus antiguos colaboradores, el exgerente Beltrán Gutiérrez. 

La operación que desarticuló esta trama de corrupción también sacó del anonimato a David Marjaliza, un constructor amigo de Granados, supuesto conseguidor de la trama y que lleva una década colaborando con la Justicia. Lo volvió a hacer la pasada semana, cuando su abogado, el penalista José Antonio Choclán, recordó que comenzó “su colaboración desde los primeros momentos de la causa, incluso cuando se encontraba en situación de secreto sumarial”, informa Europa Press. 

224 millones de euros en contratos amañados

El empresario que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora -por indicación de Granados que le recomendó prenderle fuego “un día de niebla”, es el protagonista de esta ramificación del caso que ahora juzga la Audiencia Nacional. Por el momento, él y otros doce acusados han reconocido los hechos. Según el auto con el que el juez dio por cerrada la instrucción, la empresa de eficiencia energética Cofely había acordado con Marjaliza que le pagaría “una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable hasta un máximo de 155.000 euros” por sus labores de conseguidor de esos contratos a cambio de sobornos a alcaldes, ediles y técnicos.

Para el período 2014-2015 estaba prevista una retribución de hasta 5,5 millones que fue abortada por la operación judicial. La investigación también acreditó que después la compañía trazó un plan para recuperar lo invertido en esas dádivas con sobreprecios en los contratos. En muchos casos, este ambicioso plan no fue viable por la insolvencia de los ayuntamientos y el reparo de algunos interventores, dice la resolución del juez. 

Esta es la cuarta ramificación del caso que llega a juicio. La primera fue la relativa al 'chivatazo' que un guardia civil dio a Granados sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido. La Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel al que fuera colaborador de Aguirre al entender que esa revelación originó un grave daño a la investigación policial. Le permitió, por ejemplo, tomar ciertas cautelas, como ocultar el millón de euros en la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales. También fueron condenados los agentes que le dieron el soplo. 

La segunda en juzgarse fue la llamada rama leonesa de la Púnica, en la que se investigaron los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del empresario Alejandro de Pedro.

La Audiencia Nacional absolvió a los acusados de los delitos más graves, aunque recibieron condenas menores de inhabilitación. Por otro lado, el pasado enero se celebró el juicio por la derivada de la trama en la Región de Murcia, donde también se abordó el uso de dinero público para pagar a este mismo empresario por campañas de lavado de imagen en internet en favor de políticos. 

La que no llegará a juicio es la línea de investigación sobre estos trabajos de reputación online de los que se beneficiaron cargos del PP de la Comunidad de Madrid. El juez Manuel García Castellón archivó en octubre de 2023 la pieza que investigaba el pago con dinero público por parte de políticos del PP a empresas que promocionaban su figura con trabajos en internet de discutible ética.

El juez argumentó que era imposible “disociar” la figura del político del cargo que este ejerce en la administración, en el marco de la cual adopta medidas que afectan al ciudadano y que este tiene derecho a conocer. Con este paraguas recibió luz verde judicial la creación de periódicos zombis para inundar la red de propaganda de cargos públicos y que eso lo sufraguen los ciudadanos. Entre ellas, estaba la entonces consejera de Educación de Madrid Lucía Fígar, que contrató a esas empresas para sepultar las noticias sobre el cheque guardería que había recibido ella misma para afrontar los gastos de escolarización de su hija.

Cuatro piezas pendientes de juicio

Entre las causas pendientes de señalar juicio hay al menos cuatro que afectan a Granados. Además de la citada sobre la financiación irregular del PP de Madrid, está la que se centra en los contratos irregularmente adjudicados a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad entonces en manos de un partido independiente. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, aparcamientos, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal e incluso la asistencia jurídica del consistorio.

Asimismo, está lista para que se celebre el juicio la ramificación sobre las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra). El juez propuso sentar en el banquillo a Granados y a otras 42 personas. Además, el que fuera colaborador de Aguirre también será juzgado en la pieza en la que se investigó el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.

Un tercio de las 37 personas que se sientan desde este lunes en el banquillo por el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por valor de 224 millones de euros ha reconocido su participación en los hechos, informa Europa Press.

La primera sesión de la vista oral, que juzga la pieza separada número 6 de la trama de corrupción 'Púnica', ha servido para escenificar hasta 13 conformidades con la acusación de la Fiscalía, entre las que se encuentran las del constructor David Marjaliza. Su abogado, el penalista José Antonio Choclán, ha recordado que tanto Marjaliza como otra de las acusadas, Ana Ramírez, “comenzaron su colaboración desde los primeros momentos de la causa, incluso cuando se encontraba en situación de secreto sumarial”.

Este lunes, las defensas de los que pactaron han ido anunciando esa adhesión a la acusación del Ministerio Público, como en el caso del exalcalde de Parla José María Fraile. Otros, sin embargo, han explicado que se encuentran todavía “en conversaciones” con la Fiscalía antes de decidir si siguen el mismo camino. Es el caso, entre otros, de las defensas de los que fueran alcaldes de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita o de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro. El juicio se reanudará el jueves con la continuación de las cuestiones previas y, si el tiempo lo permite, con las declaraciones de algunos acusados.

Una “presunta organización criminal”

El juez instructor envió a juicio esta línea de investigación contra 37 acusados —a los que hay que añadir a la propia Cofely— a los que atribuye hasta ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraude o cohecho.

La investigación afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de las localidades de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de en Medio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que eleva el total a casi 224 millones de euros.

El ahora exmagistrado Manuel García Castellón explicaba en un auto que entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los investigados de la empresa Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron “como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban”.

Así, y para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el director general de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial. Todo ello, a sabiendas de que lo que se esperaba de Marjaliza era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanístico.

El magistrado detallaba que la relación entre Cofely y el empresario se instrumentó a través de un contrato de asesoría comercial que fue suscrito el día 1 de mayo de 2012 por la mercantil. Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

“El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron”, señalaba el instructor.

En este sentido, exponía que la dirección jerárquica habría estado ejercida por Didier, considerado el 'círculo 0', quien apoyaba las ofertas, las negociaciones de corrupción y los pagos directos por transferencias a las sociedades de Marjaliza.

En la siguiente esfera el juez situaba al departamento comercial de Cofely dirigido por Constantino Álvarez, quien apoyaba las negociaciones de cohechos que instrumentaban Marjaliza y Pedro García Pérez, responsable de terciario de Mercado Publico del Departamento Comercial.

Un lunes de octubre de 2014 la Guardia Civil ejecutaba una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de España. La operación Púnica arrancaba con la detención de Francisco Granados y más de medio centenar de personas acusadas de formar parte de una red de corrupción municipal y regional asentada, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Casi una década después el caso acumula más de diez piezas separadas, una condena firme y tres ramificaciones a la espera de juicio. La última, hace unos días, cuando la Audiencia Nacional procesó a 21 personas por contratos irregularmente adjudicados en tres localidades madrileñas.

El caso, en realidad, había arrancado casi un año antes, cuando la Fiscalía de Suiza contactó con las autoridades españolas para explicar que habían encontrado varias cuentas sospechosas y ligadas a un político español. Meses después Francisco Granados era arrestado por orden del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Mano derecha de Esperanza Aguirre durante años en la Comunidad de Madrid, había dejado sus puestos en política y su escaño en el Senado meses antes por tener cuentas en Suiza desde 1999.

El estallido de la operación Púnica desveló que el problema no era solo que Granados hubiera amasado su fortuna en Suiza a espaldas del fisco español. La investigación hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo.

El caso con epicentro en el Valdemoro de Granados estuvo a punto de irse a pique por un chivatazo pero finalmente se llevó por delante a media docena de alcaldes, puso a la filial española de GDF Suez en el centro de la trama de contratos amañados y sacó de las profundidades del Registro Mercantil al empresario David Marjaliza. De conseguidor de la trama a colaborador de alta gama para los investigadores, el hombre que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora es el protagonista de la última pieza enviada a juicio por Manuel García Castellón.

El auto de procesamiento de esta ramificación del caso deja al borde de juicio a 21 personas por la adjudicación irregular de más de 30 contratos públicos a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad gobernada entonces por el partido independiente Unión Democrática Madrileña. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, párquines, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal o la asistencia jurídica del consistorio.

Según los investigadores y según ha reconocido el propio empresario, en esos años (2010-2014) David Marjaliza se convirtió en uno más en los procesos públicos de adjudicación. Influía sin mucho esfuerzo en las decisiones municipales para que sus empresas se hicieran con unos contratos que, en ocasiones, no eran muy cuantiosos pero sí garantizaban décadas de acceso a las arcas públicas. Algunas de estas concesiones estaban programadas para durar hasta 40 años. A cambio, pago de comisiones o incluso encuestas “de contenido político” para valorar la imagen del alcalde de Torrejón de Velasco por el PP.

Los datos de esta pieza separada ilustran cómo Valdemoro se convirtió en el gran feudo municipal de la trama. El ayuntamiento que dirigió Francisco Granados hasta su salto a la política regional en 2003 de la mano de Esperanza Aguirre cuenta en este caso con tres ex alcaldes en la nómina de acusados: José Carlos Boza, José Miguel Moreno y el propio Granados. Con ellos nueve altos cargos del consistorio, incluyendo varios concejales, acusados de hasta siete delitos relacionados con la corrupción política y empresarial. Entre los expedientes bajo sospecha, el proyecto de construcción de un centro comercial con bolera y gimnasio con 75 años de negocio por delante.

De Cofely a la financiación ilegal del PP

La operación Púnica pertenece a la época dorada del naming de las causas de corrupción. En la actualidad una causa se bautiza como 'Mediador' si hay un empresario que hace de mediador, o 'Cuarteles' si la trama se desarrolla en cuarteles de la Guardia Civil. Pero hubo una época de filigranas en la que la Guardia Civil o la Policía Nacional llamaban 'Gürtel' a una causa porque así se decía en alemán el apellido de Francisco Correa, o 'Pokémon' si había tantos imputados que era imposible hacerse con todos. La Púnica debe su nombre al término en latín para referirse al árbol del granado, y eso lleva directamente al PP de Madrid, su cúpula y su financiación con Francisco Granados al frente.

Hay otras dos piezas listas para juicio de la docena que llegaron a abrirse. Una de ellas ahonda en la vertiente municipal de la trama: 37 personas al banquillo, entre ellas alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Moraleja de En Medio (PP), Parla (PSOE), Alcalá de Henares (PP), Valdemoro (PP), Collado Villalba (PP), Móstoles (PP) y Serranillos del Valle (UDM) por adjudicaciones irregulares a la multinacional Cofely por valor de casi 224 millones de euros y con David Marjaliza nuevamente como conseguidor para que los contratos de eficiencia energética cayeran en manos de la filial española del gigante gasístico francés GDF Suez. El mayor pelotazo de la trama fueron los 60 millones que Móstoles adjudicó a Cofely con Daniel Ortiz, diputado regional del PP hasta 2016, como alcalde.

La tercera pieza, ya acabada y lista para juicio, llevó a los investigadores a las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y al centro de su autoproclamado estanque de ranas. García Castellón propuso el pasado mes de octubre que ocho personas fueran juzgadas por la financiación irregular del PP en dos elecciones regionales y unas generales entre 2007 y 2011, aunque una parte importante estuviera prescrita. Ocho procesados entre los que está Francisco Granados, el gerente del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero madrileño Borja Sarasola. Y también 71 sobreseimientos, entre ellos el de Esperanza Aguirre, que una vez más evitará el banquillo de los acusados.

Según el juez, los años faraónicos de Esperanza Aguirre fueron también los años de la financiación irregular de su partido y algunas de las campañas que la encumbraron en política. En 2011 el partido afirmó ante la Cámara de Cuentas que había gastado algo menos de tres millones de euros en las elecciones regionales en las que Aguirre había doblado en votos al PSOE. La realidad era que habían gastado más de siete millones, muy por encima del límite legal, y la diferencia estaba en la 'caja B' de dinero opaco que amasaba y gestionaban Granados y Gutiérrez.

Un dinero que salió de una docena de empresas que trabajaron en la campaña y que facturaban los trabajos de forma irregular para que la cuenta real del PP no llamara la atención y sacar adelante la contratación de espacios publicitarios en prensa y radio, comprar más de 300 banderas de poliéster o una campaña publicitaria relacionada con Nuevas Generaciones, entre otras cosas. Según la investigación hubo más pero está todo prescrito: por ejemplo en las elecciones de 2007, con la inauguración bajo sospecha de la línea de Metro que a día de hoy se traga las casas de los vecinos de San Fernando de Henares.

La financiación supuestamente irregular del PP, emulando a sus primos segundos de la Gürtel en Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, no salpicará legalmente a Esperanza Aguirre. El juez García Castellón decidió dejar a la principal beneficiada de esa financiación fuera del procesamiento en una decisión que terminó por confirmar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay pruebas, afirman los jueces, que permitan acusar a Aguirre de conocer y permitir estas irregularidades.

Todas las ramas del punica granatum

Con la trama Gürtel ya en buena parte juzgada y sentenciada, la Púnica es la que promete copar el calendario de corrupción de la Audiencia Nacional en los próximos años, y no solo por estas tres piezas separadas con auto de procesamiento ya dictado. El negocio urbanístico de Valdemoro, los trabajos de imagen de Alejandro de Pedro o los manejos de Francisco Granados en la propia Comunidad de Madrid siguen en la cola de asuntos pendientes de la Audiencia.

Las dimensiones de la causa, con varios cientos de imputados a lo largo de su tramitación, han dejado hueco para las confesiones de David Marjaliza y Francisco Granados, hilo conductor de todas las piezas y supuestos cabecillas de la trama, con el dedo del segundo apuntando sin éxito a Aguirre. Pero algunas derivadas han llevado, por ejemplo, hasta la política actual.

Fue en 2016 cuando, tal y como ha contado elDiario.es, el nuevo equipo de Gobierno de la localidad de Arroyomolinos afirmó que había descubierto a la ex concejala de Juventud destruyendo documentación que tenía guardada en tres bolsas de basura. Esa concejala es la hoy alcaldesa de la localidad pero también vicesecretaria de organización territorial del PP de Madrid, en la práctica número 3 de Isabel Díaz Ayuso y está imputada por un juzgado de Navalcarnero. Acusada de adjudicar más de 670.000 euros a un empresario del que, además, cobraba por el alquiler de un piso al doble del precio de mercado. Varios de sus familiares trabajaron, además, para este empresario.

Esa denuncia del nuevo consistorio acabó en 2016 en manos del juez del caso Púnica porque en ese momento la lupa estaba puesta en los contratos de este ayuntamiento con Waiter Music, otra de las empresas con mayor protagonismo en el entramado.

Eclipsada por las primeras sentencias del caso Gürtel, la operación Púnica adquiere protagonismo en un momento en el que las macrocausas de corrupción se extinguen poco a poco en la dinámica investigadora de la Audiencia Nacional. Una nueva bomba de racimo que dibuja el poder que los empresarios y políticos supuestamente corruptos adquirieron, sobre todo, en la Comunidad de Madrid de la mano del Partido Popular con una decena de juicios por delante.

José Luis Caro Vinagre (Bilbao, 1970) lleva a la Guardia Civil “bordada en el corazón”. Así lo dijo Francisco Granados, el cabecilla de las 'ranas' de Esperanza Aguirre, desde el banquillo de la Audiencia Nacional en 2017. Para entonces, este antiguo asesor de la Comunidad de Madrid formaba parte del fallido 'caso espías' y ese día era juzgado por participar en el chivatazo que casi da al traste con la operación Púnica contra la corrupción política. Su último encontronazo con los tribunales se ha traducido en una sanción firme de dos años por participar en el soplo que casi consigue que Francisco Granados y sus socios esquivaran a la Justicia. Una actuación que, según el instituto armado, causa “sonrojo y bochorno”.

La relación de Caro Vinagre con Francisco Granados arranca en 2007, cuando coge una excedencia en la Guardia Civil y es nombrado asesor técnico de seguridad en la Comunidad de Madrid a las órdenes del entonces consejero de la todopoderosa presidenta Esperanza Aguirre. Los dos, según la Justicia, estaban “estrechamente unidos”. Por aquel entonces la trama Púnica ya estaba en funcionamiento y David Marjaliza, supuestamente, colaboraba con Granados escondiendo sus ganancias en Suiza.

Los tres volvieron a cruzar sus caminos en septiembre de 2014. Un guardia civil, José Manuel Rodríguez Talamino, se acercó a Francisco Granados en plenas fiestas de Valdemoro y le dijo que él mismo había puesto cámaras y micrófonos en la puerta del despacho de su socio Marjaliza. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les pisaba los talones y Granados, asustado, quiso saber más. Fue Caro Vinagre, amigo de Granados, quien consiguió más información de Talamino y se la trasladó directamente a su antiguo jefe en la Comunidad de Madrid.

El resultado es conocido y ha sido sentenciado en firme. Granados y Marjaliza aprovecharon el chivatazo para intentar borrar pruebas, el empresario quemó un carrito de la compra lleno de documentación comprometida un día de niebla y los investigadores tuvieron que ponerse manos a la obra para evitar que meses de pesquisas se fueran a la basura. Los acusados empezaron a hablar en clave por teléfono, la Guardia Civil tuvo que quitar los dispositivos de grabación fingiendo que necesitaban ir a Alicante a perseguir a un narco que no existía y, al final, se plantearon incluso adelantar las detenciones para evitar males mayores.

El soplo se tradujo en una condena firme de dos años de cárcel para Granados y para su informante Talamino, y otra de año y medio de prisión para José Luis Caro Vinagre, pena confirmada en 2019 por el Tribunal Supremo. Poco después era la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien firmaba una sanción de dos años de suspensión de empleo que acaba de ratificar la sala de lo militar del Tribunal Supremo después de pasar por el Tribunal Militar Central y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los magistrados de la sala de lo militar del Supremo, según ha podido comprobar elDiario.es, acaban de rechazar el último recurso presentado por Caro Vinagre y han declarado firme la sanción, dejando caer que incluso podría haber sido suspendido durante más tiempo. El Supremo confirma que, con su participación en el chivatazo, causó “un grave daño” a la Guardia Civil, incurrió en “un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil” y, añade que “se ha generado una más que relevante afección a la Benemérita”.

Fuentes de la Guardia Civil explican a elDiario.es que ninguno de los dos agentes condenados en esta sentencia siguen ejerciendo dentro del cuerpo. Talamino, explican estas fuentes, perdió su condición de guardia civil después de ser condenado a dos años de cárcel y cuatro más de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público. Caro Vinagre también está actualmente fuera de servicio.

“Suscita sonrojo y bochorno”

El expediente del caso revela los términos en los que la Guardia Civil impuso la sanción a este agente en excedencia. La resolución que intentó combatir sin éxito en los tribunales le acusaba, según dice el texto, de desarrollar “una actividad criminal que suscita sonrojo y bochorno, así como evidente escándalo ante la sociedad”. La corrupción, dice la resolución que le sanciona, es un asunto con una “especial sensibilidad social existente hacia este tipo de conductas delictivas relacionadas con asuntos relacionados con la corrupción”.

El Tribunal Militar Central desarrolló estas críticas, recordando en su sentencia ahora confirmada: “Es exigible a los miembros de la Guardia Civil, en atención a la delicada misión que les está encomendada y a la cuota de poder coactivo del Estado que les incumbe, un ”plus“ de moralidad y una ejemplaridad en su actuación social”. Además, de Caro Vinagre recuerdan: “Durante su situación de excedencia, y reiteramos sin haber sido dado de baja en el Cuerpo, ejercía de asesor técnico de seguridad para una administración pública, contratado por la Comunidad de Madrid, esto es, realizaba funciones para la administración autonómica, con lo que su conducta resulta en mayor medida reprochable”. 

Púnica, espías y Manuel Moix

El chivatazo no sentó nada bien ni en la Guardia Civil ni en la Fiscalía Anticorrupción. Durante el juicio, el antiguo jefe del agente Talamino no hizo esfuerzos por ocultar la decepción que sentía por la actuación del condenado. Ante el tribunal, lamentó: “Era uno de los míos, era una mancha muy difícil de borrar, nos ha costado mucho”. Una decepción equiparable a la que expresó una de las fiscales del caso durante el interrogatorio a Talamino en fase de instrucción.

La representante del Ministerio Público fue clara durante la comparecencia del agente. Se dirigió directamente al acusado: “¿Es consciente de lo que puede suponer pasar una información, y la decepción para la gente que lleva tantas horas trabajando?”. Talamino bajó la voz y se limitó a reconocer que se trata de “un golpe muy bajo”. Ese día Caro Vinagre desveló cómo fue su conversación con Granados al día siguiente del primer capítulo del chivatazo: “Me llama el señor Granados, y en la puerta de mi casa me comenta que 'Tala' le ha contado que han puesto unas cámaras y unas medidas de seguridad”.

En ese momento, Caro Vinagre tenía dos frentes abiertos con la Justicia. Además de la causa del chivatazo, el guardia civil en excedencia estaba pendiente de juicio por el conocido como 'caso espías' y la acusación de usar medios públicos de la Comunidad de Madrid para espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre: el vicepresidente Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo.

El caso fue archivado y reabierto varias veces con José Luis Caro Vinagre acusado de formar parte de un comando de espías al servicio de la Comunidad de Madrid para vigilar a altos cargos y quedó exonerado de cualquier responsabilidad penal en 2019, mientras era condenado por el soplo de la Púnica. Un jurado popular estableció que no había ni una prueba fiable de que hubiera existido este grupo de asesores de seguridad dedicados al espionaje y fue entonces cuando José Luis Caro Vinagre pasó al ataque.

Primero, tal y como explicó la agencia Europa Press, exigió a la Audiencia Provincial de Madrid que tanto la Comunidad como el PSOE, acusaciones en el caso, fueran condenadas a pagar las costas del proceso después de ser absueltos. Después cargó contra Manuel Moix, en ese momento fiscal jefe de Madrid y posteriormente fiscal jefe Anticorrupción. Se querelló contra él acusándole de falsear datos del caso para favorecer los intereses políticos del PP, pero el Supremo rechazó la denuncia. La acción judicial fallida, incluso, acusaba a Moix de pertenecer a una organización criminal.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de la instrucción del caso Púnica, ha propuesto juzgar al empresario David Marjaliza y a ocho exalcaldes por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely, a la que también propone juzgar como persona jurídica.

En el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada número 6, el magistrado propone enjuiciar a un total de 37 personas por unos hechos constitutivos de un total de ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; cohecho para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso prevaricación y revelación de información reservada o tráfico de influencias.

Entre los investigados se encuentran los exalcades de Parla José María Fraile Campos; de Móstoles Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba Agustín Juárez Lopez de Coca; de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada Pita; de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro; de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández; y de Almendralejo José García Lobato.

Actuaban como una “presunta organización criminal”

En el auto, el magistrado explica que, entre marzo del 2012 y octubre del 2014, los investigados de Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron “como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban”.

En concreto, la investigación afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de esas localidades, por un monto total de cerca de 224 millones de euros. En el caso de Almendralejo, el juez señala que no se llegó a adjudicar ningún contrato a la empresa, aunque el alcalde sí que habría facilitado información del expediente de forma permanente durante su tramitación, por lo que el juez procede contra él por un delito de revelación de información reservada.

Para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el director general de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial. Todo ello, a sabiendas de que lo que se esperaba de Marjaliza era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista.

Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros. “El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron”, recoge el auto.

El escrito refleja además que, pese al esfuerzo de los investigados, el plan “no fue viable” en casi ninguno de los ayuntamientos, ni siquiera en aquellos que se contó con el acuerdo de los alcaldes y ediles. Se frustró, explica el juez, por la situación de insolvencia y severa morosidad de la mayoría de los consistorios y los reparos de algunos de los interventores de las instituciones implicadas.

El juez detalla que los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales de prestación efectiva por sus propios equipos de trabajo, como la compra de energía. Por otro lado, los ayuntamientos que adjudicaron en 2014 se vieron afectados por la actuación del juzgado en la Operación Púnica, que “desactivó toda la organización criminal”.

El empresario de Púnica David Marjaliza ha declarado este jueves que entregó 60.000 euros en 2007 para la caja B del PP nacional. Lo hizo por indicación de Francisco Grandos y acudió personalmente a la sede de Génova para dar el dinero a los tesoreros. También ha admitido que dio otros 60.000 euros para el Congreso que el PP de Madrid celebró 2004 y que ganó Esperanza Aguirre.

Marjaliza ha declarado de nuevo ante el juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, para hablar sobre la financiación en negro del PP de Madrid. Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que el empresario ha hecho un repaso de algunas de las cosas que ya ha contado, como el reparto de comisiones con Granados por las obras de ampliación de Metro o las comisiones que se pagaban por la adjudicación de pisos de protección oficial.

Entre las nuevas informaciones que ha aportado durante su declaración, Marjaliza ha relatado que en 2007 entregó 60.000 euros para la caja B del PP nacional. Ha afirmado que lo hizo por indicación de Francisco Granados que, en medio de una guerra interna contra Ignacio González, quería congraciarse con la dirección del partido.

Según Marjaliza, acudió en persona a Génova 13 para entregar ese dinero a los tesoreros del partido, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. El encuentro se produjo gracias a la mediación del exconcejal madrileño Pepe Bonet. Además, ha reconocido que entregó otros 60.000 euros en 2004, también por indicación de Granados. En ese caso le entregó el dinero personalmente al expolítico del PP: “Se lo di yo a Granados”, ha dicho a la salida a preguntas de los periodistas.

El empresario ha dedicado parte del interrogatorio ha hablar sobre su exsocio Granados. Ha relatado que se llevaba una mordida de 600.000 euros por cada concesión amañada de un colegio Público en Valdemoro, mientras que cuando únicamente levantaba el teléfono para dar indicaciones de a quien había que adjudicar el colegio, se llevaba 60.000 euros.

Marjaliza también ha recordado ante el juez algunas de las conversaciones que mantuvo con Granados cuando ambos fueron detenidos en 2014. Según ha dicho, el exsecretario general del PP de Madrid le transmitió su preocupación porque los investigadores tuvieran en su poder la agenda en la que había reflejado la contabilidad B del PP de Aguirre.

Además, y siempre según Marjaliza, Granados se mostró tranquilo en lo referente a su fortuna escondida. Le contó al empresario que los investigadores no iban a poder localizar los 200 millones que tenía fruto de las actividades ilegales, porque los tiene “escondidos en dos fundaciones”.

Marjaliza ha reconocido ante el juez que quemó dos carros con documentación para evitar que la encontrasen los investigadores del caso Púnica. Ahora arrepentido y colaborando con Anticorrupción, afirma que está tratando de “rehacer” esos papeles con ayuda de la que era su secretaria personal y otras cinco personas.

“Estamos intentando rehacerla y la estamos aportando a la causa”, ha dicho Marjaliza, que que señalado que todos esos documentos describen el funcionamiento de su caja B personal y revelan el pago de comisiones a políticos.

Además, entre esa documentación, Marjaliza dice haber encontrado un papel que demuestra que Granados tenía un tercio de la sociedad Obrum, junto al empresario y a Ramiro Cid , una de las empresas que se utilizaba para amañar licitaciones.

La de este jueves es una de las múltiples declaraciones de Marjaliza por el caso Púnica, en el que decidió colaborar con los investigadores y desgranar la trama corrupta que tenía a Granados en la cúspide. Ya relató, por ejemplo, cómo se había repartido dos millones de euros con el expolítico del PP.

Granados se ha presentado en el juzgado con una maleta llena de documentos. Algunos abogados han mostrado su malestar porque el empresario diga que ha encontrado ahora esos papeles y otros los esté reconstruyendo. En la declaración de hoy solo ha contestado a la Fiscalía y a su abogado, así que será citado de nuevo para contestar al resto de abogados.

Relojes, cadenas, pendientes y hasta plumas estilográficas, algunas con un valor que supera los 9.000 euros. El juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, prepara otra subasta de joyas y demás objetos de valor de David Marjaliza, para que este siga reuniendo fondos con los que cubrir una previsible condena por responsabilidad civil. De las últimas pujas se encargó Subastas Segre, la empresa de la mujer de Ignacio González.

Antes de celebrar la subasta, García Castellón ha encargado a un perito que tase un total de 22 piezas. Este ya le ha entregado su informe, en el que especifica que el precio que le ha puesto a cada objeto es en vistas a venderlo en el mercado de segunda mano. Ese informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, cifra en un total de 43.632 euros las 22 piezas a subastar.

En la colección hay, por ejemplo, relojes Sandoz con un valor de 50 euros y un par de ellos de Versace que llegan a los 2.000. También hay varias parejas de pendientes que oscilan entre los 200 y los 600 euros, aunque unos de oro blanco y setenta y cuatro diamantes se disparan hasta los 1.737 euros. Los conjuntos de anillos y pendientes rondan los 1.000 euros, aunque hay piezas más baratas, como una serie de colgantes que no pasan de los 36 euros.

Pero lo que más llama la atención de la lista de objetos a subastar son las plumas estilográficas. A Marjaliza se le requisó una extensa colección de plumas, de las que algunas ya se han subastado. Los investigadores las encontraron en Suiza, junto con multitud de joyas y obras de arte.

En el lote actual la pieza más cara es una pluma 'Diva Line' en homenaje a Greta Garbo de oro blanco y rosa, con incrustaciones de nácar, diamantes y perla de Akoya. Esta edición limitada está valorada en más de 9.000 euros. La pluma en homenaje a José II es algo más barata, unos 6.300 euros, y viene con un zafiro incrustado.

El mismo precio alcanzan las plumas de la edición Ludovico Sforza, con laca azul y plumín de oro. El set de tres piezas de Honoré de Balzac es algo más barato, 1.737 euros, e incluye una pluma -con plumín de oro-, portaminas y un bolígrafo, acompañados de un plaqué de platino y resina. El mismo set, pero edición Jonathan Swift, baja hasta los 1.429 euros.

Los objetos, ya tasados, podrán ser ahora subastados para ir reuniendo fondos con los que cubrir la responsabilidad civil de una eventual condena contra el cabecilla de la trama. Marjaliza lleva años colaborando con los investigadores, pero eso no implica que se vaya a librar de una condena, aunque esta sea menos dura por los servicios prestados.

Las investigaciones revelaron que el constructor de Valdemoro había gastado siete millones de euros en plumas, relojes, bolsos con los que agasajar a los alcaldes de los que dependían los contratos públicos. Él mismo lo explicó al primer juez de Púnica, Eloy Velasco, durante una de sus declaraciones.

Marjaliza relató que contaba con un joyero de confianza a quién le encargaba la compra de productos de lujo. “No se corresponde específicamente a que usted me da un contrato y yo le doy un bolso pero lo que sí es verdad es que agasajábamos a gente que estaba alrededor”, señaló.

“Dame 50 bolígrafos Mont Blanc, 50 plumas, dame tres relojes y no se qué”. Con estas palabras relataba el cerebro de la trama cómo eran las conversaciones con su proveedor. El joyero recibió solo en 2007 encargos por valor de 2.175.000. euros. Velasco también creía que parte de esas joyas y plumas se compraron para “invertir y ocultar parte de las ganancias ilícitas procedentes de los delitos de corrupción”.

De las últimas subastas de estos objetos se ocupó Subastas Segre, la empresa de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero. Fue el propio Marjaliza el que pidió que la puja recayese sobre esa empresa, que ha subastado algunas de sus piezas más preciadas, como una pluma de oro de 18 kilates y diamantes por 18.000 euros.

David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, ha admitido este miércoles ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP que pagó campañas electorales de PP, PSOE e Izquierda Unida. El empresario ha dicho sentirse arrepentido y ha relatado por qué no confesó antes del estallido de Púnica: “Iba en un AVE a 300 kilómetros por hora y era complicado bajarse”.

Marjaliza se ha expresado así en respuesta a las cuestiones del diputado del PP Francisco Molinero, que ponían fin a la comparecencia: “Dice usted que de alguna manera ha pagado cantidades al PP para financiarse campañas. ¿Ha pagado campañas electorales al PSOE? ¿Ha pagado campañas a Izquierda Unida?”. La respuesta ha sido afirmativa en ambos casos. Antes había insistido en varias ocasiones a los parlamentarios que no se centrasen en sus preguntas en la financiación del PP, porque, según su testimonio, pagó actos de “todo el arco parlamentario, cada uno en su proporción”, si bien ha rechazado aclarar los nombres concretos de los cargos.

El empresario, que tendría que haber comparecido el pasado martes en la misma sesión que Granados pero alegó estar enfermo, ha eludido la mayoría de las preguntas sobre la trama Púnica que han realizado las diputadas Soraya Rodríguez (PSOE) y Carolina Bescansa (Unidos Podemos) porque la causa todavía se está instruyendo. Sí se ha ratificado en su declaración ante la Audiencia Nacional y ha confirmado lo que dijo el pasado enero: que junto a Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron 3,6 millones de euros por las obras de ampliación de Metro de Madrid. Además, ha explicado que empezó a licitar con la Comunidad de Madrid antes de que Granados fuera nombrado consejero de Transportes del Ejecutivo regional por Esperanza Aguirre.

Según su relato, todos los empresarios que quisieran optar a algún contrato de urbanismo con el PP sabían que tenían que pagar comisiones para ser adjudicatarios. Preguntado por el momento en el que se dio cuenta de que para construir “tenía que pasar por caja” –en palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà– ha contestado que “eso lo sabía la sociedad entera”. Con respecto a cómo financiaba esas campañas electorales, Marjaliza ha relatado que lo hacía a través de facturas reales y ha admitido regalar jamones y tres televisores como obsequios a altos cargos políticos por contratos.

Los comisionados le han preguntado por su relación con Esperanza Aguirre, Francisco Granados y el extesorero del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que precisamente se saltó ayer su comparecencia en el Congreso. Sobre Granados, ha asegurado que “antes” era “buena”, “durante” no tuvieron ninguna relación y “después” no han vuelto a hablar. Con respecto a la expresidenta madrileña, ha dicho que no la conoce más que “de alguna inauguración” y de “hablar dos minutos con ella”. Ha concretado, a raíz de una pregunta del diputado de Ciudadanos Toni Cantó, que hablaron “sobre las calles, si debían tener un sentido o dos”. Mientras, sobre Beltrán Gutiérrez ha señalado conocerle aunque no tener ninguna relación.

“Iré hasta el final, más allá de que me peguen un tiro”

A preguntas del portavoz de ERC, Marjaliza –que lleva años colaborando con la Fiscalía– ha asegurado no estar preocupado porque su colaboración sea percibida como “sincera”: “Yo estoy diciendo la verdad y lo estoy demostrando con papeles, con fechas, con días y con todo lo que puedo. No me preocupa”. “No soy un buen parlamentario ese sentido, no tengo dialéctica porque no tengo estudios. Yo, lo que digo, lo digo de corazón, de lo que he vivido. Cuando una persona dice algo de lo que ha vivido y lo ha hecho, es muy complicado tirar eso atrás. Yo lo he hecho, yo lo he dado, yo lo he hablado y estaba en esa negociación. Nadie me puede decir lo contrario”, ha expresado.

“Yo voy a seguir. He decidido colaborar con la Justicia y desde que tomé la decisión, que tardé unos meses en decidirlo, voy a llegar hasta el final. Más allá de que me peguen un tiro”, ha insistido Marjaliza. Ha señalado, además, que su motivación para cooperar no fue la “vergüenza” sino “la pena” por su hijo, que entonces tenía 6 años. “¿Deduzco que usted siente un arrepentimiento sincero?”, ha cuestionado Tardà. “Sí”, ha sido la contestación: “Muchas noches me quedé sin dormir antes de que me cogiera la Guardia Civil. Iba en un AVE a 300 kilómetros por hora y era complicado bajarse. Tenía muchos trabajadores a mi cargo y si no había obra los tenía que despedir”.

Francisco Granados se ha sentado este martes frente a los diputados que investigan en el Congreso la financiación del PP. Como en sus comparecencias ante el juez de Púnica, se ha desligado de cualquier actividad ilegal y ha dicho que “jamás” ha visto “un solo euro de dinero negro” en su partido, ni tampoco sobres. Además, ha trazado una línea de separación con la presidenta del partido durante esos años: “No me he considerado ni la mano derecha ni la mano izquierda de Esperanza Aguirre”.

El exsecretario general del PP de Madrid ha comenzado su declaración con un tenso intercambio con el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, al que se ha negado a contestar algunas cuestiones aludiendo a que hay un proceso abierto en la Audiencia Nacional que ya investiga las campañas electorales de 2007 y 2011. Sí que ha dicho reafirmarse en lo que ha manifestado en sus dos últimas declaraciones ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón.

Sobre su posición en el partido, ha explicado que se ocupaba de la parte política, de “visitar agrupaciones locales o atender afiliados”. “No sé de nadie que me haya llamado a mí la mano derecha de Aguirre”, le ha dicho al portavoz socialista, aunque sí ha admitido que algo de confianza en él debía de tener si le nombró para el cargo de secretario general y para diversos cargos en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a las campañas electorales, y como ya hizo en la Audiencia Nacional, ha vuelto a insistir en que solo se ocupó de la parte legal. “Yo en publicidad y propaganda no intervenía, en lo que he participado, en lo que he hecho, las cuentas que he visto, las que se me han enseñado, son las que se han depositado en el Tribunal de Cuentas, otras, no he visto ni he participado”, ha relatado.

Sicilia también le ha preguntado por qué ha reclamado al juez la imputación de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre o Ignacio González. Ha respondido que pueden “ratificar o no” lo que él ha declarado, y que si pide que se les cite como investigados es para garantizar mejor sus derechos, “sin ningún ánimo de atacar ni a criminalizar a nadie, y menos a los que han sido compañeros de partido durante 30 años”.

Ni dinero negro, ni sobres

Los encontronazos de Granados han continuado con el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, que ha comenzado preguntándole a qué achacaba su “caída en desgracia” dentro del PP. “Cosas de la política, qué le voy a contar yo a usted señoría”, ha respondido, antes de enzarzarse con él por preguntarle acerca de Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de Madrid, considerada una de las herramientas de enriquecimiento de los investigados en Púnica.

Se ha negado también ha hablar de la campaña de refuerzo a Aguirre en 2011 que se pagó con la caja B, y que él mismo detalló dentro y a las puertas de la Audiencia Nacional. “La campaña en la que he participado está entregada en el Tribunal de Cuentas, jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido, ni he visto estos famosos sobres, no los he visto, las cosas que no he visto no las puedo reconocer, he visto muchas otras cosas, todas buenas”, ha contestado.

Entre las pocas respuestas que ha dado a Errejón, una sobre las revelaciones de su exsocio, David Marjaliza, que colabora desde hace años con la investigación -“Creo que el señor Marjaliza ha mentido de la A a la Z”- u otra sobre si ha negociado en estos años con alguien de su partido: “Mi partido no necesita nada de mí, y yo, dada mi situación, no necesito nada de mi partido, no tengo nada que negociar, no tengo nada que darle”.

Ya en el turno de Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos, Granados ha dicho conocer a algunas de las empresas bajo sospecha de haber pagado campañas en B para el PP de Madrid. Algunos de los empresarios que las dirigían así lo han admitido frente al juez. Sin embargo, Granados ha afirmado que se les pagaba “de manera limpia y transparente”.

El diputado de Ciudadanos se ha interesado por cómo se pagaban los actos de campaña, como los mítines en pueblos o las paellas populares que se hacían con militantes. Granados ha contestado que todo se pagaba de forma legal: “A las paellas a las que he ido, he pagado 5 o seis euritos para entrar”.

No contesta a Bildu “por respeto a las víctimas”

Sus rifirrafes con los portavoces han recrudecido con el de EH Bildu, Oskar Matute, al que se ha negado a contestar “por respeto a las más de mil víctimas y a sus familias”, en referencia a los atentados de ETA. “Tendría que volver a nacer”, ha dicho, y le ha reclamado que sus compañeros de militancia ideológica ayuden a esclarecer los atentados sin autor conocido y pidan perdón a las víctimas: “No le voy a contestar a ninguna pregunta porque esto es el mundo al revés”.

Matute le ha contestado que siempre ha mantenido una posición de rechazo firme a la violencia y que por ello no debe pedir perdón a nadie. Mientras Granados tomaba notas, el diputado de Bildu ha ido recordándole algunas de las revelaciones que le han afectado durante los últimos años, así como sus declaraciones públicas durante su etapa en política en la que afeaba las conductas corruptas de los demás.

Si con Bildu ha mencionado a ETA, en el turno de Ester Capella (ERC) ha sacado a relucir el procés. Cuando estalló el caso Púnica no huyó -“no me voy a Bruselas para que no me encuentren, ni a Suiza”- y los ingresos que se investigan en esa trama tienen origen legal -“a mí no me tocó la lotería, la lotería le tocó al señor Pujol”- ha explicado a Capella, y se ha congratulado de que dé veracidad a los que dicen sobre él jueces y fiscales: “celebro que tenga esa confianza en los tribunales de justicia españoles”.

Granados estaba citado después de su antiguo amigo, el empresario David Marjaliza, considerados ambos como cabecillas de la trama Púnica. Sin embargo, este no se ha presentado alegando que estaba enfermo. El presidente de la Comisión ha dicho que se harían las comprobaciones necesarias para acreditar la veracidad de ese parte médico, sobre el que ha expresado dudas.

La portavoz del PP, como en otras sesiones, se ha negado a formular preguntas y ha cargado contra otros grupos por la utilización que hacen de la comisión.

Ha enviado un certificado médico que sostiene que el empresario sufre una infección de las vías respiratorias

El presidente de la Comisión que investiga la financiación del PP confía en que haya "un parte de baja más sólido" que el enviado anoche por Marjaliza

David Marjaliza, el que fuera socio de Francisco Granados en la trama Púnica, no ha acudido este martes al Congreso para comparecer en la Comisión que investiga la presunta financiación irregular del PP. Ha enviado un email acompañado de un justificante médico en el que alega que está enfermo y eso le impide comparecer.

El empresario estaba citado a las 9.30 horas. A última hora del lunes envió ese correo en el que adjuntaba un certificado médico que explica que sufre “infección de las vías respiratorias”, según ha explicado el presidente de la Comisión, Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canaria.

Quevedo ha afirmado que confía en que haya “un parte de baja más sólido” que el adjuntado en el correo y ha expresado su preocupación porque este tipo de situaciones “se generalicen”. En la misma línea se han expresado Esther Capella (ERC) y Carolina Bescansa (Unidos Podemos). Esta última ha pedido que se consulte a los servicios jurídicos para confirmar “que la información es veraz”.

El presidente de la Comisión ha insistido en el que documento enviado por Marjaliza le parece “insatisfactorio”, aunque el letrado de la cámara baja ha asegurado que era válido, aunque se tratase de un documento expedido por una clínica privada.

Marjaliza estaba citado a comparecer este martes junto con Granados, al que se espera sobre las 12.00 horas y que en principio no ha informado de que se vaya a ausentar, a pesar de las dudas de algunos diputados de la Comisión después de que el exsecretario general del PP de Madrid no acudiese ayer a los juzgados de Plaza Castilla a declarar por la querella que le puso Cristina Cifuentes.

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, no imputará a Francisco Granados por obstrucción a la Justicia y calumnias por intentar mezclar en esta causa la investigación por narcotráfico contra David Marjaliza. Rechaza así la petición del empresario y de la Fiscalía, que reprocha al abogado de Granados que le defienda con “continuas descalificaciones” y una actitud “obstruccionista e intimidatoria”. El magistrado también se niega a indagar en un supuesto trato de favor a Marjaliza en esa investigación por tráfico de drogar porque cree que la petición se basa en “en elucubraciones sin base alguna”.

Este nuevo enfrentamiento entre quienes llevaron las riendas de la trama Púnica nace tras el archivo hace unas semanas de una investigación contra Marjaliza iniciada en 2014. Inmediatamente después, Granados presentó un escrito en el que pedía que se retomasen esas pesquisas y se uniese esa investigación a la de Púnica.

El objetivo de Granados y su abogado, Javier Vasallo, era tratar de demostrar que Marjaliza tiene un pacto con la Fiscalía que le está reportando beneficios judiciales. Sostiene que goza de beneficios y privilegios que se han extendido a la causa por narcotráfico ahora sobreseída: “El gran premio que obtuvo, sin más, el testigo principal de la presente causa, investigado en otras, es que se dejaran en el olvido causas de salud pública, blanqueo de capitales derivados del mismo y otras circunstancias”.

Represalias contra los agentes de la UCO

Marjaliza respondió con otro escrito en el que pedía que esa maniobra fuese entendida como un delito de obstrucción a la justicia y otro de calumnias, a lo que se sumó la Fiscalía en un duro informe contra el abogado de Granados. Le acusan de tomar represalias contra los agentes de la UCO que testificaron contra él en la causa por revelación de secretos y que se saldó con la primera condena para el exsecretario general del PP de Madrid.

Las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, recuerdan que la investigación contra Marjaliza por delitos de narcotráfico se centra en unos hechos “que nada tienen que ver” con los investigados en Púnica. Además, recuerdan que el juez y la Fiscalía de ese caso lo archivaron porque no vieron relación entre Marjaliza y el resto de investigados. Por lo tanto, se trata de “una diligencia inútil, solicitada al margen del derecho de defensa”.

A partir de ahí, las fiscales cargan contra el abogado de Granados por un escrito “cargado de acusaciones” y recalcan que no tuvieron conocimiento de la investigación por narcotráfico, así que difícilmente pudieron intervenir para procurar a Marjaliza un trato favorable a cambio de sus revelaciones en Púnica.

Aseguran que el derecho de defensa que asiste a Granados no es “una carta blanca de legitimidad ni al insulto ni a la descalificación”. “El letrado del Sr. Granados ha iniciado una línea de defensa sustentada en continuas descalificaciones” señalan, y recuerdan que “ha venido presentando diversas denuncias contra todos los testigos de la pieza 1 de la causa ”revelación de secretos por un Guardia Civil“, carentes de toda verosimilitud y que solo se explican como represalia por el testimonio prestado en juicio oral”.

Así, más allá de las responsabilidades penales que se desprendan de la actuación del abogado de Granados, la Fiscalía pidió que los escritos presentados por su letrado se enviasen al Colegio de Abogados “a los efectos de valorar su responsabilidad disciplinaria”.

El juez desestima todas las peticiones

A pesar de las “muy desafortunadas e inconsistentes” alegaciones del cabecilla de la trama, al juez García Castellón ha desestimado las peticiones de la defensa de Marjaliza y la Fiscalía. Cree que sus actuaciones son enmarcables dentro del derecho de defensa, por lo que no enviará los escritos al Colegio de Abogados.

También rechaza incorporar la investigación por narcotráfico al caso Púnica porque la petición se basa “en elucubraciones sin base alguna y en nada tienen relación con los hechos que en esta causa se instruyen”. El juez afea al abogado de Granados que haya omitido que la vía para corregir posibles irregularidades en una causa son los recursos, no tratar de arrastrar la investigación a otra muy distinta.

García Castellón cierra así el último enfrentamiento entre los cabecillas de la trama Púnica, enemistados desde que Marjaliza optó por colaborar con los investigadores y destapar los aspectos clave del caso, como la agenda de Granados que recoge la supuesta caja B del PP de Madrid. La defensa de este último trata de demostrar que el empresario actúa en base a un acuerdo con la Fiscalía, pero el juez ha cortado cada intento de seguir por esa vía.

Este martes ambos coincidirán en el Congreso de los Diputados, citados en la comisión que investiga la financiación del PP. Granados, además, volverá el jueves a la Audiencia Nacional para continuar con su declaración en Púnica, un caso en el que se oscurece su futuro judicial con cada nueva revelación de su antiguo amigo.

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha archivado la causa contra Inés de Borbón y Borbón por su presunta participación en la trama de blanqueo de capitales de Francisco Granados y David Marjaliza. El juez concluye que la prima del rey Juan Carlos I no conocía el “trasfondo” de las operaciones en las que contribuyó para que los dos presuntos cabecillas de la trama de corrupción pudieran esconder dinero en Suiza.

En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez García-Castellón ordena dar traslado de sus investigaciones a la Agencia Tributaria, toda vez que considera acreditado que Inés de Borbón y Borbón ha utilizado “mecanismos opacos para ocultar su patrimonio”.

El “mecanismo de compensación” al que alude el juez en su auto consiste en que individuos que quieren esconder dinero en Suiza se sirven de otros que tienen cuentas bancarias en el país helvético y les entregan cantidades en efectivo en España.

Inés de Borbón declaró como imputada el 3 de febrero de 2016 en la Audiencia Nacional. Durante los 24 minutos de interrogatorio al que fue sometida en la Audiencia Nacional el pasado 3 de febrero, Inés de Borbón negó rotundamente cualquier participación en la trama. Sí admitió que se había acogido a la amnistía fiscal para regularizar un dinero procedente de la herencia de su padre, Alfonso de Borbón, fallecido en 1964.

Hasta en tres ocasiones negó conocer cuál fue el montante de la herencia. En realidad, fueron dos por un importe equivalente a 5,9 millones de euros. Así lo evidencia la investigación de Los Papeles de la Castellana, publicada en junio de ese año, y elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón filtrala.org.

La hipótesis del juez, las fiscales anticorrupción y la Guardia Civil en el caso Púnica apunta a que el dinero que el “amigo” de Inés de Borbón –el directivo del banco Lombard Odier de Ginebra, Javier Martín– llevaba a la residencia de esta en Madrid no procedía de Suiza sino de Valdemoro y formaba parte del botín de la trama corrupta de Marjaliza y Granados. Se trata, según los investigadores, de un mecanismo habitual en los casos de blanqueo para evitar que los fajos de billetes tengan que recorrer miles de kilómetros por media Europa camino de Suiza: si en España hay una persona que quiere enviar dinero a Ginebra y otra que pretende repatriarlo desde allí, basta con hacer el intercambio aquí y luego cuadrar los ingresos y las salidas en el banco helvético.

“De todo lo actuado hasta la fecha no se ha constatado evidencias de que la investigada conociera el trasfondo de dichas operaciones, por lo cual no existe inconveniente en acordar el sobreseimiento provisional solicitado por la representación procesal de Inés de Borbón y Borbón”, recoge el auto.

El actual alcalde de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de una serie de documentos que guardaba en su despacho y que están vinculados al caso Púnica, la trama de corrupción que tiene como epicentro la localidad madrileña de la que fue regidor Francisco Granados. Faraldos tenía previsto entregar esa documentación a la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los documentos sustraídos figura uno con la lista de contratos del Ayuntamiento de Valdemoro con las empresas de la trama que el propio alcalde había elaborado cuando estaba en la oposición, informan a eldiario.es fuentes próximas a la investigación del robo.

Además, el alcalde guardaba en la carpeta, que encontró vacía, copia del informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid sobre contratos fraudulentos de personal del Consistorio en la época de Gobierno del PP, así como una denuncia al respecto presentada por el Grupo Municipal Socialista en la Fiscalía Anticorrupción en 2009.

Faraldos se percató del robo cuando se dispuso a recoger la carpeta para llevarlos el 13 de febrero a Anticorrupción, fecha en la que había sido citado por las fiscales del caso. La sustracción se debió producir entre la mañana del 9 de febrero, viernes y la del siguiente lunes, día 12, según los propios cálculos que trasladó el alcalde de Valdemoro a los investigadores.

Faraldos arrebató la Alcaldía de Vademoro a Ciudadanos el pasado mes de julio al prosperar una moción de censura presentada por su partido, el PSOE, y que apoyaron Ganemos Valdemoro, Izquierda Unida y un partido local, Proyecto TUD. Faraldos desposeía así al partido de Albert Rivera de la Alcaldía más importante de Madrid de las que gobernaba.

En una entrevista concedida a madridiario.es tras tomar posesión del cargo, Faraldos declaró que lo primero que iba a hacer era ponerse “a disposición de los trabajadores de la casa” y, a continuación, dar la orden de “iniciar los procedimientos de lesividad de la trama Púnica antes de que caduquen”.

“Estos procedimientos son el derecho que tiene la administración para revisar los contratos irregulares que aquí se realizaron en la etapa del PP (1999-2015). Lo que no había hecho Gross. Aquí han gobernado a espaldas del Pleno. Las medidas venían sin consensuar y en otras ha habido mucha pasividad, como con Cofely o el control de las privatizaciones”, decía el alcalde en esa entrevista.

Cofely es una de las empresas clave en la investigación de Púnica. Para ella legó a trabajar David Marjaliza, el empresario amigo de Granados alrededor del cual se fue tejiendo la trama de sobornos y concesiones. Recientemente, un exdirectivo de la compañía de eficencia energética confesó en la Audiencia Nacional que Cofely redactaba los pliegos de los contratos que luego le adjudicaban.

El alcalde: “No me sorprende”

eldiario.es se ha puesto en contacto con el alcalde de Valdemoro para que de su versión de los hechos. Faraldos ha confirmado el robo y la existencia de una denuncia ante la Guardia Civil y se ha limitado a añadir: “No me sorprende visto todo lo que ha pasado en Valdemoro”.

El Partido Popular convirtió el municipio madrileño en una suerte de agencia de contratación a afines que siguen, tres años y medio después de la Operación Púnica, en sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Fuentes municipales cifran en un 80% el número de contratados que responden a prácticas de “enchufismo”.

Algunas de esas personas están vinculadas a detenidos e investigados en Púnica, como la hermana de Marjaliza, Ana, funcionaria del área de Contratación del Ayuntamiento. En ese mismo departamento están la mujer del primo del citado empresario y la hermana de ésta. Uno de los policías municipales del municipio es hermano de José Carlos Boza, exalcalde y también arrestado cuando estalló la operación anticorrupción.

El exconsejero delegado de la entidad pública Madrid Infraestructuras del Tranportes (Mintra) Jesús Trabada ha explicado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, que los contratos para las obras de Metro Ligero en Madrid se firmaron en enero de 2005 tras la llegada de la actual ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Según han informado a Europa Press fuentes presentes en el interrogatorio, Trabada ha negado ser conocedor de ninguna irregularidad en el proceso pese a que la Fiscalía Anticorrupción pidió su citación como investigado al ser Mintra la que adjudicó los contratos a cambio de presuntas mordidas que se repartieron a partes iguales Francisco Granados, el constructor David Marjaliza y el empresario Javier López Madrid.

Durante sus más de horas de interrogatorio, Trabada ha negado estos términos y ha defendido que Mintra, encargada de las ampliaciones de la red de Metro Madrid, actuó siempre en el margen de la legalidad, según las mismas fuentes. Las obras que investiga el magistrado instructor son las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

En su auto de citación, el juez dijo que de las pesquisas desarrolladas se deducía que Granados, “abusando de su posición” al frente de la Consejería de Transportes, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum (vinculada a Marjaliza) a cambio del pago de “importantes comisiones”. Javier López Madrid habría aportado las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

Granados se defendió de esta acusación en un escrito presentado al juez asegurando que cuando se adjudicó esta obra no era el consejero de Transportes, sino que lo era María Dolores de Cospedal, que asumió su cargo el 21 de diciembre de 2004, días antes del cierre de la operativa. La Resolución de Mintra quedó recogida en el Boletín Oficial de Estado el 27 de enero de ese año.

Trabada también ha rechazado que constituyera la mercantil Bustren con el dinero procedente de las comisiones ilícitas de López Madrid, Granados y Marjaliza. Fue este último quien en su última declaración en sede judicial el pasado 17 de enero apuntó que las partes se repartieron 3,6 millones de euros por la adjudicación a una de las empresas de Marjaliza de estos contratos.

Al respecto Trabada ha reconocido la constitución de la mercantil pero que esta estuvo capitalizada con dinero de procedencia lícita. El juez le investiga por nueve delitos entre los que se encuentran organización criminal y blanqueo de capitales,

Por estos hechos declararon la pasada semana el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y López Madrid quienes negaron todas las acusaciones del Ministerio Fiscal. El empresario apuntó que las facturas aportadas por Marjaliza a la causa correspondían a trabajos de asesoramiento inmobiliario prestados en esa época.

El consejero delegado del Grupo Villar Mir Javier López Madrid ha negado este martes ante el juez del caso Púnica que recibiera mordidas de David Marjaliza, el constructor amigo de Francisco Granados que levantó un pequeño imperio al sur de Madrid.

Para justificar los pagos que recibió de Marjaliza, el amigo del rey Felipe VI ha intentado defender que él asesoró al constructor de Valdemoro en unas obras de metro en su propio feudo y en Parla, otra localidad del sur de la comunidad autónoma, han informado fuentes jurídicas.

López Madrid se ha sentado como imputado ante el magistrado Manuel García Castellón porque Marjaliza ha tirado de la manta y ha aportado documentación sobre amaños que tenían del lado del Gobierno autonómico a Francisco Granados y en el de los empresarios a él mismo y al yerno de Juan Miguel Villar Mir.

López Madrid ha replicado este martes presentando al juez otra documentación que, según él, demuestra que los pagos de Marjaliza corresponden a trabajos que él ralizó para el constructor en materia de asesoría e inversión, tanto los citados como en Alemania.

En el auto de citación, el juez asegura que Granados “abusando de su posición al frente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de Madrid, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza”. Esos lotes abarcaban las ampliaciones de Metro de Madrid y fueron adjudicados desde la empresa pública Mintra, “con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada”. El directivo de la empresa pública ha solicitado posponer la declaración prevista para hoy.

En dicho concierto “participaría también el investigado Javier López Madrid, quien aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir”. Según explicó Marjaliza, López Madrid vació esa empresa, especializada en construcción, para vendérsela a bajo precio y poder presentarse con ella al concurso. El juez añade que esa licitación “se acomodó” a favor de los investigados.

Terminado el amaño, Granados, Marjaliza y López Madrid se repartieron presuntamente 3,6 millones de euros en comisiones. El juez añade que la investigación ha destapado nuevas evidencias de que López Madrid participó en más amaños de contratos.

Fuentes del caso aseguran que la contradicción entre unas pruebas y otras se terminará resolviendo en la fase de juicio oral, lo que complica aún más el futuro judicial del yerno de Villar Mir. López Madrid está acusado de financiar de forma irregular al PP de Madrid en Púnica y Lezo, se sentará en el banquillo por la salida a bolsa de Bankia este 2018 y sigue imputado por acoso a la doctora Pinto.

Por la mañana declaró Juan Miguel Villar Mir, que defendió la “transparencia” de toda la trayectoria de su constructora OHL al tiempo que negón el pago de mordidas. El atribuye a ambos, de forma indiciaria, los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación y tráfico de influencias.

Correos en la causa

Los emails que han interceptado los investigadores destapan que Marjaliza recibió las comisiones a través de su compañía Aruba Gestión. Las facturas demuestran que López Madrid lo hizo a través de su compañía Vancouver Gestión, un flujo de fondos que “se encubría mediante facturación falsa, que recogía irreales relaciones mercantiles” entre las empresas de Marjaliza y las de López Madrid. Según el juez, la base de datos de la Agencia Tributaria “recoge el circuito de salidas de fondos en efectivo para el pago a Granados y terceros concertados”.

El juez también recuerda en su auto que la investigación de Púnica ha destapado que el Grupo Villar Mir ha resultado adjudicatario de varios contratos licitados por Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid. Añade en este punto que se ha identificado a OHL como “presunto donante del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en las menciones de la agenda intervenida al investigado Francisco Granados, hechos que se investigan en la línea de financiación irregular de dicha fuerza política”.

El juez que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón, quiere cerrar la investigación por blanqueo de capitales a Francisco Granados y a quien fuera su socio, David Marjaliza. Para ello necesita que Panamá responda a un comisión rogatoria que el anterior juez del caso, Eloy Velasco, envió en 2015 y que las autoridades de ese país no han devuelto cumplimentada, por eso ha vuelto a cursarla de nuevo dejando claro que necesita una respuesta con urgencia.

En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juez señala que Panamá no ha contestado a la primera comisión rogatoria que envió en verano de 2015. García Castellón apunta que “dado el tiempo transcurrido sin respuesta alguna” va a pedir de nuevo a ese país los datos bancarios que necesita en la investigación contra “Francisco Granados Lerena y otros por blanqueo de capitales”. El juez envía la nueva comisión rogatoria al Ministerio de Justicia, encargado de enviarla a Panamá, y pide hace constar las razones de urgencia.

Lo cierto es que Panamá no se ha negado a colaborar con la investigación, como si ha ocurrido con otros países. Las autoridades panameñas han remitido en los últimos días una comisión rogatoria que envió el juez Velasco en 2016, y que ya analizan Anticorrupción y la Guardia Civil. Sin embargo, no han contestado a la que se envió un año antes.

Los investigadores rastrean el dinero en el extranjero de Granados y Marjaliza desde el estallido del caso. En un informe policial ya trazaron un esquema de cómo ambos habían sacado su dinero de España a través de bancos Suizos para depositarlo también en Singapur. El empresario sacó de España unos 11 millones de euros que repartió entre tres cuentas suizas, de los que 8 están bloqueados por la investigación. El resto viajó hacia Singapur, donde el cabecilla de la trama también ingresó el dinero de Granados (1,6 millones).

Además, un viaje de Granados a Panamá levantó las sospechas de los investigadores y motivaron la petición de las comisiones rogatorias. Viajó a ese país acompañado de Alejandro de Pedro, el conseguido de la trama Púnica que hizo caja cobrando a políticos del PP por trabajos de reputación en internet y redes sociales. A él se le investiga en otras piezas separadas donde están imputados políticos como el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o Lucía Figar, exconsejera de Educación con Esperanza Aguirre.

Granados hizo ese viaje costeado por De Pedro -unos 6.000 euros entre vuelos y hoteles- y cuando aún era senador del PP. Estuvieron en Panamá y Costa Rica visitando a cargos públicos de ambos países, unas reuniones en las que, apuntó la Guardia Civil, querían hacerse con contratos amañados.

Por ejemplo, se reunieron con la alcaldesa de la ciudad de Panamá, Roxana Méndez, y tras ese encuentro Granados comentó en una conversación grabada por qué pensaba que Méndez había perdido las elecciones: “Estaba ya muy debilitada internamente y no ha hecho lo que le dijimos que tenía que hacer (...). No se ha aliado con el que nosotros queríamos (...) y ha palmao”.

Según el juez, “los indicios de la investigación apuntan a que el objeto del viaje fue visitar a determinados cargos públicos y políticos al objeto de obtener contratos y presentarse a adjudicaciones públicas”. Los investigadores, eso sí, dejaron claro que no habían podido corroborar si Granados y De Pedro habían llegado a cobrar por esos trabajos.

Los investigadores también buscan el rastro de Marjaliza en esos países, donde detectaron sociedades vinculadas con el constructor. Él aseguró en una declaración que no sabía por qué tenía una estructura societariamente a en esos países y la atribuyó a maniobras de su banco. Sobre Granados dijo que él solo sabía que tenía cuentas en Suiza y Singapur, pero no en otros países.

Granados, por su parte, siempre ha insistido en que no tiene dinero en el extranjero, y que las únicas cuentas en Suiza que dispuso se la traspasó a Marjaliza cuando entró en política. Sin embargo, la investigación no solo ha destapado que sí escondió dinero fuera de España, sino que también lo hizo en nuestro país. Los investigadores localizaron un millón de euros en casa de sus suegros y han ido destapando diversas maniobras para blanquear las ganancias que obtuvo mediante mordidas.

El mismo Marjaliza detalló recientemente una de esas comisiones por la ampliación del Metro. Según la documentación que entregó en la Audiencia Nacional, el exsecretario general del PP de Madrid se quedó con 1,2 millones que exigió recibir en metálico. El constructor y el empresario Javier López Madrid, que les ayudó a amañar el contrato, se llevaron la misma cantidad.

Los jueces de este caso ya han tenido problemas para cerrar esta vía de la investigación. Velasco envió también comisiones rogatorias a Costa Rica, el otro país que visitaron De Pedro y Granados, pero sus autoridades se negaron a aportar datos. Argumentaron que el delito de blanqueo derivaba de uno previo de evasión fiscal, algo no considerado delito en Costa Rica, por lo que no podían colaborar con esa investigación.

David Marjaliza, Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron 3,6 millones de euros por las obras de ampliación de Metro de Madrid. Así lo ha asegurado el empresario de la Púnica durante su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional, donde ha aportado la documentación que prueba el cobro de mordidas.

En su declaración ha explicado que Granados era quien decidía el reparto de comisiones y exigía que su parte se le entregase en metálico, en un sobre. Según fuentes presentes en la declaración, ha explicado que López Madrid entró en el reparto por indicación del propio exconsejero de Presidencia, que usó una de las sociedades del empresario para amañar el concurso.

Al término de su declaración, que duró unas tres horas, el juez informó a Marjaliza de que iba a pedir al Ministerio del Interior que estudie hay que ponerle protección a él y a su familia, por las amenazas que el empresario dice estar recibiendo.

La nueva documentación que ha aportado, adelantada por El País, reflejan un cruce de facturas que da como resultado unas ganancias de 6,6 millones para las empresas vinculadas a Marjaliza por trabajos de “asesoramiento” y “gestión” en las obras licitadas en 2004 para ampliaciones de Metro Ligero, Metro Norte y el Metro Sur.

Tras pagar los correspondientes impuestos, la cifra resultante se quedó a en 3,6 millones de euros, a repartir a partes iguales entre Marjaliza, Granados y López Madrid. Según la documentación del empresario, “F1” -Futuro 1, el seudónimo con el que se refería a Granados- se llevó 1,2 millones de euros, la misma cantidad que “JLM”- Javier López Madrid- y “V”, en referencia a Vancuover Gestión, una empresa de Marjaliza.

López Madrid le ayudó a amañar el concurso

Durante su declaración ante el juez de Púnica, Marjaliza ha explicado que esos pagos se hicieron a lo largo de 2005 y 2007. López Madrid ingresó su parte cobrando desde su empresa Financiera SiaCapital SL a la sociedad de Marjaliza por conceptos como haber intermediado para lograr las concesiones.

Durante su declaración, según informan fuentes jurídicas, ha detallado el papel de López Madrid en el proceso. Según ha explicado, el empresario “vació” una sociedad de su propiedad -ELSAN, especializada en construcción- que vendió a bajo precio a Marjaliza y Granados para que la pudiesen utilizar para amañar el contrato de las obras de Metro.

Con la amaño finalizado, Granados indicó que López Madrid tenía que llevar su parte. Marjaliza ha dejado claro en la sala de declaraciones que tiene facturas y comprobantes de esos pagos porque él mismo realizó las transferencias. Ha dicho desconocer si Aguirre estaba al tanto de esta operación.

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha dictado ya una providencia en la que ordena que la documentación entregada por Marjaliza para “esclarecer los hechos” se ponga a disposición de la Fiscalía y la UCO, para su “investigación y estudio”.

Marjaliza ha dicho en un momento de su declaración que tiene más documentación. Varios abogados han interrumpido el interrogatorio para pedir que se retuviese al empresario y se registrase su casa para requisar esos documentos, pero el juez se ha negado. También ha cortado en seco los intentos de los letrados de preguntar si tiene un acuerdo con la Fiscalía para confesarlo todo.

Comisiones por cada vivienda protegida

Marjaliza ha ahonda durante su declaración en otra arista de la investigación de Púnica, la relativa al amaño de las licitaciones para construir viviendas protegidas en municipios madrileños como Parla o Getafe. El propio empresario ha explicado a los periodistas a la salida que los ayuntamientos de cualquier signo político exigían una mordida para adjudicar las obras.

Según ha detallado durante su declaración, para las de tipo VPP -vivienda de protección pública- se pagaban 3.000 euros por cada una, mientras que para hacerse con las VPL -Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado- había que pagar 6.000 euros al intermediario con el Ayuntamiento.

Ha explicado que cada partido adjudicaba las viviendas a los empresarios de su confianza, previo cobro de la mordida, pero que él siempre tuvo tratos con el mismo partido, el PP. “Yo pagaba a quien tenía que pagar”, ha dicho a la salida del interrogatorio.

Sí que ha reconocido que en alguna ocasión trató con políticos del PSOE, como cuando abonó 600.000 euros a un intermediario de Tomás Gómez, el exsecretario general de los socialistas madrileños. Más de 200.000 se destinaron a pagar material electoral, ha precisado.

Granados centralizó en Arpegio esas licitaciones de viviendas. “Para que se lo lleven los alcaldes, ya me lo llevo yo”, ha recordado Marjaliza que dijo el exconsejero. Ese nuevo proceso de licitación era más complicado, y provocaba que solo las grandes constructoras llegasen a la fase final. En ese momento, Marjaliza se ponía en contacto con las empresa para indicarle que tenía que pagar el 2 o el 3% para hacerse con la licitación.

Florentino Pérez se quejó a Aguirre

Marjaliza ha dedicado una parte de la declaración a explicar por qué Granados dejó de ser consejero de Transportes de Aguirre, según la versión de este último. En una cena que organizó tras abandonar ese puesto, aseguró que él había cambiado las licitaciones para dar entrada a empresas de tamaño medio, en lugar de que las grandes copasen cada contrato. Así entraron las sociedades de Granados.

Ese cambio en la forma de adjudicar contratos no gustó a Florentino Pérez, dueño de ACS, que según Granados acudió directamente a Aguirre para quejarse del nuevo sistema. Según el exconsejero, Aguirre tomó entonces la decisión de apartarle de la Consejería que tantos beneficios económicos estaba dando a Granados.

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP regional, donde era su número dos, tenía un plan para deshacerse de toda la documentación comprometida que guardaba su socio, el constructor David Marjaliza, señalado como el cerebro de la trama Púnica. 

Lo ha contado el propio Marjaliza en la tercera sesión del juicio del caso Talamino en el que se aborda el chivatazo que Granados recibió de un Guardia Civil durante una noche de copas, en la madrugada del 6 de septiembre de 2014, sobre la investigación en marcha contra ellos. Según el constructor, Granados le avisó a la mañana siguiente de que había agentes de la Guardia Civil “haciendo cosas, seguimientos o algo” en las inmediaciones de sus negocios en la localidad de Pinto. 

La instrucción que le dio Granados quien le dijo que la historia tenía “muy mala pinta”, fue la de “quemar durante un día de niebla” la documentación que guardaba en el edificio Eboli, sede de una de sus empresas, donde guardaba contratos que la trama logró de diferentes instituciones públicas, expedientes e información de la Comunidad de Madrid, licitaciones de otras administraciones y facturas sin declarar, informa Europa Press. 

A raíz de ese aviso, se produjeron varias reuniones entre los socios de las empresas de Marjaliza y este dio órdenes de comprar nuevos teléfonos móviles, formatear los discos duros de sus ordenadores y el de su personal de confianza y transportar el dinero en metálico a Madrid. 

Marjaliza que decidió hace más de un año tirar de la manta para propiciar su salida de prisión, también contó que los apuntes sobre regalos y pagos en B que la trama realizó a diferentes responsables políticos, entre ellos el propio Granados, estaban todos en una libreta. Los que recibía el expresidente de la Comunidad de Madrid se registraban como “futuro” y los que iban a parar al exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno, sucesor de Granados, se apuntaban como “futuro 2”. 

Por el juicio pasó también la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez, quien confirmó la existencia de dicha libreta en la que durante los últimos quince años anotaron “todos los meses” cantidades que oscilaban entre los 20.000 y 50.000 euros aunque no ha aclarado a qué concepto respondían ni quienes eran los beneficiarios, al margen de los dos exediles de Valdemoro. “Eran grandes cantidades de dinero”, ha respondido cuando le preguntaron los abogados de las partes.

Quien fuera mano derecha de Marjaliza también admitió haber guardado bajo  su colchón mucha información sobre cuentas bancarias en el extranjero a petición del constructor, que decidió no quemar esa información. Tanto Marjaliza como Ramírez están imputados en la pieza principal de la trama Púnica que sigue instruyéndose por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.