Ayuso vuelve al lugar del crimen en la Ciudad de la Justicia: un agujero de 350 millones y penas de cárcel a cargos del PP

La temporada anterior acabó en alto: 350 millones de euros dilapidados en un proyecto megalómano que iba a servir para levantar una docena larga de edificios públicos firmado por los mejores arquitectos del planeta y de los que solo se terminó uno, el Instituto de Medicina Legal. Cinco altos cargos del Gobierno que alumbró la idea condenados a penas de cárcel, acusados de prevaricar y malversar fondos públicos en 24 contratos entre 2005 y 2011. Al que fue consejero de Justicia y vicepresidente, Alfredo Prada, le cayeron siete años en la Audiencia Nacional. Otros cargos públicos de la época han recurrido al Supremo para no entrar en la cárcel. La jefa de todo, Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid con mayoría absoluta y plenos poderes desde 2003 a 2012, la misma dirigente que había viajado de Nueva York a Singapur y otras capitales para exhibir las maquetas (presentadas hasta 72 veces) volvió a quedar libre: contó al tribunal que nada de la Ciudad de la Justicia había sido idea suya y que su error fue aceptar la sugerencia de su consejero y vicepresidente durante un tiempo, Prada.

Igual que con sus otras dos manos derechas que pasaron por la cárcel, Ignacio González y Francisco Granados, Aguirre tampoco tuvo que ver gran cosa con el proyecto estrella de su Gobierno. Así se ha escrito la historia en los tribunales.

Este jueves la Ciudad de la Justicia estrenó la secuela. Ha pasado un año y un mes después de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a cinco altos cargos del aguirrismo, pero sobre todo sentenció una forma de hacer política y aquella oda al despilfarro. Los jueces concluyeron que los promotores del Campus de la Justicia “obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos” y “se alejaron cada vez más del objeto social” en los sucesivos contratos que adjudicaron durante seis años seguidos en dos gobiernos consecutivos.

En la segunda temporada, Isabel Díaz Ayuso y su comitiva institucional en la que estaban desde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la fiscal superior, Almudena Lastra, colegios de abogados, procuradores y otros cargos del PP, han regresado este jueves al lugar del crimen. El gigantesco descampado en Valdebebas, zona norte de Madrid, sigue ahí: entre el recinto ferial de Ifema y el aeropuerto de Barajas, cerca de donde se levantó el controvertido hospital Zendal, aquel que iba a “sorprender al mundo” y que hoy no tiene quirófanos ni apenas pacientes.

El comunicado de prensa de la Comunidad de Madrid anunció así la expedición a la Ciudad de la Justicia: “La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, visita en el barrio madrileño de Valdebebas el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que será el complejo judicial más grande del mundo y donde se unificarán las 26 sedes dispersas en la capital”.

Ya no hay planos de Norman Foster, ni de Zaha Hadid, como en el proyecto original que Esperanza Aguirre presentó por el mundo (¿qué necesidad tendrían los neoyorquinos de saber cómo iba a quedar la Audiencia Provincial de Madrid?), pero la megalomanía del proyecto se mantiene dos décadas más tarde. “La más grande, la más digitalizada y la más accesible del mundo”, la definió haciendo de telonero el portavoz del Gobierno de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Cuando se le preguntó la víspera qué controles se van a establecer para que esta vez el proyecto no ocasione otro boquete de cientos de millones en las cuentas públicas y sea un proceso limpio, García Martín echó balones fuera y apeló al futuro ahorro en alquileres, que cifró en 120 millones de euros (se supone que en muchos años, pero tampoco se detalló ni cuántos ni por qué conceptos).

En el acto dentro de una carpa en mitad de la nada, nadie osó citar al exconsejero Pradas, que estuvo en una ceremonia parecida hace 17 años, ni del resto de altos cargos de aquellos Gobiernos del PP que siguen pendientes de recursos en el Supremo para no entrar en prisión. A estas alturas, el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, como Ignacio González, como Granados, como López Viejo y como tantos otros, ya son solo viejos recuerdos en los álbumes de las mayorías absolutísimas del mismo PP de Madrid que repite a diario que el de Sánchez es el Gobierno más corrupto de la democracia.

No estuvieron en la literalidad de los discursos pero los fantasmas de aquel pasado no tan lejano en la familia política de Ayuso sobrevolaron durante la visita institucional al reinicio de las obras. En el mismo solar donde en veinte años solo se ha edificado el Instituto de Medicina Legal, con su forma de donut gigantesco, se evaporaron varios cientos de millones de euros desde mucho antes de que se moviera la primera tierra. Incluso después de que la faraónica obra se suspendiera en 2008, se pagó un contrato de más de diez millones de euros al estudio de Norman Foster, aunque este no llegase a colocar un solo ladrillo en la explanada.

Entonces, el 31 de enero de 2007, cuando también se convocó a la prensa para la colocación de la primera piedra, Aguirre hizo los honores: “Hoy empieza la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, que como ustedes saben acogerá la mayor concentración de órganos judiciales, yo iba a decir de toda España, aquí [en el discurso] está escrito de toda Europa y el presidente del Tribunal Supremo ha dicho de todo el mundo, por lo tanto, no vamos a quedarnos en menos”.

Diecisiete años después de aquello, en Valdebebas no hay rastro del aguirrismo, pero su pupila, exgestora de redes sociales y hoy presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró desde el mismo lugar: “Hoy es un día muy importante para la Comunidad de Madrid y para la Justicia en España. Sobre estos terrenos, aquí en Valdebebas, se va a edificar la Ciudad de la Justicia el complejo judicial más grande del mundo, una de las obras de edificación pública de mayor envergadura de nuestro país con una inversión que va a superar los 753 millones de euros [...] Va a ocupar 471.000 metros cuadrados en 2029, que será el año en que acaben las obras. Será cuatro veces mayor que el Tribunal de Justicia de París, por ponerles un ejemplo”.

Ni ella ni el portavoz de su gobierno hicieron una sola mención a sus antecesores en el PP ni a los Gobiernos que compraron esas parcelas. Ni siquiera cuando se mencionó el único edificio puesto en marcha, el Instituto de Medicina Legal, que se veía allá al fondo. Ayuso aludió a él como si hubiera crecido solo entre la maleza. Como en tantos otros episodios, el pasado no existe en el PP ni en la Comunidad de Madrid.

Lo que ahora se pone en marcha con la Ciudad de la Justicia —ya no se llama Campus como en el proyecto original— es el cuarto intento de construir un gran complejo para unificar las sedes judiciales de Madrid, desperdigadas en una treintena de edificios por toda la ciudad.

La operación detrás del estrambótico proyecto de Esperanza Aguirre se basaba en el ladrillo: consistía en vender todas esas sedes para financiar las obras de sus arquitectos estrella que levantarían edificios circulares. La burbuja estalló... y el resto de excesos quedaron escritos en otra sentencia por corrupción en la Audiencia Nacional. El heredero político de Aguirre, Ignacio González, presentó su propio plan en 2015, pero se quedó en un cajón con la llegada a la Puerta del Sol de Cristina Cifuentes. El que arrancó este jueves es el segundo intento de Isabel Díaz Ayuso, después de que el primer concurso se quedara desierto. Su primera idea, al poco de llegar al Gobierno, planteaba una concesión a 35 años y un canon anual que se iba a pagar a la empresa adjudicataria:1.750 millones de euros, en total por construir los edificios. Las obras se iban a iniciar en 2022 y algunas sedes estarían listas en 2025, según anunciaba el entonces consejero de Justicia, Enrique López

Sucede que López es hoy un jubilado de la política y en la parcela desde entonces no se ha movido una piedra. Así que la nueva fórmula opta por una adjudicación directa en lotes de edificios por parte de la Comunidad a un conglomerado de constructoras. El presupuesto es de 653 millones de euros para levantar “el mayor palacio de Justicia del mundo, 26 sedes judiciales en 470.000 metros cuadrados” y que todo esté terminado en 2031, 27 años después de ser concebido por primera vez. Acciona y ACS edificarán el lote de edificios principal, mientras OHLA, Azvi y Rover, acometerán la otra fase.

Este jueves no hubo primera piedra, pero sí cierto movimiento de tierras con dos excavadoras de atrezzo que arrancaron justo cuando alguien dio la orden para que las cámaras pudieran grabar. En el primer día se ha plantado un roble, según el portavoz del Gobierno de Ayuso, “el árbol que representa la fuerza, la rectitud, la sabiduría y la vocación de permanencia de la Justicia, sus raíces profundas evocan el arraigo en los principios democráticos que nos dimos en la Constitución de 1978 que ahora más que nunca tenemos que defender y sus ramas abiertas simbolizan el derecho de todos a una tutela judicial efectiva y nos recuerda que todos somos iguales ante la ley”.

Si esta vez salen adelante, el arbolito y el macrocomplejo, en esa zona norte de la capital quedarán ubicados el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial (secciones Civil y Penal), la Fiscalía, el acceso a los juzgados de guardia, además de archivos, depósitos y dependencias de seguridad. Junto a ellos, y al Instituto de Medicina Legal, el único que pasó de las maquetas al cemento en el fallido proyecto de Esperanza Aguirre, se levantará un gigantesco aparcamiento público de 2.900 plazas y otro de casi 500 para el personal de justicia y los abogados.

El plazo máximo para tener finalizadas las obras es de 48 meses. Otoño de 2029. Un cuarto de siglo y más de 1.000 millones de euros después de que fuese concebido por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Salvo que La Ciudad de la Justicia, con su corrupción, sus políticos encarcelados, sus arquitectos estrella y los cientos de millones de euros perdidos por el camino, den todavía para una tercera temporada.