El jurado popular declara no culpables a los agentes implicados en el espionaje político en Madrid

Esperanza Aguirre e Ignacio González, durante un acto del PP.

El jurado popular del caso sobre el espionaje político en Madrid considera que los agentes acusados no son culpables del delito de malversación de fondos públicos. Los seis policías y guardias civiles que trabajaban en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid eran los únicos acusados en un proceso que nunca ha indagado en qué políticos dieron las órdenes de los seguimientos.

El principal acusado por el espionaje político dice que "nunca" ordenó seguimientos a políticos del PP

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El caso versa sobre la estructura creada dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid para espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre. El que fuera escolta de la expresidenta, Sergio Gamón, habría dirigido un grupo de agentes que hicieron seguimientos al exvicealdalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero de Justicia Alfredo Prada.

A Gamón y a su segundo, Miguel Castaño Grande, le rendían cuentas el resto de implicados, según han declarado ellos mismos durante la instrucción del caso. Ese grupo lo integran los agentes de la Guardia Civil José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez. Todos ellos daban el detalle de los seguimientos -que realizaban en horario laboral y con medios de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad- a José Miguel Pinto Serrano, que elaboraba unos partes rudimentarios que luego recibían Castaño y Gamón.

Dos agentes -José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez- afirmaron durante el juicio que recibieron el encargo de hacer seguimientos a rivales políticos de Aguirre por parte de su superior, Sergio Gamón. Según explicaron, Gamón les dijo que ese encargo respondía al “especial interés” que Ignacio González, entonces vicepresidente, tenía en ese trabajo.

Sin embargo, estos agentes también explicaron que para esos seguimientos no emplearon medios técnicos de la Comunidad de Madrid ni percibieron retribuciones especiales, los pilares sobre los que se sustentaba la acusación de malversación de fondos públicos.

Los nueve integrantes del jurado popular han hecho público su veredicto, que coincide con lo que pedía la Fiscalía. El Ministerio Público nunca vio delito en este caso e intentó varias veces que se cerrase. Ahora será la presidenta del tribunal y las dos vocales quienes redactarán la sentencia absolutoria.

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