Todas las veces en que Aguirre esquivó el banquillo
Hace más de cinco años Esperanza Aguirre rompía a llorar delante de los medios de comunicación, con decenas de micrófonos a pocos centímetros de su cara y con las principales televisiones y radios del país en directo. Lloraba porque su otrora mano derecha en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había sido detenido en la operación Lezo y eso era “un palo muy muy duro” para ella. La todopoderosa lideresa del PP madrileño abandonaba en ese instante la Audiencia Nacional después de testificar en un juicio por corrupción, el de la trama Gürtel, en el que había esquivado un banquillo habitado por las 'ranas' de las que reniega, pero que comandó durante años desde la Puerta del Sol. La decisión del juez Manuel García Castellón de dejarla fuera del juicio por la financiación irregular del Partido Popular es un regate más de Aguirre en las causas judiciales que han investigado e incluso sentenciado la corrupción que durante años floreció a su alrededor.
En las últimas horas, el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha cerrado y dejado lista para juicio una parte clave de la operación Púnica de corrupción: la investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. El que presidió Aguirre durante años y el que, según el juez, financió de manera irregular las campañas de 2007, 2008 y 2011, aunque las dos más antiguas ya hayan prescrito y solo se pueda juzgar la última.
En el banquillo sí estarán algunos de sus más estrechos colaboradores, como Francisco Granados o Beltrán Gutiérrez, pero no sentarán ni ella ni su sucesor, Ignacio González. Porque según el juez, esas campañas se financiaron irregularmente, pero ella no tenía por qué saberlo. Y si habló de ello con González y reconoció que “puede” que se hubieran pasado de presupuesto en una de las campañas, es porque podía sospecharlo, pero no saberlo a ciencia cierta.
Una dinámica de desconocimiento sobre lo que pasaba a pocos metros de su despacho y en sus propias campañas electorales que se suma a media decena de causas judiciales en las que Aguirre ha esquivado una acusación o en la que, directamente, ha visto desde la barrera de los testigos cómo sus más estrechos colaboradores recibían peticiones de prisión e incluso condenas firmes de cárcel.
Las 'ranas' de Gürtel
La trama Gürtel estalló en febrero de 2009. Diligencias previas y piezas separadas para investigar la actividad de empresarios y políticos corruptos en administraciones públicas controladas por el Partido Popular. Un entramado que empezó a funcionar a finales de la década de los años 90 y que anidó en los grandes feudos madrileños del PP mientras Esperanza Aguirre gobernaba la Comunidad y presidía la formación regional. Aguirre acuñó en 2010 su célebre afirmación sobre este caso: “Me siento especialmente satisfecha de haber sido una parte muy importante, la causante, de que este caso se destapara”.
Hubo corrupción en Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, según dice la sentencia firme del caso, y están pendientes varios juicios por las ramificaciones de Gürtel en Boadilla del Monte y Arganda del Rey. Y hubo corrupción también en el propio ejecutivo regional de Esperanza Aguirre de uno de sus máximos colaboradores, Alberto López Viejo, condenado en firme a casi 28 años de cárcel.
Según declaró probado en firme el Tribunal Supremo, López Viejo cobró comisiones a cambio de favorecer a Francisco Correa y sus empresas tanto en su etapa en el consistorio de la ciudad de Madrid como posteriormente en la Comunidad. En este segundo caso la Justicia focalizó la corrupción en “la adjudicación de los contratos relativos a actos institucionales o conmemorativos en que asistiera la Presidenta Esperanza Aguirre, a favor de las empresas” de la trama. Lo hizo “a cambio de unas gratificaciones que se repercutían como importe facturado a dichas empresas, encareciendo los servicios, con el consiguiente sobrecoste para ellas, y, consecuentemente, para la CAM”, dice la sentencia.
Aguirre nunca estuvo imputada en la trama Gürtel, pero sí ha tenido que testificar en uno de sus juicios. Lo hizo en el primer gran juicio de la trama, bautizado como 'Época I', en 2017, admitiendo sobrecostes en los actos de partido pero responsabilizando a López Viejo.
Las 'ranas' de Lezo
La operación Lezo, dirigida por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que también lleva las rienda de la trama Púnica, llevó a prisión provisional en 2017 a Ignacio González y proyectó la sombra de la sospecha sobre el Canal de Isabel II, el campo de golf construido en Canal y la Ciudad de la Justicia, entre otras cosas. Varias de estas piezas se encuentran ya a las puertas de juicio con la Fiscalía lanzando sus acusaciones y peticiones de cárcel contra ilegalidades cometidas, supuestamente, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y la administración regional impulsaba estos proyectos.
El año pasado, el juez del caso procesó a Ignacio González por adjudicaciones asociadas a la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. Un proyecto que contó con una fuerte oposición vecinal de los habitantes de la zona y que se desarrolló bajo los mandatos de Aguirre: las primeras adjudicaciones fueron realizadas en 2003 y las ampliaciones irregulares de capital entre 2006 y 2007, entre otras ilegalidades a las que apuntó el juez instructor. Solo entre 2006 y 2012, durante el mandato de Aguirre, hubo un botín de más de medio millón de euros.
El macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia fue otra iniciativa que, aunque previa a Esperanza Aguirre, ha terminado en el banquillo por un rosario de ilegalidades cometidas, supuestamente, durante su etapa como presidenta regional. En el lateral de los acusados de la Audiencia Nacional estará Alfredo Prada, exconsejero del gobierno de Aguirre señalado por capitanear la estrategia para gestionar de manera oscura e irregular cientos de millones de euros en contratos y adjudicaciones para sacar adelante un proyecto faraónico que, más de una década después ha recuperado el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
El Hospital Puerta de Hierro
En el año 2008, Esperanza Aguirre inauguró el nuevo Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda delante de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. Para entonces, según los investigadores, ya se habían cometido dos irregularidades: el centro hospitalario había sido puesto en marcha sin las licencias obligatorias y, además, más de un centenar de habitaciones dobles habían sido convertidas en habitaciones individuales.
El nombre de la expresidenta madrileña apareció en ambas causas y, salvo cambio de última hora, podrá seguir el desarrollo de las dos desde la barrera. En el caso de las licencias, la Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación en el que pide dos años y medio de presidio para el exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y otros dos concejales del gobierno municipal. Los acusados, según el Ministerio Público, no llevaron a cabo “ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora”, a pesar de que sabían que el hospital funcionaba sin dos licencias preceptivas.
También consiguió evitar la imputación que pedía Anticorrupción en el caso de las camas fantasma. El pasado mes de enero la Audiencia de Madrid confirmó la decisión del juzgado de instrucción de no imputar a la expresidenta, explicando que un responsable político no puede ser responsabilizado penalmente de una irregularidad “por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea”. Para la Fiscalía, sin embargo, la orden que hizo desaparecer 135 camas del Hospital de Majadahonda fue “dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos”.
La fuga en Gran Vía
En abril de 2014, Esperanza Aguirre dejaba el coche en el carril de la Gran Vía madrileña reservado para los autobuses mientras sacaba dinero de un cajero automático. Varios agentes de la Policía Municipal le recriminaron su actitud y se dirigieron a multarla cuando ella arrancó y se marchó de allí, tirando en ese momento al suelo la moto de uno de los policías. “Vais a por mí porque soy famosa”, dijo a los agentes según la denuncia que ellos mismos presentaron.
La fuga dio muchas vueltas por los tribunales madrileños antes de terminar en el archivo definitivo. Un juzgado entendió que la expresidenta madrileña no sabía que estaba siendo perseguida por la Policía y que, por tanto, no podía ser incriminada, pero la Audiencia Provincial ordenó que el caso se tramitara como un juicio de faltas. Por el camino, la asociación Transparencia y Justicia vinculada al comisario jubilado José Manuel Villarejo ejerció la acusación popular y mantuvo contactos con ella para limitar la onda expansiva del caso.
El resultado fue un archivo por los efectos de la reforma judicial impulsada por el PP en 2015, un año después del incidente. Los cambios introducidos en el Código Penal por el Gobierno de Mariano Rajoy despenalizaron las faltas y el caso contra Aguirre, por tanto, quedaba fuera de la capacidad de acción de la Justicia.
El 'Goya' de Aguirre
Existe otro caso que se encuentra en fase de instrucción y cuyo futuro no es previsible. Tal y como ha informado elDiario.es, un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid investiga la venta de un cuadro de Goya del marido de la expresidenta, acusado por su hermano de simular la donación del cuadro y no repartir el dinero que obtuvo después. La jueza instructora decidió archivar el caso incluso antes de que se resolviera la recusación presentada por el querellante, el cuñado de Aguirre, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura y puso el foco, precisamente, sobre la actuación de la magistrada.
Se trata de una causa en la que la Fiscalía aprecia indicios de delito fiscal en la venta de la obra de arte, pero por ahora la jueza instructora ha rechazado esta posibilidad, aludiendo a que no existen informes de la Agencia Tributaria que apunten en esa dirección y rechazando una “investigación prospectiva” al marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Su auto de archivo, ahora revocado, exculpaba a Esperanza Aguirre y rechazaba que se hubiera infringido la normativa de protección del patrimonio artístico. “Resulta carente de todo fundamento”, dijo en ese auto, porque la supuesta influencia en lo relativo al cuadro de su marido “resulta incompatible con la necesaria tramitación que requiere toda norma y la previa delegación que exige en materia de decretos legislativos”.
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