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La Fiscalía pide prisión para el exalcalde de Majadahonda por la licencia del Hospital Puerta de Hierro

El Puerta de Hierro de Majadahonda en una imagen de archivo

Alberto Pozas


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La Fiscalía ha pedido una condena de dos años y medio de cárcel para el exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda por el Partido Popular, Narciso de Foxá, por conceder en 2008 una licencia para poner en funcionarmiento el Hospital Puerta de Hierro de este municipio a pesar de las deficiencias del centro en materia de protección contra incendios. El Ministerio Público también pide condenar a dos exconcejales del municipio: Carlos Pérez González y Carmen Menéndez.

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El Hospital Universitario Puerta de Hierro fue inaugurado en septiembre de 2008. Uno de los múltiples centros hospitalarios construidos en la región madrileña por el ejecutivo de Esperanza Aguirre en esos años y que, según la Fiscalía, empezó a funcionar ese año sin la licencia legal exigida. La parte sanitaria era de gestión pública pero su construcción y explotación correspondía a una concesionaria, la “Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda SA” formada entre otras por Sacyr y una empresa del grupo ACS con diferentes niveles de participación.

Para poner el hospital en marcha era necesaria una licencia de obra mayor, que obtuvo del consistorio majariego, pero no tenía la de primera ocupación. Las inspecciones municipales pusieron de manifiesto 66 deficiencias, la mayor parte relacionadas con la protección contra incendios. El hospital siguió adelante con su actividad a pesar de los requerimientos y cuatro años más tarde de que los reyes acompañaran a Esperanza Aguirre en la inauguración, el propio Ayuntamiento de Majadahonda puso esto en conocimiento de su concejalía de urbanismo y los servicios jurídicos.

Según la Fiscalía, el consistorio optó por no hacer nada. Ni los concejales de Urbanismo ni el alcalde. También funcionó sin licencia de apertura de actividad calificada durante sus siete primeros años de vida. Mientras tanto, ninguno de los acusados de la corporación municipal adoptó “ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora” a pesar de que era su función y sabían que el hospital funcionaba sin dos licencias preceptivas.

Este no es el único frente judicial abierto conta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Un juzgado de Madrid investiga si existió delito en la decisión de reducir el número de camas disponibles en el centro antes de su inauguración. Una causa en la que la Fiscalía Anticorrupción ha intentado, sin éxito, que sea imputada la propia Esperanza Aguirre por haber tomado, supuestamente, la decisión.

Este segundo asunto se ha traducido en una pérdida de 30 millones de euros para la Comunidad de Madrid. El pasado mes de enero un juzgado condenó a la administración regional a pagar ese importe a la empresa concesionaria por esas 135 camas que nunca existieron.

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