Los exalcaldes de Requena Javier Berasaluce y de Enguera Santiago Arévalo, ambos del PP, y Óscar Martínez, del PSPV-PSOE, se sientan este jueves en el banquillo de los acusados, ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de València, por la pieza separada K del 'caso Taula'. La causa fue sobreseída para el exalcalde socialista de Requena Mario Sánchez.

Se trata de una rama menor de la macrocausa nacida de la pieza D sobre la contratación de un 'call center' por parte de Imelsa, la antigua empresa pública de la Diputación de València de la que Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', fue gerente durante el mandato del popular Alfonso Rus al frente de la institución provincial. 

Las empresas Servimun, de Fernando Palomares, y Técnicas Legales Administrativas (TLA), de Mariano López, exsuegro de Benavent, se erigen en nexo de unión entre ambas piezas. La reciente sentencia de la pieza D absolvió a ambos empresarios por la contratación del 'call center'. También fueron absueltos Rus y Benavent.

Los consistorios de Requena y Enguera contrataron en 2013 a ambas firmas por servicios que presuntamente no fueron prestados, según la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para Berasaluce, seis para Arévalo y Martínez, y once para López y Palomares. El Ministerio Público sostiene que usaron las empresas “para sus intereses defraudatorios”.

En el caso del Ayuntamiento de Requena, la investigación se centró en el abono de tres facturas entre marzo y agosto de 2014 a TLA, en contra del informe de la interventora municipal, por trabajos de los que no existe constancia en ningún expediente administrativo.

Servimun también fue adjudicataria, en un procedimiento negociado sin publicidad en octubre de 2013 de un contrato de 50.000 euros por el que el consistorio acabó pagando, entre 2015 y 2016, facturas por un total de 178.000 euros, “sin que existan evidencias que determinen la realidad de los servicios prestados”, según la instrucción.

El Ayuntamiento de Enguera adjudicó un contrato en abril de 2013, con informe favorable de la entonces secretaria municipal. El consistorio abonó en agosto de 2015 una factura de 21.780 euros a Servimun, por un concepto diferente al inicial del contrato.

La sentencia absolutoria de la pieza D del 'caso Taula', dictada el pasado 25 de octubre por la sección quinta de la Audiencia Provincial de València, avaló el papel de la empresa TLA, de Mariano López, como una suerte de asesora de Servimun en contratos adjudicados por administraciones publicas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil mantiene que Marcos Benavent, exgerente de la extinta empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', desvió fondos procedentes de obras de campos de césped y cobró 79.963 euros en mordidas.

Así se desprende del informe que ha remitido la UCO al Juzgado de Instrucción número 18 de València, en el marco de la pieza principal del conocido como caso Imelsa. Se trata de un informe ampliatorio de las actuaciones relativas al Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de Césped Artificial.

La Guardia Civil apunta en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que tras estudiar los hechos se deduce que en una fecha muy temprana al desarrollo del Plan de Instalaciones Deportivas, por parte de una sociedad se mantuvo una serie de contactos y reuniones con diferentes miembros de la administración pública que, directa o indirectamente, participaban en la tramitación de los expedientes.

Fruto de estos contactos, se ha constatado cómo las especificaciones técnicas aportadas por esta sociedad fueron trasladadas a las bases técnicas que posteriormente rigieron las diferentes licitaciones, algo que, a juicio policial, podría haber supuesto una limitación a la concurrencia por parte de las empresas que podían servir a los licitadores el césped artificial a instalar.

Con respecto a la confección de los pliegos, se ha evidenciado por parte de la Guardia Civil ciertos paralelismos o similitudes con los que rigieron los procedimientos seguidos en la empresa pública Ciegsa, cuyo gerente en aquel momento era Máximo Caturla. Entre esas similitudes se encuentra la agrupación de las distintas obras en lotes, la limitación de las bajas económicas o el uso de criterios de adjudicación que constituyen criterios de solvencia.

En concreto, en el marco del Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas, promovido por la Diputación de Valencia y gestionado y ejecutado por Imelsa, se produjeron licitaciones en varias fases, en cada una de las cuales se licitaron, además, diferentes lotes. Estos lotes agrupaban, a su vez, un conjunto de obras a ejecutar en diferentes localidades, tratándose de campos de fútbol 11, fútbol 7 o pistas de pádel.

Tres de estos expedientes fueron adjudicados a dos empresas señaladas por Benavent como aquellas que le habrían entregado comisiones con motivo de las adjudicaciones enmarcadas en el Plan.

Además de la construcción y, en algunos casos, la redacción de los diferentes proyectos enmarcados en el Plan, por parte de Imelsa también se licitó la dirección de obra y la coordinación de la seguridad y salud de las mismas.

Precisamente en relación a estas contrataciones, el análisis de la Guardia Civil ha evidenciado la aparente existencia de una serie de servicios que habrían sido facturados y abonados doblemente por Imelsa: concretamente los relacionados con la dirección técnica de las obras de la pista de pádel de Beniarjó, los campos de fútbol 11 de Miramar y Benirredrá y, finalmente, las piscinas cubiertas de Canals y Enguera.

La dirección técnica de las obras habría sido desarrollada de forma efectiva por una empresa pero facturada por otras dos sociedades aparentemente sin haber prestado estos servicios. El importe de las facturas analizadas en este sentido ascienden a 108.785,97 euros.

Coetáneamente, estas dos últimas sociedades efectuaron pagos a la empresa de Benavent, Berceo Mantenimientos, por importe de 79.963,88 euros en el marco de una serie de negocios jurídicos vinculados con su expansión comercial en Polonia y Argelia que se presumen ficticios.

La defensa del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', estudia pedir cambios por la reforma de la malversación en el escrito de acusación formulado por la Fiscalía en relación al juicio por los presuntos 'zombies' en Imelsa y Ciegsa que arranca este mismo mes de enero.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la reforma de la malversación impulsada por PSOE y ERC podría afectar a la acusación formulada por el Ministerio Público contra Benavent, que se sentará en el banquillo de los acusados por utilizar presuntamente a Imelsa “en beneficio propio” y contratar a trabajadores “para responder a favores solicitados por terceras personas”.

Las mismas fuentes señalan que los cambios legislativos, que entran en vigor a finales de esta semana, también podrían afecta a la inminente sentencia por otra rama del caso Imelsa: la relativa a la pieza Thematica.

Anticorrupción mantuvo a finales del pasado mes de junio, en una de las últimas sesiones del juicio, su petición de ocho años y tres meses de prisión para Benavent por las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events.

Primer juicio por Imelsa

Se trata de la primera pieza de Imelsa que llegó a juicio y en la misma se dictó auto de procesamiento por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

Anticorrupción enmarca estos hechos dentro de la “operativa criminal” diseñada para el presunto desvío de fondos públicos utilizando la empresa pública Imelsa --actual Divalterra--, por parte de sus dirigentes, entre ellos Marcos Benavent, gerente de dicha empresa por decisión del expresidente 'popular' de la Diputación de Valncia, Alfonso Rus.

Las citadas fuentes explican que la defensa de Benavent espera a la sentencia que ha de dictar la Audiencia Provincial de Valencia para solicitar una eventual revisión de condena en lo relativo al delito de malversación.

Cabe recordar que la reforma de la malversación dibuja tres supuestos distintos: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas anteriores (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para “usos privados” (de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación).

“Se ha autodefinido como 'yonqui del dinero'”, recuerda la consellera Rosa Pérez Garijo en referencia a Marcos Benavent, quien ha pedido este martes que declare ante el juez del 'caso Taula' “con las garantías de investigada” sobre los pendrives entregados a la Fiscalía Anticorrupción que contenían las comprometedoras conversaciones de cargos del PP registradas clandestinamente por el exgerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia. 

Los audios, que desencadenaron la investigación del caso, estaban almacenados en un ordenador de Benavent en el domicilio de su exsuegro Mariano López. Rosa Pérez Garijo, entonces diputada provincial (y actual consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana), denunció ante la Fiscalía Anticorrupción una presunta trama de cobro de mordidas y aportó en 2014 un pendrive con las conversaciones.

La defensa del 'yonqui del dinero' cuestiona que, meses más tarde, al declarar Mariano López, que se sentará en el banquillo de los acusados junto al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, la pieza separada del 'caso Taula relativa al call center, también proporcionó al Ministerio Público un segundo lápiz de memoria.

“Se aportan dos pendrive en fiscalía y sólo recibe un pendrive el juzgado”, señala el escrito del letrado de Banevant en el que pide que declare Rosa Pérez Garijo. “Desconocemos si los pendrive contienen la misma información, o uno es copia del otro, o de cuál de ellos se ha obtenido la documentación que ha servido para iniciar esta investigación, si ha habido omisión de información [o] si se han eliminado documentos”, agrega.

La estrategia del 'yonqui del dinero' ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Tras cambiar de letrado, ha pasado de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción a pedir que se anulen las cintas arguyendo que las manipuló junto con su exsuegro. “Está mareando desde el principio hasta el final”, dice la consellera Rosa Pérez Garijo en declaraciones a este diario. “Es obvio que ataque a la denunciante de un caso que lo ha situado como imputado en la causa”, apostilla.

“No va a parar de acusarme”

“Está como imputado gracias a la denuncia que yo presenté y, evidentemente, no va a parar de acusarme”, señala. La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática agrega: “Yo presenté un pen drive que consta en la denuncia y cumplí con mi obligación poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos delictivos”. “Que haya siempre una persecución de los denunciantes pone en grave riesgo la justicia”, apostilla.

Rosa Pérez Garijo se muestra “a disposición del juzgado para lo que sea necesario” y cuestiona los vaivenes de Marcos Benavent desde el inicio de la instrucción. “Tengo mis dudas de que haya un cambio de estrategia, en un principio se mostró como colaborador pero yo ya preveía que en algún momento dado se desdiría de todo”, señala.

La defensa de Benavent también ha solicitado a la Guardia Civil que aporte los dispositivos de memoria para su análisis por parte de un técnico que designe su letrado. El 'yonqui del dinero' aseguró en su última declaración ante el juez que manipuló los audios junto con su exsuegro y ha pedido que se anulen. Las grabaciones son la piedra angular de un macro caso de presunta corrupción que se ha disgregado en una decena de piezas separadas.

El seguro de la empresa pública de la Diputación de Valencia, epicentro del 'caso Taula', ha declinado pagar la defensa jurídica de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. Benavent ha modificado su estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción tras el cambio de abogado pero su confesión inicial de los hechos ha dado pie a la empresa aseguradora a escaquearse de pagar la defensa. Imelsa, la mercantil pública de la institución provincial (actualmente llamada Divalterra y en proceso de liquidación) tenía contratado el seguro de responsabilidad civil para sus altos cargos con la firma Chubb European Group SE. La aseguradora, sin embargo, rechaza pagar la póliza escudándose en la participación confesa del 'yonqui del dinero' en la trama de corrupción que investiga el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

Así, “Benavent, en su condición de gerente de Imelsa (...) ha reconocido expresamente y así consta en las actuaciones judiciales los hechos delictivos y participación activa en los mismos ante la Guardia Civil y ante el Juzgado”, según reza la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Además, la aseguradora también destaca que en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en varias piezas separadas del 'Caso Taula' la aplicación del atenuante por reconocimiento de los presuntos delitos por los que está procesado.

La póliza suscrita por la Diputación de Valencia con la aseguradora, según fuentes conocedoras del contrato, adelanta los fondos para la defensa jurídica del acusado (aunque, en caso de condena, el interesado debe devolver los fondos). La firma recuerda que, según la ley de contrato de seguro, “en el caso de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado, no procederá la activación de la cobertura del seguro de responsabilidad civil”. La propia póliza suscrita con la institución provincial desvincula a la aseguradora del pago de los servicios jurídicos en caso de que se haya producido “cualquier acto u omisión en que haya intervenido mala fe o dolo del asegurado”.

“Mala fe del asegurado”

La firma de seguros ha repasado el sumario del 'Caso Taula' y reproduce las declaraciones de Marcos Benavent ante los investigadores de la presunta trama corrupta. El 'yonqui del dinero' reconoció ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la presunta banda corrupta liderada por el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus se saltaba a la torera la normativa interna de la empresa pública para las contrataciones irregulares. Benavent declaró que las contrataciones “respondían a favores” para terceras personas.

La aseguradora también destaca que el 'yonqui del dinero', en el marco de la pieza separada J, reconoció que usaba la firma Temática Events para “gastos electorales no declarados” del PP de Valencia. “Uno de los métodos empleados para distraer el dinero público de su finalidad era inflar la facturación real para posteriormente incorporar el sobrecoge a los intereses personales y particulares”, reza el escrito de acusación de Anticorrupción reproducido por la empresa de seguros.

En la pieza separada E sobre los contratos con el área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, el 'yonqui del dinero' también confesó que recaudaba comisiones a empresas constructoras. Los investigadores cuentan, además, con los explosivos audios que grabó clandestinamente Benavent a la entonces concejal de Cultura, María José Alcón. Sin embargo, en su última declaración ante el juez, el 'yonqui del dinero' sostuvo que manipuló los audios y que incluso indujo a sus interlocutores. 

La aseguradora también incide en las confesiones de Benavent en las piezas separadas B y F, relativas a los trabajadores zombis de Imelsa. Su declaración sirvió a los encargados de las pesquisas “no solo para avanzar en la investigación, sino señalar como gerente las contrataciones fraudulentas a pesar de la existencia inmaculada de los expedientes de contratación”, según indica el escrito de acusación del Ministerio Público que reproduce la aseguradora y del que destaca el atenuante por arrepentimiento.

En la pieza D del 'call center' el escrito de acusación del fiscal anticorrupción destaca que para la investigación han sido “determinante y activa” la declaración prestada por Benavent , quien “confesó los hechos ante la Guardia Civil”.

El 'yonqui del dinero' cambió repentinamente de abogado y, tras ello, su estrategia de colaboración con Anticorrupción dio un giro de 180 grados. En su última declaración puso en cuestión los audios que aportó su suegro Mariano López (también investigado en la pieza del 'call center') y arremetió también contra el registro de su anterior letrado, en el que la UCO incautó la documentación clave que dio pie a iniciar la investigación del 'caso Erial' que afecta de lleno al exministro Eduardo Zaplana. En su última versión, Benavent se autoinculpó de haber manipulado los audios y pidió que se anularan.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, ha encontrado indicios sólidos tanto en le 'caso Taula' como en el 'caso Erial' que apuntalan la acusación.

Tras el disparatado cambio de estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Marcos Benavent, el juez instructor del 'caso Taula' ha dictado el cuarto auto de procesamiento contra el autodenominado 'yonqui del dinero', junto con cuatro empresarios, por los contratos millonarios que adjudicó la edil fallecida del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón. El auto retrata un sistema de cobro de comisiones sistemático durante la era de la fallecida alcaldesa Rita Barberá en el que Marcos Benavent actuaba como recaudador. Los audios, que ahora pretende tumbar el nuevo letrado de Benavent, inmortalizan incluso las entregas de dinero por comisiones de constructoras del 2%.

Antes de incorporarse como gerente de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia epicentro del 'caso Taula', Benavent compatibilizaba su trabajo en la Fundación Jaume II El Just con tareas para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y en el gabinete del entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, así como en la secretaría de comunicación. En ese contexto entra en contacto con Vicente Burgos, un íntimo de Francisco Camps casado con la edil María José Alcón, con el que el 'yonqui del dinero' compartía ciertas aficiones.

Las explosivas conversaciones con Alcón, registradas clandestinamente por Benavent, dieron pie a la pieza separada E del 'caso Taula', que investiga las millonarias adjudicaciones del área de Cultura que dirigía la fallecida edil. En el contrato para la limpieza y mantenimiento de la Lonja de Valencia, el emblemático edificio situado pleno centro de la ciudad, la firma de arquitectos Estudios y Métodos de la Restauración SL (EMR) se llevó un millón de euros, además de 448.056 euros como ampliación del contrato.

Uno de los audios graba una supuesta entrega de una comisión de 9.000 euros a Alcón: “Aquí sólo hay un 2%, 9.000 euros, millón y medio [de pesetas]”, le dice Benavent a la entonces esposa de su amigo Vicente Burgos. El dinero serviría, según el 'yonqui del dinero', para darse “dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”. Según declaró Benavent, antes de cambiar de estrategia de defensa, la comisión se la entregó el empresario Carlos Vicente Gil, también procesado, quien durante su declaración negó haber abonado cantidad alguna. Sobre la ampliación del contrato, Benavent explicó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas que “los reformados” le permitían “que las comisiones a percibir fuesen superiores”, ya que de ese suplemento también sacaban tajada.

“Cleop apoya mucho al Partido”

El contrato de la limpieza de las Torres de Quart, otro monumento icónico de la ciudad, también está bajo sospecha. La adjudicación, de 1,4 millones de euros, fue para una UTE formada por la constructora Cleop del empresario Carlos Turró. En las conversaciones con Alcón, Benavent argumenta que Cleop es “mejor pagadera” que EMR, una firma con la que le había costado cobrar la presunta comisión del contrato de La Lonja. La edil refiere expresiones como “amaño” o “maniobra”, mientras deciden por cuál de las empresas se inclinará la balanza. Benavent insiste a favor de Cleop: “Había un compromiso desde arriba de que fueran ellos”.

La consiguiente comisión se cifra en 20.000 euros: 10.000 para Alcón, 5.000 supuestamente para “el Partido” y otros 5.000 para Benavent. Sin embargo, éste último confesó ante la Guardia Civil que se quedó los 5.000 euros para “el Partido” y engañó a Alcón. En el audio le dice a la edil: “Pim-pam (...) aquí tienes lo tuyo”. La edil se queja de que “entre los IVAs y los putas madres” se ha quedado con una recompensa que considera baja y su interlocutor alega que la constructora ha entregado rauda la comisión “a los tres días de estar adjudicado”. “Y eso siempre es bueno”, agrega Benavent. El 'yonqui del dinero' le recordaba a Alcón que “Cleop apoya mucho al Partido”. Ante la UCO declaró que fue el empresario Carlos Turró en persona quien le entregó la comisión del 2%.

“Hay que repartir un poco el pastel”

El siguiente contrato bajo sospecha es el de las obras de conservación y restauración de los puentes históricos de Serranos y Trinidad y le fue adjudicado a EMR por 2,3 millones de euros, con una ampliación de la adjudicación por valor de 320.000 euros adicionales. “Hay que repartir un poco el pastel”, le advierte Benavent a la edil. Aunque el 'yonqui del dinero' declara ante la Guardia Civil que no recordaba la cifra exacta de la comisión abonada, sostiene que se trataba de entre el 2% y el 3% del precio de adjudicación.

Los contratos de la Mostra de cine de Valencia, otorgados por el consistorio de Rita Barberá, también han estado bajo la pula de los investigadores. De las conversaciones grabadas se deduce, según el auto del juez instructor, que Benavent y Alcón repartían el pastel a las empresas de su conveniencia “aun antes de emitirse los respectivos informes técnicos de valoración” de las propuestas. “¿De aquí sacaremos alguna cosilla?”, le pregunta Alcón.

“La jefa” y “el Sobrinísimo”

Los audios permiten hacerse una idea del mapa de la presunta corrupción durante la era de Rita Barberá, cuyos extremos se investigan también en la pieza A del 'caso Taula' y en el 'caso Azud' sobre el urbanismo que protagoniza el cuñado de la fallecida alcaldesa, el abogado José María Corbin. En las conversaciones grabadas por Benavent, se hace referencia al “sobrinísimo” de Rita Barberá, que no está procesado en la causa. En uno de los diálogos Benavent afirma: “El argumento de peso es que ha llamado la Jefa y tiene que ser para Quique [en referencia Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces alcaldesa]. Las empresas del ”sobrinísimo“ facturaron 440.000 euros al consistorio.

Las comisiones de estos contratos, relativos a servicios de producción y de azafatas, se las pagó, según declaró Benavent ante la UCO, Enrique Aleixandre, de la firma Universo Selección, también procesado. El empresario negó en su declaración haber pagado la comisión y sólo reconoció una “mayor relación” con Benavent a partir de su nombramiento como gerente de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia. También negó que la venta posterior de un vehículo de su propiedad al 'yonqui del dinero' fuera un trato de favor o una recompensa.

En resumen, el esquema de la asociación presuntamente corrupta entre la edil y el 'yonqui del dinero' era el siguiente, según el juez: “Siempre que María José Alcón le pedía que buscara alguna empresa para realizar alguna adjudicación, tenía que percibir algún tipo de comisión” que era gestionada por Benavent. Así, la mercantil en cuestión resultaba adjudicataria “gracias a la intervención de Alcón”.

Recados del juez

La pieza separada E del 'caso Taula' incluía como investigado al empresario José Adolfo Vedri, de la conocida firma Engloba, por su papel en la adjudicación del espacio cultural La Rambleta, que aparece retratada profusamente en los audios. Sin embargo, en las fechas en que Benavent y Alcón se repartían el pastel, los “hechos conspirativos” que supondrían los audios como valoración indiciaria no se contemplaban en el Código Penal. Vedri se ha salvado por los pelos.

El juez tampoco aprecia suficientes indicios contra el asesor del PP Pedro Aracil ni contra el exmarido de Alcón Vicente Burgos, un hombre que, además de haber sido jefe de gabinete del Consell Jurídic Consultiu, también ha pasado por la prisión de Picassent por otros asuntos turbios. Ambos “no aparecen en las conversaciones grabadas” y Aracil “no tuvo una participación activa y personal en los hechos”.

En su declaración ante la Guardia Civil, Benavent solo hizo referencias “vagas e imprecisas” al papel de su amigo Vicente Burgos. El magistrado instructor sí que procesa a Carlos Vicente Gil, de la firma Estudios y Métodos de la Restauración SL; Carlos Turró, responsable de Cleop; Enrique Aleixandre Chumillas, de Universo Selección, y Rafael García Barat, socio del 'yonki del dinero'.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia desliza una serie de recados en el auto dirigidos a Marcos Benavent tras su cambio de estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Sobre los trapicheos de los contratos de la Mostra, se pregunta “por qué no grabó, o no quiso grabar, las conversaciones en las que supuestamente hacía entrega de esas comisiones a la concejal”. El juez alude a la “singular perspectiva personal de la responsabilidad penal” del 'yonqui del dinero'.

El magistrado también duda del posible delito de cohecho (“dista de ser una apreciación de certidumbre en este caso”, dice) ya que no le parece “descabellado” pensar que Benavent estuviera “faroleando” ante Alcón sobre “la ascendencia o confianza” con determinados empresarios. Puede ser, afirma el auto, que “sencillamente confundiera sus deseos con la realidad”.

Así, los hechos investigados podrían revestir indiciariamente los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. Se trata de la cuarta pieza separada del 'caso Taula' en la que el 'yonqui del dinero' es procesado.

Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha dinamitado la estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción que ha seguido durante seis años. Tras el inesperado cambio de letrado, Benavent ha declarado este miércoles ante el juez del 'caso Taula' para desdecirse de todo. Durante media hora, el 'yonqui del dinero' ha asegurado que las grabaciones que hizo en secreto a relevantes cargos del PP provincial de Valencia, especialmente al entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fueron “manipuladas y editadas” por él y por su suegro, Mariano López, también procesado en una de las diez piezas separadas que conforman la marcocausa. 

Además, según fuentes jurídicas, la defensa de Benavent ha cuestionado la cadena de custodia de los dos lápices de memoria que aportaron su exsuegro y la entonces diputada provincial de Esquerra Unida y hoy consellera de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, a la Fiscalía Anticorrupción y que contienen las diez horas de grabaciones clandestinas. También ha acusado a la consellera de haber filtrado las grabaciones a la prensa, conchabada con otro investigado de la causa, en una clara referencia a su exsuegro. 

Benavent ha deslizado que Pérez Garijo habría llegado a una suerte de pacto inconfesable con su exsuegro para salvar el contrato del call center que tenía su empresa con la Diputación de Valencia, a pesar de que la adjudicación en ningún caso fue renovada. El hombre ha asegurado que, ante la filtración de los audios más comprometedores a la prensa y en una situación de depresión y soledad, procedió a dar un falso testimonio y encender el ventilador en todas direcciones: “acusar por acusar a todo el mundo”, ha declarado. Además, también sostiene que las conversaciones fueron “provocadas” por él a conveniencia.

La aludida ha asegurado tras la declaración de Benavent que se limitó a cumplir con su obligación en la oposición: “Me llegaron una serie de grabaciones, hicimos una investigación y al tener conocimiento de hechos delictivos muy graves debíamos ponerlo en manos de la Fiscalía”. Rosa Pérez Garijo ha acusado al 'yonqui del dinero' de intentar “cargarse el caso”. “Su objetivo es anular el procedimiento”, agrega la consellera de Transparencia.

En 2014, tras haber tenido conocimiento de la existencia de las cintas y de haber obtenido abundante información sobre una supuesta red corrupta liderada por Alfonso Rus, Pérez Garijo interpuso la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Fue el desencadenante de la investigación de Taula liderada por Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, epicentro de la supuesta trama, desapareció del mapa un tiempo. Viajó por varios continentes hasta que regresó para colaborar con la justicia.

Desde el primer momento, validó las grabaciones e identificó a cada uno de los personajes que hablan en los audios. Algunas de las comprometedoras conversaciones han pasado a la historia de la memoria oral valenciana en materia de corrupción del PP. La más legendaria es, sin duda, la conversación en la que participaban Marcos Benavent y Alfonso Rus en la que se les oye a alguien contando billetes: “mil, dos mil, tres mil, quatre mil (...) dotze mil. Dos milions de peles”.

Seis años después, el 'yonqui del dinero' asegura que forzó las conversaciones con sus interlocutores y que editó los audios. Este diario le ha preguntado por el motivo de su repentino cambio de estrategia pero Benavent ha declinado contestar. El investigado aduce que ya ha hablado durante mucho tiempo con la prensa y que esa fase se ha acabado. A la salida de la Ciudad de la Justicia, cabizbajo en contraste con la euforia de sus anteriores apariciones públicas, unos jóvenes le han gritado “corrupto” mientras se dirigía con su abogado a buscar un taxi.

Más importante aún, la declaración de Benavent ha incidido en que el registro del despacho de su anterior abogado fue ilegal. La actuación reviste una importancia capital ya que en aquel registro, la UCO intervino la documentación que permitió iniciar la investigación del 'caso Erial' sobre la presunta fortuna del exministro Eduardo Zaplana en el extranjero. Ahora el 'yonqui del dinero' tilda de “montaje contra Zaplana” la investigación contra el expresidente de la Generalitat Valenciana (una línea similar al argumentario expresado por el comisario Villarejo en una comisión de investigación del Congreso). Benavent ataca así las líneas de flotación de las dos causas más importantes de los últimos tiempos en los juzgados valencianos.

La doctrina del fruto del árbol envenenado

La instrucción de varias de las piezas que conforman en 'caso Taula' está ya acabada, con lo cual será en todo caso en las cuestiones previas de los respectivos juicios orales cuando la Audiencia Provincial de Valencia deba resolver sobre sus nuevas alegaciones. Aunque parece complicado que la estrategia de Benavent sea exitosa a corto o medio plazo, teniendo en cuenta la cantidad de pruebas adicionales que afloraron a raíz de las cintas. Otra cosa es el largo plazo. 

El nuevo argumentario de Benavent apunta claramente a la doctrina del fruto del árbol envenenado (si las pruebas se obtienen de manera ilícita, toda la causa completa se contamina). Una doctrina que el Tribunal Supremo ha usado para tumbar varias causas y que se adapta como anillo al dedo a la nueva estrategia de Benavent en el 'caso Taula'. Y, ya de paso, también en el 'caso Erial', que nace precisamente del registro del despacho de su antiguo abogado, en el que la UCO intervino un esquema de las supuestas empresas pantalla de Zaplana en paraísos fiscales. Otra cosa es si la jugada a largo plazo le puede salir a cuenta al 'yonqui del dinero'.

La nueva versión de Benavent contrasta con su estrategia de colaboración y sus sonadas apariciones públicas. El exgerente de la empresa pública Imelsa construyó un personaje, una mezcla de pícaro arrepentido y místico renacido, con gran éxito en los medios de comunicación. Marcos Benavent también compareció en sendas comisiones de investigación tanto en las Corts Valencianes como en el Congreso.

El nuevo personaje se bautizó como un 'yonqui del dinero', una expresión muy gráfica que ha hecho fortuna. Su proceso de rehabilitación ante la justicia y la sociedad, sin embargo, se ha quedado a medio camino.

La red de empresas que manejó la presunta financiación ilegal del PP de Valencia, investigada en el marco de la pieza A del 'caso Taula', se alió con un socio del comisario José Villarejo. El juez instructor ha acreditado un entramado de firmas de grupo Laterne que abonaban los gastos electorales del PP para las campañas electorales del 2007, 2011 y 2015 mediante entregas opacas de contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Las sociedades de Laterne, algunas puramente instrumentales, eran propiedad del empresario fallecido Vicente Sáez Tormo. El presunto financiador de los populares, se asoció con el letrado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá y esposo de su jefa de gabinete, para cobrar una suerte de peaje de 150.000 euros a constructoras que quisieran obtener adjudicaciones.

Sólo en la campaña de 2007, el entramado de empresas pantalla vinculado al grupo Laterne recibió 2,6 millones de euros, según desvela el auto de procedimiento abreviado del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que pone al borde del banquillo de los acusados a casi medio centenar de exconcejales y asesores de la formación conservadora. 

Global Project by Cousins SL, una firma del empresario Vicente Sáez, comparte a medias el accionariado de JSMM Investor SL junto con la promotora inmobiliaria Sanlucar XXI SL. Esta última firma, actualmente en liquidación, es propiedad al 50% de Juan Carlos Escribano Cárcer, administrador único de la sociedad.

El empresario ha sido uno de los protagonistas del 'caso Astapa' sobre el urbanismo en Estepona y compartía numerosos negocios con Villarejo, según un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. De hecho, su declaración en el marco del 'caso Astapa' se saldó con registros en Estepona y en Valencia, según informó Público.

Los negocios del fallecido empresario Vicente Sáez han salido a la superficie en varios momentos delicados. Laterne, la empresa que se erigió en epicentro de la presunta financiación ilegal del PP de Valencia, impulsó la marca Valencia Experience, patrocinadora del Valencia CF. El sponsor del club nunca abonó los seis millones de euros que acordó con el Valencia CF.

El 'caso Azud', que a día de hoy permanece aún bajo secreto de sumario, también ha aflorado la vinculación de Vicente Sáez con el letrado José María Corbín en un negocio inmobiliario liderado por la sociedad Desarrollo Comercial Cansalades SA en la partida de Cansalades-Umbría en Xàbia. Además, según el testimonio del exasesor del PP Jesús Gordillo ante la Fiscalía Anticorrupción, la red de empresas de Laterne creó una filial puramente instrumental (Product Management Council SL) “para concurrir conjuntamente con otras empresas a licitaciones públicas de obras y servicios y así intentar repartirse el mercado”. 

“Como requisito para entrar en este grupo [PMC] se les exigía que realizaran una aportación de 150.000 euros”, declaró Jesús Gordillo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El PP valenciano cree que el procesamiento de medio centenar de personas del entorno de Rita Barberá no afecta al “legado” de la que fuera alcaldesa durante 24 años.  “No hay ningún elemento que minusvalore el legado de la gran alcaldesa”, ha afirmado reiteradamente la portavoz en las Corts Valencianes y en el Ayuntamiento, Maria José Catalá, este martes en el parlamento autonómico.

Los populares se empeñan en seguir aferrados a la herencia de la alcaldesa y restan importancia al auto de procesamiento de su equipo por blanqueo de capitales durante las campañas electorales. El auto apunta a irregularidades desde 1995, pero se centra en las campañas de 2007, 2011 y 2015, donde indica que los populares sobrepasaron los límites de las campañas electorales con financiación al margen de la contabilidad.

La número dos del partido insiste en que no se ha producido el procesamiento judicial, sino que se trata de un auto previo: “El procesamiento se producirá cuando pase el plazo en que el fiscal y las partes pidan el sobreseimiento o la apertura de juicio y haya un segundo auto con la apertura”. “Hay un auto de incoación de procedimiento abreviado y estamos en el inicio de una fase procesal. Todavía es pronto para asumir que han habido responsabilidades. Es pronto para hablar de estas cuestiones”, afirma Catalá en declaraciones recogidas por Europa Press.

La portavoz remite a los estatutos del partido, a la comisión de garantías y a la apertura de juicio oral para tomar alguna decisión sobre los asesores imputados y considera “improbable” llegar a ese punto. En el auto, afirma “se habla de una actitud imprudente y no dolosa de las personas señaladas”. “Es difícil que con ese auto se acabe en una condena con dolo”, expresa Catalá, doctora en Derecho.

Los populares realizaron un homenaje a la exalcaldesa en la clausura de su convención en la Plaza de Toros de València el pasado 4 de octubre. Allí, tanto Pablo Casado como los dirigentes locales aseguraron que “convirtió Valencia en la mejor ciudad” y consideraron que el mitin era el “preámbulo de otra victoria como con Rita Barberá”.

El cuñado de la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el abogado José María Corbín, era el letrado contratado por una filial del grupo Laterne (un entramado opaco supuestamente dedicado a la financiación ilegal del PP valenciano) que cobraba 150.000 euros como 'peaje'.

Así, previo pago de esa cantidad, las mercantiles que quisieran optar a contratos públicos del Ayuntamiento de Valencia podían incorporarse a la sociedad Product Management Council SL (PMC), filial de Laterne, la empresa matriz del fallecido empresario Vicente Sáez.

Con una finalidad puramente instrumental, PMC fue creada “para concurrir conjuntamente con otras empresas a licitaciones públicas de obras y servicios y así intentar repartirse el mercado”, según declaró el asesor del PP Jesús Gordillo ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas del 'caso Taula'.

El abogado José María Corbín, histórico militante de Fuerza Nueva, es uno de los principales investigados del 'caso Azud', aún bajo secreto de sumario, que destapó todo un presunto sistema corrupto del urbanismo en Valencia. Corbín está casado con Asunción Barberá, la hermana de la alcaldesa fallecida y su jefa de gabinete en la alcaldía.

El auto de procesamiento de los 49 exconcejales y asesores de la formación conservadora desvela la declaración de Gordillo, que asegura que hubo reuniones a las que acudieron Vicente Sáez, responsable del entramado de Laterne, el letrado de PMC José María Corbín y, según cree recordar, también el entonces vicealclade Alfonso Grau.

“Como requisito para entrar en este grupo [PMC] se les exigía que realizaran una aportación de 150.000 euros”, declaró Jesús Gordillo ante los agentes del instituto armado. Todo se gestionaba desde Laterne ya que su filial ni siquiera tenía trabajadores. Mal negocio para las empresas que pagaron el peaje: PMC no llegó a concurrir a ninguna licitación.

Las empresas de Laterne se erigieron como una “pantalla” para los gastos en B del PP de Valencia. Sólo en la campaña electoral del 2007, un grupo de grandes contratistas realizaron aportaciones opacas por valor de 2,6 millones de euros al entramado de Laterne, según la documentación aportada por Gordillo.

350.000 euros en billetes de 500 para pagar deudas

Jesus Gordillo trabajaba en Laterne durante la campaña electoral del 2007. Tras las elecciones, las empresas a las que Laterne había subcontratado y que no habían cobrado, llamaban por teléfono al ayuntamiento reclamando los importes adeudados. “Desde la alcaldía les decían que llaman a Laterne”, reza el auto.

Para solucionar el problema, se organizó una reunión a la que asistieron el empresario Vicente Sáez, Alfonso Grau y Gordillo, entre otros. La conclusión de aquella reunión fue que Jesús Gordillo se encargaría de abonar los gastos pendientes. Así, Alfonso Grau le entregó un sobre con 350.000 euros en efectivo (en billetes de 500). También recibió instrucciones para recoger un cheque por importe de 150.000 euros de la empresa Secopsa.

“Por orden de Alfonso Grau”, según desveló Gordillo a los agentes de la UCO, “desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado 500.000 euros para dar soporte a dicha entrada de dinero y de esa forma ocultar que tan distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el partido”. 

Gordillo declaró que consideraba a Grau una “persona honrada” en la que confiaba. “Era un mandado”, se excusó el hombre.

La pieza A del 'caso Taula' ha destapado un auténtico entramado del PP de Valencia, bajo el liderazgo de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, para financiar sus campañas electorales con fondos en B de grandes empresas que históricamente han recibido adjudicaciones públicas millonarias. Sólo en la campaña de 2007, un entramado de empresas pantalla vinculado al grupo Laterne recibió 2,6 millones de euros, según desvela el auto de procedimiento abreviado del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que pone al borde del banquillo de los acusados a casi medio centenar de exconcejales y asesores de la formación conservadora.

Toda la investigación, liderada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, parte de la declaración de un topo: el asesor popular Jesús Gordillo. El hombre, mano derecha del vicealcalde Alfonso Grau, fue colocado en la firma Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez. Grau ya estaba en 2015 enfrentado a Barberá por la investigación en el 'caso Noós', que le salpicaba (aunque finalmente quedó en nada).

Gordillo libró a los investigadores una lista de las aportaciones de las empresas contratistas, por un valor total de 2,6 millones de euros, que sirvió a los investigadores para tirar del hilo. Los apuntes manuscritos de la contabilidad intervenidos en el registro de las dependencias del grupo municipal del PP, así como las declaraciones ante la UCO de algunos disidentes, hicieron el resto.

Así, el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia mantenía dos cuentas bancarias: una en A fiscalizada por el interventor y otra sin fiscalización alguna y “al margen de la contabilidad del Partido Popular”. En las libretas manuscritas de María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo y persona de la máxima confianza de Rita Barberá, aparecen apuntes contables desde 1995 pero los investigadores se centran en tres campañas electorales: 2007, 2011 y 2015, cuando Rita Barberá pierde la alcaldía tras 24 años.

“Sin intervención municipal y ajena al partido, era una cuenta descontrolada y, en gran medida, opaca”, reza el auto del juez. Las anotaciones en las libretas intervenidas apuntan “con claridad” a un “gasto electoral suplementario al margen de la contabilidad del PP”, agrega. 

2007: el entramado de Laterne

En las elecciones municipales del 2007, el límite máximo establecido para el PP era de 414.390 euros (ante el Tribunal de Cuentas el partido declaró 133.762 euros). La documentación aportada por Jesús Gordillo a la Fiscalía Anticorrupción desvela el presunto uso de la empresa Laterne para el pago de servicios electorales de la campaña.

Gordillo indicó que conservó la documentación “ante el abandono y la debacle” del entramado empresarial de Vicente Sáez. “Lo hizo por indicación de Alfonso Grau”, apostilla. Grau pernocta actualmente en el centro penitenciario de Picassent tras su detención en el marco del 'caso Azud', que investiga precisamente la presunta corrupción sistémica del urbanismo en la época de Rita Barberá.

El topo desveló que Grau y el empresario Vicente Sáez mantenían una “antigua y estrecha amistad”. Sáez creó una serie de firmas “con una finalidad instrumental” sin actividad económica real. Una vez colocado Gordillo en Laterne, por indicación de Grau, la empresa se convierte en una suerte de brazo extensible del PP para afrontar los gastos de la campaña electoral.

El consistorio contrataba con Laterne para trabajos “nunca realizados o con claro sobrecoste” y la sociedad se encargaba de la campaña. La cantidad real destinada a la campaña superó “con seguridad y ampliamente” el millón de euros y pudo “superar la cota” de los dos millones, según las pesquisas de la UCO. En muchos casos, ya no queda rastro de la documentación sobre los contratos de fundaciones y entidades públicas municipales que inyectaron fondos millonarios en las empresas de Laterne.

Alfonso Grau, según el testimonio de Gordillo, pasaba el cazo a las constructoras y demás empresas contratistas del ayuntamiento, canalizando los beneficios mediante “facturación falsa” de Laterne o mediante los préstamos de las firmas a Product Management Council SL, una mera “pantalla”. La sociedad fue un “señuelo” sin actividad económica de ningún tipo, señala el juez instructor.

Entre las empresas que aportaron fondos, tal como detalla una tabla aportada por Gordillo, figuran Secopsa, Agricultores de la Vega de Valencia, Lubasa, Pavasal, Luján o el Grupo Rover Alcisa. En el caso de Secopsa (sólo entre 2006 y 2008 obtuvo casi 100 millones de euros en adjudicaciones del consistorio), la firma aportaba a Laterne “todos los años cantidades redondas, sin justificación contractual alguna”, indica el juez. La edil socialista Ana Botella, tal como destaca el auto, pidió formalmente la creación de una comisión de investigación sobre los nexos entre Grau y el entramado de empresas de Vicente Sáez. La mayoría absoluta del PP lo impidió.

2011: pagos en efectivo en el despacho del PP

En las elecciones municipales del 2011, el límite del gasto electoral para el PP era de 434.227 euros. El entramado de empresas de Laterne ya había desaparecido y el partido contrató a la empresa Trasgos Comunicación SL. Distintos empresarios subcontratados, según las pesquisas de la Guardia Civil, facturaron a Trasgos un importe de 277.129 euros.

El auto revela que “el pago por parte de Trasgos a los proveedores de los servicios de campaña es muy superior al dinero recibido del grupo municipal popular con cargo a la propia cuenta”.

El empresario José Luis Suñer Generoso, responsable de una empresa que se encargó de las pegatinas y los llaveros del PP, declaró que María del Carmen García Fuster le abonó “personalmente y en efectivo” 10.000 euros en el despacho del grupo municipal popular. En definitiva, al igual que en la campaña del 2007, el PP “llevó a cabo un gasto muy superior al del partido a nivel provincial”, obviando además la normativa electoral en materia de financiación, abunda el juez instructor.

2015: el 'pitufeo'

En las elecciones municipales del 2015, cuyo resultado llevó al PP a la oposición, la formación tenía (en teoría) un límite de 430.679 euros. La alcaldesa Rita Barberá, sus concejales y el equipo de asesores ingresaron cada uno 1.000 euros, unos fondos que luego les fueron devueltos en dos billetes de 500 euros. Se trata del 'pitufeo', un método sencillo de presunto blanqueo de capitales. Rita Barberá ingresó el cheque el 1 de abril del 2015.

El entonces asesor Julio Aguado Codina realizó la aportación de 1.000 euros; menos de un minuto después ingresó en efectivo la misma cantidad en su cuenta bancaria. El hombre, funcionario municipal, declaró que se trataba de un “premio de la quiniela”. Alfonso Novo, entonces concejal, justificó el ingreso como “un dinero que tenía ahorrado en la hucha”.

La UCO intervino el teléfono móvil del asesor Pedro Aracil y localizó unas conversaciones de WhatsApp en las que, en tono de chanza, bromea con otros compañeros sobre los billetes de 500 euros para el presunto 'pitufeo'. “Estoy por enmarcarlos”, dice Juan Pedro Gómez, a lo que el conocido asesor Luis Salom contesta: “y poner en el cristal rómpase en caso de emergencia”. Su interlocutor escribe: “Si voy al banco me dirán otro tonto del PP”. En otra conversación, Juan Pedro Gómez bromea con el lema del PP: “Con-fianza”, reza el mensaje.

Los disidentes del 'pitufeo'

Algunos de los asesores (Patricia Iserte, Nuria Diego García, Jesús Gordillo y Arantxa Martín) se negaron a participar en esta mecánica al ver indicios de ilegalidad. Una de ellas, le llevó los 1.000 euros a María del Carmen García Fuster “poniéndolos encima de la mesa” y rechazando participar en el presunto 'pitufeo'. La secretaria del grupo popular “no entendía por qué se ponía así”.

Iserte, que también había trabajado en Laterne, telefoneó a María del Carmen García Fuster para pedirle explicaciones, pero la entonces mano derecha de Rita Barberá se negó a comentar el tema por teléfono. La mujer también declaró que el asesor Luis Salom le había dicho que el grupo municipal del PP “tenía fajos de dinero en efectivo”. 

La periodista Patricia Iserte incluso redactó un escrito explicando lo que estaba sucediendo y consultó con un familiar, abogado de profesión, la posibilidad de acudir a un notario. Por su parte, la periodista Nuria Diego García también comentó el asunto con su marido, médico de profesión, y “ambos llegaron a la conclusión de que no parecía una operativa lícita”. 

Los asesores que declinaron participar en la operativa del presunto blanqueo conformaron una suerte de grupo disidente que hablaba a diario y que se enfrentaba al “mal carácter” de la secretaria del grupo municipal. Una de las asesoras tuvo “sensación de aislamiento y vacío profesional”.

El auto de procesamiento incluye a casi medio centenar de exconcejales o exasesores (algunos, como Luis Salom, siguen en el grupo municipal). También al PP como persona jurídica. El auto explica que la defensa del partido aportó a la causa un “programa anti-corrupción”, redactado en marzo del 2015, “sin que conste su implementación o inicio de ejecución”, apunta —con sorna— el juez instructor.

Esta historia parece un capítulo de una novela del tristemente poco recordado Rafael Chirbes (Tavernes de la Valldigna, 1949 - Beniarbeig, 2015). Con escasas concesiones al punto y aparte, diálogos despiadados y retratos literarios de toda una época en que la infraestructura (corrupta) determinaba la superestructura del poder autonómico en el Palau de la Generalitat. En realidad, forma parte del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el saqueo de Ciegsa, la empresa pública encargada de la reforma y construcción de los colegios valencianos.

La narración comienza el viernes 2 de enero del 2004, día en que un joven arquitecto llamado Joan Vergara Martí obtuvo el primer trabajo de su vida. Nunca antes había estado dado de alta en la Seguridad Social.

—Todos los concursos de proyectos tiene que hacerlos Joan Vergara —dijo el secretario autonómico de la Conselleria de Educación, Máximo Caturla, en una reunión de Ciegsa, según las anotaciones de un testigo del caso Taula—. Por cojones. Por mis huevos.

Aquel viernes, el arquitecto aterrizó en las oficinas de la empresa pública. Era el segundo día del 2004 y, con los buenos propósitos para el año nuevo, Vergara se puso manos a la obra. El lunes siguiente, 5 de enero, tumbó las puntuaciones iniciales de las constructoras que optaban a una adjudicación valorada en 43,8 millones de euros. “Tres días después de su contratación y mediando un fin de semana”, apunta la UCO en referencia al estajanovista y joven trabajador.

Los campistas, recién llegados al poder con la victoria electoral de Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2003, arrebataban así a los zaplanistas, seguidores de Eduardo Zaplana que un año antes se había marchado al Ministerio de Trabajo, lo que en la jerga interna de Ciegsa llamaron la “décima licitación”. Casi 50 millones de euros cambiaban de manos en un fin de semana.

Eduardo Zaplana había apadrinado a Francisco Camps para que fuera su sucesor con su marcha al Gobierno de José María Aznar, pero la relación entre ambos se torció hasta tal punto que el discípulo acabó laminando al maestro y a todos aquellos miembros del PP valenciano que alzaron su bandera.

La valoración de las puntuaciones de esta adjudicación millonaria para la construcción de una decena de colegios, dividida en cinco lotes, se modificó sin razón alguna que justificara el cambio, según la Sindicatura de Cuentas. En la primera valoración, empresas de Madrid, Barcelona y A Coruña, junto a las constructoras valencianas Cyes Infraestructuras y Cleop, obtuvieron los cinco lotes. La Comisión Ejecutiva de Ciegsa, presidida por el entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, acordó por unanimidad realizar una nueva evaluación por una supuesta “falta de motivación” de la valoración inicial.

El arquitecto Joan Vergara, jefe de la división técnica para la contratación de proyectos y obras en el nuevo organigrama orquestado por Caturla, del que era “persona de confianza”, interpretó en esta jugada un rol que a la Guardia Civil le resulta “llamativo”. Tras la toma de control de la empresa pública por parte de los nuevos responsables campistas, en la que Máximo Caturla jugó un “papel nuclear”, según la UCO, las empresas “extranjeras” de Madrid, Barcelona y A Coruña cayeron para “primar” a las valencianas, según la expresión de Caturla. Esas constructoras valencianas están siendo ahora investigadas por una presunta financiación del PP patrio.

El viernes 9 de enero tuvo lugar una reunión tras el inopinado cambio de la “décima licitación”. José Luís Gisbert, antiguo empleado de Ciegsa y testigo en el caso Taula, tomó notas de aquel encuentro.

—En esta empresa manda el conseller [Esteban González Pons], y el conseller hace lo que le sale de los cojones y si alguien no está de acuerdo dimite, se le da un cheque y en paz —exclamó Máximo Caturla, al que el testigo describe como una persona de “trato difícil”— Cuando el conseller no está, mando yo.

Este empleado, que fue despedido un año después, retrató a Caturla durante su comparecencia en la comisión de investigación de Ciegsa en las Corts: “Tenía un vocabulario muy suelto y muy dictatorial”. “Daba la impresión de que se sentía con poder suficiente para hacer lo que quisiese, porque se lo habían dado”, añade. En otra reunión, recuerda Gisbert en su declaración ante la UCO, el testigo esgrimió un informe con ciertas reservas respecto a las afirmaciones de Caturla. El entonces secretario autonómico de Educación, “le pidió que le acercara ese documento y, sin leerlo, lo rompió delante de las personas presentes”.

La guerra entre zaplanistas y campistas “afectó a todos los que habían llegado a Ciegsa en la época de Zaplana”, explica el exgerente Javier García-Lliberós en su declaración como testigo ante la Guardia Civil. Por debajo de los misiles intercambiados entre uno y otro bando, jugaron un papel importante los cuatro arquitectos que rodeaban a Caturla: Joan Vergara, Elena Bosque —quien “ejercía la presión sobre los técnicos para que el proyecto se aprobara”, según declara un testigo ante la UCO— y el matrimonio formado por Carlos Roqués y Nuria Mas, que recorrió una engrasada puerta giratoria y acabó trabajando en Perú en un proyecto pilotado por Sergio Blasco con una constructora que había obtenido adjudicaciones millonarias de Ciegsa.

Vergara y Bosque, tras su experiencia con Caturla, trabajaron en Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia y uno de los epicentros del caso Taula, ambos durante las mismas fechas: del 17 de abril del 2008 al 31 de julio del 2012.

El exgerente Miguel Barranca, que advirtió en vano al entonces presidente Camps de los desmanes de Caturla, declaró como testigo ante la Guardia Civil que “los empresarios que iban a Ciegsa hablaban directamente con Máximo y cuando éste no estaba hablaban con estos técnicos”. Hoy en día los cuatro arquitectos y Caturla, que luce un aspecto visiblemente desmejorado, están imputados en la pieza separada G que investiga el saqueo de la empresa pública en el macrocaso Taula.

En Ciegsa hubo, según el informe de la UCO entregado al juez, una “estrategia de recaudación y financiación basada en el cobro de comisiones ilegales” para financiar al Partido Popular provincial, que controlaba Alfonso Rus, y al autonómico, en manos de Francisco Camps.

La “décima licitación” fue el inicio de todo.

Compromís ha acusado al PP de haber “saqueado” también las Corts a través de la trama Taula poniendo como ejemplo la 'web fantasma' del grupo parlamentario que pagó con dinero público la presidenta de la cámara, Milagrosa Martínez, aunque nunca existió en realidad. La diputada de Compromís, Marian Campello, recuerda que que realizó la petición de documentación para fiscalizar la gestión del PP al frente de Les Corts, de donde se han encontrado las facturas de esta web; de este modo ha asegurado que “la documentación sobre la utilización del dinero público de parlamento en la época del PP revela una gran cantidad de facturas vinculadas a las empresas del grupo Engloba, investigada por el caso Taula”.

Así, según Campello “hicimos la petición de documentación en Les Corts sobre las empresas de Taula para conocer si había parte de la trama escondida en la contabilidad de las Cortes Valencianas y así fue”. La diputada ironiza sobre la investigación afirmando que “incluso cuando se pide documentación sin indicios previos aparece una nueva pieza del entramado de corrupción del PP”.

Además, sobre el resto de documentación recabada por la coalición, Campello afirma que “la página web fantasma del grupo popular constata el modus operandi de cómo saquearon el parlamento valenciano, pero es un hecho quese suma a la pila de facturas fraccionadas, sobrecostes y despilfarro de los que se beneficiaron las empresas de Taula y el PP. Una muestra de que Milagrosa Martínez,como sus compañeros del Consell del PP, escondían en su gestión una bolsa de detritus en el subsuelo de nuestras Instituciones”.

Este lunes se reanuda la comisión de investigación en les Corts sobre el 'caso Taula', sesión a la que están citados Álvaro Pérez 'el Bigotes' y Francisco Camps. En esta comisión se investiga la presunta financiación irregular del PP con el cobro de comisiones y de blanqueo de capitales a través de una presunta red corrupta, y en la que los principales acusado son el expresidente de la Diputación de València, alfonso Rus, y los concejales del PP del Ayuntamiento de València.

'El Bigotes', quien fuera responsable de Orange Márket, empresa señalada también en el caso Gürtel y por el que se encuentra en prisión, declarará a través de videoconferencia a partir de las 10h desde la prisión de Valedemoro. Cabe recordar que no es la primera vez que se da esta circunstancia ya que Pérez ya tuvo que hacer para otras investigaciones como la de Gürtel en noviembre de 2017.

Tras la comparecencia de Pérez está programada la del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, que deberá empezar a declarar a las 11,30h. El exjefe del Consell también ha declarado en otras comisiones de investigación vinculadas a presuntas tramas de corrupción durante su mandato, la última la de Feria València.

Les empreses de les trames de corrupció vinculades al PP valencià també es van emportar un bon pessic del pressupost de Fira València durant els anys del balafiament. L’entitat firal va contractar almenys amb tres empreses vinculades a casos de corrupció perquè feren faenes de representació i màrqueting, malgrat que ja hi comptava amb un departament.

Valmor, investigada per la trama de l’organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València; Orange Market, filial dels arquitectes de la Gürtel valenciana, i Laterne, que operava com les empreses del grup Correa a escala local en el cas Taula, van ser les tres afortunades que es van emportar de la institució prop de 2,5 milions d’euros.

Els diputats de PSPV-PSOE, Compromís i Podem en la comissió d’investigació de les Corts Valencianes sobre el forat milionari en l’entitat firal –uns mil milions d’euros dels quals es va fer càrrec la Generalitat Valenciana–, consideren que el departament de màrqueting “va ser la porta d’entrada” de les empreses de la corrupció. Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, en la seua declaració per videoconferència en aquesta comissió d’investigació, va insinuar que Fira València formava part de l’entramat de la Gürtel. “La cara B del disc a vegades és molt millor que la cara A i, desgraciadament, solament han escoltat una cara del disc. Jo aniré un dia a donar-los l’explicació que vostés em demanen”, va expressar.

El mateix Álvaro Pérez, responsable d’Orange Market, va entrevistar una treballadora que passaria al departament de màrqueting de Fira. “L’entrevista va ser amb Álvaro Pérez i Pablo Crespo. Ens vam reunir, em van explicar una mica que ells eren l’agència que treballava per a Fira València. Que els havien demanat que col·laboraren –diguem-ne– en un procés que tenien obert de recerca de talent per a ocupar una posició de direcció de màrqueting”, va explicar la treballadora en la comissió.

Durant els anys en què Orange Market va estar contractada per Fira València, a partir del 2008, va facturar més d’un milió i mig d’euros. Concretament, segons han calculat els diputats amb la documentació aportada a la comissió, 1.582.388 euros per diferents conceptes relacionats amb l’assessorament en comunicació. La seua funció era, segons el contracte, elaborar un pla de màrqueting i un estudi dels certàmens. El contracte es va rescindir per part de Fira València sense abonar indemnització un any després, quan va saltar l’escàndol de la Gürtel valenciana.

A escala local, una altra empresa operava amb el PP de l’Ajuntament de València amb un mètode similar, segons investiguen els jutjats en el cas Taula. Laterne SL, una altra agència de comunicació, organitzava les campanyes del PP de Rita Barberá i, presumptament, les donacions irregulars al grup municipal. Entre els anys 2006 i 2008, Fira València va pagar més de 495.000 euros a Laterne SL, a través de dos contractes i honoraris de serveis de màrqueting i comunicació. El contracte preveia una contraprestació de 4.500 euros mensuals, que després van ascendir a 6.000 amb la mateixa periodicitat. S’hi incloïa un extra pressupostari per a viatges i altres despeses.

En el mateix període, quan va arribar la competició esportiva que posaria València en el mapa, la institució firal va pagar 402.803 a Valmor, l’empresa que va organitzar el Gran Premi de Fórmula 1 en el circuit urbà valencià, investigada en dues peces. Valmor Sports, titular dels drets d’organització del Gran Premi d’Europa de Fórmula 1, va signar dos contractes amb l’entitat, que va gastar prop de 300.000 euros en invitacions per a l’espectacle esportiu entre el 2007 i el 2008.

Entrades de llotja, entrades vip (a 650 euros la unitat) i entrades normals. En les anotacions de comptabilitat hi ha 16 referències a compra d’entrades a Valmor per 119.229 euros. Segons les actes dels consells d’administració, s’adquireixen 7.500 entrades per als espectacles i altres activitats en el recinte.

L’entitat firal va signar dos convenis amb l’empresa d’organització de la Fórmula 1. El primer, mesos abans de la celebració de la primera edició, recull que Valmor rebria com a retribució un 33% del benefici net de la zona lúdica, així com un conjunt de remuneracions concordes a l’èxit d’ocupació de la zona d’allotjament. De la seua banda, Fira València cediria un pavelló i un espai per a celebrar esdeveniments i vendre accessoris de promoció del premi –marxandatge– i assumiria les despeses de personal, suport tècnic, llicències, assegurances i altres. Unes condicions clarament beneficioses per a l’empresa organitzadora, com figura en la proposta de dictamen dels parlamentaris.

Una vegada aprovat el dictamen, els diputats decidiran si convé lliurar alguns documents a la Fiscalia, que després de dos anys d’investigació va arxivar el cas. El jutjat també va rebutjar traslladar les diligències prèvies a la comissió parlamentària. En l’escrit d’arxivament, el ministeri fiscal descartava que s’haguera produït un desviament de capital.

El dictamen proposat pels partits del Pacte del Botànic responsabilitza els governs d’Eduardo Zaplana i Francisco Camps del forat milionari de la institució, que treballava amb diners públics de manera descontrolada. També l’expresident de la institució Alberto Catalá, i la directora general de Fira i exconsellera d’Indústria i posteriorment de Turisme, Belén Juste.

Els impagaments del PP

Al marge dels contractes amb les empreses de les trames corruptes, la institució firal va tindre altres llacunes. Segons la investigació parlamentària, a l’abril del 2002 va tindre lloc un desdejuni del qual no hi ha cap constància que es pagara; al març del 2007 van tindre lloc un acte i un esdeveniment facturats per Fira València a l’empresa Orange Market; al maig del 2008, Fira València va facturar un acte del PP europeu a la Generalitat Valenciana, sota el Govern de Francisco Camps.

Encara que el més conegut va ser el congrés del PP que va ajudar a pujar Mariano Rajoy, un conclave de grans dimensions celebrat el 2008 i pagat fa a penes un any, després que la institució reclamara nombroses vegades els 625.000 euros que va costar. El Jutjat de Primera Instància número 1 de Madrid va obligar els populars a saldar el deute.

Despeses en firmes de luxe durant la crisi

Quan la crisi econòmica aguaitava, els directius de Fira València van augmentar significativament les despeses. En el període del 2007 al 2011, “es multipliquen les despeses de representació i les targetes Visa fins un valor superior a un milió d’euros de manera anual”, en un moment en què comencen les pèrdues de la institució. A més, segons els diputats, els anys 2006 i 2007 es constata una baixada dels beneficis en més d’un milió d’euros, però, no obstant això, “més s’unflen les despeses dels directius en regals viatges i restaurants”.

Entre les despeses obscenes de l’entitat firal hi ha bosses de mà de luxe, havans i els accessoris respectius, rellotges, perfums, bosses de mà i fins i tot mantes en concepte de “regals”. Loewe, Bulgari, Louis Vuitton i Hermes eren les botigues fetitxe dels directius.

A més de la sagnia de crèdit als directius a compte de la institució, l’ex-secretari general de Fira València Enrique Calomarde va explicar en la comissió que anualment als membres del Comité Executiu se’ls donaven targetes regal d’El Corte Inglés com a regal de Nadal, d’uns mil euros cadascuna, per a despeses personals. El 2007, es registren despeses per un valor total d’11.800 euros; el 2008 per un total d’ 11.400 euros i el 2009, per 9.600 euros.

Las empresas de las tramas de corrupción vinculadas al PP valenciano también se llevaron un buen pellizco del presupuesto de Feria Valencia durante los años del despilfarro. La entidad ferial contrató con al menos tres empresas vinculadas a casos de corrupción para que realizaran trabajos de representación y marketing, pese a que ya contaba con un departamento para ello.

Valmor, investigada por la trama de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia; Orange Market, filial de los arquitectos de la Gürtel valenciana, y Laterne, que operaba como las empresas del grupo Correa a nivel local en el caso Taula, fueron las tres afortunadas que se llevaron de la institución cerca de 2,5 millones de euros.

Los diputados de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos en las comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre el agujero millonario en la entidad ferial, -unos mil millones de euros de los que se hizo cargo la Generalitat Valenciana-, consideran que el departamento de marketing “fue la puerta de entrada” de las empresas de la corrupción. Álvaro Pérez 'El Bigotes', en su declaración por videoconferencia en esta comisión de investigación, insinuó que Feria Valencia formaba parte del entramado de la Gürtel. “La cara B del disco a veces es mucho mejor que la cara A y, desgraciadamente, solamente han escuchado una cara del disco. Yo iré un día a darles la explicación que ustedes me piden”, expresó.

El propio Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, entrevistó a una trabajadora que pasaría al departamento de marketing de Feria. “La entrevista fue con Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Nos reunimos, me explicaron un poco que ellos eran la agencia que trabajaba para Feria Valencia. Que les habían pedido que colaboraran –digamos– en un proceso que tenían abierto de búsqueda de talento para ocupar una posición de dirección de marketing”, explicó la trabajadora en la comisión.

Durante los años en los que Orange Market estuvo contratada por Feria Valencia, a partir de 2008, facturó más de un millón y medio de euros. Concretamente, según han calculado los diputados con la documentación aportada a la comisión, 1.582.388 euros por distintos conceptos relacionados con el asesoramiento en comunicación. Su función era, según el contrato, realizar un plan de marketing y un estudio de los certámenes. El contrato se rescindió por parte de Feria Valencia sin abonar indemnización un año después, cuando saltó el escándalo de la Gürtel valenciana.

En el plano local, otra empresa operaba con el PP del Ayuntamiento de Valencia con un método similar, según investigan los juzgados en el Caso Taula. Laterne SL, otra agencia de comunicación, organizaba las campañas del PP de Rita Barberá y, presuntamente, las donaciones irregulares al grupo municipal. Entre 2006 y 2008 Feria Valencia pagó más de 495.000 euros a Laterne S.L., a través de dos contratos y honorarios de servicios de marketing y comunicación. El contrato contemplaba una contraprestación de 4.500 euros mensuales, que luego ascendieron a 6.000 con la misma periodicidad. Se incluía un extra presupuestario para viajes y otros gastos.

En el mismo periodo, cuando llegó la competición deportiva que pondría a Valencia en el mapa, la institución ferial pagó 402.803 a Valmor, la empresa que organizó el Gran Premio de la Fórmula 1 en el circuito urbano valenciano, investigada en dos piezas. Valmor Sports, titular de los derechos de organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, firmó dos contratos con la entidad, que gastó cerca de 300.000 euros en invitaciones para el espectáculo deportivo entre 2007 y 2008.

Entradas de palco, entradas VIP (a 650 euros la unidad) y entradas normales. En los apuntes de contabilidad se encuentran 16 referencias a compra de entradas a Valmor por 119.229 euros. Según las actas de los consejos de administración, se adquieren 7.500 entradas para los espectáculos y otras actividades en el recinto.

La entidad ferial firmó dos convenios con la empresa de organización de la Fórmula 1. En el primero, meses antes de la celebración de la primera edición, el documento recoge que Valmor recibiría como retribución un 33% del beneficio neto de la zona lúdica, así como un conjunto de remuneraciones acordes al éxito de ocupación de la zona de alojamiento. Por su parte, Feria Valencia cedería un pabellón y un espacio para celebrar eventos y vender accesorios de promoción del premio -merchandising- y asumiría los gastos de personal, apoyo técnico, licencias, seguros y otros. Unas condiciones claramente beneficiosas para la empresa organizadora, como figura en la propuesta de dictamen de los parlamentarios.

Una vez aprobado el dictamen, los diputados decidirán si conviene entregar algunos documentos a la Fiscalía, que tras dos años de investigación archivó el caso. El juzgado también rechazó trasladar las diligencias previas a la comisión parlamentaria. En el escrito de archivo, el Ministerio Fiscal descartaba que se hubiera producido un desvío de capital.

El dictamen propuesto por los partidos del Pacto del Botánico responsabiliza a los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps del agujero millonario de la institución, que trabajaba con dinero público de manera descontrolada. También al expresidente de la institución Alberto Catalá, y a la directora general de feria y exconsellera de Industria y posteriormente de Turismo, Belén Juste.

Los impagos del PP

Al margen de los contratos con las empresas de las tramas corruptas, la institución ferial tuvo otras lagunas. Según la investigación parlamentaria, en abril de 2002 tuvo lugar un desayuno del que no existe ninguna constancia de su abono; en marzo de 2007 tuvieron lugar un acto y un evento facturados por Feria Valencia a la empresa Orange Market; en mayo de 2008, Feria Valencia facturó un acto del PP europeo a la Generalitat Valenciana, bajo el Gobierno de Francisco Camps.

Aunque el más conocido fue el congreso del PP que aupó a Mariano Rajoy, un cónclave de grandes dimensiones celebrado en 2008 y pagado hace apenas un año, después de que la institución reclamara en numerosas ocasiones los 625.000 euros del mismo. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid obligó a los populares a saldar la deuda.

Gastos en firmas de lujo durante la crisis

Cuando la crisis económica acechaba, los directivos de Feria Valencia aumentaron significativamente los gastos. En el periodo de 2007 a 2011, “se multiplican los gastos de representación y las tarjetas Visa hasta un valor superior al millón de euros de forma anual”, en un momento en que comienzan las pérdidas de la institución. Además, según los diputados, en 2006 y 2007 se constata una bajada de los beneficios en más de un millón de euros, sin embargo, “se hinchan los gastos de los directivos en regalos viajes y restaurantes”.

Entre los gastos obscenos de la entidad ferial hay bolsos de lujo, puros habanos y sus respectivos accesorios, relojes, perfumes, bolsos y hasta mantas en concepto de “regalos”. Loewe, Bulgari, Louis Vuitton y Hermes eran las tiendas fetiche de los directivos.

Además del chorreo de crédito a los directivos a cuenta de la institución, el exsecretario general de Feria Valencia Enrique Calomarde explicó en la comisión que anualmente a los miembros del Comité Ejecutivo se les daban tarjetas regalo de El Corte Inglés como regalo de Navidad, de unos mil euros cada una, para gastos personales. En 2007, se registran gastos por un valor total de 11.800 euros; en 2008 por un total de 11.400 euros y en 2009, por 9.600 euros.

La corrupció ha saquejat el país i ha omplit les hemeroteques. Polítics i empresaris s’han omplit les butxaques i han buidat les arques de les institucions, en casos més o menys obscens. El que, sens dubte, hauria de portar aquest qualificatiu són algunes declaracions dels investigats, alguns d’ells en diverses trames; uns altres ja condemnats. Sumaris, escoltes policíaques, proves processals, declaracions en els jutjats o comentaris davant els mitjans de comunicació; aquest és el glossari de la corrupció a Espanya.

“Puc haver-hi ficat la mà, però no mai la pota”

Juan Cotino, expresident de les Corts i investigat per la visita del papa a València, no estava molt fresc la vesprada en què va tindre aquest lapsus. A l’eixida del Tribunal Superior de Justícia valencià va declarar davant les càmeres: “Puc haver-hi ficat la mà, ho he dit mil vegades, però no mai la pota. Perdó. Ho he dit al revés, ah!”. En el seu cas, encara està per veure la seua culpabilitat o innocència en diversos casos –fa unes setmanes es van escorcollar les seues propietats en l’operació Erial–. D’altres sí que s’ha demostrat que van ficar totes dues extremitats.

El ionqui dels diners

Marcos Benavent és un dels personatges fascinants que la corrupció del PP valencià ha donat al periodisme. Fugit de la justícia, va tornar de Llatinoamèrica reconvertit en un ésser de llum. “Jo era un ionqui dels diners; m’he emportat de tot”, reconeixia davant les càmeres quan va començar a proporcionar a la justícia els enregistraments de tots els seus companys en la Diputació de València. Les classes de ioga a la selva amazònica van eixir cares.

“Eixirà merda a punta pala”

Després de declarar per primera vegada davant el jutge en el que encara era el cas Imelsa –que ha anat derivant en unes quantes causes més–, Benavent, exgerent de l’empresa pública que depenia de la Diputació va llançar una advertència que no va passar desapercebuda: “Ací eixirà merda a punta pala”. I així va ser, perquè al poc de temps va començar a filtrar els enregistraments d’Alfonso Rus i Maria José Alcón repartint bitllets com a caramels en la cavalcada de Reis. Hui tots els regidors del PP a l’Ajuntament de València estan imputats, tret de l’únic que no tenia carnet del partit.

“Mil, dos mil, tres mil... dos milions de peles”

És potser la frase que ha posat a Alfonso Rus en el mapa. Encara que no la pronunciara ell. Esquerra Unida va lliurar aquests enregistraments, produïts segons el partit en un cotxe, en les quals l’expresident de la Diputació de València parla amb un home de confiança i Marcos Benavent. En el vehicle, van comptant feixos de bitllets: “Mil, dos mil, tres mil... dos milions de peles”.

“10.000 per a tu, 5.000 per a mi i 5.000 per al PP”

En els enregistraments del cas Taula es pot escoltar com el 2005 Marcos Benavent i Maria José Alcón van pactar un contracte de restauració d’aquesta manera tan senzilla:“10.000 per a tu, 5.000 per a mi i 5.000 per al PP”. Aquest cas investiga el ‘pitufeo’ amb bitllets de 500 euros, un pretés blanqueig de capitals per a finançar al PP de la ciutat de València. Alcón va narrar com es desenvolupaven aquestes operacions per telèfon al seu fill, encara que en l’interrogatori se’n va desdir, al·legant problemes de memòria. En un altre enregistrament, Benavent trasllada a Alcón que Alfonso Rus vol que una part d’una pretesa mossegada de 20.000 euros vaja a la caixa del PP.

“10.000 per a tu, 5.000 per a mi i 5.000 per al PP”.‘pitufeo’“Amiguito del alma” i “te quiero un huevo”

La de Francisco Camps i Álvaro Pérez El Bigotes, era una relació d’estreta amistat. Per a felicitar per Nadal a l’empresari, el llavors president de la Generalitat va fer una telefonada interceptada per la Policia en què feia gala d’aquest afecte particular:

Francisco Camps: “Hola, amiguito del alma, que te sigo queriendo mucho”.

Álvaro Pérez: “Presidente, contarás muchos años con mi lealtad”.

Camps: “Perdona, durante muchos años no, toda tu vida, hijo de puta”.

L’expresident de la Generalitat va escoltar aquest enregistrament durant el judici dels vestits, que va inaugurar la travessia de la trama Gürtel pels jutjats.

“Amollar el mondongo”

El Bigotes es preguntava amb el seu llenguatge habitual en el Congrés, en la comissió d’investigació del finançament del PP, per què Ignacio López del Hierro, marit de María Dolores de Cospedal, i l’exgerent del PP gallec Ángel Piñeiro no estan declarant en el seu lloc pels papers de Bárcenas quan apareixen en les anotacions, i afig: “Amollaven el mondongo”.

“Ací hi ha peles per a tots. Una ‘pastuqui’ important”

“Ací hi ha peles i, si ix bé, hi ha peles per a tots. Una pastuqui important”. Així parlaven Francisco Correa i Pablo Crespo, socis de la Gürtel, mentre buscaven una empresa que s’unira a ells per a fer una pilota amb el circuit urbà de la Fórmula 1 a València i instal·lara les graderies per al primer Gran Premi.

La “polla insaciable”

Implicat en el cas Brugal i en la trama Gürtel, propietari del 60% de sòl urbanitzable d’Alacant. Enrique Ortiz es definia com “la polla insaciable” en una conversa interceptada per la Guàrdia Civil. El seu interlocutor li diu “està bé, perquè no et queixes tant, fotre” i ell li respon “No està malament, però he de plorar més, perquè jo sóc la polla insaciable”. Ortiz va viure el somni daurat de qualsevol constructor i es va convertir en el senyor de la rajola en l’època del PP.

“Has tingut notícies del de les magdalenes?”

Mentre el constructor utilitzava el qualificatiu fàl·lic, altres membres de la trama utilitzaven un apel·latiu més dolç per a referir-se a ell. Enrique Ortiz, era “el de les magdalenes”, com l’anomenava David Serra, sotssecretari d’Organització del PP de la Comunitat Valenciana, i va confessar en el judici de Gürtel al febrer passat. A vegades, també era “el de les galetes” o “el de les biscotes”, segons el dia. “Sempre que parlàvem de magdalenes, bescuits o pastissos eren lliuraments de diners”, va ratificar Álvaro Pérez El Bigotes en l’interrogatori de l’Audiència Nacional al gener. No estava l’assumpte per a orgues.

“La ‘màfia espanyola’, que gran”

En un altre dels enregistraments del cas Rabassa, el senyor de la rajola parla amb un responsable d’Ikea i aquest el descriu –en to de broma– com a “màfia espanyola”, a la qual cosa Ortíz respon “et va agradar, tindre un amic mafiós, eh?”.

El “duc empalmat”

Era duc de Palma i “empalmat” es va dir. Almenys en els correus electrònics que signava mentre consultava els seus moviments al capdavant de l’Institut Nóos amb el secretari de les infantes, Carlos García Revenga. Iñaki Urdangarín, que acaba de ser condemnat a sis anys de presó per contractes fraudulents milionaris amb administracions públiques, estampava l’autògraf “em...Palma...do” en els seus missatges de negocis.

Compi iogui

A un altre a qui li agradava molt el ioga, com a Benavent, era a Javier López Madrid. El detingut en el cas Lezo, que investiga les adjudicacions per a construir el Canal de Isabel II, compartia classes amb la reina Leticia i el rei Felip. Quan va ser implicat en el cas de les targetes black, que eldiario.es va revelar en exclusiva, la reina li va enviar un missatge de suport: “Et vaig escriure quan va eixir l’article dels de les targetes en la merda de LOC i ja saps el que pense, Javier. Sabem qui ets, saps qui som. Ens coneixem, ens estimem, ens respectem. La resta, merde. Un bes compi iogui (miss you!!)”.

“Jo no sé la quantitat de gent que dec haver col·locat”

Carlos Fabra, el de l’aeroport “del iaio”, l’expresident de la Diputació de Castelló, és un home sincer. “Jo no sé la quantitat de gent que dec haver col·locat en 12 anys”, explicava en una intervenció pública que va ser gravada abans de les eleccions municipals. En aqueix moment se l’investigava per frau fiscal i tràfic d’influències. Fabra deia que entre els llocs de l’Administració un pot “col·locar una infinitat de gent, assessors, secretaris, directors generals, sotsdirectors, sotssecretaris, assessors dels consellers, directors territorials, secretàries de no sé què... (...). I tota aqueixa gent és un vot captiu”.

“Luis, sé fuerte”

El ja ex-president del Govern s’ha vist esguitat –però, no implicat– per diferents escàndols de corrupció en el si del seu partit. Un dels grans errors –almenys en el terreny comunicatiu– de Mariano Rajoy va ser enviar un SMS a Luis Bárcenas quan va saltar el cas ‘dels papers’ i de la caixa B de Gènova. El president estava clarament preocupat pel seu tresorer quan va escriure: “Luis, res no és fàcil, però fem el que podem. Ànim” i l’arxiconegut “Luis. Ho entenc. Sigues fort. Demà et telefonaré. Una abraçada”. Dies després, Rajoy havia oblidat quan va ser l’última vegada que havia parlat amb Bárcenas.

“Alfonso, coño, te quiero”

En els anys de vi i roses del PP, quan corrupció era una paraula que no omplia titulars, ni sonava en els mítings, ni hi havia “pomes podrides”, Mariano Rajoy era un home alegre i encantat de vindre a València. En una d’aqueixes festes que organitzava el PP a València, en l’època de les majories absolutes, el llavors president va manifestar tot el seu amor pel llavors alcalde de Xàtiva. “Alfonso, coño, te quiero (...) els teus èxits els considere els meus èxits”. Rus està imputat per diverses causes judicials, entre les quals Imelsa, Taula i d’altres.

“Els diners dels negrates”

No. No és part d’un capítol de TheWire. Tampoc un beef entre rapers del Bronx. Era Augusto César Tauroni, soci de Rafael Blasco, exconseller de Cooperació i a la presó pel cas que porta el seu nom. El duo va saquejar fons destinats a construir hospitals a Nicaragua –el d’Haití està pendent de judici– i els va invertir en pisos al centre de València. “Cal donar prioritat a les nostres coses abans que a les dels negrates”, s’escolta Tauroni en els enregistraments de la policia.

“M’asseuré a menjar amb ell i li diré a veure com puc rascar jo ací”

Aquesta frase d’Eduardo Zaplana és un exemple bastant gràfic del que és la corrupció i com es mou. Un parell de trucades, dinars, i al negoci. L’antecessor de Camps també es va fer famós per una frase que no era seua –“he vingut a política per a folrar-me”–, però sí que en va pronunciar una de semblant. Així figura en una altra conversa entre l’expresident i un regidor del PP, Salvador Palop, interceptada per les autoritats durant la investigació del cas Naseiro:

Zaplana: Vaig perquè m’ho expliques. A veure com puc... Vaig amb un plantejament fàcil. M’asseuré a dinar amb ell i li diré a veure com puc gratar jo ací.

Palop: Clar.

Z.: Així, pura i simplement, eh? Que em done unes quantes opcions i em quede amb la més fàcil. Però m’he de fer ric perquè estic arruïnat, Boro.

P.: Sí? Com ha sigut això? Estàs treballant com un cabró.

Z.: Estic treballant molt, però estic arruïnat.

P.: I això?

Z.: M’ho gaste tot en política. No veus que no tinc sou com tu. Que cobres del que treballem tots els espanyols.

P.: Clar.

Z.: Perquè això és el que passa. Ai, he de guanyar molts diners, em fan falta molts diners per a viure. Ara m’he de comprar un cotxe. T’agrada el Vectra 16 vàlvules?

La tolla i les granotes

“He nomenat més de 500 alts càrrecs i dos m’han eixit carabassa [me han salido rana]”, va dir Esperanza Aguirre per a desmarcar-se de Francisco Granados i Alberto López Viejo, pels quals posava la mà al foc. Les granotes d’Aguirre van anar multiplicant-se amb els anys, entre les quals està Ignacio González, imputat en diverses causes. Un muntatge fotogràfic il·lustra els habitants de la tolla.

Emarsa i els llots

Seguint amb el fang i intentant imitar el refranyer arribem al llot. Així es referien els capitostos del cas Emarsa a les mossegades que s’emportaven de la depuradora de Pinedo. “Dels llots només hem pogut cobrar uns 8.000 euros al mes cadascú”, es queixava Esteban Cuesta, exgerent de l’entitat pública. Cuesta va assenyalar l’exalcalde de Manises, Enrique Crespo, com la seua mà amiga en política: “Em va dir que em posara el sou que volguera i vaig passar de guanyar 2.000 euros per mes com a director d’Infermeria a guanyar 8.000 euros cada mes”. Emarsa tenia un pressupost anual de huit i deu milions d’euros l’any, del qual eixien nombrosos regals per a polítics. Prostitutes, per exemple. O “traductores romaneses”, com les van descriure en el seu moment. La sentència pel saqueig s’ha conegut aquest divendres. D’aquella pols...

La ‘fillaputa’ de ‘La Perla’

Una altra “perla” del PP, ja a la presó pel cas Fitur, va ser Milagrosa Martínez. L’anomenaven així no perquè anara engalanada amb aquestes joies, sinó perquè usava el “ie, perla”, per a referir-se a qui tinguera prop. Álvaro Pérez –El Bigotes– no li tenia una estima especial, encara que la va incloure forçosament en la seua llista de Rei Mags, ja que era la responsable de Turisme, on els capitostos tenien posat l’ull. El 2009, Pérez va telefonar al comptable d’Orange Market per enviar-li la llista de la compra:

“Fa quatre anys des que visc ací regalant-li una cosa a l’alcaldessa i enguany no deixaré de regalar-li alguna cosa. Em sembla una porcada. No ens dóna res, no serveix de res, però tampoc em fot. M’hi gastaré menys que l’any passat. I després hem de comprar-li un rellotge a la consellera de... li’l vaig comprar a la fillaputa de La Perla. No li l’he de comprar a la d’ara, a la de Turisme? I aquesta es porta molt bé amb mi”.

La “mare superiora”

Els Pujol, una família conservadora, rendia homenatge a l’Església fins i tot en els seus missatges en clau. Per a esquivar els controls d’Hisenda i moure els diners dels seus comptes a Andorra, la família utilitzava conceptes com “els missals” o “Sóc la mare superiora”, com enunciava Marta Ferrussola, per telefonar al “reverend mossén”, el responsable de la banca andorrana. Al final, el llenguatge metafísic va resultar inútil. Va resultar que Déu està a tot arreu; també en la Fiscalia.

María José Alcón, que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia y que estaba imputada en el caso Taula sobre blanqueo de dinero y presunta financiación irregular del partido, ha fallecido al precipitarse desde el balcón de su segunda residencia, en Callosa d'En Sarrià, en la provincia de Alicante.

Fuentes conocedoras de los hechos han informado a EFE de que el suceso ha tenido lugar esta mañana en una casa de Callosa d'En Sarrià, de donde es natural Alfonso Grau, su actual marido y que fue vicealcalde de Valencia durante el mandato de Rita Barberá al frente del consistorio.

El matrimonio estaba pasando el fin de semana en esta segunda residencia y esta mañana Alfonso Grau salió a pasear con un amigo del pueblo, y al regresar a casa se encontró con el cadáver de María José Alcón, que, según las primeras investigaciones, podría haberse precipitado desde un tercer o cuarto piso.

La Guardia Civil, que no ha facilitado datos sobre este suceso, ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido esta muerte.

El Juzgado de Instrucción 18 de València que investiga el caso Imelsa y su derivado el conocido como Taula ha abierto una subpieza declarada secreta, dentro de la causa principal por un presunto delito de blanqueo y electoral del grupo municipal popular en el Ayuntamiento, según ha podido saber Europa Press.

El magistrado instructor abrió esta pieza recientemente a raíz de la recepción de un escrito anónimo, del que tienen conocimiento juez y fiscal.

En la pieza principal del caso Imelsa se investiga la donación organizada por parte de unas 50 personas de 1.000 euros para el Partido Popular durante las elecciones municipales, un importe que presuntamente les fue devuelto posteriormente en dos billetes de 500, en vísperas de las elecciones municipales de 2015.

L'exgerent d'Imelsa i autodenominat 'ionqui dels diners', Marcos Benavent, ha declarat aquest dimecres al jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València que investiga el presumpte pagament de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de Ciegsa, que es repartien “mossegades” en sobres en restaurants entre l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus; l'exsecretari autonòmic d'Educació, Màxim Caturla; l'expresident provincial del PP i diputat autonòmic, Vicente Betoret, i ell mateix.

Segons ha pogut saber Europa Press, Benavent, la compareixença del qual s'ha posposat en diverses ocasions, s'ha ratificat en anteriors declaracions, ha confirmat que es falsejaven contractes en l'empresa pública de construcció de centres educatius i que es cobraven comissions il·legals i “mossegades” a determinades empreses.

El 'ionqui dels diners' ha assenyalat que ell no estava dins de Ciegsa i, per tant, desconeixia el funcionament intern de l'empresa, però ha dit que era l'expresident de la Diputació qui li enviava a cobrar aqueixes comissions a les empreses. Personalment, ha admès que va cobrar de dos, entre elles, Cleop, i ha al·legat no saber res de la resta d'empreses.

Quant al cobrament d'aqueixes mossegades, ha relatat que es repartien posteriorment en menjars que se celebraven en restaurants, en sobres, entre Rus, Caturla, Betoret i ell mateix. I ha dit així mateix que ell portava diners a l'exsecretari autonòmic d'Educació al seu despatx.

Caturla va negar qualsevol irregularitat

Màxim Caturla, que va declarar la passada setmana davant el jutge, va negar qualsevol tipus d'irregularitat en les adjudicacions a empreses per a la construcció de col·legis i va descarregar en els tècnics la responsabilitat de les decisions i treballs realitzats.

Al costat de Caturla i Benavent, en aquesta peça d'Imelsa tenen la condició d'investigats per suborn, prevaricació i malversació Alfonso Rus; quatre tècnics de Ciegsa i els responsables de mercantils adjudicatàries Cleop, BM3 i Dragados.

En aquesta peça el jutge investiga l'adjudicació de contractes sense respectar els principis de legalitat, concurrència efectiva, imparcialitat i proscripció de l'arbitrarietat amb la finalitat d'afavorir contractualment a determinades empreses en l'adjudicació d'obra pública a canvi de comissió o obsequi.

Finalitat de lucre

Aqueixes irregularitats en la contractació entre 2003 i 2007 podrien tenir una “finalitat de lucre que podria tenir el seu origen o propòsit en el finançament d'un determinat partit polític o alternativa o conjuntament a açò, en el propi lucre personal, ja confessat pel principal investigat en aquesta causa”, Marcos Benavent, segons exposava el jutge en la seua interlocutòria.

Respecte dels tècnics, el jutge investiga si pogueren haver col·laborat donant una cobertura d'aparent legalitat a decisions que venien a estar establides arbitràriament i per endavant, i si van justificar sobrecostos sobre una base fictícia o freturoses de vertadera justificació per a obtenir més finançament o compensar econòmicament a les empreses que pagaven comissions amb el consegüent perjudici econòmic per a l'erari públic de la Generalitat.

L'informe policial arreplega indicis delictius respecte a les següents obres o adjudicacions: IES número 4 de Torrevella, adjudicat a Cleop; IES la Llosa de Ranes i IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicat a BM3; CEIP número 5 de Borriana, a la UTE BM3-Dragados; i CEIP 7 de Santa Pola a una altra UTE de les mateixes empreses.

Afirmacions “radicalment falses”

Betoret ha anunciat aquest dimecres la interposició d'una querella contra l'exgerent d'Imelsa per les seues afirmacions “tendencioses, intencionades i radicalment falses”. El diputat popular ha assegurat a través d'un comunicat que aquestes declaracions “solament persegueixen el dany personal i el desgast del Partit Popular” i que responen a la voluntat de l'exgerent d'Imelsa de “intoxicar” el procediment judicial.

També ha volgut deixar “molt clar” que “mai” ha participat ni ha sigut testimoni d'“actuació alguna fora de la llei”. Per tant, ha lamentat que l'exgerent d'Imelsa “no es guie per la veritat, sinó per qüestions mediàtiques per a poder desviar l'atenció de la seua responsabilitat en aquest procediment”.