El Senado ha enviado este jueves la llamada “pasarela al RETA”, para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas, a su votación definitiva en el Congreso de los Diputados. Las enmiendas que la Cámara Alta ha incluido en la ley, que aún las puede tumbar el Parlamento, son fruto de una autoenmienda del PP al texto que salió del Pleno del Congreso. La pasarela ha vuelto a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que ha abierto el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

Con 164 votos a favor, uno en contra y 96 abstenciones, el texto legal ha sido respaldado por la mayoría de la Cámara Alta y sido enviado de nuevo al Congreso de los Diputados, para que este vote acerca de las modificaciones incorporadas. “El momento de la verdad” será la votación en el Parlamento, ha destacado el senador del PP Gerardo Camps, donde se puede volver a modificar la proposición de ley.

El debate en el Senado ha sido bronco, sobre todo entre el PP y el PSOE, tras una negociación de todos los partidos políticos que se ha alargado durante meses y que trata un asunto complicado, con miles de afectados. Según algunos cálculos de asociaciones de mutualistas, unas 100.000 personas.

Los distintos portavoces en el Senado han reconocido que la legislación que va al Parlamento para su examen final no es “perfecta”, ni da una respuesta “integral” a todos los perjudicados, pero han subrayado que es “una solución” para miles de profesionales ante el riesgo de “no hacer nada”, ha destacado la senadora del PNV, Nerea Ahedo.

La recta final de la “pasarela al RETA”

La “pasarela al RETA” es una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

La pasarela que se pretende aprobar supone un rescate desde lo público de estos profesionales, con largas carreras profesionales, pero que en muchos casos han cotizado a las mutualidades privadas menos de lo que aportaban los autónomos a la Seguridad Social.

La negociación ha tratado de dar una salida a estos colectivos, que en muchos casos se sienten engañados y abocados a pensiones de indigencia, pero a la vez tratando de dar una salida justa respecto a quienes sí han aportado a lo público y que cuide la sostenibilidad del propio sistema público.

Los senadores y senadoras que han tomado la palabra han celebrado la “solución” que esta pasarela ofrece a miles de profesionales, aunque desde varias formaciones de izquierdas se ha criticado el modelo de las mutualidades privadas que han llevado a esta necesidad de intervención de lo público.

“Permitir la alternatividad fue un error. Hay que reconocer el error. Se ha hablado de hacer justicia, pero poco del origen, de por qué estamos aquí”, ha denunciado la senadora Idurre Bideguren, de EH Bildu. Por su parte, la senadora socialista Rocío Briones ha criticado que el PP haya eliminado “el fin de la alternatividad” que planteaba la proposición inicial del PSOE, por lo que ha acusado a los 'populares' de estar “a favor de las mutualidades, y no de los mutualistas”.

Las claves de la ley que sale del Senado

La proposición de ley que ha respaldado la Cámara Alta crea una pasarela para que estos profesionales puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social, con el objetivo de acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema.

Finalmente, el PP ha modificado en el Senado el acceso a la pasarela respecto a lo pactado en el Congreso por la mayoría de grupos políticos, que dejaba fuera a los pensionistas y a las personas que ya tienen derecho a una pensión (con 15 años cotizados).

Los 'populares' eliminaron estos criterios con una enmienda en el Pleno del Parlamento, pero después han recuperado la exclusión de los llamados “pasivos” –los pensionistas, salvo los casos de viudedad– en la tramitación en la Cámara Alta. No obstante, ha abierto la puerta de la pasarela a los profesionales con 15 años cotizados.

Por otro lado, aunque la enmienda del PP en el Congreso eliminó varios avances acordados por los grupos políticos, en el Senado se han recuperado algunos de ellos. Así, se establece que el Gobierno debe regular la letra pequeña de las condiciones de la pasarela en un reglamento en el plazo de tres meses. En el PP han insistido en que el Gobierno tiene ahora la responsabilidad de “dar una solución” a los mutualistas en este reglamento y ha pedido que “no defraude” al colectivo.

El Senado también ha recuperado la mejora pactada en el Congreso por las fuerzas progresistas para los mutualistas mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que puedan computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión.

Además, el PP ha ampliado esta regla del 1x1 para los años cotizados en las mutualidades antes de 1995, cuando la adscripción a estas eran obligatorias.

En cuanto al cálculo de los periodos cotizados, queda bastante abierto de cara al reglamento del Gobierno, aunque no tanto como en la enmienda del PP que prosperó en el Congreso, que no daba apenas detalle al respecto y vinculaba la cuestión a la evolución del IPC.

En la Cámara Alta se ha incorporado que se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habrían pagado al régimen de autónomos estos mutualistas, eliminando la referencia a la actualización al IPC, y se ha añadido que se aplicará “un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas”.

La ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro sigue sumando cambios. Tras la sorpresa en el Pleno del Congreso, que dio luz verde a la pasarela con modificaciones notables debido a una enmienda del PP, la proposición de ley ha recuperado parte de las medidas tumbadas gracias a los propios 'populares' durante su tramitación en el Senado. Una de las más relevantes: la exclusión de los ya pensionistas. La ley se vota este jueves en el Pleno de la Cámara Alta.

La también conocida como “pasarela al RETA” (régimen de autónomos de la Seguridad Social) es una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que estos profesionales puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social, con el objetivo de acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía.

Aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios, algunas estimaciones de los colectivos de afectados apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela.

Los pensionistas no, pero sí quienes cotizaran más de 15 años

La luz verde a la ley del Pleno del Congreso, donde prosperó la enmienda 47 del PP, alteró sustancialmente el texto pactado en Comisión por el PSOE (que presentó la proposición de ley) y la mayoría de grupos parlamentarios. En cuanto al acceso a la medida, se eliminó la exclusión de la pasarela de los mutualistas ya pensionistas (excepto viudedad), así como de aquellos profesionales que sumaran al menos 15 años cotizados en la Seguridad Social y que, por tanto, tuvieran ya acceso a una pensión contributiva. Ambos vetos han sido defendidos por el Ministerio de la Seguridad Social en las negociaciones parlamentarias.

Ahora, tras su debate en Comisión en el Senado, el PP ha vuelto a introducir en la ley la exclusión de la pasarela de los mutualistas ya pensionistas, excepto las personas que reciban una pensión de viudedad. No obstante, ha mantenido su criterio de permitir el acceso a los mutualistas en activo que tengan al menos 15 años cotizados, que se estiman en unas 50.000 personas. elDiario.es ha consultado al grupo popular en el Senado por este cambio, pero no ha recibido respuesta.

El ICAM (Colegio de la Abogacía de Madrid) valora como un “retroceso” este veto de nuevo de los pensionistas, y sitúa la votación del Pleno del Senado de este jueves como “decisiva” para que la pasarela sea “realmente operativa y dé respuesta efectiva a los afectados”, indican a este medio desde el organismo.

El texto en Comisión en el Senado “no es definitivo”, recuerdan en el ICAM, ya que hay enmiendas vivas que llegarán al Pleno de la Cámara Alta y que podrían modificar aún la pasarela en muchos puntos (entre ellos el acceso de pensionistas y de personas con 15 años cotizados).

Qué otros cambios ha introducido el Senado

La Comisión del Senado ha recuperado en el dictamen de la ley la mejora pactada en el Congreso para los mutualistas mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión.

Además, el PP amplió esta regla del 1x1 para los años cotizados en las mutualidades antes de 1995, cuando la adscripción a estas eran obligatorias.

También se ha vuelto a recuperar el plazo de tres meses para que el Gobierno concrete el reglamento que defina toda la letra pequeña de las condiciones de la pasarela, otro de los avances que decayó en el Pleno del Congreso.

En cuanto al cálculo de los periodos cotizados, se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habrían pagado al régimen de autónomos estos mutualistas, eliminando la referencia a la actualización al IPC, y se ha añadido que se aplicará “un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas”.

Tras la votación del Senado del jueves, la ley volverá al Congreso de los Diputados, ya para afrontar su examen definitivo. El Parlamento podrá rechazar o respaldar la ley que salga de la Cámara Alta, así como quedarse con todas o solo parte de sus enmiendas, recuerdas desde el ICAM.

El Gobierno de Castilla-La Mancha colabora desde este viernes con varias mutuas para “favorecer una recuperación más ágil” de los trabajadores que estén de baja laboral por causas traumatológicas“.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo regional tras poner en marcha la Comisión de Seguimiento del convenio firmado entre la Consejería de Sanidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) para “mejorar la gestión de la incapacidad temporal y la asistencia sanitaria de los trabajadores”. Asimismo, el gerente de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Sescam, Roberto Sabrido, ha sido designado como secretario de la Comisión de Seguimiento.

Según el Gobierno de Emiliano García-Page, el objetivo es favorecer una recuperación “más ágil” de los trabajadores afectados por procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes de origen traumatológico. “La finalidad es contribuir a reducir los tiempos de espera, favorecer una recuperación más rápida de los trabajadores y optimizar la utilización de los recursos disponibles”.

Dar de alta o baja seguirá dependiendo del Sescam

Con este acuerdo, los pacientes podrían usar los recursos asistenciales de las mutuas colaboradoras para pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores relacionados con procesos de incapacidad temporal de origen traumatológico. A esta posibilidad los trabajadores y trabajadoras de baja podrían acogerse “de forma voluntaria” y “siempre” con su consentimiento informado.

“En todo caso, el acuerdo garantiza el respeto a los principios de confidencialidad, intimidad y coordinación asistencial, manteniendo el médico de Atención Primaria la responsabilidad sobre la emisión de las bajas y altas médicas, el seguimiento clínico del paciente y la determinación de la asistencia sanitaria necesaria”.

Sorpresa en la luz verde de este jueves del Congreso de los Diputados a una ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro. El Pleno del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, pero con una enmienda del PP que cambia notablemente la pasarela que recogía la iniciativa del PSOE. La novedad más destacada es que ya no excluye a los ya pensionistas, ni a las personas con el mínimo cotizado de 15 años, como exigía el Gobierno, y que elimina varios detalles pactados en comisión parlamentaria y deja su definición a expensas de un reglamento.

Con estos cambios, se abre mucho más el acceso a la pasarela de mutualistas al RETA (el régimen de autónomos de la Seguridad Social) respecto a lo que se preveía, aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios. Algunas estimaciones de los colectivos apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela, a los que habría que sumar ahora unos 50.000 profesionales con el mínimo cotizado –según cifró el Gobierno– y a quienes ya se hayan jubilado.

Por otro lado, ahora hay más indefinición sobre las condiciones de la propia pasarela, ya que han decaído varias condiciones pactadas por los grupos parlamentarios, y habrá que esperar a que el Gobierno las regule en un reglamento.

No obstante, la legislación aún no se ha aprobado de manera definitiva. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde podrá seguir incorporando cambios y, en ese caso, volver a una segunda vuelta al Congreso de los Diputados.

Qué es la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social

La ley en cuestión –proposición del PSOE en el Parlamento, en lugar de ser tramitada por el Gobierno– contiene una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate de la norma ha sido muy complejo, porque surge de una situación casi de rescate público de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados, que se sienten engañados–, los trabajadores han reclamado una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas.

Qué pasarela ha salido adelante en el Congreso

Tras el 'sí' a la enmienda 47 del PP, que ha salido adelante este jueves con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de Junts y BNG, la pasarela que recoge la ley cambia sustancialmente.

Estaba planteada para los mutualistas en activo, excluidos los “pasivos” (las personas ya jubiladas), así como aquellas que tuvieran el mínimo cotizado a la Seguridad Social. Estas dos exclusiones, que no contentaban a la gran mayoría de grupos parlamentarios, se eliminan en el texto planteado por el PP que ha salido adelante.

Por otro lado, el texto del PSOE recogía más detalle sobre la concreción de esta pasarela, pactados por la mayoría durante la comisión parlamentaria, que ahora se elimina. Por ejemplo, el coeficiente del 0,77 para el cálculo de los años cotizados en la Seguridad Social según el dinero acumulado en las mutualidades de cada profesional.

En la enmienda del PP, el detalle queda a expensas de desarrollo reglamentario: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos, actualizada al lPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia los parámetros que reglamentariamente se determinen”.

También cae la mejora expresa pactada en Comisión para los mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión. Esta mejora, de las más destacadas por las fuerzas progresistas del debate parlamentario, no figura en la enmienda del PP.

Los 'populares' incluyen otra novedad importante: reconocen el derecho a que “todo el tiempo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva hasta que pasó a ser alternativa, se considere como tiempo de afiliación y alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a efectos del cómputo del periodo de carencia” que se exige para acceder a la jubilación de la Seguridad Social.

En el grupo socialista sostienen que este escenario “obliga a seguir trabajando en el Senado para recuperar” las condiciones mínimas pactadas “y garantizar que la ley llegue a su aprobación definitiva con la máxima claridad y protección posible”.

La Seguridad Social trabajará por una pasarela “equilibrada”

Fuentes de la Seguridad Social destacan que, durante la tramitación parlamentaria, en las fases de ponencia y comisión en el Congreso, “se habían introducido diferentes enmiendas que concretaban y mejoraban los derechos de los mutualistas que transfierieran sus fondos de la mutualidad al RETA”. “De manera inesperada, hoy se ha dado algún paso en la dirección contraria a lo trabajado”, lamentan.

La concreción de la pasarela queda a expensas de un desarrollo reglamentario y ya sin el plazo de tres meses que también habían pactado las fuerzas progresistas en la Comisión. De manera que, si prospera así la ley en el Senado y en el Congreso en segunda vuelta, todo indica que la pasarela tardaría más en concretarse y en llevarse a la práctica.

“Desde el Gobierno se seguirá trabajando en que el texto finalmente aprobado sea equilibrado, con la necesaria seguridad jurídica y que respete los principios del Sistema de solidaridad, equidad y contributividad”, añaden en el Ministerio de Elma Saiz.

Miércoles, 5 de enero de 2022. Manuel (nombre ficticio) trabaja como jardinero en la empresa Canaragua, la principal compañía de gestión del ciclo integral del agua en Canarias. Está podando unos matos en las inmediaciones de un barranco cuando pisa un hoyo y se le dobla la pierna derecha, sintiendo un charrasqueo en la rodilla.

Dos días más tarde acude a la mutua laboral Asepeyo para comunicar lo ocurrido. Dice que sintió cómo la rodilla se le fue “a un lado” y que varios compañeros de trabajo presenciaron el incidente.

El informe de asistencia, sin embargo, no aprecia signos compatibles con un traumatismo reciente. No encuentra ningún hematoma, derrame ni hinchazón. Apunta de hecho que la rodilla accidentada, la derecha, se ve igual que la izquierda. Detalla que las exploraciones realizadas para valorar una posible lesión de ligamentos o meniscos resultan negativas. Y agrega asimismo que existen “cambios degenerativos” en la parte interna de la rodilla y en la rótula. La prueba que detecta el roce o chasquido por desgaste de la rótula, la que se conoce como “prueba del cepillo rotuliano”, sí da positivo.

La mutua rechaza declarar que el trabajador sufrió un accidente laboral “dada la inexistencia de mecanismo accidental traumático”. En su resolución, lo deriva a la sanidad pública canaria aludiendo a “los antecedentes quirúrgicos del paciente”, a su “constitución obesa” y a que en la exploración “no hay esguince” ni “signos agudos inflamatorios de traumatismo”.

Manuel enferma de COVID-19 al día siguiente. Es 8 de enero de 2022 y está de baja a causa del virus hasta el 21 de ese mismo mes. Tres días después, el 24, es valorado por su médico de cabecera, que le prescribe una baja por enfermedad común con el diagnóstico de “esguince de localización no especificada de la rodilla”.

Es la primera vez que recibe tratamiento por una dolencia de este tipo. Muestra “impotencia funcional” y “dolor agudo”. Nunca había estado de baja por problemas en esa rodilla ni había seguido tratamiento analgésico al respecto.

A finales de marzo, el hombre solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la determinación de contingencia para que su baja sea reconocida como accidente de trabajo. Meses después, en verano, sufre otra tragedia: mientras iba en bicicleta, es atropellado frontalmente por un coche kamikaze que circulaba en dirección contraria y que se dio a la fuga. Nuevos análisis confirman entonces “artrosis marcada” en su rodilla derecha. 

La historia de Manuel es también la del colapso de la sanidad pública canaria. En junio de 2023, su historial clínico recoge tres visitas al servicio de Traumatología por un dolor “recurrente invalidante” para recibir una infiltración que no pudo practicarse en ninguna de esas ocasiones por la falta de facultativos.

En agosto, el INSS deniega su petición al considerar que “no queda acreditado” que la lesión se produjera “en tiempo y lugar de trabajo”. En febrero de 2024, dos años después de sufrir el accidente, el Instituto le reconoce una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, aunque la cataloga como derivada de “enfermedad común”. Manuel la impugna y acude, también, a los tribunales, donde consigue su primera victoria en todo este tiempo.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria estimó la demanda del trabajador y declaró que su incapacidad temporal tenía origen laboral, por lo que obligó a la Mutua Asepeyo a abonarle la prestación correspondiente y a devolverle las cantidades no percibidas. La base reguladora en este caso de la prestación por accidente de trabajo asciende a 1.979,20 euros al mes.

El fallo otorgó plena credibilidad a las declaraciones de los compañeros de trabajo que estuvieron presentes el día de los hechos y dio validez al informe emitido por el perito médico propuesto por Manuel, quien recordó que el empleado no había sufrido ninguna baja previa por patologías en esa rodilla.

Pero la mutua recurrió. Presentó un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en una reciente sentencia ha desestimado su apelación, ha ratificado que la baja de Manuel derivó de un accidente de trabajo y ha impuesto a Asepeyo el pago de 800 euros en costas. El fallo es firme, han confirmado fuentes del TSJC. Su ponente es la magistrada Gloria Poyatos.

El alto tribunal canario ha recriminado el “rechazable vicio procesal” de la mutua al destacar que construyó todo su recurso sobre “afirmaciones que no vienen avaladas” y partiendo de “premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida”. Es lo que se conoce en derecho como “petición de principio” o “hacer supuesto de la cuestión”.

Asepeyo pidió que se modificara el relato de los hechos para que constara que el accidente ocurrió “mientras [Manuel] se dirigía a su casa”, ya que el propio trabajador indicó, cuando acudió a la mutua, que se lesionó “al salir del trabajo andando”, por lo que sería un accidente ‘in itinere’. También solicitó que se incluyera en ese relato el atropello que sufrió mientras circulaba en bicicleta. La mutua otorga “relevancia” a este hecho porque se produjo en verano de 2022, mientras que el informe pericial sobre el estado de salud de Manuel se emitió después, en septiembre de 2023.

El TSJC, no obstante, desestimó todos y cada uno de los argumentos de la entidad. Concluye que Manuel se dobló la pierna “durante la jornada laboral” y que ese hecho probado “descansa en la prueba testifical” en primera instancia de sus compañeros de trabajo.

Asimismo, ante el informe pericial de la mutua (que descartó que hubiera un golpe traumático evidente y apreció una “contradicción” entre cómo se produjo la lesión según lo manifestado por el trabajador al acudir a urgencias y lo posteriormente relatado en la demanda), el alto tribunal canario respetó “la valoración realizada” por la jueza de instancia, que dio mayor credibilidad al informe médico aportado por Manuel, en el que se señala que el paciente comenzó a sufrir dolor en su rodilla derecha desde el día en que se produjo el accidente, y no antes.

“La doctrina del Tribunal Supremo” dice que “ante dictámenes médicos contradictorios, (…) se ha de atender a la valoración realizada por el magistrado de instancia”, recoge la sentencia.

Canarias Ahora contactó con la Mutua Asepeyo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta. En una entrevista publicada hace semanas en ‘Prensa Ibérica’, su director en Canarias, Ángel Castillo, afirmó que “se usa la baja como refugio para cosas que nada tienen que ver con la salud” y que las mutuas no tienen “ningún interés económico”.

Pero lo ocurrido a Manuel no sorprende a los sindicatos. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), denuncia que es “bastante habitual” que las mutuas, “de manera muy recurrente”, deriven a los servicios públicos a trabajadores “sin haber hecho un estudio previo de si realmente el origen de su patología es laboral”.

Los datos la respaldan. El 21,52% de las quejas formales presentadas contra las mutuas a nivel nacional se deben a discrepancias con la calificación de la contingencia. Es decir, a casos en los que se califican como enfermedad común lesiones que los trabajadores consideran accidentes laborales.

Este tipo de reclamaciones ha pasado de 4.129 en 2023 a 4.551 en 2024, según el último informe publicado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número total de quejas también se ha elevado, al pasar de 17.953 a 21.146.

Las cifras revelan que Asepeyo recibió 3.657 reclamaciones en 2024, un 44,72% más que en 2023, el mayor aumento reportado entre las mutuas. Y también que es la entidad que registra el mayor índice de incidencia de quejas (0,17%) en relación con la población que tiene protegida. 

Marrero cree que existe cierta “connivencia” entre las mutuas y las empresas para invisibilizar la siniestralidad laboral. A su juicio, declarar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo evidencia que la mercantil puede tener problemas de seguridad y la obligaría a invertir en mejorar las condiciones laborales. “Las empresas lo que quieren es salir bien en la foto”, resume.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO reconoce que “no todas las personas” tienen la fuerza que ha demostrado el jardinero Manuel para luchar en los tribunales y lamenta que muchos trabajadores se sientan “demasiado pequeñitos para enfrentarse a la empresa y a todo un sistema jurídico que no controlan”.

Marrero denuncia la saturación de los servicios públicos como consecuencia de ello y el retraso en la obtención de diagnósticos que, en incontables ocasiones, acaban cronificándose. “Las mutuas están muy bien dotadas de recursos materiales para determinados diagnósticos. Son recursos que deben estar al servicio o en beneficio de la recuperación de las personas trabajadoras”, añade.

José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales en UGT, ahonda en la misma línea. “En muchas ocasiones, el proceder de las mutuas es primero negar y después que el trabajador o la trabajadora pelee. En cierto modo, si se me permite la expresión, nada objetiva, es como poner a los lobos a cuidar de las ovejas”, sentencia.

Marrero exige que las mutuas sean integradas directamente dentro de la Administración Pública y que atiendan desde el primer momento a los trabajadores, sin excusa. En caso de considerar que el empleado no se lesionó en el trabajo, la de CCOO reclama que sea la mutua (y no la persona trabajadora) la que acuda al INSS para que revise la incapacidad temporal.

La pasarela para que miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social ha recibido este martes el visto bueno de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, con la abstención del PP, Vox y Junts, con muchas críticas al Gobierno por el veto de varias enmiendas presentadas por la oposición. La ley va rumbo a su votación en el Pleno del Parlamento, prevista el próximo 10 de junio, un examen clave para su aprobación y para su contenido, con varios detalles aún abiertos.

La sesión celebrada en la Comisión de Trabajo ha dejado aún varias enmiendas “vivas” para que se voten en el Pleno del Parlamento, por lo que no solo está pendiente la aprobación de la propia pasarela para los mutualistas, sino también el detalle de algunos de sus artículos.

Por ejemplo, este martes los portavoces de Sumar y del PSOE han mencionado en sus intervenciones una importante novedad, incorporada en este último momento, pendiente de la votación del Pleno: rebajar a 52 años –desde los 55 años inicialmente propuestos– la edad a partir de la cual la ley da un trato más favorable a los mutualistas y considera que cada mes cotizado en la mutualidad equivale a un mes cotizado en la Seguridad Social.

Fuentes de Sumar indican a elDiario.es que se trata de una iniciativa incluida en una enmienda de su grupo parlamentario.

Veto al acceso de 47.000 mutualistas con el mínimo cotizado

El Gobierno ha vetado varias enmiendas presentadas por la oposición, lo que ha suscitado duras críticas de PP, Junts y Vox. Especialmente, el PP se ha referido a una enmienda pactada con Junts para permitir el acceso a la pasarela a los trabajadoras que hayan sumado el mínimo de años cotizado para acceder a una pensión en la Seguridad Social, con el objetivo de que pudieran transferir el dinero cotizado previamente en la mutualidad.

El Ejecutivo ha vetado esta enmienda, por motivos presupuestarios, con la exclusión de “47.000 mutualistas”, ha cifrado el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. Tanto PP, como Junts y Vox han denunciado que el Ejecutivo no ha argumentado suficientemente el efecto presupuetario para justificar el veto y han denunciado la imposibilidad de debatir y votar sus propuestas.

Se quedan también fuera de la pasarela los mutualistas ya jubilados, otro de los colectivos más afectados por las escasas pensiones de estas entidades privadas -además sin revalorización anual- y para los que varios grupos, como PNV y ERC, han expresado su pesar por no haber logrado un consenso para incluirlos en la ley (ante la reticencia del Gobierno).

La proposición de ley presentada por el grupo socialista tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos (“300 y 400 euros”), incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Afronta su examen clave en el Congreso

El proyecto de ley afronta ahora un examen clave en el Parlamento el próximo 10 de junio, ya que la norma podría decaer o ser aprobada, y en este segundo caso, hay todavía cuestiones abiertas de su contenido en las enmiendas presentadas por los partidos políticos.

Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a todas las plataformas de afectados.

En la sesión celebrada este martes en la Comisión de Trabajo del Parlamento se ha visualizado esta situación, con varios grupos –como ERC, PNV, Coalición Canaria y Sumar– que han expresado su apoyo a dar alguna solución al colectivo, aunque se difiera con algunas cuestiones del texto final de la ley.

El debate parlamentario para crear una pasarela que permita el traspaso de miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos a la Seguridad Social se atrasa una semana. La Comisión de Trabajo del Congreso iba a abordar este miércoles, 20 de mayo, el penúltimo examen de la proposición de ley presentada por el PSOE, antes de ir a Pleno, pero la sesión se ha suspendido y aplazado al próximo 26 de mayo, ha comunicado la presidenta de la Comisión, la diputada de Sumar Aina Vidal.

Tras varias horas de retraso, en las que los diputados se han reunido en pequeños –y grandes– corrillos a debatir fuera de micro, la presidenta de la Comisión ha comunicado oficialmente el retraso de la sesión para el próximo martes, a las 12 de la mañana, “a la espera de los informes económicos del Gobierno”. “Las enmiendas son las que son, no se presentan más enmiendas”, ha clarificado Vidal.

Fuentes de Sumar indican que se pretendía atrasar aún más el debate, dos semanas, pero que en su grupo han urgido a que el debate se aborde la semana que viene. “Vamos a seguir trabajando para mejorarlo lo máximo posible”, dicen estas fuentes.

Una pasarela para acceder al sistema público de pensiones

La proposición de ley en cuestión tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman un vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Aunque el Ministerio de la Seguridad Social defendió en un primer momento que este debate debía abordarse en el marco del Pacto de Toledo, finalmente la ministra Elma Saiz se abrió en marzo de 2024 a aprobar una pasarela para estos mutualistas, cuyos términos se han estado debatiendo durante estos dos años y ahora enfrentan su recta final.

El texto aún está por cerrar

El grupo socialista presentó una proposición de ley el año pasado, que este miércoles afrontaba la ratificación del dictamen de la ponencia, aun con la posibilidad de concretar algunos cambios en el articulado, pero que finalmente se abordará el próximo martes.

Así, la semana que viene se pretende cerrar el texto de la proposición de ley sobre la pasarela (si no es rechazada por los grupos parlamentarios), para que vaya a Pleno y sea votada por los partidos políticos. Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a las plataformas de afectados.

La complejidad surge a la hora de definir los términos del periodo cotizado en estas mutualidades privadas y los que serán reconocidos como tal en la Seguridad Social, así como los derechos generados de pensión futura en el sistema público. También en qué hacer con estas mutualidades a futuro.

Además, el actual texto deja fuera de la pasarela a los pensionistas, los profesionales que ya se han jubilado, algo que rechazan de plano los colectivos de afectados. “Muchos perciben 300–400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos”, recogía un comunicado de varias entidades la semana pasada. Este punto, sin embargo, parece que no tiene opciones de ser modificado, según fuentes conocedoras de la negociación.

También quedan excluidos de la pasarela quienes han cotizado 15 años en la Seguridad Social, en el RETA o Régimen General (periodo que da acceso a las pensiones contributivas), lo que los afectados denuncian que les niega “el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad”. “Esto supone una pérdida de derechos y una futura pensión muy inferior a la que correspondería por el total de años de la carrera real”, criticaron varios colectivos en un comunicado.

Un afectado denuncia a elDiario.es además que la fiscalidad cada vez financia más parte de las pensiones públicas, “es decir, que desde hace muchos años nuestros impuestos contribuyen a pagar las pensiones de todos los demás españoles, mientras se nos niega el acceso a este nuestro derecho constitucional” (de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas).

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a revertir las modificaciones introducidas por el Real Decreto 453/2022, y garantizar la protección efectiva de las personas afectadas por accidentes laborales frente a los “criterios restrictivos” que están aplicando las mutuas, y que “implican eliminar las compensaciones por desplazamientos y estancia para asistir a tratamientos médicos”.

Según ha señalado el BNG y recoge Europa Press, la modificación supuso una “clara regresión” en los derechos de las personas trabajadores que sufrieron accidentes laborales con secuelas. Así, se permite a las mutuas determinar el porcentaje de gastos que van a cubrir, según “criterios discrecionales”, y eso supone en la práctica “una reducción significativa de las prestaciones”.

Néstor Rego ha advertido de que esta situación está teniendo “efectos muy lesivos” para las personas afectadas, que necesitan desplazarse regularmente, a veces con acompañantes, para recibir atención sanitaria, y que ahora tienen que asumir gastos que antes estaban cubiertos por las mutuas.

Con la entrada en vigor de los cambios, las mutuas dejan de pagar íntegramente esos gastos y los sustituyen por aportaciones mínimas condicionadas a la evaluación de una Comisión de Prestaciones Especiales. Esta Comisión “está concediendo cantidades claramente insuficientes, lo que implica un recorte encubierto y una transferencia de costes a las personas afectadas”.

Para el diputado nacionalista, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “es plenamente consciente del impacto negativo de esta modificación normativa”, por lo que reclama al Gobiero la “derogación inmediata” de la Disposición Final Primera, apartado 1 del artículo 67, introducida por el Real Decreto 453/2022, y la recuperación del marco normativo anterior.

“Es imprescindible garantizar que las mutuas asuman la totalidad de los gastos derivados de los desplazamientos, estancias y cuidados necesarios para el seguimiento médico de las personas afectadas por accidentes laborales”, ha insistido Rego.

La práctica es cada vez más habitual. Un detective contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social espía a una trabajadora de baja en busca de un fraude. A Adriana (nombre ficticio), dependienta en una conocida tienda de animales del sur de Tenerife, la grabaron en el gimnasio mientras pedaleaba en una bicicleta estática la víspera de Reyes de 2023 y otros dos días de enero (9 y 10). La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cubre las contingencias comunes y de accidentes de trabajo de su empresa, actuó de inmediato. Consideró esa actividad incompatible con la incapacidad temporal, suspendió el subsidio que cobraba la empleada y puso los hechos en conocimiento de la Seguridad Social por si consideraba procedente iniciar un expediente sancionador contra ella. 

Lo que la mutua pasó por alto, y así lo ha advertido una reciente sentencia -ya firme- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es que la trabajadora se limitaba a seguir un consejo médico. Cinco meses antes, en agosto de 2022, había sido operada del síndrome del túnel carpiano, una dolorosa afección en la muñeca derecha. Tanto su médico de familia como el traumatólogo habían constatado que había perdido fuerza en la musculatura y le habían recomendado realizar “deporte que no influya en la recuperación” y “ejercicios de fortalecimiento según tolerancia”. Y eso es lo que hizo. 

La sentencia, que condena a la MAC a devolver a la trabajadora las prestaciones suspendidas y también a pagar las costas procesales, pone de manifiesto una evidencia. La actividad practicada por la empleada de baja laboral, el uso de la bicicleta estática, en nada afecta a la muñeca operada, puesto que “no precisa requerimientos de intensidad” en las manos, sino en las piernas. “Difícilmente se puede sostener” así la existencia de fraude, concluye la Sala de lo Social del TSJC en una sentencia dictada el 3 de diciembre del año pasado y que adquirió firmeza el 14 de enero de 2026 al no haber sido recurrida por la mutua, tal y como confirman fuentes oficiales de la compañía. 

La “intrascendencia” del ‘spinning’

El fallo del alto tribunal canario ya venía a confirmar el dictado en febrero de 2024 por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. La mutua llegó a pedir al TSJC que modificara los hechos probados de la sentencia inicial para que especificara que la trabajadora había practicado “spinning” en sesiones de una hora en lugar de “bicicleta estática”. La respuesta judicial es contundente. El matiz es “intrascendente”. Y es que el “spinning consiste precisamente en montar en bicicleta estática, sólo que en grupo y con música de fondo”, recoge el fallo no recurrido. 

Desde la MAC sostienen que, en este caso, el TSJC “no reprocha la actuación de la mutua”. Lo determinante, añaden estas fuentes, es que el tribunal consideró que la actividad llevada a cabo por la trabajadora “no requería exigencias físicas incompatibles con el diagnóstico de su baja médica” y que, además, “tenía pautada, por prescripción facultativa la práctica deportiva para fortalecer musculatura”. Por ello, decidió no recurrir ante el Supremo, aceptando el fallo del TSJC, que, además de obligarle a devolver las cantidades suspendidas, le imponía el pago de 600 euros en concepto de costas procesales. 

Tras la suspensión (ahora revocada) de la prestación por incapacidad temporal, Adriana, que entonces llevaba ya nueve años en la empresa, recibió el alta el 13 de febrero de 2023, apenas un mes después. Al día siguiente, volvió a causar baja, esta vez por ansiedad. 

Sin exceso de competencias, pero sin fraude

La sentencia del TSJC precisa que, en el caso de Adriana, la mutua no extinguió con carácter definitivo la prestación, lo que hubiera excedido sus competencias, sino que sólo suspendió el pago del subsidio, por lo que llevó a cabo lo que define como “un acto de gestión prestacional” propio de su función como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta apreciación es relevante porque enmarca la actuación de la mutua dentro de los límites que impone el artículo 175 de la Seguridad Social. En algunas resoluciones judiciales sobre la misma materia (bajas laborales e informes de detectives), los tribunales han llegado a imponer el pago de indemnizaciones elevadas a las mutuas cuando aprecian que ha habido una mala praxis, como por ejemplo dar el alta prematura basada en pruebas dudosas. 

Es decir, la sentencia del TSJC llega a dos conclusiones. La primera, que la mutua no sobrepasó las competencias que tiene atribuidas como entidad colaboradora de la Seguridad Social. Y la segunda, que el fraude que advirtió no existió en ningún caso. Los ejercicios de bicicleta estática no son incompatibles con la recuperación de la operación del túnel carpiano. O, dicho de otro modo, la empleada siguió las recomendaciones médicas y eligió “una actividad intensiva de las extremidades inferiores y sin compromiso de las superiores y de sus articulaciones”. Por todo ello, entiende que es procedente revocar el acuerdo de la mutua MAC por el que se suspendió el derecho de la trabajadora a percibir el subsidio por baja. 

Una práctica controvertida 

El uso de detectives para seguir a trabajadores y detectar bajas fraudulentas se ha institucionalizado en los últimos años. Las mutuas firman acuerdos marco para realizar este tipo de controles bajo el argumento de que están velando por “la correcta gestión de los fondos públicos” que tienen encomendada y que el gasto en estos seguimientos es rentable, puesto que un porcentaje elevado de actuaciones concluye en un “ahorro” para la Seguridad Social, ya que se detectan fraudes y se suspenden cobros indebidos. 

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), la de mayor implantación en las Islas (cubre a más de 160.000 trabajadores y 17.000 empresas y cuenta con doce centros asistenciales en el Archipiélago) reserva unos 150.000 euros al año para este fin. La mutua prevé sacar en el segundo semestre de 2026 a licitación un nuevo acuerdo marco de servicio de detectives por procedimiento abierto, por un importe de 300.000 euros para dos años.  

Las mutuas y la patronal sostienen, además, que se trata de una medida disuasoria, puesto que la mera posibilidad de seguimiento privado “desincentiva” conductas fraudulentas. 

La práctica es controvertida. Los sindicatos la rechazan. “Este tipo de estrategias llevadas a cabo por las patronales, por las empresas y por las propias mutuas no son nuevas, pero nos siguen preocupando, porque lo que hacen es ahondar en la criminalización de los trabajadores que están enfermos”, explica Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias. 

“Si un trabajador no va a trabajar por una situación de incapacidad temporal es porque realmente su estado de salud no se lo permite. No tiene sentido profundizar en estas estrategias que lo que generan es miedo en los trabajadores, que temen muchas veces cogerse una baja, obligándoles a ir a trabajar enfermos por miedo a que su empresa tome represalias contra ellos”, añade Fajardo. 

También desde Comisiones Obreras (CCOO) se han mostrado contrarios al uso de recursos públicos para la contratación de detectives que persiguen a trabajadores y trabajadoras. Desde este sindicato creen que el foco debe estar en la prevención de las patologías y en los tratamientos de recuperación. La organización señala que hay jurisprudencia relevante al respecto, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condenó a una mutua a devolver prestaciones a una trabajadora de ayuda a domicilio que también padecía el síndrome del túnel carpiano y a la que también grabó un detective realizando ejercicios de fortalecimiento recomendados o tareas domésticas ligeras. 

Los tribunales, señalan las mismas fuentes, “a menudo determinan que la actividad captada por el detective, como por ejemplo conducir o hacer la compra, no implica necesariamente que el trabajador esté fingiendo la incapacidad para realizar movimientos repetitivos propios de su puesto de trabajo”. 

Tanto CCOO como UGT se han mostrado muy críticos con el discurso de la patronal sobre el absentismo laboral en Canarias. Los empresarios insisten en que las islas tienen la tasa más elevada del país y han emprendido una cruzada para “mejorar la productividad”. Incluso han impulsado un portal de denuncias de “bajas fraudulentas” para trasladarlas a Inspección de Trabajo, la Seguridad o las mutuas. 

Frente a esta posición, los sindicatos sostienen que la patronal está metiendo en el saco del absentismo fraudulento las bajas médicas y ausencias justificadas (permisos, vacaciones…) y abogan por centrar el debate en la salud laboral, en la prevención y en las condiciones de trabajo. Para tratar de desmontar la tesis empresarial, el sindicato CCOO lanzó una campaña el pasado verano en la que recordaba que en Canarias la duración de las bajas no se aleja demasiado de la media nacional (44,44 días de media frente a 39,49) y que hay comunidades como Extremadura en donde esta cifra se eleva hasta los 77,71 días.

El sindicato UGT de La Rioja ha salido este jueves a la calle para censurar “la mala praxis” que realizan las mutuas que, a juicio del sindicato, están más enfocadas en “hacer negocio” que en el ámbito sanitario.

Frente a la sede de la Mutua Asepeyo (Avda. de Madrid, 2, de Logroño) el sindicato ha indicado que el pasado año abrió 45 expedientes contra las mutuas por las malas prácticas, por altas indebidas, “y aproximadamente un 70 por ciento fueron favorables para el trabajador”.

El secretario de Salud Laboral de UGT La Rioja, José Antonio Jorge Divar, ha defendido esta cita en Asepeyo ante la última sentencia emitida por el juzgado de lo social de Logroño que ha dictado a favor de un trabajador al reconocerle la contingencia profesional por una enfermedad derivada por su actividad laboral. En contra del criterio, en este caso, de esta mutua y de la empresa en la que trabajaba en Ezcaray.

Jorge Divar ha explicado que este proceso comenzó a principios del año 2023 cuando el trabajador “con unos dolores fuertes en la mano solicitó la asistencia de la mutua que le fue denegada por la empresa”. Ante ello, el empleado no tuvo más remedio que acudir a su médico de Atención Primaria que le dio la incapacidad temporal.

A finales de 2023 fue intervenido quirúrgicamente, según ha explicado, y tras el periodo de rehabilitación, fue dado de alta y solicitó su reincorporación a su puesto de trabajo. “Una incorporación con un informe que instaba a la empresa a adaptar ese puesto” algo a lo que “la empresa de nuevo se negó con el criterio, lógicamente, de la mutua”.

Esto derivó a que el trabajador tuviera que volver a iniciar un nuevo proceso de incapacidad temporal. “Esto es un ejemplo de las malas prácticas que vienen realizando las mutuas”, ha afirmado.

Mutuas que, como ha querido dejar claro el secretario de Salud Laboral de UGT, son asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro, que colaboran con la Seguridad Social, es decir, “que manejan dinero público para hacerse cargo de las prestaciones sanitarias y económicas en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

“A la vista está” -ha reflexionado- que la prestación sanitaria “no les interesa mucho o prácticamente nada. Ellos solo están pendientes de la parte económica y de seguir haciendo negocio”.

En su intervención también ha hecho referencia a las denominadas 'altas indebidas' que, claro está, “tiene sus consecuencias” ya que “si un trabajador o una trabajadora tiene que reincorporar su puesto de trabajo si no está completamente recuperado, lo más probable es que recaiga y que tenga que volver a iniciar un periodo de incapacidad temporal”.

Pero para UGT “lo más grave” es que muchas veces, “si esas personas trabajadoras se reincorporan a su puesto de trabajo sin haberse recuperado, pueden tener algún accidente aún más importante”.

Un dato que se demuestra con los índices de siniestralidad en La Rioja; “El pasado año apenas descendieron los accidentes laborales, pero hay un dato relevante y es que los accidentes muy graves se duplicaron. Han crecido en más de un 91%”. Por lo tanto, indica, “si realmente queremos reducir la sinestralidad, las mutuas tienen que realizar su trabajo”.

En otro orden de asuntos y con respecto “al 'mal llamado absentismo'”, Jorge Divar ha querido dejar claro que su definición real es “la falta de acudir al trabajo sin justificación alguna”. Lo demás -ha dicho- “son todo derechos de las personas trabajadoras que están recogidos en los estatutos y en los convenios colectivos”.

Por eso considera que hablar del 'mal llamado absentismo' responde a “una estrategia perversa de la patronal para criminalizar a los trabajadores y crear una falsa alarma social. Incluso ya están hablando de darle más poder a las mutuas para que puedan proponer las altas ya en las contingencias comunes”.

Por todo ello, indica, “éste no es el camino para solucionar este problema del aumento de las incapacidades temporales. Si no atajamos el problema desde la raíz no haremos nada”.

Finalmente desde UGT “vamos a seguir denunciando las malas prácticas de las mutuas y rebatiendo todos estos informes y todas estas manifestaciones por parte de la patronal que solo intentan criminalizar a los trabajadores”.

La Dirección Provincial de la Seguridad Social en Bizkaia ha emitido una resolución por la que estima que el periodo de baja, con diagnóstico de epicondilitis, de la trabajadora del sector de ayuda a domicilio es una enfermedad profesional y condena a Mutualia al pago de una prestación económica, según ha informado CCOO en un comunicado. La trabajadora es auxiliar domiciliaria de la empresa Grupo Urgatzi cuyo trabajo implica, entre otras cosas, limpieza funcional, apoyo a la movilidad de los usuarios del servicio y en última instancia toda tarea que “conlleve que estas personas puedan continuar viviendo en su hogar mientras sea posible”.

Estas tareas, según ha recordado CCOO y recoge Europa Press, implican movimientos repetitivos, posturas forzadas y manipulación de cargas que afectan, entre otras articulaciones, al codo. Tras la aparición de dolores y molestias en su codo derecho durante el trabajo, la empleada acudió a Mutualia, entidad responsable de las contingencias profesionales de Grupo Urgatzi. Esta mutua basó la denegación del reconocimiento del origen profesional de la epicondilitis en que no hubiera un “hecho traumático, lo que habitualmente se asocia a golpes, caídas o similiares”, por lo tanto “no hay accidente de trabajo”. De la misma manera, Mutualia incluyó en el informe de urgencias que la epicondilitis que la propia mutua diagnosticó “no forma parte del listado de enfermedades profesionales para el trabajo que realiza la paciente”.

CCOO ha mostrado su estupor ante estos argumentos de la mutua que “no guardan relación alguna con la realidad”. En primer lugar, el sindicato ha señalado que las enfermedades profesionales, por ser enfermedades y derivarse de exposiciones a condiciones de trabajo que pueden durar años, “carecen de hecho traumático concreto desencadenante”. “En segundo lugar y más grave aún Mutualia ha ignorado, cabría preguntarse si deliberadamente o no, que la epicondilitis sí está reconocida en el Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, para el tipo de condiciones ergonómicas y riesgos músculo-esqueléticos a los que están expuestas las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio”, ha asegurado.

El sindicato ha señalado que esto último se lo recuerda la propia Seguridad Social a Mutualia en la resolución, trasladándoles que la epicondilitis está recogida en el epígrafe 2D0201 del real decreto citado“. A la vista de estos ”débiles argumentos“ de Mutualia, CCOO se ha preguntado ”en manos de quién está la salud de las personas trabajadoras“.

El responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha recordado igualmente que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, (TSJPV) emitió en febrero del pasado 2025 una sentencia que reconocía como accidente de trabajo un periodo de baja de esta misma trabajadora.

Esta empleada llegó a estar de baja médica por accidente de trabajo al dañarse el codo izquierdo por sujetar a una persona usuaria del servicio que se iba a caer. En aquel momento Mutua Universal emitió un alta médica sin que la trabajadora estuviese recuperada, por lo que tuvo que acudir al sistema público de salud, que prescribió una baja médica por enfermedad común, periodo que la sentencia reconoció finalmente como derivado de accidente de trabajo. El sindicato considera que este cúmulo de situaciones vivido por esta trabajadora es “muy representativo” de las condiciones de trabajo que existen en el sector de ayuda a domicilio, así como “evidenciador de la actitud que las mutuas tienen a la hora de no reconocer el origen profesional de las patologías de estas trabajadoras”.

La devolución del IRPF a los jubilados que cotizaron en las antiguas mutualidades, que Hacienda prometió que se realizaría en 2025 en un solo pago, se ha demorado a 2026, en el que aún hay pensionistas que no han recibido el abono de la Agencia Tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda no responden sobre el número de expedientes pendientes de pago, pero indican que “las solicitudes que todavía no se han abonado se están tramitando para abonarlas lo antes posible”.

Pablo (nombre ficticio) es uno de los solicitantes –que reclama la devolución para su padre– que ha estado pendiente de la resolución de su expediente hasta el mismo 31 de diciembre, sin ninguna novedad.

“La Agencia Tributaria no ha abierto los expedientes para devolver a mi padre los importes del tema de los mutualistas. Evidentemente, tampoco le ha devuelto el dinero”, critica.

El afectado explica que siguen esperando el pago, que al menos en su comunidad (Asturias) cree que “hay muchas declaraciones pendientes”. “No es que sea urgente, salvo porque son gente mayor”, apunta el solicitante.

Esta circunstancia –la elevada edad– inquieta a muchas de las personas que han reclamado el pago, que denuncian también la “incertidumbre” y el incumplimiento del plazo de pago por parte de Hacienda.

“Incertidumbre” por los cambios del pasado

El recelo y la incertidumbre de algunos de los afectados se explica en gran parte por los cambios y rectificaciones que han sufrido en este procedimiento por parte de Hacienda. Tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2019, de un jubilado del sector de la banca, Rafael Borrella Román, la Agencia Tributaria pactó con los sindicatos CCOO y UGT un procedimiento para devolver el IRPF a todos los antiguos mutualistas que lo solicitaran. Estos habían sufrido de una doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

Sin embargo, en diciembre de 2024 los mutualistas vieron suspendidas sus solicitudes y Hacienda iniciaba un nuevo procedimiento, que demoraba los pagos.

Tras varias quejas y movilizaciones de sindicatos y pensionistas, el Ministerio de María Jesús Montero rectificó y volvió a abrir un nuevo procedimiento en el mes de abril para poder reclamar las devoluciones de los años 2019 a 2022 (y años anteriores no prescritos) de forma conjunta y para ser recibidos en un solo pago en 2025. Los interesados tuvieron que volver a registrar sus solicitudes, ya que las anteriores a diciembre de 2024 habían quedado suspendidas.

Desde el Ministerio de Hacienda responden a este medio que las personas que hayan solicitado la devolución y aún no la hayan recibido “no tienen que hacer ningún trámite extra”. “La Agencia Tributaria sigue tramitando solicitudes de mutualistas, por lo que todavía se pueden producir pagos”, añaden.

Unos dos millones de antiguos mutualistas

El trámite afecta a un gran número de pensionistas, muchos de avanzada edad, aunque la cifra exacta se desconoce. Según Hacienda “cerca de dos millones de contribuyentes estaban pendientes de tramitación” cuando se suspendieron sus peticiones a finales de 2024.

También tienen derecho a reclamar esta cantidad los herederos “cuando el beneficiario hubiera fallecido entre 2019 y 2024”, ha explicado la Agencia Tributaria.

Hasta el momento, Hacienda ha informado del volumen total de dinero pagado en devoluciones, pero no sobre cuántos expedientes se han resuelto y cuántos quedan pendientes de pago.

Desde agosto y hasta octubre, último dato disponible en el informe de recaudación tributaria, “se han devuelto ya 2.350 millones de euros a los mutualistas”, responden desde el Ministerio de María Jesús Montero. Se trata de algo más de un tercio de los casi 6.000 millones de euros de factura total en estas devoluciones que estimó en su día la Agencia Tributaria.

“Existen indicios más que sólidos de un proceder antisindical por parte de la mutua”. Es la conclusión de la Audiencia Nacional en una reciente condena a Mutua Universal, entidad colaboradora de la Seguridad Social, por haber roto de manera unilateral un acuerdo firmado en el pasado con el sindicato UGT, que demandó esta rescisión en los tribunales. La mutua deberá pagar 1.500 euros al sindicato por vulnerar su libertad sindical.

Fuentes de la sección sindical de UGT en Mutua Universal celebran el fallo, que consideran que prueba la “persecución” de los sindicatos por parte de la nueva dirección de Recursos Humanos de la mutua y, en concreto, de UGT. elDiario.es ha contactado con Mutua Universal para este artículo, pero no ha recibido ninguna respuesta. Fuentes del sindicato apuntan que la mutua ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El caso analiza la rescisión unilateral el pasado mes de mayo de la actual directora de Recursos Humanos de Mutua Universal de un acuerdo con UGT de 2008, ampliado en 2011, por parte de directores anteriores en el cargo. Este ampliaba el acceso al crédito horario y otros derechos sindicales a miembros de la ejecutiva de UGT en la mutua, más allá de los delegados electos y miembros del comité de empresa.

La actual directora de Recursos Humanos argumentó que sus antecesores no tenían competencia para alcanzar este tipo de acuerdo, así como que UGT había hecho “un uso indebido y abusivo del mismo”, recoge la sentencia. La mutua destacaba que había analizado el caso tras una denuncia interna de CCOO de un “trato desigual a su organización”, sindicato que ahora cuenta además con mayor representatividad en la mutua que UGT.

“La pervivencia del Acuerdo y su Anexo supone una distorsión de la equidad interna y de la seguridad jurídica, afectando negativamente al conjunto de las relaciones laborales”, argumentó la jefa de personal de la mutua en carta a UGT en la que rescindía el pacto.

Los magistrados ven vulneración de la libertad sindical

La Audiencia Nacional estudia esta rescisión del acuerdo para comprobar si vulnera el derecho a la libertad sindical de UGT, como denuncia el sindicato, “o si por el contrario, la misma resulta justificada por las razones” que argumenta la nueva dirección de Recursos Humanos de la mutua. Los magistrados se inclinan por la primera opción.

Los jueces advierten de que “durante más de 13 años” el acuerdo ha venido siendo respetado por la mutua “sin cuestionar la validez del mismo”. En algún conflicto anterior, “lo único” que ha hecho Mutua Universal “es cuestionar su interpretación”. Además, añaden que la mutua rescindió el pacto de forma unilateral “fundado en causas que esta Sala considera que no se han acreditado y que, en todo caso, no justificarían el desconocimiento del acuerdo por sí solas”.

Entre ellas, “la supuesta falta de representación del director de Recursos Humanos” para alcanzar este acuerdo, que consideran que “no se deduce del poder que tenía otorgado”, así como el denunciado “uso abusivo del acuerdo basado en un desmesurado número de nombramientos paralelo a una paulatina disminución de la representación unitaria”, que “es una circunstancia que no se ha acreditado”, recoge la sentencia.

Los magistrados añaden que, en todo caso, de efectivamente concurrir las causas mencionadas, una de las partes no puede “cesar en el cumplimiento de lo pactado” sin acudir a la tutela judicial, “la cual en el caso de la empresa no consta ejercitada”.

“En conclusión, consideramos que existen indicios más que sólidos de un proceder antisindical por parte de la Mutua sin que por esta se haya acreditado que su proceder obedezca a una justificación objetiva y razonable”, concluye la Audiencia Nacional, por lo que considera que Mutua Universal vulneró la libertad sindical de UGT. La condena obliga a la nulidad de la rescisión del acuerdo, así como al pago de una indemnización de 1.501 euros al sindicato por daños y perjuicios.

Denuncias de recortes y “dilapidar” dinero público

Desde la sección sindical de UGT denuncian además en estos días su “profunda preocupación e indignación ante los nuevos recortes que Mutua Universal pretende aplicar a sus trabajadores”. La mutua ha comunicado a la plantilla que, “debido a ajustes del Ministerio de Hacienda” respecto a su criterio de la masa salarial de 2024 y 2025, se aplicarán algunos descuentos salariales a parte de la plantilla.

En concreto, los descuentos salariales para el año 2024, que es el único cerrado, alcanzan a unas 1.200 personas, que se supone que han cobrado de más en ciertos complementos, como el de antigüedad, según el criterio de la Agencia Tributaria. La mutua aplicará los descuentos a partir del mes de febrero de 2026, de manera prorrateada en las 11 nóminas del año, y emplaza a enero para conocer “los ajustes de 2025”.

En UGT consideran “imprescindible analizar con detalle” estos recortes salariales. “Nos resulta especialmente extraño que la orden de su repercusión en los trabajadores provenga directamente de Hacienda”, indica la sección sindical, que como en CCOO ha alertado de que la mutua no ha negociado con la representación legal de los trabajadores estos descuentos en la masa salarial.

“Lo que ahora pretende la empresa es repercutir en toda la plantilla el resultado de una nefasta gestión de la dirección de Recursos Humanos, lo cual resulta totalmente intolerable”, consideran en UGT, que denuncian que la mutua “dilapida” dinero público “en gastos superfluos y absurdos”.

“Solo por mencionar algunos”, en el sindicato critican los honorarios gastados para tratar de “aniquilar, sin ninguna razón legal, la acción sindical de UGT en Mutua Universal” y el dinero público gastado por la mutua en coches de empresa para sus directivos. Se trata de una licitación de un millón de euros para cuatro años firmada en 2023, que prevé 14 vehículos para la dirección, y de aplicación en estos momentos. Mutua Universal aún está pendiente de juicio por el presunto fraude de 200 millones a la Seguridad Social hace 18 años.

Fuentes sindicales indican que, en algunos casos, son “coches de lujo”, como de la marca francesa de alta gama DS, y recuerdan las altas remuneraciones que ya tiene la dirección de la mutua, como el gerente, de casi 184.000 euros anuales en 2024. “No tienen suficiente sueldo que todavía necesitan comprar coches con dinero de la mutua y cambiarlos cada poco”, denuncia un sindicalista.

elDiario.es preguntó a Mutua Universal por este contrato millonario de coches para sus directivos, sin respuesta. En algunas mutuas, como Ibermutua, licitan vehículos en contratos públicos, pero indican que “no están adscritos individualmente” y que se utilizan por el personal de la mutua para “desplazamientos profesionales y a organismos oficiales” en el desarrollo de su trabajo.

En el caso de Umivale Activa, también con varias licitaciones de vehículos en el Portal de contratos públicos, responden que “el tema de los vehículos oficiales está regulado por el Ministerio de Seguridad Social y desde la mutua cumplimos la normativa”. En otras mutuas, como Asepeyo, indican a este medio que no tienen “suministro de vehículos para personal directivo”. elDiario.es ha consultado a la Seguridad Social por estos gastos en coches de las mutuas colaboradoras, pero no ha recibido respuesta.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Comisiones Obreras y ha establecido que los empleados de la mutua Fremap, que tiene más de 4.000 trabajadores en todo el país, no están obligados a entregar sus tickets y facturas de restaurantes para cobrar la compensación de 11 euros diarios por comer fuera de la oficina. Los jueces recuerdan que se trata de una compensación establecida en el convenio porque Fremap no cumple con la “norma general” de dar comida en un comedor en la propia empresa y que, por tanto, el trabajador no está obligado a justificar el gasto.

El sindicato llevó a Fremap ante los tribunales al entender que estaba exigiendo a sus trabajadores de forma irregular que aportaran los tickets y facturas de los restaurantes donde comían para abonarles la compensación reconocida en el convenio. Una compensación de algo más de 11 euros que, según alegaba, la empresa, no era “un plus automático” y, en caso de reconocerse en los términos que pedía CCOO, implicaría pagar ese dinero a todos los trabajadores con jornada partida tanto si come en casa como si come en la oficina como si teletrabaja.

El convenio del sector de las aseguradoras y las mutuas compensa “como mínimo” con algo más de 11 euros a cada trabajador por cada vez que come fuera si su empresa no ofrece un servicio propio de comedor. Fremap se quejaba, incluso, de las consecuencias que tendría para la mutua tener que pagar este dinero: se superaría la masa salarial autorizada por Hacienda.

Los jueces explican que Fremap asumió “como regla general” que a los trabajadores con jornada partida hay que darles “un servicio de comedor en el que puedan realizar la comida”. Si no lo hace, “la empresa ha de abonar a los trabajadores que realizan jornada partida la cantidad prevista”, algo más de 11 euros por cabeza. Y eso borra la obligación del trabajador de justificar dónde ha comido y cuánto se ha gastado.

“No es posible exigir a los trabajadores el justificante de gasto para el cobro de la citada compensación por comida pues tienen derecho a su percibo”, dice el Supremo. Si se llevara “al extremo” el argumento de la mutua, añaden los jueces, si todos los trabajadores llevaran “su tartera al trabajo” ninguno recibiría esa compensación “ante la inexistencia de justificación alguna del gasto realizado”.

Una de las principales alegaciones de Fremap, que cuenta con más de 4.000 empleados según sus propios datos, es que obligar a la empresa a pagar estos gastos implicaría incumplir la normativa presupuestaria al aumentar los gastos de acción social con respecto a años anteriores. Los jueces del Supremo, como ya hizo anteriormente la Audiencia Nacional y con el apoyo de la Fiscalía, entienden que no hay pruebas que acrediten esa alerta.

Los jueces recuerdan que llevan casi una década resolviendo reclamaciones sobre el derecho de los trabajadores de aseguradoras y mutuas, por ejemplo, a cobrar dietas si tenían que comer fuera pero podían pernoctar en su domicilio. En ese caso, ya en 2017, el Supremo estableció que tampoco teníana que justificar el importe que habían gastado comiendo para cobrar esa compensación.

Cuando Rafael Borrella Román escuchó a algunos de sus antiguos compañeros del sector de banca que Hacienda podía deberles dinero por sus primeros años de carrera, cuando cotizaron a través de las antiguas mutualidades, este cacereño no se lo pensó dos veces. Buscó a una abogada de confianza y le pidió que reclamara la cantidad. “Le dije: 'Adelante, valga lo que valga'. No era por el dinero, pero si es una cuestión de ética y tengo razón, voy a saco”, explica a elDiario.es. Era 2019, y aunque había más reclamaciones de afectados, la suya fue la que finalmente logró la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció el derecho a las devoluciones de IRPF a los antiguos mutualistas, que muchos están recibiendo desde agosto.

Borrella Román, ahora jubilado de 73 años, trabajó “desde los 13 años”. Entró en la banca como botones e hizo una larga carrera en el sector. “Después hice Empresariales y la licenciatura de Antropología, mientras trabajaba. Me he movido mucho”, relata en una entrevista con este medio. También fue administrador de fincas y explica que había tenido varios choques con la Agencia Tributaria. “Me habían fastidiado mucho. Cuando vi la oportunidad de darle una lección, la aproveché”, ríe.

La discusión que analizaban sus compañeros y los sindicatos era si personas trabajadoras como él, que habían cotizado a través de las antiguas mutualidades hasta 1979, habían sufrido de una doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

“Vino Rafael y me contó que había un grupo de antiguos empleados de la banca que pedían una deducción fiscal del impuesto de la renta. Me puse con ello, en internet también había algo de información de sindicatos, pero no había nada que hubiera llegado a una sentencia estimatoria. Se estaba abriendo un melón en ese momento”, recuerda la abogada que le llevó el caso, María de los Ángeles Moresco Rebollo.

“Era David contra Goliat tal cual”

“Cuando entré a analizar el caso, hablé con Rafael para avisarle de la dificultad del procedimiento. Entre otras razones, la principal, es que de contrario teníamos ni más ni menos que a la Administración Tributaria. Al peor de los oponentes desde mi punto de vista, que toco diferentes palos. Era un gran desafío, David contra Goliat tal cual”, valora la abogada, especializada en derecho contencioso-administrativo y laboral en Cáceres. Era muy complicado, pero había “una ventana con posibilidades”, destaca Moresco Rebollo, que apunta que prefiere “ser clara” con sus clientes, que son los que van a invertir su dinero durante la batalla judicial.

“Había posibilidades. Yo no sabía si sería más o menos difícil, pero para estas cosas soy muy cabezorro. Si tengo un derecho, voy a por ello, no pienso en lo que venga detrás”, afirma el jubilado. La batalla por la devolución tuvo cuatro etapas y se extendió desde abril de 2019 a febrero de 2023. Cuatro años.

Primero, plantearon la reclamación ante la Agencia Tributaria, iniciando la vía administrativa, que rechazó su petición. El siguiente paso fue reclamar ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Extremadura, que también se opuso a su reclamación, en octubre de 2020, lo que les llevó “a la vía judicial” ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo contencioso-administrativo, detalla la abogada. “En junio de 2021, dicta sentencia y nos da absolutamente la razón. Imagínate lo contentos que estábamos”, recuerda María de los Ángeles Moresco Rebollo, que destaca que fue la primera sentencia estimatoria en esta materia.

Sin embargo, la Abogacía del Estado en defensa de la Agencia Tributaria impugnó la sentencia ante el Tribunal Supremo. “Me dijeron que teníamos que ir al Supremo, y nada, dije que para delante, aunque me costara una pasta”, afirma Rafael Borrella Román, que en ese momento solo tenía la confianza de poder recuperar el dinero invertido. En febrero de 2023, el Tribunal Supremo les dio la razón, ratificó la sentencia del TSJ de Extremadura, y concluyó que había sufrido una doble imposición como trabajador de la mutualidad de banca. “Me devolvieron bastante dinero”, dice el jubilado.

Victoria judicial para más de dos millones de pensionistas

La sentencia no solo beneficiaba a Rafael Borrella y a los trabajadores de la mutualidad de banca, sino a los trabajadores y trabajadoras que habían cotizado en el resto de antiguas mutualidades, una enorme cantidad de pensionistas, por encima de los dos millones de personas, según cifran en CCOO. “Diría que son unos cuatro millones de personas”, afirma María de los Ángeles Moresco, que sostiene que ha sido la sentencia “más importante” de su carrera hasta la fecha. Rafael Borrella “no podía imaginarse” la repercusión de su reclamación, que reconoce que presentó solo pensando en su caso. “Era una cuestión de amor propio, creía que tenía razón”, sostiene el jubilado.

“Si Rafael no fuera como es, seguramente no habríamos llegado hasta aquí. Él no titubeó en ningún momento, otros clientes se aburren o no quieren gastar tanto dinero y no continúan. Eso es mérito suyo. En lo profesional, en la abogacía es muy importan qué se pide y cómo se pide. Si nuestro recurso no hubiera estado bien formulado, el TSJ de Extremadura ni el Supremo nos habrían dado la razón. La nuestra lo estaba. Si te dan la razón, es que te están reconociendo el trabajo bien hecho”, celebra la abogada afincada en Cáceres, pero procedente de Cádiz.

Su teléfono “no paró de sonar” con casos similares, indica. “Los clientes en muchos casos eran personas muy mayores, de escaso poder adquisitivo, que han recuperado un dinero con el que no contaba. Al principio había mucha incredulidad, sobre si tenían derecho o no, y lo fueron recuperando. Ha sido muy gratificante”, añade la abogada.

En 2024, Hacienda estableció un procedimiento para optar a las devoluciones, pero a final de año lo suspendió y dilató los trámites para recuperar el dinero, generando un gran malestar en los movimientos de pensionistas y sindicatos. Tras las protestas, Hacienda rectificó y volvió a habilitar un procedimiento para cobrar las devoluciones en un solo pago, este año. Ahora, con intereses por demora. Cientos de miles de pensionistas han tramitado de nuevo su petición y están cobrando las devoluciones.

“Un antiguo compañero que estaba en Caja Extremadura, que además está fastidiado, me dijo que estaba a ver si le pagaban todavía y he ido a ayudarle a Hacienda. En principio no quería pasarme por allí, pero estoy yendo con el chaval a ver si le pagan también, como apoyo”, cuenta Rafael Borrella Román. Aunque el jubilado afirma que no necesita agradecimientos de nadie, tampoco le gustó que cierta “gente haya intentado colgarse la medalla” de su victoria judicial. “Un día mi hija me pasó una noticia, que era sobre la sentencia y hablaban como si la hubieran conseguido en el País Vasco. Ha habido mucha gente que ha aprovechado la coyuntura para sacar dinero, pero a mí eso no me ha preocupado mucho”, sostiene.

La Agencia Tributaria ya ha empezado a abonar las devoluciones del IRPF a los pensionistas que cotizaron a través de antiguas mutualidades antes de 1978 y que sufrieron de doble imposición, según concluyó la justicia. Los pagos se han iniciado “en el mes de agosto”, responden en el Ministerio de Hacienda a elDiario.es, y siguen efectuándose fruto del procedimiento abierto en abril. La previsión “es realizar las devoluciones lo antes posible y en este año”, añaden en el departamento que dirige María Jesús Montero.

Estos primeros pagos ponen fin a la incertidumbre durante meses de muchos jubilados, que vieron suspendidas sus solicitudes en diciembre de 2024. Ese año, Hacienda había habilitado un procedimiento para reclamar el dinero por esta doble imposición de IRPF reconocida en el Supremo, ya que los trabajadores no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social. Sin embargo, solo unos meses después, en diciembre, dejó sin efecto las solicitudes pendientes no resueltas y estableció un nuevo trámite para reclamar las devoluciones, año a año. Este 2025, solo se podía reclamar el exceso de IRPF de 2019.

Tras varias quejas y movilizaciones de sindicatos y pensionistas, el Ministerio de María Jesús Montero rectificó y volvió a abrir un nuevo procedimiento en el mes de abril para poder reclamar las devoluciones de los años 2019 a 2022 (y años anteriores no prescritos) de forma conjunta y para ser recibidos en un solo pago. Los interesados han tenido que volver a registrar sus solicitudes, ya que las anteriores a diciembre de 2024 habían quedado suspendidas.

El trámite afecta a un gran número de pensionistas, muchos de avanzada edad. Según Hacienda “cerca de dos millones de contribuyentes estaban pendientes de tramitación” cuando se suspendieron sus peticiones a finales de 2024. También tienen derecho a reclamar esta cantidad los herederos “cuando el beneficiario hubiera fallecido entre 2019 y 2024”, indica la Agencia Tributaria.

“Ha habido mucha incertidumbre”

Desde colectivos de pensionistas confirman que algunos solicitantes ya han empezado a recibir el pago de Hacienda. Por ejemplo, en Condefel (confederación de asociaciones de prejubilados y jubilados de Telefónica): “Hay gente que ya ha cobrado y otras personas que están recibiendo notificaciones electrónicas de que les van a pagar tanto”, explica Ángel de la Hoz, cuyo padre está pendiente del procedimiento.

También hay otros interesados que no tienen novedades y están a la espera de la tramitación de sus expedientes, afirman otros afectados a elDiario.es. Debido a los sucesivos cambios en el procedimiento en cuestión de meses, los afectados denuncian “la incertidumbre” de los pensionistas, que en ocasiones se ha visto acrecentada por informaciones confusas –y a veces desactualizadas– en medios de comunicación.

Hacienda creó un apartado específico en su página web con la información oficial para los antiguos mutualistas, con respuestas a las preguntas frecuentes del procedimiento, un vídeo explicativo al respecto y también habilitó un teléfono para “dudas y asistencia en la presentación del formulario de solicitud” (91 889 81 46), con horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Entre otras cuestiones, la Agencia Tributaria informa de que se tendrá en cuenta “la fecha de presentación de la primera solicitud de devolución” en el pago de los intereses de demora que Hacienda va a reconocer a los afectados.

Plazos si aún no se ha presentado la solicitud

En las últimas semanas hay varias informaciones sobre una carta de Hacienda que exige volver a presentar la solicitud de devolución, que ha generado dudas entre los pensionsitas sobre si había algún nuevo cambio en el procedimiento, han expresado en colectivos de jubilados a elDiario.es.

Se trata solo de misivas de recordatorio de la Agencia Tributaria “específicamente a aquellos contribuyentes que presentaron el formulario el año pasado y que a la fecha de emisión de la carta todavía no habían presentado el nuevo, para recordarles que tienen que presentar el nuevo, como se recuerda también en la información de la web de la AEAT desde hace varios meses”, precisan desde el departamento de María Jesús Montero.

Para los potenciales beneficiarios que no hayan presentado aún la solicitud de devolución de IRPF, la Agencia Tributaria explica los plazos para poder hacerlo, según la situación de los ciudadanos. Si hasta ahora no han presentado ninguna petición, el plazo para presentar el formulario finaliza en las siguientes fechas:

Si los afectados presentaron una solicitud con anterioridad al 22 de diciembre de 2024, esta quedó sin efecto, “si bien interrumpió el plazo de prescripción”, precisa la Agencia Tributaria. En este escenario, el plazo para presentar el nuevo formulario finaliza “sumando 4 años y 217 días a la fecha de interrupción de la prescripción (fecha de presentación de la solicitud que quedó sin efecto)”. Un ejemplo: si se presentó el 10 de septiembre, el plazo para presentar el nuevo formulario finaliza “el 15 de abril de 2029 (4 años y 217 días después)”, explica Hacienda.

Un trabajador recibe una baja médica y, poco después, un detective se planta frente a su portal con una cámara oculta. No es una escena de película, sino una realidad cada vez más habitual en el mercado laboral en España. Desbordados por la avalancha de peticiones, varios profesionales de la investigación privada reconocen que nunca antes habían recibido tantas solicitudes para seguir a empleados de baja por parte de empresas —y también de mutuas— que buscan detectar presuntos fraudes. El incremento, según sus propios datos, alcanza el 80% en apenas cinco años.

La desconfianza hacia los trabajadores ha crecido exponencialmente en los últimos años y, fruto de ello, cada vez más empresas optan por fiscalizar su salud encargando informes y pruebas a profesionales de la investigación privada que puedan acreditar supuestos fraudes. Hace dos años el Supremo advirtió a las empresas de que no pueden enviar detectives a espiar a trabajadores de baja en sus casas. Todo ello, al calor de un discurso azuzado por mutuas y organizaciones patronales que insisten en el aumento del mal llamado “absentismo laboral”.

Y es que el término, que se ha instalado con naturalidad en el lenguaje institucional, mediático e incluso cotidiano, traslada la carga de la culpa directamente al trabajador, sugiriendo una ausencia voluntaria e injustificada del puesto de trabajo. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los casos que se computan como absentismo corresponden a bajas médicas por enfermedad, accidentes o procesos de incapacidad temporal plenamente reconocidos por el sistema sanitario y laboral. “Disfrazar los datos estadísticos conlleva directamente a cuestionar y vulnerar los derechos, tanto en enfermedades comunes, como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al objeto de fiscalizar los procesos de recuperación”, denuncian desde CCOO.

Pero, además, dentro de esa categoría difusa y manipulable del absentismo, se incluyen también ausencias justificadas como vacaciones, permisos por matrimonio o pareja de hecho, fallecimiento de familiares, traslado de domicilio o asistencia a exámenes médicos o actividades formativas.

Esa visión simplificada del absentismo ha alimentado un clima de sospecha generalizada, en el que la figura del detective privado ha ganado presencia como herramienta de control. Y es que para las empresas puede ser más rentable investigar que despedir sin pruebas, especialmente cuando el coste de un despido improcedente puede ser alto y pese a que los honorarios de estos profesionales oscilan entre los 70 y los 120 euros la hora.

“Estamos desbordados”, reconocen los detectives consultados por este periódico. Desde Arkos Detectives, entidad que opera en prácticamente todo el ámbito nacional -especialmente en la zona norte de España-, aseguran haber registrado un aumento del 80% en los encargos relacionados con bajas médicas en los últimos cinco años.

Solo en agosto, un mes tradicionalmente tranquilo, llegamos a tener 23 investigaciones abiertas al mismo tiempo. Lo habitual eran tres o cuatro

“Solo en agosto, un mes tradicionalmente tranquilo, llegamos a tener 23 investigaciones abiertas al mismo tiempo. Lo habitual eran tres o cuatro”, añaden. El encargo suele llegar tanto de empresas privadas como de mutuas -que son entidades privadas pero con funciones públicas delegadas por la Seguridad Social-, y se basa en la sospecha de que el trabajador está fingiendo una enfermedad o exagerando su mal estado de salud.

Pero tras ese auge de la fiscalización a los trabajadores se esconde una realidad más amplia y estructural: un contexto laboral marcado por la precariedad, los sueldos bajos en relación al coste de vida, la sobrecualificación o la falta de expectativas profesionales que generan descontento y frustración. Trabajadores que encadenan jornadas extensas, con estrés acumulado, ansiedad o desgaste físico y emocional, acaban solicitando bajas médicas como única vía de escape ante la incapacidad de sostener el ritmo sin quebrarse.

A ello se suma la presión de salarios que apenas alcanzan para cubrir los gastos más básicos de una vida digna: vivienda, alimentación, cuidados o conciliación. La salud mental, aún invisibilizada en muchas empresas, es uno de los factores que más incide en el aumento de estos procesos.

Según los datos facilitados por Arkos Detectives, aproximadamente el 65% de los casos que aceptan acaban arrojando algún tipo de prueba que beneficia a la empresa. Sin embargo, ese porcentaje, aparentemente elevado, requiere matices: corresponde únicamente a una muestra muy concreta y reducida del total de bajas médicas que se producen, y responde a un filtro previo: “Aplicamos un protocolo muy estricto antes de aceptar un encargo”, explica el detective. En este sentido, analizan el historial del trabajador -dentro de las posibilidades que tienen sin vulnerar su privacidad-, posibles reincidencias, circunstancias personales o indicios repetidos de conductas sospechosas. “No cogemos cualquier caso: solo aquellos en los que hay cierta garantía de que pueda haber fraude”, añade.

De baja y trabajando en 'B'

De ese 65% de casos con resultado favorable a la empresa, el detective de la empresa Arko estima que en torno a un 40% corresponden a situaciones en las que el trabajador, estando de baja médica, se encuentra simultáneamente desempeñando otro empleo. Y es que en un contexto como el citado anteriormente de bajos salarios y dificultades para llegar a fin de mes, algunas personas acaban recurriendo a trabajos paralelos que acaban contradiciendo el parte médico que han presentado, incurriendo en un fraude a la Seguridad Social. “Cobran lo que les corresponde por la baja y obtienen otro salario que no declaran”, explica este profesional.

En una línea similar se muestran desde DSR Detectives, despacho que opera también en diferentes puntos del país. “El fraude más común es estar de baja y a la vez estar trabajando en negro”, aseguran en conversación con elDiario.es. Este despacho ha constatado en los últimos tres o cuatro años un aumento notable en la contratación de servicios para investigar bajas laborales, superando con creces a otros servicios habituales del sector, como las investigaciones por infidelidades o custodia de menores.

“La investigación de bajas laborales se ha puesto muy por delante, por goleada”, resaltan, al tiempo que destacan que cada vez son más las empresas pequeñas y familiares que recurren a sus servicios, puesto que “les conlleva un coste tener a una persona cuya baja, por lo que sea, no es real”. “Es un desbordamiento, vienen directamente los dueños de las empresas a pedirnos que hagamos seguimiento”, explican desde DSR Detectives. Aunque no cuentan con un registro formal, el profesional entrevistado estima que en un 80% de los casos se detecta alguna irregularidad, aunque matiza que eso se debe a que los clientes ya llegan con sospechas fundadas. “Cuando el río suena, agua lleva”, añade.

En este sentido, desde Bossman Investigaciones señalan que “cuando una empresa decide contratar a un detective, normalmente ya existen indicios razonables de que puede haber fraude: bajas que se prolongan de forma inusual para el tipo de lesión, testimonios de compañeros que han observado conductas incompatibles con la dolencia o incongruencias en la documentación aportada”. “Por eso el porcentaje de casos en los que se confirman esas sospechas es elevado, te diría que en el 98% de las contrataciones hay algo”, apunta Bosco, director de este despacho cuyo ámbito de actuación se centra fundamentalmente en Euskadi, Cantabria, La Rioja y Navarra.

En su caso, la mayor parte de las investigaciones están relacionadas con bajas por patologías físicas, aunque en los últimos años han detectado “un aumento muy significativo en las asociadas a patologías psicológicas, como la ansiedad o la depresión”. “Estos casos requieren un abordaje especialmente cuidadoso, ya que son dolencias más difíciles de objetivar y los que cometen fraude lo saben”, explica Bosco en declaraciones a elDiario.es. Afirma, además, que contratan sus servicios “empresas de todo tipo y tamaño, desde grandes compañías hasta pymes, e incluso entidades del sector público”, y los sectores que más predominan son aquellos “con mayor exigencia física, como la industria, la hostelería o la construcción”.

Asimismo, desde SANTYANA detectives, despacho que ejerce su actividad en Bilbao y Santander, confirman que la tendencia que observan va en la misma línea que la del resto del sector: “Los servicios para investigar bajas médicas son los más solicitados desde hace años”, sostienen en declaraciones a este periódico. En su caso, la mayor parte de los clientes son pymes -pequeñas y medianas empresas-. “Son los más perjudicados cuando esto sucede y, quizá, al mismo tiempo, los más interesados en demostrar que existe una actividad fraudulenta aunque esto les suponga realizar un esfuerzo económico adicional”, explican.

Privacidad y siniestralidad

Desde los diferentes despachos de investigación consultados sobre esta tendencia subrayan que el proceso que siguen es “minucioso” y “se ajusta estrictamente a la legalidad”, en concreto a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y a la normativa de protección de datos. Así pues, sus trabajos consisten en seguimientos, guardias frente al domicilio y documentación de lo que ocurre en espacios públicos o de libre acceso. En ningún caso, aseguran, se hacen grabaciones en interiores o se captan imágenes en presencia de menores.

“Somos de la vieja escuela: vigilancia presencial, sin invadir la intimidad”, explican desde Arkos Detectives. “Hay que conocer la ley para no violar la intimidad”, sostienen desde DSR Detectives, quienes hacen hincapié en la importancia de “cuidar de que la investigación sea legítima y esté justificada”.

“Trabajamos siempre dentro de unos límites muy claros y garantistas, y aplicamos los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, recogidos también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de modo que únicamente investigamos aquellos hechos directamente relacionados con el objeto de la investigación y que resulten relevantes para el interés legítimo del interesado”, subrayan desde Bossman Investigaciones.

En paralelo al foco mediático y empresarial centrado en el mal llamado “absentismo”, el mundo del trabajo arrastra un problema mucho más grave y en aumento: la siniestralidad laboral. En 2024, los accidentes mortales se incrementaron un 10% en España, con 796 personas fallecidas, 75 más que el año anterior. Y lo alarmante no termina ahí: en más de un tercio de esos casos, las empresas ni siquiera habían evaluado los riesgos laborales, según un estudio de CCOO. Así, mientras se multiplican los esfuerzos para fiscalizar a quienes están de baja, hay verdaderas deficiencias en prevención que cuestan vidas y que siguen quedando en un segundo plano.

La mutua Muface deberá devolver a una mujer el dinero que pagó por tres medicamentos necesarios para su tratamiento de reproducción asistida a pesar de estar siendo atendida en la sanidad pública. Así lo especifica una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admite el recurso interpuesto por Sofía (nombre ficticio), que tuvo que desembolsar 1.426,05 euros por una única razón: no tener una pareja que fuera hombre. Si la hubiera tenido, los fármacos hubieran sido financiados por el Sistema Nacional de Salud.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía puede ser recurrido, le da la razón a la mujer admitiendo que Muface “debería haber hecho otra lectura e interpretación” de la ley “en aras de la no discriminación por razón de estado civil u orientación sexual”. Se refiere la mutua a la norma que regía en aquel momento, 2019, impulsada por el Partido Popular unos años antes para establecer que solo la esterilidad sería requisito para acceder a la reproducción asistida, lo que excluyó a las mujeres lesbianas o bisexuales y aquellas que, como Sofía, buscaban tener un hijo ellas solas.

Las comunidades autónomas fueron progresivamente incluyendo en sus carteras de servicios la reproducción asistida para todas las mujeres, pero la norma estatal no se modificó hasta finales de 2021, por lo que las mutuas –Muface, Mujeju e Isfas–, al depender del Ministerio de Función Pública, seguían aplicando la ley excluyente. Por eso Sofía, que siguió el tratamiento en un hospital de Madrid, no pagaba por él, pero sí por los medicamentos necesarios, ya que Muface le negó en repetidas ocasiones la financiación. La mujer estaba atada de pies y manos porque al ser profesora debía pertenecer obligatoriamente a la mutua y, además, aunque había elegido la sanidad pública frente a las aseguradoras privadas, Muface seguía siendo la encargada de autorizar las recetas.

Sofía decidió acudir a la Justicia con la ayuda del sindicato CCOO después de que la mutua rechazara todos los recursos que presentó contra las resoluciones desfavorables por “no cumplir los requisitos” de la norma vigente. Estos eran o bien tener un “trastorno documentado de la capacidad reproductiva” o no lograr el embarazo “tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin métodos anticonceptivos”, figuraba literalmente en el texto. Al no cumplirlos, tuvo que hacer frente al pago de 1426,05 euros por los medicamentos Menopur, Ovitrelle y Galutran, según figura en la sentencia.

La norma ampara el caso

El TSJ, sin embargo, considera que no debió de haberlos costeado, sino que Muface tendría de haberlos cubierto y no hacer una lectura “restrictiva” de la ley. Los jueces creen que bajo los requisitos que establece la ley debe incluirse también a las mujeres monoparentales o las mujeres con pareja femenina porque, de lo contrario, aseguran, se estaría vulnerando la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Nombran también el artículo 41, que prevé un régimen público de Seguridad Social “para todos los ciudadanos”.

A preguntas de este medio, Muface asegura que “ha aplicado siempre” la normativa vigente, que en el momento de la fecha de la solicitud de Sofía era la que impuso restricciones a las mujeres sin pareja varón. Recuerda la mutua que desde noviembre de 2021 esto ya no ocurre y las mujeres sin pareja, lesbianas o trans con capacidad de gestar “ya pueden acceder a la reproducción humana asistida en pie de igualdad” y sin que sea limitante su condición de mutualistas. Además, Muface no recurrirá la sentencia.

En el fallo el tribunal estima que aquella ley, sin embargo, tendría que haber sido aplicada de forma diferente y apunta a que “siendo soltera”, Sofía “no está en condiciones de lograr un embarazo en virtud de una relación física heterosexual en pareja” y obligarla a ello “sería contrario a la dignidad de su persona vulnerándose el artículo 10” de la Carta Magna. “Es imposible un diagnóstico de esterilidad por patología ginecológica al tiempo que es aberrante la exigencia de una concepción por vía vaginal al tratarse de una mujer sola, lo que obliga al preceptivo tratamiento de reproducción asistida”, reza el fallo.

Reconocen los jueces que pese a que no se da una situación de esterilidad “propiamente dicha” porque Sofía no lo es ginecológicamente hablando, sí es da “en la práctica” una “esterilidad natural” que debe equipararse a la clínica establecida por ley, argumentan al tiempo que aseguran que los requisitos contenidos en la ley “no constituyen cláusulas cerradas que no permitan la inclusión” de otros supuestos. Por eso, la sentencia estipula que la denegación de la financiación por parte de Muface “no se ajusta a la letra y al espíritu de la normativa aplicable”. Esta interpretación, prosigue el tribunal, “se sustenta en el absoluto respeto a la no discriminación” por razón de sexo, estado civil u orientación sexual.

Por eso, revoca las resoluciones denegatorias de la financiación de los medicamentos y mandata a la mutua a devolverle a la mujer el dinero que desembolsó por ellos, además sujeto a intereses desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta el efectivo abono del importe, que aún no se ha producido. “Supone un descanso y un orgullo para seguir luchando por lo que creo que es justo, no solo para mí sino para las que vienen detrás”, sostiene Sofía, que recuerda “el desgaste, el esfuerzo y la energía” que se dejó por el camino por este motivo al tiempo que se sometía a los tratamientos. “Era injusto y no entendía nada”, añade.

No es la primera sentencia en el mismo sentido, sino que fueron varias las afectadas que acudieron a la Justicia desde que los populares aprobaron la modificación en 2014. Los fallos censuraron en general la discriminación y les dieron la razón a ellas por, entre otras cosas, existir una ley, la de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006, donde se regula el derecho con independencia de la orientación sexual o el estado civil y que es de rango superior a la orden ministerial del PP. Aunque las comunidades fueron revirtiéndola con el paso del tiempo, el Gobierno central anunció que lo haría en 2018, al inicio del mandato de Pedro Sánchez, pero finalmente acabó con la exclusión tres años después.

Las farmacias de Castilla-La Mancha acogen por primera vez la dispensación de la receta electrónica concertada de Muface desde este martes, siendo una iniciativa que beneficiará a los 44.725 mutualistas de opción concertada de la región.

Con esta implantación, que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Organización Farmacéutica Colegial, Muface y el respaldo del colectivo médico, los mutualistas tendrán acceso a este sistema en las farmacias de las cinco provincias de la región.

Para anunciar el despliegue de la receta electrónica de Muface, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Javier Jimeno, y el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, han estado presentes en el despliegue de esta iniciativa en la farmacia toledana 'José Luis Echevarría'.

Sobre el impacto que la receta electrónica privada ha supuesto para las farmacias, Jimeno ha asegurado que es un avance para la atención farmacéutica en cuanto a la seguridad del paciente que va a poder subsanar posibles errores que sucedan en la receta y que aportará garantías en la dispensación.

Con un procedimiento similar a la tarjeta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), los clientes pasan del papel a la tarjeta mutualista, facilitando el trabajo de los profesionales farmacéuticos que a través de la lectura de la tarjeta podrán ver la medicación prescrita e iniciar la dispensación.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Toledo ha señalado que es una iniciativa que debía implantarse y, ahora que se ha llevado a cabo, están “muy contentos” por acogerlo por primera vez en Castilla-La Mancha como comunidad pluriprovincial.

Este proyecto garantiza mayor seguridad porque la prescripción se podrá realizar de forma adecuada, conectada a programas informáticos, evitando así que se rellene mal la receta o que “no se entienda bien la letra”, ha explicado Calvo. “Es un avance lógico en estos tiempos y creo que estábamos tardando en poner en marcha”, ha explicado.

“Magnífica noticia”

De su lado, el titular de la farmacia, José Luis Echevarría, a preguntas de los medios, ha señalado que le parece una “magnífica noticia” para los mutualistas y para los farmacéuticos porque permite mejorar la atención al cliente.

En este sentido, Echevarría ha indicado que, pasando la tarjeta, el profesional podrá visualizar la medicación que tiene el paciente permitiendo detectar duplicidades terapéuticas, interacciones entre medicamentos e incluso remitir al médico cualquier circunstancia.

En beneficio de la salud y de la actividad profesional, también ha señalado que es una buena noticia para las aseguradoras porque les ahorra costes y también para el medioambiente porque se va a reducir el papel de los talonarios.

Finalmente, ha asegurado que la dispensación ya está funcionando con absoluta seguridad, expresando que es “un día de fiesta” para los mutualistas de Muface.

La devolución del IRPF en las pensiones de los antiguos mutualistas parece inminente. El cambio legal para que Hacienda pague de una sola vez este año las cuantías de 2019 a 2022 ya ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados y va rumbo al Senado, que lo tramitará por la vía de urgencia. En el Ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, esperan que esté en vigor “en breve” y proceder enseguida con los pagos.

La modificación legislativa salió adelante este martes, en la Comisión de Economía del Congreso con competencia legislativa plena, a través de una enmienda del grupo socialista en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor. Al igual que la deducción del IRPF al salario mínimo y su extensión hasta los 18.276 euros al año.

Es una noticia muy esperada, especialmente en estos días en los que millones de personas realizan la declaración de la renta de 2024, muchos pensionistas que cotizaron en las antiguas mutualidades antes de 1978 repetían la misma pregunta: “¿Me van a devolver ya el IRPF?”. Se trata de devoluciones de este impuesto debido a que, como reconoció el Tribunal Supremo, estas personas sufrieron de doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

Tras el fallo, Hacienda pactó con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, el derecho de los pensionistas afectados a reducir un porcentaje de su base imponible de IRPF desde ese año en adelante y estableció un sistema para reclamar las devoluciones del IRPF por los cuatro años anteriores, no prescritos. Sin embargo, a finales de 2024, Hacienda modificó por sorpresa el procedimiento: suspendió las peticiones pendientes (cerca de dos millones) y retrasó el abono de las devoluciones.

Ante las quejas de pensionistas y sindicatos, Hacienda rectificó y anunció que volvería a pagar los años anteriores en un solo pago, este 2025. Sin embargo, muchos jubilados estaban todavía en ascuas, esperando el cambio normativo necesario para ello, especialmente en el actual panorama parlamentario en el que cuesta mucho sacar adelante cualquier iniciativa.

Devoluciones “muy ágiles” y con intereses de demora

En el Ministerio de Hacienda explican que la ley con las devoluciones del IRPF “ahora se tramitará en el Senado por vía de urgencia, así que esperamos que en breve esté en vigor”. En el Senado el procedimiento legislativo se desarrolla habitualmente en el plazo de dos meses, pero se reduce a 20 días naturales en caso de urgencia, como es este.

Hacienda está a la espera de esa luz verde definitiva del Senado para proceder a las devoluciones del IRPF, que los pensionistas han tenido que volver a solicitar. “La idea es comenzar en cuanto se apruebe el cambio normativo y ser muy ágiles, porque se ha hecho ya mucho trabajo previo”, indican en el departamento de Montero.

Aunque se ha habilitado el formulario de las devoluciones a la vez que el trámite de la declaración de la renta de 2024, son procesos paralelos. “Durante la campaña se irían abonando las devoluciones correspondientes al 2024, en la propia declaración de Renta 24. El ajuste ya le aparece calculado al contribuyente y se abona rápido como cualquier devolución convencional de renta. Una vez se apruebe el cambio normativo, se harán las devoluciones del periodo 19-22 que el contribuyente debe solicitar mediante el formulario”, explican en la Agencia Tributaria.

Además, las devoluciones se acompañarán finalmente del pago de intereses de demora para los pensionistas, una reclamación sindical que ha aceptado María Jesús Montero, aunque en Hacienda precisan que “todo este proceso es fruto de sentencias relativamente recientes del Supremo, no es ningún retraso administrativo”.

Si hay mutualistas que aún no han realizado la petición, aún están a tiempo, y pueden reclamarlo más allá del final de la campaña de la renta (30 de junio). “Pero recomendamos que vayan presentando el formulario para poder agilizar las devoluciones”, indican en la Agencia Tributaria.