El Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco para gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” estará operativo esta primavera tras su aprobación en las “próximas semanas” en Consejo de Gobierno y recogerá 15 líneas de actuación a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de jehová. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa este lunes en una rueda de prensa en la que ha detallado que si bien la mayoría de la población vasca no cuenta con ninguna religión, un 42% de la población sí declara tener creencias religiosas. De ellas, un 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa.

“Ante esta fotografía actual, abogamos por un modelo de laicidad cooperativa, en el que la no confesionalidad se combina con formas de reconocimiento institucional y de colaboración con las confesiones. Desde esta perspectiva, la gestión pública de la diversidad religiosa se estructura en un marco que reconoce las comunidades religiosas como interlocutoras legítimas y contempla mecanismos estables de relación institucional. De esta interlocución nacen convenios de colaboración con comunidades religiosas asistencias técnicas en procesos urbanísticos o administrativos, cesión o uso compartido de espacios públicos, participación de representantes religiosos en órganos consultivos y desarrollo de guías o protocolos…”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha adelantado que el Plan de Acción (2026-2029), del que no ha especificado su partida presupuestaria, cuenta con incluir peticiones y necesidades de los representantes de cada una de las religiones que forman parte del Consejo Interreligioso en cuestiones como el ámbito funerario, la ordenación urbanística de los centros de culto, el calendario de festividades o la creación de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos, entre otros.

“En cuanto al calendario de festividades, vamos a comenzar por significar estos días que son importantes por garantizar que se puedan celebrar y luego veremos con el tiempo que otros pasos hay que dar. No estamos diciendo que vayamos a cambiar el calendario, pero vamos a empezar a trabajar para ver cómo es esta diversidad religiosa, como por ejemplo, que la semana pasada fue el Ramadán. Vamos a trabajar en un contexto de coherencia y convivencia de unos con otros”, ha destacado Melgosa.

Preguntada por los lugares de culto y menús adaptados en centros públicos, como pueden ser los colegios u hospitales, ha detallado que las comunidades de diferentes sensibilidades religiosas han manifestado que “les gustaría contar con un espacio multiconfesional para que en el momento que consideren puedan realizar sus rezos de manera digna” y que los menús es algo que “se hace desde hace tiempo a petición de los propios padres y madres, así como de la comunidad educativa”. “Es un tema de convivencia y coherencia. Estamos hablando de una sociedad moderna como es Euskadi, con una multitud multirreligiosa y de un pluralismo democrático”, ha apuntado la consejera.

Entre las peticiones de las comunidades religiosas, desde el Gobierno vasco han hecho hincapié en impulsar una planificación autonómica en materia funeraria. “Lo que piden es poder enterrar dignamente a las personas conforme a su rito religioso y que no tengan que estar obligados a tener que repatriar el cuerpo para así cumplir con su rito. Piden que se pueda garantizar en todo el territorio que esos entierros dignos se lleven a cabo”, ha detallado, Melgosa tras explicar que muchas de las personas que viven con religiones diferentes a la católica piden también “poder enseñar su religión y aportar a la sociedad vasca”.

Desde el Gobierno vasco han adelantado algunas de las acciones del plan para los próximos cuatro años: impulsar una planificación autonómica en materia funeraria que permita abordar, con una visión de conjunto del territorio, cuestiones vinculadas a cementerios, servicios funerarios, emplazamientos y sanidad mortuoria, con el fin de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y la atención a la diversidad de prácticas y ritos de las distintas confesiones presentes en Euskadi; aprobar una norma específica que articule tanto la ordenación urbanística de los centros de culto como su encaje en el régimen de actividades clasificadas, los requisitos técnicos y materiales mínimos de funcionamiento, la fijación de un plazo de adaptación para los centros ya existentes y la relación competencial entre Gobierno vasco y ayuntamientos; disponer del calendario de festividades de cada una de las confesiones implantadas en el Euskadi; elaborar un plan para atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general; impulsar acciones de diálogo interreligioso, en colaboración con los municipios que presenten una realidad de diversidad religiosa significativa, para facilitar que las comunidades religiosas muestren su vida y actividad en el espacio urbano; incorporar criterios de igualdad entre mujeres y hombres en la relación del Gobierno vasco con las entidades religiosas, especialmente en los procesos de subvención y en los espacios de representación institucional y, por último, garantizar la oferta de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos: centros de acogida, hospitales, centros residenciales, comedores sociales/centros de Atención diurna y centros penitenciarios.

El Consejo Interreligioso Vasco es un órgano consultivo creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición: EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha.

Se trata de un órgano de carácter consultivo, que se concibe como un espacio estable de diálogo y colaboración entre las instituciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) y las diferentes confesiones religiosas presentes en Euskadi, en este caso las ocho citadas previamente, aunque también podrán formar parte otras religiones más minoritarias y entidades que promuevan el diálogo interreligioso. Además, permitirá dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en aquellas iniciativas o decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación en el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa.

Un parking disuasorio junto a la piscina municipal. Este ha sido el espacio al que los musulmanes de Jumilla han sido relegados para celebrar este viernes el fin del Ramadán. En este municipio murciano se aprobó el pasado agosto un acuerdo entre PP y Vox, que prohibió la celebración de actividades religiosas en el polideportivo local. En la moción original, presentada por los de Abascal, se especificaba el veto al Ramadán o de la Fiesta del Cordero en espacios públicos.

Tras la aprobación de la medida, Jumilla se convirtió en el primer consistorio en aprobar el veto de actividades del culto islámico. Se trata de municipio con una población -según datos del INE- de unas 1.500 personas procedentes de países donde se profesa el Islam.

Técnicamente, la prohibición no llegó a aplicarse. La Abogacía del Estado recurrió el acuerdo el pasado mes de octubre y exigió la suspensión cautelar de la moción. Pero el Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, alegando que “lo acordado no pasa de ser una petición de inicio de unos trámites”.

En efecto, la moción no llegó a rubricarse, pero representantes de la comunidad islámica en Jumilla y del Ayuntamiento acordaron el traslado del rezo a un lugar distinto al polideportivo municipal, que es donde se había hecho otros años.

Es por ello que, por primera vez, el rezo ha tenido que ser trasladado al aparcamiento, donde se han colocado vallas para delimitar el perímetro. Unos 2.000 fieles han concurrido en este encuentro, que se ha desarrollado con “normalidad”. En otras ciudades de la Región, como Cartagena, el rezo ha sido multitudinario, con unos 4.500 fieles acudiendo a esta cita.

Al rezo en Jumilla han acudido también representantes de la oposición, en concreto la portavoz del PSOE en el municipio, Juana Guardiola; y la edil de IU-Podemos, Ana López. En declaraciones a medios, la portavoz socialista ha expresado su agradecimiento a la comunidad musulmana, “por su comportamiento ejemplar, humilde, sencillo, discreto, su generosidad y aceptando las condiciones impuestas por el Gobierno local”. “Me ha emocionado, pero he sentido vergüenza de que no hayan podido realizar este rezo en mejores condiciones, porque no hay ningún motivo para no hacerlo, somos un pueblo acogedor, que llamamos a la convivencia y se les ha negado”.

El pasado 17 de febrero de 2026 el Congreso de los Diputados volvió a abrir un debate que periódicamente irrumpe en la agenda política española: la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. La proposición de ley presentada por Vox fue finalmente rechazada por mayoría parlamentaria. Sin embargo, la discusión no se agotó en el hemiciclo, sino que se ha desplazado con fuerza al ámbito autonómico y local.

Pocos días después, la Diputación de Granada aprobó una moción impulsada por Vox para impedir el acceso con burka o niqab a dependencias provinciales. La iniciativa salió adelante con el apoyo del Partido Popular y el voto en contra del PSOE y Izquierda Unida. La argumentación se centró en la necesidad de garantizar la identificación visual en espacios administrativos y reforzar la seguridad en edificios públicos.

En paralelo, en la provincia de Málaga, el debate ha adquirido una dimensión municipal. En Rincón de la Victoria, Vox presentó una propuesta para prohibir el burkini en espacios públicos, ampliando el foco desde el velo integral hacia otras manifestaciones visibles de identidad religiosa. Asimismo, en Alhaurín el Grande se han planteado iniciativas similares. Estas propuestas evidencian que la discusión no se limita al ámbito estatal, sino que se territorializa y adquiere matices distintos según el contexto local.

Derechos fundamentales y límites del Estado

Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, cualquier iniciativa de prohibición debe analizarse conforme a estándares jurídicos internacionales: legalidad, necesidad y proporcionalidad. La libertad de religión está protegida por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estas normas permiten limitaciones, pero únicamente cuando sean estrictamente necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad, el orden público o los derechos de terceros. Las prohibiciones generales del velo integral en espacios públicos plantean dudas desde esta óptica, especialmente cuando afectan de forma específica a una minoría religiosa concreta.

La organización insiste además en que la igualdad de género no puede promoverse mediante restricciones generales de la autonomía personal. Si existen situaciones de coacción, la respuesta debe centrarse en mecanismos de protección frente a la violencia y el apoyo social, no en sanciones que limiten derechos individuales.

El precedente francés y el margen de apreciación

El precedente europeo más citado es Francia, que en 2010 prohibió cubrirse el rostro en espacios públicos. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la norma en el caso S.A.S. contra Francia, aceptando el argumento del “vivre ensemble” dentro del margen de apreciación estatal.

No obstante, organizaciones de derechos humanos criticaron tanto la ley como su validación judicial, señalando que afectaba a un grupo muy reducido de mujeres y que no existían pruebas concluyentes de una amenaza real para la convivencia. La experiencia posterior mostró efectos sociales complejos, incluyendo el posible aislamiento de algunas mujeres que optaron por reducir su presencia en espacios públicos para evitar sanciones.

En Andalucía, y particularmente en el Campo de Gibraltar, el debate adquiere una dimensión específica. Se trata de una de las zonas con mayor diversidad cultural de la comunidad autónoma, con una presencia significativa de población musulmana y una historia marcada por intercambios transfronterizos.

La Comisión Islámica de España se ha pronunciado advirtiendo que una prohibición del velo integral supondría una vulneración de derechos fundamentales y podría reforzar dinámicas de exclusión social. En territorios donde la convivencia intercultural forma parte de la realidad cotidiana, cualquier iniciativa legislativa de este tipo se percibe no solo como una medida normativa, sino como un mensaje político con efectos simbólicos.

¿Problema constatado o construcción política?

Una cuestión central es si estas propuestas responden a conflictos sociales documentados o si forman parte de una estrategia política más amplia. En el Campo de Gibraltar no se han registrado conflictos estructurales vinculados específicamente al uso del niqab que justifiquen una restricción generalizada.

En una democracia constitucional, la limitación de un derecho fundamental exige una carga probatoria sólida. Las políticas públicas deben basarse en evidencias objetivas y superar un examen estricto de necesidad y proporcionalidad.

El Estado tiene la obligación de proteger frente a la coacción, pero esa protección no puede transformarse en imposición. El respeto a la autonomía personal implica reconocer la capacidad de decisión de las mujeres musulmanas respecto a su vestimenta, siempre que no exista coacción demostrada.

La defensa de la igualdad y la seguridad no puede desvincularse del respeto a la diversidad religiosa. En sociedades pluralistas, la convivencia no se construye homogeneizando identidades, sino garantizando derechos en condiciones de igualdad.

El debate sobre la prohibición del burka en España —desde el Congreso hasta la Diputación de Granada y los municipios malagueños— interpela directamente al núcleo del Estado de derecho. No se trata únicamente de una prenda, sino de delimitar hasta dónde puede llegar el poder público en la regulación de la expresión individual de la identidad religiosa.

Desde la óptica de los derechos humanos, cualquier limitación debe superar un examen riguroso de necesidad y proporcionalidad. Los derechos fundamentales se ponen verdaderamente a prueba cuando protegen a minorías y cuando exigen resistir soluciones simplistas ante debates complejos.

En muchos territorios de Andalucía, como el Campo de Gibraltar y la provincia de Málaga, donde la diversidad es estructural, ese compromiso adquiere un significado especialmente profundo.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts, amb els vots de PP i Vox, una proposició no de llei (PNL) dels populars per instar el Govern central a prohibir l'ús del burca i el nicab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant entre dures crítiques de l'esquerra: mentre el diputat d'Unides Podem ha recriminat que la proposta “no té cap intenció alliberadora”, el PSIB-PSOE ha retret que la proposta obeeix, més que a una preocupació real pels drets de les dones, a una “guerra per veure qui és més racista i qui genera més odi”. No debades, la formació d'extrema dreta havia presentat esmenes per vetar el vel islàmic en la seva totalitat, no només l'integral, sota pretext que “la dignitat d'una dona no es pot mesurar amb centímetres de tela”.

Durant el debat de la PNL, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha carregat contra el contingut del text en considerar que la proposició ha estat “convenientment descafeïnada pel PP”, recordant que el seu grup va reclamar el passat mes de novembre vetar l'ús de tota vestimenta islàmica i establir un mecanisme de sanció i l'enduriment de les penes en aquest sentit, proposta a la qual es van oposar els conservadors. Tot i insistir en la defensa de la dignitat i els drets de les dones, Rodríguez ha articulat un discurs amb referències explícites a la seguretat al costat d'estereotips culturals i apel·lacions a la por: “Sota un burca pot anar un terrorista amb barba i no ens n'adonaríem”, ha asseverat, matisant a continuació que “l'important aquí no és només la qüestió de la seguretat”.

El parlamentari també ha rebutjat que l'ús del vel pugui considerar-se una elecció lliure, especialment en el cas de nenes, ironitzant que “el mes d'agost a Mallorca es tapen fins la gola perquè és un símbol de la seva llibertat”. “No estàn obligades ni pels seus pares, ni per la seva família. Ho fan lliurement”. A això ha sumat atacs directes als grups d'esquerres, als quals ha acusat d'“enmascarar” la discriminació de la dona per “aquesta xorrada de la multiculturalitat” i de ser “còmplices” de pràctiques que, al seu judici, no haurien de tenir cabuda en una societat democràtica. Així mateix, ha situat els populars en un “dilema” entre el seu discurs actual i posicions mantingudes anteriorment.

Per la seva banda, la diputada del PP Cristina Gil, encarregada de defensar la proposta, ha sostingut que “no es pot tolerar que hi hagi dones obligades a cobrir-se de peus a cap” i ha argumentat que un Estat democràtic “no pot mostrar-se indiferent davant models culturals, religiosos o tradicions contraris a principis innegociables com la igualtat, la dignitat i la llibertat”. La PNL també inclou una condemna explícita de pràctiques com el matrimoni forçat o la mutilació genital femenina, malgrat tractar-se, com ha subratllat el portaveu de Més per Mallorca Lluís Apesteguia, de pràctiques “ja incloses en el Codi Penal”, per la qual cosa ha considerat la iniciativa d'un mer exercici retòric sense contingut normatiu real.

“Posats a proposar obvietats, podríem proposar que el Parlament manifesti que els assassinats van contra la vida”, ha remarcat el diputat ecosobiranista, qui ha acusat PP i Vox de competir “per obtenir reditu electoral de la islamofòbia creixent que l'extrema dreta populista està fomentant”. Apesteguia ha incidit en que “sols els diferencia el grau, perquè la demagògia barata és exactament la mateixa”. “Entre la proposta del PP i la proposta de Vox no hi ha una òptica política diferent, sinó 15 gin-tònics de diferència. Un 'aguanta el cubata' de manual. Són vostès una còpia barata de Vox”, ha asseverat dirigint-se a la bancada popular.

Del mateix mode, ha subratllat que una prohibició generalitzada del vel islàmic no és una eina eficaç per abordar la seva imposició. “No es poden proposar solucions simplistes a problemes complexos”, ha recalcat el representant de Més per Mallorca, al·ludint a una sentència del Tribunal Suprem que adverteix que la prohibició del vel integral “pot acabar suposant una doble discriminació a les dones que el pateixen”. “Perquè si un home obliga la seva dona a posar-se un burca per anar al metge, què passarà si prohibim el burca al centre de salut? Que el seu marit segurament el que li prohibirà serà anar al metge”, ha conclós.

Per part seva, la diputada socialista Teresa Suárez ha qualificat el debat de “guerra per veure qui és més racista i qui genera més odi”, mentre que, des d'Unides Podem, José María García ha advertit que una decisió d'aquest calibre no s'hauria d'adoptar “sense tenir en compte les dones musulmanes”, recriminant que la iniciativa “no té una intenció alliberadora”, sinó que l'únic que busca és “atacar una religió”.

La proposta

Amb l'aprovació de la PNL, el Parlament balear insta el Govern d'Espanya a impulsar les reformes legislatives necessàries per prohibir l'ús del vel islàmic integral en tots els edificis i instal·lacions de titularitat pública. Aquest punt del text, que sosté que el burca constitueix una forma d'opressió i submissió contrària als drets fonamentals, la igualtat i la dignitat de les dones, ha tirat endavant amb els vots favorables de PP i Vox, el vot en contra d'Unides Podem i l'abstenció de la resta de grups.

El ple també ha aprovat, amb 36 vots a favor -PP, Vox, Més per Menorca i Podem- i 22 abstencions -Més per Mallorca i PSIB-, una declaració que considera els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina pràctiques contràries als valors bàsics de la societat espanyola i greument lesives per als drets fonamentals i la integritat de dones i nenes.

Finalment, la Càmara sol·licita a l'Executiu central i a la Unió Europea que estableixin normes, mecanismes sancionadors i un enduriment de les penes per castigar la imposició del vel integral, així com pràctiques com els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. En aquest darrer punt, PP, Vox i Unides Podem han votat a favor, Més per Mallorca s'ha abstingut i el PSIB s'ha posicionat en contra.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley (PNL) de los populares para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. La iniciativa ha salido adelante entre duras críticas de la izquierda: mientras el diputado de Unides Podem ha recriminado que la propuesta “no tiene ninguna intención liberadora”, el PSIB-PSOE ha reprochado que la propuesta obedece, más que a una preocupación real por los derechos de las mujeres, a una “guerra por ver quién es más racista y quién genera más odio”. No en vano, la formación de extrema derecha había presentado enmiendas para vetar el velo islámico en su totalidad, no solo el integral, so pretexto de que “la dignidad de una mujer no se puede medir con centímetros de tela”.

Durante el debate de la PNL, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha cargado contra el contenido del texto al considerar que la proposición ha sido “convenientemente descafeinada por el PP”, recordando que su grupo reclamó el pasado mes de noviembre vetar el uso de toda vestimenta islámica y establecer un mecanismo de sanción y el endurecimiento de las penas en este sentido, a lo que se opusieron los conservadores. Pese a insistir en la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres, Rodríguez ha articulado un discurso con referencias explícitas a la seguridad junto a estereotipos culturales y apelaciones al miedo: “Bajo un burka puede ir un terrorista con barba y no nos enteraríamos”, ha aseverado, matizando a continuación que “lo importante aquí no es solo la cuestión de la seguridad”.

El parlamentario también ha rechazado que el uso del velo pueda considerarse una elección libre, especialmente en el caso de niñas, ironizando que “en el mes de agosto en Mallorca se tapan hasta la gola porque es un símbolo de su libertad”. “No están obligadas ni por sus padres, ni por su familia. Lo hacen libremente”, ha continuado. A ello ha sumado ataques directos a los grupos de izquierdas, a los que ha acusado de “enmascarar” la discriminación de la mujer por “esa chorrada de la multiculturalidad” y de ser “cómplices” de prácticas que, a su juicio, no deberían tener cabida en una sociedad democrática. Asimismo, ha situado a los populares en un “dilema” entre su discurso actual y posiciones mantenidas anteriormente.

Por su parte, la diputada del PP Cristina Gil, encargada de defender la propuesta, ha sostenido que “no se puede tolerar que haya mujeres obligadas a cubrirse de los pies a la cabeza” y ha argumentado que un Estado democrático “no puede mostrarse indiferente ante modelos culturales, religiosos o tradiciones contrarios a principios innegociables como la igualdad, la dignidad y la libertad”. La PNL también incluye una condena explícita de prácticas como el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina, pese a tratarse, como ha subrayado el portavoz de Més per Mallorca Lluís Apesteguia, de prácticas “ya incluidas en el Código Penal”, por lo que ha considerado la iniciativa de un mero ejercicio retórico sin contenido normativo real.

“Puestos a proponer obviedades, podríamos proponer que el Parlament manifieste que los asesinatos van contra la vida”, ha remarcado el diputado ecosoberanista, quien ha acusado a PP y Vox de competir “por obtener rédito electoral de la islamofobia creciente que la extrema derecha populista está fomentando”. Apesteguia ha incidido en que “solo les diferencia el grado, porque la demagogia barata es exactamente la misma”. “Entre la propuesta del PP y la propuesta de Vox no hay una óptica política diferente, sino 15 gin-tonics de diferencia. Un 'aguanta el cubata' de manual. Son ustedes una copia barata de Vox”, ha aseverado dirigiéndose a la bancada popular.

Del mismo modo, ha subrayado que una prohibición generalizada del velo islámico no es una herramienta eficaz para abordar su imposición. “No se pueden proponer soluciones simplistas a problemas complejos”, ha recalcado el representante de Més per Mallorca, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo que advierte de que la prohibición del velo integral “puede acabar suponiendo una doble discriminación a las mujeres que lo sufren”. “Porque si un hombre obliga a su mujer a ponerse un burka para ir al médico, ¿qué pasará si prohibimos el burka en el centro de salud? Que su marido seguramente lo que le prohibirá será ir al médico”, ha concluido.

La diputada socialista Teresa Suárez ha calificado el debate de “guerra para ver quién es más racista y quién genera más odio”, mientras que, desde Unides Podem, José María García ha advertido de que una decisión de este calado no debería adoptarse “sin tener en cuenta a las mujeres musulmanas”, recriminando que la iniciativa “no tiene una intención liberadora”, sino que lo único que busca es “atacar una religión”.

La propuesta

Con la aprobación de la PNL, el Parlament balear insta al Gobierno de España a impulsar las reformas legislativas necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública. Este punto del texto, que sostiene que el burka constituye una forma de opresión y sumisión contraria a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres, ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, el voto en contra de Unides Podem y la abstención del resto de grupos.

El pleno también ha aprobado, con 36 votos a favor -PP, Vox, Més per Menorca y Podem- y 22 abstenciones -Més per Mallorca y PSIB-, una declaración que considera los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina prácticas contrarias a los valores básicos de la sociedad española y gravemente lesivas para los derechos fundamentales y la integridad de mujeres y niñas.

Finalmente, la Cámara solicita al Ejecutivo central y a la Unión Europea que establezcan normas, mecanismos sancionadores y un endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral, así como prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina. En este último punto, PP, Vox y Unides Podem han votado a favor, Més per Mallorca se ha abstenido y el PSIB se ha posicionado en contra.

Ja és mitja tarda i la foscor comença a tenyir cada una de les làpides del cementiri de Palma. El silenci que a aquelles hores inunda la necròpolis es veu, de sobte, interromput pels plors i les pregàries. Provenen del Jardí de l'islam, un discret racó on les tombes miren cap a la Meca. Són només 39, a penes una illa dins del monumental recinte funerari, per a una comunitat de més de 30.000 fidels. En aquell instant, una família està donant sepultura a un dels seus. “Aquí no hi cap ningú més”, es lamenta un dels presents mentre assenyala una filera ja completa.

La comunitat musulmana porta anys reivindicant una ampliació que mai arriba tot i les promeses polítiques. Malgrat la senzillesa del ritu islàmic (o halal) -integrat pel ghusl (rentat ritual del cos), el kafan (la mortalla), la inhumació en terra i l'orientació cap a la qibla -, la manca d'instal·lacions adequades -diluïdes entre propostes tècniques i expedients que no avancen- provoca que nombroses famílies continuïn enfrontant-se a un dilema el ressò del qual s'estén a municipis i ciutats de tot el país: on enterrar els seus morts quan l'espai s'esgota o, directament, no existeix?

Espanya compta amb uns 2,5 milions de ciutadans musulmans, d'acord a les xifres de l'Observatori Andalusí i la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya (UCIDE). De tots ells, el 44% són espanyols (convertits o nacionalitzats), el 37%, marroquins i la resta, pakistanesos, senegalesos i algerians, principalment. No obstant això, la infraestructura funerària -igual que altres prestacions bàsiques- no ha acompanyat l'increment de persones que professen l'islam: el 95% de les comunitats islàmiques no compten amb cementiri o almacbara i cinc autonomies -Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Galícia i Extremadura- no disposen de cap terreny per a això.

“L'Estat assumeix que els musulmans, igual que les altres confessions minoritàries amb arrelament a Espanya, tenen dret a ser enterrats als cementiris municipals i que els mateixos ajuntaments han d'adequar una part d'ells al ritu musulmà, però això no acaba de desenvolupar-se, assenyala el secretari general i representant legal de la Federació Espanyola d'Entitats Religioses Islàmiques (FEERI), Francisco Jiménez. En total, a penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme a la tradició musulmana entre els més de 17.800 repartits per tot el país. No obstant això, els espais existents estan saturats o les ordenances únicament permeten inhumar persones empadronades en aquest municipi, dificultant encara més l'accés als qui viuen a prop, però no estan inscrits oficialment allà.

A penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme al ritu islàmic entre els més de 17.800 repartits per tot el país

“Estem en uns llimbs”

En el cas de les Balears, encara que comparteix problemes comuns amb altres comunitats, el problema es viu de forma especialment dolorosa. Tan sols compta amb una parcel·la oficial, el Jardí de l'islam, per a tot el territori: no existeix cap terreny habilitat a Menorca, Eivissa o Formentera, la qual cosa, a la pràctica, situa l'arxipèlag en una posició similar a les regions en què no hi ha cap cementiri musulmà.

Des del seu impuls fa 16 anys, en aquest petit racó ubicat en un dels angles del cementiri de Palma, la saturació de l'espai és un problema recurrent. “Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou”, comenta Nur Bió, membre del centre cultural islàmic An-Nour. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Palma per confirmar aquest i altres extrems, però des del Consistori eludeixen fer declaracions al respecte.

Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou

Nur Bió — Membre del centre cultural islàmic An-Nou

Bió no oculta la seva indignació: “Estem parlant de ciutadans que viuen, paguen impostos i moren aquí. Potser en aquests moments sigui una cosa antielectoral, però volem que se'ns concedeixi el que ens és un dret fonamental a la comunitat musulmana. Estem en uns llimbs en què la gent continua naixent i continua morint, però continuem sent ciutadans d'una ciutat on no se'ns enterra”, expressa.

Abderrahim, representant de la Lliga Musulmana de Balears, assenyala en aquesta mateixa línia que, a les illes, hi ha nombrosos ciutadans que, a causa de les dificultats que troben per enterrar els seus familiars, estan comprant espais a València o a Múrcia per poder donar-los sepultura “perquè allà hi ha més facilitats”. Explica, a més, que, davant la manca d'espai al Jardí de l'Islam i els elevats costos de repatriació, hi ha mesquites que supleixen amb xarxes de suport comunitari la manca de resposta institucional. Entre aquestes pràctiques, des de fa anys s'organitzen col·lectes entre els fidels per ajudar les famílies que no poden assumir les despeses d'un enterrament o un trasllat.

A nivell estatal, organitzacions com UCIDE i plataformes com Entierro Digno -nascuda l'octubre de 2024 per reclamar la creació de llocs de sepultura per a les persones musulmanes- coincideixen a subratllar que, més enllà de la Constitució Espanyola i de les normatives que promouen la llibertat religiosa, l'habilitació d'espais adequats per a aquests enterraments està reconeguda per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual va ser aprovat l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya, pioner a Europa, però sense desenvolupament pràctic en molts territoris.

En aquest sentit, algunes de les reivindicacions específiques passen per modificar la normativa funerària perquè es puguin dur a terme enterraments sense fèretre, la rehabilitació dels cementiris musulmans construïts durant la Guerra Civil i l'habilitació de parcel·les en municipis en els quals, malgrat el volum de població musulmana existent, no compten amb un cementiri propi.

Es tracta d'un dèficit que obliga centenars de famílies a triar entre enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen -amb un cost que pot arribar a superar els 7.000 euros- o, en el pitjor dels casos, que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució adequada.

Les famílies tenen tres opcions: enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen o que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució

La necessitat d'aquest tipus d'espais es va fer més urgent amb la pandèmia de la COVID i l'increment del nombre de defuncions i encara més visible després de la mort del president de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) i d'UCIDE Riay Tatary, el 6 d'abril de 2020, després de dues setmanes ingressat a l'hospital madrileny de La Paz. Unos dies després, es publicava un informe inèdit -i crucial- sobre la situació dels cementiris per als musulmans elaborat per Mohamed Ajana Elouafi, secretari de la CIE, en què abordava els desafiaments per donar sepultura conforme al ritu halal en un moment crític com el d'aleshores.

Bloqueig polític

A Mallorca, el Jardí de l'islam va ser impulsat el 2009 després d'anys de reivindicacions de la comunitat musulmana. Fins aquell moment no existia a tot l'arxipèlag cap parcel·la on realitzar enterraments d'acord a la tradició islàmica, però la mort d'Abdelhadi Chabli, un argelí resident a Mallorca que havia expressat el seu desig de ser enterrat a l'illa i que, per manca d'espai, finalment va a haber de ser repatriat, va suposar un punt d'inflexió. El malestar generat i la cobertura del cas -impulsada per un periodista amic del finat- van activar un moviment social que va pressionar per habilitar un espai específic dins del cementiri palmesà.

El Jardí de l'Islam va néixer així com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, 16 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana.

El Jardí de l'Islam va néixer com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, més de 15 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana

Jiménez reconeix la seva frustració pel bloqueig polític. Cada canvi de govern ha significat “començar de zero”, fins i tot quan les ampliacions ja estaven negociades, com va succeir la passada legislatura, quan l'Ajuntament estava governat per PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Podem. En aquest sentit, retreu que, en l'actual mandat, amb PP i Vox al capdavant del Consistori palmesà, les qüestions relatives a la llibertat religiosa es converteixin en una batalla partidista. “L'ultradreta ha creat un ambient que ja s'havia superat i el PP juga molt amb això. ¿Per què? Perquè veu que li dóna vots”, assevera.

Per la seva banda, Nur Bió, que també és secretari d'una de les mesquites de Palma, explica que la comunitat porta un any i mig reclamant a l'Ajuntament l'habilitació de, com a mínim, 22 noves tombes com a pas previ a una ampliació més consistent. Es tracta d'un compromís anunciat públicament, però, lamenta Bió, no materialitzat: “Ni les 22 tombes ni l'ampliació s'han vist per cap costat”. Segons els seus càlculs, serien necessàries unes 120 tombes per a la població musulmana de Palma. En aquesta línia, critica que no s'està oferint a les famílies la possibilitat de mantenir els seus difunts en la tomba original, tot i que la llei exigeix respectar un mínim de cinc anys abans de dur a terme qualsevol exhumació.

La realitat econòmica: repatriar o endeutar-se

Les famílies amb menys recursos pateixen especialment aquesta situació. Segons Bió, quan algú faleix “el posen dos dies a la nevera i comencen a buscar diners per tot arreu” per repatriar-lo i les assegurances privades, que “moltes vegades prometen cobrir repatriacions, tampoc els ajuden”, assenyala. El cost mínim per traslladar un cos depèn de factors com el país de destinació, el transport aeri, el ataüt homologat i els permisos sanitaris i administratius, la qual cosa, segons fonts del sector, pot ascendir a més de 7.000 euros, unes xifres inassumibles per a moltes famílies. Una situació que, com afirma Maissoun Alhalabi, ciutadana síria resident a Mallorca, provoca autèntics drames: cossos que romanen dies sense destí i famílies que no poden complir els ritus bàsics de la seva religió.

“Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners. No tothom pot fer-ho”, incideix Maissoun. En el seu cas, va contractar una assegurança “perquè hi havia moltes dificultats per entrar a Síria”. “Jo em quedo més tranquil·la”, afirma.

Tant Bió com Jiménez subratllen que el ritu funerari musulmà no exigeix infraestructures costoses: només requereix orientació cap a la Meca, enterrament en terra i, preferentment, sense fèretre. Encara que la normativa espanyola obliga a usar taüt, la comunitat ho accepta com a solució adaptada. “No necessitem res especial”, insisteix Bió. “Només és fer-ho d'una altra manera”, afegeix. Jiménez, per la seva banda, subratlla que fins i tot es podrien optimitzar alguns aspectes tècnics, com dividir les tombes per permetre dos enterraments per unitat i dissenyar fèretres verticals concordes al ritu. “Les tombes es desaprofiten. Tenim un problema d'espai, però tampoc ens deixen buscar solucions”, emfatitza.

El cost de traslladar un cos a un altre país pot ascendir a més de 7.000 euros. 'Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners', comenta Maissoun Alhalabi, ciutadana siriana resident a Mallorca

Cartagena, el precedent judicial

Mentre a Palma l'estancament continua, altres ciutats han experimentat certs avenços o afrontat conflictes que exemplifiquen la situació en què es troben els musulmans a Espanya. El cas més recent és el de Cartagena (Múrcia), on un jutjat, mitjançant una sentència dictada el passat mes de juny, va obligar l'Ajuntament a habilitar una àrea per a enterraments conforme al ritu islàmic i d'acord a la normativa sanitària vigent després d'anys de reclamacions ignorades. La resolució va marcar un precedent important en aquest sentit, en reconèixer que la inacció administrativa pot suposar una vulneració de drets fonamentals en matèria religiosa. La Justícia atenia així la demanda interposada per la comunitat local, que compta amb prop de 30.000 fidels. Un mes després, Madrid anunciava l'habilitació d'una parcel·la de 15.000 metres quadrats en el cementiri sud de Carabanchel, però amb límits i solucions intermèdies.

En paral·lel, l'associació Entierro Digno, una de les plataformes més actives en la denúncia de la manca d'espais funeraris per a la comunitat musulmana a Espanya, ha impulsat el documental Descansa en Paz, una peça que posa rostre i veu a les famílies que es veuen obligades a repatriar els seus éssers estimats o a enterrar-los a centenars de quilòmetres per l'absència de parcel·les adequades als seus municipis. La filmació recull testimonis que expliquen l'impacte emocional i econòmic d'aquestes situacions, així com l'angoixa afegida que suposa no poder complir els ritus funeraris islàmics en un moment de dol. “A Espanya, milers de famílies musulmanes no saben on podran acomiadar els seus”, subratllen des de l'entitat.

Descansa en Paz s'ha convertit en una eina clau que, a través d'entrevistes, imatges de cementiris saturats i dades sobre la desigual implantació d'espais musulmans al territori espanyol, evidencia una realitat que durant anys ha romàs invisible per a gran part de la societat. El documental es nodreix, així mateix, de “decisions municipals, encerts, obstacles i la realitat d'un procés que gairebé mai s'explica, però marca una família per sempre”, com assenyalen des d'Entierro Digno, liderada per Mayson Douas.

A Palma, el Jardí de l'Islam -un rectangle diminut en un colosal cementiri- revela la magnitud del problema: manca planificació i una política funerària que tingui en compte la diversitat real de la població espanyola. Les làpides, alineades en silenci, semblen reforçar aquest argument. Cadascuna d'elles explica una història i recorda una vida mentre, més enllà dels murs del cementiri, les associacions i les famílies busquen que la seva problemàtica formi part de l'agenda institucional. “No volem privilegis, volem igualtat”, sentencien.

Es media tarde y la oscuridad comienza a teñir cada una de las lápidas del cementerio de Palma. El silencio que a esas horas inunda la necrópolis se ve, de repente, interrumpido por los llantos y los rezos. Proceden del Jardí de l'islam, un discreto rincón donde las tumbas miran hacia La Meca. Son solo 39, apenas una isla dentro del monumental camposanto, para una comunidad de más de 30.000 fieles. En ese instante, una familia está dando sepultura a uno de los suyos. “Aquí no cabe nadie más”, se lamenta uno de los presentes mientras señala una hilera ya completa.

La comunidad musulmana lleva años reivindicando una ampliación que nunca llega a pesar de las promesas políticas. Pese a la sencillez del rito islámico (halal) -integrado por el ghusl (lavado ritual del cuerpo), el kafan (la mortaja), la inhumación en tierra y la orientación hacia la qibla -, la falta de instalaciones adecuadas -diluidas entre propuestas técnicas y expedientes que no avanzan- provoca que numerosas familias continúen enfrentándose a un dilema cuyo eco se extiende en municipios y ciudades de todo el país: ¿dónde enterrar a sus muertos cuando el espacio se agota o, directamente, no existe?

España cuenta con unos 2,5 millones de ciudadanos musulmanes, de acuerdo a las cifras del Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De todos ellos, el 44% son españoles (convertidos o nacionalizados), el 37%, marroquíes y el resto, pakistaníes, senegaleses y argelinos, principalmente. Sin embargo, la infraestructura funeraria -al igual que otras prestaciones básicas- no ha acompañado al incremento de personas que profesan el islam: el 95% de las comunidades islámicas no cuentan con cementerio o almacbara y cinco autonomías -Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura- no disponen de terreno alguno para ello.

“El Estado asume que los musulmanes, al igual que las otras confesiones minoritarias con arraigo en España, tienen derecho a ser enterrados en los cementerios municipales y que los mismos ayuntamientos deben adecuar una parte de ellos al rito musulmán, pero esto no acaba de desarrollarse”, señala el secretario general y representante legal de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Francisco Jiménez. En total, apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro de acuerdo a la tradición musulmada entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país. Sin embargo, los espacios existentes están saturados o las ordenanzas únicamente permiten inhumar a personas empadronadas en ese municipio, dificultando aún más el acceso a quienes viven cerca, pero no están inscritos oficialmente allí. 

Apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro conforme al rito islámico entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país

“Estamos en un limbo”

En el caso de Balears, aunque comparte problemas comunes con otras comunidades, el problema se vive de forma especialmente dolorosa. Tan solo cuenta con una parcela oficial, el Jardí de l'islam, para todo el territorio: no existe ningún terreno habilitado en Menorca, Eivissa o Formentera, lo que, en la práctica, sitúa al archipiélago en una posición similar a las regiones en las que no hay ningún cementerio musulmán.

Desde su impulso hace 16 años, en este pequeño rincón ubicado en uno de los ángulos del cementerio de Palma, la saturación del espacio es un problema recurrente. “Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo”, comenta Nur Bió, miembro del centro cultural islámico An-Nour. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Palma para confirmar este y otros extremos, pero desde el Consistorio eluden hacer declaraciones al respecto.

Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo

Nur Bió — Miembro del centro cultural islámico An-Nou

Bió no oculta su indignación: “Estamos hablando de ciudadanos que viven, pagan impuestos y mueren aquí. Quizás en estos momentos sea algo antielectoral, pero queremos que se nos conceda lo que nos es un derecho fundamental a la comunidad musulmana. Estamos en un limbo en el que la gente sigue naciendo y sigue muriendo, pero seguimos siendo ciudadanos de una ciudad donde no se nos entierra”, expresa.

Abderrahim, representante de la Lliga Musulmana de Balears, señala en esta misma línea que, en las islas, hay numerosos ciudadanos que, debido a las dificultades que encuentran para enterrar a sus familiares, están comprando espacios en Valencia o en Murcia para poder darles sepultura “porque allí hay más facilidades”. Explica, además, que, ante la falta de espacio en el Jardí de l’Islam y los elevados costes de repatriación, hay mezquitas que suplen con redes de apoyo comunitario la falta de respuesta institucional. Entre tales prácticas, desde hace años se organizan colectas entre los fieles para ayudar a las familias que no pueden asumir los gastos de un entierro o un traslado.

A nivel estatal, organizaciones como UCIDE y plataformas como Entierro Digno -nacida en octubre de 2024 para reclamar la creación de lugares de sepultura para las personas musulmanas- coinciden en subrayar que, más allá de la Constitución Española y de las normativas que promueven la libertad religiosa, la habilitación de espacios adecuados para estos enterramientos está reconocida por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que fue aprobado el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, pionero en Europa, pero sin desarrollo práctico en muchos territorios.

En este sentido, algunas de las reivindicaciones específicas pasan por modificar la normativa funeraria para que se puedan llevar a cabo enterramiento sin féretro, la rehabilitación de los cementerios musulmanes construidos durante la Guerra Civil y la habilitación de parcelas en municipios en los que, pese al volumen de población musulmana existente, no cuentan con un camposanto propio.

Se trata de un déficit que obliga a cientos de familias a elegir entre enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen -con un coste que puede superar los 5.000 euros- o, en el peor de los casos, que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución adecuada.

Las familias tienen tres opciones: enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen o que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución

La necesidad de este tipo de espacios se hizo aún más acuciante con la pandemia de la COVID y el incremento del número de fallecimientos y aún más visible tras la muerte del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE) y de UCIDE Riay Tatary, el 6 de abril de 2020, tras dos semanas ingresado en el hospital madrileño de La Paz. Unos días después, se publicaba un informe inédito -y crucial- sobre la situación de los cementerios para los musulmanes elaborado por Mohamed Ajana Elouafi, secretario de la CIE, en el que abordaba los desafíos para dar sepultura conforme al rito halal en un momento crítico como el de entonces.

Bloqueo político

En Mallorca, el Jardí de l'islam fue impulsado en 2009 tras años de reivindicaciones de la comunidad musulmana. Hasta aquel momento no existía en todo el archipiélago ninguna parcela donde realizar enterramientos conforme al rito islámico, pero la muerte de Abdelhadi Chabli, un argelino residente en Mallorca que había expresado su deseo de ser enterrado en la isla y cuyo cuerpo tuvo que ser finalmente repatriado, supuso un punto de inflexión. El malestar generado y la cobertura del caso -impulsada por un periodista amigo del fallecido- activaron un movimiento social que presionó para habilitar un espacio específico dentro del camposanto palmesano.

El Jardí de l'Islam nació así como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 16 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana.

El Jardí de l'Islam nació como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 15 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana

Jiménez reconoce su frustración por el bloqueo político. Cada cambio de gobierno ha significado “empezar de cero”, incluso cuando las ampliaciones estaban ya negociadas, como sucedió en la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos. En este sentido, recrimina que, en el actual mandato, con PP y Vox al frente del Consistorio palmesano, las cuestiones relativas a la libertad religiosa se conviertan en una batalla partidista. “La ultraderecha ha creado un ambiente que ya se había superado y el PP juega mucho con eso. ¿Por qué? Porque ve que le da votos”, asevera.

Por su parte, Nur Bió, quien también es secretario de una de las mezquitas de Palma, explica que la comunidad lleva un año y medio reclamando al Ayuntamiento la habilitación de, como mínimo, 22 nuevas tumbas como paso previo a una ampliación más consistente. Se trata de un compromiso anunciado públicamente, pero, lamenta Bió, no materializado: “Ni las 22 tumbas ni la ampliación se han visto por ningún lado”. Según sus cálculos, serían necesarias unas 120 tumbas para la población musulmana de Palma. En esta línea, critica que no se está ofreciendo a las familias la posibilidad de mantener a sus difuntos en la tumba original, pese a que la ley exige respetar un mínimo de cinco años antes de llevar a cabo cualquier exhumación.

La realidad económica: repatriar o endeudarse

Las familias con menos recursos sufren especialmente esta situación. Según Bió, cuando alguien fallece “lo ponen dos días en la nevera y empiezan a buscar dinero por todos los lados” para repatriarlo y los seguros privados, que “muchas veces prometen cubrir repatriaciones, tampoco les ayudan”, señala. El coste mínimo para trasladar un cuerpo depende de factores como el país de destino, el transporte aéreo, el ataúd homologado y los permisos sanitarios y administrativos, lo que, según fuentes del sector, puede ascender a más de 7.000 euros, unas cifras inasumibles para muchas familias. Una situación que, como afirma Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca, provoca auténticos dramas: cuerpos que permanecen días sin destino y familias que no pueden cumplir los ritos básicos de su religión.

“Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero. No todo el mundo puede hacerlo”, incide Maissoun. En su caso, contrató un seguro “porque había muchas dificultades para entrar a Siria”. “Yo me quedo más tranquila”, afirma.

Tanto Bió como Jiménez subrayan que el rito funerario musulmán no exige infraestructuras costosas: solo requiere orientación hacia La Meca, entierro en tierra y, preferentemente, sin féretro. Aunque la normativa española obliga a usar ataúd, la comunidad lo acepta como solución adaptada. “No necesitamos nada especial”, insiste Bió. “Solo es hacerlo de otra manera”, añade. Jiménez, por su parte, subraya que incluso podrían optimizarse algunos aspectos técnicos, como dividir las tumbas para permitir dos enterramientos por unidad y diseñar féretros verticales acordes a la tradición. “Las tumbas se desaprovechan. Tenemos un problema de espacio, pero tampoco nos dejan buscar soluciones”, enfatiza.

El coste de trasladar un cuerpo a otro país puede ascender a más de 7.000 euros. 'Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero', comenta Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca

Cartagena, el precedente judicial

Mientras en Palma el estancamiento continúa, otras ciudades han experimentado ciertos avances o enfrentado conflictos que ejemplifican la situación en la que se encuentran los musulmanes en España. El caso más reciente es el de Cartagena (Murcia), donde un juzgado, mediante una sentencia dictada el pasado mes de junio, obligó al Ayuntamiento a habilitar un área para enterramientos conforme al rito islámico y de acuerdo a la normativa sanitaria vigente tras años de reclamaciones ignoradas. El fallo marcó un precedente importante en este sentido, al reconocer que la inacción administrativa puede suponer una vulneración de derechos fundamentales en materia religiosa. La Justicia atendía así la demanda interpuesta por la comunidad local, que cuenta con cerca de 30.000 fieles. Un mes después, Madrid anunciaba la habilitación de una parcela de 15.000 metros cuadrados en el cementerio sur de Carabanchel, pero con límites y soluciones intermedias. 

En paralelo, la asociación Entierro Digno, una de las plataformas más activas en la denuncia de la falta de espacios funerarios para la comunidad musulmana en España, ha impulsado el documental Descansa en Paz, una pieza que pone rostro y voz a las familias que se ven obligadas a repatriar a sus seres queridos o a enterrarlos a cientos de kilómetros por la ausencia de parcelas adecuadas en sus municipios. La filmación recoge testimonios que explican el impacto emocional y económico de estas situaciones, así como la angustia añadida que supone no poder cumplir los ritos funerarios islámicos en un momento de duelo. “En España, miles de familias musulmanas no saben dónde podrán despedir a los suyos”, subrayan desde la entidad.

Descansa en Paz se ha convertido en una herramienta clave que, a través de entrevistas, imágenes de cementerios saturados y datos sobre la desigual implantación de espacios musulmanes en el territorio español, evidencia una realidad que durante años ha permanecido invisible para gran parte de la sociedad. El documental se nutre, asimismo, de “decisiones municipales, aciertos, obstáculos y la realidad de un proceso que casi nunca se explica, pero marca a una familia para siempre”, como señalan desde Entierro Digno, liderada por Mayson Douas.

En Palma, el Jardí de l'Islam -un rectángulo diminuto en un colosal camposanto- revela la magnitud del problema: falta planificación y una política funeraria que tenga en cuenta la diversidad real de la población española. Las lápidas, alineadas en silencio, parecen reforzar este argumento. Cada una de ellas cuenta una historia y recuerda una vida mientras, más allá de los muros del camposanto. Las asociaciones y las familias buscan que su problemática forme parte de la agenda institucional. “No queremos privilegios, queremos igualdad”, sentencian.

Desde el comienzo del este curso, el instituto público Práxedes Mateo Sagasta de Logroño ha prohibido el uso de velo islámico en este centro, justificando el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC) que no permite acudir a clase “con la cabeza tapada”. Desde entonces, las alumnas se retiran el velo para entrar en clase, excepto una de ellas que se niega a hacerlo y ya ha sido expulsada por este motivo.

Eman ha llegado este curso al Sagasta para cursar 1º de Bachillerato. Cuenta que se enteró de la medida con la inscripción hecha, cuando no había posibilidad de marcha atrás y siendo además este centro educativo el único de La Rioja que ofrece el Bachillerato Internacional que ella había elegido y al que se accede con muy buen expediente académico y nivel de inglés. “El primer día tenía la esperanza de que no lo hicieran, pero nada más llegar me dijeron duramente que me quitara el velo”, recuerda. Aquello le dejó “asustada, presionada y en estado de shock”, por lo que accedió a retirarse el pañuelo durante la primera semana.

Sin embargo, tras valorarlo durante el fin de semana decidió “plantar cara” y entrar al instituto con el hijab, lo que terminó provocando este lunes la expulsión de un día de Eman. “Les respondí que era mi derecho fundamental de libertad religiosa y me negué a irme a casa, pero no sirvió”. Además, la dirección le avisó que con dos o tres expulsiones se abriría un expediente por el que podría perder el Bachillerato Internacional. Al igual que otras compañeras, ha presentado quejas en el centro y en la Consejería de Educación y ha reclamado su informe de expulsión que aún no le han entregado, pero ahora mismo no sabe qué más hacer: “No puedo enfrentarme a ellos (a la dirección del centro) porque mi futuro está en riesgo”. “Estoy preocupada, no se dónde ir ni lo que me va a pasar, me han paralizado y cada día siento que me están faltando el respeto”.

Este miércoles sus compañeros y compañeras han iniciado las movilizaciones contra la prohibición del velo con una recogida de firmas y una concentración, que ella ha preferido apoyar desde el otro lado ante la presión mediática de los últimos días. A las puerta del centro educativo, se han concentrado con un largo aplauso de apoyo a las jóvenes afectadas y proclamas como “No a la imposición, sí a la educación”, “Incluir sí, excluir no”, “Todos iguales, todos diferentes”.

El portavoz del alumnado y miembro también del Consejo Escolar, Aníbal San Martín, ha denunciado que esta situación “es muy complicada para las alumnas” y que “afecta negativamente a la diversidad cultural del centro”. Además, han considerado que “no se ha visibilizado por parte de los profesores” y solo unos pocos han tratado el tema en las clases. Las movilizaciones continuarán esta semana y se valorará cómo seguir actuando tras el periodo festivo por San Mateo.

Las asociaciones ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes), Asociación paquistaní de La Rioja, AMIN (Asociación Mundo Inmigrante), Arabella (Asociación de mujeres árabes en La Rioja), Asociación Faizan e Madina de Logroño y Asociación Gulzare Madina Logroño, fueron las primeras en alzar la voz para denunciar esta situación el primer día de curso, cuando las jóvenes se enteraron de esta normativa, después de años en los que podían llevar el hiyab sin problemas.

Además de denunciar que esta prohibición “atenta contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de DD.HH., el Convenio Europeo de DD. HH. y obvia una sentencia del tribunal supremo en de 2013”, las asociaciones criticaron que no se avisara a las familias a final del curso, impidiendo que las alumnas se matricularan en otros centros.

Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja respondió que la prohibición “se ajusta a derecho” y en todas las declaraciones públicas sobre estas cuestiones ,se han limitado a apelar a la “autonomía de los centros y sus reglamentos de funcionamiento”. En este centro en concreto, por lo tanto, “es el instituto en el que, de acuerdo con su Consejo Escolar, de acuerdo con toda su comunidad educativa, la que ha establecido una norma de vestimenta en cada uno de los mismos”, subrayó el portavoz del ejecutivo, Alfonso Domínguez. “A partir de ahí, por tanto, el Gobierno de La Rioja y la Consejería de Educación lo único que puede hacer es respetar la decisión que autónomamente ha tomado este centro”. Este medio ha intentado también hablar con la dirección del centro educativo tras la concentración del alumnado, pero no ha obtenido respuesta.

Desde la Universidad de La Rioja, la Clínica Jurídica y de Intervención Social ha elaborado un informe a la consulta del AMPA del instituto sobre la prohibición del velo islámico. El organismo ha concluido que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro no tiene cobertura legal suficiente y “no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin respaldo legal superior”. Además, recuerda que toda restricción a derechos fundamentales debe ser aprobada por ley orgánica, responder a un fin legítimo y ser proporcional, requisitos que, según recoge el informe, este reglamento “no cumple”.

La Clínica Jurídica entiende que “el uso del velo islámico constituye una manifestación de la libertad religiosa, con profundo significado espiritual, cultural y personal para muchas mujeres musulmanas” y que “la aconfesionalidad del Estado español implica neutralidad, no hostilidad hacia las religiones”, por lo que concluye que “prohibir símbolos religiosos personales en centros públicos contradice este principio”. El texto también alude a autores que puntualizan que “el problema principal se plantea con los velos impuestos a las niñas”, aunque añaden que “no se resuelve con una imposición que fuerza”. Sobre las consecuencias sociales y psicológicas, el informe recoge que “la prohibición puede provocar estigmatización, exclusión, ansiedad y abandono escolar, afectando negativamente la autoestima y el bienestar de las estudiantes”. “Las normas de convivencia deben promover la inclusión y el respeto a la diversidad. La prohibición del velo contradice estos principios y fomenta la discriminación”, concluye.

La prohibición del velo islámica este curso en el instituto público con más historia de La Rioja se ha encontrado con valoraciones encontradas. El equipo directivo parece mantenerse firme en su decisión y cuenta con el respaldo del Gobierno de La Rioja y mientras, parte del alumnado ha comenzado a protestar contra la medida ante la mirada Eman, alejada de la concentración apoyada en algunas compañeras. Mientras terminaba la protesta, desde el centro han cerrado la puerta de acceso.

El PSOE ha solicitado al Ayuntamiento de Jumilla que valore las posibles consecuencias legales y penales que podrían tener para el municipio la materialización del acuerdo aprobado por el PP sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana.

Los socialistas han recordado que el texto, que sustituía una moción de Vox que pedía la prohibición expresa de actos de la comunidad musulmana, podría “ser contrario al ordenamiento jurídico y discriminatorio, vulnerando los derechos fundamentales de libertad religiosa e igualdad de los artículos 16 y 14 de la Constitución Española, privando del uso de las instalaciones a vecinos de Jumilla por razón de su religión”.

“La competencia del Ayuntamiento para regular los espacios municipales no debería utilizarse para hacerlo prescindiendo de los límites constitucionales que supone el respeto del derecho fundamental de libertad religiosa”, han insistido desde el PSOE en la localidad.

En su solicitud los socialistas han abundado en que llevar a cabo la modificación instada, puede suponer la comisión del delito previsto en el artículo 511 del Código Penal por el Equipo de Gobierno y los Concejales que la apoyen, al suponer que con ello se estaría privando del uso de las instalaciones públicas a ciudadanos de Jumilla por razón de su religión. Esto, han recordado, iría en contra de la legalidad de uso de los bienes públicos, siendo una actuación discriminatoria, y en contra de los principios de aconfesionalidad y neutralidad del Estado, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa y a la igualdad.

La solicitud socialista viene después de que el Gobierno Central presentase un requerimiento al consistorio jumillano para que anule el acuerdo aprobado la semana pasada que prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana de la localidad.

El Ejecutivo ha argumentado que “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana: “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, ha explicado el Gobierno.

L’Ajuntament de València publicava dilluns en el Butlletí Oficial de la Província, en ple mes d’agost, l’anunci sobre el canvi de denominació de la ciutat proposat per l’equip de govern municipal i aprovat en ple pel Partit Popular i Vox el 22 de juliol passat. Ara, a penes dos anys després que el juny del 2023 s’impulsara el canvi de denominació a través d’una moció elevada al ple per l’acabada de nomenar alcaldessa llavors María José Catalá, s’obri un període de 20 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions.

El canvi se sustenta, tal com es recull en diversos documents adjunts en l’expedient de més de 850 pàgines, en les apòcrifes Normes del Puig, que estan avalades per institucions secessionistes en l’àmbit lingüístic com Lo Rat Penat o la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, adoptant la fórmula Valéncia en valencià, en contra del criteri avalat per l’estatutària Acadèmia Valenciana de la Llengua, i Valencia en castellà.

Sobre això, un informe del secretari municipal de l’Ajuntament de València, Hilario Llavador, adverteix que l’acord municipal “s’excedeix de les competències legals que s’atorguen al municipi, ja que la normativa lingüística a la Comunitat Valenciana la fixa l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d’acord amb el que es disposa en l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia” del 2006: “La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua serà d’aplicació obligatòria en totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana”. Per això, el jurista alerta que l’acord “infringiria l’ordenament jurídic”.

La decisió adoptada per l’equip de Govern de Partit Popular i Vox està avalada per un informe tècnic del lingüista i acadèmic de l’AVL Abelard Saragossà, adjudicat en contracte menor del departament municipal de Normalització Lingüística per un import de 2.000 euros (IVA inclòs), tal com es reflecteix en l’expedient. Es dona la circumstància que Saragossà defensava la postura contrària, l’accent obert de València, en l’article ‘Sobre les causes de les pronúncies del nom de la capital valenciana’, publicat el març del 1998 en el butlletí de la Societat Onomàstica.

Saragossà, a més, critica en el seu escrit –el principal argument en què se sustenta el criteri del consistori per a justificar el canvi de denominació de la capital valenciana– el dictamen redactat per l’AVL el 2016 que va justificar en aquella ocasió –amb Joan Ribó d’alcalde i Compromís, el PSPV i València en Comú en el govern municipal– l’adopció de la denominació València com a nom oficial de la ciutat. A més, en aquesta ocasió, l’executiu local de María José Catalá no ha sol·licitat un informe a la mateixa Acadèmia.

A més, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), integrat per les universitats d’Alacant, València i Jaume I de Castelló, aprovava de manera unànime un document d’al·legacions davant l’Ajuntament per a defensar el manteniment del topònim oficial ‘València’: “El topònim forma part de la regularitat ortogràfica del valencià i de la identitat col·lectiva del poble valencià”. “Alterar-lo sense criteris filològics consolidats suposa una fractura cultural i lingüística que no té cap justificació”, adverteixen, i afigen que la modificació “dificultaria l’aprenentatge i provocaria confusió entre la població”.

El Ayuntamiento de València publicaba este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, en pleno mes de agosto, el anuncio sobre el cambio de denominación de la ciudad propuesto por el equipo de gobierno municipal y aprobado en pleno por Partido Popular y Vox el pasado 22 de julio. Ahora, apenas dos años después de que en junio de 2023 se impulsara el cambio de denominación a través de una moción elevada al pleno por la entonces recién nombrada alcaldesa María José Catalá, se abre un período de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones.

El cambio se sustenta, tal y como se recoge en diversos documentos adjuntos en el expediente de más de 850 páginas, en las apócrifas Normas del Puig, que están avaladas por instituciones secesionistas en el ámbito lingüístico como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana, adoptando la fórmula Valéncia en valenciano, en contra del criterio avalado por la estatutaria Acadèmia Valenciana de la Llengua, y Valencia en castellano.

A este respecto, un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de València, Hilario Llavador, advierte que el acuerdo municipal “se excede de las competencias legales que se le otorgan al municipio, ya que la normativa lingüística en la Comunitat Valenciana la fija la Acadèmia Valenciana de la Llengua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Estatut d'Autonomia” de 2006: “La normativa lingüística de L’Acadèmia Valenciana de la Llengua será de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana”. Por ello, el jurista alerta que el acuerdo “infringiría el ordenamiento jurídico”.

La decisión adoptada por el equipo de Gobierno de Partido Popular y Vox está avalada por un informe técnico del lingüista y académico de la AVL Abelard Saragossà, adjudicado en contrato menor del departamento municipal de Normalización Lingüística por un importe de 2.000 euros (IVA incluido), tal y como se refleja en el expediente. Se da la circunstancia de que Saragossa defendía la postura contraria, el acento abierto de València, en el artículo 'Sobre les causes de les pronúncies del nom de la capital valenciana', publicado en marzo de 1998 en el boletín de la Societat Onomàstica.

Saragossà, además, critica en su escrito -el principal argumento en el que se sustenta el criterio del consistorio para justificar el cambio de denominación de la capital valenciana- el dictamen redactado por la AVL en 2016 justificar en aquella ocasión -con Joan Ribó de alcalde y Compromís, PSPV i València en Comú en el gobierno municipal- la adopción de la denominación València como nombre oficial de la ciudad. Además, en esta ocasión, el ejecutivo local de María José Catalá no ha solicitado un informe a la propia Acadèmia.

Además, el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV), integrado por las universidades de Alicante, València y Jaime I de Castelló, aprobaba de forma unánime un documento de alegaciones ante el Ayuntamiento para defender el mantenimiento del topónimo oficial 'València': “El topónimo forma parte de la regularidad ortográfica del valenciano y de la identidad colectiva del pueblo valenciano”. “Alterarlo sin criterios filológicos consolidados supone una fractura cultural y lingüística que no tiene justificación alguna”, advierten, para añadir que la modificación “dificultaría el aprendizaje y provocaría confusión entre la población”.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada a un imán de Figueres (Girona) acusado de maltratar a menores a los que impartía clases relacionadas con la religión musulmana. Fue la comunidad islámica local la que expulsó y denunció al religioso.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 5 de Figueres, en funciones de guardia, recibió al detenido, por supuestos delitos de lesiones, coacciones y malos tratos. El magistrado acordó la libertad del arrestado y que reste a disposición del juzgado siempre que sea requerido.

Agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos arrestaron al sospechoso hace una semana tras una investigación que se inició en octubre del 2024 y que se prolongó hasta mayo de 2025. Los delitos por los que se le investiga son coacciones, malos tratos y lesiones a los menores de la mezquita, pero se ha descartado que el religioso pronunciara discursos radicales.

Los miembros de la comunidad musulmana local alertaron a los Mossos de que el imam había agredido físicamente a niños. El religioso había llegado a Figueres hace unos dos años.

Tras el paso a disposición judicial, el procedimiento se enviará a reparto para designar cuál será el juzgado de instrucción de Figueres que seguirá con la tramitación de la investigación.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha entregado este martes el Premio Emakunde a la Igualdad a las asociaciones IMME-Asociación para la integración de las mujeres musulmanas, y AMUGE-Asociación para la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas, por “visibilizar y atender las múltiples formas de discriminación que viven tanto las mujeres gitanas como las mujeres musulmanas”. En un acto celebrado en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria, el premio ha sido recogido por Tamara Clavería, integrante de AMUGE; y Djamila Zereib, integrante de IMME, de manos del lehendakari, que ha estado acompañado de la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

En su intervención, el lehendakari ha afirmado que el empoderamiento de las mujeres es “un eje fundamental de las políticas” vascas y ha advertido de que “sin ese paso, no hay igualdad posible”. “Tampoco sin el firme compromiso de nosotros, los hombres, y este es un desafío que nos interpela a todas y también a todos nosotros”, ha resaltado. En este sentido, ha reivindicado el programa Gizonduz, el Servicio vasco para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad que recientemente Emakunde ha renovado, porque “interpela a los hombres”. “Este es un camino compartido”, ha añadido.

También ha destacado “el papel de las asociaciones en este camino” y “especialmente el de quienes trabajan con mujeres que en muchos casos quedan además en los márgenes de la sociedad o están en situaciones de mayor vulnerabilidad”. “Asociaciones como las que hoy reconocemos, AMUGE e IMME, ofrecéis una red social que amortigua la desigualdad, además de que ofrecéis muchísimas herramientas para que la voz de las mujeres sea realmente escuchada”, ha resaltado antes de agradecer su labor por su “trabajo imprescindible”.

Asimismo, ha alertado de “la batalla cultural que están dando los populismos y la ultraderecha en contra del movimiento a favor de la igualdad de las mujeres y de la igualdad real de las mujeres y los hombres”. “Lleva tiempo ocurriendo de manera menos manifiesta y más latente; están intentando corroer el marco de igualdad y de empoderamiento de las mujeres que intentamos construir en este país desde hace décadas”, ha insistido.

Al respecto, ha subrayado “la importancia de trasladar a las nuevas generaciones, a las y los más pequeños, a las y los más jóvenes, la idea de que queremos que decidan su futuro sin limitaciones de género” y cree que “para ello es necesario que tengan referentes y en el caso de las chicas, mujeres cuyo impacto en la sociedad sea además visible y sea reconocido”. “Las dos asociaciones que hoy habéis sido premiadas contribuís a que muchas chicas, a muchas mujeres reivindiquen su protagonismo activo en esta sociedad y que se conviertan también en referentes”, ha resaltado.

La directora de Emakunde, por su parte, ha recordado que la Ley de Igualdad vasca entre sus principios generales, “recoge la interseccionalidad como enfoque inspirador de la intervención pública”. “AMUGE e IMME tienen carácter colectivo y una mirada interseccional necesaria para describir las múltiples vulnerabilidades que atraviesan las mujeres. Ambas asociaciones nos muestran claramente que las mujeres no cabemos en una categoría homogénea”, ha señalado.

Elgarresta ha destacado la labor de las dos asociaciones para “desterrar roles y estereotipos”. “Desde Emakunde agradecemos vuestra labor prestando ayuda a mujeres que están condicionadas y limitadas como consecuencia de los estereotipos y los prejuicios existentes aún en nuestra sociedad”, ha destacado.

Emakunde ha destacado que la Asociación Intercultural para la promoción y el empoderamiento de las mujeres Gitanas de Euskadi es un colectivo “pionero en llevar a cabo un proceso de cambio y evolución hacia un enfoque feminista e independiente, desprendiéndose de la tutela masculina”. “La asociación pone el acento en el trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres gitanas en Euskadi, desde una perspectiva del 'feminismo dialógico gitano', en el que confluyen la lucha contra el antigitanismo y contra la violencia machista”, ha señalado.

Además, ha resaltado que “el impacto significativo a través de programas de empoderamiento, salud y formación en género, así como en la lucha contra la discriminación y la violencia machista, han sido argumentos determinantes para la concesión de este Premio”. Las Escuelas de empoderamiento “Tu voz cuenta”, el proyecto de nuevas masculinidades para hombres gitanos, la investigación de la historia de las mujeres gitanas o la visibilización de la criminalización que sufren en espacios públicos a través de publicaciones como “Nos persiguen”, son algunas de sus iniciativas.

Por otro lado, ha explicado que la labor de la Asociación de Integración de Mujeres Musulmanas en la Sociedad Vasca “se centra en el empoderamiento económico de las mujeres, capacitándolas en habilidades laborales” y ha explicado que sus programas educativos “han incrementado el acceso a la formación y la alfabetización, mejorando las perspectivas de futuro de muchas mujeres y sus familias”.

“La asociación ha trabajado para dar voz a las mujeres musulmanas, promoviendo sus derechos y fomentando su participación en la toma de decisiones en sus comunidades. Destacan los proyectos centrados en la sensibilización sobre la violencia de género, proporcionando recursos y apoyo a mujeres, además de influir en la formulación de políticas en las que las voces de las mujeres musulmanas sean consideradas en los procesos de toma de decisiones”, ha indicado. Por último, ha subrayado que, “desde su diversidad, esta organización, realiza una importante aportación al avance de la igualdad de mujeres y hombres, a través de sus acciones, trabajos o proyectos”.

Mucho se ha hablado sobre la entrega de las llaves de Granada de las manos del último rey nazarí, Boabdil, a los Reyes Católicos en 1492, en lo que la historia ha venido en llamar La Reconquista. Mucho se ha contado sobre aquello, forjando una imagen de impunidad en la actuación castellana sobre unos musulmanes completamente entregados. Pero ahora, la historia empieza a recuperar vestigios y pruebas de lo que pasó tras aquella conquista granadina. La suerte que corrieron quienes vivían a los pies de la Alhambra y no profesaban el cristianismo: acabaron repudiados en La Alpujarra y, después, reprimidos y deportados tras una guerra para defender sus propias señas de identidad que, que, ahora, historiadores del equipo liderado por Blas Ramos, arqueólogo por la Universidad de Granada (UGR), están sacando a la luz en tierras alpujarreñas.

En el corazón de La Alpujarra granadina, arqueólogos de la UGR han sacado a la luz restos clave para comprender uno de los episodios más cruentos de la historia de aquella España de finales de la Edad Media: la represión contra los moriscos en el siglo XVI por parte de la corona. En Bérchules han aparecido estructuras militares, cerámicas y fortificaciones que ofrecen una nueva perspectiva sobre la resistencia de esta población, perseguida por el rey Felipe II, bisnieto de los Reyes Católicos, hasta su expulsión definitiva de la península unas décadas después.

Este hallazgo no es un hecho aislado. Desde los años 80, y muy especialmente en el último lustro, se han identificado en la zona restos de la Guerra de las Alpujarras, un conflicto que se extendió entre 1568 y 1571 y que fue la respuesta desesperada de los moriscos, expulsados de Granada capital, ante la represión que les prohibía mantener sus costumbres y religión. En lugares como Juviles y Órgiva ya habían aparecido indicios de esa resistencia, pero en Bérchules se ha localizado un campamento en el llamado Tajo del Reyecillo, una zona escarpada donde los moriscos se refugiaban para evitar ser detectados y desde donde controlaban el valle. Una fortificación que algunos historiadores, erróneamente, relacionaban con la dinastía nazarí, desaparecida casi un siglo antes de que esta se construyese.

Uno de los aspectos más relevantes de este hallazgo es que el Tajo del Reyecillo es el lugar donde, según cuentan las leyendas, fue capturado Abén Aboo, el último líder morisco, lo que marcó el fin definitivo de la guerra en 1571

Blas Ramos, arqueólogo de la UGR y coordinador de la investigación, explica que los restos encontrados revelan cómo estos grupos construían empalizadas y utilizaban armas de fuego para resistir. “No se situaban en la parte alta del peñón como en un castillo tradicional, sino que se ocultaban en recovecos y abrigos naturales, lo que les permitía defenderse sin ser fácilmente localizados”, señala. “Sabemos que aquí hubo un enfrentamiento durísimo. Los castellanos los atacaron desde arriba, descolgándose con cuerdas y rodeándolos. Fue una matanza”.

El Tajo del Reyecillo era un enclave estratégico. “Desde aquí podían controlar los pasos de la sierra y evitar ser asediados con facilidad. Lo que hemos encontrado no es una fortificación típica, sino una estructura de defensa improvisada, pensada para la supervivencia en un entorno hostil”, explica Ramos. “En el suelo han aparecido restos de cerámica del siglo XVI, estructuras de piedra seca que parecen haber servido como barricadas y evidencias de que aquí se produjo un asedio prolongado. También encontramos botones de uniformes, lo que indica la presencia de tropas organizadas”.

Guerrilleros y familias escondidas

Uno de los aspectos más relevantes de este hallazgo es que el Tajo del Reyecillo es el lugar donde, según cuentan las leyendas, fue capturado Abén Aboo, el último líder morisco, lo que marcó el fin definitivo de la guerra en 1571. “Gracias a los documentos escritos sabemos que este campamento era utilizado por el último cabecilla de la rebelión, quien fue entregado a las tropas castellanas por sus propios correligionarios para finalizar la guerra”, señala Ramos.

Los investigadores, tras cotejarlo con la documentación que tenían en su poder, encontraron restos de lo que pudo ser una zona de refugio, con vestigios de viviendas improvisadas dentro de los recovecos del terreno. “Es probable que aquí se ocultaran no solo guerrilleros, sino también familias enteras que intentaban sobrevivir en condiciones extremas”, apunta Ramos. “El hecho de que encontremos restos de alimentación y útiles domésticos sugiere que este no era solo un punto defensivo, sino también un lugar de resistencia cotidiana”.

Pero la violencia contra los moriscos no terminó con la derrota militar. Ramos recuerda que la Guerra de las Alpujarras no fue solo una rebelión, sino un conflicto que acabó con la destrucción total de comunidades enteras. “Hay registros de cómo los soldados incendiaban cuevas donde se refugiaban familias enteras para asfixiarlas vivas. En la zona de la Contraviesa sabemos que una de estas cuevas contenía los restos de decenas de personas que murieron así”, cuenta. “Los relatos de la época describen ejecuciones masivas, desplazamientos forzosos y un intento sistemático de borrar a los moriscos de la historia. No estamos hablando solo de una guerra, sino de un exterminio”.

Se estima que entre 80.000 y 90.000 moriscos fueron desplazados forzosamente de La Alpujarra tras la derrota, una diáspora que los dispersó por toda la península en condiciones de extrema precariedad, hasta que finalmente fueron expulsados por el rey Felipe III a principios del siglo XVII

Las cifras son estremecedoras. Se estima que entre 80.000 y 90.000 moriscos fueron desplazados forzosamente de La Alpujarra tras la derrota, una diáspora que los dispersó por toda la península en condiciones de extrema precariedad, hasta que finalmente fueron expulsados por el rey Felipe III a principios del siglo XVII. Al menos 20.000 personas murieron en la guerra, muchas de ellas masacradas en emboscadas y asedios como el de Bérchules. “Estamos ante una de las mayores limpiezas étnicas de nuestra historia”, afirma Ramos. “Este no fue solo un episodio de violencia militar, sino una operación sistemática para erradicar a una población entera de su territorio. Y eso es algo que aún no se ha asumido del todo en el relato histórico oficial”.

Una historia ocultada

A pesar de la crudeza de este episodio, la arqueología ha tardado en prestarle atención. “Durante mucho tiempo, la Guerra de las Alpujarras ha sido vista como un episodio secundario dentro de la historia de España”, lamenta Ramos. “En parte, porque la visión oficial siempre ha estado marcada por una perspectiva colonial. Se nos ha contado que los moriscos fueron simplemente derrotados y expulsados, pero la realidad es que hubo una resistencia feroz y una represión brutal. Y eso es lo que estamos sacando a la luz ahora”. Una perspectiva contra los moriscos que también ha marcado a la población auctóctona de La Alpujarra, hasta hace no demasiado tiempo señalada como una población inferior, herencia de aquel recuerdo medieval de las luchas entre religiones.

El estudio también ha servido para comprender mejor cómo se organizaba la resistencia morisca. “Se ha documentado que utilizaban técnicas militares heredadas de los nazaríes, con estructuras defensivas adaptadas al entorno montañoso y un sistema de comunicación entre distintos refugios”, explica Ramos. “Esto explica cómo pudieron aguantar tanto tiempo pese a estar en inferioridad numérica”.

En La Alpujarra aún quedan muchas huellas por descubrir. Ramos menciona que en lugares como Jubiles hay fortificaciones que apenas han sido excavadas y que en los archivos históricos siguen apareciendo referencias a enclaves donde podría haber restos humanos. “Sabemos que los moriscos intentaron huir por la sierra y que muchos murieron en el camino. Hay historias de batallas, de emboscadas, de pueblos arrasados. Y cada cierto tiempo, nuevos hallazgos confirman que todo esto no es solo leyenda”, dice.

El trabajo de la UGR ha puesto sobre la mesa la necesidad de seguir explorando estos episodios de la historia, muchas veces olvidados o reinterpretados bajo una mirada que minimiza la violencia ejercida sobre los moriscos. Mientras tanto, el paisaje de La Alpujarra sigue guardando en su interior la memoria de quienes lucharon hasta el final por su derecho a existir en la tierra que siempre fue su hogar. “Cada fragmento de cerámica, cada estructura que encontramos, nos habla de personas que resistieron con todo lo que tenían”, concluye Ramos. “No eran solo víctimas: eran gente que luchó hasta el último momento por su supervivencia. Y eso es algo que no podemos permitirnos olvidar”.

Cada mes, Meryem recorre más de 200 kilómetros para visitar el lugar donde descansan los cuerpos de su padre y su hermano. La mujer, española de religión musulmana, tiene que desplazarse desde Majadas de Tiétar (Extremadura) hasta el camposanto de Griñón (Madrid) para rezar por sus familiares. No pudo enterrar a sus allegados más cerca porque no existe ningún cementerio musulmán en su comunidad autónoma a pesar de que la normativa española obliga a los municipios a garantizar el derecho a una sepultura digna, independientemente de cual sea su religión.

La situación vivida por Meryem es cada vez más habitual en distintas regiones de España. A día de hoy, seis comunidades carecen de un cementerio musulmán: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura. En 2022, Madrid se unió a la lista después de que fuesen ocupadas todas las plazas de su único cementerio para musulmanes, en Griñón. El hecho de no contar con un lugar próximo acarrea a las familias afectadas costes elevados ligados a los traslados entre las comunidades, una preocupación que se suma al peso emocional que supone la pérdida de un ser querido. Según Puerto García, subdirectora de Pluralismo y Convivencia, los motivos por los que no hay parcelas musulmanas se debe a la complejidad administrativa de los permisos sanitarios pero, también, a la falta de voluntad política.

Meryem sabe que, a corto plazo, en su pueblo no va haber un cementerio para ellos: “Si somos de aquí, nos gustaría tener un espacio para nosotros, pero no creo que se haga”. Con resignación, la mujer cuenta que, para ser un pueblo pequeño (1.293 habitantes en 2023), la comunidad musulmana de Majadas de Tiétar es “relativamente grande, pero el resto de ciudadanos no están muy abiertos a otras religiones”.

Su hermano falleció antes que su padre por un accidente de tráfico. Cuando se percataron de que no había espacio en su comunidad para poder celebrar el entierro según los ritos musulmanes (sin féretros, bajo tierra y con orientación a la Meca), pensaron en la repatriación, como sucede a muchos musulmanes españoles, “pero no nos dejaron porque sucedió cuando había restricciones por coronavirus”. Fue entonces cuando recurrieron a la única opción posible: enterrar a sus familiares en Madrid, el cementerio musulmán más próximo cuando aún contaba tenía plazas libres, a pesar de la distancia.

En los primeros meses Meryem y su familia viajaban en tren. “Mi hermano murió de un accidente de coche y no me sentía capaz de conducir. Cogíamos varios trenes hasta llegar ahí [cementerio de Griñón], que tampoco es que sea muy céntrico. Ahora ya vamos en coche porque ya me siento capaz y también tardamos menos”. El viaje desde Majadas de Tiétar en transporte público hasta el cementerio es de unas seis o siete horas, dependiendo del día y la hora. En coche, el tiempo se reduce a una hora y 48 minutos.

“Me siento más de aquí que de ahí, ¿sabes?”, cuenta esta joven que llegó a España con apenas un año. Como la mayoría de musulmanes que crecen o nacen en España, la repatriación ya no tiene mucho sentido: “He crecido aquí y mis familiares están aquí y me gustaría tener un cementerio dentro de la comunidad [autónoma] para poder visitar a mis familiares. Nos gustaría a todos”, insiste.

Coste económico

Además del coste emocional, el traslado de un cuerpo de una comunidad a otra también supone un elevado coste económico. La familia de Meryem cuenta que pagó cerca 5.000 euros por cuerpo para los traslados, aunque los precios pueden variar en función de los días que se va tramitando del desplazo entre comunidades, según explican delegaciones territoriales de la Comisión Islámica de España (CIE) a elDiario. Para las familias que no disponen de este dinero, los seres queridos recurren a donaciones recaudadas dentro de la comunidad.

Un ejemplo es el de Sanussi Kamara. Este joven de 38 años falleció de un infarto este 2024, semanas antes de empezar el Ramadán. “Hacía más de 10 años que vivía en Madrid pero no tenía papeles”, cuenta Elahi Mohammad Fazle, presidente de la asociación Valiente Bangla y quién se encargó de la gestión del cuerpo. “Su tío, la persona más cercana a él, vivía en Portugal”.

Cuando no hay familiares cercanos es la comunidad musulmana la que responde: “Hacemos una recolecta y cada uno pone lo que quiere. Ya sean cinco o diez euros. Los entierros son una cuestión muy sagrada en el Islam”, sigue contando Fazle. “La intención era trasladarlo a Griñón, pero como no hay espacio, finalmente, lo enterramos en el cementerio municipal de Burgos”.

Hasta 2022, Griñón era la primera opción para las comunidades cercanas a Madrid que no tienen ninguna parcela musulmana en su comunidad. A la espera de la reestructuración del cementerio de Carabanchel –que supuestamente acondicionará una parcela de 10.000 metros cuadrados para inhumaciones musulmanas– el cementerio municipal de Burgos o el de Valencia son las opciones para muchos madrileños musulmanes por su cercanía.

Conocer sus derechos

Maysoun Douas, exconcejala de Más Madrid y promotora de Entierro Digno, organización no gubernamental que trabaja para la igualdad de derechos, asegura que el principal problema es que no hay un criterio unificado en todos los municipios que establezca el derecho a un entierro digno independientemente de tu religión.

Con la llegada de la democracia y el fin de la dictadura, España se definió como un país “aconfesional”, respetuoso de la libertad religiosa. En 1980, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa estableció el derecho a recibir una sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos. A medida que crecieron las comunidades evangélicas, musulmanas y judías, en 1992 el Ministerio de Justicia suscribió los Acuerdos de Cooperación con estas tres confesiones religiosas que garantizan el derecho a parcelas reservadas para entierros en cementerios municipales, así como la posibilidad de tener cementerios propios.

“Si lo dice la ley, ¿por qué es tan difícil que nos podamos sepultar según nuestras creencias?”, se cuestiona Fazle de Valiente bangla. “Podemos ser ciudadanos, pero no tenemos los mismos derechos”.

“Desconocemos si en ese osario se van a respetar los ritos musulmanes”, aseguró Douas. "Lo que no tiene sentido es hacer un cambio para la comunidad sin tener en cuenta a la comunidad"

Maysoun Douas — exConcejala de Más Madrid y promotora de Entierro Digno

Douas asegura que la disparidad normativa entre comunidades autónomas junto con la “falta de voluntad política deja muchas fisuras abiertas” que dan pie a “injusticias y desequilibrios que más tarde son difíciles de gestionar”. Pese a ello, Douas también reconoce que, pese a la lentitud, “se están haciendo avances”, como por ejemplo las ampliaciones de parcelas en algunos cementerios municipales que ya han llenado el número de sepulturas musulmanas disponibles.

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Griñón publicó el cambio de reglamento para el cementerio musulmán. En este, se informaba a los familiares de los cuerpos enterrados hace más de 13 años que, entre otras medidas, en caso de no proceder a la renovación del título funerario, se procedería a traspasar los cuerpos en un osario. “Desconocemos si en ese osario se van a respetar los ritos musulmanes”, dice Douas. “Lo que no tiene sentido es hacer un cambio para la comunidad sin tener en cuenta a la comunidad”, denuncia.

En septiembre, Entierro Digno presentó sus alegaciones contra el nuevo Reglamento que regula los servicios funerarios y cementerios en Madrid, argumentando que el texto actual “no respeta adecuadamente las necesidades de la comunidad musulmana”. Según la organización, de los 25 cementerios existentes en Madrid, “ninguno está adaptado para las prácticas funerarias musulmanas”. Su petición hace hincapié en el respeto de los ritos musulmanes, respetar los derechos de las personas musulmanas así como también establecer algunas modificaciones que beneficien a las personas sin recursos.

“La solicitud no es un privilegio religioso, sino una garantía de igualdad de acceso a un derecho fundamental”, alegan desde la organización. Además, también critican que la falta de información y recursos “genera una carga emocional y económica adicional para las familias musulmanas, quienes, en casos extremos, han tenido que mantener cuerpos en cámaras frigoríficas durante meses mientras buscan soluciones”.

Douas considera que para lograr más cambios es imprescindible que “la comunidad musulmana sea consciente de su derecho a ser enterrada dignamente”.

Acuerdos paralizados

Procedente de Cartagena, Ana María Lozano es una de ese millón de personas musulmanas españolas que viven en España. Se convirtió al Islam hace 16 años y también fue una de las voces cantantes que luchó para que en Cartagena se construyera un cementerio con parcelas reservadas para musulmanes.

Pese a ser la quinta región con más población musulmana, Murcia tan solo cuenta con un único cementerio habilitado para difuntos de credo musulmán: el Nuestro Padre Jesús, en Espinardo. En 2023, con el cambio de gobierno en la comunidad, el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por el Partido Popular y VOX, detuvo la propuesta de habilitar parcelas musulmanas en el Cementerio Nuestra Señora de los Remedios (Cartagena), una iniciativa que había sido aprobada anteriormente por el gobierno socialista y la misma por la que Ana María había trabajado. “Ya no sabemos nada más”, asegura a este medio.

La cancelación del proyecto en Cartagena refleja los obstáculos burocráticos a los que se enfrenta la comunidad musulmana en España. En regiones como Madrid, Murcia, Extremadura o Galicia, los avances en la habilitación de parcelas para entierros musulmanes han sido paralizados.

Adel Najjar vive en Extremadura desde hace más de 40 años. Actualmente, es el delegado territorial de la Comisión Islámica de España y el imam de Badajoz desde el 2000. También fue uno de los promotores del acuerdo firmado entre la Comisión Islámica de Extremadura y el Gobierno de Badajoz en 2019. En este documento, se reconocía el derecho de los musulmanes a ser enterrados según sus ritos, aunque con ciertas restricciones sanitarias, como el uso obligatorio del féretro con la posibilidad de hechar tierra dentro. Si bien el acuerdo fue paso adelante, Adel asegura a elDiario que “todo está parado” y que sigue habiendo “gente que enterrar”, pero no pierde sus “esperanzas” con la Junta de Badajoz.

Otro ejemplo en punto muerto es el de Galicia. En diciembre de 2023 esta comunidad aceptó realizar inhumaciones en tierra y sin féretro, una decisión aparentemente resolutiva si no fuera porque “no hay cementerios donde realizar los entierros”, asegura Mustafa Alhendi, delegado territorial de la comisión en Galicia.

Parte del problema es que muchos ayuntamientos –quienes al final tienen la última palabra– "les cuesta encajar la diversidad religiosa dentro de sus responsabilidades” por su “desconocimiento” sobre los ritos musulmanes

Puerto García — Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Aunque la cuestión del féretro es importante según los ritos musulmanes “hay comunidades que no son muy exigentes y que están abiertas a alternativas mientras los gobiernos de las Comunidades Autónomas revisen su normativa mortuoria”, sostiene Óscar Salguero, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense y autor de varios trabajos sobre la cuestión funeraria musulmana. “Mientras ello sucede, en lugares como Zaragoza el ataúd lleva unos agujeritos que permiten el contacto con la tierra”. Pero “lo más importante para ellos [las personas musulmanas] es tener cementerios en aquellos sitios en los que aún no se cuenta con uno más o menos cercano”, explica Salguero a este medio.

Hacer inhumaciones sin féretro está permitido por Real Decreto en Castilla y León, Asturias, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana , Ceuta y Melilla. Sin embargo, en la mayoría de sus provincias a excepción de Córdoba, Zaragoza, Canarias, C. Valenciana, Ceuta y Melilla, las autoridades competentes piden como requisito que la persona a sepultar esté censada en la misma comunidad o provincia, una complicación más para las personas que no viven cerca de un cementerio con parcelas musulmanas.

Un ‘gazpacho normativo’

Maria Dolores Asensi es presidenta del Observatorio de Servicios Funerarios, una plataforma consultiva de las organizaciones funerarias. Entre sus objetivos destaca la necesidad de actualizar la única ley estatal de servicios funerarios de España: el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, una ley que data en 1974. Es decir, una política “preconstitucional que, por el momento de su confección, no apuesta por la garantía de libertad religiosa”.

Para Asensi, el principal problema es la “heterogeneidad normativa” que del sistema de competencias transferidas a las Comunidades Autónomas que genera un “gazpacho normativo”, comenta Asensi. “No es lo mismo fallecer en una comunidad que otra”.

“No es cuestión de capricho" y que “si hay una sola persona en el municipio pide una parcela, el ayuntamiento debe respetar sus deseos”

Puerto García — Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Estas disparidades hicieron que, en 2018, el Ministerio de Sanidad estableciera una Guía de Consenso entre Comunidades Autónomas; un documento de recomendación y no de obligación sobre la política de sanidad mortuoria. Esto se traduce en que, al final, cada comunidad tiene la libertad de decidir si seguir las recomendaciones o no.

Según explica a elDiario.es la Fundación Pluralismo y Convivencia, entre las causas se encuentra la resistencia de muchos ayuntamientos –institución que tiene la última palabra– a asumir “la diversidad religiosa dentro de sus responsabilidades” debido al “desconocimiento” de los ritos musulmanes por parte de las administraciones públicas. Aunque la mayoría de cementerios en España están pensados para ser nichos y no inhumaciones bajo tierra, subdirectora de la entidad, Puerto García, recalca que se trata de un derecho de quien lo necesite. “Si hay una sola persona en el municipio pide una parcela, el ayuntamiento debe respetar sus deseos”, sostiene.

En julio de 2023, el Defensor del Pueblo envió una carta al Ministerio de Sanidad subrayando la necesidad urgente de actualizar la Guía de Consenso para permitir que las tradiciones islámicas se respeten en los cementerios municipales, especialmente en cuanto a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios.

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad, sostiene que partes de la guía de consenso de 2018 “están desfasadas y que se han dejado fuera aspectos importantes”. Gullón también aseguró que el hecho de que no haya cementerios musulmanes es un ejemplo “de racismo en salud pública”. Consecuentemente, desde el Ministerio de Sanidad aseguran que “las comunidades ya se ha reunido varias veces para actualizar la Guía de Consenso”, pero también reiteraron “la libertad [de las comunidades] de seguir o no las recomendaciones de la nueva guía, ya que el cumplimiento de la medida es competencia depende de cada comunidad autónoma”.

La tasa de cementarios se actualiza en la nueva ordenanza y tendrá un coste de más del doble para los enterramientos según el rito musulmán. Tras varios años sin actualizar, la tasa está incluida en el nuevo Proyecto de Ordenanzas Fiscales, que entrará en vigor el 1 de enero y presenta diferencias por ritos.

En concreto, la tasa general será de 223,40 euros (en la sepultura de niños y neonatos la tasa es más baja). Esto supone una subida en la tasa general de un 2,6%, lo que corresponde al IPC de agosto, “lo mínimo posible”, señalan desde el Ayuntamiento de Logroño. A este preció habrá que sumar 350 euros más para las sepulturas según el rito musulmán.

Según explican desde el Ayuntamiento de Logroño, la sepultura es distinta y es que se necesita una importante cantidad de tierra que se deposita en una capa por encima de los cuerpos o los féretros. Por ello, supone un servicio y coste diferentes a los ritos cristianos, que el Ayuntamiento subcontrata, e incluye la tierra necesaria, su traslado con maquinaria y su descarga.

Logroño cuenta con cementerio musulmán en el camposanto municipal desde 2009 y, tras años de demandas por falta de espacio, en 2022 se habilitó una superficie mayor. También explican fuentes municipales que la tasa de cementarios no había subido hasta ahora porque el cementerio musulmán porque, cuando se puso en marcha no dio tiempo a incluirlo en la última ordenanza, la del año 2023. Ahora los ritos musulmanes de sepultura supondrán 350 euros más porque, aseguran desde el consitorio, “es la diferencia del coste”.

Marian Aretio, miembro de la comunidad musulmana de Logroño y una de las impulsoras de la construcción del cementerio, explica que, en general, el rito funerario islámico se cumple en Logroño. La única diferencia es que esta religión recoge el enterramiento del cuerpo envuelto en un sudario y directamente en la tierra y en La Rioja la normativa de Sanidad Mortuoria no lo permite y exige que se haga con ataúd por cuestiones sanitarios. Aunque, recuerda Aretio, “otras comunidades autónomas, la última Galicia, están modificando sus normativas para permitirlo; simplemente requiere un estudio para asegura que no hay aguas subterráneas”.

Las sepulturas son siempre individuales y están orientadas hacia La Meca. En el cementerio antiguo de Logroño se excavaba directamente la tierra y en nuevo, las fosas están construidas con hormigón con el requisito de que la parte de abajo sea de tierra. Después se tiene que rellenar con tierra el espacio que queda entre el ataúd y la lápida y de ahí la necesidad de una cantidad mayor de tierra, que sube la tasa en Logroño.

Cuando alguien fallece, según el rito funerario islámico, dos miembros de la famillia, del mismo sexo que la persona difunta, la lavan, amortajan y perfuman y después, se realiza un acompañamiento con oración hasta el momento de la sepultura. Durante el entierra, también se realiza una breve oración.

En la comunidad musulmana es habitual que las personas cuenten con un seguro de repatriación y, sobre todo en las personas mayores, se trasladaban los restos fúnebres al lugar de origen. “Pero las personas jóvenes se siente más autóctonas y ya se piensa en enterrarse en la ciudad en la que vives y están tus hijos porque los musulmanes tenemos tradición de visitar a los difuntos”, explica Marian Aretio, que puntualiza que estos seguros cubren tanto la repatriación como el rito en la ciudad en la que se vive.

Mientras hay provincias que todavía no tienen cementerio musulmán, Logroño lo tiene desde 2009 y desde hace dos años, con un nuevo espacio ampliado y dignificado en el que se cumplen las condiciones que marca la religión islámica, aunque ahora con un coste superior a los esterramientos cristianos.

Al menos 550 personas han muerto durante la peregrinación a La Meca o 'hach', que este año ha vuelto a desarrollarse con temperaturas elevadas, según ha informado la agencia AFP.

Al menos 323 de los fallecidos eran egipcios, la mayoría de ellos víctimas de enfermedades relacionadas con el calor, según han contado a la agencia francesa diplomáticos árabes que coordinan la respuesta de sus países. “Todos ellos [los egipcios] murieron a causa del calor”, excepto uno que sufrió heridas mortales durante un pequeño tumulto de gente, dice uno de ellos. Al menos 60 jordanos han muerto, de acuerdo con la misma fuente, frente a los 41 de los que había informado Ammán.

El total de fallecidos en la morgue de Al-Muaisem, una de las más grandes de la ciudad saudí es de 550.

El calor llegó a alcanzar temperaturas entre los 45 y los casi 50 grados, con altas tasas de humedad, según el Centro Nacional de Meteorología saudí. El lunes se registraron en la ciudad saudí de La Meca y en el valle de Mina temperaturas que oscilaban entre los 49 y los 51,8 grados.

El Ministerio de Salud saudí registró 2.764 casos de estrés por calor desde el viernes hasta el domingo, pero en ningún momento ha informado del fallecimiento de ninguna persona durante estas jornadas.

Durante esta semana de peregrinación y rituales bajo un sol abrasador en La Meca y el valle de Mina, han muerto también varias personas de Irán y Túnez, según recoge la agencia EFE.

La participación de casi dos millones de peregrinos llegados de todo el mundo conlleva también aglomeraciones multitudinarias que, en años anteriores, han derivado en estampidas en las que centenares de fieles perdieron la vida, como sucedió en 2006, cuando murieron 365 personas.

El año pasado, varios países informaron de la muerte de al menos 240 peregrinos, la mayoría indonesios.

El 'hach', uno de los cinco pilares del islam, es obligatorio al menos una vez en la vida para cada musulmán cuya salud y recursos se lo permitan.

“Volem preservar la nostra identitat”, “resistirem qualsevol intent de canviar el que som”, “volem Fartàritx així com és”... Són algunes de les proclames que han pogut escoltar-se i llegir-se aquests dies en diversos cartells penjats en els filats de un solar abandonat del municipi mallorquí de Manacor. És el terreny on ha posat la mirada la comunitat musulmana de la localitat com a possible enclavament on construir una nova mesquita que li doni cabuda. Una idea que des de Vox han aprofitat per propalar el que consideren un pacte encobert entre l'Ajuntament d'esquerres i la població islàmica, mentre el PP alerta de suposats problemes de saturació. Nombrosos veïns s'han posat en peu de guerra contra una iniciativa que ni tan sols s'ha arribat a formalitzar.

A 42 quilòmetres de Palma, Manacor, el nom del qual ressona a l'imaginari col·lectiu com el municipi que va veure néixer Rafa Nadal, és molt més que la localitat natal del tennista mallorquí. No en va, aquesta urbs amb títol de ciutat des de fa més de cent anys, situada al llevant de Mallorca, va engendrar a principis del segle XX la primera fàbrica de perles artificials i és bressol d´un ingent patrimoni històric, cultural i arqueològic. Compta amb prop de 44.000 habitants, 6.643 estrangers. Unes 4.500 persones practiquen la confessió musulmana. Antany, Manacor va ser el districte de més superfície de Mallorca quan aquesta va passar a dependre, l'any 903, del Califat de Còrdova.

Aquests dies, les consultes efectuades per la comunitat islàmica Attbchir i Attaaoun sobre la possibilitat de projectar un nou temple ha encès les 'alarmes' al municipi. Després que sortís a la llum l'interès mostrat per un terreny ubicat a la cèntrica barriada de Fartàritx, les protestes no es van fer esperar i un actiu grup de veïns, esperonats per les crítiques de Vox -que titlla d'“aberració” que es doni llum verda a la iniciativa-, van sortir al carrer per mostrar la seva indignació, tot i que no s'ha registrat cap proposta formal sobre la construcció hipotètica del santuari.

“Si fos una discoteca, ningú no s'hauria queixat”

“Si fos una discoteca, ningú s'hauria queixat”, profereix Abderrahim -nom fictici, ja que prefereix mantenir l'anonimat- abans d'accedir a la mesquita amb què, actualment, compta la comunitat musulmana a Manacor, un petit immoble dins el qual pràcticament ja no hi tenen cabuda. Són les 12.59 hores i, juntament amb altres ciutadans de la mateixa confessió, Abderrahim acudeix a la seva cita puntual amb el Dhuhr, el segon dels cinc precs que practiquen diàriament.

Caminar pels carrers limítrofes a l'actual mesquita és travessar, entre una intensa olor d'espècies, adoberies, restaurants, kebabs, basars i altres negocis amb nom àrab. Tot i això, pocs volen parlar sobre la polèmica suscitada. “La gent, sobretot migrant, ve a treballar, vol tranquil·litat i res més”, expressa, en declaracions a aquest mitjà, el secretari general i representant legal de la Federació Espanyola d'Entitats Religioses Islàmiques (FEERI), Francisco Jiménez, visiblement indignat davant de la deriva que ha adoptat el debat sobre la construcció o no d'un nou edifici de pregària.

Caminar pels carrers limítrofes a l'actual mesquita de Manacor és travessar, entre una intensa olor d'espècies, adoberies, restaurants, kebabs, basars i altres negocis amb nom àrab. Tot i això, pocs volen parlar sobre la polèmica suscitada

Segons el parer de Jiménez, ferm defensor de la igualtat entre diferents confessions religioses, es tracta d'actituds que ataquen la convivència de les persones “siguin d'una creença, origen o ideologia o una altra”. “L'única cosa que es busca és l'expulsió de l'altre. I al final som tots ciutadans, ens agradi o no ens agradi, i estem convivint junts. I el més important és l'esperit de societat. Si no tens això, no tens res” .

Les mesquites, emparades per Llei a Espanya

Jiménez assenyala que a Espanya és “perfectament” legal construir una mesquita i així ho recolzen les lleis, sempre que, com en el cas de qualsevol altra activitat, es compleixin les normes urbanístiques. Més enllà de la Constitució Espanyola i de les normatives que promouen la llibertat religiosa, la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual va ser aprovat l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya, pioner a Europa, atorga protecció jurídica a aquests temples i consolida el dret dels musulmans a tenir “llocs de culte” on desenvolupar la seva religiositat: “A tots els efectes legals, són mesquites o llocs de culte de les Comunitats Islàmiques pertanyents a la Comissió Islàmica d'Espanya els edificis o locals destinats de forma exclusiva a la pràctica habitual de l'oració, formació o assistència religiosa islàmica, quan així se certifiqui per la Comunitat respectiva, amb la conformitat de la dita Comissió”, assenyala la normativa.

No només això. L'acord ratifica que aquests llocs -sempre que estiguin registrats per la Comissió Islàmica d'Espanya- tenen inviolabilitat en els termes establerts per les normatives espanyoles. Per aquest motiu, en cas que, per exemple, hagin de ser sotmesos a una expropiació forçosa, haurà de ser abans escoltada prèviament la Comissió Islàmica i no podran ser demolits “sense ser prèviament privats del seu caràcter sagrat, a excepció dels casos previstos a les lleis per raons d'urgència o perill”. De la mateixa manera, la Llei garanteix que els musulmans puguin tenir els seus propis cementiris, alimentació halal, festius religiosos per celebrar o classes de religió islàmica als centres educatius públics.

Esglésies al Marroc

Un dels al·legats que esgrimeixen els més crítics amb la construcció de mesquites a Espanya és que al Marroc -o a qualsevol altre país musulmà- “no deixarien construir una església”, com aquests dies s'ha pogut escoltar a Manacor. Res més lluny de la realitat. Segons dades oficials del Vaticà, i seguint l'exemple del Marroc, aquest país compta amb una població de 23.000 residents de confessió catòlica, quatre bisbes, quinze sacerdots diocesans, una quarantena de religiosos, deu religiosos no sacerdots i cinc entre missioners laics i catequistes, distribuïts en dues circumscripcions eclesiàstiques i 35 parròquies. D'acord, a més, a la Diòcesi de Tànger, hi ha una trentena de comunitats amb 154 germanes a dos monestirs: clarisses i carmelites. Hi ha també un monestir, el dels trapencs de La nostra Senyora de l'Atlas, hereu dels màrtirs de Tibhirine.

Un dels al·legats que esgrimeixen els més crítics amb la construcció de mesquites a Espanya és que al Marroc -o a qualsevol altre país musulmà- "no deixarien construir una església". Tot i això, aquest país compta amb parròquies, bisbes i religiosos

El 2019, a més, el Marroc va celebrar l'Any Jubilar amb ocasió dels 800 anys de presència dels franciscans al Marroc. Als actes va acudir en viatge apostòlic el Papa Francesc. Aquesta comunitat compta amb 21 germans procedents de dotze països. Nombroses ordres religioses atenen, entre d'altres, ambulatoris, dispensaris, menjadors socials, orfenats i centres de promoció de la dona. Paradoxalment, com assenyala l'historiador Ramón Lourido Díaz, van ser les pròpies autoritats politicoreligioses musulmanes les que, al segle XIII, van reintroduir el cristianisme al Marroc, on havia estat desaparegut durant tres centúries.

Sobre la possible construcció d'una nova mesquita a Manacor, Jiménez advoca per confrontar opinions i que l'Ajuntament, en cas que finalment valori la possibilitat d'edificar-la, dugui a terme una trobada en què es doni veu als representants de els musulmans i la resta de ciutadans que hi estiguin tant a favor com en contra. “Cal avançar en aquesta direcció, encara que políticament no interessi pels vots que es puguin guanyar o perdre”, assenyala.

“Trasfons islamòfob històric”

Per la seva banda, Guillem Balboa, coordinador de la CNAAE (Comunitat Negra Africana i Afrodescendent) i membre del moviment Regularització JA, assevera que la construcció d'una mesquita “genera sempre tota una sèrie de reaccions soterrades”: “Per més que al·leguin que es tracta d'un problema de saturació o qualsevol altre motiu, mai no s'admet el rerefons subjacent i que moltíssimes vegades és xenòfob i racista. Són qüestions molt complexes. Mallorca ja no tornarà a ser la Mallorca dels rebesavis ni dels besavis. Tot i això, les administracions públiques no atenen prou una realitat que de facto ja hi és: el fet que estem vivint en societats multiètniques i multiculturals”.

Per més que s'al·legui un problema de saturació contra la construcció d'una mesquita, mai no s'admet el rerefons subjacent i que moltíssimes vegades és xenòfob i racista

Guillem Balboa — Coordinador de CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente)

Balboa, que es va convertir el 2017 en el primer batle d'origen africà a Balears i ha viscut en les seves pròpies carns episodis racistes -fa uns quants anys van llançar un xai negre agonitzant dins del seu habitatge-, lamenta que gran part de la responsabilitat de que es produeixin aquestes situacions és deguda a una “deixadesa en termes generals” per part de l'administració pública. I es mostra convençut que la polèmica a Manacor no s'hauria desfermat si s'hagués tractat “d'una futura església, d'un centre anglicà o d'un centre de tecnificació d'un esportista d'alt nivell”, en al·lusió vetllada a la macro acadèmia-hotel que Rafa Nadal va fer construir-hi el 2016, i per a l'ampliació de la qual dos anys després se'n van agilitar els tràmits incloent-hi una esmena a la llei balear d'habitatge.

Balboa recrimina, en el cas de Manacor, que “s'està generant una societat que, de facto, es troba prou segregada. Són dues comunitats que viuen completament completament d'esquena i, quan això passa, és molt fàcil que a la llarga derivi en conflictes que, a més, són conseqüència de circumstàncies que no s'estan atenent”. El que fos primer regidor de la localitat d'Alaró assenyala que no es tracta d'incidents sobtats: “En aquest país hi ha un rerefons islamòfob històric, darrerament encoratjat pels discursos d'odi de l'extrema dreta”. Un dels últims successos ha tingut lloc a Aragó, on el seu vicepresident regional va muntar un xou per denigrar la població musulmanatrencant un fullet informatiu sobre el Ramadà.

Sobre la possible futura mesquita, des de l'Ajuntament, governat per Més-Esquerra, asseguren a elDiario.es que no han rebut cap proposta formal per a la construcció del nou temple, sinó que la comunitat musulmana s'ha limitat a fer una consulta sobre les possibilitats del terreny ubicat a Fartàritx. Amb tot, mostren la seva sorpresa davant d'una resposta “mai vista” davant d'un projecte que ni tan sols està sobre el paper. Assenyalen que, en cas que finalment es presenti algun tipus d'iniciativa en aquest sentit, el departament d'Urbanisme analitzarà si compleix els requisits pertinents i la normativa vigent, com qualsevol altre tipus d'activitat.

Mentrestant, un centenar de ciutadans busca fer front comú contra la possible construcció al·legant-hi problemes de mobilitat i, fins i tot, que l'edificació de la mesquita els aboqui a viure en un altre lloc per veure minvat el seu “sentiment de benestar”. Neguen que en les seves reivindicacions hi hagi cap tint racista i asseguren que s'expressarien en els mateixos termes de voler projectar-se a la zona “una església cristiana o una discoteca”, atès que els problemes de saturació i trànsit “serien els mateixos” en una barriada “ja congestionada”.

Un centenar de ciutadans alçats contra la possible construcció neguen que en les seves reivindicacions hi hagi cap tint racista i asseguren que s'expressarien en els mateixos termes de voler projectar-se a la zona "una església cristiana o una discoteca"

La presència islàmica a Balears

La d'Attbchir i Attaaoun és tan sols una de les nombroses comunitats islàmiques instaurades a Balears, que durant el segle XX va comptar amb una presència esporàdica de famílies musulmanes -comerciants algerians i residents del Pròxim Orient, principalment-, per, a partir dels vuitanta, començar a implantar-s'hi a poc a poc. Actualment, segons les últimes dades de l'INE, un total de 69.661 musulmans resideixen a les illes, originaris, principalment, del Marroc (28.972), de la resta d'Espanya (26.927), Senegal (5.014), Pakistan (2.172, la migració del qual) a l'arxipèlag és molt més recent), Nigèria (2.095) i Algèria (1.305). Unes setanta entitats islàmiques conviuen a les Balears.

No obstant, la presència musulmana a l'arxipèlag no és ni de bon tros recent. El 903, l'emirat de Còrdova va conquistar Mallorca, convertint-se la ciutat de Palma, Madina Mayurqa, en una de les més extenses i dinàmiques. Durant tres segles, i sota la tutela de diferents entitats polítiques, intricats carrers de terra van prendre forma més enllà de les antigues muralles romanes i els habitants van veure-hi construir l'Alcassaba Reial i la Suda, una quarantena de mesquites, cases de tàpia, banys públics, abeuradors, socs, forns i barbacanes. La conquesta cristiana per part de les tropes de Jaume I el 31 de desembre del 1229 va posar fi a l'esplendor d'aquella ciutat musulmana de la Mediterrània.

Formades per uns mil homes, les tropes de la Corona d'Aragó van irrompre a l'actual capital balear esborrant al seu pas tot vestigi islàmic: calia inventariar tota la riquesa de l'illa i distribuir-la entre els conqueridors (des de l'alta noblesa catalana passant per la prelatura eclesiàstica, les Ordres Militars, la petita noblesa, els cavallers o la comunitat jueva). En l'actualitat, unes 17 antigues mesquites han pogut ser identificades sobre el plànol, tenint en compte que els conqueridors cristians tendien a construir les seves esglésies sobre els temples musulmans, cosa que explicaria, com passa amb la Catedral de Mallorca, que moltes mantinguin avui la seva orientació cap a la Meca.

“Queremos preservar nuestra identidad”, “resistiremos cualquier intento de cambiar lo que somos”, “queremos Fartàritx así como es”... Son algunas de las proclamas que han podido escucharse y leerse estos días en varios carteles colgados en las desvencijadas alambradas de un solar abandonado del municipio mallorquín de Manacor. Es el terreno en el que ha puesto la mirada la comunidad musulmana de la localidad como posible enclave en el que construir una nueva mezquita que le dé cabida. Una idea que desde Vox han aprovechado para propalar lo que consideran un pacto encubierto entre el Ajuntament de izquierdas y la población islámica, mientras el PP alerta de supuestos problemas de saturación. Numerosos vecinos se han puesto en pie de guerra contra una iniciativa que ni siquiera ha llegado a formalizarse.

A 42 kilómetros de Palma, Manacor, cuyo nombre resuena en el imaginario colectivo como el municipio que vio nacer a Rafa Nadal, es mucho más que la localidad natal del tenista mallorquín. No en vano, esta urbe con título de ciudad desde hace más de cien años, situada en el levante de Mallorca, alumbró a principios del siglo XX la primera fábrica de perlas artificiales y es cuna de un ingente patrimonio histórico, cultural y arqueológico. Cuenta con cerca de 44.000 habitantes, 6.643 de ellos extranjeros. Unas 4.500 personas practican la confesión musulmana. Antaño, Manacor fue el distrito de mayor superficie de Mallorca cuando ésta pasó a depender, en el año 903, del Califato de Córdoba.

Estos días, las consultas efectuadas por la comunidad islámica Attbchir Y Attaaoun sobre la posibilidad de proyectar un nuevo templo ha encendido las 'alarmas' en el municipio. Después de que saliera a la luz el interés mostrado por un terreno ubicado en la céntrica barriada de Fartàritx, las protestas no se hicieron esperar y un activo grupo de vecinos, espoleados por las críticas de Vox –que tilda de “aberración” que se dé luz verde a la iniciativa–, salieron a la calle para mostrar su indignación, a pesar de que no se ha registrado ninguna propuesta formal acerca de la hipotética construcción del santuario.

“Si fuese una discoteca, nadie se habría quejado”

“Si fuese una discoteca, nadie se habría quejado”, profiere Abderrahim –nombre ficticio, ya que prefiere mantener el anonimato– antes de acceder a la mezquita con la que, en la actualidad, cuenta la comunidad musulmana en Manacor, un pequeño inmueble en el que prácticamente ya no tienen cabida. Son las 12:59 horas y, junto a otros ciudadanos de la misma confesión, Abderrahim acude a su cita puntual con el Dhuhr, el segundo de los cinco rezos que practican de forma diaria.

Caminar por las calles aledañas a la actual mezquita es atravesar, entre un intenso olor a especias, curtidurías, restaurantes, kebabs, bazares y otros negocios con nombre árabe. Sin embargo, pocos quieren hablar sobre la polémica suscitada. “La gente, sobre todo migrante, viene a trabajar, quiere tranquilidad y nada más”, expresa, en declaraciones a este medio, el secretario general y representante legal de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Francisco Jiménez, visiblemente indignado ante la deriva que ha adoptado el debate sobre la construcción o no de un nuevo edificio de oración.

Caminar por las calles aledañas a la actual mezquita de Manacor es atravesar, entre un intenso olor a especias, cortidurías, restaurantes, kebabs, bazares y otros negocios con nombre árabe. Sin embargo, pocos quieren hablar sobre la polémica suscitada

A juicio de Jiménez, firme defensor de la igualdad entre distintas confesiones religiosas, se trata de actitudes que atacan la convivencia de las personas “sean de una u otra creencia, origen o ideología”. “Lo único que se busca es la expulsión del otro. Y al final somos todos ciudadanos, nos guste o no nos guste, y estamos conviviendo juntos. Y lo más importante es el espíritu de sociedad. Si no tienes eso, no tienes nada”.

Las mezquitas, amparadas por Ley en España

Jiménez señala que en España es “perfectamente” legal construir una mezquita y así lo apoyan las leyes, siempre que, como en el caso de cualquier otra actividad, se cumplan las normas urbanísticas. Más allá de la Constitución Española y de las normativas que promueven la libertad religiosa, la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que fue aprobado el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, pionero en Europa, otorga protección jurídica a estos templos y consolida el derecho de los musulmanes a tener “lugares de culto” donde desarrollar su religiosidad: “A todos los efectos legales, son mezquitas o lugares de culto de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España, los edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la oración, formación o asistencia religiosa islámica, cuando así se certifique por la Comunidad respectiva, con la conformidad de dicha Comisión”, señala la normativa.

No sólo eso. El acuerdo ratifica que estos lugares –siempre que estén registrados por la Comisión Islámica de España– gozan de inviolabilidad en los términos establecidos por las normativas españolas. Por este motivo, en caso de que, por ejemplo, deban ser sometidos a una expropiación forzosa, deberá ser antes oída previamente la Comisión Islámica y no podrán ser demolidos “sin ser previamente privados de su carácter sagrado, con excepción de los casos previstos en las Leyes por razones de urgencia o peligro”. De igual forma, la Ley garantiza que los musulmanes puedan tener sus propios cementerios, alimentación halal, festivos religiosos que celebrar o clases de religión islámica en los centros educativos públicos.

Iglesias en Marruecos

Uno de los alegatos que esgrimen los más críticos con la construcción de mezquitas en España es que en Marruecos –o en cualquier otro país musulmán– “no dejarían construir una iglesia”, como estos días ha podido escucharse en Manacor. Nada más lejos de la realidad. Según datos oficiales del Vaticano, y siguiendo el ejemplo de Marruecos, este país cuenta con una población de 23.000 residentes de confesión católica, cuatro obispos, quince sacerdotes diocesanos, una cuarentena de religiosos, diez religiosos no sacerdotes y cinco entre misioneros laicos y catequistas, distribuidos en dos circunscripciones eclesiásticas y 35 parroquias. De acuerdo, además, a la Diócesis de Tánger, hay una treintena de comunidades con 154 hermanas en dos monasterios: clarisas y carmelitas. Hay también un monasterio, el de los trapenses de Nuestra Señora del Atlas, heredero de los mártires de Tibhirine.

Uno de los alegatos que esgrimen los más críticos con la construcción de mezquitas en España es que en Marruecos -o en cualquier otro país musulmán- "no dejarían construir una iglesia". Sin embargo, este país cuenta con parroquias, obispos y religiosos

En 2019, además, Marruecos celebró el Año Jubilar con ocasión de los 800 años de presencia de los franciscanos en Marruecos. A los actos acudió en viaje apostólico el Papa Francisco. Esta comunidad cuenta con 21 hermanos procedentes de doce países. Numerosas órdenes religiosas atienden, entre otros, ambulatorios, dispensarios, comedores sociales, orfanatos y centros de promoción de la mujer. Paradójicamente, como señala el historiador Ramón Lourido Díaz, fueron las propias autoridades político–religiosas musulmanas las que, en el siglo XIII, reintrodujeron el cristianismo en Marruecos, donde había permanecido desaparecido durante tres centurias.

Sobre la posible construcción de una nueva mezquita en Manacor, Jiménez aboga por confrontar opiniones y que el Ajuntament, en caso de que finalmente valore la posibilidad de edificarla, lleve a cabo un encuentro en el que se dé voz a los representantes de los musulmanes y al resto de ciudadanos que estén tanto a favor como en contra. “Hay que avanzar en esa dirección, aunque políticamente no interese por los votos que se puedan ganar o perder”, señala. 

“Trasfondo islamófobo histórico”

Por su parte, Guillem Balboa, coordinador de la CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente) y miembro del movimiento Regularización YA, asevera que la construcción de una mezquita “genera siempre toda una serie de reacciones soterradas”: “Por mucho que aleguen que se trata de un problema de saturación o cualquier otro motivo, nunca se admite el trasfondo que subyace y que muchísimas veces es xenófobo y racista. Son cuestiones muy complejas. Mallorca ya no volverá a ser la Mallorca de los de los tatarabuelos ni de los bisabuelos. Pese a ello, las administraciones públicas no atienden lo suficiente una realidad que de facto ya está ahí: el hecho de que estamos viviendo en sociedades multiétnicas y multiculturales”.

Por mucho que se alegue un problema de saturación contra la construcción de la mezquita, nunca se admite el trasfondo que subyace y que muchísimas veces es xenófobo y racista

Guillem Balboa — Coordinador de CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente)

Balboa, quien se convirtió en su día en el primer alcalde de origen africano en Balears y ha vivido en sus propias carnes episodios racistas –hace varios años arrojaron un cordero negro agonizante dentro de su vivienda–, lamenta que gran parte de la responsabilidad de que se produzcan estas situaciones se debe a una “dejadez en términos generales” por parte de la administración pública. Y se muestra convencido de que no se habría desatado la polémica en Manacor si se hubiese tratado “de una futura iglesia, de un centro anglicano o de un centro de tecnificación de un deportista de alto nivel”, en alusión velada a la macro academia–hotel que Rafa Nadal hizo construir en 2016, y para cuya ampliación dos años después se agilizaron los trámites incluyendo para ello una enmienda a la ley balear de vivienda.

Balboa recrimina cómo en el caso de Manacor “se está generando una sociedad que, de facto, se encuentra bastante segregada. Son dos comunidades que viven de espaldas completamente y, cuando esto sucede, es muy fácil que a la larga derive en conflictos que, además, son consecuencia de circunstancias que no se están atendiendo”. El que fuese primer edil de la localidad de Alaró señala que no se trata de incidentes repentinos: “En este país hay un trasfondo histórico de islamofobia, últimamente alentado por los discursos de odio de la extrema derecha”. Uno de los últimos sucesos ha tenido lugar en Aragón, donde su vicepresidente regional montó un show para denigrar a la población musulmana rompiendo un folleto informativo sobre el Ramadán. 

Sobre la posible futura mezquita, desde el Ajuntament, gobernado por Més-Esquerra, aseguran a elDiario.es que no han recibido ninguna propuesta formal para la construcción del nuevo templo, sino que la comunidad musulmana se ha limitado a llevar a cabo una consulta sobre las posibilidades del terreno ubicado en Fartàritx. Con todo, muestran su sorpresa ante una respuesta “nunca vista” ante un proyecto que ni siquiera está sobre el papel. Señalan que, en caso de que finalmente se presente algún tipo de iniciativa en este sentido, el departamento de Urbanismo analizará si cumple los requisitos pertinentes y la normativa vigente, como con cualquier otro tipo de actividad.

Mientras tanto, un centenar de ciudadanos busca hacer frente común contra la posible construcción alegando problemas de movilidad e, incluso, que la edificación de la mezquita les aboque a vivir en otro lugar por ver mermado su “sentimiento de bienestar”. Niegan que en sus reivindicaciones haya tinte racista alguno y aseguran que se expresarían en los mismos términos de querer proyectarse en la zona “una iglesia cristiana o una discoteca”, dado que los problemas de saturación y tráfico “serían los mismos” en una barriada “ya de por sí congestionada”.

un centenar de ciudadanos alzados contra la posible construcción niegan que en sus reivindicaciones haya tinte racista alguno y aseguran que se expresarían en los mismos términos de querer proyectarse en la zona "una iglesia cristiana o una discoteca"

La presencia islámica en Balears

La de Attbchir Y Attaaoun es tan sólo una de las numerosas comunidades islámicas instauradas en Balears, que durante el siglo XX contó con una presencia esporádica de familias musulmanas –comerciantes argelinos y residentes de Oriente Próximo, principalmente–, para, a partir de los ochenta, comenzar a implantarse poco a poco. En la actualidad, según los últimos datos del INE, un total de 69.661 musulmanes residen en las islas, originarios, principalmente, de Marruecos (28.972), del resto de España (26.927), Senegal (5.014), Pakistán (2.172, cuya migración al archipiélago es mucho más reciente), Nigeria (2.095) y Argelia (1.305). Una setentena de entidades islámicas conviven en Balears.

Sin embargo, la presencia musulmana en el archipiélago no es ni mucho menos reciente. En 903, el emirato de Córdoba conquistó Mallorca, convirtiéndose la ciudad de Palma –entonces Madina Mayurqa– en una de las más extensas y dinámicas de Europa. Durante tres siglos y bajo la tutela de distintas entidades políticas, intrincadas calles de tierra tomaron forma más allá de las antiguas murallas romanas y los habitantes vieron construir la Alcazaba Real y la Suda, una cuarentena de mezquitas, casas de tapia, baños públicos, abrevaderos, zocos, hornos y barbacanas. La conquista cristiana por parte de las tropas de Jaume I el 31 de diciembre de 1229 puso fin al esplendor de aquella ciudad musulmana del Mediterráneo.

Formadas por unos mil hombres, las tropas de la Corona de Aragón irrumpieron en la actual capital balear borrando a su paso todo vestigio islámico: había que inventariar toda la riqueza de la isla y distribuirla entre los conquistadores (desde la alta nobleza catalana pasando per la prelatura eclesiástica, las Órdenes Militares, la pequeña nobleza, los caballeros o la comunidad judía). En la actualidad, unas 17 antiguas mezquitas han podido ser identificadas sobre el plano, teniendo en cuenta que los conquistadores cristianos tendían a construir sus iglesias sobre los templos musulmanes, lo que explicaría, como sucede con la Catedral de Mallorca, que muchas de ellas mantengan hoy su orientación hacia la Meca.

En 1985 la población española que se identificaba como católica era del 87%, de otras religiones un 1% y no creyentes un 11%. En el año 2021 el porcentaje de católicos era del 60%, de creyentes de otras confesiones un 2,5% y los no creyentes un 26,4%. En Euskadi, las cifras son similares en cuanto a la evolución del número de católicos, sin embargo, en los últimos años, han aumentado los no creyentes. En concreto, en 1985 el 81% de la población vasca era católica, el 1% de otras religiones y el 17% no creyentes. En 2022, sin embargo, la cifra de católicos se reduce hasta el 55%, mientras que los no creyentes aumentan hasta el 40% y los pertenecientes a otras religiones hasta el 5%.

Estos son algunos de los datos que recoge el monográfico Zabaldu, cuyo título es 'Dimensiones desde la desigualdad'. En él expertos e investigadores que forman parte de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), de la Universidad de Deusto y del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), analizan la desigualdad en los principales ejes de diferencia que afectan a determinados colectivos, grupos sociales y personas, susceptibles de provocar un trato desigual. Concretamente el capítulo que explica la diversidad de religión en Euskadi y si ésta puede provocar discriminación o un trato diferente en la población que la practica, ha sido realizada por Gorka Moreno, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Gorka Urrutia, de la Universidad de Deusto.

En ella explican que los factores y momentos históricos que han facilitado el incremento de distintas religiones son la instauración democrática de 1978 y la apertura de las libertades (incluida la de libertad de religión y culto), un segundo momento que se concentra en torno al año 1992 (año de la firma de los acuerdos de cooperación con las tres religiones minoritarias con mayor presencia en esos años), y un tercer momento que se produce con el inicio del siglo actual y que, de alguna manera, está directamente relacionado con el tercer fenómeno, el de la inmigración. “A lo largo de la última década se ha producido un incremento considerable de la población de origen extranjero. La llegada de estas personas ha conllevado que con su venida hayan traído consigo su fe y sus prácticas religiosas (algunas existentes en nuestra sociedad y otras nuevas). Esto se ha producido indistintamente del lugar de origen de las personas llegadas a nuestra sociedad, ya que tanto las procedentes de América, África, Europa y, en menor medida, Asia, han contribuido a engrosar confesiones ya existentes como a implantar nuevas tradiciones religiosas”, detallan los investigadores en el informe.

La fotografía que emerge en Euskadi es la de una sociedad mayoritariamente católica

Para analizar más a fondo el peso de cada una de las religiones, la investigación revela con datos de 2020 la población vasca que la practica. Del total de las 2.157.279 personas que habitan en Euskadi, 213.510 son extranjeras. Un 69,1% de ellos son católicos, un total de 1.489.864  personas. Un 4,1% musulmanes, es decir 89.487 de las personas que residen en Euskadi y de las cuales 47.790 son personas extranjeras. Esas dos son las religiones más mayoritarias, aunque con gran diferencia en sus porcentajes. Le siguen los protestantes, que son un total de 29.326, los ortodoxos, que son 18.964 y los Testigos de Jehová que son 4.532. En 2020 en Euskadi había 515.771 personas no creyentes, el 23,9% del total. “La fotografía que emerge en Euskadi es la de una sociedad mayoritariamente católica y en la que el peso de otras creencias religiosas es sensiblemente menor. Sin embargo, se aprecia un aumento de la diversidad religiosa, que se ha intensificado sobre todo con la llegada de población de origen extranjero. La diversidad religiosa ya existía en Euskadi; pero con la inmigración se ha intensificado y las personas inmigrantes han hecho que el peso cuantitativo de esas religiones sea mayor en la actualidad”, sostienen.

Pero, ¿afecta a la población el hecho de que un colectivo de personas pertenezca a una religión u a otra? Según detallan, un 65,6% de la población vasca “prefiere” una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión, sin embargo, un 28,9% -casi tres de cada diez- prioriza una sociedad en la que la gran mayoría de las personas tenga el mismo origen, cultura y religión. Del mismo modo, tan solo un 1% de la población se ha sentido discriminada por su religión.

La investigación analiza también los distintos “niveles de comodidad” que tiene la población vasca con respecto a otros colectivos. Siendo así, en una tabla del 0 al 10 los vascos se sienten más cómodos con colectivos como la población caucásica (8), las personas jóvenes (7,9) o de creencias religiosas mayoritarias en Euskadi, como el cristianismo (7,81) o incluso las personas ateas (7,71). Sin embargo, hay colectivos que suscitan un menor agrado entre los que se encuentran personas con ciertos credos religiosos, como por ejemplo las personas budistas (6,87), las judías (6,86) o las musulmanas (6,27). “En el caso concreto de Euskadi, y en clave evolutiva, cabe destacar un importante descenso de la religiosidad en las últimas décadas, a través de un proceso de secularización intenso y generalizado. A la par que este descenso, se ha dado un aumento de la diversidad religiosa. De tal forma que podemos hablar de un descenso de la religiosidad, pero un aumento del pluralismo religioso”, indican.

Los investigadores concluyen que la diversidad religiosa en Euskadi “ha existido siempre, pero se ha intensificado en las últimas décadas, principalmente de la mano de la inmigración de origen extranjero”. “La procedencia de las personas de origen extranjero ha moldeado en gran parte dicha diversidad: la población latinoamericana es principalmente cristiana –católica y evangélica–, la magrebí musulmana y la proveniente de Europa del Este cristiana ortodoxa. Precisamente, el hecho de que la mayor parte de la población inmigrante haya venido de países con una religiosidad más intensa que la actual en Euskadi ha supuesto que se de cierta revitalización en las dinámicas de la religiosidad y su variedad”, insisten.

Podemos hablar de un descenso de la religiosidad, pero un aumento del pluralismo religioso

Aunque es cierto que entre la población vasca existe una “amplia aceptación de la diversidad religiosa en general y de la mayoría de los credos religiosos”, el estudio confirma que a día de hoy “se detecta una falta de confianza considerable hacia el islam, que coincide con una percepción generalizada en gran parte de países europeos y que bebe en parte de una islamofobia que ha cruzado la visión de esta religión a lo largo de la historia en nuestro continente”. “Estimamos que la población musulmana tiene un importante riesgo de sufrir situaciones de desigualdad y discriminación. Y esta afirmación nos lleva a otro ámbito, el de las políticas públicas, si realmente este riesgo es real –así lo creemos– las diferentes instituciones tienen que velar por que la diversidad religiosa no devenga en desigualdad y por remover aquellos obstáculos que puedan poner en riesgo la convivencia, la cohesión y el bienestar de todo el conjunto de la ciudadanía vasca”, concluye la investigación.