La Fundación Mezquita de Sevilla defiende la viabilidad legal para la construcción de la mezquita frente a las presiones de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, con las que ha logrado que el PP paralice la adjudicación de la licencia de obras que iba a tramitar la comisión ejecutiva de Urbanismo el pasado viernes. Por ello, pedirán una reunión con el líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, para explicarle los pormenores del proyecto que se edificará en el Polígono Sur. “Lo único que esperamos es que no se imponga la ideología y la situación política actual a la ley”, manifestó Jadiya Martínez, consejera de la entidad.

A causa de la polémica provocada por la edificación de la gran mezquita, la Fundación decidió convocar a los medios de comunicación este jueves en Torre Sevilla para responder a las acusaciones públicas que se han vertido contra ellos. Amparados por la Constitución, tanto en el artículo relativo a la libertad de expresión como al del libre culto, Martínez mantuvo que el proyecto “está diseñada en una parcela privada comprada con fondos privados y desarrollada por fondos privados” y añadió que, de esta manera, “se aumentarán los servicios culturales del Polígono Sur sin restar a ningún vecino los servicios públicos”. El terreno, comprado a la comunidad de los mormones, es el emplazamiento elegido tras más de dos décadas en busca del lugar idóneo.

Frente al señalamiento de “oscurantismo”, explicó que la página web de la Fundación en la que están publicadas tanto las actividades como los informes. “A lo largo de los años se ha valorado diferentes opciones hasta llegar a esta parcela, que cuenta con la calificación urbanística para este fin y queremos recordar que la licencia de construcción se confiere por criterios técnicos y no ideológicos, y tenemos un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo”, aún así, mantiene que están “abiertos al diálogo, como lo llevamos haciendo años con los vecinos”. A su vez, reiteró que no responderían “a los mensajes de odio e ismófobos que hemos visto estos dios” y, en todo caso, denunciarán el allanamiento que se produjo ayer cuando dejaron restos de porcino en el terreno, “los animales no tienen ninguna culpa y el tema de los cerdos no es ningún tabú, simplemente, no nos lo comemos”.

El ejemplo de la mezquita de Granada: “La convivencia es fructífera”

Con respecto a la entrada de las mujeres al templo, la consejera de la Fundación, que se convirtió al islam hace más de cuatro décadas y se reconoce como sevillana y parte del tejido social de la ciudad, sostuvo que “todas las instalaciones, incluida la mezquita” estarán a disposición de toda la comunidad, tanto “hombres, mujeres y niños”. “Las mezquitas de todo el mundo están abiertas a las mujeres y las que no lo están, deberían estarlo”, aunque en el interior se mantendrá para el rezo la separación por sexos.

Por otra parte, hizo referencia a la mención de “prioridad musulmana” que apareció en prensa como una “desafortunada licencia lingüística que se tomó una redactora” y señaló que “en ningún momento” esa expresión ha sido utilizada por la Fundación. Al hilo de las acusaciones que ha vertido Vox sobre la “islamización” del barrio sevillano, Martínez advirtió que “el islam no es una cultura y, como musulmanes españoles, compartimos la cultura de este país”. “No queremos imponer nada”, tomando como ejemplo la mezquita mayor de Granada, que lleva “23 años abierta en el Albaicín y la convivencia con los vecinos es fructífera, es más, ha generado riqueza en el barrio”.

El futuro Centro Cultural Islámico de Sevilla, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, está previsto en una parcela triangular del barrio sevillano, entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, con una superficie de 6.300 metros cuadrados que se distribuirá en dos edificios, siendo uno de ellos el que albergará la mezquita, y una planta subterránea de aparcamientos. A la espera de la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de año y los trabajos durarán entre 18 y 24 meses, tal y como adelantó Ibrahim Fernández, presidente de la Fundación.

Un proyecto en vilo durante más de 20 años

Con una inversión de 10 millones de euros, el arquitecto Vázquez Consuegra, presente en el encuentro, detalló algunos aspectos del espacio. Inspirada en la arquitectura almorávide de La Giralda o el Patio del Yeso del Real Alcázar de Sevilla, el Centro Cultural Islámico combinará el diseño contemporáneo con la mirada tradicional histórica en los dos edificios que se dividirán mediante un patio triangular. Todo ello, en armonía con la vegetación que hay en la zona y con un acabado que permita que “la comunidad se reconozca e identifique con la mezquita”.

A un lado, la mezquita supondrá un 26,46% de la edificación, es decir, una cuarta parte del centro cultural con alrededor de 1.007 metros cuadrados repartidos en un primer piso dedicado a la ceremonia mientras que en el segundo estará el espacio de oración para las mujeres y las abluciones. En la otra parte, estará el centro cultural, cuyo primer piso tendrá dos grandes salas polivantes dedicadas a exposiciones, encuentros sociales, que incluirá una cafetería, tienda y entrada al garaje. Encima, habrá una serie de habitaciones dedicadas a actividades socioculturales. “Este proyecto cuenta con todos los permisos, cumple con todo el ordenamiento jurídico y las normativas urbanísticas e, incluso, tiene el visto bueno de la Agencia de la Seguridad Aérea para la altura del alminar”, aclaró el arquitecto.

Retrotrayéndonos en el tiempo, la construcción de la gran mezquita lleva más de dos décadas en vilo. El primer intento se dio en 2004 cuando el Ayuntamiento del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín cedió una parcela junto a la ronda SE-30. Pese al intento, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) finalmente lo tumbó. Tras barajar algunas parcelas situadas en Santa Bárbara o Pino Montano, la Fundación decidió comprarle la propiedad a la comunidad mormona tras “40 años en desuso”, indican fuentes de la entidad. Desde entonces, la entidad ha utilizado un centro que sirve como musal-lah (lugar de oración) y centro comunitario en la plaza Ponce de León desde 2002.

La mezquita, en el pleno del Ayuntamiento

Al mismo tiempo que transcurría la rueda de prensa con los medios, el Ayuntamiento de Sevilla celebraba el pleno, donde el PP de José Luis Sanz respondía a las preguntas de Gonzalo García de Polavieja, el nuevo portavoz municipal de Vox. El alcalde reiteró que la administración está “a la espera” de los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo “para cumplir con toda la legalidad” y acerca de la consulta pública que pedía la ultraderecha en base al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), “los informes dirán si es conveniente y cómo se hace”.

Vox pedía la aplicación del artículo 6.6.12.5. del PGOU de Sevilla, en el que se establece que las actividades dedicadas al rezo no podrán superar el 40% de la superficie, aunque los promotores del Centro Cultural Islámico establecen que, en este caso, es del 26%. La ultraderecha se ha opuesto frontalmente a la mezquita: “No queremos la islamización de nuestros barrios ni que los andaluces se sientan extranjeros en su propia tierra. Vox hará todo lo necesario para impedir su construcción”. Unas declaraciones en redes sociales que siguen la senda marcada por el ya vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que apartó a los representantes municipales y asumió el debate elevándolo al plano autonómico para engarzarlo con la 'prioridad nacional'.

Cabe recordar que el 9 de julio se anunció el acuerdo de cesión gratuita de la parcela E-7 del sector Entrenúcleos por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas a la Archidiócesis de Sevilla. Una firma que se dio entre José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Francisco Rodríguez, el alcalde del municipio. La superficie de 27.355 metros cuadrados, que no le ha costado nada a la Iglesia, permitirá construir un nuevo centro educativo y un templo. Una muestra de las disyuntivas religiosas que se viven en Sevilla, si bien la Fundación Mezquita de Sevilla agradeció las muestras de apoyo de monseñor, que “refrendó la libertad de culto como un derecho fundamental, al igual que al hermano mayor de La Sagrada Cena y a Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur.

La comunidad musulmana en Sevilla: unas 12.000 personas

Martínez, sevillana de nacimiento, se convirtió al islam en la década de los 80 y, como tantos otros, ha vivido su fe en una ciudad diversa que bebe directamente de las influencias que perviven del Al-Ándalus. A su lado, Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, habló sobre la importante labor que ha desarrollado en los barrios sevillanos, como en su oriunda Bellavista, tanto a nivel social como cultural: “Nos reconocemos como musulmanes europeos, sin que sea restrictivo a una etnia o colectivo. El islam no es una cultura concreta, sino una concepción universal que se amolda a lo local sin perder su esencia y este proyecto responde a una necesidad ciudadana para enriquecer la convivencia social y en beneficio de nuestra ciudad”.

La comunidad musulmana en Sevilla, según las estimaciones de la propia Fundación, ronda entre las 10.000 y 12.000 personas en el centro, sin sumar a quienes están en los alrededores de la provincia. En este cálculo estarían tanto las terceras y cuartas generaciones criadas en esta religión como a las personas migrantes que llegan tanto del África subsajariana como de Asia, como ocurre con las familias sirias que atiende la entidad. “Este centro está concebido para la integración de todos, no solo para los españoles, sino también para los migrantes y todos los sevillanos que vengan a disfrutar de los servicios que ofreceremos”, sostuvo.

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), admitía este jueves que el proyecto de la gran mezquita de Sevilla que se construirá en el Polígono Sur es perfectamente legal, pero ya entonces dejó abierta la puerta a aparcar su tramitación. Dicho y hecho, ante la presión de Vox en todos los ámbitos (el ya vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, se explayó sobre ello en el Parlamento) el Ayuntamiento hispalense ha decidido aparcar la licencia de obras que se le iba a dar este viernes, con el argumento de que se van a pedir informes técnicos y jurídicos.

La decisión la ha tomado la comisión ejecutiva de Urbanismo, en la que el PP tiene tres votos, Vox uno y la oposición de izquierdas (PSOE y Podemos-IU) no tiene representación. De hecho, el gobierno local ha optado por retirar el punto relativo a la concesión del permiso de construcción, “para pedir informes técnicos y jurídicos en relación con las observaciones que hace Vox en su escrito y, en base a ello, tomarlo o no en consideración”, apuntan fuentes municipales.

Todo ello, pese a que el propio alcalde aseguraba el jueves que el proyecto ha ido siguiendo el trámite normal en lo que al proceso de obtención de licencia se refiere, “solicitado no hace todavía un año”. En paralelo, defendió que “las ideologías no están por encima de las leyes”, aunque ahora lo que se esgrime es un argumento técnico para este frenazo.

“No hay que extrañarse” por retirar el punto

El argumento oficial lo ha ofrecido el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP): “Hoy se retira para pedir informes técnicos y jurídicos. No hay que extrañarse por este hecho”. En un audio remitido a los medios de comunicación, ha insistido en que “retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo: se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales, es normal que se tomen estas cautelas”, ha añadido el concejal.

En cambio, desde la Fundación Mezquita de Sevilla (impulsora de la iniciativa) se mostraban estos días convencidos de que muy pronto tendrían la licencia de obras para llevar a cabo su centro cultural islámico. “En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa”, apuntaba el vicepresidente del patronato de esta fundación, Jalid Nieto.

Nada más tener conocimiento del proyecto esta misma semana, la formación de ultraderecha puso el grito en el cielo y anunció una ofensiva en todos los frentes para frenar una obra que a su juicio abunda en “la islamización de nuestros barrios”. El primer paso fue presentar un escrito con alegaciones técnicas al proyecto en sí, que es lo que ha servido de argumento al PP para aparcar la licencia que estaba previsto concederle ya.

Vox busca un resquicio legal

Vox sostiene que, según la documentación presentada por los promotores en Urbanismo, apunta que el edificio será un centro cultural y social en el que el culto será “coadyuvante”. Para el partido de ultraderecha, en cambio, en el propio expediente hay muchos indicios “que evidencian una implantación de lugar de culto de entidad principal”, lo que exige una consideración urbanística diferenciada.

A su juicio, “la calificación como uso principal cultural/dotacional no quedaría justificada y la aplicación del régimen de compatibilidad del PGOU invocado por el promotor podría ser improcedente, con efecto directo sobre la conformidad urbanística de la licencia solicitada”. En concreto, invoca un artículo del Plan General de Ordenación Urbana según el cual, si hablamos de un centro de culto, “las actividades complementarias y de alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas no podrán superar el 40% de la superficie destinada a los citados usos”.

El proyecto, en cambio, plantea destinar a estas funciones hasta el 80% del espacio, un resquicio legal por el que Vox ve una opción para detenerlo. De paso, y apelando a otro artículo del PGOU, defiende que es necesario abrir un periodo de participación ciudadana para conocer la opinión “tanto de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio”, antes de iniciar las obras contempladas en el expediente correspondiente.

En Vox no han escondido su “satisfacción” ante el hecho de que, gracias a su presión, se ha frenado la licencia de la mezquita, “un proyecto que Sevilla no necesita”. “Nunca vamos a permitir la islamización de nuestros barrios y aquellos que lo pretendan nos encontrarán enfrente”, anunciando su intención de movilizar a los vecinos de los barrios próximos para que esta paralización sea definitiva.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado este viernes en Castellón el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular. Se trata de la segunda visita del líder de los populares españoles a la Comunitat Valenciana en los últimos quince días, después de que el pasado 20 de junio Feijóo participara en el comité provincial celebrado en Sueca. Y como en aquella ocasión, el presidente del PP, que durante toda la mañana ha mostrado un gesto serio, ha eludido hablar de quién será el candidato del PPCV en las próximas elecciones autonómicas. El mayor halago que le ha dedicado Núñez Feijóo al jefe del Consell ha sido cuando ha dicho: “Aquí hay políticos que aprueban presupuestos”. Sin embargo, el líder de los populares españoles ha obviado nombrar al jefe del Consell en sus agradecimientos finales, en los que sí ha mencionado a otros dirigentes del PP, como el presidente provincial en Valencia, Vicent Mompó.

Génova mantiene de este modo la incertidumbre sobre el futuro político de Juanfran Pérez Llorca quien, pese a ser el actual president de la Generalitat, desconoce si será él quien encabece la lista de los populares valencianos en los comicios del próximo año. Por su parte, Pérez Llorca, durante su intervención, tampoco ha realizado ninguna mención a su futuro político. El presidente de la gestora del PPCV ha centrado su intervención en vender los logros de su Gobierno y en lanzar continuas críticas a la gestión del Ejecutivo central que dirige Pedro Sánchez.

La candidatura del Partido Popular a la Generalitat Valenciana se encuentra en una fase de incertidumbre y especulación debido a los plazos marcados por Génova. Aunque el actual president de la Generalitat y de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, cuenta con el respaldo público de figuras de peso en la región —como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la alcaldesa de València, María José Catalá—, su designación oficial sigue en el aire. Mompó ha descartado postularse al asegurar que está centrado en su gestión provincial y en un perfil marcadamente municipalista.

Esta falta de definición se hizo evidente tras la reciente visita de Núñez Feijóo a Alicante, donde evitó despejar la incógnita sobre el cabeza de lista autonómico, limitándose a elogiar el trabajo actual y a apelar firmemente a la unidad del partido. Desde la formación señalan que el calendario oficial prioriza la ratificación de los candidatos a las capitales de provincia en un acto en Santiago de Compostela, posponiendo para más adelante la confirmación de los aspirantes a las presidencias autonómicas, cuya competencia recae estatutariamente en la dirección nacional.

Cinco voces para un mismo mensaje: no a las guerras, sí a la paz. Muy parecido al que el Papa León XIV está abanderando en sus mensajes durante su visita a España, pero en este caso, desde oraciones pronunciadas en cinco religiones diferentes: la católica, la católica grecolatina, la musulmana, la ortodoxa y la evangélica-protestante.

Ha sido con motivo del nuevo encuentro interreligioso que los Servicios Sociales de Villamalea, en Albacete, han organizado por segundo año consecutivo, como ejemplo de convivencia entre diferentes credos. Un reflejo de las múltiples nacionalidades, más de una treintena, que conviven en este municipio de la comarca de la Manchuela y que ha propiciado que sea muy conocido incluso fuera de las fronteras españolas.

El acto, celebrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Anunciación, comenzó con la intervención de Floren Alfaro, trabajador social de la localidad, quien destacó que en un mundo “lleno de ruido, divisiones y enfrentamientos”, resulta “profundamente revolucionario” que todas estas voces se unan por la paz.

“Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida”, argumentó.

Tras lamentar que el odio, la violencia, el fanatismo o la indiferencia producen miles de muertes el todo el mundo, también señaló a aquellos que “intentan convencernos de que quienes son diferentes deben vivir separados, desconfiar unos de otros o incluso enfrentarse”.

Frente a esa idea, este encuentro interreligioso demuestra “exactamente lo contrario”. Porque, según resaltó el trabajador social, cuando se abren los libros sagrados de las distintas religiones, “encontramos un mensaje que se repite una y otra vez”.

Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida

Puso como ejemplo que en el Evangelio se encuentra la famosa frase “la paz os dejo y mi paz os doy”, una paz que “no nace de la imposición ni de la fuerza, sino del encuentro, del amor y de la reconciliación”. Por su parte, en el Corán, añadió, se enseña que “los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con humildad y que cuando los ignorantes les hablan con agresividad, responden con palabras de paz”.

Asimismo, precisó que la tradición ortodoxa conserva las palabras del salmo que proclama la búsqueda de la paz, “no como una actitud pasiva, sino como una tarea constante que exige compromiso y perseverancia”.

También mencionó a las iglesias evangélicas, que recuerdan las palabras del apóstol Santiago: “Los que procuran la paz, siembran en paz para recoger frutos de justicia, porque no puede existir una paz verdadera si no está acompañada de justicia y fraternidad”.

Finalmente, la tradición grecocatólica, “heredera de la riqueza espiritual de Oriente y Occidente”, proclama en sus celebraciones “paz para todos”, recordando que esta última “no conoce fronteras, pueblos ni lenguas” y está destinada “a toda la familia humana”.

“Son cinco caminos distintos que se enfocan en una misma verdad: la paz no es debilidad, es valentía, y exige tender la mano cuando otros levantan muros, exige escuchar cuando otros gritan y encontrarse cuando otros quieren separarnos”, resumió el trabajador social.

Por eso destacó que el acto tiene un valor que va “más allá” de la iglesia que lo ha acogido. “Demuestra que la convivencia no es una teoría, es una realidad y la diversidad no es un problema que haya que resolver, sino una riqueza que podemos generar”.

Así, desde ese pequeño rincón de la Manchuela, defendió las diferentes voces para lanzar un mensaje “sencillo, pero poderoso” basada que “es posible convivir, respetarse, caminar juntos desde la diferencia”.

De la llamada del imán a la convivencia del protestantismo

Tras las palabras de Floren Alfaro, subieron al atril seis personas. Uno de ellos fue Abderrahman Louizi, imán que desde ese altar religioso realizó en árabe una llamada al rezo. De leer el Corán, en representación de la comunidad musulmana, se encargó Zakiya Louizi, con pasajes centrados en el pacifismo, la humildad y el respeto.

En representación de la religión protestante, Julia Estela Morales Villa rescató varios versículos de la Biblia centrados en la paz espiritual y en la necesidad de la convivencia.

Mensaje muy similar al promulgado por Anca Mariana Mititelu, en representación de los ortodoxos. Posteriormente, la voz de la religión grecocatólica la puso Maríya Bila Kryvetska, con un claro mensaje destinado principalmente la convivencia y el respeto por la diversidad.

Finalmente, Javier Cano, párroco de Villamalea, recordó el acto previo a la Eucaristía en las misas católicas, cuando se insta a los fieles a darse la paz entre ellos, destacando esa parte de la misa como una de las más importantes por ser el reflejo de la convivencia entre todas las personas.

Con motivo de este encuentro, los Servicios Sociales de Villamalea destacan que la diversidad de orígenes, idiomas, culturas y creencias convierte la convivencia cotidiana “en un mensaje visible y colectivo”. “Fue un acto religioso también de convivencia, de respeto, de comunidad. Una demostración de que es posible encontrarse, escucharse y caminar juntos sin renunciar a lo que cada uno es”.

Y bajo ese mensaje, instan a todas las personas a seguir “encontrándose en la plaza, en las calles, en las tiendas, en el fútbol” y “seguir convivir no es solo vivir juntos, es construir juntos”.

Un pueblo con proyección internacional

De esta forma, Villamalea ha vuelto a conseguir mostrarse como un crisol de diversidad religioso, un hecho del que ya se hicieron eco algunos medios internacionales, entre ellos el periódico inglés The Guardian, cuando este municipio, gobernado por el PP, aprobó, junto con la localidad vecina de Tarazona de la Mancha, una moción para pedir la regularización extraordinaria de migrantes.

Ya entonces, Floren Alfaro mostró su “orgullo y emoción” por el eco que recibió la iniciativa dado por un medio internacional de prestigio a la moción presentada -y aprobada por unanimidad- en ambos consistorios. “No puedo sentir otra cosa que orgullo. Orgullo de nuestros pueblos, de la gente que cree en una sociedad más justa, más humana y más decente”.

Este periódico destacó de los vecinos y vecinas de Villamalea llegados de otras partes del mundo, su “constante aporte de mano de obra” que “ha ayudado a convertir al municipio en una potencia agrícola”, entre otras cosas porque cerca de un 70% de los champiñones vendidos en España proceden de esta localidad albaceteña. Villamalea.

Este pueblo de Albacete ha seguido dando muestras de su espíritu humanitario. El pasado mes de octubre PP, PSOE e IU aprobaron, de nuevo por unanimidad, una moción en apoyo al pueblo palestino y en defensa de los derechos humanos en Gaza.

El PP rompió el aclamado consenso político

No obstante, el pasado mes de mayo ese consenso se rompió cuando en un pleno de la Diputación de Albacete, el segundo teniente de alcalde de Villamalea, Antonio Martínez, que también es diputado provincial, presentó una moción en la que arremetía contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, algo que su Ayuntamiento, del PP, había defendido meses antes desmarcándose de la tónica del partido a nivel nacional.

Los argumentos del teniente de alcalde fueron que se trata de un proceso “caótico”, con “falta de recursos” para los ayuntamientos y que, además, “anima a las mafias”, mensaje este último muy parecido al que defienden los discursos de ultraderecha capitaneados por Vox.

Los socialistas de la localidad albaceteña se echaron las manos a la cabeza por este viraje del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Aunque la moción fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE en la Diputación, este partido arremetió duramente contra el PP, que “durante meses quiso aparecer como defensor de la regularización de personas migrantes”.

“El mismo que firmó una moción conjunta con PSOE y Unidas Podemos, y aprovechó la repercusión nacional e internacional que tuvo nuestro pueblo como ejemplo de convivencia, ha terminado mostrando cuál era realmente su posición. Los conocemos (al PP) y sabemos que lo de Villamalea ha sido un postureo de carácter electoralista, sin importarles para nada el bienestar de las personas”, argumentaron.

El Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco para gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” estará operativo esta primavera tras su aprobación en las “próximas semanas” en Consejo de Gobierno y recogerá 15 líneas de actuación a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de jehová. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa este lunes en una rueda de prensa en la que ha detallado que si bien la mayoría de la población vasca no cuenta con ninguna religión, un 42% de la población sí declara tener creencias religiosas. De ellas, un 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa.

“Ante esta fotografía actual, abogamos por un modelo de laicidad cooperativa, en el que la no confesionalidad se combina con formas de reconocimiento institucional y de colaboración con las confesiones. Desde esta perspectiva, la gestión pública de la diversidad religiosa se estructura en un marco que reconoce las comunidades religiosas como interlocutoras legítimas y contempla mecanismos estables de relación institucional. De esta interlocución nacen convenios de colaboración con comunidades religiosas asistencias técnicas en procesos urbanísticos o administrativos, cesión o uso compartido de espacios públicos, participación de representantes religiosos en órganos consultivos y desarrollo de guías o protocolos…”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha adelantado que el Plan de Acción (2026-2029), del que no ha especificado su partida presupuestaria, cuenta con incluir peticiones y necesidades de los representantes de cada una de las religiones que forman parte del Consejo Interreligioso en cuestiones como el ámbito funerario, la ordenación urbanística de los centros de culto, el calendario de festividades o la creación de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos, entre otros.

“En cuanto al calendario de festividades, vamos a comenzar por significar estos días que son importantes por garantizar que se puedan celebrar y luego veremos con el tiempo que otros pasos hay que dar. No estamos diciendo que vayamos a cambiar el calendario, pero vamos a empezar a trabajar para ver cómo es esta diversidad religiosa, como por ejemplo, que la semana pasada fue el Ramadán. Vamos a trabajar en un contexto de coherencia y convivencia de unos con otros”, ha destacado Melgosa.

Preguntada por los lugares de culto y menús adaptados en centros públicos, como pueden ser los colegios u hospitales, ha detallado que las comunidades de diferentes sensibilidades religiosas han manifestado que “les gustaría contar con un espacio multiconfesional para que en el momento que consideren puedan realizar sus rezos de manera digna” y que los menús es algo que “se hace desde hace tiempo a petición de los propios padres y madres, así como de la comunidad educativa”. “Es un tema de convivencia y coherencia. Estamos hablando de una sociedad moderna como es Euskadi, con una multitud multirreligiosa y de un pluralismo democrático”, ha apuntado la consejera.

Entre las peticiones de las comunidades religiosas, desde el Gobierno vasco han hecho hincapié en impulsar una planificación autonómica en materia funeraria. “Lo que piden es poder enterrar dignamente a las personas conforme a su rito religioso y que no tengan que estar obligados a tener que repatriar el cuerpo para así cumplir con su rito. Piden que se pueda garantizar en todo el territorio que esos entierros dignos se lleven a cabo”, ha detallado, Melgosa tras explicar que muchas de las personas que viven con religiones diferentes a la católica piden también “poder enseñar su religión y aportar a la sociedad vasca”.

Desde el Gobierno vasco han adelantado algunas de las acciones del plan para los próximos cuatro años: impulsar una planificación autonómica en materia funeraria que permita abordar, con una visión de conjunto del territorio, cuestiones vinculadas a cementerios, servicios funerarios, emplazamientos y sanidad mortuoria, con el fin de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y la atención a la diversidad de prácticas y ritos de las distintas confesiones presentes en Euskadi; aprobar una norma específica que articule tanto la ordenación urbanística de los centros de culto como su encaje en el régimen de actividades clasificadas, los requisitos técnicos y materiales mínimos de funcionamiento, la fijación de un plazo de adaptación para los centros ya existentes y la relación competencial entre Gobierno vasco y ayuntamientos; disponer del calendario de festividades de cada una de las confesiones implantadas en el Euskadi; elaborar un plan para atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general; impulsar acciones de diálogo interreligioso, en colaboración con los municipios que presenten una realidad de diversidad religiosa significativa, para facilitar que las comunidades religiosas muestren su vida y actividad en el espacio urbano; incorporar criterios de igualdad entre mujeres y hombres en la relación del Gobierno vasco con las entidades religiosas, especialmente en los procesos de subvención y en los espacios de representación institucional y, por último, garantizar la oferta de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos: centros de acogida, hospitales, centros residenciales, comedores sociales/centros de Atención diurna y centros penitenciarios.

El Consejo Interreligioso Vasco es un órgano consultivo creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición: EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha.

Se trata de un órgano de carácter consultivo, que se concibe como un espacio estable de diálogo y colaboración entre las instituciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) y las diferentes confesiones religiosas presentes en Euskadi, en este caso las ocho citadas previamente, aunque también podrán formar parte otras religiones más minoritarias y entidades que promuevan el diálogo interreligioso. Además, permitirá dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en aquellas iniciativas o decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación en el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa.

Un parking disuasorio junto a la piscina municipal. Este ha sido el espacio al que los musulmanes de Jumilla han sido relegados para celebrar este viernes el fin del Ramadán. En este municipio murciano se aprobó el pasado agosto un acuerdo entre PP y Vox, que prohibió la celebración de actividades religiosas en el polideportivo local. En la moción original, presentada por los de Abascal, se especificaba el veto al Ramadán o de la Fiesta del Cordero en espacios públicos.

Tras la aprobación de la medida, Jumilla se convirtió en el primer consistorio en aprobar el veto de actividades del culto islámico. Se trata de municipio con una población -según datos del INE- de unas 1.500 personas procedentes de países donde se profesa el Islam.

Técnicamente, la prohibición no llegó a aplicarse. La Abogacía del Estado recurrió el acuerdo el pasado mes de octubre y exigió la suspensión cautelar de la moción. Pero el Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, alegando que “lo acordado no pasa de ser una petición de inicio de unos trámites”.

En efecto, la moción no llegó a rubricarse, pero representantes de la comunidad islámica en Jumilla y del Ayuntamiento acordaron el traslado del rezo a un lugar distinto al polideportivo municipal, que es donde se había hecho otros años.

Es por ello que, por primera vez, el rezo ha tenido que ser trasladado al aparcamiento, donde se han colocado vallas para delimitar el perímetro. Unos 2.000 fieles han concurrido en este encuentro, que se ha desarrollado con “normalidad”. En otras ciudades de la Región, como Cartagena, el rezo ha sido multitudinario, con unos 4.500 fieles acudiendo a esta cita.

Al rezo en Jumilla han acudido también representantes de la oposición, en concreto la portavoz del PSOE en el municipio, Juana Guardiola; y la edil de IU-Podemos, Ana López. En declaraciones a medios, la portavoz socialista ha expresado su agradecimiento a la comunidad musulmana, “por su comportamiento ejemplar, humilde, sencillo, discreto, su generosidad y aceptando las condiciones impuestas por el Gobierno local”. “Me ha emocionado, pero he sentido vergüenza de que no hayan podido realizar este rezo en mejores condiciones, porque no hay ningún motivo para no hacerlo, somos un pueblo acogedor, que llamamos a la convivencia y se les ha negado”.

El pasado 17 de febrero de 2026 el Congreso de los Diputados volvió a abrir un debate que periódicamente irrumpe en la agenda política española: la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. La proposición de ley presentada por Vox fue finalmente rechazada por mayoría parlamentaria. Sin embargo, la discusión no se agotó en el hemiciclo, sino que se ha desplazado con fuerza al ámbito autonómico y local.

Pocos días después, la Diputación de Granada aprobó una moción impulsada por Vox para impedir el acceso con burka o niqab a dependencias provinciales. La iniciativa salió adelante con el apoyo del Partido Popular y el voto en contra del PSOE y Izquierda Unida. La argumentación se centró en la necesidad de garantizar la identificación visual en espacios administrativos y reforzar la seguridad en edificios públicos.

En paralelo, en la provincia de Málaga, el debate ha adquirido una dimensión municipal. En Rincón de la Victoria, Vox presentó una propuesta para prohibir el burkini en espacios públicos, ampliando el foco desde el velo integral hacia otras manifestaciones visibles de identidad religiosa. Asimismo, en Alhaurín el Grande se han planteado iniciativas similares. Estas propuestas evidencian que la discusión no se limita al ámbito estatal, sino que se territorializa y adquiere matices distintos según el contexto local.

Derechos fundamentales y límites del Estado

Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, cualquier iniciativa de prohibición debe analizarse conforme a estándares jurídicos internacionales: legalidad, necesidad y proporcionalidad. La libertad de religión está protegida por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estas normas permiten limitaciones, pero únicamente cuando sean estrictamente necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad, el orden público o los derechos de terceros. Las prohibiciones generales del velo integral en espacios públicos plantean dudas desde esta óptica, especialmente cuando afectan de forma específica a una minoría religiosa concreta.

La organización insiste además en que la igualdad de género no puede promoverse mediante restricciones generales de la autonomía personal. Si existen situaciones de coacción, la respuesta debe centrarse en mecanismos de protección frente a la violencia y el apoyo social, no en sanciones que limiten derechos individuales.

El precedente francés y el margen de apreciación

El precedente europeo más citado es Francia, que en 2010 prohibió cubrirse el rostro en espacios públicos. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la norma en el caso S.A.S. contra Francia, aceptando el argumento del “vivre ensemble” dentro del margen de apreciación estatal.

No obstante, organizaciones de derechos humanos criticaron tanto la ley como su validación judicial, señalando que afectaba a un grupo muy reducido de mujeres y que no existían pruebas concluyentes de una amenaza real para la convivencia. La experiencia posterior mostró efectos sociales complejos, incluyendo el posible aislamiento de algunas mujeres que optaron por reducir su presencia en espacios públicos para evitar sanciones.

En Andalucía, y particularmente en el Campo de Gibraltar, el debate adquiere una dimensión específica. Se trata de una de las zonas con mayor diversidad cultural de la comunidad autónoma, con una presencia significativa de población musulmana y una historia marcada por intercambios transfronterizos.

La Comisión Islámica de España se ha pronunciado advirtiendo que una prohibición del velo integral supondría una vulneración de derechos fundamentales y podría reforzar dinámicas de exclusión social. En territorios donde la convivencia intercultural forma parte de la realidad cotidiana, cualquier iniciativa legislativa de este tipo se percibe no solo como una medida normativa, sino como un mensaje político con efectos simbólicos.

¿Problema constatado o construcción política?

Una cuestión central es si estas propuestas responden a conflictos sociales documentados o si forman parte de una estrategia política más amplia. En el Campo de Gibraltar no se han registrado conflictos estructurales vinculados específicamente al uso del niqab que justifiquen una restricción generalizada.

En una democracia constitucional, la limitación de un derecho fundamental exige una carga probatoria sólida. Las políticas públicas deben basarse en evidencias objetivas y superar un examen estricto de necesidad y proporcionalidad.

El Estado tiene la obligación de proteger frente a la coacción, pero esa protección no puede transformarse en imposición. El respeto a la autonomía personal implica reconocer la capacidad de decisión de las mujeres musulmanas respecto a su vestimenta, siempre que no exista coacción demostrada.

La defensa de la igualdad y la seguridad no puede desvincularse del respeto a la diversidad religiosa. En sociedades pluralistas, la convivencia no se construye homogeneizando identidades, sino garantizando derechos en condiciones de igualdad.

El debate sobre la prohibición del burka en España —desde el Congreso hasta la Diputación de Granada y los municipios malagueños— interpela directamente al núcleo del Estado de derecho. No se trata únicamente de una prenda, sino de delimitar hasta dónde puede llegar el poder público en la regulación de la expresión individual de la identidad religiosa.

Desde la óptica de los derechos humanos, cualquier limitación debe superar un examen riguroso de necesidad y proporcionalidad. Los derechos fundamentales se ponen verdaderamente a prueba cuando protegen a minorías y cuando exigen resistir soluciones simplistas ante debates complejos.

En muchos territorios de Andalucía, como el Campo de Gibraltar y la provincia de Málaga, donde la diversidad es estructural, ese compromiso adquiere un significado especialmente profundo.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts, amb els vots de PP i Vox, una proposició no de llei (PNL) dels populars per instar el Govern central a prohibir l'ús del burca i el nicab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant entre dures crítiques de l'esquerra: mentre el diputat d'Unides Podem ha recriminat que la proposta “no té cap intenció alliberadora”, el PSIB-PSOE ha retret que la proposta obeeix, més que a una preocupació real pels drets de les dones, a una “guerra per veure qui és més racista i qui genera més odi”. No debades, la formació d'extrema dreta havia presentat esmenes per vetar el vel islàmic en la seva totalitat, no només l'integral, sota pretext que “la dignitat d'una dona no es pot mesurar amb centímetres de tela”.

Durant el debat de la PNL, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha carregat contra el contingut del text en considerar que la proposició ha estat “convenientment descafeïnada pel PP”, recordant que el seu grup va reclamar el passat mes de novembre vetar l'ús de tota vestimenta islàmica i establir un mecanisme de sanció i l'enduriment de les penes en aquest sentit, proposta a la qual es van oposar els conservadors. Tot i insistir en la defensa de la dignitat i els drets de les dones, Rodríguez ha articulat un discurs amb referències explícites a la seguretat al costat d'estereotips culturals i apel·lacions a la por: “Sota un burca pot anar un terrorista amb barba i no ens n'adonaríem”, ha asseverat, matisant a continuació que “l'important aquí no és només la qüestió de la seguretat”.

El parlamentari també ha rebutjat que l'ús del vel pugui considerar-se una elecció lliure, especialment en el cas de nenes, ironitzant que “el mes d'agost a Mallorca es tapen fins la gola perquè és un símbol de la seva llibertat”. “No estàn obligades ni pels seus pares, ni per la seva família. Ho fan lliurement”. A això ha sumat atacs directes als grups d'esquerres, als quals ha acusat d'“enmascarar” la discriminació de la dona per “aquesta xorrada de la multiculturalitat” i de ser “còmplices” de pràctiques que, al seu judici, no haurien de tenir cabuda en una societat democràtica. Així mateix, ha situat els populars en un “dilema” entre el seu discurs actual i posicions mantingudes anteriorment.

Per la seva banda, la diputada del PP Cristina Gil, encarregada de defensar la proposta, ha sostingut que “no es pot tolerar que hi hagi dones obligades a cobrir-se de peus a cap” i ha argumentat que un Estat democràtic “no pot mostrar-se indiferent davant models culturals, religiosos o tradicions contraris a principis innegociables com la igualtat, la dignitat i la llibertat”. La PNL també inclou una condemna explícita de pràctiques com el matrimoni forçat o la mutilació genital femenina, malgrat tractar-se, com ha subratllat el portaveu de Més per Mallorca Lluís Apesteguia, de pràctiques “ja incloses en el Codi Penal”, per la qual cosa ha considerat la iniciativa d'un mer exercici retòric sense contingut normatiu real.

“Posats a proposar obvietats, podríem proposar que el Parlament manifesti que els assassinats van contra la vida”, ha remarcat el diputat ecosobiranista, qui ha acusat PP i Vox de competir “per obtenir reditu electoral de la islamofòbia creixent que l'extrema dreta populista està fomentant”. Apesteguia ha incidit en que “sols els diferencia el grau, perquè la demagògia barata és exactament la mateixa”. “Entre la proposta del PP i la proposta de Vox no hi ha una òptica política diferent, sinó 15 gin-tònics de diferència. Un 'aguanta el cubata' de manual. Són vostès una còpia barata de Vox”, ha asseverat dirigint-se a la bancada popular.

Del mateix mode, ha subratllat que una prohibició generalitzada del vel islàmic no és una eina eficaç per abordar la seva imposició. “No es poden proposar solucions simplistes a problemes complexos”, ha recalcat el representant de Més per Mallorca, al·ludint a una sentència del Tribunal Suprem que adverteix que la prohibició del vel integral “pot acabar suposant una doble discriminació a les dones que el pateixen”. “Perquè si un home obliga la seva dona a posar-se un burca per anar al metge, què passarà si prohibim el burca al centre de salut? Que el seu marit segurament el que li prohibirà serà anar al metge”, ha conclós.

Per part seva, la diputada socialista Teresa Suárez ha qualificat el debat de “guerra per veure qui és més racista i qui genera més odi”, mentre que, des d'Unides Podem, José María García ha advertit que una decisió d'aquest calibre no s'hauria d'adoptar “sense tenir en compte les dones musulmanes”, recriminant que la iniciativa “no té una intenció alliberadora”, sinó que l'únic que busca és “atacar una religió”.

La proposta

Amb l'aprovació de la PNL, el Parlament balear insta el Govern d'Espanya a impulsar les reformes legislatives necessàries per prohibir l'ús del vel islàmic integral en tots els edificis i instal·lacions de titularitat pública. Aquest punt del text, que sosté que el burca constitueix una forma d'opressió i submissió contrària als drets fonamentals, la igualtat i la dignitat de les dones, ha tirat endavant amb els vots favorables de PP i Vox, el vot en contra d'Unides Podem i l'abstenció de la resta de grups.

El ple també ha aprovat, amb 36 vots a favor -PP, Vox, Més per Menorca i Podem- i 22 abstencions -Més per Mallorca i PSIB-, una declaració que considera els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina pràctiques contràries als valors bàsics de la societat espanyola i greument lesives per als drets fonamentals i la integritat de dones i nenes.

Finalment, la Càmara sol·licita a l'Executiu central i a la Unió Europea que estableixin normes, mecanismes sancionadors i un enduriment de les penes per castigar la imposició del vel integral, així com pràctiques com els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. En aquest darrer punt, PP, Vox i Unides Podem han votat a favor, Més per Mallorca s'ha abstingut i el PSIB s'ha posicionat en contra.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley (PNL) de los populares para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. La iniciativa ha salido adelante entre duras críticas de la izquierda: mientras el diputado de Unides Podem ha recriminado que la propuesta “no tiene ninguna intención liberadora”, el PSIB-PSOE ha reprochado que la propuesta obedece, más que a una preocupación real por los derechos de las mujeres, a una “guerra por ver quién es más racista y quién genera más odio”. No en vano, la formación de extrema derecha había presentado enmiendas para vetar el velo islámico en su totalidad, no solo el integral, so pretexto de que “la dignidad de una mujer no se puede medir con centímetros de tela”.

Durante el debate de la PNL, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha cargado contra el contenido del texto al considerar que la proposición ha sido “convenientemente descafeinada por el PP”, recordando que su grupo reclamó el pasado mes de noviembre vetar el uso de toda vestimenta islámica y establecer un mecanismo de sanción y el endurecimiento de las penas en este sentido, a lo que se opusieron los conservadores. Pese a insistir en la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres, Rodríguez ha articulado un discurso con referencias explícitas a la seguridad junto a estereotipos culturales y apelaciones al miedo: “Bajo un burka puede ir un terrorista con barba y no nos enteraríamos”, ha aseverado, matizando a continuación que “lo importante aquí no es solo la cuestión de la seguridad”.

El parlamentario también ha rechazado que el uso del velo pueda considerarse una elección libre, especialmente en el caso de niñas, ironizando que “en el mes de agosto en Mallorca se tapan hasta la gola porque es un símbolo de su libertad”. “No están obligadas ni por sus padres, ni por su familia. Lo hacen libremente”, ha continuado. A ello ha sumado ataques directos a los grupos de izquierdas, a los que ha acusado de “enmascarar” la discriminación de la mujer por “esa chorrada de la multiculturalidad” y de ser “cómplices” de prácticas que, a su juicio, no deberían tener cabida en una sociedad democrática. Asimismo, ha situado a los populares en un “dilema” entre su discurso actual y posiciones mantenidas anteriormente.

Por su parte, la diputada del PP Cristina Gil, encargada de defender la propuesta, ha sostenido que “no se puede tolerar que haya mujeres obligadas a cubrirse de los pies a la cabeza” y ha argumentado que un Estado democrático “no puede mostrarse indiferente ante modelos culturales, religiosos o tradiciones contrarios a principios innegociables como la igualdad, la dignidad y la libertad”. La PNL también incluye una condena explícita de prácticas como el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina, pese a tratarse, como ha subrayado el portavoz de Més per Mallorca Lluís Apesteguia, de prácticas “ya incluidas en el Código Penal”, por lo que ha considerado la iniciativa de un mero ejercicio retórico sin contenido normativo real.

“Puestos a proponer obviedades, podríamos proponer que el Parlament manifieste que los asesinatos van contra la vida”, ha remarcado el diputado ecosoberanista, quien ha acusado a PP y Vox de competir “por obtener rédito electoral de la islamofobia creciente que la extrema derecha populista está fomentando”. Apesteguia ha incidido en que “solo les diferencia el grado, porque la demagogia barata es exactamente la misma”. “Entre la propuesta del PP y la propuesta de Vox no hay una óptica política diferente, sino 15 gin-tonics de diferencia. Un 'aguanta el cubata' de manual. Son ustedes una copia barata de Vox”, ha aseverado dirigiéndose a la bancada popular.

Del mismo modo, ha subrayado que una prohibición generalizada del velo islámico no es una herramienta eficaz para abordar su imposición. “No se pueden proponer soluciones simplistas a problemas complejos”, ha recalcado el representante de Més per Mallorca, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo que advierte de que la prohibición del velo integral “puede acabar suponiendo una doble discriminación a las mujeres que lo sufren”. “Porque si un hombre obliga a su mujer a ponerse un burka para ir al médico, ¿qué pasará si prohibimos el burka en el centro de salud? Que su marido seguramente lo que le prohibirá será ir al médico”, ha concluido.

La diputada socialista Teresa Suárez ha calificado el debate de “guerra para ver quién es más racista y quién genera más odio”, mientras que, desde Unides Podem, José María García ha advertido de que una decisión de este calado no debería adoptarse “sin tener en cuenta a las mujeres musulmanas”, recriminando que la iniciativa “no tiene una intención liberadora”, sino que lo único que busca es “atacar una religión”.

La propuesta

Con la aprobación de la PNL, el Parlament balear insta al Gobierno de España a impulsar las reformas legislativas necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública. Este punto del texto, que sostiene que el burka constituye una forma de opresión y sumisión contraria a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres, ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, el voto en contra de Unides Podem y la abstención del resto de grupos.

El pleno también ha aprobado, con 36 votos a favor -PP, Vox, Més per Menorca y Podem- y 22 abstenciones -Més per Mallorca y PSIB-, una declaración que considera los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina prácticas contrarias a los valores básicos de la sociedad española y gravemente lesivas para los derechos fundamentales y la integridad de mujeres y niñas.

Finalmente, la Cámara solicita al Ejecutivo central y a la Unión Europea que establezcan normas, mecanismos sancionadores y un endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral, así como prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina. En este último punto, PP, Vox y Unides Podem han votado a favor, Més per Mallorca se ha abstenido y el PSIB se ha posicionado en contra.

Ja és mitja tarda i la foscor comença a tenyir cada una de les làpides del cementiri de Palma. El silenci que a aquelles hores inunda la necròpolis es veu, de sobte, interromput pels plors i les pregàries. Provenen del Jardí de l'islam, un discret racó on les tombes miren cap a la Meca. Són només 39, a penes una illa dins del monumental recinte funerari, per a una comunitat de més de 30.000 fidels. En aquell instant, una família està donant sepultura a un dels seus. “Aquí no hi cap ningú més”, es lamenta un dels presents mentre assenyala una filera ja completa.

La comunitat musulmana porta anys reivindicant una ampliació que mai arriba tot i les promeses polítiques. Malgrat la senzillesa del ritu islàmic (o halal) -integrat pel ghusl (rentat ritual del cos), el kafan (la mortalla), la inhumació en terra i l'orientació cap a la qibla -, la manca d'instal·lacions adequades -diluïdes entre propostes tècniques i expedients que no avancen- provoca que nombroses famílies continuïn enfrontant-se a un dilema el ressò del qual s'estén a municipis i ciutats de tot el país: on enterrar els seus morts quan l'espai s'esgota o, directament, no existeix?

Espanya compta amb uns 2,5 milions de ciutadans musulmans, d'acord a les xifres de l'Observatori Andalusí i la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya (UCIDE). De tots ells, el 44% són espanyols (convertits o nacionalitzats), el 37%, marroquins i la resta, pakistanesos, senegalesos i algerians, principalment. No obstant això, la infraestructura funerària -igual que altres prestacions bàsiques- no ha acompanyat l'increment de persones que professen l'islam: el 95% de les comunitats islàmiques no compten amb cementiri o almacbara i cinc autonomies -Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Galícia i Extremadura- no disposen de cap terreny per a això.

“L'Estat assumeix que els musulmans, igual que les altres confessions minoritàries amb arrelament a Espanya, tenen dret a ser enterrats als cementiris municipals i que els mateixos ajuntaments han d'adequar una part d'ells al ritu musulmà, però això no acaba de desenvolupar-se, assenyala el secretari general i representant legal de la Federació Espanyola d'Entitats Religioses Islàmiques (FEERI), Francisco Jiménez. En total, a penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme a la tradició musulmana entre els més de 17.800 repartits per tot el país. No obstant això, els espais existents estan saturats o les ordenances únicament permeten inhumar persones empadronades en aquest municipi, dificultant encara més l'accés als qui viuen a prop, però no estan inscrits oficialment allà.

A penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme al ritu islàmic entre els més de 17.800 repartits per tot el país

“Estem en uns llimbs”

En el cas de les Balears, encara que comparteix problemes comuns amb altres comunitats, el problema es viu de forma especialment dolorosa. Tan sols compta amb una parcel·la oficial, el Jardí de l'islam, per a tot el territori: no existeix cap terreny habilitat a Menorca, Eivissa o Formentera, la qual cosa, a la pràctica, situa l'arxipèlag en una posició similar a les regions en què no hi ha cap cementiri musulmà.

Des del seu impuls fa 16 anys, en aquest petit racó ubicat en un dels angles del cementiri de Palma, la saturació de l'espai és un problema recurrent. “Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou”, comenta Nur Bió, membre del centre cultural islàmic An-Nour. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Palma per confirmar aquest i altres extrems, però des del Consistori eludeixen fer declaracions al respecte.

Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou

Nur Bió — Membre del centre cultural islàmic An-Nou

Bió no oculta la seva indignació: “Estem parlant de ciutadans que viuen, paguen impostos i moren aquí. Potser en aquests moments sigui una cosa antielectoral, però volem que se'ns concedeixi el que ens és un dret fonamental a la comunitat musulmana. Estem en uns llimbs en què la gent continua naixent i continua morint, però continuem sent ciutadans d'una ciutat on no se'ns enterra”, expressa.

Abderrahim, representant de la Lliga Musulmana de Balears, assenyala en aquesta mateixa línia que, a les illes, hi ha nombrosos ciutadans que, a causa de les dificultats que troben per enterrar els seus familiars, estan comprant espais a València o a Múrcia per poder donar-los sepultura “perquè allà hi ha més facilitats”. Explica, a més, que, davant la manca d'espai al Jardí de l'Islam i els elevats costos de repatriació, hi ha mesquites que supleixen amb xarxes de suport comunitari la manca de resposta institucional. Entre aquestes pràctiques, des de fa anys s'organitzen col·lectes entre els fidels per ajudar les famílies que no poden assumir les despeses d'un enterrament o un trasllat.

A nivell estatal, organitzacions com UCIDE i plataformes com Entierro Digno -nascuda l'octubre de 2024 per reclamar la creació de llocs de sepultura per a les persones musulmanes- coincideixen a subratllar que, més enllà de la Constitució Espanyola i de les normatives que promouen la llibertat religiosa, l'habilitació d'espais adequats per a aquests enterraments està reconeguda per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual va ser aprovat l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya, pioner a Europa, però sense desenvolupament pràctic en molts territoris.

En aquest sentit, algunes de les reivindicacions específiques passen per modificar la normativa funerària perquè es puguin dur a terme enterraments sense fèretre, la rehabilitació dels cementiris musulmans construïts durant la Guerra Civil i l'habilitació de parcel·les en municipis en els quals, malgrat el volum de població musulmana existent, no compten amb un cementiri propi.

Es tracta d'un dèficit que obliga centenars de famílies a triar entre enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen -amb un cost que pot arribar a superar els 7.000 euros- o, en el pitjor dels casos, que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució adequada.

Les famílies tenen tres opcions: enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen o que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució

La necessitat d'aquest tipus d'espais es va fer més urgent amb la pandèmia de la COVID i l'increment del nombre de defuncions i encara més visible després de la mort del president de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) i d'UCIDE Riay Tatary, el 6 d'abril de 2020, després de dues setmanes ingressat a l'hospital madrileny de La Paz. Unos dies després, es publicava un informe inèdit -i crucial- sobre la situació dels cementiris per als musulmans elaborat per Mohamed Ajana Elouafi, secretari de la CIE, en què abordava els desafiaments per donar sepultura conforme al ritu halal en un moment crític com el d'aleshores.

Bloqueig polític

A Mallorca, el Jardí de l'islam va ser impulsat el 2009 després d'anys de reivindicacions de la comunitat musulmana. Fins aquell moment no existia a tot l'arxipèlag cap parcel·la on realitzar enterraments d'acord a la tradició islàmica, però la mort d'Abdelhadi Chabli, un argelí resident a Mallorca que havia expressat el seu desig de ser enterrat a l'illa i que, per manca d'espai, finalment va a haber de ser repatriat, va suposar un punt d'inflexió. El malestar generat i la cobertura del cas -impulsada per un periodista amic del finat- van activar un moviment social que va pressionar per habilitar un espai específic dins del cementiri palmesà.

El Jardí de l'Islam va néixer així com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, 16 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana.

El Jardí de l'Islam va néixer com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, més de 15 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana

Jiménez reconeix la seva frustració pel bloqueig polític. Cada canvi de govern ha significat “començar de zero”, fins i tot quan les ampliacions ja estaven negociades, com va succeir la passada legislatura, quan l'Ajuntament estava governat per PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Podem. En aquest sentit, retreu que, en l'actual mandat, amb PP i Vox al capdavant del Consistori palmesà, les qüestions relatives a la llibertat religiosa es converteixin en una batalla partidista. “L'ultradreta ha creat un ambient que ja s'havia superat i el PP juga molt amb això. ¿Per què? Perquè veu que li dóna vots”, assevera.

Per la seva banda, Nur Bió, que també és secretari d'una de les mesquites de Palma, explica que la comunitat porta un any i mig reclamant a l'Ajuntament l'habilitació de, com a mínim, 22 noves tombes com a pas previ a una ampliació més consistent. Es tracta d'un compromís anunciat públicament, però, lamenta Bió, no materialitzat: “Ni les 22 tombes ni l'ampliació s'han vist per cap costat”. Segons els seus càlculs, serien necessàries unes 120 tombes per a la població musulmana de Palma. En aquesta línia, critica que no s'està oferint a les famílies la possibilitat de mantenir els seus difunts en la tomba original, tot i que la llei exigeix respectar un mínim de cinc anys abans de dur a terme qualsevol exhumació.

La realitat econòmica: repatriar o endeutar-se

Les famílies amb menys recursos pateixen especialment aquesta situació. Segons Bió, quan algú faleix “el posen dos dies a la nevera i comencen a buscar diners per tot arreu” per repatriar-lo i les assegurances privades, que “moltes vegades prometen cobrir repatriacions, tampoc els ajuden”, assenyala. El cost mínim per traslladar un cos depèn de factors com el país de destinació, el transport aeri, el ataüt homologat i els permisos sanitaris i administratius, la qual cosa, segons fonts del sector, pot ascendir a més de 7.000 euros, unes xifres inassumibles per a moltes famílies. Una situació que, com afirma Maissoun Alhalabi, ciutadana síria resident a Mallorca, provoca autèntics drames: cossos que romanen dies sense destí i famílies que no poden complir els ritus bàsics de la seva religió.

“Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners. No tothom pot fer-ho”, incideix Maissoun. En el seu cas, va contractar una assegurança “perquè hi havia moltes dificultats per entrar a Síria”. “Jo em quedo més tranquil·la”, afirma.

Tant Bió com Jiménez subratllen que el ritu funerari musulmà no exigeix infraestructures costoses: només requereix orientació cap a la Meca, enterrament en terra i, preferentment, sense fèretre. Encara que la normativa espanyola obliga a usar taüt, la comunitat ho accepta com a solució adaptada. “No necessitem res especial”, insisteix Bió. “Només és fer-ho d'una altra manera”, afegeix. Jiménez, per la seva banda, subratlla que fins i tot es podrien optimitzar alguns aspectes tècnics, com dividir les tombes per permetre dos enterraments per unitat i dissenyar fèretres verticals concordes al ritu. “Les tombes es desaprofiten. Tenim un problema d'espai, però tampoc ens deixen buscar solucions”, emfatitza.

El cost de traslladar un cos a un altre país pot ascendir a més de 7.000 euros. 'Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners', comenta Maissoun Alhalabi, ciutadana siriana resident a Mallorca

Cartagena, el precedent judicial

Mentre a Palma l'estancament continua, altres ciutats han experimentat certs avenços o afrontat conflictes que exemplifiquen la situació en què es troben els musulmans a Espanya. El cas més recent és el de Cartagena (Múrcia), on un jutjat, mitjançant una sentència dictada el passat mes de juny, va obligar l'Ajuntament a habilitar una àrea per a enterraments conforme al ritu islàmic i d'acord a la normativa sanitària vigent després d'anys de reclamacions ignorades. La resolució va marcar un precedent important en aquest sentit, en reconèixer que la inacció administrativa pot suposar una vulneració de drets fonamentals en matèria religiosa. La Justícia atenia així la demanda interposada per la comunitat local, que compta amb prop de 30.000 fidels. Un mes després, Madrid anunciava l'habilitació d'una parcel·la de 15.000 metres quadrats en el cementiri sud de Carabanchel, però amb límits i solucions intermèdies.

En paral·lel, l'associació Entierro Digno, una de les plataformes més actives en la denúncia de la manca d'espais funeraris per a la comunitat musulmana a Espanya, ha impulsat el documental Descansa en Paz, una peça que posa rostre i veu a les famílies que es veuen obligades a repatriar els seus éssers estimats o a enterrar-los a centenars de quilòmetres per l'absència de parcel·les adequades als seus municipis. La filmació recull testimonis que expliquen l'impacte emocional i econòmic d'aquestes situacions, així com l'angoixa afegida que suposa no poder complir els ritus funeraris islàmics en un moment de dol. “A Espanya, milers de famílies musulmanes no saben on podran acomiadar els seus”, subratllen des de l'entitat.

Descansa en Paz s'ha convertit en una eina clau que, a través d'entrevistes, imatges de cementiris saturats i dades sobre la desigual implantació d'espais musulmans al territori espanyol, evidencia una realitat que durant anys ha romàs invisible per a gran part de la societat. El documental es nodreix, així mateix, de “decisions municipals, encerts, obstacles i la realitat d'un procés que gairebé mai s'explica, però marca una família per sempre”, com assenyalen des d'Entierro Digno, liderada per Mayson Douas.

A Palma, el Jardí de l'Islam -un rectangle diminut en un colosal cementiri- revela la magnitud del problema: manca planificació i una política funerària que tingui en compte la diversitat real de la població espanyola. Les làpides, alineades en silenci, semblen reforçar aquest argument. Cadascuna d'elles explica una història i recorda una vida mentre, més enllà dels murs del cementiri, les associacions i les famílies busquen que la seva problemàtica formi part de l'agenda institucional. “No volem privilegis, volem igualtat”, sentencien.

Es media tarde y la oscuridad comienza a teñir cada una de las lápidas del cementerio de Palma. El silencio que a esas horas inunda la necrópolis se ve, de repente, interrumpido por los llantos y los rezos. Proceden del Jardí de l'islam, un discreto rincón donde las tumbas miran hacia La Meca. Son solo 39, apenas una isla dentro del monumental camposanto, para una comunidad de más de 30.000 fieles. En ese instante, una familia está dando sepultura a uno de los suyos. “Aquí no cabe nadie más”, se lamenta uno de los presentes mientras señala una hilera ya completa.

La comunidad musulmana lleva años reivindicando una ampliación que nunca llega a pesar de las promesas políticas. Pese a la sencillez del rito islámico (halal) -integrado por el ghusl (lavado ritual del cuerpo), el kafan (la mortaja), la inhumación en tierra y la orientación hacia la qibla -, la falta de instalaciones adecuadas -diluidas entre propuestas técnicas y expedientes que no avanzan- provoca que numerosas familias continúen enfrentándose a un dilema cuyo eco se extiende en municipios y ciudades de todo el país: ¿dónde enterrar a sus muertos cuando el espacio se agota o, directamente, no existe?

España cuenta con unos 2,5 millones de ciudadanos musulmanes, de acuerdo a las cifras del Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De todos ellos, el 44% son españoles (convertidos o nacionalizados), el 37%, marroquíes y el resto, pakistaníes, senegaleses y argelinos, principalmente. Sin embargo, la infraestructura funeraria -al igual que otras prestaciones básicas- no ha acompañado al incremento de personas que profesan el islam: el 95% de las comunidades islámicas no cuentan con cementerio o almacbara y cinco autonomías -Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura- no disponen de terreno alguno para ello.

“El Estado asume que los musulmanes, al igual que las otras confesiones minoritarias con arraigo en España, tienen derecho a ser enterrados en los cementerios municipales y que los mismos ayuntamientos deben adecuar una parte de ellos al rito musulmán, pero esto no acaba de desarrollarse”, señala el secretario general y representante legal de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Francisco Jiménez. En total, apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro de acuerdo a la tradición musulmada entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país. Sin embargo, los espacios existentes están saturados o las ordenanzas únicamente permiten inhumar a personas empadronadas en ese municipio, dificultando aún más el acceso a quienes viven cerca, pero no están inscritos oficialmente allí. 

Apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro conforme al rito islámico entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país

“Estamos en un limbo”

En el caso de Balears, aunque comparte problemas comunes con otras comunidades, el problema se vive de forma especialmente dolorosa. Tan solo cuenta con una parcela oficial, el Jardí de l'islam, para todo el territorio: no existe ningún terreno habilitado en Menorca, Eivissa o Formentera, lo que, en la práctica, sitúa al archipiélago en una posición similar a las regiones en las que no hay ningún cementerio musulmán.

Desde su impulso hace 16 años, en este pequeño rincón ubicado en uno de los ángulos del cementerio de Palma, la saturación del espacio es un problema recurrente. “Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo”, comenta Nur Bió, miembro del centro cultural islámico An-Nour. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Palma para confirmar este y otros extremos, pero desde el Consistorio eluden hacer declaraciones al respecto.

Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo

Nur Bió — Miembro del centro cultural islámico An-Nou

Bió no oculta su indignación: “Estamos hablando de ciudadanos que viven, pagan impuestos y mueren aquí. Quizás en estos momentos sea algo antielectoral, pero queremos que se nos conceda lo que nos es un derecho fundamental a la comunidad musulmana. Estamos en un limbo en el que la gente sigue naciendo y sigue muriendo, pero seguimos siendo ciudadanos de una ciudad donde no se nos entierra”, expresa.

Abderrahim, representante de la Lliga Musulmana de Balears, señala en esta misma línea que, en las islas, hay numerosos ciudadanos que, debido a las dificultades que encuentran para enterrar a sus familiares, están comprando espacios en Valencia o en Murcia para poder darles sepultura “porque allí hay más facilidades”. Explica, además, que, ante la falta de espacio en el Jardí de l’Islam y los elevados costes de repatriación, hay mezquitas que suplen con redes de apoyo comunitario la falta de respuesta institucional. Entre tales prácticas, desde hace años se organizan colectas entre los fieles para ayudar a las familias que no pueden asumir los gastos de un entierro o un traslado.

A nivel estatal, organizaciones como UCIDE y plataformas como Entierro Digno -nacida en octubre de 2024 para reclamar la creación de lugares de sepultura para las personas musulmanas- coinciden en subrayar que, más allá de la Constitución Española y de las normativas que promueven la libertad religiosa, la habilitación de espacios adecuados para estos enterramientos está reconocida por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que fue aprobado el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, pionero en Europa, pero sin desarrollo práctico en muchos territorios.

En este sentido, algunas de las reivindicaciones específicas pasan por modificar la normativa funeraria para que se puedan llevar a cabo enterramiento sin féretro, la rehabilitación de los cementerios musulmanes construidos durante la Guerra Civil y la habilitación de parcelas en municipios en los que, pese al volumen de población musulmana existente, no cuentan con un camposanto propio.

Se trata de un déficit que obliga a cientos de familias a elegir entre enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen -con un coste que puede superar los 5.000 euros- o, en el peor de los casos, que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución adecuada.

Las familias tienen tres opciones: enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen o que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución

La necesidad de este tipo de espacios se hizo aún más acuciante con la pandemia de la COVID y el incremento del número de fallecimientos y aún más visible tras la muerte del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE) y de UCIDE Riay Tatary, el 6 de abril de 2020, tras dos semanas ingresado en el hospital madrileño de La Paz. Unos días después, se publicaba un informe inédito -y crucial- sobre la situación de los cementerios para los musulmanes elaborado por Mohamed Ajana Elouafi, secretario de la CIE, en el que abordaba los desafíos para dar sepultura conforme al rito halal en un momento crítico como el de entonces.

Bloqueo político

En Mallorca, el Jardí de l'islam fue impulsado en 2009 tras años de reivindicaciones de la comunidad musulmana. Hasta aquel momento no existía en todo el archipiélago ninguna parcela donde realizar enterramientos conforme al rito islámico, pero la muerte de Abdelhadi Chabli, un argelino residente en Mallorca que había expresado su deseo de ser enterrado en la isla y cuyo cuerpo tuvo que ser finalmente repatriado, supuso un punto de inflexión. El malestar generado y la cobertura del caso -impulsada por un periodista amigo del fallecido- activaron un movimiento social que presionó para habilitar un espacio específico dentro del camposanto palmesano.

El Jardí de l'Islam nació así como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 16 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana.

El Jardí de l'Islam nació como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 15 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana

Jiménez reconoce su frustración por el bloqueo político. Cada cambio de gobierno ha significado “empezar de cero”, incluso cuando las ampliaciones estaban ya negociadas, como sucedió en la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos. En este sentido, recrimina que, en el actual mandato, con PP y Vox al frente del Consistorio palmesano, las cuestiones relativas a la libertad religiosa se conviertan en una batalla partidista. “La ultraderecha ha creado un ambiente que ya se había superado y el PP juega mucho con eso. ¿Por qué? Porque ve que le da votos”, asevera.

Por su parte, Nur Bió, quien también es secretario de una de las mezquitas de Palma, explica que la comunidad lleva un año y medio reclamando al Ayuntamiento la habilitación de, como mínimo, 22 nuevas tumbas como paso previo a una ampliación más consistente. Se trata de un compromiso anunciado públicamente, pero, lamenta Bió, no materializado: “Ni las 22 tumbas ni la ampliación se han visto por ningún lado”. Según sus cálculos, serían necesarias unas 120 tumbas para la población musulmana de Palma. En esta línea, critica que no se está ofreciendo a las familias la posibilidad de mantener a sus difuntos en la tumba original, pese a que la ley exige respetar un mínimo de cinco años antes de llevar a cabo cualquier exhumación.

La realidad económica: repatriar o endeudarse

Las familias con menos recursos sufren especialmente esta situación. Según Bió, cuando alguien fallece “lo ponen dos días en la nevera y empiezan a buscar dinero por todos los lados” para repatriarlo y los seguros privados, que “muchas veces prometen cubrir repatriaciones, tampoco les ayudan”, señala. El coste mínimo para trasladar un cuerpo depende de factores como el país de destino, el transporte aéreo, el ataúd homologado y los permisos sanitarios y administrativos, lo que, según fuentes del sector, puede ascender a más de 7.000 euros, unas cifras inasumibles para muchas familias. Una situación que, como afirma Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca, provoca auténticos dramas: cuerpos que permanecen días sin destino y familias que no pueden cumplir los ritos básicos de su religión.

“Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero. No todo el mundo puede hacerlo”, incide Maissoun. En su caso, contrató un seguro “porque había muchas dificultades para entrar a Siria”. “Yo me quedo más tranquila”, afirma.

Tanto Bió como Jiménez subrayan que el rito funerario musulmán no exige infraestructuras costosas: solo requiere orientación hacia La Meca, entierro en tierra y, preferentemente, sin féretro. Aunque la normativa española obliga a usar ataúd, la comunidad lo acepta como solución adaptada. “No necesitamos nada especial”, insiste Bió. “Solo es hacerlo de otra manera”, añade. Jiménez, por su parte, subraya que incluso podrían optimizarse algunos aspectos técnicos, como dividir las tumbas para permitir dos enterramientos por unidad y diseñar féretros verticales acordes a la tradición. “Las tumbas se desaprovechan. Tenemos un problema de espacio, pero tampoco nos dejan buscar soluciones”, enfatiza.

El coste de trasladar un cuerpo a otro país puede ascender a más de 7.000 euros. 'Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero', comenta Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca

Cartagena, el precedente judicial

Mientras en Palma el estancamiento continúa, otras ciudades han experimentado ciertos avances o enfrentado conflictos que ejemplifican la situación en la que se encuentran los musulmanes en España. El caso más reciente es el de Cartagena (Murcia), donde un juzgado, mediante una sentencia dictada el pasado mes de junio, obligó al Ayuntamiento a habilitar un área para enterramientos conforme al rito islámico y de acuerdo a la normativa sanitaria vigente tras años de reclamaciones ignoradas. El fallo marcó un precedente importante en este sentido, al reconocer que la inacción administrativa puede suponer una vulneración de derechos fundamentales en materia religiosa. La Justicia atendía así la demanda interpuesta por la comunidad local, que cuenta con cerca de 30.000 fieles. Un mes después, Madrid anunciaba la habilitación de una parcela de 15.000 metros cuadrados en el cementerio sur de Carabanchel, pero con límites y soluciones intermedias. 

En paralelo, la asociación Entierro Digno, una de las plataformas más activas en la denuncia de la falta de espacios funerarios para la comunidad musulmana en España, ha impulsado el documental Descansa en Paz, una pieza que pone rostro y voz a las familias que se ven obligadas a repatriar a sus seres queridos o a enterrarlos a cientos de kilómetros por la ausencia de parcelas adecuadas en sus municipios. La filmación recoge testimonios que explican el impacto emocional y económico de estas situaciones, así como la angustia añadida que supone no poder cumplir los ritos funerarios islámicos en un momento de duelo. “En España, miles de familias musulmanas no saben dónde podrán despedir a los suyos”, subrayan desde la entidad.

Descansa en Paz se ha convertido en una herramienta clave que, a través de entrevistas, imágenes de cementerios saturados y datos sobre la desigual implantación de espacios musulmanes en el territorio español, evidencia una realidad que durante años ha permanecido invisible para gran parte de la sociedad. El documental se nutre, asimismo, de “decisiones municipales, aciertos, obstáculos y la realidad de un proceso que casi nunca se explica, pero marca a una familia para siempre”, como señalan desde Entierro Digno, liderada por Mayson Douas.

En Palma, el Jardí de l'Islam -un rectángulo diminuto en un colosal camposanto- revela la magnitud del problema: falta planificación y una política funeraria que tenga en cuenta la diversidad real de la población española. Las lápidas, alineadas en silencio, parecen reforzar este argumento. Cada una de ellas cuenta una historia y recuerda una vida mientras, más allá de los muros del camposanto. Las asociaciones y las familias buscan que su problemática forme parte de la agenda institucional. “No queremos privilegios, queremos igualdad”, sentencian.

Desde el comienzo del este curso, el instituto público Práxedes Mateo Sagasta de Logroño ha prohibido el uso de velo islámico en este centro, justificando el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC) que no permite acudir a clase “con la cabeza tapada”. Desde entonces, las alumnas se retiran el velo para entrar en clase, excepto una de ellas que se niega a hacerlo y ya ha sido expulsada por este motivo.

Eman ha llegado este curso al Sagasta para cursar 1º de Bachillerato. Cuenta que se enteró de la medida con la inscripción hecha, cuando no había posibilidad de marcha atrás y siendo además este centro educativo el único de La Rioja que ofrece el Bachillerato Internacional que ella había elegido y al que se accede con muy buen expediente académico y nivel de inglés. “El primer día tenía la esperanza de que no lo hicieran, pero nada más llegar me dijeron duramente que me quitara el velo”, recuerda. Aquello le dejó “asustada, presionada y en estado de shock”, por lo que accedió a retirarse el pañuelo durante la primera semana.

Sin embargo, tras valorarlo durante el fin de semana decidió “plantar cara” y entrar al instituto con el hijab, lo que terminó provocando este lunes la expulsión de un día de Eman. “Les respondí que era mi derecho fundamental de libertad religiosa y me negué a irme a casa, pero no sirvió”. Además, la dirección le avisó que con dos o tres expulsiones se abriría un expediente por el que podría perder el Bachillerato Internacional. Al igual que otras compañeras, ha presentado quejas en el centro y en la Consejería de Educación y ha reclamado su informe de expulsión que aún no le han entregado, pero ahora mismo no sabe qué más hacer: “No puedo enfrentarme a ellos (a la dirección del centro) porque mi futuro está en riesgo”. “Estoy preocupada, no se dónde ir ni lo que me va a pasar, me han paralizado y cada día siento que me están faltando el respeto”.

Este miércoles sus compañeros y compañeras han iniciado las movilizaciones contra la prohibición del velo con una recogida de firmas y una concentración, que ella ha preferido apoyar desde el otro lado ante la presión mediática de los últimos días. A las puerta del centro educativo, se han concentrado con un largo aplauso de apoyo a las jóvenes afectadas y proclamas como “No a la imposición, sí a la educación”, “Incluir sí, excluir no”, “Todos iguales, todos diferentes”.

El portavoz del alumnado y miembro también del Consejo Escolar, Aníbal San Martín, ha denunciado que esta situación “es muy complicada para las alumnas” y que “afecta negativamente a la diversidad cultural del centro”. Además, han considerado que “no se ha visibilizado por parte de los profesores” y solo unos pocos han tratado el tema en las clases. Las movilizaciones continuarán esta semana y se valorará cómo seguir actuando tras el periodo festivo por San Mateo.

Las asociaciones ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes), Asociación paquistaní de La Rioja, AMIN (Asociación Mundo Inmigrante), Arabella (Asociación de mujeres árabes en La Rioja), Asociación Faizan e Madina de Logroño y Asociación Gulzare Madina Logroño, fueron las primeras en alzar la voz para denunciar esta situación el primer día de curso, cuando las jóvenes se enteraron de esta normativa, después de años en los que podían llevar el hiyab sin problemas.

Además de denunciar que esta prohibición “atenta contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de DD.HH., el Convenio Europeo de DD. HH. y obvia una sentencia del tribunal supremo en de 2013”, las asociaciones criticaron que no se avisara a las familias a final del curso, impidiendo que las alumnas se matricularan en otros centros.

Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja respondió que la prohibición “se ajusta a derecho” y en todas las declaraciones públicas sobre estas cuestiones ,se han limitado a apelar a la “autonomía de los centros y sus reglamentos de funcionamiento”. En este centro en concreto, por lo tanto, “es el instituto en el que, de acuerdo con su Consejo Escolar, de acuerdo con toda su comunidad educativa, la que ha establecido una norma de vestimenta en cada uno de los mismos”, subrayó el portavoz del ejecutivo, Alfonso Domínguez. “A partir de ahí, por tanto, el Gobierno de La Rioja y la Consejería de Educación lo único que puede hacer es respetar la decisión que autónomamente ha tomado este centro”. Este medio ha intentado también hablar con la dirección del centro educativo tras la concentración del alumnado, pero no ha obtenido respuesta.

Desde la Universidad de La Rioja, la Clínica Jurídica y de Intervención Social ha elaborado un informe a la consulta del AMPA del instituto sobre la prohibición del velo islámico. El organismo ha concluido que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro no tiene cobertura legal suficiente y “no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin respaldo legal superior”. Además, recuerda que toda restricción a derechos fundamentales debe ser aprobada por ley orgánica, responder a un fin legítimo y ser proporcional, requisitos que, según recoge el informe, este reglamento “no cumple”.

La Clínica Jurídica entiende que “el uso del velo islámico constituye una manifestación de la libertad religiosa, con profundo significado espiritual, cultural y personal para muchas mujeres musulmanas” y que “la aconfesionalidad del Estado español implica neutralidad, no hostilidad hacia las religiones”, por lo que concluye que “prohibir símbolos religiosos personales en centros públicos contradice este principio”. El texto también alude a autores que puntualizan que “el problema principal se plantea con los velos impuestos a las niñas”, aunque añaden que “no se resuelve con una imposición que fuerza”. Sobre las consecuencias sociales y psicológicas, el informe recoge que “la prohibición puede provocar estigmatización, exclusión, ansiedad y abandono escolar, afectando negativamente la autoestima y el bienestar de las estudiantes”. “Las normas de convivencia deben promover la inclusión y el respeto a la diversidad. La prohibición del velo contradice estos principios y fomenta la discriminación”, concluye.

La prohibición del velo islámica este curso en el instituto público con más historia de La Rioja se ha encontrado con valoraciones encontradas. El equipo directivo parece mantenerse firme en su decisión y cuenta con el respaldo del Gobierno de La Rioja y mientras, parte del alumnado ha comenzado a protestar contra la medida ante la mirada Eman, alejada de la concentración apoyada en algunas compañeras. Mientras terminaba la protesta, desde el centro han cerrado la puerta de acceso.

El PSOE ha solicitado al Ayuntamiento de Jumilla que valore las posibles consecuencias legales y penales que podrían tener para el municipio la materialización del acuerdo aprobado por el PP sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana.

Los socialistas han recordado que el texto, que sustituía una moción de Vox que pedía la prohibición expresa de actos de la comunidad musulmana, podría “ser contrario al ordenamiento jurídico y discriminatorio, vulnerando los derechos fundamentales de libertad religiosa e igualdad de los artículos 16 y 14 de la Constitución Española, privando del uso de las instalaciones a vecinos de Jumilla por razón de su religión”.

“La competencia del Ayuntamiento para regular los espacios municipales no debería utilizarse para hacerlo prescindiendo de los límites constitucionales que supone el respeto del derecho fundamental de libertad religiosa”, han insistido desde el PSOE en la localidad.

En su solicitud los socialistas han abundado en que llevar a cabo la modificación instada, puede suponer la comisión del delito previsto en el artículo 511 del Código Penal por el Equipo de Gobierno y los Concejales que la apoyen, al suponer que con ello se estaría privando del uso de las instalaciones públicas a ciudadanos de Jumilla por razón de su religión. Esto, han recordado, iría en contra de la legalidad de uso de los bienes públicos, siendo una actuación discriminatoria, y en contra de los principios de aconfesionalidad y neutralidad del Estado, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa y a la igualdad.

La solicitud socialista viene después de que el Gobierno Central presentase un requerimiento al consistorio jumillano para que anule el acuerdo aprobado la semana pasada que prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana de la localidad.

El Ejecutivo ha argumentado que “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana: “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, ha explicado el Gobierno.

L’Ajuntament de València publicava dilluns en el Butlletí Oficial de la Província, en ple mes d’agost, l’anunci sobre el canvi de denominació de la ciutat proposat per l’equip de govern municipal i aprovat en ple pel Partit Popular i Vox el 22 de juliol passat. Ara, a penes dos anys després que el juny del 2023 s’impulsara el canvi de denominació a través d’una moció elevada al ple per l’acabada de nomenar alcaldessa llavors María José Catalá, s’obri un període de 20 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions.

El canvi se sustenta, tal com es recull en diversos documents adjunts en l’expedient de més de 850 pàgines, en les apòcrifes Normes del Puig, que estan avalades per institucions secessionistes en l’àmbit lingüístic com Lo Rat Penat o la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, adoptant la fórmula Valéncia en valencià, en contra del criteri avalat per l’estatutària Acadèmia Valenciana de la Llengua, i Valencia en castellà.

Sobre això, un informe del secretari municipal de l’Ajuntament de València, Hilario Llavador, adverteix que l’acord municipal “s’excedeix de les competències legals que s’atorguen al municipi, ja que la normativa lingüística a la Comunitat Valenciana la fixa l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d’acord amb el que es disposa en l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia” del 2006: “La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua serà d’aplicació obligatòria en totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana”. Per això, el jurista alerta que l’acord “infringiria l’ordenament jurídic”.

La decisió adoptada per l’equip de Govern de Partit Popular i Vox està avalada per un informe tècnic del lingüista i acadèmic de l’AVL Abelard Saragossà, adjudicat en contracte menor del departament municipal de Normalització Lingüística per un import de 2.000 euros (IVA inclòs), tal com es reflecteix en l’expedient. Es dona la circumstància que Saragossà defensava la postura contrària, l’accent obert de València, en l’article ‘Sobre les causes de les pronúncies del nom de la capital valenciana’, publicat el març del 1998 en el butlletí de la Societat Onomàstica.

Saragossà, a més, critica en el seu escrit –el principal argument en què se sustenta el criteri del consistori per a justificar el canvi de denominació de la capital valenciana– el dictamen redactat per l’AVL el 2016 que va justificar en aquella ocasió –amb Joan Ribó d’alcalde i Compromís, el PSPV i València en Comú en el govern municipal– l’adopció de la denominació València com a nom oficial de la ciutat. A més, en aquesta ocasió, l’executiu local de María José Catalá no ha sol·licitat un informe a la mateixa Acadèmia.

A més, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), integrat per les universitats d’Alacant, València i Jaume I de Castelló, aprovava de manera unànime un document d’al·legacions davant l’Ajuntament per a defensar el manteniment del topònim oficial ‘València’: “El topònim forma part de la regularitat ortogràfica del valencià i de la identitat col·lectiva del poble valencià”. “Alterar-lo sense criteris filològics consolidats suposa una fractura cultural i lingüística que no té cap justificació”, adverteixen, i afigen que la modificació “dificultaria l’aprenentatge i provocaria confusió entre la població”.

El Ayuntamiento de València publicaba este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, en pleno mes de agosto, el anuncio sobre el cambio de denominación de la ciudad propuesto por el equipo de gobierno municipal y aprobado en pleno por Partido Popular y Vox el pasado 22 de julio. Ahora, apenas dos años después de que en junio de 2023 se impulsara el cambio de denominación a través de una moción elevada al pleno por la entonces recién nombrada alcaldesa María José Catalá, se abre un período de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones.

El cambio se sustenta, tal y como se recoge en diversos documentos adjuntos en el expediente de más de 850 páginas, en las apócrifas Normas del Puig, que están avaladas por instituciones secesionistas en el ámbito lingüístico como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana, adoptando la fórmula Valéncia en valenciano, en contra del criterio avalado por la estatutaria Acadèmia Valenciana de la Llengua, y Valencia en castellano.

A este respecto, un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de València, Hilario Llavador, advierte que el acuerdo municipal “se excede de las competencias legales que se le otorgan al municipio, ya que la normativa lingüística en la Comunitat Valenciana la fija la Acadèmia Valenciana de la Llengua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Estatut d'Autonomia” de 2006: “La normativa lingüística de L’Acadèmia Valenciana de la Llengua será de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana”. Por ello, el jurista alerta que el acuerdo “infringiría el ordenamiento jurídico”.

La decisión adoptada por el equipo de Gobierno de Partido Popular y Vox está avalada por un informe técnico del lingüista y académico de la AVL Abelard Saragossà, adjudicado en contrato menor del departamento municipal de Normalización Lingüística por un importe de 2.000 euros (IVA incluido), tal y como se refleja en el expediente. Se da la circunstancia de que Saragossa defendía la postura contraria, el acento abierto de València, en el artículo 'Sobre les causes de les pronúncies del nom de la capital valenciana', publicado en marzo de 1998 en el boletín de la Societat Onomàstica.

Saragossà, además, critica en su escrito -el principal argumento en el que se sustenta el criterio del consistorio para justificar el cambio de denominación de la capital valenciana- el dictamen redactado por la AVL en 2016 justificar en aquella ocasión -con Joan Ribó de alcalde y Compromís, PSPV i València en Comú en el gobierno municipal- la adopción de la denominación València como nombre oficial de la ciudad. Además, en esta ocasión, el ejecutivo local de María José Catalá no ha solicitado un informe a la propia Acadèmia.

Además, el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV), integrado por las universidades de Alicante, València y Jaime I de Castelló, aprobaba de forma unánime un documento de alegaciones ante el Ayuntamiento para defender el mantenimiento del topónimo oficial 'València': “El topónimo forma parte de la regularidad ortográfica del valenciano y de la identidad colectiva del pueblo valenciano”. “Alterarlo sin criterios filológicos consolidados supone una fractura cultural y lingüística que no tiene justificación alguna”, advierten, para añadir que la modificación “dificultaría el aprendizaje y provocaría confusión entre la población”.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada a un imán de Figueres (Girona) acusado de maltratar a menores a los que impartía clases relacionadas con la religión musulmana. Fue la comunidad islámica local la que expulsó y denunció al religioso.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 5 de Figueres, en funciones de guardia, recibió al detenido, por supuestos delitos de lesiones, coacciones y malos tratos. El magistrado acordó la libertad del arrestado y que reste a disposición del juzgado siempre que sea requerido.

Agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos arrestaron al sospechoso hace una semana tras una investigación que se inició en octubre del 2024 y que se prolongó hasta mayo de 2025. Los delitos por los que se le investiga son coacciones, malos tratos y lesiones a los menores de la mezquita, pero se ha descartado que el religioso pronunciara discursos radicales.

Los miembros de la comunidad musulmana local alertaron a los Mossos de que el imam había agredido físicamente a niños. El religioso había llegado a Figueres hace unos dos años.

Tras el paso a disposición judicial, el procedimiento se enviará a reparto para designar cuál será el juzgado de instrucción de Figueres que seguirá con la tramitación de la investigación.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha entregado este martes el Premio Emakunde a la Igualdad a las asociaciones IMME-Asociación para la integración de las mujeres musulmanas, y AMUGE-Asociación para la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas, por “visibilizar y atender las múltiples formas de discriminación que viven tanto las mujeres gitanas como las mujeres musulmanas”. En un acto celebrado en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria, el premio ha sido recogido por Tamara Clavería, integrante de AMUGE; y Djamila Zereib, integrante de IMME, de manos del lehendakari, que ha estado acompañado de la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

En su intervención, el lehendakari ha afirmado que el empoderamiento de las mujeres es “un eje fundamental de las políticas” vascas y ha advertido de que “sin ese paso, no hay igualdad posible”. “Tampoco sin el firme compromiso de nosotros, los hombres, y este es un desafío que nos interpela a todas y también a todos nosotros”, ha resaltado. En este sentido, ha reivindicado el programa Gizonduz, el Servicio vasco para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad que recientemente Emakunde ha renovado, porque “interpela a los hombres”. “Este es un camino compartido”, ha añadido.

También ha destacado “el papel de las asociaciones en este camino” y “especialmente el de quienes trabajan con mujeres que en muchos casos quedan además en los márgenes de la sociedad o están en situaciones de mayor vulnerabilidad”. “Asociaciones como las que hoy reconocemos, AMUGE e IMME, ofrecéis una red social que amortigua la desigualdad, además de que ofrecéis muchísimas herramientas para que la voz de las mujeres sea realmente escuchada”, ha resaltado antes de agradecer su labor por su “trabajo imprescindible”.

Asimismo, ha alertado de “la batalla cultural que están dando los populismos y la ultraderecha en contra del movimiento a favor de la igualdad de las mujeres y de la igualdad real de las mujeres y los hombres”. “Lleva tiempo ocurriendo de manera menos manifiesta y más latente; están intentando corroer el marco de igualdad y de empoderamiento de las mujeres que intentamos construir en este país desde hace décadas”, ha insistido.

Al respecto, ha subrayado “la importancia de trasladar a las nuevas generaciones, a las y los más pequeños, a las y los más jóvenes, la idea de que queremos que decidan su futuro sin limitaciones de género” y cree que “para ello es necesario que tengan referentes y en el caso de las chicas, mujeres cuyo impacto en la sociedad sea además visible y sea reconocido”. “Las dos asociaciones que hoy habéis sido premiadas contribuís a que muchas chicas, a muchas mujeres reivindiquen su protagonismo activo en esta sociedad y que se conviertan también en referentes”, ha resaltado.

La directora de Emakunde, por su parte, ha recordado que la Ley de Igualdad vasca entre sus principios generales, “recoge la interseccionalidad como enfoque inspirador de la intervención pública”. “AMUGE e IMME tienen carácter colectivo y una mirada interseccional necesaria para describir las múltiples vulnerabilidades que atraviesan las mujeres. Ambas asociaciones nos muestran claramente que las mujeres no cabemos en una categoría homogénea”, ha señalado.

Elgarresta ha destacado la labor de las dos asociaciones para “desterrar roles y estereotipos”. “Desde Emakunde agradecemos vuestra labor prestando ayuda a mujeres que están condicionadas y limitadas como consecuencia de los estereotipos y los prejuicios existentes aún en nuestra sociedad”, ha destacado.

Emakunde ha destacado que la Asociación Intercultural para la promoción y el empoderamiento de las mujeres Gitanas de Euskadi es un colectivo “pionero en llevar a cabo un proceso de cambio y evolución hacia un enfoque feminista e independiente, desprendiéndose de la tutela masculina”. “La asociación pone el acento en el trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres gitanas en Euskadi, desde una perspectiva del 'feminismo dialógico gitano', en el que confluyen la lucha contra el antigitanismo y contra la violencia machista”, ha señalado.

Además, ha resaltado que “el impacto significativo a través de programas de empoderamiento, salud y formación en género, así como en la lucha contra la discriminación y la violencia machista, han sido argumentos determinantes para la concesión de este Premio”. Las Escuelas de empoderamiento “Tu voz cuenta”, el proyecto de nuevas masculinidades para hombres gitanos, la investigación de la historia de las mujeres gitanas o la visibilización de la criminalización que sufren en espacios públicos a través de publicaciones como “Nos persiguen”, son algunas de sus iniciativas.

Por otro lado, ha explicado que la labor de la Asociación de Integración de Mujeres Musulmanas en la Sociedad Vasca “se centra en el empoderamiento económico de las mujeres, capacitándolas en habilidades laborales” y ha explicado que sus programas educativos “han incrementado el acceso a la formación y la alfabetización, mejorando las perspectivas de futuro de muchas mujeres y sus familias”.

“La asociación ha trabajado para dar voz a las mujeres musulmanas, promoviendo sus derechos y fomentando su participación en la toma de decisiones en sus comunidades. Destacan los proyectos centrados en la sensibilización sobre la violencia de género, proporcionando recursos y apoyo a mujeres, además de influir en la formulación de políticas en las que las voces de las mujeres musulmanas sean consideradas en los procesos de toma de decisiones”, ha indicado. Por último, ha subrayado que, “desde su diversidad, esta organización, realiza una importante aportación al avance de la igualdad de mujeres y hombres, a través de sus acciones, trabajos o proyectos”.

Mucho se ha hablado sobre la entrega de las llaves de Granada de las manos del último rey nazarí, Boabdil, a los Reyes Católicos en 1492, en lo que la historia ha venido en llamar La Reconquista. Mucho se ha contado sobre aquello, forjando una imagen de impunidad en la actuación castellana sobre unos musulmanes completamente entregados. Pero ahora, la historia empieza a recuperar vestigios y pruebas de lo que pasó tras aquella conquista granadina. La suerte que corrieron quienes vivían a los pies de la Alhambra y no profesaban el cristianismo: acabaron repudiados en La Alpujarra y, después, reprimidos y deportados tras una guerra para defender sus propias señas de identidad que, que, ahora, historiadores del equipo liderado por Blas Ramos, arqueólogo por la Universidad de Granada (UGR), están sacando a la luz en tierras alpujarreñas.

En el corazón de La Alpujarra granadina, arqueólogos de la UGR han sacado a la luz restos clave para comprender uno de los episodios más cruentos de la historia de aquella España de finales de la Edad Media: la represión contra los moriscos en el siglo XVI por parte de la corona. En Bérchules han aparecido estructuras militares, cerámicas y fortificaciones que ofrecen una nueva perspectiva sobre la resistencia de esta población, perseguida por el rey Felipe II, bisnieto de los Reyes Católicos, hasta su expulsión definitiva de la península unas décadas después.

Este hallazgo no es un hecho aislado. Desde los años 80, y muy especialmente en el último lustro, se han identificado en la zona restos de la Guerra de las Alpujarras, un conflicto que se extendió entre 1568 y 1571 y que fue la respuesta desesperada de los moriscos, expulsados de Granada capital, ante la represión que les prohibía mantener sus costumbres y religión. En lugares como Juviles y Órgiva ya habían aparecido indicios de esa resistencia, pero en Bérchules se ha localizado un campamento en el llamado Tajo del Reyecillo, una zona escarpada donde los moriscos se refugiaban para evitar ser detectados y desde donde controlaban el valle. Una fortificación que algunos historiadores, erróneamente, relacionaban con la dinastía nazarí, desaparecida casi un siglo antes de que esta se construyese.

Uno de los aspectos más relevantes de este hallazgo es que el Tajo del Reyecillo es el lugar donde, según cuentan las leyendas, fue capturado Abén Aboo, el último líder morisco, lo que marcó el fin definitivo de la guerra en 1571

Blas Ramos, arqueólogo de la UGR y coordinador de la investigación, explica que los restos encontrados revelan cómo estos grupos construían empalizadas y utilizaban armas de fuego para resistir. “No se situaban en la parte alta del peñón como en un castillo tradicional, sino que se ocultaban en recovecos y abrigos naturales, lo que les permitía defenderse sin ser fácilmente localizados”, señala. “Sabemos que aquí hubo un enfrentamiento durísimo. Los castellanos los atacaron desde arriba, descolgándose con cuerdas y rodeándolos. Fue una matanza”.

El Tajo del Reyecillo era un enclave estratégico. “Desde aquí podían controlar los pasos de la sierra y evitar ser asediados con facilidad. Lo que hemos encontrado no es una fortificación típica, sino una estructura de defensa improvisada, pensada para la supervivencia en un entorno hostil”, explica Ramos. “En el suelo han aparecido restos de cerámica del siglo XVI, estructuras de piedra seca que parecen haber servido como barricadas y evidencias de que aquí se produjo un asedio prolongado. También encontramos botones de uniformes, lo que indica la presencia de tropas organizadas”.

Guerrilleros y familias escondidas

Uno de los aspectos más relevantes de este hallazgo es que el Tajo del Reyecillo es el lugar donde, según cuentan las leyendas, fue capturado Abén Aboo, el último líder morisco, lo que marcó el fin definitivo de la guerra en 1571. “Gracias a los documentos escritos sabemos que este campamento era utilizado por el último cabecilla de la rebelión, quien fue entregado a las tropas castellanas por sus propios correligionarios para finalizar la guerra”, señala Ramos.

Los investigadores, tras cotejarlo con la documentación que tenían en su poder, encontraron restos de lo que pudo ser una zona de refugio, con vestigios de viviendas improvisadas dentro de los recovecos del terreno. “Es probable que aquí se ocultaran no solo guerrilleros, sino también familias enteras que intentaban sobrevivir en condiciones extremas”, apunta Ramos. “El hecho de que encontremos restos de alimentación y útiles domésticos sugiere que este no era solo un punto defensivo, sino también un lugar de resistencia cotidiana”.

Pero la violencia contra los moriscos no terminó con la derrota militar. Ramos recuerda que la Guerra de las Alpujarras no fue solo una rebelión, sino un conflicto que acabó con la destrucción total de comunidades enteras. “Hay registros de cómo los soldados incendiaban cuevas donde se refugiaban familias enteras para asfixiarlas vivas. En la zona de la Contraviesa sabemos que una de estas cuevas contenía los restos de decenas de personas que murieron así”, cuenta. “Los relatos de la época describen ejecuciones masivas, desplazamientos forzosos y un intento sistemático de borrar a los moriscos de la historia. No estamos hablando solo de una guerra, sino de un exterminio”.

Se estima que entre 80.000 y 90.000 moriscos fueron desplazados forzosamente de La Alpujarra tras la derrota, una diáspora que los dispersó por toda la península en condiciones de extrema precariedad, hasta que finalmente fueron expulsados por el rey Felipe III a principios del siglo XVII

Las cifras son estremecedoras. Se estima que entre 80.000 y 90.000 moriscos fueron desplazados forzosamente de La Alpujarra tras la derrota, una diáspora que los dispersó por toda la península en condiciones de extrema precariedad, hasta que finalmente fueron expulsados por el rey Felipe III a principios del siglo XVII. Al menos 20.000 personas murieron en la guerra, muchas de ellas masacradas en emboscadas y asedios como el de Bérchules. “Estamos ante una de las mayores limpiezas étnicas de nuestra historia”, afirma Ramos. “Este no fue solo un episodio de violencia militar, sino una operación sistemática para erradicar a una población entera de su territorio. Y eso es algo que aún no se ha asumido del todo en el relato histórico oficial”.

Una historia ocultada

A pesar de la crudeza de este episodio, la arqueología ha tardado en prestarle atención. “Durante mucho tiempo, la Guerra de las Alpujarras ha sido vista como un episodio secundario dentro de la historia de España”, lamenta Ramos. “En parte, porque la visión oficial siempre ha estado marcada por una perspectiva colonial. Se nos ha contado que los moriscos fueron simplemente derrotados y expulsados, pero la realidad es que hubo una resistencia feroz y una represión brutal. Y eso es lo que estamos sacando a la luz ahora”. Una perspectiva contra los moriscos que también ha marcado a la población auctóctona de La Alpujarra, hasta hace no demasiado tiempo señalada como una población inferior, herencia de aquel recuerdo medieval de las luchas entre religiones.

El estudio también ha servido para comprender mejor cómo se organizaba la resistencia morisca. “Se ha documentado que utilizaban técnicas militares heredadas de los nazaríes, con estructuras defensivas adaptadas al entorno montañoso y un sistema de comunicación entre distintos refugios”, explica Ramos. “Esto explica cómo pudieron aguantar tanto tiempo pese a estar en inferioridad numérica”.

En La Alpujarra aún quedan muchas huellas por descubrir. Ramos menciona que en lugares como Jubiles hay fortificaciones que apenas han sido excavadas y que en los archivos históricos siguen apareciendo referencias a enclaves donde podría haber restos humanos. “Sabemos que los moriscos intentaron huir por la sierra y que muchos murieron en el camino. Hay historias de batallas, de emboscadas, de pueblos arrasados. Y cada cierto tiempo, nuevos hallazgos confirman que todo esto no es solo leyenda”, dice.

El trabajo de la UGR ha puesto sobre la mesa la necesidad de seguir explorando estos episodios de la historia, muchas veces olvidados o reinterpretados bajo una mirada que minimiza la violencia ejercida sobre los moriscos. Mientras tanto, el paisaje de La Alpujarra sigue guardando en su interior la memoria de quienes lucharon hasta el final por su derecho a existir en la tierra que siempre fue su hogar. “Cada fragmento de cerámica, cada estructura que encontramos, nos habla de personas que resistieron con todo lo que tenían”, concluye Ramos. “No eran solo víctimas: eran gente que luchó hasta el último momento por su supervivencia. Y eso es algo que no podemos permitirnos olvidar”.

Cada mes, Meryem recorre más de 200 kilómetros para visitar el lugar donde descansan los cuerpos de su padre y su hermano. La mujer, española de religión musulmana, tiene que desplazarse desde Majadas de Tiétar (Extremadura) hasta el camposanto de Griñón (Madrid) para rezar por sus familiares. No pudo enterrar a sus allegados más cerca porque no existe ningún cementerio musulmán en su comunidad autónoma a pesar de que la normativa española obliga a los municipios a garantizar el derecho a una sepultura digna, independientemente de cual sea su religión.

La situación vivida por Meryem es cada vez más habitual en distintas regiones de España. A día de hoy, seis comunidades carecen de un cementerio musulmán: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura. En 2022, Madrid se unió a la lista después de que fuesen ocupadas todas las plazas de su único cementerio para musulmanes, en Griñón. El hecho de no contar con un lugar próximo acarrea a las familias afectadas costes elevados ligados a los traslados entre las comunidades, una preocupación que se suma al peso emocional que supone la pérdida de un ser querido. Según Puerto García, subdirectora de Pluralismo y Convivencia, los motivos por los que no hay parcelas musulmanas se debe a la complejidad administrativa de los permisos sanitarios pero, también, a la falta de voluntad política.

Meryem sabe que, a corto plazo, en su pueblo no va haber un cementerio para ellos: “Si somos de aquí, nos gustaría tener un espacio para nosotros, pero no creo que se haga”. Con resignación, la mujer cuenta que, para ser un pueblo pequeño (1.293 habitantes en 2023), la comunidad musulmana de Majadas de Tiétar es “relativamente grande, pero el resto de ciudadanos no están muy abiertos a otras religiones”.

Su hermano falleció antes que su padre por un accidente de tráfico. Cuando se percataron de que no había espacio en su comunidad para poder celebrar el entierro según los ritos musulmanes (sin féretros, bajo tierra y con orientación a la Meca), pensaron en la repatriación, como sucede a muchos musulmanes españoles, “pero no nos dejaron porque sucedió cuando había restricciones por coronavirus”. Fue entonces cuando recurrieron a la única opción posible: enterrar a sus familiares en Madrid, el cementerio musulmán más próximo cuando aún contaba tenía plazas libres, a pesar de la distancia.

En los primeros meses Meryem y su familia viajaban en tren. “Mi hermano murió de un accidente de coche y no me sentía capaz de conducir. Cogíamos varios trenes hasta llegar ahí [cementerio de Griñón], que tampoco es que sea muy céntrico. Ahora ya vamos en coche porque ya me siento capaz y también tardamos menos”. El viaje desde Majadas de Tiétar en transporte público hasta el cementerio es de unas seis o siete horas, dependiendo del día y la hora. En coche, el tiempo se reduce a una hora y 48 minutos.

“Me siento más de aquí que de ahí, ¿sabes?”, cuenta esta joven que llegó a España con apenas un año. Como la mayoría de musulmanes que crecen o nacen en España, la repatriación ya no tiene mucho sentido: “He crecido aquí y mis familiares están aquí y me gustaría tener un cementerio dentro de la comunidad [autónoma] para poder visitar a mis familiares. Nos gustaría a todos”, insiste.

Coste económico

Además del coste emocional, el traslado de un cuerpo de una comunidad a otra también supone un elevado coste económico. La familia de Meryem cuenta que pagó cerca 5.000 euros por cuerpo para los traslados, aunque los precios pueden variar en función de los días que se va tramitando del desplazo entre comunidades, según explican delegaciones territoriales de la Comisión Islámica de España (CIE) a elDiario. Para las familias que no disponen de este dinero, los seres queridos recurren a donaciones recaudadas dentro de la comunidad.

Un ejemplo es el de Sanussi Kamara. Este joven de 38 años falleció de un infarto este 2024, semanas antes de empezar el Ramadán. “Hacía más de 10 años que vivía en Madrid pero no tenía papeles”, cuenta Elahi Mohammad Fazle, presidente de la asociación Valiente Bangla y quién se encargó de la gestión del cuerpo. “Su tío, la persona más cercana a él, vivía en Portugal”.

Cuando no hay familiares cercanos es la comunidad musulmana la que responde: “Hacemos una recolecta y cada uno pone lo que quiere. Ya sean cinco o diez euros. Los entierros son una cuestión muy sagrada en el Islam”, sigue contando Fazle. “La intención era trasladarlo a Griñón, pero como no hay espacio, finalmente, lo enterramos en el cementerio municipal de Burgos”.

Hasta 2022, Griñón era la primera opción para las comunidades cercanas a Madrid que no tienen ninguna parcela musulmana en su comunidad. A la espera de la reestructuración del cementerio de Carabanchel –que supuestamente acondicionará una parcela de 10.000 metros cuadrados para inhumaciones musulmanas– el cementerio municipal de Burgos o el de Valencia son las opciones para muchos madrileños musulmanes por su cercanía.

Conocer sus derechos

Maysoun Douas, exconcejala de Más Madrid y promotora de Entierro Digno, organización no gubernamental que trabaja para la igualdad de derechos, asegura que el principal problema es que no hay un criterio unificado en todos los municipios que establezca el derecho a un entierro digno independientemente de tu religión.

Con la llegada de la democracia y el fin de la dictadura, España se definió como un país “aconfesional”, respetuoso de la libertad religiosa. En 1980, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa estableció el derecho a recibir una sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos. A medida que crecieron las comunidades evangélicas, musulmanas y judías, en 1992 el Ministerio de Justicia suscribió los Acuerdos de Cooperación con estas tres confesiones religiosas que garantizan el derecho a parcelas reservadas para entierros en cementerios municipales, así como la posibilidad de tener cementerios propios.

“Si lo dice la ley, ¿por qué es tan difícil que nos podamos sepultar según nuestras creencias?”, se cuestiona Fazle de Valiente bangla. “Podemos ser ciudadanos, pero no tenemos los mismos derechos”.

“Desconocemos si en ese osario se van a respetar los ritos musulmanes”, aseguró Douas. "Lo que no tiene sentido es hacer un cambio para la comunidad sin tener en cuenta a la comunidad"

Maysoun Douas — exConcejala de Más Madrid y promotora de Entierro Digno

Douas asegura que la disparidad normativa entre comunidades autónomas junto con la “falta de voluntad política deja muchas fisuras abiertas” que dan pie a “injusticias y desequilibrios que más tarde son difíciles de gestionar”. Pese a ello, Douas también reconoce que, pese a la lentitud, “se están haciendo avances”, como por ejemplo las ampliaciones de parcelas en algunos cementerios municipales que ya han llenado el número de sepulturas musulmanas disponibles.

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Griñón publicó el cambio de reglamento para el cementerio musulmán. En este, se informaba a los familiares de los cuerpos enterrados hace más de 13 años que, entre otras medidas, en caso de no proceder a la renovación del título funerario, se procedería a traspasar los cuerpos en un osario. “Desconocemos si en ese osario se van a respetar los ritos musulmanes”, dice Douas. “Lo que no tiene sentido es hacer un cambio para la comunidad sin tener en cuenta a la comunidad”, denuncia.

En septiembre, Entierro Digno presentó sus alegaciones contra el nuevo Reglamento que regula los servicios funerarios y cementerios en Madrid, argumentando que el texto actual “no respeta adecuadamente las necesidades de la comunidad musulmana”. Según la organización, de los 25 cementerios existentes en Madrid, “ninguno está adaptado para las prácticas funerarias musulmanas”. Su petición hace hincapié en el respeto de los ritos musulmanes, respetar los derechos de las personas musulmanas así como también establecer algunas modificaciones que beneficien a las personas sin recursos.

“La solicitud no es un privilegio religioso, sino una garantía de igualdad de acceso a un derecho fundamental”, alegan desde la organización. Además, también critican que la falta de información y recursos “genera una carga emocional y económica adicional para las familias musulmanas, quienes, en casos extremos, han tenido que mantener cuerpos en cámaras frigoríficas durante meses mientras buscan soluciones”.

Douas considera que para lograr más cambios es imprescindible que “la comunidad musulmana sea consciente de su derecho a ser enterrada dignamente”.

Acuerdos paralizados

Procedente de Cartagena, Ana María Lozano es una de ese millón de personas musulmanas españolas que viven en España. Se convirtió al Islam hace 16 años y también fue una de las voces cantantes que luchó para que en Cartagena se construyera un cementerio con parcelas reservadas para musulmanes.

Pese a ser la quinta región con más población musulmana, Murcia tan solo cuenta con un único cementerio habilitado para difuntos de credo musulmán: el Nuestro Padre Jesús, en Espinardo. En 2023, con el cambio de gobierno en la comunidad, el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por el Partido Popular y VOX, detuvo la propuesta de habilitar parcelas musulmanas en el Cementerio Nuestra Señora de los Remedios (Cartagena), una iniciativa que había sido aprobada anteriormente por el gobierno socialista y la misma por la que Ana María había trabajado. “Ya no sabemos nada más”, asegura a este medio.

La cancelación del proyecto en Cartagena refleja los obstáculos burocráticos a los que se enfrenta la comunidad musulmana en España. En regiones como Madrid, Murcia, Extremadura o Galicia, los avances en la habilitación de parcelas para entierros musulmanes han sido paralizados.

Adel Najjar vive en Extremadura desde hace más de 40 años. Actualmente, es el delegado territorial de la Comisión Islámica de España y el imam de Badajoz desde el 2000. También fue uno de los promotores del acuerdo firmado entre la Comisión Islámica de Extremadura y el Gobierno de Badajoz en 2019. En este documento, se reconocía el derecho de los musulmanes a ser enterrados según sus ritos, aunque con ciertas restricciones sanitarias, como el uso obligatorio del féretro con la posibilidad de hechar tierra dentro. Si bien el acuerdo fue paso adelante, Adel asegura a elDiario que “todo está parado” y que sigue habiendo “gente que enterrar”, pero no pierde sus “esperanzas” con la Junta de Badajoz.

Otro ejemplo en punto muerto es el de Galicia. En diciembre de 2023 esta comunidad aceptó realizar inhumaciones en tierra y sin féretro, una decisión aparentemente resolutiva si no fuera porque “no hay cementerios donde realizar los entierros”, asegura Mustafa Alhendi, delegado territorial de la comisión en Galicia.

Parte del problema es que muchos ayuntamientos –quienes al final tienen la última palabra– "les cuesta encajar la diversidad religiosa dentro de sus responsabilidades” por su “desconocimiento” sobre los ritos musulmanes

Puerto García — Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Aunque la cuestión del féretro es importante según los ritos musulmanes “hay comunidades que no son muy exigentes y que están abiertas a alternativas mientras los gobiernos de las Comunidades Autónomas revisen su normativa mortuoria”, sostiene Óscar Salguero, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense y autor de varios trabajos sobre la cuestión funeraria musulmana. “Mientras ello sucede, en lugares como Zaragoza el ataúd lleva unos agujeritos que permiten el contacto con la tierra”. Pero “lo más importante para ellos [las personas musulmanas] es tener cementerios en aquellos sitios en los que aún no se cuenta con uno más o menos cercano”, explica Salguero a este medio.

Hacer inhumaciones sin féretro está permitido por Real Decreto en Castilla y León, Asturias, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana , Ceuta y Melilla. Sin embargo, en la mayoría de sus provincias a excepción de Córdoba, Zaragoza, Canarias, C. Valenciana, Ceuta y Melilla, las autoridades competentes piden como requisito que la persona a sepultar esté censada en la misma comunidad o provincia, una complicación más para las personas que no viven cerca de un cementerio con parcelas musulmanas.

Un ‘gazpacho normativo’

Maria Dolores Asensi es presidenta del Observatorio de Servicios Funerarios, una plataforma consultiva de las organizaciones funerarias. Entre sus objetivos destaca la necesidad de actualizar la única ley estatal de servicios funerarios de España: el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, una ley que data en 1974. Es decir, una política “preconstitucional que, por el momento de su confección, no apuesta por la garantía de libertad religiosa”.

Para Asensi, el principal problema es la “heterogeneidad normativa” que del sistema de competencias transferidas a las Comunidades Autónomas que genera un “gazpacho normativo”, comenta Asensi. “No es lo mismo fallecer en una comunidad que otra”.

“No es cuestión de capricho" y que “si hay una sola persona en el municipio pide una parcela, el ayuntamiento debe respetar sus deseos”

Puerto García — Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Estas disparidades hicieron que, en 2018, el Ministerio de Sanidad estableciera una Guía de Consenso entre Comunidades Autónomas; un documento de recomendación y no de obligación sobre la política de sanidad mortuoria. Esto se traduce en que, al final, cada comunidad tiene la libertad de decidir si seguir las recomendaciones o no.

Según explica a elDiario.es la Fundación Pluralismo y Convivencia, entre las causas se encuentra la resistencia de muchos ayuntamientos –institución que tiene la última palabra– a asumir “la diversidad religiosa dentro de sus responsabilidades” debido al “desconocimiento” de los ritos musulmanes por parte de las administraciones públicas. Aunque la mayoría de cementerios en España están pensados para ser nichos y no inhumaciones bajo tierra, subdirectora de la entidad, Puerto García, recalca que se trata de un derecho de quien lo necesite. “Si hay una sola persona en el municipio pide una parcela, el ayuntamiento debe respetar sus deseos”, sostiene.

En julio de 2023, el Defensor del Pueblo envió una carta al Ministerio de Sanidad subrayando la necesidad urgente de actualizar la Guía de Consenso para permitir que las tradiciones islámicas se respeten en los cementerios municipales, especialmente en cuanto a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios.

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad, sostiene que partes de la guía de consenso de 2018 “están desfasadas y que se han dejado fuera aspectos importantes”. Gullón también aseguró que el hecho de que no haya cementerios musulmanes es un ejemplo “de racismo en salud pública”. Consecuentemente, desde el Ministerio de Sanidad aseguran que “las comunidades ya se ha reunido varias veces para actualizar la Guía de Consenso”, pero también reiteraron “la libertad [de las comunidades] de seguir o no las recomendaciones de la nueva guía, ya que el cumplimiento de la medida es competencia depende de cada comunidad autónoma”.

La tasa de cementarios se actualiza en la nueva ordenanza y tendrá un coste de más del doble para los enterramientos según el rito musulmán. Tras varios años sin actualizar, la tasa está incluida en el nuevo Proyecto de Ordenanzas Fiscales, que entrará en vigor el 1 de enero y presenta diferencias por ritos.

En concreto, la tasa general será de 223,40 euros (en la sepultura de niños y neonatos la tasa es más baja). Esto supone una subida en la tasa general de un 2,6%, lo que corresponde al IPC de agosto, “lo mínimo posible”, señalan desde el Ayuntamiento de Logroño. A este preció habrá que sumar 350 euros más para las sepulturas según el rito musulmán.

Según explican desde el Ayuntamiento de Logroño, la sepultura es distinta y es que se necesita una importante cantidad de tierra que se deposita en una capa por encima de los cuerpos o los féretros. Por ello, supone un servicio y coste diferentes a los ritos cristianos, que el Ayuntamiento subcontrata, e incluye la tierra necesaria, su traslado con maquinaria y su descarga.

Logroño cuenta con cementerio musulmán en el camposanto municipal desde 2009 y, tras años de demandas por falta de espacio, en 2022 se habilitó una superficie mayor. También explican fuentes municipales que la tasa de cementarios no había subido hasta ahora porque el cementerio musulmán porque, cuando se puso en marcha no dio tiempo a incluirlo en la última ordenanza, la del año 2023. Ahora los ritos musulmanes de sepultura supondrán 350 euros más porque, aseguran desde el consitorio, “es la diferencia del coste”.

Marian Aretio, miembro de la comunidad musulmana de Logroño y una de las impulsoras de la construcción del cementerio, explica que, en general, el rito funerario islámico se cumple en Logroño. La única diferencia es que esta religión recoge el enterramiento del cuerpo envuelto en un sudario y directamente en la tierra y en La Rioja la normativa de Sanidad Mortuoria no lo permite y exige que se haga con ataúd por cuestiones sanitarios. Aunque, recuerda Aretio, “otras comunidades autónomas, la última Galicia, están modificando sus normativas para permitirlo; simplemente requiere un estudio para asegura que no hay aguas subterráneas”.

Las sepulturas son siempre individuales y están orientadas hacia La Meca. En el cementerio antiguo de Logroño se excavaba directamente la tierra y en nuevo, las fosas están construidas con hormigón con el requisito de que la parte de abajo sea de tierra. Después se tiene que rellenar con tierra el espacio que queda entre el ataúd y la lápida y de ahí la necesidad de una cantidad mayor de tierra, que sube la tasa en Logroño.

Cuando alguien fallece, según el rito funerario islámico, dos miembros de la famillia, del mismo sexo que la persona difunta, la lavan, amortajan y perfuman y después, se realiza un acompañamiento con oración hasta el momento de la sepultura. Durante el entierra, también se realiza una breve oración.

En la comunidad musulmana es habitual que las personas cuenten con un seguro de repatriación y, sobre todo en las personas mayores, se trasladaban los restos fúnebres al lugar de origen. “Pero las personas jóvenes se siente más autóctonas y ya se piensa en enterrarse en la ciudad en la que vives y están tus hijos porque los musulmanes tenemos tradición de visitar a los difuntos”, explica Marian Aretio, que puntualiza que estos seguros cubren tanto la repatriación como el rito en la ciudad en la que se vive.

Mientras hay provincias que todavía no tienen cementerio musulmán, Logroño lo tiene desde 2009 y desde hace dos años, con un nuevo espacio ampliado y dignificado en el que se cumplen las condiciones que marca la religión islámica, aunque ahora con un coste superior a los esterramientos cristianos.