El PP frena la gran mezquita de Sevilla ante la presión de Vox y pese a reconocer que cumple la ley
El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), admitía este jueves que el proyecto de la gran mezquita de Sevilla que se construirá en el Polígono Sur es perfectamente legal, pero ya entonces dejó abierta la puerta a aparcar su tramitación. Dicho y hecho, ante la presión de Vox en todos los ámbitos (el ya vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, se explayó sobre ello en el Parlamento) el Ayuntamiento hispalense ha decidido aparcar la licencia de obras que se le iba a dar este viernes.
La decisión la ha tomado la comisión ejecutiva de Urbanismo, en la que el PP tiene tres votos, Vox uno y la oposición de izquierdas (PSOE y Podemos-IU) no tiene representación. De hecho, el gobierno local ha optado por retirar el punto relativo a la concesión del permiso de construcción, “para pedir informes técnicos y jurídicos en relación con las observaciones que hace Vox en su escrito y, en base a ello, tomarlo o no en consideración”, apuntan fuentes municipales.
Todo ello, pese a que el propio alcalde aseguraba el jueves que el proyecto ha ido siguiendo el trámite normal en lo que al proceso de obtención de licencia se refiere, “solicitado no hace todavía un año”. En paralelo, defendió que “las ideologías no están por encima de las leyes”, aunque ahora lo que se esgrime es un argumento técnico para este frenazo.
Nada más tener conocimiento del proyecto esta misma semana, la formación de ultraderecha puso el grito en el cielo y anunció una ofensiva en todos los frentes para frenar una obra que a su juicio abunda en “la islamización de nuestros barrios”. El primer paso fue presentar un escrito con alegaciones técnicas al proyecto en sí, que es lo que ha servido de argumento al PP para aparcar la licencia que estaba previsto concederle ya.
Vox busca un resquicio legal
Vox sostiene que, según la documentación presentada por la Fundación Mezquita de Sevilla (impulsora de la iniciativa) en Urbanismo, apunta que el edificio será un centro cultural y social en el que el culto será “coadyuvante”. Para el partido de ultraderecha, en cambio, en el propio expediente hay muchos indicios “que evidencian una implantación de lugar de culto de entidad principal”, lo que exige una consideración urbanística diferenciada.
A su juicio, “la calificación como uso principal cultural/dotacional no quedaría justificada y la aplicación del régimen de compatibilidad del PGOU invocado por el promotor podría ser improcedente, con efecto directo sobre la conformidad urbanística de la licencia solicitada”. En concreto, invoca un artículo del Plan General de Ordenación Urbana según el cual, si hablamos de un centro de culto, “las actividades complementarias y de alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas no podrán superar el 40% de la superficie destinada a los citados usos”.
El proyecto, en cambio, plantea destinar a estas funciones hasta el 80% del espacio, un resquicio legal por el que Vox ve una opción para detenerlo. De paso, y apelando a otro artículo del PGOU, defiende que es necesario abrir un periodo de participación ciudadana para conocer la opinión “tanto de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio”, antes de iniciar las obras contempladas en el expediente correspondiente.
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