El edificio del barrio de Campanar de València devastado por un incendio el 22 de febrero de 2024, que dejó diez muertos y a centenares de familias sin nada, va tomando forma, con el piso piloto ya acabado, cuando se cumplen seis meses desde que se inició su rehabilitación integral.

El presidente de la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (Aproicam), Enrique Salvador, ha confirmado a EFE que las obras, iniciadas el pasado 4 de julio, dieciséis meses después de la tragedia, avanzan a “muy buen ritmo”. Ya se están terminando las medianeras entre las viviendas y se están completando las instalaciones de luz o de agua, y el piso técnico (piloto) “está listo para que se pueda ver cómo a quedar”.

La reconstrucción del edificio se celebró con la puesta simbólica de la 'primera piedra' de los trabajos a finales de septiembre, con la presencia de autoridades y vecinos y familiares. Las obras corren a cargo de la empresa Dragados S.A., seleccionada tras un proceso técnico con el asesoramiento de profesionales de la comunidad de propietarios, con un presupuesto de más de 20 millones —asumido por la aseguradora— y un plazo de duración de diecisiete a dieciocho meses.

Archivo de la causa

La rehabilitación se inició envuelta en la causa judicial que dirigía el Juzgado de Instrucción número 9 de València y cuya decisión de decretar su sobreseimiento provisional fue recurrida por algunos propietarios.

El juzgado decretó a finales de mayo el archivo provisional de la causa abierta por el incendio al entender que los hechos no presentan caracteres de delito sino que eran accidentales, y tras varios recursos por este archivo, que fueron desestimados, una parte de los recurrentes anunció que lo volvería a recurrir ante la Audiencia Provincial de Valencia.

A final de julio, la Audiencia confirmó el archivo provisional de la causa por el incendio del edificio, desestimando así los recursos presentados por las partes y confirmando la resolución del juzgado. En ese momento, familias de los fallecidos aseguraron que respetaban la decisión judicial pero no la compartían y la Comunidad de Propietarios informó que, como tal, no iba a interponer recurso de amparo.

El 2 de septiembre comenzó el desescombro del edificio y durante cinco meses se retiraron miles de toneladas de residuos, con un coste (1,5 millones de euros) asumido por las compañías aseguradoras, al igual que el de la redacción del proyecto de reconstrucción (1,1 millones).

L’edifici del barri de Campanar de València devastat per un incendi el 22 de febrer de 2024, que va deixar deu morts i centenars de famílies sense res, va agafant forma, amb el pis pilot ja acabat, quan ha fet sis mesos des que se’n va iniciar la rehabilitació integral.

El president de l’Associació de Propietaris Afectats per l’Incendi de Campanar (Aproicam), Enrique Salvador, ha confirmat a EFE que les obres, iniciades el 4 de juliol passat, setze mesos després de la tragèdia, avancen a “molt bon ritme”. Ja estan acabant-se les mitgeres entre els habitatges i van completant-se les instal·lacions de llum o d’aigua, i el pis tècnic (pilot) “està a punt perquè es puga veure com quedarà”.

La reconstrucció de l’edifici es va celebrar amb la posada simbòlica de la ‘primera pedra’ de les faenes al final de setembre, amb la presència d’autoritats i veïns i familiars. Les obres són a càrrec de l’empresa Dragados SA, seleccionada després d’un procés tècnic amb l’assessorament de professionals de la comunitat de propietaris, amb un pressupost de més de 20 milions –assumit per l’asseguradora– i un termini de duració de dèsset mesos a díhuit.

Arxivament de la causa

La rehabilitació es va iniciar embolicada en la causa judicial que dirigia el Jutjat d’Instrucció número 9 de València i la decisió del qual de decretar-ne el sobreseïment provisional va ser recorreguda per alguns propietaris.

El jutjat va decretar al final de maig l’arxivament provisional de la causa oberta per l’incendi pel fet d’entendre que els fets no presenten caràcters de delicte, sinó que eren accidentals, i després de diversos recursos per aquest arxivament, que es van desestimar, una part dels recurrents van anunciar que el tornarien a recórrer davant l’Audiència Provincial de València.

A final de juliol, l’Audiència va confirmar l’arxivament provisional de la causa per l’incendi de l’edifici, desestimant així els recursos presentats per les parts i confirmant la resolució del jutjat. En aquest moment, famílies dels morts van assegurar que respectaven la decisió judicial, però no la compartien i la comunitat de propietaris va informar que, com a tal, no interposaria recurs d’empara.

El 2 de setembre va començar el desenrunament de l’edifici i durant cinc mesos es van retirar milers de tones de residus, amb un cost (1,5 milions d’euros) assumit per les companyies asseguradores, igual que el de la redacció del projecte de reconstrucció (1,1 milions).

La joya de la corona de la riqueza en España es la vivienda. Esto explica que las generaciones de más edad sean las que se sitúan en la parte alta del gráfico que dibuja la Encuesta Financiera de las Familias, que elaboran el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística. Los mayores de 65 años acumulan, de media, en torno a 450.000 euros. Aquí se incluye la casa, que tienen en propiedad más del 88%. Así, tras las cifras macroeconómicas y las medias aritméticas se esconden realidades contradictorias. ¿Puede tener problemas para llegar a fin de mes una persona con 200.000, 300.000 o casi medio millón de euros de patrimonio?

La respuesta tiene tanto matices como casos individuales. Un ejemplo: una mujer de 75 años, que hace 50 años pudo comprar una vivienda en una zona céntrica de una gran ciudad, que ahora se ha revalorizado, pero que tiene una pequeña pensión y no ha podido ahorrar. Su riqueza será elevada, porque el precio de su casa ha subido, pero tal vez sus ingresos no le permitan asumir de forma holgada la luz, el agua ni la cesta de la compra, que no se pueden pagar con metros cuadrados. Para capitalizar ese patrimonio, en los últimos años han ido surgiendo productos de inversión y diversas fórmulas, como las hipotecas inversas, las rentas vitalicias o las nudas propiedades que, por el momento, no terminan de despegar en España.

Las hipotecas inversas se regularon en 2007 y su mecanismo es aparentemente sencillo. Como su propio nombre indica, funcionan al revés que las hipotecas convencionales. “Es el titular [de la vivienda] quien recibe del banco una cantidad a cambio del piso, normalmente en forma de renta mensual”, pero “además de no perder la propiedad de su vivienda, podrá seguir utilizándola hasta su fallecimiento”, indica el Banco de España.

En la práctica, se trata de un préstamo que los herederos tendrán que devolver si quieren mantener la vivienda, y cuyo importe depende del valor de la casa, la edad de la persona que lo contrata y si se opta por recibir las cantidades durante un periodo determinado o de forma vitalicia.

“Es cierto que en España no ahorramos a través de los productos tradicionales, pero sí lo hacemos a través de la vivienda. En total, los mayores de 65 años tienen unos 800.000 millones de euros ahorrados en inmobiliario, seis veces más de lo que hay en todos los planes de pensiones”, explica el director de desarrollo de negocio de Óptima Mayores, Iñigo Hernández, quien señala que este ahorro “todavía no se ve como una alternativa de la que obtener liquidez en las jubilaciones”. Su empresa se dedica a asesorar a clientes y estima que han intermediado con cuotas de mercado por encima del 80%.

Sin embargo, las contrataciones de estos productos son testimoniales. Según los datos del registro del Consejo General del Notariado, entre 2017 y 2023 se firmaron unas 1.500 hipotecas inversas, aunque con un claro incremento en los últimos ejercicios.

Para Hernández, la principal razón por la que este tipo de productos no terminan de despegar es porque “existe un enorme desconocimiento”. “La gente no sabe lo que son las hipotecas inversas o cree que el banco se queda con tu casa. Es una idea preconcebida que cuesta muchísimo eliminar”, indica. No obstante, aclara que “como es un préstamo, alguien tiene que devolver esa deuda, pero los herederos van a heredar una casa que vale mucho más, porque el producto está diseñado para que así sea”, aclara.

Según el último barómetro de la Asociación de usuarios financieros (Asufin), publicado en febrero, el tipo de interés de este producto “sigue siendo mucho más elevado, un 2,49%, que la media de las hipotecas para la compra de vivienda”.

En un trabajo previo, en colaboración con la Universitat de Barcelona, esta organización ya concluía que este producto financiero “presenta importantes inconvenientes, que hacen que el contrato no sea lo suficientemente rentable”. Entre ellos, la alta prima a la que se debe hacer frente si la modalidad contratada es la vitalicia, que el importe máximo que se puede recibir sea de una tercera parte del valor del inmueble o que los gastos de tasación vayan a cargo del propietario.

Hay otro punto relevante, que señala este informe —'La hipoteca inversa. Estudio de la figura y guía práctica'— y que choca de frente con un eje cultural de la familia española, la voluntad de dejar la casa en familia a los hijos. “No hay certeza de que los herederos conservarán el inmueble, ya que puede darse el caso de no poder asumir la deuda y, a pesar de que la entidad concedente diseña la operación para que exista diferencial entre el valor de la vivienda y la deuda, les podría generar una gran carga”, indican.

“Hay poca competencia en el mercado y, cuando esto ocurre, las cosas son caras. En general, están dando poco dinero a intereses bastante altos”, explica la directora jurídica de Asufin, Marisa Protomártir. Este producto está limitado a entidades financieras, bancarias y aseguradoras.

Algunas gestoras han mostrado su interés en explotar este mercado en los últimos meses. A finales de 2024, Almagro Capital, líder de la vivienda inversa en España, anunció una inversión de 100 millones de euros hasta 2026 en esta modalidad, a través de una Socimi (inmobiliaria cotizada en Bolsa y con importantes ventajas fiscales). Ese verano, AC Residencial comenzó a cotizar con una capitalización de 30,5 millones de euros.

“No es un producto masivo”

En noviembre de 2023, Santander y Mapfre comenzaron a comercializar su hipoteca inversa. Un producto que tenía como objetivo “ayudar a los mayores de 65 años a obtener ingresos mensuales de su vivienda y poder así complementar su pensión”. El presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, reconocía hace unas semanas que “no es un producto masivo” y que es “complejo”. “Se han vendido más de 300 hipotecas en estos dos años”, cuantificaba en un encuentro financiero organizado por Expansión y la consultora KPMG, en el que lamentaba que “la regulación es clara”, por lo que “los supervisores no tienen claro dónde asentar el producto”.

“Parece que las entidades intentan poner en marcha otra vez este mecanismo, pero tengo dudas sobre su funcionamiento”, indica el economista y profesor de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo. Pese a que la masa de población envejecida es cada vez mayor y se viven más años con enfermedades crónicas, para las que se necesitan cuidados específicos, hay un factor cultural, más que financiero. “Los herederos no quieren que se pierda la propiedad de la vivienda y, con las hipotecas inversas, o tienes que pagar unos costes muy elevados o se pierde”, considera.

Con estos condicionantes, el perfil tipo son personas sin una red familiar cercana, ni ahorros. “Los padres de clase media españoles no tienen este problema”, indica Protomártir, que defiende otras fórmulas “más sencillas”, como la nuda propiedad. Estas operaciones están cada vez más presentes en los portales inmobiliarios. Solo en Idealista, hay actualmente cerca de 1.000 anuncios de este tipo, según el conteo provincia a provincia elaborado por elDiario.es. Es la foto de un momento concreto, pero apunta a que la mayor oferta se da en Madrid (178), Barcelona (102) y Alicante (84).

A grandes rasgos, con la nuda propiedad, el dueño de la casa vende la propiedad, a un precio notablemente por debajo de mercado, pero mantiene el usufructo. Es decir, puede seguir utilizando la vivienda mientras viva —o hasta que se pacte, por ejemplo, hasta la entrada en una residencia—, mientras el nuevo propietario tendrá que esperar a que esta persona fallezca para tomar posesión completa de la casa. En estos casos, los compradores suelen ser fondos de inversión, pero, a diferencia de las hipotecas inversas, también están abiertas a particulares.

Para el directivo de Óptima Mayores, la nuda propiedad puede ser una solución “perfectamente válida para alguien que no tenga herederos, aunque no están tan reguladas en su ejecución como la hipoteca inversa y tienen muchísimos más riesgos”. El principal, una muerte prematura. Según las cuentas de esta compañía, al año se realizarían unas 2.000 operaciones de este tipo.

Al margen de estas dos opciones, hay otras fórmulas enfocadas a lo que se ha venido a llamar 'economía plateada', que la Comisión Europea definió como toda aquella actividad económica dedicada a “satisfacer las necesidades de las personas de 50 años o más”. Son los casos de las rentas vitalicias, que suponen la inversión del capital a través de aseguradoras, que se comprometen a abonar un importe mensual al comprador, u otros vehículos a través de los que se cede el usufructo de una vivienda; mientras, se recibe una renta a modo de préstamo, que los herederos pueden devolver a costa de la gestión que el prestamista realiza de la propiedad mediante el alquiler.

Estos mecanismos de capitalización de la propiedad inmobiliaria permiten tener mayor liquidez en la vejez a costa de la vivienda, pero también muestran algunas grietas del Estado de Bienestar, como pocas plazas de residencias públicas, ayudas a la dependencia que no cubren todas las necesidades o un sistema de cuidados que descansa sobre los hombros de familias cada vez más apretadas.

Un estudio del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria indicaba que la incorporación de un ingreso adicional a través de una hipoteca inversa tendría la capacidad de reducir la tasa de pobreza de los hogares unipersonales de mayores de 65 años con una casa en propiedad del 16,3 al 5,6%, con efectos más intensos en las mujeres.

Para la profesora de Economía de la Universidad de Barcelona y coautora del estudio, Sara Solanilla, este análisis muestra cómo “la persona ve incrementados sus ingresos, por lo que el umbral de pobreza crece y la tasa se reduce, así como el estrés financiero, con una mejora del nivel de vida”. No obstante, coincide en que es un producto que no despega por varios motivos, como la necesidad de una educación financiera y que, además, “se oferta a unas edades a las que la persona le puede costar entender más un mecanismo complejo”.

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que la ausencia de una normativa concreta sobre determinadas medidas de seguridad “no exime” de responsabilidad a la administración sanitaria en un caso en el que una paciente se arrojó por una ventana, sufriendo graves lesiones.

El alto tribunal ha confirmado la resolución que impuso una indemnización a la compañía aseguradora de un centro sanitario de Asturias para resarcir los daños causados a la paciente.

Varios ingresos

En concreto, fue un juzgado de Oviedo el que condenó a la aseguradora Berkley Insurance Europe a abonar 742.458 euros más intereses. Después, la Audiencia Provincial de Asturias estimó parcialmente un recurso de la aseguradora para modificar los intereses a abonar.

Los hechos se remontan al año 2014, cuando una paciente ingresó varias veces en el servicio de psiquiatría de dos centros sanitarios, en los que recibía el alta y después volvía a ingresar, a veces voluntariamente.

Sin tope en la ventana

En uno de esos ingresos, unos minutos después de irse a dormir y de que el personal le cerrase la habitación, la mujer “se tiró por la ventana de su habitación, lo que le ocasionó graves lesiones y secuelas. La ventana no tenía tope que lo impidiera”, dice la sentencia.

Los abogados de la paciente presentaron una demanda contra la compañía aseguradora de la administración sanitaria, en la que exponían que este episodio se produjo por no haber adoptado el centro médico las medidas de vigilancia y seguridad exigidas, y que sólo después de que tuviese lugar, lo hizo, estableciendo topes en algunas ventanas.

Sin medidas de seguridad

En su sentencia, el Supremo examina si la “conducta desarrollada por la administración sanitaria del Principado de Asturias” fue contraria al ordenamiento jurídico, algo que negaba el recurso de la aseguradora, que decía que en el centro terapéutico las ventanas de las habitaciones “carecían de medidas de seguridad pasivas, porque no existía normativa administrativa que lo impusiera”.

Sin embargo, el tribunal subraya que “la ausencia de una norma que imponga en los centros terapéuticos medidas de seguridad pasiva en las ventanas, no exime de responsabilidad a la administración sanitaria en un caso claro, como el presente, en que se había ingresado a una paciente con indicios muy evidentes de que podía arrojarse por la ventana”.

“Con los antecedentes próximos de la paciente, que mostraban intentos de autolisis, existía un riesgo de que pudiera volver a intentarlo”, explica la Sala, que cree que “debería haberse tenido en cuenta ese claro riesgo, instalando a la paciente en una habitación con medidas de seguridad pasiva en las ventanas, ya sea en ese mismo centro (en alguna habitación que dispusiera de esas medidas), ya sea en otro centro médico que tuviera esas medidas”.

6.600 euros en un sobre con billetes de 50. Con esta cantidad en el bolsillo tuvo que presentarse A.C, un paciente cuya identidad se preservará por decisión de su familia, a la cirugía para extirparle un tumor en el aparato urinario. Los hechos ocurrieron en agosto de 2020 en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo (Madrid), que ha iniciado una investigación interna para analizar lo ocurrido, según confirma un portavoz del centro, perteneciente al grupo Quirón, a elDiario.es.

Una grabación en audio que obra en poder de este medio revela cómo el dinero fue abonado por la familia al equipo del urólogo responsable de la intervención –cuyas siglas responden a C.S.F. y que también trabaja en la sanidad pública– aunque el paciente era mutualista de Muface y la cirugía formaba parte de la cobertura que tenía.

El pretexto para el cobro era que la aseguradora Asisa solo pagaba una operación abierta y que para hacerla por laparoscopia, una técnica a través de pequeñas incisiones, con un “bisturí láser” había que abonar la diferencia, según el relato de la familia. Un portavoz de Asisa confirma a este medio que esto no es así: la cobertura de Muface, de las más amplias que hay, incluía ya en 2020 esta intervención mínimamente invasiva.

Cinco años después, la familia dice que abonaron el dinero “porque ya había síntomas, el riñón estaba aumentando de volumen y había que quitarlo rápido”. “Fue fruto de la urgencia, lo que queríamos es que le operararan y le dejaran bien”, apunta su hijo. El paciente falleció tiempo después por una serie de complicaciones ocasionadas por el coronavirus.

En efectivo dentro de un sobre

El dinero se traspasó sin que quedara rastro, según desvelan los audios. “Antes sí te daban un recibo, como te están autorizando una cirugía por la sociedad que no es la que hacen para intentar que el quirófano y todo eso vaya por la sociedad... Hace un tiempo que ya no porque decían que eso no se podía presentar”, explica la secretaria del urólogo, la persona que recibe el pago en un despacho el mismo día de la intervención.

N.L informa a la familia del paciente de que, pese a que ella “no lleva el tema de quirófano”, “nunca ha oído” que haya habido problemas por usar este procedimiento de doble financiación sin facturas. El equipo se garantiza así que la aseguradora paga la cirugía y, a la vez, pueden reembolsarse una cantidad extra, de la que no queda huella, como si se tratara de una intervención privada.

La conversación a la que ha accedido este medio muestra a la secretaria contando los 6.600 euros mientras se detallan otros pormenores de la intervención, como las grapas que le van a poner o las citas posteriores. Un familiar del paciente insiste ante la negativa de hacer factura: “Por eso te dije el tema de la transferencia, que quizá podría ir directamente a la cuenta del cirujano”. Las normas tributarias en España para prevenir el fraude marcaban en 2020 un límite de 2.500 euros en los pagos en efectivo. En 2021 el tope se redujo a 1.000 euros.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo médico pero ha declinado ofrecer una respuesta. El urólogo no forma parte de la plantilla del hospital pero tiene un contrato mercantil que implica una serie de acuerdos, como pasar consulta en sus instalaciones, según la información proporcionada por el centro.

En un caso similar publicado por este medio, una traumatóloga que pasaba consulta en un hospital privado diferente de Madrid intentó que una paciente le pagara 3.500 por una cirugía de columna que también cubría su seguro de Adeslas. En esta ocasión, sin embargo, no se llegó a efectuar el cobro porque la afectada decidió operarse en otro centro.

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La semana pasada expiró el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) que el grupo alimentario familiar Borges estableció para sacar de la Bolsa a su filial de frutos secos, Borges Agricultural & Industruial Nuts (BAIN). Las acciones de esta sociedad, que cotizaban desde 2007, fueron suspendidas de negociación la medianoche de este miércoles por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta su exclusión definitiva.

Hace un par de meses, la sociedad Inocsa, propiedad de la familia Serra, que son los accionistas mayoritarios del Grupo Catalana Occidente, anunció que lanzaba una OPA sobre el 38% del capital que no controla para retirar a la compañía aseguradora del mercado de acciones. El umbral para poder promover la exclusión de cotización tras una OPA es el 75% del capital.

Ambas operaciones se suman a la anunciada a finales de 2024 por la familia March para, de nuevo, excluir del parqué a Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de este poderoso linaje de origen balear, dueño de la Banca March.

¿Por qué hay empresas que quieren poner fin a su andadura en la Bolsa? Por una mezcla de motivos. El primero es de valoración. César Sánchez-Grande, director de análisis de Renta 4, explica que después de las últimas crisis, la de la Covid-19 y la de la cadena de suministros y de inflación, “muchas compañías están infravaloradas, el precio de la acción no refleja el valor real de la empresa”.

Los promotores de estas operaciones de repliegue son los dueños de las compañías que en su día las lanzaron a cotizar y que ahora compran su propio negocio porque consideran que cotizan lejos de su valor. “Al final son inversores y es una vía para rentabilizar parte del patrimonio”, según Sánchez-Grande. No deja de ser una “oportunidad para comprar barato”, abunda el analista de mercados de XTB Javier Cabrera.

En el caso de Catalana Occidente, los analistas opinan que la familia Serra quiere aprovechar la ocasión ofreciendo precisamente un precio menor al consenso de los financieros. Estos creen que cada título vale 54 euros o más. Inocsa ofreció 50 euros, lo que valora la operación en 2.277 millones de euros y representa una prima del 18,3% sobre la cotización del día previo al anuncio, cuando los títulos de la aseguradora estaban en máximos históricos, a 42,25 euros por acción. Para Inocsa se trata de un precio “muy atractivo”.

La aseguradora, que empezó a cotizar en el mercado continuo en 1997, cerró 2024 con cerca de 6.000 millones de euros de facturación, un 3,5% más que en el ejercicio anterior, y con un beneficio de 688,7 millones, un 11,9% más. Emplea a más de 8.600 personas en más de 50 países a través de las marcas Occident, Atradius (Crédito y Caución en España) y Mémora (negocio funerario).

El segundo motivo para plantearse decir adiós a la Bolsa es la baja liquidez (el volumen de transacciones de compra y venta de títulos), que afecta principalmente a los valores medianos y pequeños, y que tiene un impacto directo en la valoración. “Si no hay liquidez, se pierde gran parte de la utilidad de cotizar”, admite Cabrera.

Gran parte de la inversión deja fuera del radar a numerosos valores que, por su tamaño, son los grandes olvidados. El director general de GVC Gaesco, Jaume Puig, recuerda que “cuando hay poca liquidez y se negocia muy poco, los reguladores suelen presionar para que aumenten capital o se marchen. Y ninguna de estas tres necesita aumentar capital, generan caja suficiente”.

La suma de los dos motivos anteriores lleva al tercer porqué. Si la compañía está infravalorada y sus títulos apenas se negocian, ¿compensa seguir en el parqué y someterse al escrutinio público que ello implica? La respuesta de estas empresas es que no, ya que estando fuera se evitan costes y las obligaciones de información, transparencia, gobernanza y sostenibilidad asociadas a cotizar. Las grandes compañías cuentan con más recursos para cubrirlas y en las pequeñas puede ser un gasto relevante.

El consejo de administración de Corporación Financiera Alba, que preside Carlos March, justificó su decisión con la caída del volumen negociado de la acción, cuya media diaria apenas ascendió al 0,02 del capital social en 2024. Además, asegura que cotizar “impone una serie de obligaciones legales que exigen una dedicación de recursos elevada para la estructura actual de Alba, sin que ello ofrezca actualmente ventajas significativas desde el punto de vista operativo o financiero para su actividad inversora”. Con dejar de cotizar, Alba estima que se ahorraría entre 6,6 y 7,2 millones de euros.

Y lo mismo ocurre con la filial de frutos secos de Borges. La oferta “se justifica, principalmente, en el reducido porcentaje de capital flotante (free float), que dificulta que se alcancen niveles de difusión accionarial adecuados para la negociación de las acciones en Bolsa, presentando en los últimos años dicha negociación un volumen de contratación prácticamente nulo”, según un comunicado. También es ínfimo el porcentaje de acciones disponibles para ser negociadas: solo el 11% del capital social.

El 89% está en manos del grupo Borges, un conglomerado industrial creado por la familia Pont en 1896 en Tàrrega (Lleida). En 2024 facturó 850 millones de euros y obtuvo un beneficio bruto de explotación de 40 millones de euros. El año pasado decidió vender el negocio agrícola para centrarse en la actividad industrial y comercial, básicamente la fabricación y venta de aceites.

Por su parte, Corporación Financiera Alba lleva cotizando en Bolsa, desde 1986, incluso llegó a formar parte del Ibex 35. Con tendencia a invertir en firmas tanto cotizadas como no cotizadas que son líderes en su sector, Alba tiene una permanencia media de más de 10 años, llegando a las dos décadas en casos como los de ACS, Acerinox o Pryca-Carrefour.

A veces no hay mayor laberinto que el que una misma crea. Eso le pasa más o menos a la sanidad privada en España, que a riesgo de morir de éxito –los seguros de salud ascienden sin parar– en ocasiones termina, sin embargo, atrapada en su propia telaraña. Me explico: esta semana publicamos la historia de L.C, una mujer asegurada con Adeslas, que fue a operarse de la columna y se encontró con una doctora que intentó cobrarle la cirugía aunque su póliza la cubría. ¿Por qué? Unos “honorarios” que pretendían ser transferidos en negro –no puede quedar registro, le dijeron a la paciente– para compensar lo poco que paga la aseguradora a los médicos por estas intervenciones. Este era el argumento oficial, según el relato de la paciente, que terminó por elegir otro hospital para operarse.

Digo maraña porque cuando la salud depende del dinero se corre el peligro de que pasen estas cosas: hay demasiados actores y actrices –principales, secundarios y figurantes– que quieren participar en la trama. Por un lado, los médicos privados, que llevan años quejándose de que las compañías aseguradoras les pagan poquísimo –esto no justifica querer llevártelo por detrás, evidentemente– y suelen cobrar por acto médico (o sea, por consulta u operación); por otro, los hospitales, que ponen las instalaciones y reclaman su parte. Las aseguradoras son el eslabón que falta en la historia; el personaje más poderoso no puede pasar desaparecibido.

Cuando un paciente con un seguro de salud acude a una consulta, la aseguradora reparte (y también se lleva la mejor parte, claro): paga al médico o médica y también al centro físico donde se pasa la consulta, normalmente. Lo que cobran los facultativos suele negociarse individualmente. Si eres más reconocido o si traes más volumen de pacientes, quizá te paguen mejor. Son las leyes del mercado. En el caso de L.C, la doctora reclamó un cobro extra al margen de la facturación del que no podía quedar registro, según los audios que hemos publicado, y el hospital donde pasa consulta la está investigando.

Es cierto que las compañías de seguros no cubren todo y eso depende de cuál sea tu cuota. No es lo mismo una póliza de 30 euros que una de 200. Por eso, cada acto médico debe ser autorizado (o no) por la aseguradora y solo así puede llevarse a cabo una operación o una prueba diagnóstica. En la historia que contamos, el equipo médico de la doctora C.S parecía querer beneficiarse de todo: de la parte que paga el seguro y de unos honorarios extraordinarios. Y soplar y sorber al tiempo... no se puede.

A nuestra redacción han llegado en los últimos meses casos parecidos al de L.C. que muestran precisamente lo enredada que está la maraña. Algunos los he podido publicar; otros aún no. Lo que hay debajo de todas las situaciones es más o menos lo mismo: la gente está en un momento vulnerable y en estas coyunturas tan jorobadas de enfermedad y preocupación los seres humanos perdemos capacidad crítica y energía para oponernos. Muchas veces porque ni siquiera entendemos qué está pasando. Porque no conocemos la telaraña.

Si te ha pasado algo parecido, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es o responder a este boletín. Te leo.

Mientras estabas a otras cosas...

¿Gafas para los hijos de los ricos?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana unas nuevas ayudas de 100 euros para que los niños y niñas menores de 16 años puedan comprar gafas y lentillas... sin importar la renta. La financiación será universal a partir de septiembre. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar incluía esta medida aunque condicionada a la renta. “La salud visual tiene que ser universal y al serlo rompemos trámites innecesarios y rompemos el estigma”, explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Las ayudas universales suelen dar pie a este debate. Los detractores dicen que no puede ser café para todos; los defensores –y la evidencia empírica, dicen las expertas– apuntan a que es la manera de llegar a las personas con menos recursos porque no hay papeleo ni señalamiento. Te dejo todos los detalles por si tienes niños o niñas y puedes beneficiarte.

La semana que viene, más.

Sofía

Adeslas y HM Hospitales han alcanzado un acuerdo para que los funcionarios de Muface adscritos a la aseguradora puedan recibir atención en los centros del grupo sanitario en todo el territorio nacional. Tras varias semanas de incertidumbre, en las que la aseguradora había incluso publicado sus cuadros médicos sin contar con el gigante sanitario en Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela y León, el acuerdo, ya firmado, prolonga el abrazo entre ambas hasta 2027, el periodo por lo que se alarga el concierto de la mutualidad.

El pacto se produce, según ha comunicado HM Hospitales, “tras varias semanas de negociaciones” e incluye la renovación de los servicios ya existentes, así como “otros nuevos para que la atención de estos mutualistas sea la misma que la del resto de asegurados”. Tras meses de dudas, primero por la crisis entre las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública, que tuvo que hacer hasta tres ofertas económicas, y después por la tensión entre Adeslas y el grupo hospitalario, la compañía asegura que el acuerdo lanza “un mensaje de tranquilidad y continuidad” tras “semanas de incertidumbre”.

“El convenio refuerza la colaboración entre ambas entidades y consolida el compromiso mutuo por proporcionar una atención sanitaria eficiente, personalizada y de excelencia, contribuyendo así al bienestar y la satisfacción de todos los pacientes que optan por la sanidad privada para el cuidado de su salud”, indica el comunicado.

Aunque estos pacientes opten por la sanidad privada, esta está sufragada con cargo a fondos públicos. Muface permite a los funcionarios elegir entre sanidad pública y sanidad privada dos veces al año —este mes de junio es periodo de permuta—. El acuerdo alcanzado entre Asisa y Adeslas con Función Pública supone una partida de 4.808,5 millones de euros en tres años, con un incremento acumulado de la prima del 41% en ese periodo. La oferta inicial del Ejecutivo, que las aseguradoras dejaron desiertas, había sido un aumento del 17% en dos años.

Tras el pacto entre el Ministerio y las aseguradoras llegaba el turno del siguiente escalón, la negociación entre estas últimas y los grupos hospitalarios, con capacidad negociadora y que reclamaban una parte del pastel, y los médicos que prestan asistencia, el eslabón más débil de esta cadena porque tiene menos capacidad de presión. Y, en este contexto, pese a las tiranteces entre HM y Adeslas, voces del sector ajenas a la negociación ya vaticinaban que habría acuerdo: “Ni HM se puede permitir el lujo de no ver a gente [de Adeslas], ni las aseguradoras pueden no tener a Adeslas”.

El hospital de la Venerable Orden Tercera (VOT) de San Francisco de Asís, un centro privado de Madrid, está investigando a una de sus doctoras, la traumatóloga que coordina la Unidad de Patología de Columna, tras la denuncia de una paciente a la que intentó cobrar 3.500 euros por una intervención quirúrgica pese a que la mujer tenía un seguro privado de salud que cubría dicha intervención, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

L.C llevaba tiempo con dolores debido a una estenosis lumbar –un estrechamiento del canal de la médula espinal– y los tratamientos que había probado no le funcionaban. Llegó al hospital con su póliza de Adeslas en busca de soluciones pero encontró una situación que nunca antes había vivido tras casi una década como asegurada: en la consulta, la doctora C.S le informó sobre unos “honorarios” que debía pagar si quería ser intervenida porque la aseguradora “paga solo 600 euros” por la cirugía, señala la paciente a elDiario.es. Los médicos privados llevan años quejándose de que las compañías no actualizan sus tarifas y lo que terminan cobrando es muy poco dinero.

Días después, otra persona de su equipo le confirmó el importe. La transacción debía hacerse, le explicaron, sin factura. “Tiene que ser sin registro porque al usar la aseguradora... es eso. Sería un acuerdo interno entre nosotros y usted”, asegura esa segunda trabajadora, que habla en nombre de la doctora, en una conversación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

En el intercambio telefónico, L.C muestra su sorpresa ante el cobro e intenta que su seguro le cubra lo que le piden a través del proceso de reembolso, una modalidad que tienen algunas pólizas –las más amplias– y que permiten que los asegurados sean tratados por especialistas que están fuera del cuadro médico de la compañía a precio privado.

Cuando la paciente plantea esta posibilidad, el equipo de la doctora echa marcha atrás y le ofrece una cirugía sin ningún coste más allá de lo que ya paga por su póliza. Aunque para eso, le dicen, hay que cambiar el nombre de la médica que aparecerá como cirujana. La mujer, extrañada por lo que estaba ocurriendo, finalmente decidió operarse en otro hospital privado donde pudo realizar la intervención para colocar un dispositivo de titanio en la columna y reducir el dolor. Lo hizo con la autorización de Adeslas sin inconveniente, de acuerdo con la documentación que obra en poder de este medio.

“Aquello me pareció muy raro. Al principio, cuando aún no me habían dicho el importe, me lo pensé porque llevaba mal mucho tiempo, pero luego me dijeron que tenía que pagar sin dejar rastro del dinero”, señala la afectada en conversación con este medio, que cuenta con un seguro con una amplia cobertura y sin carencias.

Quejas al hospital y al Colegio de Médicos

L.C puso estos hechos en conocimiento del hospital a través de un canal de denuncias el 11 de marzo. “No podemos dar más datos mientras se está realizando una investigación interna”, responde una portavoz del centro a preguntas de este medio. Sí aclara, sin embargo, que la doctora no forma parte de la plantilla sino que “presta servicios en el hospital de forma externa”.

Desde que la paciente notificó lo ocurrido, el hospital tiene tres meses para “evaluar el alcance de los hechos y verificar la veracidad de los datos aportados, con posibilidad de prórroga en los casos que revistan especial complejidad”. Todavía no se ha cumplido este periodo.

La doctora, con la que también se ha puesto en contacto esta redacción sin obtener respuesta, continúa pasando consulta en el hospital aunque ya no forma parte del cuadro médico de Adeslas, según confirma la compañía aseguradora, que argumenta que fue el centro hospitalario quien dejó de ofrecer la colaboración de la doctora este año. Un portavoz de Adeslas señala a elDiario.es que la aseguradora no quiere vincularse con estas prácticas sin cabida en el funcionamiento de un seguro de salud: “La intervención o se autoriza o no se autoriza si no está en la cobertura”.

La situación también fue denunciada ante la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid. En un intercambio de correos, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la organización solicita permiso a L.C para remitir a la doctora las pruebas que aporta. Sin embargo, el Colegio de Médicos ha declinado ofrecer información sobre cuál es el estado de la queja en el órgano.

Las denuncias de la afectada –tanto la presentada en el hospital como en el Colegio de Médicos– también mencionan a una segunda doctora, que responde a las siglas de A.C y es la persona a cuyo nombre se ofreció poner la operación tras la segunda llamada telefónica y que opera junto a C.S, según fue informada la paciente. elDiario.es ha tratado, igualmente sin éxito, de recabar la versión de esta facultativa.

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La publicación de los nuevos cuadros médicos de las aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios de Muface ha supuesto un nuevo punto de tensión en torno a la mutualidad. De los documentos presentados por Adeslas, donde los asegurados pueden consultar qué centros y hospitales están disponibles para ellos, se ha caído el grupo HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela y León, según ha denunciado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha elevado una queja ante la entidad, dependiente del Ministerio de Función Pública.

El recorte del prestador en las cinco provincias se produce en un momento en el que ambas partes afirman estar negociando, lo que algunas voces del sector enmarcan en una estrategia, propia de los tira y afloja que se producen anualmente entre aseguradoras y grupos hospitalarios y médicos. “Es lo normal, pero ni HM se puede permitir el lujo de no ver a gente [Adeslas] ni las aseguradoras pueden no tener a HM”, indican estas fuentes, ajenas a las compañías, pero que prefieren mantener el anonimato.

El Gobierno había dado por resuelta la crisis con Muface en marzo, cuando las aseguradoras lograron arrancar un incremento de un 41% acumulado en tres años. Son 4.800 millones de euros, a repartir entre Adeslas y Asisa, tras la salida de la hermana pequeña, por volumen, DKV de la mutualidad. Llegaba entonces la negociación al margen del Ejecutivo: la que tienen las aseguradoras con los grupos hospitalarios y médicos, que son a la postre quienes atienden a los funcionarios que optan por la sanidad privada frente a la pública cuando enferman. Adeslas juega la baza de contar con más mutualistas. Asisa, con la ventaja que da tener sus propios hospitales.

En marzo, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector, ya reclamaba a las aseguradoras “una remuneración justa a hospitales y clínicas”. Su presidente, Carlos Rus, aseguraba al inicio de las conversaciones que las compañías estaban “planteando un aumento de las tarifas de un 3%, mientras ellas han recibido una subida por encima del 40% de las primas. Lo lógico sería que se transmitiera a los centros una parte significativa de ese porcentaje”, aseguraba en declaraciones a El Economista.

Las negociaciones en este campo se dan por varios frentes: zona por zona, grupo por grupo, médico por médico. “Hace unas cuantas semanas cerramos acuerdos con todos los grandes grupos”, indican fuentes de Asisa, que afirman que la aseguradora mantiene unas características asistenciales “similares a las del año pasado”. Entre la cartera de esta compañía están Quirón, Vithas o IMED. También HM. Aunque se trata de un mercado muy complejo, donde las conversaciones suelen llevarse con discreción y hay cierta opacidad en los números, estas mismas fuentes indican que, en este caso, “el punto de partida fue el IPC sanitario —en torno al 2%— y la subida, en la mayor parte de los casos, es superior al 3%”.

Desde Aspe indican ahora que respetan y apoyan “cualquier toma de consideración empresarial” sobre Muface. “Nuestros hospitales y clínicas han dado, todos y siempre, una respuesta de coherencia, responsabilidad y compromiso con los mutualistas”, indican fuentes de la Alianza, que afirman que su “preocupación en todo momento ha sido y es la situación de los pacientes, la calidad del servicio y la demanda de una remuneración adecuada para garantizar una conveniente atención sanitaria”.

“Cuando empiezas a negociar, hay sitios donde hay lío. Ellos te quieren presionar, tú dices que no estás de acuerdo... Otra cosa son las clínicas pequeñas, que tienen menos capacidad y tienen que aceptar”, indica una fuente del sector, que aboga por la discreción. Fuentes de HM aseguran estar “abiertos a la negociación y deseosos de alcanzar un acuerdo” con Adeslas. “Las razones por las que nos sacan de sus listados tendrán que decirlas ellos”, indican desde la compañía, que garantiza “la continuidad asistencial de los mutualistas” con tratamientos o procesos en curso mientras esta situación se resuelve. Desde la aseguradora evitan realizar declaraciones en el marco de una negociación en curso.

Las aseguradoras renegocian con los grupos y los médicos las condiciones de sus acuerdos año a año. Así, los cuadros son vivos. Adeslas y Asisa deben cumplir con Muface el compromiso de contar con determinados dispositivos asistenciales mínimos, dependiendo de la provincia y la población, que incluyen el acceso a determinadas especialidades y un número y tipo de centro, pero pueden añadir más durante la duración del concierto, siempre sobre esos mínimos. Desde la entidad no hacen comentarios sobre la situación actual, por tratarse de un asunto entre la aseguradora y la red hospitalaria.

Para CSIF, la salida de HM del cuadro médico de Adeslas en la Comunidad de Madrid supone “la desaparición de los hospitales de referencia del grupo, lo que empobrece gravemente la oferta sanitaria, eliminando opciones para miles de mutualistas y, además, deja sin los especialistas que habían venido atendiendo las distintas patologías de salud de estos y sus beneficiarios”. Precisamente, el argumento de los pacientes que llevaban años con el mismo médico o con tratamientos en marcha fue una medida de presión para que el Ministerio de Función Pública elevase la prima a las aseguradoras hasta en tres ocasiones, que ahora se les puede volver en contra.

“Nuestra organización considera un engaño a los mutualistas este recorte de medios, conocido una vez que se ha producido la firma del nuevo acuerdo de asistencia sanitaria”, acusan desde CSIF, que indican que han dejado de estar concertados los hospitales de HM en Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela y León, además del hospital de la Cruz Roja de Córdoba.

El nuevo convenio entró en vigor el 1 de mayo. Con él, se abrió el plazo de un mes que permite a los mutualistas mantenerse en su prestador sanitario, Adeslas, Asisa o la Seguridad Social, o saltar de uno de ellos a otro. Además, los mutualistas de DKV podrán realizar la permuta a una de las entidades privadas o pasar, por defecto, a la sanidad pública. El 1 de junio se abrirá un nuevo periodo ordinario de cambio, en línea con el compromiso del Ejecutivo de permitir la doble permuta en esta nueva licitación, los meses de enero y junio.

Muface vuelve a la casilla de salida. Tras la crisis abierta después del verano y una negociación a cara de perro, las aguas volvieron a su cauce este 1 de mayo. El día antes, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y Adeslas y Asisa firmaban el nuevo convenio por el que las aseguradoras privadas podrán prestar asistencia sanitaria a más de 700.000 mutualistas y sus familias con cargo a fondos públicos. Una agradecía el trabajo por llegar a un acuerdo, mientras las compañías destacaban la “dedicación y voluntad” del ministro Óscar López. El pulso terminó con 4.808 millones de euros en el puño de las empresas y una tregua de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2027 que dura el nuevo concierto.

Más allá de la foto y los mensajes amigables, los tira y afloja de los últimos meses han convertido la renovación del concierto en la negociación de este tipo más dura que se recuerda. Es la primera vez, por ejemplo, que las aseguradoras dejan desierta una licitación y fuerzan al Ejecutivo a elevar la oferta económica hasta en tres ocasiones, hasta rascar 1.276 millones de euros más que en el convenio anterior.

En este contexto, este modelo heredado del franquismo y de una época en la que las mutualidades suplían por gremios la falta de una prestación sanitaria pública y universal, ha salido debilitado y la incertidumbre ha reforzado los argumentos de los partidarios de su extinción y ha dado otros nuevos a quienes tienen actitudes más tibias, pero admiten que requiere cambios. “¿Creen que Muface es perfecto? Créanme, no lo es. ¿Requiere reformas? Créanme, las requiere”, llegó a verbalizar el ministro del ramo Óscar López.

El propio Ministerio de Función Pública deslizó en medio de la negociación la idea de que era necesaria “una reflexión sobre el modelo”, planteando incluso que los funcionarios elijan entre sanidad pública o privada “para siempre”, pero tres meses después, la mutualidad anunció que incorporaba a la nueva licitación la posibilidad de cambiar no una, sino dos veces al año.

Cada mes de enero, los mutualistas pueden elegir entre una de las opciones privadas o la seguridad social. Según los datos de Función Pública, actualmente hay 734.000 titulares y 280.000 beneficiarios acogidos a un seguro privado. A principio de año se activó este periodo pero, en medio de una prórroga forzosa, solo se permitía el cambio de la privada a la pública. “Más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario durante este tiempo, casi el doble de las personas que se fueron a la Seguridad Social el año pasado”, indican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muy combativa por el mantenimiento del concierto, pese a que han denunciado cientos de quejas de mutualistas a los que, aseguran, las compañías cancelaron citas o pruebas médicas a las que tenían derecho.

Desde este 1 de mayo, Función Pública ha habilitado un periodo de permuta, entre la Seguridad Social y las compañías Adeslas y Asisa. Además, los asegurados de DKV, que ha dejado el concierto tendrán que elegir a qué compañía pasan o si prefieren la pública.

En este largo camino, desde el Ejecutivo habían hecho alusión incluso a un informe que preparaba la Autoridad fiscal. En el Consejo Extraordinario de Muface en diciembre, con el concierto en el aire, la propia Mapelli señaló que en la reflexión de futuro, sería “providencial el informe sobre gasto que está elaborando la AIRef”. El trabajo se dio a conocer a finales de marzo, ya con el concierto enfilado y sin posibilidad de incorporar sus propuestas, como que la mutualidad sea voluntaria. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas, al eliminar aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista”, señalaba el informe.

No solo eso. La Autoridad fiscal proponía también “la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas” al sistema pública, ante la “ineficiencia” de un sistema dual la “preferencia revelada en los últimos años para la modalidad pública de los nuevos mutualistas de los cuerpos más numerosos”. De hecho, según las cifras de Función Pública, dos de cada tres nuevos funcionarios eligen la sanidad pública.

El informe señalaba además un dato relevante que desmonta un argumento clásico de las aseguradoras, que hacen hincapié en que el importe de las primas que reciben por los mutualistas es menor que el gasto medio por paciente de la sanidad pública: ante una enfermedad grave —y más cara— los funcionarios eligen cambiarse a la sanidad pública frente a la privada.

“Mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanidad pública nunca se mueve por criterios de rentabilidad”, afirmaba la ministra de Sanidad, Mónica García, en una columna publicada en elDiario.es. García, crítica con la propuesta de Función Pública, en manos del PSOE, para salvar Muface, apostaba ya entonces porque esta sea “la última licitación”. De hecho, su departamento publicó un informe en el que acusaba a las aseguradoras de seleccionar pacientes y consideraba “una opción tanto viable como razonable” extinguir la mutualidad.

A tres años vista de la próxima renovación, está por ver si esa reestructuración se lleva a cabo o si, en 2027, cientos de miles de funcionarios estarán atrapados en lo que los sindicatos CCOO y UGT llegaron a catalogar como un “chantaje” de las aseguradoras.

Después del gran apagón, toca evaluar los daños sufridos. El sector asegurador y las compañías eléctricas se preparan para un aluvión de reclamaciones, aunque aún no son capaces de cuantificar los daños potenciales. Millones de personas afectadas, y también empresas, se preguntan si podrán reclamar y qué podrán reclamar por las pérdidas o los inconvenientes que éste les ha provocado. Comida que está refrigerada o aparatos eléctricos que necesitan suministro constante han podido verse dañados si no se restablece la electricidad en poco tiempo.

Aunque el Gobierno pudiera tomar medidas al respecto, la normativa actual permite que los usuarios puedan interponer una reclamación a la comercializadora o distribuidora del servicio contratado, ya sea de energía y/o telecomunicaciones.

Pero las asociaciones de consumidores suelen aconsejar ir contra la aseguradora. Normalmente, la aseguradora indemniza al usuario y, a su vez, inicia una reclamación contra la compañía eléctrica, que acaba siendo la que tiene que pagar si ha habido una avería que ha provocado daños al usuario. Estos siniestros en el hogar suelen estar incluidos en el seguro de hogar.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que ha jugado un papel fundamental para atender las indemnizaciones de afectados por la DANA de Valencia, no cubre los daños causados por un apagón, ya que los apagones no son considerados riesgos extraordinarios.

Revisar la póliza de seguro

Para reclamar daños por un apagón, se debe contactar a la compañía de seguros. Los alimentos refrigerados se conservan en buen estado siempre que el suministro eléctrico no haya sido interrumpido durante más de cuatro horas y que la puerta del congelador se haya mantenido bien cerrada.

En el caso de la comida en mal estado, hace falta que hayan pasado seis horas para poder reclamar. Es decir, si el apagón se prolonga durante seis horas y, como consecuencia, hay comida que se estropea en el frigorífico, los afectados pueden cursar una reclamación para ser indemnizados.

Hay que revisar las pólizas, los seguros del hogar, puesto que muchas de ellas cubren los daños por cortes de electricidad. Los más frecuentes son las averías en electrodomésticos, la pérdida de alimentos o la interrupción de actividades dependientes de electricidad.

En todos los casos, para asegurar la viabilidad de la reclamación, es importante conservar las facturas y tickets tanto de electrodomésticos dañados como de compra de alimentos; y, muy importante, documentar los daños con fotografías y vídeos que justifiquen la reclamación.

Solventar los cortes antes de cinco horas

En cuanto a las compañías eléctricas, en las zonas urbanas, las empresas suministradoras del fluido eléctrico tienen la obligación de solventar estos cortes antes de cinco horas. En la Comunidad de Madrid se establece que las empresas suministradoras, ante cualquier incidencia, deberán reponer el servicio en un tiempo máximo de tres horas cuando la incidencia afecte al 70% del mercado y de seis horas cuando la incidencia afecte al 100% del mercado, según explicaba la web de la comunidad.  En Madrid hay obligación de indemnizar si el corte masivo dura más de seis horas

En el caso de que se supere alguno de estos valores, tanto en número como en duración de la interrupción, la compañía deberá aplicar un descuento de hasta un máximo de 10% en su factura anual, así como indemnizaciones por daños causados en alimentos o aparatos electrónicos a raíz de un apagón.

Según Legálitas, los afectados pueden reclamar indistintamente frente a cualquiera de los intervinientes del sector eléctrico y, en caso de dirigirse frente a la distribuidora, para el éxito de la reclamación bastará con probar la alteración en el suministro y su relación de causalidad con los daños, mientras que la distribuidora solo se exoneraría si fuera capaz de acreditar que dicha alteración es consecuencia de la acción de un tercero ajeno o extraño al suministro o de fuerza mayor.

El Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece que «No se considerarán incumplimientos de calidad los provocados por causa de fuerza mayor o las acciones de terceros».

Más de medio centenar de expolíticos y antiguos altos cargos han fichado en los últimos años como asesores o directivos de empresas, fundaciones o asociaciones vinculadas a la sanidad privada. De esa cifra, más de la mitad han fichado como consejeros o directivos y el resto, como asesores, por ejemplo, en fundaciones, cuyo cargo por ley es gratuito salvo que sus estatutos digan lo contrario.

El recuento incluye firmas del sector y aseguradoras (no farmacéuticas), con una veintena de ex cargos de la sanidad autonómica, otros tantos que ocuparon puestos de responsabilidad en el gobierno central, algunos diputados y amplia mayoría de personas vinculadas al PP.

Entre ellos, el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, que gestiona grupo Vivo (con millones en contratos de la Administración) y tiene experiencia en la materia: antes de saltar a la política fue subdirector en el Ministerio de Sanidad y hace 20 años, tras el abrupto fin del Gobierno de José María Aznar, Esperanza Aguirre le colocó como gerente del hospital Ramón y Cajal en Madrid.

A nivel autonómico, con las competencias en esta materia, es muy conocido el caso de Manuel Lamela: fichó por la concesionaria de uno de los hospitales que privatizó en Madrid (el del Tajo, en Aranjuez) y en 2020 asesoró al sector para pedir indemnizaciones por los sobrecostes del coronavirus. Su sucesor en la consejería de Sanidad, Juan José Güemes, dimitió en 2013 como asesor de Unilabs, multinacional de análisis clínicos que se quedó contratos que él privatizó con Aguirre como presidenta y pertenece a la sueca Capio, cuyo negocio hospitalario es hoy de Quirónsalud.

El líder del sector en España, del que procede la actual consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, logró en 2024, en pleno escándalo por los presuntos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una reducción récord del 50% en la deuda que reclama a la Comunidad de Madrid por sus cuatro hospitales de la red pública. En 2023 Quirón contrató al experto en arbitrajes José Luis Gómara, abogado del Estado en excedencia y director general adjunto del servicio jurídico en el Ministerio de Asuntos Económicos con Nadia Calviño.

La actual directora de Asistencia y Calidad de Quirónsalud es Leticia del Moral, directora general del Instituto Madrileño de Salud (Imsalud) con Alberto Ruiz-Gallardón (2001-2004). De la antigua IDC Salud procedía Elena Arias, gerente del Servicio de Salud de Asturias hasta 2011, cuando se reincorporó a la actual Quirón.

En Euskadi es muy conocida Keralty, multinacional lanzada por un exvicelehendakari y ex consejero de Salud peneuvista, Jon Azua, muy presente en Colombia (donde ha fichado a varias exministras y un exviceministro) y que en 2019 contrató a otro exconsejero vasco de Salud, Jon Darpón. Su vicepresidente, Emilio Herrera, dirigió el Servicio Extremeño de Salud hasta 2008 y dirigió la Fundación Caser.

Otro ejemplo es el médico, exdiputado del PP y ex consejero navarro de Salud Santiago Cervera, que en 2024 fichó por la firma de lobby Political Inteligence para liderar el área de Salud y asesorar a empresas sociosanitarias. En Andalucía, un veterano es Agustín Ortega, desde 1992 responsable de Dirección estratégica en Hospitales Pascual tras dirigir en los 80 el Servicio Andaluz de Salud.

En Catalunya un clásico es el médico Boi Ruiz: de presidir la patronal catalana del sector, La Unió, a fichar en 2010 como consejero de Salut de Artur Mas, recortar 1.300 millones en la sanidad pública y pasar en 2017 a Ribera Salud, pionero de la privatización en la Generalitat Valenciana del que fue consejero hasta 2023. 

Patrono de la fundación asistencial Camilo de Lellis, vinculada a congregaciones religiosas, y con una consultora sanitaria muy activa en Latinoamérica, KHA, Boi Ruiz es uno de los casos de ida y vuelta en el sector. Otro es José Manuel Baltar, asesor en la patronal estatal ASPE y directivo del grupo canario de sanidad privada San Roque, su empleador cuando en 2017 el actual presidente, Fernando Clavijo, le nombró consejero de Sanidad.

Un relevante nicho son las fundaciones. En la de La Unió, que dirige Roser Fernández, mano derecha de Boi Ruiz como secretaria general del departamento de Salud de la Generalitat (2010-2016), figuran los ex directores del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) Josep Maria Padrosa (2011-2016), Gemma Craywinckel (2021-2022), actual directora general del Consorcio Parc Taulí, y Ramón Massaguer (1994-1998). Este último, secretario general de la fundación y ex secretario general de Salut con Jordi Pujol (1998-2004), dirige desde 2015 la Fundació Puigvert, primera institución sanitaria privada de España que tuvo un concierto de prestación de servicios con la sanidad pública (en 1978). 

Más tortuoso fue el caso de Josep Prat, otro cargo de Boi Ruiz. Pendiente de juicio en el caso Innova de corrupción sanitaria en Reus (Tarragona), en 2012 dimitió como presidente del Institut Català de la Salut (ICS) tras conocerse que compaginaba un puesto en USP Hospitales, hoy Quirónsalud.

Entre los últimos fichajes está la exministra de Sanidad y Fomento Ana Pastor. Médica de formación, en 2024 dejó el Congreso para presidir la aseguradora AMA, mutua de los profesionales del sector, donde fue elegida para el puesto por los propios sanitarios en la Asamblea General de esta sociedad que no tiene ánimo de lucro. En ella es consejero Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y procurador en las Cortes de Castilla y León por el PP hasta 2015.

Desde diciembre Pastor es patrona de la Fundación de HM Hospitales, un puesto sin remuneración, explican desde el grupo, que ha repescado como director general médico a Cristóbal Belda, al frente del Instituto de Salud Carlos III hasta enero de 2024. La ex presidenta del Congreso presentó desde 2019 hasta que dejó su escaño más de 100 preguntas parlamentarias al Gobierno que replicaban iniciativas del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el lobby del sector que preside su amigo Juan Abarca, presidente de HM. Entre ellas, cómo no “ningunear” a la actividad privada e integrarla “con normalidad como parte intrínseca de nuestro sistema de salud”.

Otro exministro (de la Presidencia, con UCD), el ex vicepresidente de Banco Santander Matías Rodríguez Inciarte, preside Sanitas Seguros y es consejero de la británica Bupa, matriz de Sanitas. En Sanitas Seguros es también consejero desde 2014 el expresidente de Endesa y ex diputado del PP, Manuel Pizarro. El recientemente fallecido Josep Piqué fue vocal de una filial de Mapfre y de la cotizada Atrys Health, señalada por frenar tratamientos caros contra el cáncer en la sanidad privada. En ella coincidió con el médico Jaime del Barrio, ex consejero de Sanidad en Cantabria, vocal de Atrys desde 2017 y Senior Advisor del sector Salud de la consultora EY. 

En Ediagnostic (hoy Atrys Health) fue consejero hasta 2013 el ex ministro de Defensa y Sanidad con Felipe González, Julián García Vargas, miembro del consejo asesor de la Fundación Edad & Vida, impulsada por Eulen Sociosanitarios, Quirónsalud, Segurcaixa Adeslas, Domus Vi o Allianz. A ese órgano perteneció el exministro Federico Mayor Zaragoza, fallecido en 2024.

Mención aparte merece la Fundación Bamberg, dedicada al “estudio de las políticas de salud, de la gestión sanitaria y las tecnologías de la salud”, con Ribera Salud y Asisa (una de las empresas del concierto de Muface) como “entidades protectoras” que le ayudan “de manera permanente”.

La entidad, que no atendió a elDiario.es, tiene en su consejo institucional a la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), decana del sector en España. En ella es patrono el cirujano Ignacio López Balboa, que como secretario general del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad (2000-2002) “llevó la coordinación de 25 líderes de opinión y expertos en diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la Sanidad, para la toma de decisiones de política estratégica dentro del Sistema Nacional de Salud”. Hoy dirige en Galicia la emisora de Federico Jiménez Losantos, EsRadio.

Por el consejo asesor de la Fundación Bamberg han pasado Boi Ruiz, el presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, los exministros de Sanidad García Vargas, José Manuel Romay Beccaria y Bernat Soria, los ex secretarios generales de Sanidad Rubén Moreno, José Martínez Olmos y Javier Castrodenza, el fallecido jurista Julio Sánchez Fierro, presidente de la Agencia Española del Medicamento y subsecretario de Sanidad con Aznar; Mario Mingo, ex presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso; Roberto Sabrido, ex consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha con José Bono y ex presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición; o José Ignacio Nieto, consejero de Salud de La Rioja con el popular Pedro Sanz.

Nieto, casado con Luz de los Mártires, exgerente del Servicio Riojano de Salud, ex directiva de DKV Seguros y alto cargo de Ayuso en la sanidad madrileña hasta 2024, es miembro del comité científico de la Fundación Economía y Salud, creada en 2012 para promover “conocimiento y opinión sobre la aportación que la salud puede hacer a la economía y la competitividad”. Su impulsor, Alberto Giménez, preside la alicantina Grupo Casaverde, con tres hospitales de rehabilitación neurológica y física, cuatro clínicas ambulatorias y diez residencias de mayores.

En ese comité científico figuran, entre otros profesionales del sector, el oncólogo y catedrático José María Martín, director general de Salud Pública y Consumo con Aznar; el médico Luis Rosado, consejero de Sanidad con Francisco Camps en la Generalitat Valenciana; María Fabón, secretaria general Técnica del Servicio Riojano de Salud hasta 2023; Mercedes Martínez, directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud hasta 2017, y el psiquiatra Carlos Mur, director general de Coordinación Sanitaria de Ayuso durante la pandemia. Ex secretario general de esta fundación, Mur dirige el Servicio andorrano de Salud Mental. Fichó como director médico en una clínica de adicciones en Barcelona tras cesar en el Gobierno madrileño.

En el sector señalan la cercanía a la sanidad privada de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). Con representantes del lado público y privado, el sesgo a favor de estos últimos es claro. Fundada por, entre otros, Mariano Guerrero, directivo de Ribera Salud y catedrático de la Universidad Católica de Murcia, tiene como “socios de honor” a Boi Ruiz, el cirujano y teniente coronel del Ejército del Aire, Juan Abarca Campal, fundador de HM, o César Pascual, consejero de Salud de Cantabria señalado por sus vinculaciones con Ferrovial en el hospital público de gestión privada de Valdecilla.

Su junta directiva la preside José Soto, ex director del Insalud y gerente de la Fundación Instituto San José. Por ella han pasado Carlos Rus, presidente de ASPE, Conrado Domínguez Trujillo, ex director del Servicio Canario de Salud procesado por el caso Mascarillas; Rafael López, ex gerente del servicio de salud de Castilla y León, o Eloísa Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo recolocada por la Xunta como subdirectora tras su discutida gestión del área sanitaria de Santiago.

Otro lobby autonómico es el Cercle de Salut, lanzado en 2017 en Catalunya con el rechazo de activistas por la sanidad pública por Roser Fernández, su antecesora en La Unió, Helena Ris, o Josep María Padros, y con La Unió, la patronal catalana Aces, la de Tecnología Sanitaria (Fenin), Fundació Puigvert o Hestia Alliance como asociadas. Como vocales figuran Josep Ganduxé, ex directivo del sector y La Unió y concejal de Junts en l´Ametllá del Vallés; o Josep Abelló, ex alcalde socialista de Reus, ex diputado del Parlament y presidente del Consorcio Hospitalario de Catalunya (1991-2011). 

Entre las aseguradoras, con grandes intereses en este negocio a través de los seguros de salud, destaca Mapfre, que en los últimos años ha fichado para distintas filiales al citado Piqué (en 2022), el exdiputado de CiU Josep Antoni Durán i Lleida (2019) o al anterior expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano (2024).

En su fundación son patronas (sin compensación, recalca el grupo) la exdiputada de CiU y directora de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera; la directiva de Ikea Laura Ruiz de Galarreta, directora general de Emergencia Social con Esperanza Aguirre; o Ana López-Monís, directora de los Registros y del Notariado con Aznar.

Otros nombres son los de la exministra de Ciencia y presidenta de Mediaset España, Cristina Garmendia, exconsejera de Pelayo; el expresidente de Unicaja y exconsejero andaluz Braulio Medel, exconsejero de Caser; o la exsenadora del PSOE Ana Ruiz Tagle, patrona de la Fundación AXA.

Cuando el acuerdo entre las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública para los tres próximos años de Muface parecía inminente, la Organización Médica Colegial (OMC) envió una carta a todos los médicos y médicas que trabajan para el sector privado animándoles a pedir un aumento de sus retribuciones “proporcional” al que han recibido las aseguradoras en el nuevo contrato de Muface (41%).

En la misiva se insta a seguir la misma estrategia de presión que estas compañías, que apretaron al Gobierno para lograr una subida generosa de las primas tras amagar con dejar de prestar el servicio de sanidad privada a los funcionarios. “Recuerda que sin médicos no hay medicina”, dice el escrito, firmado por el Foro Nacional de Médicos en Ejercicio Privado, que les ofrece incluso el apoyo de las asesorías jurídicas de los colegios de médicos.

Los profesionales médicos son el último eslabón –también el más débil– de la renegociación del contrato de Muface y quieren hacerse fuertes en esta coyuntura. Apenas unos pocos tienen contratos laborales con los grupos hospitalarios; la mayoría son autónomos que cobran por acto médico y llevan años quejándose de que las compañías de seguros les pagan “precios temerarios” con el argumento de que eso se compensa a final de mes porque ven a muchos pacientes. Lo que llaman “facturar mucho volumen”. Una parte de ellos, entre un 30 y un 40% según las organizaciones, tienen su trabajo prinicipal en el sistema público.

Aunque resulte paradójico, ahora que todo está bien atado por arriba, las aguas se remueven por abajo: las compañías deben aterrizar tanto con los hospitales privados como con los médicos cuáles son las condiciones tras la nueva concesión. La patronal que representa a la mayoría de centros privados (ASPE) ya se ha puesto en pie de guerra para presionar: asegura que el aumento de las tarifas rondaría un 3% frente a “la subida por encima del 40% en las primas de las aseguradoras”.

Y por debajo quedan los médicos. “A ASPE le hemos enviado un mensaje muy clarito: no pueden negociar por nosotros con las aseguradoras, si aceptan esa subida del 3%, la vamos a rechazar”, afirma Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel), una organización nacida hace cuatro años que defendió, en plena incertidumbre por el modelo Muface, que el Estado cubriera la sanidad privada de los funcionarios sin la intermediación de los seguros.

En el caso de los mutualistas, además, las compañías de seguros pagan honorarios aún más bajos, según denuncia Unipromel y confirman fuentes del sector. “Por ejemplo, con Asisa son 17 euros la consulta para los de Muface y 18 o 19 para los que vienen con póliza privada. En un momento dado dijimos que no atendíamos y mi hospital ahora nos suplementa lo que le paga la aseguradora”, apunta Guerrero. Unipromel pide que las consultas de Atención Primaria suban de ocho a 20 euros y las del especialista a un mínimo de 40 porque “se cobra al Estado y a compañías aseguradoras forradas”.

Dependencia de las aseguradoras

“No sé cuál va a ser la gota que colme el vaso, pero se están reuniendo las condiciones para una tormenta perfecta”, afirma José Luis Alcíbar, vocal de medicina privada de la OMC, que reconoce que muchos compañeros “han tenido que tragar con honorarios que a duras penas les han cubierto costes” porque se da una relación de dependencia con las aseguradoras. Muy pocos pacientes acuden de manera completamente privada y pagan por consulta. “Hasta el más rico de Sevilla acude con una póliza”, confirma Guerrero.

Desde Asisa aseguran que “una parte de la subida se verá reflejada en el aumento de los honorarios a los médicos” pero se hará “caso a caso dependiendo de las especialidades y de los territorios”. Es decir, cada profesional tendrá que pelear la mejora de sus condiciones y es eso precisamente lo que les deja en una posición de más desventaja, según Unipromel. “Siempre tienen algo de venta cruzada para que aunque trabajes barato luego tengas una contrapartida y caemos en ese mercadeo. Por ejemplo que a cambio de hacer a los pacientes de Muface te citen a personas de dermatoestética, que se pagan mejor”.

Asisa asegura que "una parte de la subida se verá reflejada en el aumento de los honorarios a los médicos" pero se hará "caso a caso dependiendo de las especialidades y de los territorios".

También las aseguradoras juegan sus cartas. Asisa cuenta con una red hospitalaria propia, que le permite gestionar sus recursos con mayores sinergias mientras Adeslas tiene con un número de asegurados mucho mayor —508.000 frente a 363.00— que poner sobre la mesa.

En la OMC piensan que este momento “debe servir para pasar de la queja a la acción”. “Aunque algunos médicos tienen más fuerza que otros para negociar, ahora todos comparten un argumento muy claro. Si se niegan, recomendamos ir al colegio de médicos a pedir asistencia jurídica. Ir unidos es complicado, pero que sepan que no están solos”, sostiene Alcíbar, que pone como ejemplo algunos precedentes en provincias o ciudades donde bloques de especialistas completos se negaron a trabajar con compañías de seguros hasta que su retribución económica no creciera.

Siempre tienen algo de venta cruzada para que aunque trabajes barato luego tengas una contrapartida y caemos en ese mercadeo. Por ejemplo que a cambio de hacer a los pacientes de Muface te citen a personas de dermatoestética, que se pagan mejor

Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel

Dejar de pasar consulta en bloque

En Sevilla, por ejemplo, 400 profesionales de diferentes especialidades –pediatras, otorrinos, cirujanos maxilofaciales, urólogos o digestivos– cerraron en 2023 sus consultas a los pacientes asegurados como medida de presión contra pólizas “cada vez más baratas” y tarifas congeladas desde hace 25 años. Los cirujanos cardiovasculares lograron una subida de entre el 30 y el 75% de sus honorarios, según informó El País.

El Ministerio de Función Pública obliga en el pliego de condiciones a tener un mínimo de especialistas por territorio y las aseguradoras deben ser capaces de ofrecerlo. “Nuestros cuadros son estables, entran y salen médicos, sí, pero dentro de la estabilidad”, defienden desde Asisa. elDiario.es ha tratado sin éxito de recabar la respuesta de Adeslas para este artículo.

Una intermediaria que contratan algunas aseguradoras llamada Atryl Health-Bienzobas está presionando a los oncólogos que trabajan para estas compañías privadas para que no prescriban a los pacientes tratamientos contra el cáncer con un precio elevado que son de uso común en la sanidad pública, según ha revelado este lunes Abc, que ha tenido acceso a decenas de informes que intercambian los facultativos con “asesores oncológicos” de esta empresa dedicada a administrar parte de las tareas de gestión de este area médica.

Cuando esta empresa es contratada, los oncólogos que trabajan para las compañías aseguradoras deben pedir a estos asesores “que autoricen el tratamiento que consideran más adecuado para el paciente”. Los problemas aparecen, según recoge Abc, con tratamientos como anticuerpos monoclonales (Avastin o Panitumumab) que se administran por vía intravenosa y que son habituales en el Sistema Nacional de Salud.

Los argumentos para rechazar la autorización pueden ser varios: que “no es coste efectivo”, que las guías europeas consideran más eficientes otras terapias más baratas o que no están en ficha clínica, es decir, aprobadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), siempre de acuerdo a lo publicado por este medio.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se muestra “preocupada” por las informaciones publicadas y lo considera un “problema de máxima relevancia para los pacientes que se ven afectados por las decisiones”. Su presidente, César A. Rodríguez, ha asegurado en un comunicado que hay un grupo de trabajo en marcha desde 2021 cuya tarea prioritaria era analizar este “problema” aunque todavía no hay “conclusiones”.

Sanidad se pronuncia

Para el Ministerio de Sanidad, que se ha pronunciado sobre esta información, “se trata del enésimo ejemplo de cómo la intromisión de un ente privado con ánimo de lucro en el ámbito de la asistencia sanitaria termina perjudicando a pacientes concretos”. “Lo hemos dicho por activa y por pasiva: eliminar el ánimo de lucro en la prestación de la asistencia sanitaria es el elemento fundamental para eliminar la existencia de intereses menos legítimos”, ha respondido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a preguntas de elDiario.es.

La ministra Mónica García también se ha pronunciado a través de X. “Que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio”, ha dicho añadiendo que el ministerio “defiende la sanidad pública”, en la que “los médicos deciden según la evidencia científica y no según beneficios económicos”.

Los informes a los que ha accedido Abc muestran casos de DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna, aunque hay más aseguradoras que tienen contratados sus servicios. Todas niegan conocer las presiones que relatan los oncólogos. Atryl Health-Bienzobas defiende que son los médicos los que tienen la última palabra sobre los tratamientos.

Entre los pacientes de estas compañías también hay funcionarios públicos que eligen la sanidad privada a través de Muface, que acaba de renovar su contrato con la administración pública con una subida sustancial de las primas. Hasta ahora prestaban este servicio DKV, Asisa y Adeslas, aunque la primera se ha descolgado para las próximos tres años.

Los seguros de salud no siempre cubren todos los tratamientos. elDiario.es ha recogido casos de compañías que denegaron terapias de última generación contra el cáncer con un precio alto a sus pacientes, que finalmente terminaron siendo atendidos por la sanidad pública. Un informe del Ministerio de Sanidad advertía hace unos meses de esta práctica consistente en derivar pacientes económicamente no rentables al sistema público. Se refería a los funcionarios públicos que habían elegido Muface y eran atendidos por la sanidad privada.

El Gobierno dio por finalizada la crisis con Muface. Para el Ministerio de Función Pública el capítulo está cerrado, después de poner sobre la mesa más de 4.800 millones de euros y aumentar las primas que reciben las aseguradoras en un 41% en tres años. Las compañías habían forzado al Ejecutivo a una negociación sin precedentes, en la que la administración pública subió el precio hasta en tres ocasiones para garantizar la asistencia sanitaria privada de los funcionarios. Pero ahora son las aseguradoras las que deben pactar con los médicos y los centros sanitarios privados los precios.

La tortilla se ha dado la vuelta y ahora son los grandes grupos hospitalarios los que tienen la sartén por el mango. Y quieren su parte. “Nos están planteando un aumento de las tarifas de un 3%, mientras ellos han recibido una subida por encima del 40% de las primas. Lo lógico sería que se transmitiera a los centros una parte significativa de ese porcentaje”, denunciaba el presidente de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, en declaraciones a elEconomista.es.

ASPE, la patronal privada, no tiene capacidad de negociación, porque los acuerdos se cierran centro a centro y consulta a consulta, pero su postura sirve para señalar el camino por el que discurren los grandes grupos hospitalarios. No en vano, representa al 80% del sector y en su junta directiva se encuentran miembros de gigantes sanitarios como Vithas, Quirón, HM o Ribera Salud. En un comunicado, publicado en su web el pasado 7 de marzo, ya reclamaban a Adeslas y Asisa “altura de miras” y “una remuneración justa a hospitales y clínicas”.

El tira y afloja de las aseguradoras con Función Pública les ha servido para subir la factura, pero también ha dado un argumento extra a los prestadores del servicio de cara a la negociación en marcha. “Cuando a ti te han subido un 40%, tiene poca justificación [ofrecer un 3% más]. Antes estaban llorando, pero el Gobierno se lo ha puesto muy bien”, señalan fuentes del sector hospitalario, que indican que cada grupo negocia sus propias condiciones, en función de sus fortalezas.

“No sabemos de dónde sale el 3%”

También las aseguradoras juegan sus bazas. Asisa, por ejemplo, cuenta con una red hospitalaria propia, que le permite gestionar sus recursos con mayores sinergias. Adeslas, en cambio, cuenta con un número de asegurados mucho mayor —508.000, frente a 363.000— que poner sobre la mesa. Fuentes del sector confirman a elDiario.es que las subidas de los honorarios dependen de varios factores, como la zona geográfica, los especialistas, los acuerdos con los grupos, la competencia, etc. “No sabemos de dónde sale el 3%”, señalan.

En cualquier caso, desde el sector asegurador apuntan a que ese incremento del 41% en tres años no puede ir directamente a los centros sanitarios, porque “viene a resolver un déficit”, el suyo propio, del que llevan años quejándose. “Si se lo das a los proveedores, ¿cómo resuelves el desequilibrio de la mutualidad?”, se preguntan. Muface contará de 2025 a 2027 con solo dos aseguradoras, Adeslas y Asisa, tras la baja de DKV. De hecho, también Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, amagó con no acudir a esta segunda licitación, tras afirmar que había perdido 250 millones entre 2022 y 2024. Incluso Asisa se sumó al plantón a la primera, alegando que el sistema no era rentable, aunque ninguna de las dos aseguradoras han aportado información concluyente sobre este aspecto.

"Las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas"

Carlos Rus — Aspe

Con el horizonte a medio resolver, la sanidad privada había pedido negociar con el Gobierno, ante el temor de que las aseguradoras acaparasen las mejoras económicas de la mutualidad. Ya en enero, ASPE había difundido un comunicado en el que reclamaba “decisiones económicas justas también para los centros asistenciales y profesionales” y advertían que “en conversaciones previas, las aseguradoras han planteado tarifas iguales o con apenas incremento respecto al año anterior para la provisión sanitaria”. “Las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas”, señalaban. Algo por lo que no están dispuestas a pasar, teniendo en cuenta que son quienes atienden a los pacientes.

La semana pasada, tras conocerse que la licitación salía adelante, la patronal de la sanidad privada remitió un escrito a Muface en el que solicitaba a la mutualidad que “aseguren las condiciones asistenciales de calidad para los usuarios del sistema”. Esto pasaba, a su juicio, por asegurar un tiempo máximo de espera de 20 días para consultas, cirugías menores y diagnósticos graves o evitar desviaciones innecesarias. Esto es, que un paciente se quede sin médico en mitad de un tratamiento o durante la duración del concierto y se vea obligado a cambiar. O que las aseguradoras no puedan reducir o desconcertar el cuadro médico, dado que esos se negocian año a año, al margen de la licitación con Función Pública.

El incremento de la prima, además de para “reequilibrar” las cuentas de las aseguradoras, “tiene que ayudar a mejorar los pagos a los médicos, que son más bajos porque la prima [que reciben frente a los asegurados privados puros] es menor, pero también para resolver otra serie de desequilibrios, como nuevos tratamientos, envejecimiento, tecnología, inflación...”, señalan las fuentes consultadas. Y aquí entra otro eslabón: los médicos. Los profesionales tienen contratos mercantiles con los grandes grupos y con las propias aseguradoras, para las que prestan el servicio. Y tampoco están contentos.

“El Ministerio dice que se ha arreglado el problema, pero ahora vienen [las aseguradoras] con el pliego de condiciones en nuestra búsqueda. Y nosotros les decimos que ese 3% de subida no nos interesa. Si ya lo han firmado, igual se han pillado los dedos”, advierte el presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel), Ignacio Guerrero, muy combativo en este asunto y que ha llevado los conciertos de asistencia pública sanitaria a los juzgados. Esta organización defiende que el Estado cubra la sanidad privada de los funcionarios sin intermediarios. Es decir, sin seguros que saquen tajada.

Según los datos de Unipromel, los médicos reciben un 30% menos por atender a un paciente mutualista que a un asegurado puro. “De los 25 euros aproximadamente que te pagan por la privada, por Muface te dan 17 y un 30% de la tarta se la queda el hospital, así que acabas con 11 o 12 euros. Hay médicos que por dignidad ya no atienden o no te operan una rodilla por 150 euros. Cuando vas con el coche al taller, el mecánico te cobra 80 euros la hora por la mano de obra”, explica Guerrero, que acusa a las aseguradoras de tener “secuestrado al sector médico”: “Han cerrado el 90% de las consultas privadas, porque si la compañía te paga 15 euros por paciente, no puedes mantenerla. Así, han conseguido reagrupar toda la atención en los seis grandes grupos hospitalarios, a costa del pobre paciente y del pobre médico”.

Con todo, tanto médicos como grupos hospitalarios consideran que los 1.300 millones de euros más que ha puesto el Gobierno para garantizar la asistencia privada de los funcionarios, que cada vez eligen más la sanidad pública, dan para cubrir parte de sus demandas. La comparativa del 3 al 40% juega de su lado: “La negociación es anual, pero esta vez es diferente. Si el de enfrente llega en Ferrari... pues que no venga llorando”.

Concentraciones este jueves en las subdelegaciones del Gobierno de España de todo el país convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) “en defensa de Muface” y para denunciar las situaciones de “desatención sanitaria” que, advierten, están sufriendo los mutualistas, derivadas del dilatado proceso para la renovación del servicio.

Las concentraciones llevadas a cabo este jueves son, según el sindicato, “un llamamiento al Gobierno y a las aseguradoras apelando a la responsabilidad que tienen ambas” en lo que consideran una “crisis que ha llevado al límite el modelo del mutualismo administrativo”.

Hablan de una situación que está “perjudicando a miles de ciudadanos con temor, miedo, incertidumbre y lo que es incluso más grave: denegación de pruebas, tratamientos o intervenciones quirúrgicas”. De hecho, CSIF ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado todos estos casos.

Se aplaza la convocatoria de huelga

Por otro lado, el sindicato ha dado que conocer que, tras las movilizaciones llevadas a cabo desde el pasado mes de noviembre y los llamamientos en el Consejo General de Muface, el Congreso de los Diputados, la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo, así como la presión por la huelga prevista para hoy mismo, el Gobierno publicó una tercera licitación con una financiación que supone un incremento de más de un 40% respecto al actual convenio.

Ante este hecho “objetivo”, CSIF ha aplazado la convocatoria de huelga hasta que se resuelva la tercera licitación el próximo 4 de marzo. “No es un cheque en blanco”, advierte el sindicato que también ha explicado que seguirá “exigiendo y reivindicando una solución definitiva a esta crisis, así como la continuidad”, en este modelo de atencion sanitaria para los funcionarios. Actualmente cuenta con 74.083 mutualistas en Castilla-La Mancha, 50.405 de ellos atendidos por aseguradoras.

Además, la Central Sindical censura “el doble juego” que se ha llevado a cabo desde el propio Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que desde su punto de vista “pone en duda el mutualismo administrativo, con demagogias sobre privilegios o sobre su eficacia”. En este sentido recuerda que son los propios mutualistas los que financian el concierto sanitario al sustraerse mensualmente de sus nóminas una cantidad que varía dependiendo de su categoría.

“Este modelo de sanidad pública concertada ha demostrado su eficacia, tanto en ahorro a las arcas públicas como en descongestión de unos servicios de salud”, asevera CSIF que, por otro lado, insiste en que es inasumible absorber a más de 50.400 mutualistas. “El trasvase de todos ellos impactaría de manera muy negativa en el SESCAM, ya muy tensionado por los recortes que mantiene el Gobierno regional”.

Con el camino allanado para la resolución de la crisis de Muface, con un nuevo incremento de la prima de un 41% en tres años, el Gobierno lanza ahora guiños a ambos lados de la mesa. La entidad ha acordado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que los funcionarios de la mutualidad puedan saltar entre sanidad pública o uno de los seguros adscritos al concierto en curso dos veces al año, en enero y en junio, en lugar de solo una, como viene ocurriendo desde 2022.

Al margen de la licitación que el Ministerio de Función Pública tiene abierta para la asistencia sanitaria de los funcionarios, Muface suscribió en 2018 otro convenio con el INSS, dependiente de Seguridad Social. En ese acuerdo,entre otras cosas, se determina el tratamiento especial a los mutualistas y beneficiarios que hayan optado por recibir la prestación de asistencia sanitaria a través del sistema sanitario público, en lugar del seguro privado y en qué condiciones pueden solicitar la permuta.

Inicialmente, el convenio entre las dos entidades permitía ese cambio entre sanidad privada concertada y pública, y viceversa, dos veces al año, pero en 2022 una primera adenda al concierto optó por limitarlo solo a enero. “El periodo ordinario de cambio correspondiente al mes de junio supone un porcentaje muy reducido en relación con las solicitudes de cambio producidas en enero por lo que se considera aconsejable su eliminación, si bien se incluye una previsión para el caso de que fuera necesaria su reactivación”, indicaba el texto.

El cambio actual, tres años después, responde, según ha podido saber este medio, a una voluntad de dar mayor flexibilidad a los funcionarios, así como a una mejor gestión del modelo. “Supone recuperar un modelo que ya estuvo en vigor en anteriores conciertos y que facilita a los mutualistas ejercer la libertad de elección en la que se basa Muface”, indican fuentes del sector asegurador, consultadas por elDiario.es.

La medida también es del gusto sindical. “Todo lo que sean facilidades, bienvenidas”, indican fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que denuncian, no obstante, que aún no se haya resuelto el concierto en marcha. Desde UGT llevan reclamando la vuelta a la doble permuta desde que se suprimió “de forma unilateral”. De hecho, el tema estuvo sobre la mesa en el Consejo General de Muface del pasado mes de junio, donde la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y la directora general de la mutualidad, Myriam Pallarés, avanzaron que estaban barajando esa posibilidad, que se concretará en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Con el nuevo concierto en el aire, Muface solo habilitó este mes de enero la posibilidad de cambio del seguro privado a la pública, alegando que no tendría sentido dar el salto a una aseguradora que podía quedarse fuera del sistema en unas semanas. Ahora que Adelas y Asisa ven viable la continuidad del sistema, tras una subida de la prima del 41%, una vez que se apruebe la licitación, para lo que todavía queda al menos un mes, se abrirá un periodo adicional de permuta, entre la seguridad social y aquellas compañías que hayan concurrido a la licitación. Y, de nuevo, en junio, de forma ordinaria.

El acuerdo entre Muface y la Seguridad Social se produce en un momento en el que cada vez más nuevos funcionarios rechazan el seguro privado en favor de la sanidad pública. Según los datos que maneja Función Pública, son ya dos de cada tres. Una proporción que no oculta que el 70% del total continúa eligiendo el seguro privado, 12 puntos menos que hace una década. A falta de conocer los datos de este año, en enero de 2024 se produjeron un total de 39.846 modificaciones de adscripción de entidad sanitaria, con un saldo neto positivo para el INSS de 6.416 mutualistas: hubo 13.704 personas que dejaron la privada, frente a 7.288 que pasaron de la pública a una aseguradora.

La medida tiene una doble lectura, que podría beneficiar a las compañías privadas, más allá de la libertad de elección. “Es muy habitual pedir el cambio cuando se dan situaciones de enfermedad crónica grave, alguna operación compleja o, incluso, un accidente cardiovascular sobrevenido”, indicaba en diciembre la portavoz de la Federación de Educación —uno de los colectivos con más mutualistas— de CCOO en Madrid, Isabel Galvín. Esto es, los pacientes más 'caros' se pasan a la pública.

La adenda, firmada este miércoles, contempla también la posibilidad de abrir periodos extraordinarios de permuta, ante situaciones sobrevenidas que puedan privar al mutualista de una asistencia sanitaria óptima, ya que cada aseguradora suscribe, a su vez, contratos con centros médicos y hospitales privados, que son quienes dan el servicio. Por ejemplo, un beneficiario podría solicitar el cambio si se traslada a trabajar a otra provincia o isla.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este martes la convocatoria de una jornada de huelga para el próximo 13 de febrero, a la que están llamados más de medio millón de trabajadores públicos, “ante la incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario por la falta de acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario”.

La medida llega justo cuando parece que el acuerdo está más cercano, después de que el Ministerio de Función Pública se abriese a compensar los costes extraordinarios de las aseguradores y suspendiese el plazo de presentación al concierto, que finalizaba este lunes, para hacer “correcciones” en la licitación y de que Adeslas, que actualmente presta servicio al mayor número de funcionarios y familiares, asegurase que con esos cambios “reconsideraría” su negativa.

“Valoramos el acercamiento de posturas con Adeslas conocido este fin de semana y la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas”, señalan desde el sindicato, que se atribuye este movimiento. Aun así, indican que han “decidido mantener las medidas de presión hasta que se conozca un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre” de los mutualistas.

En total, 1,5 millones de personas, entre personal funcionario y sus familiares, optan por un seguro privado, frente a la sanidad pública. Sin embargo, esta convocatoria afecta a algo más de medio millón. Están llamados a la huelga el personal docente, el que trabaja en los centros de la Administración General del Estado y a Correos.

El Ministerio de la Función Pública ha decidido suspender el plazo de presentación de ofertas para Muface, que finalizaba este lunes, con el objetivo de modificar los pliegos para incluir “correcciones detectadas”. Esta decisión llega tras semanas de conversaciones entre el departamento que dirige Óscar López y las aseguradoras, principalmente Adelas y Asisa, que son las que mayor volumen de funcionarios atienden en este momento.

Apenas una hora después de conocerse esta decisión a través del portal de contratación, Adeslas ha emitido un comunicado en el que señala que “ha estado manteniendo a lo largo de esta pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública”. “Fruto de estas conversaciones, podemos confirmar que se han producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface”.

Según indican desde la compañía, “si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración”, Adeslas “reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface”.

Con este movimiento, Función Pública vuelve a ganar tiempo mientras trata de resolver un tema delicado, que tiene en vilo a un millón y medio de personas, entre funcionarios y sus familiares, y sobre el que hay distintas sensibilidades dentro del propio Ejecutivo. El ala de Sumar, con el Ministerio de Sanidad, se había mostrado partidaria de ir hacia un modelo a extinguir.

El departamento que dirige López ya había ampliado en dos semanas el plazo para que las aseguradoras concurrieran al concierto, después de que Adeslas y Asisa dijeran que renunciaban. Ahora, el plazo se suspende hasta que el Ministerio incorpore esas “correcciones detectadas”, sin que la resolución, publicada este sábado en el portal de contratación del sector público, aclare cuáles son. Pese a que el concierto actual finalizaba este 31 de enero, el Gobierno jugó la carta de una prórroga forzosa, por lo que las compañías que prestaban servicio están obligadas a seguir haciéndolo hasta que se resuelva la licitación.

López se había mostrado este viernes “casi convencido” de que se lograría un acuerdo. “Soy optimista, estamos hablando (con las aseguradoras) y buscándole una solución”, señaló en una entrevista en OndaCero, en la que abrió la puerta a la posibilidad de que concurrieran a esta segunda licitación incluso alguna de las compañías que habían renunciado a presentarse, Adeslas y DKV. Este movimiento se lee como un nuevo movimiento para intentar buscar alguna fórmula que compense a estas compañías privadas.

Las aseguradoras que prestan atención a los mutualistas que optan por la sanidad privada frente a la pública, algo más de un millón y unos 400.000 familiares, llevan años afirmando que el modelo está infrafinanciado, con argumentos como el coste unitarios por paciente inferior a lo que la sanidad pública destina para los de la pública o el aumento de la inflación y los costes sanitarios. De hecho, en total, aseguran que en el concierto prorrogado habrían perdido unos 400 millones de euros.

Pese a que la mutualidad emitió en diciembre un informe en el que indicaba que las aseguradoras “no aportan la evidencia de costes” para un aumento de la prima, el Ejecutivo, que quiere salvar el concierto a toda costa y replantear el modelo en los próximos tres años, planteó la semana pasada, en una respuesta a Asisa sobre la licitación, la posibilidad de compensar los costes extraordinarios de las empresas ante situaciones sobrevenidas, entre las que citaba la inflación desbocada o la crisis sanitaria. Fuentes del sector entendieron esto como una alfombra roja para reclamar esas cuantías, aunque indicaban también que había ambigüedades en la formulación de la respuesta que se querían aclarar para valorar si podían continuar en la mutualidad con plenas garantías económicas.

Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, había rechazado acudir a esta licitación, al estimar que le generaría unas pérdidas de unos 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, los mismos que las registradas entre 2022 y 2024. Esta es la compañía que más mutualistas eligen, por lo que su decisión supuso entonces un quebradero de cabeza para la administración: acuden a ella más de medio millón de personas, seguida de Asisa, con 364.000 beneficiarios y DKV, con casi 200.000. Mientras, 457.307 trabajadores públicos eligen la sanidad pública.

Esta segunda licitación supone un aumento acumulado de la prima del 33,5% en tres años, por un importe total de 4.500 millones de euros. “El Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo de la historia, nadie lo puede negar. Es una subida de 1.000 millones de euros adicionales a lo que ya teníamos”, indicó el ministro, que apuntó que se estaban “explorando fórmulas”. Las aseguradoras habían rechazado una licitación anterior, con una subida del 17%.

Entre medias, la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector, reclamó también al Ministerio interlocución directa. Según señalaron en un comunicado, de sus conversaciones con las aseguradoras sobre el montante que estas les pagarían por derivar pacientes a sus centros médicos, “las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas”.