Asturias contará con una cátedra dedicada al estudio de la soledad no deseada con la que el Gobierno autonómico y la Universidad de Oviedo/Uviéu quieren ahondar en el conocimiento especializado de sus causas, su prevalencia y su impacto para encontrar las herramientas necesarias encaminadas a combatir este fenómeno y contribuir a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas que la sufren.

Esta cátedra va a estar adscrita al Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa. La persona que esté al frente de la dirección será nombrada por el rector, que tendrá en cuenta la propuesta del Principado, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y saldrá elegida de entre el personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo/Uviéu, con vinculación permanente y en servicio activo, y con reconocido prestigio profesional, técnico, científico y/o artístico.

La administración autonómica se compromete a aportar una dotación presupuestaria de 30.000 euros este año para la puesta en marcha de la cátedra, que será abonada bajo la forma de subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. La universidad asume la puesta a disposición de personal, medios, documentación e instalaciones

La financiación

La administración autonómica se compromete a aportar una dotación presupuestaria de 30.000 euros este año para la puesta en marcha de la cátedra, que será abonada a la institución académica bajo la forma de subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

El convenio suscrito entre las dos partes contempla que la cantidad correspondiente a los restantes años de vigencia del mismo vendrá consignada en la adenda anual que se celebre.

Por su parte, la universidad se compromete a la puesta a disposición de personal, medios, documentación e instalaciones.

La vigencia

Este convenio fue suscrito el pasado 31 de julio entre el rector Ignacio Villaverde y la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, que en aquella fecha sustituía a la entonces consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

El documento que suscribieron ambas partes contempla una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029. Anualmente se celebrará la correspondiente adenda donde se consigne la cuantía que aportará el Principado a la Universidad de Oviedo/Uviéu.

La puesta en marcha

Tras la dimisión de Marta del Arco y su relevo por Nerea Monroy al frente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, le corresponderá ahora a la nueva titular su puesta en marcha.

El Principado de Asturias ha anunciado la creación de la Cátedra de Soledad No Deseada que se suma a la renovación de la Cátedra de Innovación Social: Los Retos Sociales del Bienestar, que continuará su actividad hasta 2029 y consolidará la colaboración entre ambas instituciones para impulsar la investigación aplicada al bienestar social.

La Cátedra de Soledad No Deseada nace para analizar un fenómeno que afecta a personas de todas las edades y tiene una incidencia especial entre las personas mayores, la juventud, las personas con discapacidad, quienes residen en zonas rurales y quienes asumen tareas de cuidado

Afecta a todas las edades

“La Cátedra de Soledad No Deseada nace para analizar un fenómeno que afecta a personas de todas las edades y tiene una incidencia especial entre las personas mayores, la juventud, las personas con discapacidad, quienes residen en zonas rurales y quienes asumen tareas de cuidado”, asegura la administración autonómica.

El proyecto contribuirá a generar conocimiento útil para orientar políticas y actuaciones frente al aislamiento social.

Un mismo modelo

Junto a esta nueva iniciativa, el Principado y la institución académica han acordado dar continuidad a la Cátedra de Innovación Social, creada en 2023 con financiación de los fondos europeos Next Generation. La consejería asumirá ahora su financiación con recursos propios, mediante una aportación de 30.000 euros para 2026, y reforzará sus líneas de trabajo en ámbitos como la digitalización de los servicios sociales o el fortalecimiento de las comunidades.

Ambos estudios compartirán un mismo modelo de funcionamiento. Así, estarán adscritas al Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, dispondrán de una comisión de seguimiento con representación de las dos instituciones y desarrollarán actividades de formación, investigación aplicada y divulgación dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a profesionales de los servicios sociales y a la ciudadanía interesada.

En el BOPA

Los acuerdos los suscribieron el 31 de julio el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, en sustitución de la entonces consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. Ambos convenios han entrado en vigor tras publicarse hoy en el BOPA.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en su edición de este martes, recoge las resoluciones dictadas el pasado 26 de agosto por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo por la que se ordena la publicación de ambos convenios suscritos entre la Universidad de Oviedo/Uviéu y la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para la creación de la Cátedra de Soledad No Deseada y el de la continuidad de la Cátedra de Innovación Social: Los Retos Sociales del Bienestar (CRIBS).

La apuesta por la innovación social

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha destacado la importancia de estas iniciativas para mejorar la respuesta de las administraciones a los retos sociales.

“Estas dos cátedras son la mejor prueba de que cuidar bien empieza por comprender bien la realidad. Seguimos apostando por la innovación social porque ha demostrado que investigar de cerca los retos del bienestar nos ayuda a tomar mejores decisiones, y damos un paso más con la creación de una cátedra específica sobre la soledad no deseada, un problema que merece toda nuestra atención y para el que es necesario generar más conocimiento”, subraya la nueva titular de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

El Gobierno de Asturias ha reculado en su decisión de trasladar a los ocho menores extranjeros tutelados por la administración autonómica que residen actualmente en Avilés al inmueble número 32 del Paseo de La Florida, en Oviedo/Uviéu, como barajaba inicialmente. El Principado da así marcha atrás a una de las actuaciones más polémicas que han provocado una fuerte división en el barrio, entre partidarios y detractores, que se ha escenificado con protestas en la calle.

Esta ha sido la primera medida que ha adoptado Nerea Monroy nada más tomar posesión de su cargo ayer, lunes, como nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Un barrio dividido

A pesar de que desde la Consejería se ha insistido en que los ocho menores están “plenamente integrados” en la sociedad asturiana, ya que estudian y llevan un año viviendo en Avilés, el anuncio de que iban a ser trasladados al barrio no fue muy bien recibida por un sector de los residentes en el edificio que mostraron su rechazo con concentraciones en las que contaron con el apoyo de Vox.

La oposición radical a su traslado fue contestada con una manifestación convocada por Asturies Antifascista donde se corearon esloganes acomo “Nativa o extranjera la misma clase obrera” o “Fuera fascistas de nuestros barrios” mientras portaban pancartas con la leyenda “Contra el racismo, unidad de clase”, en medio de un amplio despliegue policial.

Un emplazamiento alternativo

En medio de este clima de hostilidad cada vez más patente, el Principado ha optado por descartar el traslado de los menores a este barrio ovetense. Sin embargo, alega que los motivos que le llevan a buscar otras alternativas no son otros que “razones técnicas y jurídicas”.

“La elección de un local adecuado para acoger a menores no acompañados requiere una serie de condiciones de idoneidad. Como adelantó hace unas semanas la consejera Concepción Saavedra, que había asumido temporalmente las competencias de Derechos Sociales, el Gobierno del Principado estaba evaluando tales requisitos. La propia Saavedra había anunciado que el Ejecutivo consideraba la elección de otros lugares”, han señalado desde el Principado.

Un primer adelanto de esta evaluación fue comunicado ayer a la nueva titular de Derechos Sociales, Nerea Monroy. A la vista de esta información, “que será analizada y completada con detalle durante los próximos días”, subrayan las mismas fuentes, la consejera ha decidido cancelar la opción de La Florida y centrar la tarea en la elección de otro lugar “libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico”.

Menores integrados y tutelados

El Gobierno de Asturias ha reiterado por activa y por pasiva que se trata de buscar un alojamiento adecuado para ocho menores que “ya llevan tiempo en la comunidad autónoma, están plenamente integrados y, además, están tutelados”.

A pesar de que, con este anuncio, el Principado da por zanjada esta polémica, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu debate este martes este tema después de que Vox haya registrado una pregunta donde insta al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a posicionarse “si está con los vecinos o si acepta en Oviedo el modelo de acogida impuesto por la izquierda”.

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha denunciado “la obsesión” del Gobierno de Asturias por controlar las cámaras de fototrampeo.

La organización ecologista asegura que el Principado se pone al mismo nivel que países como China, Irán, Rusia o Birmania en el control científico de su fauna con cámaras: “Corea del Norte donde una persona que ponga cámaras de foto trampeo podría ser fusilada, superaría el control del Gobierno de Asturias”, asegura.

El control

En la actualidad para desarrollar trabajos científicos dentro de un espacio natural protegido en Asturias, el investigador científico debe de ir acompañado de un agente ambiental que testimonia la colocación de la cámara, la recogida de la tarjeta y se hace cargo de su custodia, trasladándola a su centro de trabajo donde la descarga y posteriormente se visiona, siendo el responsable del espacio natural quien autoriza o no al uso de las imágenes por parte de la entidad autorizada.

“El control absoluto de los datos de presencia y especialmente poblacional de determinadas especies como el lobo, se ha convertido en una actividad obsesiva del Gobierno de Barbón que trata de impedir que sus trabajos de censos de población puedan ser contrastados mediante otros trabajos científicos independientes”, sostiene la organización ecologista.

Las cámaras de fototrampeo

FAPAS explica, a través de un comunicado, que las cámaras de fototrampeo se han consolidado como una de las mejores herramientas de trabajo a largo plazo en el estudio de fauna silvestre, ya que su constancia en el tiempo al poder estar años en un mismo punto de trabajo, capturando de manera permanente imágenes de fauna que permiten obtener información científica de excepcional valor para conocer las fluctuaciones de densidades de población en un mismo territorio, y en el caso del lobo, controlar de manera fidedigna la composición histórica del número de ejemplares de lobo que dan origen a un grupo familiar.

“La obtención de estos datos determina posteriormente una información científica que permite evaluar cómo y cuándo se producen las fluctuaciones de diferentes densidades de presencia de lobo en un territorio y el incremento o disminución de ejemplares en los grupos familiares, permitiendo obtener información técnica de cómo se correlacionan esos datos con el incremento o disminución de daños a la ganadería a lo largo de los años que duran estos estudios”.

Los criterios científicos

Las cámaras de fototrampeo utilizadas bajo criterios científicos son una de las mejores herramientas que pueden poner al descubierto estrategias políticas donde se utiliza al lobo como un elemento de discordia social, y la administración asturiana “lo sabe”, según Fapas, que considera que por ello el Principado ha llegado al límite de una exigencia administrativa “propia de un régimen autoritario, tratando de evitar que nadie pueda contradecir censos que como el del lobo en Asturias, tiene un sesgo totalmente político”.

Dentro de esta actitud “monopolizadora del Gobierno de Asturias sobre los datos de población de lobo, destaca la ausencia una vez más de información sobre el trabajo desarrollado por la administración regional en colaboración con la Universidad de Oviedo/Uviéu sobre la captura de lobos y su seguimiento científico con radio collares vía satélite.

La dinámica de la población de lobos

Esta técnica superaría en eficacia para conocer aspectos científicos de dinámica de la población de lobos a las propias cámaras de fototrampeo, ya que permite además una información total a tiempo real sobre comportamiento, actitudes de caza como ataques al ganado y movimientos de uso del territorio por parte de los grupos familiares de los lobos controlados.

Sin embargo no existe ninguna información que haya trascendido sobre este trabajo iniciado en el año 2017, ni tan siquiera ha sido utilizado en los trabajos de censos anuales de la población de lobos en Asturias, “marcando una estrategia política de hermetismo y un oscurantismo científico sin precedentes en el estudio de la fauna salvaje española desde que hay democracia”, señala.

El censo

Entre los años 2021 y 2025, las cabezas de ganado afectadas por ataques de lobos en Asturias han pasado de 3.000 a 3.893, y el número de grupos familiares a 50 estimando una población de lobos de entre 412 a 460 ejemplares y resultando una media de 8,24 y 9,2 lobos por manada, según los datos que maneja Fapas.

Las cámaras de fototrampeo de la organización ecologista cuestionan los datos del gobierno asturiano. Durante los dos últimos años, el número de lobos que forman parte de un grupo familiar o manada ha bajado exponencialmente, siendo excepcionales las capturas gráficas de grupos familiares de más de cinco ejemplares, siendo ya una norma generalizada la composición de cuatro a tres ejemplares por grupo y una presencia muy acusada de ejemplares solitarios.

La normativa regional

Esta baja poblacional pese a la aplicación de normativas de protección del MITECO, se identifica con la nueva normativa regional que regula la vigilancia de las cacerías en los espacios protegidos, donde se ha anulado la presencia de guardería en el desarrollo de las miles de batidas de jabalí que se llevan a cabo cada año.

“El incremento de daños de la población de lobos en Asturias confirman la teoría científica de que a menor población de lobos con grupos familiares desestructurados y ejemplares solitarios, se incrementan los ataques al ganado”, subraya la organización.

Asturias lideró en julio el crecimiento turístico de la España Verde –la marca formada por el Principado, Galicia, Cantabria y el País Vasco- y alcanzó un nuevo récord de pernoctaciones para este mes, con 1.260.008 estancias, según los datos facilitados por el Gobierno regional.

Además, la comunidad recibió 440.354 visitantes, impulsada por el avance del mercado internacional y el buen comportamiento del turismo rural, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos resultados representan un incremento del 4,96% en el número de viajeros y del 4,64% en las estancias respecto a julio del año pasado.

Más turistas

El buen comportamiento del sector se mantiene también en el acumulado del año. Entre enero y julio, el Principado recibió 1.517.540 turistas, que generaron 3.427.823 pernoctaciones, un 2,41% y un 2,43% más, respectivamente, que en los siete primeros meses de 2025. Se trata de los mejores datos históricos para este periodo y refuerzan la tendencia que sitúa a Asturias en disposición de alcanzar un nuevo récord turístico anual, según ha expresado el Principado en un comunicado.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha valorado estos resultados como una muestra de la solidez del modelo turístico asturiano: “Asturias sigue ganando atractivo y competitividad. Los datos demuestran que nuestra apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad está dando resultados. Cada vez más personas eligen Asturias para disfrutar de una experiencia auténtica vinculada a nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico”.

La comparativa

Los resultados de julio sitúan además a Asturias como la comunidad con mejor comportamiento de la España Verde, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones.

Asturias registró un aumento de visitantes del 4,96%, Cantabria creció un 3,79%, mientras que Euskadi (-1,17%) y Galicia (-2,81%) experimentaron descensos. En cuanto a las pernoctaciones, Asturias volvió a liderar la clasificación con un incremento del 4,64%, por delante de Cantabria (+2,47%), Galicia (+1,54%) y Euskadi (+1,06%).

Mayor actividad económica

El dinamismo turístico tuvo también un reflejo directo en el empleo. Los establecimientos asturianos alcanzaron en julio las 7.412 personas ocupadas, un 1,22% más que hace un año. El crecimiento fue especialmente significativo en los hoteles, donde el empleo aumentó un 3,48%, y en los alojamientos de turismo rural, con un avance del 2,21%.

Llamedo ha destacado que la evolución del sector está generando efectos positivos sobre el conjunto de la economía: “Estamos viendo cómo el crecimiento de la demanda turística se acompaña de una evolución positiva del empleo y de la actividad en los sectores relacionados con la hostelería y los servicios turísticos. Es una señal muy positiva porque confirma que el dinamismo del turismo se está trasladando a la economía real y al tejido empresarial asturiano”.

En esta misma línea, los hoteles asturianos mejoraron su rentabilidad durante julio al elevar un 6,31% la tarifa media diaria (ADR), que se situó en 105,42 euros.

El impulso del turismo rural

El turismo rural volvió a ser el segmento más dinámico del sector. Durante julio, los alojamientos rurales recibieron 58.468 viajeros, un 26,79% más que un año antes, y contabilizaron 213.715 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 14,7%. También registraron una evolución positiva los campings, con un aumento del 6,96% en el número de visitantes; los albergues, que crecieron un 19,24%; y los apartamentos turísticos, con un avance del 7,23%.

La tendencia se mantiene en el conjunto del año. Entre enero y julio, el turismo rural acumula incrementos del 18,09% en viajeros y del 14,74% en pernoctaciones, y se consolida así como uno de los principales motores del crecimiento turístico.

El mercado internacional

El mercado internacional también desempeñó un papel protagonista. Asturias recibió en julio 104.879 visitantes extranjeros, un 11,3% más que en el mismo mes de 2025. Este mercado representó el 19,5% del total de viajeros registrados en la comunidad. El crecimiento fue aún más intenso en las pernoctaciones, que aumentaron un 13,3% hasta alcanzar las 245.894 noches.

Tanto el número de turistas internacionales como el de pernoctaciones constituyen los mejores registros para un mes de julio en Asturias, lo que confirma la creciente proyección de la comunidad en los mercados exteriores y refuerza su posición como destino de referencia en el norte de España.

La nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, Nerea Monroy, ha asegurado que afronta la responsabilidad que asume desde este lunes con “humildad, muchísima ilusión y sobre todo con la determinación de escuchar, dialogar y trabajar sin descanso”.

La hasta ahora gerente del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) ha asumido la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tras la dimisión presentada el pasado jueves, 27 de agosto, por Marta del Arco, que desde principios de junio se encontraba de baja por problemas de salud.

Trabajar “sin descanso”

La nueva consejera ha prometido su cargo en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo/Uviéu, y a continuación ha participado en la primera reunión del Consejo de Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, ha afirmado que en los meses que restan de legislatura va a “trabajar sin descanso con los profesionales, ayuntamientos, el tercer sector y todas las entidades que forman el estado de bienestar” para fortalecer el sistema “y hacer que funcione bien”.

Los retos

“Ese será mi objetivo”, ha subrayado antes de asegurar que es de las personas que piensan que la calidad de una democracia no se mide por cómo se crea la riqueza, sino por “cómo acompaña, cómo cuida y cómo protege a las personas”.

Monroy ha reconocido que también tiene retos importantes por delante, como conseguir que los expedientes de la dependencia se resuelvan en el plazo de 180 días antes de que acabe el año, un compromiso del gobierno en el que, según ha afirmado, va a seguir trabajando.

Fortalecer el estado del bienestar

Previamente, durante la toma de posesión, el presidente del Principado había asegurado que “el desafío y la obligación” de la nueva consejera será fortalecer el estado del bienestar y los derechos sociales, y que para ello contará con la experiencia que ha acumulado durante todos los años que ha estado al frente del ERA “y su talante dialogador”.

“Tus metas son las metas de todo el Gobierno de Asturias”, ha afirmado Barbón antes de recordar que entre ellas se encuentra el cumplimiento del plan Agiliza para que se resuelvan los expedientes en el plazo de 180 días antes de fin de año.

Un gobierno con “alma social”

Barbón también ha planteado la necesidad de desplegar más iniciativas para afrontar la soledad no deseada, mejorar la oferta residencial, culminar el centro de residencia para enfermos de ELA en Oviedo/Uviéu y desarrollar la nueva Ley de Infancia y Adolescencia cuando sea aprobada por la Junta General.

Para el presidente del Principado, no se trata de propósitos aislados que debe alcanzar una consejería, sino que son compromisos que atañen a todo el Ejecutivo porque “éste es un gobierno con alma social, es el gobierno de la esperanza”.

El “síndrome electoral”

Según Barbón, así lo ha demostrado año tras año en los presupuestos autonómicos y se volverá a demostrar ese alma social en las cuentas autonómicas de 2027.

Frente a los partidos y políticos que ya padecen de “síndrome electoral”, Barbón ha afirmado que ni él ni su gobierno pueden permitirse pensar en esa clave porque tienen que estar centrados en gobernar y en dar respuestas a los problemas de la ciudadanía.

Asimismo, ha trasladado su preocupación por la división que se ve entre quienes se apoyan en la esperanza y los que lo hacen en el miedo para construir odio, los que apuestan por un populismo reaccionario que aprovecha todos los bulos para impulsar el miedo a los diferentes, los vulnerables o los emigrantes.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este viernes a través de su perfil en redes sociales el relevo de la consejera Marta del Arco al frente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y ha nombrado como sustituta a la actual directora-gerente de los Establecimientos Residenciales de Personas Mayores (ERA), Nerea Monroy.

Del Arco llevaba de baja médica desde el pasado 5 de junio y sus funciones venían siendo desempeñadas de forma provisional por la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

Dimisión por motivos de salud

La hasta ahora consejera ha presentado su dimisión por motivos de salud. Nerea Monroy tomará posesión de su cargo el próximo lunes y asistirá a continuación a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Barbón ha agradecido la labor desempeñada por Marta del Arco, de la que ha ensalzado su trayectoria, que califica como “ejemplar” y a la que desea que, desde la “tranquilidad de la jubilación” pueda hacer frente a “los problemas de salud y recuperarte”.

“Vocación y compromiso”

Marta del Arco llevaba más de 40 años trabajando en la administración regional y siempre ha permanecido en la misma consejería. Empezó “desde la base”, trabajó como educadora y ahora culmina su actividad laboral como consejera; una tarea que ha resaltado el presidente por haber entregado “su vida personal y profesional”, así como por “su vocación y compromiso”.

A continuación, reproducimos el post publicado por el presidente asturiano en su perfil de la red social X.

“Empatía y humanidad”

En el mismo mensaje, el jefe del Ejecutivo autonómico destaca el perfil de Nerea Monroy como la persona idónea para ocupar el puesto que ahora deja vacante Marta del Arco.

Nerea Monroy está al frente de la dirección-gerencia del ERA desde hace tres años; tiempo en el que, según incide Barbón, ha demostrado “su buen hacer, su empatía y humanidad, su cercanía a las personas mayores, colectivos y asociaciones que están vinculados al entorno del ERA así como a los trabajadores y trabajadoras del mismo”.

Los retos

Un aspecto que recalca especialmente es que proviene de la misma Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y formaba parte del equipo de confianza de Marta del Arco, lo que considera un plus: “Garantiza el conocimiento de los retos que tenemos por delante en materia de Derechos Sociales y Bienestar en Asturias, como conseguir reducir a 180 días el plazo de resolución de los expedientes de Dependencia”, señala el presidente del Principado.

Barbón finaliza su mensaje en redes sociales anunciando que la nueva consejera tiene toda su confianza “para construir la mejor Asturias”.

Un perfil vinculado al sindicalismo

En la biografía facilitada por el Gobierno asturiano con motivo de su nombramiento, hace tres años, como responsable de las residencias geriátricas asturianas destacaba su perfil sindical, como se puede apreciar en la imagen que precede a estas líneas.

Nerea Monroy está vinculada al sindicato UGT, donde ha ocupado diversos cargos. Así, se incorporó a la Federación del Metal, Construcción y Afines de la organización sindical en 2002 y, cuatro años más tarde, fue elegida secretaria de MCA-UGT Asturias como responsable del sector de la madera. En 200 pasó a desempeñar la responsabilidad en el sector de la construcción y formó parte de la Junta Rectora de la Fundación Laboral de la Construcción.

Los frentes abiertos

Posteriormente fue vicesecretaria de Política Sectorial, Negociación Colectiva y Salud Laboral de MCA-UGT Asturias y vicesecretaria general de Recursos y Empleo. También fue vicesecretaria general de Política Institucional y Recursos de UGT Asturias.

A partir del lunes, a la nueva consejera le esperan varios frentes abiertos: desde la reducción de los plazos de resolución de los expedientes de dependencia -como subrayaba Barbón- hasta buscar soluciones para el alojamiento de ocho menores extranjeros en pisos tutelados, lo que ha provocado un conflicto en el barrio ovetense de La Florida por el rechazo de un sector de vecinos a que sean acogidos en su edificio de viviendas, y encontrar opciones para el acogimiento de menores llegados a Ceuta, entre otros.

El Gobierno de Asturias ha lanzado una advertencia a los responsables de los ayuntamientos de la comunidad autónoma: “La competencia para declarar Zonas Tensionadas de Vivienda corresponde a la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y su despliegue se hará con los ayuntamientos o sin ellos”.

Aunque suena a amenaza, el Principado defiende que prefiere llegar a consensos, pero partiendo de la premisa de que el órgano competente para declarar zonas tensionadas es la propia consejería.

Con acuerdos o sin ellos

Una vez que ya queda claro que la responsabilidad de la competencia es de la Consejería, desde el Principado se buscará alcanzar acuerdos con los ayuntamientos, ya que éstos deberían tener un papel fundamental al ser “los primeros interesados en solucionar el acceso a vivienda a sus ciudadanos”, afirma el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez.

No obstante, en el caso contrario, si las reuniones acaban en punto muerto y no hay consenso, el Principado seguirá adelante en su actuación “cuando considere necesario declarar una zona tensionada”, según ha manifestado durante la presentación de la Guía de las Zonas Tensionadas de Asturias.

Alusión al 'chao pescao' de Ayuso

Además, Jesús Daniel Sánchez ha resumido esta capacidad de actuación del Gobierno autonómico con una expresión directa: “Lo de 'chao pescao' -en alusión a la respuesta dada por la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso sobre la compra de un ático- es que lo podemos hacer con ellos o sin ellos”.

El director general ha estado acompañado en su comparecencia ante los medios por el jefe del Servicio de Régimen Legal de la Vivienda y el redactor de la guía, José María Gancedo. Ha incidido en la importancia de que la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos asuma la competencia en esta materia para evitar que pueda haber “ciudadanos de primera y de segunda en virtud de que los gobiernos locales quieran colaborar o no en solucionar las políticas de vivienda”.

Una guía práctica

La guía es una herramienta elaborada por el Servicio de Régimen Legal de la Vivienda para ofrecer a la ciudadanía información detallada sobre esta figura, sus efectos y las obligaciones y derechos que genera para propietarios e inquilinos.

“Si los ayuntamientos entienden que no tienen que resolver la situación de vivienda de sus ciudadanos, pues lo tendrá que hacer el Principado”, ha afirmado con rotundidad el director general.

El desarrollo de la ley

Jesús Daniel Sánchez ha explicado que la publicación, que ya está disponible en la web del Principado, responde al creciente interés suscitado por las zonas de mercado residencial tensionado en Asturias con el fin de resolver las dudas derivadas de las novedades de la Ley estatal de Vivienda.

Sánchez ha admitido que el artículo 18 de la Ley de Vivienda, que regula las zonas tensionadas, “a lo mejor no está suficientemente desarrollado y no es suficientemente transmitida a la sociedad toda la legislación” relacionada con esta figura.

El alcance de la declaración

La guía recoge información sobre cuándo procede declarar una zona tensionada, su finalidad y qué alcance tiene la declaración. Eso sí, ha dejado claro que el documento “no tiene carácter normativo, sino explicativo”.

El documento explica además qué significa la declaración de una zona tensionada y a qué contratos afecta, diferenciando las dos tipologías previstas. La guía incorpora información sobre los beneficios fiscales vinculados al alquiler de viviendas en zonas tensionadas, que el director general ha considerado relevantes. También incluye un canal para resolver dudas frecuentes y ofrecer asesoramiento personalizado tanto a funcionarios como a inquilinos de las zonas tensionadas que ya se han declarado o que se vayan a declarar en Asturias.

El “giro brutal” en las políticas de vivienda

Sánchez ha agradecido expresamente el trabajo realizado por el Servicio de Régimen Legal y por el conjunto del personal de la Dirección General de Vivienda, al que ha atribuido buena parte del cambio experimentado en las políticas públicas de vivienda.

El director general ha asegurado que se ha dado “un giro brutal” a las políticas de Vivienda en Asturias y ha añadido que “eso se debe principalmente a todo el equipo de funcionarios y funcionarias de la dirección general de vivienda que se dejan la piel en ello”.

El traslado de ocho menores extranjeros que actualmente residen en un centro que está “anticuado” en Avilés para su reubicación en pisos de la comunidad autónoma ha radicalizado el discurso xenófobo de Vox que ha “exigido” al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, que haga públicas “todas y cada una” de las ubicaciones alternativas que el Principado está estudiando una vez que se ha descartado la opción inicial de que fueran a instalarse en tres pisos del barrio ovetense de La Florida.

Los menores están “plenamente integrados” en Asturias, según ha reiterado la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, que está asumiendo también provisionalmente las funciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en cada una de sus comparecencias públicas en las que se le ha interpelado por este tema.

La opción inicial que se barajó fue un edificio de viviendas situado en el barrio de La Florida, en Oviedo/Uviéu, pero en cuanto los vecinos tuvieron conocimiento de esta situación colocaron un cartel en el portal aludiendo a la llegada de estos menores y surgieron las primeras protestas.

Los estatutos de la comunidad

Nada más tener conocimiento de esta ubicación, Vox difundió el cartel a través de redes sociales y la noticia disparó la alarma social en el barrio ante un posible “efecto llamada a la inmigración ilegal”.

En un intento de apaciguar los ánimos se convocó una primera reunión para tranquilizar a los vecinos y vecinas, advirtiendo de que los menores llevan ya tiempo en Asturias y no son nada conflictivos.

La comunidad de propietarios, por su parte, ha puntualizado que los menores no pueden residir en el edificio por cuestiones formales, ya que sus estatutos limitan los usos a desarrollar en los tres pisos del número 32 de la Florida “a oficinas o a local comercial”.

“Debe primar el interés de los menores”

La consejera de Salud insiste en que debe primar por encima de todo el interés de los menores y, para garantizar su cumplimiento, apela a la búsqueda de las fórmulas que permitan un equilibrio entre los derechos de los vecinos y la protección de los niños.

“Tampoco queremos que los ocho menores estén en un lugar donde pueden tener ciertos problemas”, ha incidido la consejera.

Los niños están “plenamente integrados”

Concepción Saavedra ha explicado que el centro donde están los menores está gestionado por la Fundación Diagrama y funciona en Avilés desde hace diez años, sin que se registraran incidencias.

“Los ocho niños que vendrían a Oviedo están algunos estudiando en el instituto y algunos en formación profesional; el 80 o 90 por ciento de ellos salen con trabajos que son necesarios en Asturias y con una máxima integración en el sitio donde están”, ratifica.

Las “exigencias” de Vox

En medio de esta polémica, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha endurecido su discurso con una exigencia dirigida a Adrián Barbón para que “diga exactamente cuáles son las alternativas que está barajando”.

Carolina López reclama que el Gobierno asturiano actúe “con total transparencia”, porque dice que los asturianos “tienen derecho a saber qué pretende hacer el Principado y dónde”.

“Si el propio Principado reconoce ahora que no quiere ubicar a estos menores en un lugar donde puedan producirse problemas, que explique claramente cuáles son esos problemas y por qué busca otra ubicación. Lo que no puede hacer es sacar el recurso de La Florida y trasladar la incertidumbre al siguiente barrio”, ha afirmado.

López: “No cambiaremos nuestra posición”

La portavoz de Vox advierte de que su partido mantendrá su posición ante los nuevos repartos de menores extranjeros no acompañados que puedan llegar a Asturias.

“Nuestra alternativa es clara. Cero 'menas' derivados de las políticas de reparto de Sánchez (por el presidente del Gobierno español). Los menores deben ser reunificados con sus familias en sus países de origen. Cambiar el nombre del barrio no soluciona el problema”, ha añadido.

La portavoz de Vox en Oviedo/Uviéu, Sonsoles Peralta, se ha sumado a esta campaña xenófoba de su partido al fotografiar a una mujer extranjera de espalda y publicarla en su perfil oficial en la red social X con un único texto: Oviedo primero entre interrogaciones y posteriormente reafirmando que se trata de una calle de la capital asturiana.

El anuncio del Gobierno asturiano de que, a partir de septiembre, se autoriza a matar a un máximo de 67 lobos como cifra “adecuada” para compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento de las explotaciones ha tenido la inmediata reacción de Asturias Ganadera y del Grupo Lobo Asturias.

La asociación considera que la cifra es “secundaria” ya que, en su opinión, no se trata de abatir “67, 10 o 150” ejemplares sino de establecer mecanismos de control, mientras que el Grupo Lobo Asturias censura abiertamente la política del Principado que califica de “errónea”, ya que “niega la evidencia científica y ningunea las medidas preventivas”.

La “desaparición” del ganado menor

Asturias Ganadera ha convocado este lunes una rueda de prensa para valorar esta medida aprobada por el Consejo de Gobierno. En este encuentro con los medios ha sido especialmente crítica con los siete años del gobierno de coalición del PSOE e IU-Convocatoria por Asturies.

Bajo su prisma, la situación empeoró de forma notable con la “sobreprotección del predador” a raíz de su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

“La situación se desbordó y, sobre todo, derivó en la práctica desaparición del ganado menor”, advierten, ya que est considerado clave por su labor desbrozadora en el monte.

Actuaciones de control

Asturias Ganadera exige que las actuaciones de control se produzcan “de forma inmediata”, una vez que se han producido ataques de lobos en zonas donde ha habido muertes recurrentes de ganado dado que, según explican sus integrantes, “esa rapidez permite a los lobos asociar el castigo con el ataque previo y reduce la probabilidad de que repitan”.

A su juicio, es absurdo matar un lobo un año después en el área acordada, cuando el ganado ni siquiera está ya en el monte.

“Medio Rural quiere lavarse la cara”

“Hay manadas que no atacan habitualmente al ganado, ni representan un peligro para la ganadería y, sin embargo, pueden verse agredidas en un control mal diseñado como los que propone la Consejería de Medio Rural habitualmente, que están diseñados más bien -añaden- para lavarse la cara y atenuar problemas electorales. Por eso, las actuaciones inmediatas minimizan la necesidad de matar lobos innecesariamente en áreas de elevada compatibilidad por la abundancia de presas silvestres”.

También resaltan la importancia de determinar qué zonas deben ser declaradas “libres de lobo” como Cuera, El Sueve o el Monte Llosorio, entre otros, y actuar sin dilación para evitar que se instalen manadas en estas áreas.

Garantías para ganaderos y cazadores

Asturias Ganadera pide que desde el Principado se tengan en cuenta tanto a los ganaderos como a los cazadores, al ser los que mejor conocen las zonas, y que ambos puedan disponer de garantías a través de normativas dictadas por el propio Gobierno asturiano para su protección ante posibles denuncias “haciendo que la Administración sea la responsable”.

“Esto determinará el número de ejemplares muertos cada año. 10 o 150, con criterios cualitativos por encima de los cuantitativos”, recalcan.

Concentración en Oviedo/Uviéu

Por otro lado, miembros del Grupo Lobo de Asturias se han concentrado este lunes en Oviedo/Uviéu como rechazo a la política seguida por el Gobierno regional al permitir que se puedan abatir 67 ejemplares a partir del mes de septiembre.

Ante una pancarta con el lema 'No a la matanza de lobos', sus integrantes han censurado las medidas adoptadas por la Consejería de Medio Rural.

En la concentración, que se ha hecho coincidir con una nueva reunión del Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo, han criticado que el Principado se limite a buscar las formas de aumentar las matanzas de lobos, en vez de aplicar actuaciones preventivas.

Las posibles vulneraciones

“La actuación del gobierno asturiano es contraria la Directiva 92/43/CEE y en consecuencia también a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”, inciden desde el colectivo.

Su portavoz, Fructuoso Pontigo, resalta que se está contraviniendo el requisito legal que establece la Directiva para autorizar medidas de extracción de individuos de que se pondrán en marcha “siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria”, cuando hasta los informes y guías de la Unión Europea (UE) y el ministerio subrayan la ineficacia de “matar lobos para reducir daños” y que esto solo se logra mediante medidas preventivas.

La protección del lobo

“El lobo es una especie en recuperación, estuvo a punto de extinguirse y aunque haya mejorado su estado o categoría de amenaza a nivel poblacional, sigue sin ser una especie no amenazada y requiere medidas de protección para garantizar su conservación”, añade.

Para el Grupo Lobo Asturias, la estrategia del gobierno regional es “errónea”, ya que “niega la evidencia científica y ningunea las medidas preventivas. Cuanto más tiempo se perpetúe el plan asturiano basado en matar lobos en lugar de promover medidas preventivas y actuaciones encaminadas a resolver los problemas de convivencia, más daños al ganado y mayor conflictividad social habrá”, vaticina Fructuoso Pontigo.

La reapertura de la mina que gestiona la empresa TYC Narcea Special Research S.L. en Veiga de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, está cada vez más cerca con el avance de los trámites administrativos, tras la publicación este viernes del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa y la autorización ambiental integrada simplificada vinculadas con esta iniciativa.

La actividad laboral permanece paralizada desde el pasado mes de noviembre cuando un accidente laboral en la explotación de antracita causó la muerte a los mineros Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

El accidente mortal en Veiga de Rengos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, confirmó pocas horas después del siniestro que las primeras investigaciones apuntaban a que la principal causa del accidente mortal pudo deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calcularon que el desprendimiento fue de entre seis y ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Una inspección, la víspera del siniestro

En noviembre de 2025, el consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. Además, reconoció que la explotación había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

El siniestro en Veiga de Rengos causó una gran conmoción en un momento en que la ciudanía estaba consternada por el accidente laboral, ocurrido ocho meses antes, en la mina de Zarréu/Cerredo cuando cinco mineros perdieron la vida por una explosión de grisú en una explotación donde se extraía carbón ilegalmente, ya que la empresa Blue Solving solo disponía de autorización para realizar un proyecto de investigación complementaria. En el accidente de Zarréu murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

La polémica devolución de las ayudas

A raíz de la paralización de la actividad laboral en la mina de Cangas del Narcea gestionada por TYC Narcea, los trabajadores han llevado a cabo numerosas acciones de protesta para exigir su reapertura. Han convocado manifestaciones, concentraciones, marchas mineras a pie a Oviedo/Uviéu e incluso realizaron una acampada en el Campo de San Francisco, en la capital asturiana, que duró 43 días, para reivindicar la vuelta al tajo.

La decisión final está pendiente de la resolución que adoptará el Instituto de Transición Justa (ITJ) sobre si la empresa está obligada a devolver 31,2 millones de euros en ayudas al cierre de la minería percibidas en su día por la anterior propietaria (Carbonar), determinando así si se trata de la misma unidad productiva.

La resolución, en septiembre

TYC Narcea sostiene que se trata de una unidad de producción distinta a la de Carbonar, que operaba en otra zona de la mina con carbón térmico, frente a la antracita de bajo volátil que extrae la actual empresa, por lo que defiende que no le corresponde devolver ayuda alguna.

El comité de empresa calcula que el ITJ tendría que adoptar su resolución definitiva el próximo mes de septiembre, atendiendo a los plazos estimados.

La aplicación del ERE

Esta situación administrativa afectó por completo a los trabajadores ya que la paralización de la actividad vino acompañada de la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que TYC Narcea se comprometiera a la readmisión de los 56 despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina. Otros 12 compañeros permanecen realizando labores de mantenimiento en la explotación minera canguesa.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha difundido este viernes una nota de prensa donde resalta que con la publicación del anuncio en el BOPA se da un nuevo paso en la tramitación del proyecto de explotación promovido por TYC Narcea Special Research S.L. para sus concesiones mineras en Veiga de Rengos (Cangas del Narcea), al iniciar el periodo de información pública del expediente.

Alegaciones

A partir de mañana, sábado, se abre un plazo de un mes para que las personas, entidades e instituciones interesadas puedan examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Con este trámite, la consejería sostiene que cumple el compromiso anunciado por su titular, Borja Sánchez, de abrir el proceso de participación pública una vez que la empresa hubiera completado la presentación de toda la documentación exigida para la tramitación del expediente.

La vuelta al tajo

La documentación sometida a información pública puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/KQ50T3

El proyecto de explotación contempla en torno a 150 puestos de trabajo directos si finalmente se autoriza la reapertura, según explicó hace unas semanas el comité de empresa, que expresó su confianza en que la mina pueda volver a funcionar antes de que termine el año.

Hoy es el día D donde todos los ojos se dirigirán hacia el cielo para captar, en apenas unos segundos, la imagen del eclipse solar. La administración regional ha preparado un amplio operativo para que la jornada se desarrolle sin incidencias. A primera hora de esta mañana, el Gobierno de Asturias ha activado el Plan Territorial de Emergencias del Principado(Platerpa) en fase de alerta 2 para controlar la seguridad.

Asturias se encuentra en un sitio privilegiado para poder observar el eclipse en una jornada en la que se esperan miles de desplazamientos por carretera a zonas de montaña y a la costa.

En aquellos concejos en los que se ha ampliado el servicio de Salvamento, como Gijón/Xixón, El Franco, Tapia de Casariego, Villaviciosa, Castrillón y Castropol, aproximadamente a partir de las 19:30 horas y hasta las 20:40 horas, se izará la bandera roja durante el periodo de oscuridad y quedará prohibido el baño.

Información en tiempo real

El Gobierno asturiano y la Dirección General de Tráfico (DGT) ponen en marcha hoy un sistema pionero de intercambio de información en tiempo real sobre los accesos a 16 playas asturianas, seleccionadas por su previsión de elevada afluencia con motivo del eclipse solar total.

El objetivo, según ha informado el Principado, es reforzar la gestión de la movilidad durante una jornada en la que se espera un importante incremento de desplazamientos hacia el litoral y ofrecer a la ciudadanía datos actualizados que permitan planificar viajes, evitar zonas con congestión y contribuir a una circulación más segura y fluida.

El Gemelo Digital

Esta iniciativa constituye uno de los primeros desarrollos prácticos del Gemelo Digital del Territorio de Asturias, una infraestructura tecnológica concebida para integrar y analizar datos procedentes de múltiples fuentes en tiempo real.

El Gobierno asturiano asegura que la experiencia servirá, además, para evaluar su potencial aplicación en futuros dispositivos especiales de tráfico y en ámbitos estratégicos como la gestión de emergencias, la planificación territorial, la protección civil o el turismo.

Los accesos a las playas

En esta primera fase, la información sobre el estado de los accesos a las playas se incorpora a los sistemas de gestión de la DGT, que podrá difundirla a través de sus distintos canales de información. Entre ellos figuran los paneles de mensaje variable instalados en autovías y carreteras de la red estatal, desde los que se alertará sobre posibles episodios de saturación y se ofrecerán recomendaciones para facilitar la movilidad.

Los datos se obtienen mediante una combinación de tecnologías avanzadas de monitorización, que integran sistemas de visión artificial y dispositivos de sensorización desplegados en el territorio.

La movilidad

La información se procesa y analiza en tiempo real a través del gemelo digital del territorio, una plataforma impulsada por el Gobierno de Asturias que proporciona una visión dinámica y actualizada de la actividad y la movilidad en la comunidad.

La colaboración entre la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial y la Jefatura Provincial de Tráfico supone un nuevo paso en la aplicación de tecnologías inteligentes al servicio de la ciudadanía para mejorar la seguridad vial, optimizar la gestión de los desplazamientos y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de especial afluencia.

Las recomendaciones

Por otra parte, el Servicio de Emergencias del Principado ha advertido a la población que está prohibido encender fuegos y, entre otros consejos, recomienda no aparcar sobre vegetación seca y mantener los accesos libres para los equipos de emergencias.

Una de las recomendaciones más repetidas estos días por los expertos es que se utilicen gafas homologadas, para evitar problemas en la vista irreversibles.

Los vecinos y vecinas del barrio de La Florida, en Oviedo/Uviéu, han comenzado a movilizarse con carteles informativos ante la posibilidad de que una antigua residencia geriátrica ubicada en el inmueble número 32 del Paseo de la Florida sea utilizada como centro de acogida a menores migrantes. La inquietud y preocupación que se respira estos días entre la ciudadanía ha sido aprovechada por Vox para propagar que estos pisos provocarán un “efecto llamada a la inmigración ilegal”, lo que ha aumentado la alarma social en el barrio.

Lejos de calmar los ánimos, la diputada y portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, y la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Sonsoles Peralta, han exigido explicaciones públicas al Principado y han reiterado la necesidad de aplicar el principio de “prioridad nacional”.

La petición de “explicaciones urgentes”

Carolina López ha defendido que “los menores deben estar con sus padres y los que no sean menores, billete de vuelta”.

La portavoz parlamentaria ha exigido al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, “la paralización inmediata del proyecto para abrir un centro de menores extranjeros no acompañados en el barrio ovetense de La Florida y explicaciones urgentes”.

Los menores deben estar con sus padres y los que no sean menores, billete de vuelta

Carolina López — Diputada y portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias

El intento de “frenar políticas buenistas”

Unas exigencias que ha realizado tras la reunión mantenida con vecinos del Paseo de La Florida, número 32, y el “alud de llamadas de residentes alarmados tras conocer las intenciones del Principado para instalar dicho recurso en su edificio”, señala.

“No hay viviendas para las familias asturianas que lo necesitan y, sin embargo, este Gobierno pretende utilizar tres viviendas públicas para ubicar a los menores extranjeros no acompañados. Entendemos perfectamente la preocupación de los vecinos y desde Vox vamos a hacer todo lo posible para frenar estas políticas buenistas que suponen un efecto llamada a la inmigración ilegal”, subraya su portavoz en Asturias.

El “contexto” de seguridad

Desde la formación advierten de que esta decisión del Ejecutivo regional se produce en un contexto que califican como “especialmente grave para la seguridad de la región”. Entre otros, recuerda la situación que se vive en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, donde se registraron fugas de internos y agresiones a vigilantes de seguridad, así como “la nueva ola migratoria y la invasión registrada en Ceuta, que el Gobierno de España pretende amortiguar repartiendo a los menores extranjeros no acompañados por las distintas regiones”.

Peralta pide explicaciones al alcalde

Sonsoles Peralta no se ha quedado atrás en sus declaraciones y ha exigido al alcalde ovetense, Alfredo Canteli, que “aclare públicamente la postura del Gobierno local ante este proyecto”.

Canteli ha ignorado su solicitud para salir personalmente a exponer el posicionamiento oficial y ha optado por dejar que la postura del equipo de gobierno, que lidera el Partido Popular (PP), se transmita a través de un comunicado oficial.

El centro corresponde al modelo de centros de protección que gestiona el propio Principado para acoger menores en situaciones de vulnerabilidad por diversas circunstancias familiares o de su entorno

Equipo de Gobierno — Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu

El comunicado del Ayuntamiento

En este escrito, que ha sido remitido a elDiario.es Asturias, se dice textualmente lo siguiente: “El Ayuntamiento de Oviedo comunica que, ante la alarma social suscitada entre algunos vecinos del barrio de la Florida tras conocer que el Principado va a habilitar un centro de menores en lo que era una antigua residencia geriátrica, los datos que ha trasladado el Gobierno del Principado a la Concejalía de Políticas Sociales, en su momento, no se corresponden con la información interesada ni con la alarma que tratan de transmitir algunos partidos políticos de la oposición”.

“Dicho centro corresponde al modelo de centros de protección que gestiona el propio Principado para acoger menores en situaciones de vulnerabilidad por diversas circunstancias familiares o de su entorno”, finaliza el comunicado.

“Hay inquietud entre los vecinos”

Previamente a este escrito, el Partido Popular (PP) de Asturias, del mismo signo político que el equipo de gobierno local, también había entrado al debate a través de su diputada Beatriz Polledo, quien había reclamado “una respuesta clara” de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ante “la inquietud generada entre los vecinos de La Florida”.

Las críticas socialistas

Desde las filas del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital asturiana se ha criticado duramente la actitud de Vox. Así, la concejala socialista Marisa Ponga ha expresado la condena de las y los socialistas ovetenses a la aparición de carteles en La Florida en los que se dice que se van a acoger a menores no acompañados en algunos pisos del barrio.

A veces pensamos que hay actitudes ya superadas con el tiempo, pero por desgracia hay comportamientos más propios del nazismo que deshumanizan a los menores fomentando el odio y vinculándoles falsamente problemas de inseguridad

Marisa Ponga — Concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu

El reparto a las autonomías

“Se trata de un reparto que tienen que asumir obligatoriamente todas las autonomías y Asturias es tierra de acogida y siempre será solidaria con los que más lo necesitan”, ha recalcado la edil.

La concejala ha instado al equipo de gobierno a la retirada inmediata de la vía pública de todos los carteles que se han colgado en las fachadas de diferentes edificios de La Florida.

“Vox altera la convivencia pacífica”

“A veces pensamos que hay actitudes ya superadas con el tiempo, pero por desgracia -dice la concejal- hay comportamientos más propios del nazismo que deshumanizan a los menores fomentando el odio y vinculándoles falsamente problemas de inseguridad”.

Marisa Ponga acusa a Vox de alterar la convivencia pacífica, alarmando sin justificación a la población de Oviedo/Uviéu: “Las y los demócratas no podemos mirar para otro lado, porque este tipo de mensajes son totalmente opuestos con una sociedad abierta, plural y que se base en el respeto y en la solidaridad”, ha aseverado.

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo/Uviéu, está inmerso en una de sus mayores crisis. A las fugas y motines protagonizados por internos y las agresiones sufridas por los vigilantes que derivaron en la dimisión de la directora del centro, Aida Rodrigo, se ha sumado ahora un nuevo capítulo: la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ha denunciado al Principado y a la empresa contratada para ejercer la vigilancia y control en las instalaciones a los que acusa por “el incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento que la desarrolla”.

El presidente de la asociación, Jorge Fernández Cuesta, ha interpuesto una denuncia ante la Delegación del Gobierno contra la Viceconsejería de Justicia del Gobierno del Principado y el Grupo Asepro Seguridad.

Fernández Cuesta solicita a la Delegación del Gobierno que requiera un informe preceptivo de análisis de los hechos que denuncia a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Asturias y posteriormente se proceda a la apertura de un expediente sancionador y se adopten medidas correctoras.

El contenido

Avispa dirige la denuncia contra la Viceconsejería de Justicia en su calidad de “gestor organizativo y del funcionamiento de los centros específicos para la ejecución de medidas privativas de libertad de menores y jóvenes infractores” y contra la empresa de seguridad contratada como “adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad” en la Casa Juvenil de Sograndio.

Jorge Fernández Cuesta asegura que esta empresa de seguridad ha contratado a personal con la categoría laboral de “auxiliar de servicios” para realizar tareas de control, seguridad y vigilancia en las instalaciones del Centro de Menores de Sograndio y de los propios internos, con la autorización de la Viceconsejería de Justicia y ejercen sus funciones profesionales “de manera ilegal”, según la normativa.

Además, según consta en la denuncia, estos trabajadores carecen de la acreditación administrativa del Ministerio del Interior para desarrollar estas actividades reservadas, exclusivamente, a los vigilantes de seguridad.

Las acusaciones

“Se ha enmascarado la contratación de estos trabajadores con la connivencia del Gobierno del Principado de Asturias, ya que dichos trabajadores no pertenecen al sector de la seguridad privada. Se publicitó, a través de los medios de comunicación, la ampliación del dispositivo de seguridad en un número de, supuestamente, 15 vigilantes de seguridad más, cuando la realidad es que son simples 'auxiliares', porteros, controladores o figuras laborales análogas”, asegura Jorge Fernández Cuesta.

El presidente de Avispa mantiene que estos trabajadores no cuentan con la capacidad, capacitación ni formación en seguridad privada, “dándose la curiosa circunstancia -afirma- que ninguno tiene la nacionalidad española, no saben hablar castellano y todos provienen de un conocido y famoso gimnasio gijonés donde se practican artes marciales extremas”.

El rechazo a amortizar una plaza

Por otro lado, el Comité de Empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha rechazado “rotundamente” la propuesta de amortizar una plaza de auxiliar educador de fin de semana en el Centro de Sograndio.

Los representantes sindicales de CSIF, CCOO, UGT y la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) en el comité de empresa sostienen que Sograndio “necesita refuerzos, no amortizaciones”.

A su juicio, la “gravedad de la situación” en el centro se ha puesto de manifiesto tras la fuga de cinco menores el pasado lunes y la huida de otros tres cuatro días después.

Las peticiones del Comité de Empresa

Los trabajadores denuncian la existencia de problemas de organización, sobrecarga de trabajo y necesidades de seguridad en el centro. Por ello, exigen que se mantenga la plaza existente y reclaman la creación de una segunda plaza de auxiliar educador de fin de semana.

El comité pide también que se equilibre la dotación de los distintos turnos, se reduzca la sobrecarga de la plantilla y se refuerce con los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad, la atención directa y el correcto funcionamiento del centro.

Por otra parte, cinco de los ocho internos fugados la pasada semana ya han reingresado al equipamiento tras ser localizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El refuerzo de la plantilla de vigilantes

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, que a su vez tiene la cartera de Justicia y Hacienda, ha reconocido que los incidentes registrados en el centro la pasada semana han comprometido la seguridad de los vigilantes.

El consejero ha manifestado que se ha reforzado la plantilla de vigilantes, “con entre 8 y 10 nuevos auxiliares por turno”, y ha anunciado otros cambios previstos. Así, se va a cambiaar el vallado del complejo para garantizar que no se produzcan más fugas, se construirán siete nuevas habitaciones de aislamiento para el cumplimiento del régimen sancionador y se contratará a una auditoría de seguridad para que analice las grabaciones de videovigilancia para “ver si hubo fallos y depurar responsabilidades”.

También ha señalado la posibilidad de que el nuevo equipamiento que se levantará en la parcela del actual se segmente “en diversos centros” en función del perfil de los internos.

El perfil de los internos

Peláez ha subrayado que todos los internos mayores de edad no tienen un perfil “penitenciario”, puesto que “hay muchos con conductas excelentes”.

Ha reiterado que la Viceconsejería de Justicia está instando los procesos judiciales para que los mayores de edad que “no encajan” con esa actividad socioeducativa sean trasladados al Centro Penitenciario de Asturias.

Los mayores de edad

Actualmente en el centro de Sograndio hay 53 internos de los que 23 son mayores de edad, lo que ha hecho que Sograndio “se esté convirtiendo en un centro penitenciario”, cuando fue diseñado como una instalación socioeducativa, según ha explicado el consejero.

“Ni la infraestructura ni la plantilla ni la vigilancia estaba preparada para ello. Ese es el origen de los acontecimientos”, ha apuntado el consejero en declaraciones recogidas por Efe.

Las razones del ingreso

En esta polémica se ha pronunciado el propio presidente del Principado, Adrián Barbón. A través de su perfil oficial en redes sociales ha puntualizado la situación por la que en el Centro de Menores hay adultos ingresados.

“En Sograndio, un Centro de Menores, hay mayores de edad cumpliendo una pena privativa de libertad por dos motivos: primero, porque cometieron el delito cuando eran menores. Segundo -y más importante- porque así lo determina un juez o una jueza. Es decir, es la autoridad judicial la que determina si siguen cumpliendo la pena, al alcanzar la mayoría de edad, en el Centro de Menores en el que están internados o en un Centro penitenciario normal. Ahí no hay decisión política que valga ni político que pueda decidir absolutamente nada”, ha recalcado el presidente.

“El Faro de Tereñes, donde la magia de Ribadesella se encuentra con el Cantábrico. Un rincón que tienes que descubrir sí o sí en Asturias”, así describe Ribadesella Turismo este edificio histórico. Ahora, el Principado acaba de dar un paso más para su promoción turística con la autorización este lunes, en su reunión del Consejo de Gobierno, para su rehabilitación de cara a compatibilizar su uso técnico con la creación de apartamentos turísticos.

Tereñes es una aldea que dista apenas 2,4 kilómetros de la capital municipal de Ribadesella, en la costa oriental asturiana. El faro se encuentra en la Punta de Somos, en el margen occidental de la entrada a la ría. Entró en funcionamiento en el año 1861 y está situado en un terreno de 4.730 metros cuadrados, cercado por un muro de mampostería.

Compatibilizar los usos

Es un edificio con una planta cuadrada, con una torre decagonal parcialmente empotrada en la fachada norte del faro. Automatizado en la década de los 90 del siglo pasado, en 2008 el Ayuntamiento de Ribadesella y el Ministerio de Fomento alcanzaron un acuerdo para su utilización con fines culturales.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias se reunió este lunes en el Pabellón del Principado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón/Xixón y, entre otros temas, ha acordado autorizar de forma excepcional esta actuación que, según puntualiza, permitirá recuperar un edificio de especial interés “sin alterar su función como señal marítima”.

Razones “de interés público”

El acuerdo ha sido impulsado por la Consejería de Ordenación de Territorio y la decisión se ha adoptado al amparo del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que permite autorizar la rehabilitación de inmuebles singulares para uso turístico “cuando concurren razones de interés público y se cumplen los requisitos establecidos en la normativa”.

El proyecto ha sido informado favorablemente por la Viceconsejería de Turismo, que ha concluido que la modalidad de apartamentos turísticos es “la adecuada para el edificio”.

Preservar el patrimonio arquitectónico

Posteriormente, el expediente recibió el respaldo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota).

La Dirección General de Urbanismo considera que la actuación contribuirá a preservar el patrimonio arquitectónico del faro, al tiempo que conservará íntegramente su uso técnico y reforzará su atractivo turístico, una vez se obtengan las restantes licencias y autorizaciones preceptivas.

Asturias ha atraído el interés de la empresa Sales For You Consulting S.L. (S4U) para invertir 1.226 millones de euros en el concejo de Salas, en la zona occidental, en la puesta en marcha de 'Digital Valley Asturias', un campus tecnológico de nueva generación dedicado a la gestión del dato y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

La empresa prevé generar un total de 1.318 empleos entre directos, indirectos e inducidos. El campus comenzará a construirse en 2027 y se calcula que podrá estar terminado a finales de 2030.

'Digital Valley Asturias' ocupará una superficie de 154.584 metros cuadrados, de los cuales 46.865 corresponderán a equipamientos. El recinto reservará un 28 % del espacio para zonas verdes y contará con 375 plazas de aparcamiento.

El campus estará formado por diez módulos de centro de datos y alcanzará una capacidad informática final de 120 megavatios. También incluye una subestación eléctrica y una instalación fotovoltaica con 350 paneles solares.

Las características

Esta iniciativa, que aspira a lograr el reconocimiento de proyecto de interés estratégico regional (PIER), se focalizará en el procesamiento, almacenamiento y gestión de datos. También podrá albergar servicios digitales avanzados relacionados con la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y otras actividades similares.

El Gobierno asturiano ha informado sobre esta importante inversión al término de la habitual sesión del Consejo de Gobierno que se celebra los lunes.

Una rueda de prensa “inusual”

Normalmente, una vez finalizada la reunión, siempre suelen ser el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, o el portavoz del Gobierno, el consejero Guillermo Peláez, quienes anuncian y desarrollan los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, en esta ocasión, ha habido una excepción y además del máximo responsable del Ejecutivo autonómico han comparecido ante los representantes de los medios de comunicación los promotores de esta iniciativa empresarial.

La presentación ante los medios

Así, junto a Barbón han presentado este proyecto Armando Layna, socio director de Digital Valley, y Esther Zorzano, de Price Waterhouse Coopers.

Por parte del Principado también estaban presentes en el acto el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas; el director de la Agencia Sekuens, David González, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre.

A la presentación del proyecto asistió el socio responsable de auditoría de PwC en Asturias y Cantabria, Conrado Cea.

La iniciativa empresarial

Los promotores han explicado que la inversión global se ejecutará en dos fases. La primera movilizará 240 millones y permitirá instalar 24 megavatios de capacidad informática. La segunda sumará 96 megavatios más y un gasto de 960 millones. A estas cantidades se añaden las actuaciones correspondientes a los terrenos, la urbanización y la instalación fotovoltaica, hasta alcanzar una cifra global de 1.226,3 millones.

La tramitación administrativa está prevista para desarrollar entre este año y 2027. Si se cumple el organigrama inicial, las obras de urbanización se realizarán entre el segundo semestre de 2027 y el primero de 2028. Respecto a la construcción de infraestructuras, se extenderá desde el tercer trimestre de 2027 hasta el cuarto trimestre de 2030.

Las previsiones

El impacto acumulado estimado de 'Digital Valley Asturias' sobre el Producto Interior Bruto (PIB) regional alcanzará los 4.177 millones durante un periodo de 20 años. También se calcula un beneficio fiscal acumulado de 753 millones, de los que 26,4 serán ingresos fiscales para Salas durante la etapa de construcción, según la estimación económica realizada por la consultora PwC.

Barbón: “Será una puerta al futuro”

En el turno de intervenciones, el presidente del Principado ha destacado tres decisiones adoptadas por el Gobierno de Asturias para facilitar la llegada de nuevos proyectos empresariales: la aprobación de la ley PIER, el despliegue de la arquitectura institucional para identificar y captar iniciativas industriales y la “apuesta decidida y sostenida por el desarrollo científico y tecnológico”.

Además, ha subrayado la importancia de esta inversión. Ha resaltado que el campus tecnológico previsto para Salas “será una puerta al futuro” que ayudará a diversificar el tejido productivo de la comunidad, generar oportunidades y “situar Asturias en el atlas de las grandes infraestructuras digitales”.

Los delegados de prevención del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA) denunciaron ante la Inspección de Trabajo los “numerosos incumplimientos” que se estaban produciendo en materia de prevención de riesgos laborales y afectaban a los facultativos veterinarios, en noviembre de 2024, después de que las reiteradas peticiones que habían realizado a la administración regional para que se corrigieran esas anomalías no hubieran tenido efecto alguno. Casi dos años después, las irregularidades denunciadas han sido constatadas oficialmente.

La Inspección de Trabajo ha requerido a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, de la que es titular el consejero Marcelino Marcos Líndez, para que corrija “de inmediato” la situación denunciada por los delegados sindicales, según ha confirmado el presidente de SIVEPA, José Fernández Romojaro.

Una reunión sin resultados

Tanto los representantes sindicales como los de la Junta de Personal Funcionario habían llegado a mantener una reunión, en septiembre de 2024, con el propio consejero, la secretaria general técnica, Angelina Álvarez González, y la actual directora general Rocío Huerta Miguel.

Dos meses después, al ver que no se avanzaba en la toma de decisiones, los delegados de prevención de SIVEPA denunciaron ante la Inspección de Trabajo que se incumplían, entre otras normas, la evaluación inicial y reevaluación periódica de todos los puestos de trabajo.

“Desde hace la friolera de 25 años, en la mayor parte de puestos de Veterinario/a Oficial y Coordinador/a Veterinario/a no se había realizado ni siquiera la evaluación inicial de riesgos y, en los pocos casos en los que se había hecho, durante todo este tiempo no se había realizado ninguna reevaluación”, explica el presidente de SIVEPA.

Expuestos a riesgos biológicos

Según los datos que maneja el sindicato, en aquellos casos en los que sí se hizo la evaluación inicial de riesgos no se cumplían tampoco las normas “básicas” de prevención de riesgos laborales.

Además, los facultativos sanitarios relataban casos de exposición a riesgos biológicos derivados de enfermedades transmisibles al hombre, en terrenos de difícil acceso plagados de artrópodos transmisores de enfermedades zoonósicas y con animales potencialmente peligrosos por su tamaño o agresividad, al carecer de duchas, vestuarios o ropa y calzado de trabajo.

“Injusta y lamentablemente, para indefensión de los trabajadores públicos, las administraciones, al contrario que las empresas privadas, gozan de total impunidad ante estas graves infracciones puesto que la ley no permite al inspector de Trabajo sancionar a otra administración y ningún cargo de responsabilidad puesto a dedo o ningún político paga factura por ello”, señala José Fernández Romojaro.

“La hipocresía administrativa”

El presidente del sindicato tampoco se muestra muy optimista ante el requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo al Principado al no apreciar cambios significativos en la manera de actuar del Gobierno asturiano.

“Ante esta hipocresía administrativa la triste realidad es que parece que hay que esperar a un grave accidente, una grave enfermedad profesional o un fallecimiento por accidente de trabajo para que actúe la justicia y algo se mueva. Si no, al colectivo sólo le queda ya la movilización y el conflicto laboral por algo que tenía que funcionar de oficio a la perfección y que si la empresa fuera privada ya hubiera sido corregido duramente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social”, lamenta.

Su nombre es Topía y es una plataforma web colaborativa que ha abierto el Gobierno asturiano a la ciudadanía para evitar que se pierdan aquellas denominaciones tradicionales de fuentes, caminos, prados, playas, ríos o montes que se han ido pasando, de generación en generación, y han caído en desuso. La intención del Principado es recopilar todos esos nombres para que se mantengan en la memoria colectiva y no desaparezcan definitivamente.

El proyecto está abierto a la ciudadanía para que cualquier persona que conozca el nombre tradicional de un lugar pueda aportar su granito de arena en una iniciativa a la que se pueden incorporar también investigadores, asociaciones vecinales, colectivos culturales o clubes de montaña.

Castellano, asturiano y eonaviego

Este proyecto de cartografía colaborativa que permite a la ciudadanía recopilar nombres de lugares para su posterior normalización, oficialización e inclusión en el Nomenclátor Geográfico del Principado de Asturias surge a través de una iniciativa conjunta de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, desarrollada por el Servicio de Cartografía del Principado de Asturias.

Los consejeros Vanessa Gutiérrez y Ovidio Zapico, que están al frente de Cultura y Ordenación del Territorio, respectivamente, presentaron ayer esta plataforma que estará disponible en castellano, asturiano y eonaviego.

“La toponimia es un tesoro”

Ovidio Zapico ensalza la importancia de la toponimia: “Es un tesoro y un gran valor cultural”, remarca.

Por su parte, Vanessa Gutiérrez considera que 'Topía' abre una ventana “a tener un conocimiento preciso y extraordinario sobre Asturias para poder preservarla” y es “un paso realmente necesario”, que va a “ilusionar” a la ciudadanía y permitirá “preservar desde ya el conocimiento y la memoria de las personas”.

El procedimiento

La web contará con un mapa en el que se podrán geolocalizar diferentes lugares del territorio, así como incluir el tipo de topónimo del que se trata y el nombre propuesto, junto con una descripción y otros datos básicos que ayuden a referenciar y delimitar el lugar o que ofrezcan documentación adicional.

Posteriormente, el equipo encargado de la web comprobará la corrección formal de la propuesta y la trasladará al Servicio de Normalización Lingüística, donde se analizará la información, se corregirá si procede y se enviará al mapa donde otros ciudadanos podrán ver la propuesta normalizada del topónimo y podrán proponer cambios o matices antes de que el nombre se oficialice vía decreto.

30.000 topónimos oficializados

El Principado de Asturias, a través del Servicio de Cartografía, culminó recientemente la georreferenciación de cerca de 30.000 topónimos oficializados que se corresponden, en su gran mayoría, con entidades de población de la región, y que ha dado lugar al Nomenclátor Geográfico de la Toponimia Oficial de Asturias NGTOPA .

Este proyecto ha sido el primero en situar en el mapa -en la plataforma SITPA-IDEAS - los nombres tradicionales oficializados de la extensa geografía asturiana: más de diez mil kilómetros cuadrados fracturados, plegados y excavados por una amplia red fluvial que determina un paisaje de lo más variado formado por rasas costeras, cientos de valles, altas cordilleras y sierras interiores, que históricamente han obligado al poblamiento astur a asentarse según las líneas marcadas por una complicada geomorfología.

Los más de 6.000 pueblos y aldeas asturianas, rodeadas de sus antiguas tierras de trabajo y montes, conservan nombres menores (microtoponimia) por los que la gente del lugar reconocen las distintas fincas y parajes sin necesidad de recurrir a ningún mapa, reconoce el Principado. De ahí que esta riqueza toponímica constituya “un auténtico tesoro cultural que merece ser reconocido, mantenido y publicado”.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha declarado, a propuesta del Gobierno del Principado, doce zonas tensionadas en los concejos de Gijón/Xixón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales con el objetivo de contener los precios de los alquileres.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la relación de las doce zonas tensionadas que se concreta en los barrios de Cimadevilla y La Arena en Gijón/Xixón; Luanco, en Gozón; el barrio de La Magdalena, en Avilés; Arenas y Po, en Cabrales, y los núcleos urbanos de Llanes y de Posada de Llanes, así como las localidades de Po, Barro, Celorio y Nueva, en el concejo de Llanes.

Una vigencia de tres años

Estas áreas, a las que se les aplicará la medida durante tres años, conforman la primera fase de declaración de zonas tensionadas en Asturias, según lo dispuesto por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que ahora iniciará las labores de seguimiento y control.

La declaración de zonas tensionadas busca limitar los precios del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda.

El ministerio ha destacado que los datos públicos “demuestran que la medida funciona”, ya que “se reducen y contienen los precios de los alquileres a la vez que el número de contratos en vigor continúan aumentando”.

Topes en los precios

Para ello, se establecen topes en el precio de los nuevos contratos de alquiler basados en índices de referencia oficiales como el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler (SERPAVI).

A partir de mañana, jueves, todos los nuevos contratos del alquiler han de estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que, según Vivienda, evita los incrementos “desproporcionados” que han ocurrido hasta la fecha.

Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.

Llamedo: “Es una necesidad”

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha remarcado este miércoles que la declaración de zonas tensionadas de vivienda en los barrios de Cimadevilla y La Arena de Gijón es “una necesidad” para solucionar el problema habitacional que existe en la ciudad.

Preguntada acerca de la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del recurso del Ayuntamiento de Gijón contra la declaración de estos barrios como zonas tensionadas de vivienda, Llamedo ha insistido en su respeto por la decisión del TSJA.

La vivienda, una prioridad

No obstante, ha recordado que la vivienda es una “prioridad”, tanto para el Ejecutivo regional como para el central, algo que se materializa, entre otras medidas, en la “apuesta” por la vivienda pública y por las declaraciones de zonas tensionadas.

A su juicio, esto se basa en una concepción de este bien “como derecho y no como un negocio”.

Llamedo ha remarcado que la declaración de zonas tensionadas en Gijón/Xixón es “una necesidad” basada en un “análisis técnico y riguroso”.

El Gobierno de Asturias ha cifrado en 1,1 millones de euros la cuantía económica con la que va a proponer sancionar a Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna, por su negativa a rebajar el coste del peaje pese a las obras, el deterioro de la infraestructura y la falta de información a los usuarios.

No es una novedad que los usuarios de esta autopista siguen sufriendo con impotencia las consecuencias de la falta de mantenimiento de la autopista, mientras sus responsables miran hacia otro lado empecinados en mantener íntegro el cobro del peaje.

Abocados a la sanción

Ni las reclamaciones de las asociaciones de consumidores, ni las peticiones del Gobierno asturiano han hecho mella para que se planteen siquiera la revisión de las tarifas, pero la paciencia de unos y otros tiene límite y se agota.

Ante esta situación, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha puesto sobre la mesa la vía de la sanción para penalizar la actuación de la concesionaria.

Las inspecciones

Ovidio Zapico ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación acompañado del director general de Consumo, Faustino Zapico, y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto para anunciar que el próximo lunes, día 27, elevará al Consejo de Gobierno la propuesta para iniciar un procedimiento sancionador contra Aucalsa.

La propuesta se realiza por la presunta comisión de infracciones en materia de consumo al mantener el cobro íntegro del peaje del Huerna pese al grave deterioro de las condiciones del servicio y no facilitar a las personas usuarias información suficiente sobre el alcance de las obras y las restricciones antes de acceder a la autopista (AP-66).

Zapico ha explicado que esta decisión culmina “meses de trabajo” de la Dirección General de Consumo y de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos, que se concretan en las inspecciones realizadas sobre el terreno y los sucesivos requerimientos a la concesionaria.

“Es una auténtica vergüenza”

“Llevamos muchos meses inspeccionando una situación que convierte demasiadas veces la autopista del Huerna en una auténtica ratonera para los asturianos y asturianas. Es la principal vía de comunicación con la Meseta y sigue funcionando en unas condiciones que son una auténtica vergüenza”, ha calificado el consejero.

La propuesta plantea una sanción de 1.100.000 euros, de los que el grueso de la partida -un millón de euros- responde a su responsabilidad en una infracción muy grave por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro continuado de las condiciones del servicio.

Los abusos

Los cien mil euros restantes se corresponderían con una infracción grave al considerar que la información facilitada a las personas usuarias sobre las obras y las restricciones no permite decidir con conocimiento de causa si utilizar la autopista o una vía alternativa.

El titular de Derechos Ciudadanos reconoce que se están produciendo abusos ya que “se están cobrando más de 16 euros por una autopista que, en el mejor de los casos, funciona como una carretera de un solo carril. Entendemos que se están vulnerando los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, ha añadido.

La mayor sanción

Ovidio Zapico ha defendido que la propuesta responde a una cuestión de justicia con las personas usuarias y ha subrayado que se trata de la mayor sanción impulsada por la Dirección General de Consumo: “Lo hacemos con el convencimiento de que es de justicia social poner límites a los agravios que esta concesionaria ejerce sistemáticamente contra los asturianos y asturianas”.

El consejero ha reiterado, además, que la solución definitiva pasa por la desaparición del peaje del Huerna, que ha vuelto a calificar de “injusto e ilegal”.

“El peaje no debería cobrarse”

Además, ha insistido en que la propuesta sancionadora no altera la posición del Gobierno de Asturias sobre el futuro de la AP-66 y ha manifestado que, mientras continúen las obras y las graves afecciones a la circulación, el peaje no debería cobrarse.

“En la situación en la que está hoy la autopista del Huerna, las barreras de los peajes de Villablino y La Magdalena tienen que estar levantadas. No entiendo otro escenario que no sea ese: libre circulación mientras persistan las obras, los atascos, las caravanas y la congestión de la calzada”, ha dicho.

“Lo deseable hubiera sido un acuerdo”

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha destacado que el Gobierno de Asturias ha actuado con Aucalsa como lo hace con cualquier empresa que incumple la normativa de consumo y ha recordado que antes de llegar a esta propuesta se realizaron varios requerimientos para intentar corregir la situación.

La viceconsejera ha señalado que el expediente se ha tramitado respetando todos los plazos legales y la existencia de actuaciones en la Fiscalía no impedía continuar el procedimiento administrativo.

En su opinión, “lo deseable habría sido alcanzar un acuerdo que evitara llegar a este punto, pero la empresa no aceptó los requerimientos formulados por la Dirección General de Consumo”.

La propuesta se elevará al Consejo de Gobierno

El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha explicado que el expediente se apoya en las inspecciones realizadas durante los últimos meses, así como en el análisis de las reclamaciones presentadas por usuarios y asociaciones de consumidores.

Una vez que la propuesta de sanción sea analizada y aprobada por el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será notificar el acuerdo a Aucalsa para el caso de que opte por presentar alegaciones.

Si la concesionaria decide alegar, la Administración regional examinaría sus argumentaciones antes de adoptar una resolución firme que, en su caso, pondría fin al procedimiento en vía administrativa. Si la empresa no estuviera conforme con la decisión, podrá recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano propondrá al Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales la veda temporal del salmón en 2027 para favorecer la recuperación de la especie. No obstante, habrá una excepción: se mantendrá la tradición del 'Campanu' de forma que la pesca se abrirá en cada cuenca exclusivamente hasta la captura del primer salmón y, a partir de ese momento, quedará cerrada en esa cuenca durante el resto de la temporada.

El consejero, Marcelino Marcos Líndez, ha anunciado este martes esta medida en una rueda de prensa, celebrada en Oviedo/Uviéu, en la que también ha participado el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha.

La argumentación

El Principado ha argumentado que esta propuesta que trasladará al Consejo se apoya tanto en el principio de precaución como en la información científica y técnica disponible hasta el momento, que incluye “una amplia serie de datos sobre la evolución histórica de las poblaciones, capturas, censos reproductores, densidad de juveniles, remontes, pasos por contadores y escalas y esfuerzo pesquero”, según ha asegurado el consejero.

Marcelino Marcos ha explicado que la situación actual del salmón no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de la pesca, dado que se trata de una especie migratoria sometida a numerosos factores, ya que la transformación de los hábitats, los obstáculos en los ríos, las condiciones del agua, la supervivencia marina, los cambios ambientales y la presión de diferentes depredadores inciden en su evolución.

Una tendencia “histórica”

“No estamos reaccionando a un único dato ni a una sola temporada. Actuamos en respuesta a una tendencia histórica y antes de que todos los indicadores sean desfavorables, porque proteger una especie exige anticiparse y aplicar el principio de precaución”, ha señalado el consejero.

Medio Rural convocará el Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales en cuanto disponga de los censos de septiembre y del análisis técnico completo, previsiblemente entre finales de septiembre y principios de octubre.

“Ni ríos sin salmon, ni sin pescadores”

Está previsto que en esa reunión se analice la propuesta con los representantes del sector, antes de aprobar la normativa correspondiente a 2027.

“No queremos ríos sin salmones, pero tampoco ríos sin pescadores. Por eso combinamos una veda temporal con más apoyo económico, más repoblación, más seguimiento científico y una gestión activa de todos los factores que afectan a la especie”, ha explicado el titular de Medio Rural.

Excepciones a la veda temporal

La propuesta para 2027 establecerá como regla general la prohibición de la pesca ordinaria del salmón. Tendrá carácter temporal y su continuidad o modificación se evaluará anualmente, en función de la evolución de los indicadores científicos.

La regulación contemplará una excepción para mantener la tradición del Campanu: la pesca se abrirá en cada cuenca exclusivamente hasta la captura del primer salmón. A partir de ese momento, quedará cerrada en esa cuenca durante el resto de la temporada. Esta fórmula permitirá conservar las subastas y celebraciones vinculadas al Campanu mediante una captura única y controlada.

También se mantendrán las capturas autorizadas de ejemplares vivos destinadas a proyectos de reproducción y repoblación, como ARCA, impulsado por la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea. Estas actuaciones se realizarán bajo control técnico y mediante protocolos específicos. Los peces no se extraerán para consumo, sino que se emplearán como reproductores para obtener alevines y reforzar las poblaciones de su propia cuenca.

Respaldo a sociedades colaboradoras

La veda irá acompañada de un aumento del apoyo económico a las sociedades colaboradoras de pesca, que participan en la conservación de ríos, repoblaciones, limpieza y mejora de accesos, así como en el seguimiento de las poblaciones. Así, Medio Rural aumentará en su presupuesto para el próximo año la línea de apoyo a las asociaciones de pesca fluvial, dotada en la actualidad con 91.000 euros. También habilitará una subvención nominativa específica para el proyecto ARCA.

Además, las cuentas autonómicas incluirán una reducción de las tasas y los precios públicos para la expedición de licencias y permisos.

Seguimiento científico

Medio Rural completará en septiembre la información disponible con censos subacuáticos, datos de contadores y escalas de remonte y pescas eléctricas que permitirán conocer el reclutamiento de juveniles procedentes de los desoves de 2025. Igualmente, continuará con las actuaciones legales de control poblacional del cormorán.

En el caso de la lubina, la consejería ha anunciado que facilitará su pesca y propondrá ampliarla a tramos situados más arriba de los actualmente autorizados, cuya delimitación se fijará en la normativa de 2027. También se iniciarán estudios específicos sobre la incidencia de la nutria en los salmones reproductores.

Por otro lado, el Gobierno de Asturias solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que detenga la tramitación para incluir el salmón atlántico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El Principado apuesta por mantener la capacidad autonómica para desarrollar una gestión activa, basada en criterios científicos y adaptada a cada cuenca.

Balance de la temporada

La campaña de pesca del salmón finalizó este año en Asturias con 108 ejemplares capturados, un 18% menos que en 2025. La distribución por cuencas es la siguiente: 66 en el Narcea, 23 en el Sella, 14 en el Cares-Deva y 5 en el Esva.

El contador del Sella registró hasta el día 8 de julio 94 pasos en la zona alta, frente a los 70 contabilizados en las mismas fechas de 2025. Este indicador es todavía provisional, puesto que los remontes continúan durante el verano.

La reducción de capturas

El Principado ha aplicado en los últimos años una regulación progresivamente más restrictiva, mediante la reducción de los períodos y horarios hábiles, la disminución de cupos, la creación de refugios para reproductores, la ampliación de las zonas vedadas, la limitación de cebos y modalidades y la prohibición general de comercializar las capturas.

La normativa de este año redujo un 75% las capturas permitidas y estableció un único salmón con muerte por pescador y temporada.