El Gobierno de Asturias acudirá a la vía judicial para defender los intereses generales de la ciudadanía ante la situación de “degradación sustancial, sostenida y generalizada” del servicio de la autopista del Huerna, la AP-66 que comunica Asturias con León.

Un deterioro de la infraestructura que viene arrastrando como consecuencia de la ejecución simultánea de obras, las restricciones de capacidad y las limitaciones de velocidad. Una serie de irregularidades a las que se suma, además, que se sigue imponiendo el pago del peaje completo, a pesar de todos estos inconvenientes que sufren los usuarios.

Los requerimientos

El Principado así lo ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes en Oviedo. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha acordado dar el paso previo a la vía contencioso-administrativa a través del envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la concesionaria Aucalsa.

El acuerdo se ha difundido además a través de las redes sociales. A continuación reproducimos el post publicado en X.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha señalado que, en función de la respuesta que ofrezca el Ministerio, se valorará la decisión de acudir a la vía judicial y ha advertido de que Transportes tampoco ha respondido todavía a la revisión de la solicitud de nulidad del decreto que prorrogó el peaje hasta 2050.

El Consejo de Gobierno debatió este asunto tras analizar previamente las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

La degradación de la autopista

El Principado ha constatado esta situación de degradación de la autopista que, según expone, “afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial”.

A través de una nota oficial, asegura que los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen “reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña”.

El impacto

Todas estas circunstancias provocan un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que a juicio del gobierno regional configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura.

Además, al Principado no le consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, “ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial”.

Medidas correctoras

El Ejecutivo autonómico sostiene que esta situación no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y le plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad.

En este contexto, el requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones.

Asimismo, desde el Principado se requiere al ministerio que ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión.

Revisión de la planificación

Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.

Igualmente, se requiere la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.

Los derechos de los usuarios

El Gobierno de Asturias subraya que estos requerimientos tienen carácter previo a la vía judicial y constituyen una actuación necesaria para defender el interés general y los derechos de las personas usuarias ante la situación actual de la infraestructura.

No obstante, advierte que en el caso de no obtener una respuesta que considere “adecuada”, interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.

La impugnación de la prórroga

Este procedimiento se circunscribe a las condiciones actuales de prestación del servicio. El Ejecutivo recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio.

“Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana”, corrobora el Gobierno de Asturias.

Asturias avanza en el proceso de reparación a las víctimas del franquismo al lograr la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común del cementerio de La Caridad/A Caridá, en el concejo asturiano de El Franco.

El tiempo transcurrido desde su fusilamiento hasta el pleno reconocimiento de su filiación ha impedido a muchos de sus familiares más directos llegar con vida a ver estos resultados, pero sus descendientes han conseguido al menos cerrar esa herida al recuperar sus restos para un enterramiento en condiciones más dignas.

Las víctimas

Los estudios genéticos han confirmado que dos de los restos corresponden a las hermanas Ferrer, desaparecidas tras el golpe de Estado de agosto de 1936, si bien la ausencia de muestras biológicas previas impide determinar con exactitud cuál de las tres no se encuentra en la fosa.

Las hermanas Luz, Mercedes y Maura Ferrer Díaz tenían entre 17 y 21 años en el momento de su desaparición. Junto a ellas, también han sido identificados los restos de Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena, víctimas de la represión franquista en los primeros meses de la Guerra Civil.

Reunión con los familiares

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, no ha podido disimular su emoción al anunciar la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común, ya que entre sus compromisos políticos se encuentra la culminación de estos procesos de identificación para avanzar en los principios de “verdad, justicia y reparación”.

Previamente a la confirmación oficial de esta identificación, el consejero se ha reunido con los familiares de las víctimas, en un encuentro en el que han participado también la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Franco, Victoria Zarcero.

Tras la reunión con los representantes políticos, dos familiares de las hermanas Ferrer y Lorenzo Solís han trasladado su agradecimiento a la Consejería de Derechos Ciudadanos y al equipo técnico implicado en el proceso y han resaltado la importancia de su trabajo para las familias tras décadas de incertidumbre.

Una deuda histórica

En su intervención, el consejero ha calificado este avance como “especialmente emotivo” y ha señalado que permite “cumplir una parte, pequeña pero muy significativa, de la deuda histórica que las administraciones tenemos con las víctimas del franquismo y sus familias”.  

“Lo que no sabían los que les asesinaron y les enterraron en esa fosa, era que sembraban semillas y esas semillas germinan cada día y hoy germinan especialmente, y nos animan y empujan a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación”, ha afirmado el consejero.

Exhumaciones con fondos públicos

Zapico ha recordado que estas actuaciones forman parte de las primeras exhumaciones financiadas íntegramente con fondos públicos en Asturias y ha destacado que permitirán a las familias “cerrar un círculo tras décadas de dolor, dudas y estigmatización”.

Por su parte, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha explicado que el proceso incluyó un primer análisis antropológico realizado en la Universidad de Oviedo, que determinó la existencia de dos mujeres y cuatro hombres entre los restos hallados. A esta fase le siguieron los estudios genéticos que han permitido confirmar la identidad de cinco de las víctimas.

La fiabilidad

Los trabajos de exhumación comenzaron en el mes de diciembre de 2024 y han permitido localizar seis cuerpos en una fosa en la que inicialmente se buscaba a tres personas.

Los análisis antropológicos y genéticos realizados posteriormente han hecho posible identificar con certeza a cinco de ellas, lo que supone un índice de efectividad del 83 %, muy por encima de la media habitual en este tipo de procesos, que según explican desde la consejería ronda el 10 %.

El consejero de Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha avanzado que la entrega oficial de los restos a las familias de estas cinco personas identificadas se prevé para el próximo mes de mayo

La recopilación de testimonios

Collado ha señalado además que la investigación se ha ido ampliando gracias a la colaboración de los familiares y a la recopilación de testimonios, lo que ha facilitado avances en la identificación de personas desaparecidas en el mismo periodo.

El consejero ha avanzado que la entrega oficial de los restos a las familias está prevista para el próximo mes de mayo en un acto que “permitirá culminar el proceso de identificación y avanzar en los principios de verdad, justicia y reparación”.

La Red de Representación Ambiental de Asturies, integrada por 20 grupos conservacionistas y ecologistas, ha denunciado la degradación de la protección de la Reserva de la Biosfera de Muniellos y, lejos de limitarse a una queja pública, ha elaborado un informe que ha remitido al Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO y al Organismo Autónomo de Parques Nacionales donde solicita que pueda abandonar la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Sus acusaciones han sido desmentidas rotundamente por el Gobierno de Asturias que asegura que Muniellos cuenta con un sistema de protección “extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación”.

La polémica

El bosque de Muniellos destaca por ser el mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa, ya que alberga una de las comunidades vegetales y animales más ricas de Europa. Está ubicado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en Asturias.

La polémica saltó ayer, miércoles, cuando la Red de Representación Ambiental de Asturies expuso abiertamente su crítica sobre los incumplimientos que ha detectado.

Las críticas

Los integrantes de la Red recuerdan que hace 32 años que se aprobó el plan o guía para la protección ambiental de Asturias (PORNA) y, según sostienen, “a pesar del tiempo transcurrido, ni se ha desarrollado completamente, ni se ha revisado”.

En su página web explican que se han establecido cinco Parques Naturales en la vertiente asturiana de la Cordillera Cantabrica, que posteriormente también han sido incluidos en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa MaB (Persona y Biosfera) de la UNESCO.

“Dos de esos Parques/Reservas, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias/Reserva de la Biosfera de Muniellos, y el Parque Natural/Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa, tienen problemas de gestión especialmente preocupantes, y llevan más de diez años sin protección”, advierten.

La alerta de “la desprotección”

En el caso de la Reserva de Muniellos, inciden en que esta desprotección se ha visto reflejada en el último informe del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del MaB donde se ha valorado su funcionamiento como desfavorable.

“Los informes del CIC se elaboran cada diez años al objeto de evaluar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera. En el caso de España, su elaboración corre a cargo del Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB. Ese resultado -añaden- se debe a la carencia de un Instrumento de Gestión Integrado que regule los usos y garantice tanto la conservación del patrimonio natural de la Reserva, como el desarrollo económico y humano sostenibles”.

Los incumplimientos

A esta circunstancia añaden otras anomalias, entre las que citan “la inexistencia de plan de gestión, zonificación y reglamento interno, las excepciones normativas de una parte de la Reserva, el funcionamiento errático de los órganos de gestión y el incumplimiento reiterado de las recomendaciones del CIC desde hace 13 años”.

En el informe que ha elaborado la Red de Representación Ambiental de Asturies solicita al Consejo Internacional de Coordinación, en su apartado quinto, que “ante el reiterado incumplimiento de las indicaciones del Consejo Científico y con el objetivo de lograr que esta Reserva cumpla con las finalidades para las que fue creada se le aplique el artículo 9 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, en toda su extensión”.

Este artículo 9 regula el proceso por el cual una Reserva de la Biosfera puede dejar de disponer de tal condición y abandonar la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Ante su denuncia pública, el Gobierno de Asturias no se ha quedado callado y, a través de un comunicado oficial remitido a los medios de comunicación este jueves, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha puntualizado que Muniellos cuenta con un sistema de protección “extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación”.

La argumentación del Principado

El Principado recalca que la protección real y efectiva del espacio —la que determina con carácter vinculante el régimen jurídico de usos, actividades y limitaciones— descansa en su declaración como Reserva Natural Integral en 2002, que constituye “el máximo nivel de protección ambiental previsto en nuestro ordenamiento. Esta figura garantiza la conservación estricta del ecosistema, con una regulación extremadamente restrictiva, acceso muy limitado y ausencia de aprovechamientos”.

A esta figura se suma la Ley de Declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que incluye a Muniellos con el mayor grado de protección, así como su inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Obligaciones legales

“Todas estas figuras -afirma- conforman un régimen jurídico de protección reforzada, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo obligaciones legales directas, sometiendo cualquier actuación a intervención administrativa previa y garantizando la preservación efectiva del espacio”.

Este régimen jurídico de protección permanece plenamente vigente y, según el gobierno regional, no ha experimentado modificación alguna en sus niveles de protección ni en las garantías de conservación del espacio.

“No hay ausencia de gestión”

“Por lo tanto, determinadas manifestaciones incurren en una confusión de fondo al equiparar la situación de la Reserva de la Biosfera con el nivel de protección del espacio natural. La Reserva de la Biosfera es un reconocimiento internacional otorgado por la UNESCO a un modelo de gestión del territorio que prioriza los usos tradicionales y la sostenibilidad, pero no constituye una norma ni altera en modo alguno la protección jurídica existente sobre un territorio ya legalmente protegido”, matiza en su comunicado.

En este sentido, las cuestiones planteadas en el ámbito del Programa MaB responden exclusivamente a “aspectos de carácter administrativo, vinculados a la planificación, la organización y los mecanismos de participación, dentro del proceso ordinario de revisión periódica de las Reservas de la Biosfera sin que ello implique en ningún caso ausencia de gestión ni incumplimiento de las obligaciones de conservación”, añade.

Los mecanismos de participación

Desde 2023, el Gobierno del Principado viene trabajando “de forma activa y continuada” con el Comité MaB para dar respuesta a estas cuestiones, manifiesta el Principado que recuerda que el resultado fue “la aprobación, en 2024, de un nuevo plan de gestión, se revisó la zonificación y se reforzaron los mecanismos de gobernanza y participación”.

Toda esta información fue trasladada al Comité MaB en septiembre de 2025, y actualmente se encuentra en curso el plazo establecido por la UNESCO, hasta septiembre de 2026, para completar la documentación requerida.

“En consecuencia, las cuestiones planteadas en este ámbito no guardan relación con el régimen jurídico de protección ni con el estado de conservación del espacio, que se mantienen plenamente garantizados por las figuras legales vigentes, ni implican en modo alguno una reducción de los niveles de protección ambiental”, asevera.

El nivel de protección

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia ha aclarado que vincular este proceso administrativo con una supuesta pérdida de protección, degradación del espacio o riesgo ambiental constituye “una interpretación incorrecta que no se sostiene desde el punto de vista jurídico, ni técnico”.

El Gobierno asturiano deja claro en este comunicado que Muniellos “cuenta con el máximo nivel de protección previsto en la legislación vigente, lo ha tenido de forma continuada durante décadas y lo seguirá manteniendo”.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó anoche a situación 1 de emergencia el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) al permanecer activos 32 fuegos en 14 concejos de la comunidad autónoma.

La semana arrancó ayer lunes con temperaturas que en algunas zonas alcanzaron los 30 y 31 grados centígrados, una circunstancia que favoreció la propagación de los incendios.

La evolución

En el nivel 1 se enmarcan emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población y bienes de naturaleza no forestal, según ha especificado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El consejero Alejandro Calvo había activado la fase de emergencia en situación 0 sobre las 17:30 horas de ayer ante el creciente número de incendios y las condiciones adversas, si bien el cambio en la situación aconsejó elevarlo en las últimas horas al nivel 1.

Por concejos

A las siete de la mañana de hoy, martes, desde este servicio de emergencias se actualizaban los datos sobre incendios declarados en las últimas horas, si bien se prevé que a lo largo de la jornada la situación vaya variando.

A esa hora seguían activos los incendios originados en los concejos de Allande (3), Amieva (1), Belmonte de Miranda (1), Cabrales (3), Cangas de Onís (4), Cangas del Narcea (4), Grado (3), Lena (1), Morcín (1), Llanes (1), Piloña (4), Ponga (2), San Martín de Oscos (1) y Tineo (3).

El índice de riesgo

El 112 Asturias actualiza en redes sociales la situación en cada concejo, así como el índice de riesgo de incendios forestales. A continuación, reproducimos el post que indica cómo se encuentran los 14 concejos asturianos afectados, tal y como ha difundido en X.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

Las temperaturas

La Aemet prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 ó 27 grados, con vientos flojos y moderados del sur con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

Asimismo se prevé que se registren precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a partir del mediodía, que irán acompañadas de tormentas y serán más frecuentes e intensas en zonas de la Cordillera.

La ley autonómica de Protección del Menor de Asturias ya ha superado las tres décadas de vida y, ante su obsolescencia, el Principado ya avanza en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia que blinda la condición de los menores y adolescentes como titulares de derechos.

Entre las principales novedades que introduce esta nueva norma que, este lunes se ha detallado en la Junta General del Principado, figura la posibilidad que abre a los adolescentes, a partir de los 16 años cumplidos, para participar en la vida política asturiana a través de las iniciativas legislativas populares.

Igualdad de oportunidades

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, han comparecido este lunes en la Junta General para detallar el contenido de la nueva normativa que sustituirá a la actual y con la que la comunidad autónoma no se limita a ver a los menores y adolescentes únicamente como sujetos susceptibles de protección.

Esta nueva ley busca acompañar en la crianza, combatir la pobreza y la violencia e impulsar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida: “Es una norma abierta, con clara vocación de ejercicio de derechos, de prevención y de protección”, ha defendido Marta del Arco.

Protección integral y garantista

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de enero el proyecto que ahora se debate en el parlamento y que consolida un sistema de protección integral y garantista para niños y niñas.

Entre otros, se citan los derechos de igualdad, educación, expresión, libertad de información, libertad ideológica, asociación y reunión, participación ciudadana, así como el derecho a la cultura, el ocio y el deporte.

Mejorar la calidad de vida

La norma obliga a incorporar en todas las iniciativas legislativas un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. También plantea la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a estos colectivos en el que se definirán las políticas públicas para mejorar su calidad de vida.

El Principado asegura que con esta nueva norma se armonizará la legislación autonómica con la estatal, al tiempo que se reorganizará el sistema de protección y se crearán nuevos órganos de participación infantil.

Todas las iniciativas legislativas deberán incluir un informe de impacto en la infancia y la adolescencia

Una consulta a menores y jóvenes

“La elaboración de la ley se inició con una consulta a niños, niñas y adolescentes en los foros de participación municipales, los centros de protección de menores, los centros escolares y las asociaciones juveniles. Por tanto, es una ley para niños, niñas y adolescentes que cuenta con ellos y ellas”, ha precisado la consejera durante su intervención en la comisión celebrada esta mañana en sede parlamentaria.

La titular de Derechos Sociales ha avanzado que como principios rectores del proyecto figuran el interés superior de los menores, la consideración de la familia como el entorno más adecuado para su desarrollo, el fomento del buen trato, las perspectivas de género y discapacidad para el diseño de cualquier medida orientada a la infancia y adolescencia, la coordinación entre administraciones, la planificación y la confidencialidad.

La participación en política

Entre otras novedades, las personas con 16 años cumplidos podrán participar en la vida política del Principado a través de las iniciativas legislativas populares. Además, la norma plantea la creación del Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y Adolescencia y de los Consejos Municipales de Participación como órganos de consulta y colaboración.

Para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores, el texto fortalece la colaboración entre los servicios sociales, el sistema sanitario y la comunidad educativa, así como entre el Principado y los ayuntamientos.

La regulación

Igualmente, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

El texto mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención y desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo.

Los procedimientos

Asimismo, recoge de forma pormenorizada los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

Respecto al acogimiento familiar, ordena las compensaciones económicas e incorpora otra novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para que puedan ofrecer la mejor atención a los menores.

La norma regula, en relación con el acogimiento residencial, los programas de preparación para la vida independiente desde los 15 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha acusado este martes a Vox de “inocular odio” y “fascismo” en las instituciones públicas, especialmente por asociar inmigración y delincuencia.

Calvo ha respondido así en el pleno de la Junta General del Principado a una interpelación de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco sobre seguridad que ha puesto el foco en “las políticas que propician ataques y todo tipo de episodios violentos” en la comunidad.

La postura del Gobierno asturiano

Alejandro Calvo ha conminado a la diputada de Vox a “mirarse un poco las competencias” en materia de seguridad y ha recordado que la labor del Principado es “coordinar las policías locales” y con las fuerzas de seguridad del Estado.

El consejero ha aclarado que el Gobierno asturiano no impulsa “políticas que generen violencia”, sino aquellas que “la previenen”, todo ello desde una convicción política, “empírica y moral” que cree que la seguridad es fruto de “la justicia social”.

La apuesta

Calvo ha apuntado que la apuesta del Ejecutivo autonómico por “fortalecer servicios públicos, proteger el empleo, ampliar derechos, promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, no son solo políticas sociales sino, “en su sentido más profundo, políticas de seguridad”.

También ha señalado que es “especialmente preocupante” cuando el debate se desliza al “señalamiento” y a la “estigmatización” y ha advertido a Vox de que asociar la seguridad a colectivos por su origen es “prejuicio” y “xenofobia”, ya que “no existe evidencia empírica que vincule inmigración y delincuencia”, de acuerdo con, por ejemplo, los datos del Defensor del Pueblo.

La tasa de criminalidad

Asimismo, ha recordado que en Asturias la tasa de criminalidad se sitúa en torno a 34 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional es un 30 por ciento superior, y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es de 56 por cada 1.000 habitantes.

Calvo ha insistido en que “Asturias no es una comunidad insegura” y, en este sentido, ha resaltado que la mayor parte de los delitos corresponden a delincuencia contra el patrimonio, con “niveles de criminalidad violenta contenidos”, matizando que el aumento de la criminalidad observado en los últimos años se debe, en gran medida, al repunte de una tendencia global como la ciberdelincuencia.

El balance, según Vox

Durante su intervención, Sara Álvarez Rouco ha destacado que, de acuerdo con el balance de criminalidad del cuarto trimestre de 2025, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado un 28,6 %, las agresiones sexuales con penetración un 10,4 %, los delitos contra la libertad sexual un 20 % y los robos con violencia han repuntado un 39,8 %.

Álvarez Rouco ha lamentado que “no existe una política de seguridad definida en Asturias” y se ha cuestionado si desde el Principado “han dado la orden” para que “no se mencione la nacionalidad de los delincuentes”, la cual “rara vez aparece en las publicaciones”, pese a que “muchos de los delitos son cometidos por inmigrantes”.

En este sentido, ha indicado que se está “creando un clima de inseguridad que pone en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos” y ha remarcado que “los grandes enemigos de España” son las “políticas migratorias de puertas abiertas” y de “falsa solidaridad”, que importan “culturas diferentes” y “atentan” contra la “libertad de las mujeres” y “normalizan la violencia”.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Lena una denuncia contra el jefe de Explotación de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares, presentada a instancias del director de estas instalaciones, Javier Martínez.

El Ministerio Fiscal ha apreciado la existencia en el desempeño de la actividad profesional del jefe de Explotación de indicios de la existencia de un delito contra la seguridad en el trabajo.

Una segunda denuncia

Por el contrario, una segunda denuncia que Javier Martínez había presentado contra la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutierrez, contra su consejería, y contra la directora general de Deportes, Manuela Fernández, ha sido desestimada.

La Fiscalía entiende que en este segundo caso los hechos denunciados carecen de “relevancia penal” y se enmarcan más bien dentro de un conflicto de carácter “laboral y organizativo”.

El riesgo de descarrilamiento

Por el momento, sigue adelante la primera denuncia, hecha pública este viernes, en la que la Fiscalía sí aprecia la existencia de indicios de delito.

Concretamente, ha dado traslado al Tribunal de Instancia de Lena las diligencias de investigación abiertas a raíz de que el director de la estación pusiera en su conocimiento, el pasado 26 de febrero, unos hechos relativos a una incidencia producida el 7 de abril de 2024 en el telecabina de la estación, cuando había en su interior dos trabajadoras de las instalaciones, y hubo un riesgo de descarrilamiento del teleférico.

El incidente no llegó a más ya que las trabajadoras lograron abandonar el habitáculo y detener la maniobra.

Penas de hasta 3 años de cárcel

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal entiende que el denunciado podría haber incurrido en un delito contra la seguridad en el trabajo.

Este delito viene recogido en el artículo 316 del Código Penal que castiga a “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.

Estas infracciones traen acarreadas penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Los otros hechos denunciados

El director de Valgrande-Pajares también presentó otra denuncia contra la consejería, su titular y la directora general por otros hechos que, según aseguraba, “podrían comprometer la seguridad en la explotación de las instalaciones de transporte por cable de la estación”.

No obstante, tras analizar los hechos denunciados, y a excepción de los relacionados con la concreta actuación del Jefe de Explotación el 7 de abril de 2024, la Fiscalía entiende, por un lado, que estos se enmarcan en un conflicto de carácter laboral y organizativo, sin que se describa “un riesgo concreto y específico” para la seguridad de los trabajadores o usuarios, por lo que carecen de relevancia penal.

Sin relevancia penal

Por otro lado, en relación con unas incidencias producidas durante el desarrollo de unas pruebas técnicas de funcionamiento realizadas en un telesilla de la estación en noviembre de 2025, la acusación pública estima que el eventual peligro generado afectaría únicamente a las instalaciones de Valgrande-Pajares, “sin que conste que se encontraran personas expuestas a riesgo directo”.

En consecuencia, la Fiscalía de Asturias al entender que carece de relevancia penal, no sigue adelante con esta última denuncia, sin perjuicio de que, en caso de haberse producido daños materiales relevantes por imprudencia, éstos pudieran dar lugar a responsabilidades de otra naturaleza.

La empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), cobró de forma íntegra el peaje a 1,8 millones de conductores, pese a que no presta el servicio adecuado desde que, en noviembre de 2024, se produjo un desprendimiento que mantiene la vía en obras.

Esta es la estimación que baraja la Dirección General de Consumo de Asturias, que calcula que en los 16 meses transcurridos desde que cayó el argayo, la empresa ha llegado a ingresar en sus arcas hasta 29,6 millones de euros.

Sin rapidez, seguridad, ni fluidez

El Gobierno regional asegura que la empresa está percibiendo unos ingresos de forma indebida por circular por una autopista que es la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, sin que ofrezca las condiciones de “rapidez, seguridad y fluidez”.

El argayo cortó parte de la autopista y obligó a crear un bypass provisional en tanto se ejecutan las obras de estabilización del talud, por lo que las obras que se están acometiendo para la modernización de sus túneles obligan a circular a una velocidad mucho menor de lo que permite una autopista.

El requerimiento

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico no se limita a constatar una situación que ha provocado las quejas de miles de conductores y organismos, sino que ha ido más allá.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este miércoles que la Dirección General de Consumo ha remitido un requerimiento formal a Aucalsa, tras constatar las deficiencias en la prestación del servicio en esta infraestructura.

Las futuras actuaciones

En este requerimiento, solicita información detallada a la concesionaria sobre la situación de la autopista, la planificación, la duración de las obras en curso, así como la justificación del cobro íntegro del peaje.

La empresa dispone de plazo hasta el próximo martes, día 31 de marzo, para presentar alegaciones, que serán analizadas posteriormente por el Principado antes de determinar posibles actuaciones.

Las reclamaciones

El consejero ha explicado que la actuación se produce tras la recepción de varias reclamaciones de usuarios, tanto a título individual como colectivo, a través de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), y de la realización de inspecciones por parte del servicio de Consumo en los meses de enero y febrero, que han permitido verificar las afecciones denunciadas.

Entre otras, destacan las limitaciones de velocidad, las retenciones, las obras simultáneas y las deficiencias en la señalización.

Una vía sin condiciones adecuadas

Ovidio Zapico considera que existen indicios de que se podría estar cobrando por un servicio que no se presta en condiciones adecuadas y ha resaltado el hecho de que esta situación irregular se está prolongando en el tiempo, lo que genera un malestar generalizado entre la ciudadanía.

“El Gobierno de Asturias está con las personas usuarias y consumidoras. ¿Quién no se ha indignado al pasar por ahí? Yo creo que es de sentido común y es vergonzoso. ¿Quién no se siente violentado al pagar el peaje en su integridad?”, ha interpelado.

El precedente en Galicia

Zapico ha recordado además que existe un precedente reciente del Tribunal Supremo (TS) en relación con la autopista AP-9, en Galicia, donde se determinó la improcedencia de cobrar íntegramente el peaje durante la ejecución de obras que afectaban a la normal circulación.

“Hay coincidencias evidentes entre ambos casos”, ha admitido el consejero aunque se muestra cauto, a la espera de la respuesta que ofrezca la empresa concesionaria en sus alegaciones.

Las inspecciones técnicas

Por su parte, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha coincidido con el consejero en que desde la concesionaria se está cobrando la totalidad de un servicio que no se está prestando plenamente.

Asimismo, ha detallado que las inspecciones técnicas realizadas han corroborado las reclamaciones recibidas y evidencian que “las condiciones de circulación actuales no se corresponden con las que justifican el pago del peaje”.

Descuentos o devoluciones

Si se confirma que el cobro es indebido, la postura más razonable sería, en su opinión, que se aplicaran descuentos e incluso devoluciones a los usuarios.

A este análisis se ha sumado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, quien ha puesto de manifiesto la falta de información por parte de la concesionaria sobre la planificación de las obras y su duración, así como en la ausencia de medidas para adaptar el coste del peaje a las condiciones reales del servicio.

La motivación

Beatriz González Prieto ha señalado que el requerimiento también busca esclarecer “cuál es la motivación para no minorar la cantidad que se está cobrando”.

La viceconsejera ha recordado que el Gobierno de Asturias actúa dentro de sus competencias para “defender a los consumidores y exigir el cumplimiento de los contratos”, mientras mantiene vigente su reivindicación política para lograr la supresión del peaje del Huerna.

Un lobo ha sido hallado muerto en la zona del Picu Pienzu, dentro de la Zona Especial de Conservacion Sierra del Sueve, en el concejo asturiano de Colunga. La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha asegurado este miércoles que el hecho de que no haya signos de disparos en el cuerpo le lleva a barajar la posibilidad de que el animal hubiera sido envenenado.

La falta de información sobre las causas de la muerte del lobo, cuyo cuerpo fue localizado el pasado lunes, ha llevado a la Coordinadora a reclamar al Gobierno de Asturias que les facilite los resultados de la necropsia.

La necropsia

El portavoz de la coordinadora, Fructuoso Pontigo, 'Fruti', apunta al envenenamiento como una de las principales hipótesis que justificaría el estado en el que se encontró el animal.

Advertencia!!: La siguiente imagen podría herir la sensibilidad de los lectores. Se reproduce la fotografía que ha realizado la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.

El empleo de estricnina

'Fruti' asegura que en Asturias es ya recurrente que aparezcan aves y otros animales salvajes envenenados en los espacios naturales.

“Hemos denunciado en numerosas ocasiones que el empleo actual de estricnina en Asturias es muy preocupante, considerando que su ilegalización total en España se produjo en 1983 y es una sustancia prohibida en toda la Unión Europea (UE) desde septiembre de 2006, por lo que su presencia en el monte -afirma- debería motivar una investigación por parte de los cuerpos de seguridad y de la Fiscalía”.

El control

El portavoz de la asociación conservacionista reconoce que esta práctica delictiva afecta a especies protegidas y tiene efectos negativos muy graves en el resto de la cadena alimentaria.

La Coordinadora Ecoloxista se muestra muy crítica con la administración del Principado de Asturias, ya que opina que “no pone el empeño necesario en perseguir un delito tan grave como es el uso de venenos para matar animales que, lamentablemente, algunos siguen calificando de alimañas”.

Las penas

Desde 1995 el empleo de venenos para “control de alimañas” está tipificado como delito en el artículo 336 del Código Penal español.

Este artículo dice textualmente lo siguiente: “El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses”.

“En cualquier caso, la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, con la privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo. Si el daño causado fuera de notoria importancia -continúa-, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior”.

Uso de cebos envenenados

Para la coordinadora, el uso de venenos es una de las amenazas más graves para la fauna salvaje en España. Recuerda que en los años 60 y 70 del siglo pasado el uso de cebos envenenados fue una práctica habitual entre ganaderos y cazadores, si bien de forma paulatina fue decayendo debido al nuevo ordenamiento jurídico y gracias a las labores de divulgación sobre las perversas consecuencias del uso de venenos en la naturaleza.

“Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un grave y muy preocupante repunte en su uso, retrocediéndose a los alarmantes niveles de hace décadas, cuando era una práctica permitida”, comenta.

En su opinión, la utilización de venenos implica la eliminación indiscriminada de la fauna en general, ya que es un método no selectivo que afecta a especies depredadoras, a carroñeras, a especies omnívoras e incluso a animales domésticos.

Una muerte “lenta y dolorosa”

“Es además una práctica cruel, que conduce a una muerte lenta y dolorosa por sofocación y parálisis muscular del animal y que altera negativamente la organización de los ecosistemas. Asimismo, el uso del veneno puede tener repercusiones negativas en los seres humanos, ya que puede entrar a formar parte de la cadena alimenticia”, advierte.

El coordinador estima que el problema es más grave de lo que pueda parecer dado que solo se detecta un pequeño porcentaje de los animales envenenados.

“La inaccesibilidad de muchos lugares, la falta de un verdadero interés por parte de la administración y otros factores de diversa índole hacen que la mayoría de los cadáveres pasen inadvertidos, minusvalorándose por tanto la gravedad del problema”, sostiene 'Fruti'.

Una iniciativa para rehabilitar las viviendas de los barrios obreros en las cuencas mineras asturianas permitirá mejorar la calidad de vida de 36 familias de L’Entregu/El Entrego al haber sido incluidas en un programa con apoyo institucional.

Los barrios obreros no están solo en las agendas de los políticos cuando se acerca una cita electoral. Las oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas se deben dar a diario y, a veces, incluso sin necesidad de que tengan que salir en la foto o se realicen con luz, taquígrafos y publicidad.

Sin embargo, en otras ocasiones, las necesidades de la ciudadanía se cubren solo con mantener una buena relación entre los organismos competentes y sus alcaldes y alcaldesas.

La buena sintonía

Es lo que ha ocurrido en las cuencas mineras asturianas. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU), y el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, del PSOE, han escenificado este martes su buena relación institucional en la visita que realizaron a las obras de rehabilitación del barrio de San Vicente, en L’Entregu/El Entrego, en las que se ha invertido un millón de euros para mejorar las condiciones de vida de 36 familias.

Esta iniciativa se enmarca en el programa autonómico de rehabilitación de barrios obreros, que incluye 13 actuaciones en siete concejos que suman 964 pisos, con un gasto global de 24,7 millones.

El consejero Ovidio Zapico ha hecho una mención especial a su satisfacción personal por culminar una actuación urbanistica que él mismo ha calificado como “una intervención necesaria en una barriada obrera”.

Inversión compartida

En sus palabras de agradecimiento además ha resaltado especialmente la buena colaboración que existe entre el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, el Gobierno del Principado y los vecinos y las vecinas.

En esta actuación, el Ejecutivo autonómico ha invertido 1.080.000 euros; una cantidad económica a la que se han sumado otros 70.000 euros que han sido aportados por los propietarios.

La finalidad

Esta partida económica ha ido destinada a la mejora de fachadas y cubiertas, así como a la instalación de placas solares para incrementar la eficiencia energética de los edificios.  

Para Ovidio Zapico, la iniciativa es una de las actuaciones más satisfactorias ya que se traduce en “hogares más cómodos, con mejor calidad de vida y una reducción de la factura energética de cerca del 60%”.

El bienestar

“La vivienda es un determinante de la salud, por lo que disponer de hogares dignos y eficientes contribuye al bienestar de la ciudadanía”, ha resumido.

Pero no solo ha resaltado las buenas relaciones que se traducen en inversiones. El consejero de Derechos Ciudadanos también ha dedicado unas palabras a reprochar al Partido Popular (PP) las críticas en esta materia.

Las políticas de vivienda

Así, Ovidio Zapico ha defendido el grado de ejecución de las políticas de vivienda: “Salgan de Oviedo y comprueben sobre el terreno si ejecutamos o no”, ha espetado en una 'invitación' al partido que lidera en Asturias Álvaro Queipo.

En el caso de San Martín del Rey Aurelio, ha recordado que en esta legislatura se han adjudicado ya 23 pisos.

Mejorar la vida en las cuencas mineras

Próximamente se sumarán a la lista otras ocho viviendas que ahora afrontan la fase final de reparación y ha recordado que continúan los trabajos para impulsar nuevas promociones públicas, como la prevista en Sotrondio.

La actuación en el barrio de San Vicente se suma así a otras iniciativas destinadas a regenerar el parque residencial en las cuencas mineras, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y reforzar la cohesión social en estos entornos.

La Quinta de la Fundación Selgas-Fagalde, en la localidad de El Pito (Cudillero), y la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) se han incorporado este lunes a la lista del patrimonio asturiano protegido.

El Consejo de Gobierno ha anunciado esta mañana, al término de la reunión que ha celebrado en la localidad asturiana de Pola de Lena, que ambas entran a formar parte de la relación de Bienes de Interés Cultural (BIC).

Con esta declaración, el Gobierno de Asturias quiere garantizar la salvaguarda y la vinculación con la comunidad de dos conjuntos artísticos muy relevantes, que incluyen obras de gran valor y de notable trascendencia para el Principado.

La Quinta de los Selgas

En la localidad pixueta de El Pito se encuentra La Quinta, que es uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos de Asturias.

Está formado por una mansión construida a partir de 1883, sus jardines históricos, la Iglesia‑panteón, las escuelas y una destacada colección artística reunida por los hermanos Fortunato y Ezequiel de Selgas, promotores de importantes obras sociales en la segunda mitad del siglo XIX.

Su legado, donado a la Fundación Selgas‑Fagalde en 1991, incluye pinturas, esculturas, artes decorativas y documentación.

Entre las piezas más destacadas figura el cuadro 'La anunciación de la Virgen', una obra atribuida a El Greco, declarada BIC en 2024. Se trata de un óleo sobre lienzo de 109 x 57 centímetros que constituye una reducción, con mínimas variantes, del que pintó el genial artista cretense para la capilla Oballe de Toledo.

La Fundación Selgas-Fagalde abre sus puertas, con carácter general, durante el periodo estival y es una magnífica oportunidad para visitarla.

Abierta en verano al público

Este verano, permanecerá abierta al público entre el 6 de junio y el 13 de septiembre, de martes a domingo, ya que el lunes está cerrado.

Su horario es de 10.30 a 21 horas desde el 6 de junio hasta el 15 de agosto y de 10.30 a 20.00 horas desde el 16 de agosto hasta el 13 de septiembre de martes a domingo. Unos horarios y unas fechas que, con carácter excepcional, podrían modificarse en aquellas situaciones que se considere necesario.

El patrimonio artístico

Para conocerla con mayor profundidad se puede consultar la página web de la Fundación Selgas-Fagalde, donde se pueden apreciar las impresionantes imágenes fotográficas que muestran su conjunto.

La Fundación describe La Quinta cómo “una burbuja histórica” que ha seguido en “el devenir del tiempo manteniendo aún vivo el espíritu filantrópico e ilustrado de una familia burguesa a finales del siglo XIX”.

La casa de campo familiar

“El patrimonio artístico que los diferentes integrantes de la familia Selgas Albuerne, primero, y Selgas-Fagalde, después, adquirieron para mayor exornación de su casa de campo en Asturias es lo que se reúne -explica- en La Quinta de Selgas, residencia temporal de la familia hasta 1992, cuando pasó a formar parte del patrimonio privado de la Fundación Selgas-Fagalde”.

El conjunto declarado BIC está integrado por el palacio -que conserva en buena medida su decoración original y alberga obras de destacados pintores y una extensa colección de mobiliario y elementos decorativos-, sus jardines, el pabellón de tapices, la iglesia de Jesús Nazareno, la casa rectoral y las escuelas, así como por la colección artística, formada a partir de 1885, y el legado documental y bibliográfico.

Mansión y jardines

Alrededor de los edificios se extienden varios jardines de características diferentes: francés, italiano, el invernadero y el jardín inglés. El primer proyecto fue elaborado por Fortunato de Selgas, en 1864, aunque los jardines no se hicieron realidad hasta dos décadas más tarde.

Para su realización tuvieron en cuenta las modas de la época, dominadas por los modelos franceses e ingleses.

La Iglesia-panteón Jesús Nazareno se encuentra localizada fuera del recinto de La Quinta. Su construcción data de 1915, fecha en que fue inaugurada por la infanta Isabel de Borbón.

La Consejería de Cultura inició el proceso para proteger el conjunto de los Selgas en junio de 2023. Desde entonces, ha obtenido informes favorables de la Real Academia de la Historia, del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA).

Colección de la antigua Caja de Ahorros

La colección vinculada a la antigua Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) es uno de los ejemplos más destacados de mecenazgo artístico desarrollado en la comunidad autónoma asturiana entre 1940 y la primera década del siglo XXI.

Su origen se remonta a 1945, tras la fusión de las cajas y montes de piedad de Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón. Durante décadas, estas instituciones promovieron exposiciones itinerantes que recorrieron Asturias y contribuyeron a la difusión de la creación contemporánea.

Más de 1.500 obras

La colección, integrada por más de 1.500 obras de pintura, dibujo y escultura, se compone mayoritariamente de piezas de autores asturianos del siglo XX, además de una selección de artistas del XIX y de creadores de fuera de la comunidad.

Su titularidad se reparte entre la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias y Unicaja. Su amplitud, representatividad y relevancia como testimonio del coleccionismo institucional merecen la máxima protección patrimonial.

Cesión en depósito

El pasado 5 de febrero, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y el director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina, suscribieron un acuerdo de intenciones en virtud del cual la entidad financiera cederá en depósito al Principado las obras integradas en la Colección Unicaja, entre ellas 172 que se encuentran actualmente fuera de comunidad y que regresarán a Asturias en los próximos meses.

El conjunto incluye trabajos de Joaquín Vaquero Turcios, Pablo Maojo, Antonio Suárez, Vicente Pastor, Maite Centol, Alejandro Mieres o Amado González Favila, entre otros creadores.

La fosa de La Lloba, ubicada en el concejo asturiano de Castrillón, podría contener los restos óseos de entre 24 y 28 republicanos que fueron víctimas de la represión franquista. Son las estimaciones del Gobierno de Asturias que este viernes ha anunciado que los trabajos que se están llevando a cabo han permitido localizar los restos de al menos seis personas.

Esta es una noticia que ha devuelto la esperanza a los familiares que se han concentrado para seguir las labores de exhumación. Confían en la posibilidad de recuperar algún resto u objeto de sus seres queridos y reconocen que esta ilusión llega precedida de la gran expectación que levantó el hallazgo, el pasado mes de noviembre, de fragmentos de un cráneo y dos pies con sus botas y clavos en la suela en esta misma fosa.

El anuncio de la confirmación oficial de la localización de los restos de seis personas se ha conocido a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, de la que es titular Ovidio Zapico.

El consejero se desplazó esta misma mañana hasta la zona de exhumación, acompañado de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; el director del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez González, y familiares de las víctimas.

El trabajo del Grupo Arqueos responde al acuerdo que mantiene la consejería con la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Explicaciones sobre el terreno

Durante la visita, el responsable del equipo arqueológico ha explicado sobre el terreno los descubrimientos realizados hasta el momento, así como los próximos pasos previstos en la intervención.

Desde la consejería se ha subrayado que este hallazgo supone un avance decisivo respecto a las primeras actuaciones realizadas en noviembre de 2025, cuando se identificaron los primeros indicios de la fosa, incluyendo restos óseos parciales y vestigios que confirmaban la existencia de enterramientos clandestinos en la zona.

Saldar la deuda histórica

Ovidio Zapico ha enmarcado este avance en una deuda histórica de las instituciones con las víctimas de la represión franquista: “Este es un trabajo que tenía que haberse hecho hace muchísimos años. No se hizo y hoy estamos corrigiendo ese abandono desde lo público”, ha explicado.

El consejero ha reivindicado el papel de las asociaciones memorialistas y de familiares, cuyo trabajo durante décadas ha sido clave para impulsar estas actuaciones.

Recoger el testigo

“Las administraciones -ha asegurado- hemos recogido su testigo y hoy lo estamos materializando en políticas públicas que buscan verdad, justicia y reparación”.

El titular de Derechos Ciudadanos ha resaltado especialmente el carácter simbólico y político que representa la localización de estos restos.

Trabajos con financiación pública

“Aquí, hace menos de 90 años, se cometió un crimen. Y hoy el Estado democrático está respondiendo, sacando a la luz lo que durante demasiado tiempo permaneció oculto”, ha expresado bajo la atenta mirada de los familiares.

Estos trabajos, impulsados íntegramente con financiación pública durante la actual legislatura, marcan “un antes y un después” en la política de memoria democrática en Asturias, ha destacado.

Además, ha puesto de manifiesto el trabajo del equipo técnico y la profesionalidad del personal arqueológico y ha asegurado que las labores continuarán en los próximos días tras la autorización del juzgado de Avilés.

Represión en la Quinta de Pedregal

Sin embargo, Ovidio Zapico no se ha limitado a ensalzar la importancia de este hallazgo, sino que ha aprovechado para realizar un llamamiento directo a la ciudadanía: “Es el momento de que las familias den un paso al frente. Puede haber aquí personas desaparecidas cuyos nombres aún no conocemos”, ha añadido.

Por ello, ha incidido en la importancia de tratar de salvar este desconocimiento ya que, según comentó, en este enclave podrían encontrarse víctimas de la Quinta de Pedregal de Avilés.

Recogida de muestras de ADN

El consejero considera que para lograr este objetivo es imprescindible que las familias colaboren para la recogida de muestras de ADN que permitan avanzar en la identificación de los cuerpos.

“Esta es solo la primera parte. Ahora comienza un proceso clave para devolver identidad, dignidad y memoria a quienes fueron asesinados”, ha resumido el titular de Derechos Ciudadanos.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, no se ha achantado a la hora de rebatir al Gobierno central, de su mismo partido y delante de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez con la que ayer, miércoles, compartía un acto en el concejo asturiano de Mieres, para puntualizar que su Ejecutivo no ha ocultado información alguna al Instituto de Transición Justa (ITJ).

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirmaron que no les consta información oficial alguna de que Asturias tuviera actividad de extracción de carbón y explicaron que se habían enterado, en marzo de 2025, a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

Para apoyar estas manifestaciones, desde el MITECO remitían al hecho constatable de que esta información no venía recogida en la Estadística minera de este organismo, que se elabora a partir de los datos que facilitan las comunidades autónomas.

“Hay máxima transparencia”

Una denuncia pública que no comparte el presidente del Ejecutivo autonómico y, además, niega cualquier ejercicio de falta de transparencia. En el acto de Mieres aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El reintegro de ayudas

Desde MITECO se destaca igualmente que, una vez conocida la actividad extractiva a raíz del siniestro laboral en la mina de Zarréu, se ha ido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas a la obligación de reintegro de ayudas.

El ITJ recuerda que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

“Analizar, chequear y reimpulsar”

A estas declaraciones también ha respondido Adrián Barbón. En su encuentro con los periodistas en Mieres remitió a la investigación abierta por parte de la Consejería de Ciencia, de la que es titular Borja Sánchez.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha dicho que desde el Principado se ha trasladado a la empresa TYC Narcea que, al hilo de un oficio remitido por el ITJ, tiene que dilucidarse si tiene que devolver o no ayudas para continuar con la actividad.

Una interpretación de la ley

El Gobierno autonómico ha reivindicado su actuación con “transparencia absoluta”, a la vez que evita “entrar a valorar” el debate abierto entre TYC Narcea y el Ministerio sobre la devolución de las ayudas, por ser una “interpretación de la ley”.

En respuesta a los periodistas, Adrián Barbón ha negado que haya preguntado sobre este asuntos a las exconsejeras, según recoge Efe, puesto que difícilmente“ ya les puede preguntar”, ha dicho, y además considera que sería “ilógico” hacerlo porque ya no forman parte de su Consejo de Gobierno. 

Otras explotaciones mineras

Los hechos expresados desde fuentes de MITECO habían levantado numerosas críticas desde los grupos parlamentarios, que censuraban esa falta de transparencia al Gobierno asturiano que lidera Adrián Barbón.

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro laboral, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

El Gobierno de Asturias  impulsa una línea de avales, dotada con cinco millones, para apoyar a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por la falta de liquidez como consecuencia de la guerra en Irán. La Agencia Sekuens y la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar se encargarán de la gestión de esta herramienta financiera.

El Principado trabaja ya para evaluar los efectos en la comunidad del conflicto bélico y definir acciones que ayuden a paliar su impacto económico y social, según ha anunciado este lunes al término del Consejo de Gobierno.

Comité de seguimiento

En este contexto, se ha creado un comité de seguimiento formado por representantes de las consejerías de Hacienda, Ciencia, Movilidad, Medio Rural y Derechos Sociales, que colaboran con la Agencia Sekuens en la definición de un paquete de iniciativas que amortigüen las consecuencias del conflicto bélico en el tejido productivo.

Este grupo se encargará de elaborar un plan de acción que se desplegará en caso de que la actual situación en Oriente Medio se prolongue. Las medidas que se barajan van en la línea de las impulsadas en 2023 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania o las que se pusieron en marcha hace un año, tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, presidente de EE.UU.

La coordinación

En el marco de sus competencias, el Ejecutivo autonómico se coordinará con el Gobierno de España, que también está diseñando medidas para atender a los sectores más perjudicados, principalmente el primario y el del transporte, con el fin de contener el precio de la energía mediante rebajas fiscales y abaratar el precio de los carburantes. Las actuaciones del Principado complementarán las nacionales para potenciar sus efectos y reforzar la ayuda a las empresas de Asturias.  

De forma paralela, el Grupo Sekuens, del que dependen la Sociedad de Promoción Exterior Asturex, la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar y la Sociedad Regional de Promoción, analiza las posibles acciones de apoyo a las compañías, tanto de carácter financiero como de exploración de mercados alternativos.

Cese de las acciones bélicas

En este marco, se convocarán reuniones con patronal y sindicatos, además de otras sectoriales con las firmas exportadoras, el transporte, las organizaciones agrarias, las entidades sociales y los sindicatos más representativos, de modo que se pueda obtener una visión global de los efectos del conflicto en la economía asturiana e impulsar medidas eficaces.

El Gobierno del Principado, que desde el principio se ha pronunciado contra en conflicto bélico, aboga por el cese de las acciones bélicas. Para el Ejecutivo, esa sería la mejor manera de evitar todas sus dañinas consecuencias, tanto humanitarias como económicas.

Un destino estratégico

Oriente Medio supone un destino estratégico para las exportaciones asturianas, no tanto por el volumen de negocio, que alcanzó los 204,9 millones en 2025 (el 3,6% del total de las ventas al exterior), como por la presencia en la zona de importantes ingenierías que ejecutan u optan a grandes proyectos de inversión. En total, 253 empresas asturianas venden en la zona, 78 de ellas de forma regular, lo que refleja una vía de negocio estable.  

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son los dos principales mercados de aquella región para las compañías asturianas. Al primero llegaron productos y servicios de Asturias por valor de 96,3 millones el año pasado y allí operan 80 empresas de la comunidad, 28 de ellas de manera habitual. Al segundo se enviaron bienes por una suma de 70 millones por parte de 44 empresas exportadoras, 17 de ellas regulares. Por su parte, Irán representa una cifra casi nula en las ventas al exterior, con nueve empresas exportadoras ocasionales en 2025.

¿Qué industria quiere tener el Principado en los próximos años?. No es una pregunta retórica, es el debate de fondo que este viernes ha reunido en torno a una misma mesa a los representantes del Gobierno de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos CCOO y UGT para revisar la Estrategia Industrial de Asturias 2030 y perfilar la hoja de ruta para fortalecer el corazón económico asturiano.

La foto fija muestra la buena sintonía que ha presidido la Jornada de la Industria que esta mañana se ha desarrollado en Oviedo. Esta es la primera vez que sindicatos y empresarios participarán en la definición anual de prioridades y en la orientación del presupuesto, con lo que se garantizará “que cada euro público impulse verdaderamente la actividad industrial y el empleo”, según ha explicado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez.

Las fortalezas

La revisión de la estrategia era uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el pacto de concertación, según ha resaltado el Principado. Uno de los aspectos que ha destacado es que este documento se ha cerrado en un tiempo récord: “en menos de un año desde la creación de la nueva consejería”, señala.

El texto identifica sectores de especial fortaleza en Asturias, como el metal, el agroalimentario, el químico‑farmacéutico, la energía o los minerales no metálicos.

La competitividad

Entre los sectores con alto potencial incluye a las tecnologías habilitadoras (inteligencia artificial, automatización, fotónica, ciberseguridad, gemelos digitales); las energías renovables y vectores energéticos (hidrógeno, gases renovables); la biotecnología orientada a la alimentación, la salud y la bioeconomía; la logística avanzada o la construcción industrializada, entre otros.

La estrategia se articula en torno a cinco grandes objetivos e incluye diez medidas de carácter trasversal, 78 acciones y 33 indicadores de seguimiento para medir el impacto real sobre la competitividad del tejido industrial.

Los grandes objetivos

Reforzar la industria existente y atraer nuevas inversiones, generar empleo industrial estable, seguro, inclusivo y de calidad, integrar a las empresas asturianas en cadenas de valor internacionales y fortalecer la autonomía estratégica, impulsar el crecimiento y consolidación de pymes industriales y contribuir a un modelo territorial y social equilibrado, inclusivo y sostenible son los cinco grandes objetivos que se han marcado.

El primero de los propósitos, y el de carácter más inmediato, incorpora un diagnóstico de los cuellos de botella que condicionan la actividad industrial en Asturias, entre los que figuran los costes energéticos y el acceso a energía barata para sectores electrointensivos, las necesidades de financiación, la disponibilidad de suelo industrial bien conectado y con servicios garantizados o la escasez de mano de obra cualificada en perfiles vinculados a industria, tecnología y oficios especializados.

Para superar estos obstáculos, el documento plantea acciones específicas. Entre las principales sobresalen el refuerzo de las redes energéticas, medidas de simplificación administrativa, el impulso definitivo a la Zalia y el desarrollo de suelo para grandes inversiones. También incluye el refuerzo de Asturgar y de la SRP, así como incentivos para el despliegue de la IA, la automatización, los centros de datos y la ciberseguridad.

Una estrategia enfocada a la acción

Entre los aspectos innovadores de la estrategia destaca la articulación de un sistema de gobernanza mediante un Plan Anual de Actuación Industrial que fijará en cada año las prioridades, los proyectos que se deben financiar y sus hitos. En este sentido, los sindicatos y las organizaciones empresariales plantearán medidas para su incorporación a los presupuestos autonómicos, con el fin de garantizar la ejecución real y la financiación de los planes operativos de cada ejercicio.

“Asturias necesitaba una estrategia industrial realista, compartida y enfocada a la acción. Hemos construido un marco estable, pactado y operativo que identifica los problemas actuales del sector y también las oportunidades de futuro, proporcionando herramientas que ya empiezan a transformar el territorio”, ha aseverado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

El Consejo de Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley LGTBI, una herramienta con la que se corrige una “anomalía democrática histórica”, en palabras del consejero de Derechos Ciudadanos Ovidio Zapico, ya que el Principado y Castilla y León son las únicas autonomías que aún carecen de esta normativa de ámbito autonómico.

Ovidio Zapico ha recurrido a las redes sociales para anunciar públicamente la aprobación de esta norma que, según explica, “nace del propio corazón de las entidades LGTBI, de sus familias y del compromiso del Gobierno de coalición progresista”.

Reunión de los socios de coalición

El consejero lo ha comunicado tras la reunión del Consejo de Gobierno y apenas unas horas antes de la reunión que mantendrá esta misma tarde con el presidente del Ejecutivo autonómico, el socialista Adrián Barbón, para limar las discrepancias internas dentro de la propia coalición.

Ovidio Zapico, en su calidad de coordinador general de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturias, había solicitado esa reunión tras las diferencias escenificadas entre los dos socios de gobierno -PSOE e IU- en temas claves, como la implantación de las universidades privadas Nebrija y Alfonso X El Sabio, en Avilés y Oviedo respectivamente, y la declaración de proyecto estratégico para la puesta en marcha de un hipermercado de la multinacional Costco, en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, ya que en ambos casos la formación morada había votado en contra frente a los votos favorables de los consejeros y consejeras socialistas.

Una reunión que, en palabras del portavoz del Ejecutivo, el consejero Guillermo Peláez, se desarrollará dentro de los cauces “de la normalidad”.

La valoración de Zapico

En el tema concreto de los derechos del colectivo LGTBI no se producen esas diferencias que han dividido a los socios de coalición. En Eldiario.es Asturias reproducimos a continuación el anuncio realizado este lunes con la aprobación del anteproyecto de ley del propio consejero difundido a través del perfil oficial de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y su valoración.

Dentro de las competencias autonómicas y en el marco de la legislación española, la ley plantea medidas que amplían y garantizan los derechos de la población LGTBI asturiana y de sus familias.

El compromiso

El Gobierno asturiano se había comprometido a llevar esta ley al parlamento asturiano en la actual legislatura en la que ya se disponía de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI aprobada en febrero de 2023 por el Gobierno central.

El 30 de noviembre de 2023 se constituyó un grupo de trabajo para trabajar en el anteproyecto que estuvo formado por el Gobierno junto a los colectivos Xega y Xega Familias, Llar Trans, Colibrís en Acción, la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ de Asturias, Faciendo Camín, Xuntes y Diverses y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y que contó con el asesoramiento de la Universidad de Oviedo.

La participación

El pasado 30 de enero, Ovidio Zapico comparecía en rueda de prensa junto a la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, para presentar el anteproyecto de la primera Ley de Participación Ciudadana de Asturias, que desde ese mismo día iniciaba su periodo de exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Ante los periodistas, el consejero subrayaba la importancia de esta norma específica en un contexto en el que “la democracia plural y participativa se enfrenta al avance de modelos autoritarios”.

El contenido

En esta rueda de prensa, defendió que vivir en democracia “es mucho más que votar o manifestarse” y destacó la necesidad de que la ciudadanía pudiera participar en los procesos públicos desde su origen.

El anteproyecto reconoce el derecho a la participación de todas las personas mayores de 16 años que residan en Asturias, con independencia de su lugar de nacimiento, e incorpora nuevos mecanismos, como la iniciativa normativa ciudadana, los presupuestos participativos, los foros de debate sobre políticas públicas y los jurados ciudadanos para la evaluación de políticas e inversiones públicas.

Fortalecer los pilares democráticos

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, resaltó que el movimiento asociativo fue clave en la consolidación del sistema democrático en España e incidió en que esta ley contribuirá a reforzarlo.

“Fortalecer el movimiento asociativo es fortalecer los pilares de la democracia”, indicó la viceconsejera.

Más de 400 asociaciones

Beatriz González agradeció la implicación del movimiento asociativo, al que atribuyó una función decisiva en la elaboración del texto.

El proceso participativo, iniciado en octubre de 2024, recorrió todas las comarcas de Asturias e implicó a cerca de 700 personas de más de 400 asociaciones.

Una vez que ya ha cumplido el trámite de su aprobación en el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será su remisión a la Junta General para su tramitación parlamentaria.

El Principado ha sido condenado por una contratación temporal “en fraude de ley”. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) así lo ha calificado en una sentencia donde declara el derecho a indemnización de una trabajadora que, tras más de 15 años de servicios en régimen de temporalidad, accedió finalmente a una plaza fija tras superar un proceso de estabilización.

La demandante, M.J.G.B., trabajadora de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (Asturias), superó el proceso selectivo convocado para la provisión de 20 plazas de animadora sociocultural y el 14 de enero de 2025 suscribió un contrato laboral fijo a tiempo parcial.

Escrito de renuncia

La víspera presentó un escrito de renuncia al puesto que venía desempeñando en virtud de un contrato de duración determinada por obra o servicio suscrito el 30 de abril de 2009.

La trabajadora había participado en el proceso extraordinario de estabilización, lo superó y formalizó contrato fijo. Sin embargo, durante más de 15 años prestó servicios para el organismo público demandado en régimen de temporalidad, sin que la Administración promoviera en tiempo oportuno la cobertura reglamentaria de la plaza mediante oferta de empleo público.

La demanda

El abogado Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados y letrado del Servicio Jurídico de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), integrado en Sindicatos Asturianos Independientes Federados (SAIF), interpuso una demanda, en nombre de la trabajadora, en materia de derechos y reclamación de cantidad contra ERA y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

En esta demanda, solicitaba que se procediera al abono de la indemnización equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por la extinción de la relación indefinida no fija; subsidiariamente al abono de 7.500 euros en concepto de sanción por el abuso y la vulneración del Derecho de la Unión Europea (UE) en materia de contratación temporal, con las consecuencias legales que derivasen de tal declaración.

El recurso de suplicación

El caso recayó en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés (actual Plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Avilés) que desestimó la demanda.

La representación legal de la animadora cultural formalizó un recurso de suplicación que fue elevado a la Sala de lo Social del TSJA que ha dictado una sentencia donde, a través de 38 páginas, argumenta las razones que avalan el acogimiento de la petición de la trabajadora.

El abuso en la contratación

La cuestión litigiosa no giraba ya en torno al acceso a la fijeza, que se produjo tras superar el proceso selectivo, sino sobre si la prolongada utilización abusiva de la contratación temporal generaba un daño indemnizable, pese a haberse consolidado finalmente la plaza.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, la Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

La jurisprudencia

Entre las resoluciones citadas destaca la reciente STJUE de 29 de enero de 2026, que reitera una línea jurisprudencial consolidada que establece que “cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, los Estados miembros deben prever medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias que sancionen el abuso y eliminen las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”.

La Sala realiza una valoración expresa de la jurisprudencia invocada por la recurrente y destaca que estas resoluciones refuerzan la exigencia de que el ordenamiento interno disponga de mecanismos reales de reparación frente al abuso, y que no basta con soluciones meramente formales o neutras desde la perspectiva sancionadora.

Revocación de la sentencia de instancia

El TJUE recuerda que, si bien no se impone necesariamente la conversión automática en indefinido en el sector público, el ordenamiento nacional debe contar con otra medida efectiva que garantice la protección del trabajador. En particular, considera que un sistema indemnizatorio que presuma la existencia de daño, especialmente la pérdida de oportunidades de empleo estable, puede constituir una medida adecuada, dada la dificultad de probar ese perjuicio.

La exigencia de interpretación conforme obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a adaptar su jurisprudencia cuando resulte incompatible con los objetivos de la Directiva, un criterio que la Sala asume expresamente para fundamentar la revocación de la sentencia de instancia.

La reparación

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la afirmación de que la mera convocatoria y superación de un proceso de estabilización no repara por sí sola el daño derivado del abuso.

La Sala razona que la indemnización tasada prevista para los trabajadores indefinidos no fijos en caso de cobertura reglamentaria de la plaza no cumple la función exigida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puesto que se abona con independencia de que haya existido o no abuso.

Más de 15 años de precariedad

En el caso analizado, el perjuicio es claro: más de 15 años de precariedad, con la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo estable y constata que la Administración incumplió su obligación de promover en tiempo oportuno la cobertura de la plaza. No obstante, la estabilización tardía, aunque culminara con éxito para la trabajadora, no elimina retroactivamente el daño sufrido.

La Sala subraya que el abuso en la contratación temporal del indefinido no fijo genera un perjuicio específico —la precariedad prolongada— que “exige una reparación efectiva, equivalente, proporcionada e íntegra”.

Un vínculo laboral distinto

Otro aspecto relevante es el tratamiento jurídico de la renuncia formalizada por la trabajadora para poder suscribir el nuevo contrato fijo.

El tribunal descarta que la renuncia pueda calificarse como dimisión en los términos del artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del vínculo anterior se produce por cobertura reglamentaria de la plaza, causa legalmente prevista, y el nuevo contrato constituye un vínculo laboral distinto que no reaviva la relación anterior.

El derecho a indemnización

Esta conclusión se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, cuya interpretación resulta trasladable, como entiende la propia Sala, al supuesto en que el contrato posterior suscrito lo sea ya como personal laboral fijo.

Por tanto, ni la firma del contrato fijo ni la renuncia exigida como trámite previo pueden operar como obstáculos para el reconocimiento del derecho a indemnización por el abuso previo.

El fallo

La Sala estima así el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, revoca la sentencia de instancia y declara su derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, condenando a la Administración a su abono.

La sentencia ha sido dictada por mayoría, ya que ha contado con el voto particular del magistrado José Luis Niño Romero, que preside la Sala de lo Social.

El voto particular

José Luis Niño discrepa de la opinión manifestada por los demás integrantes del tribunal: los magistrados Jorge González Rodríguez, Francisco José de Prado Fernández, Isolina Paloma Gutiérrez Campos, Catalina Ordóñez Díaz, María Cristina García Fernández, María de la Almudena Veiga Vázquez y Laura García-Monge Pizarro.

El presidente de la Sala expone, en el voto particular que ha emitido, que el recurso debería ser desestimado o, cuando menos, ser reconocida una indemnización inferior.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en la Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Las valoraciones

El abogado Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, considera que la sentencia del TSJA puede calificarse como pionera, en la medida en que consolida de forma expresa el derecho a indemnización del personal laboral de la Administración pública por abuso en la temporalidad, incluso cuando ha superado un proceso de estabilización y ha accedido a la condición de fijo.

“Su relevancia práctica es indudable, sostiene el letrado Suárez Peinado, porque abre el camino para que otros trabajadores laborales del sector público que hayan sufrido situaciones similares, con años de contratación temporal abusiva seguidos de estabilización, puedan reclamar la correspondiente indemnización por el daño derivado de la precariedad prolongada”.

Más recursos similares

En un sentido similar se pronuncia la coordinadora del sindicato Usipa Saif, María Guadalupe Lorenzo Aguilera, quien ha asegurado a este periódico que esta sentencia será la primera de muchas otras resoluciones judiciales que seguirán el mismo camino que ésta ha abierto.

“Nuestro servicio jurídico tiene interpuestos otros recursos contra el Principado para acabar con el abuso de la contratación. Vendrán más sentencias como ésta de la animadora sociocultural”, ratifica.

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha dado un rayo de esperanza a las familias de menores y adolescentes con una evolución desfavorable en un diagnóstico de cáncer o una enfermedad rara ante el anuncio que llevaban muchos años esperando: Asturias, por fin, dispondrá de un servicio pionero, operativo durante las 24 horas, para pacientes atendidos por la Unidad de Crónicos Complejos y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

No era una simple reivindicación. Era una petición a gritos de los familiares que se pusiera en marcha este servicio, porque resultaba muy frustrante ver cómo las vidas de jóvenes que, sin haber cumplido aún la mayoría de edad, se iban apagando y no tener siquiera un teléfono al que recurrir o un profesional para que les reconfortara en los momentos más complicados de la enfermedad si se necesitaban fuera del estricto horario de atención que hasta ahora solo era por las mañanas.

“Evitar que mueran con dolor”

El presidente de la Asociación Galbán, Lennart Koch, lo resumía así en unas declaraciones realizadas a elDiario.es Asturias: “Para nosotros, como familias, cuando vemos que nuestros hijos e hijas están en el final de vida, lo único que queremos es que no mueran con dolor, eso es lo más importante”.

La consejera de Salud ha sido muy receptiva a estos mensajes. Ella misma participó en la octava edición de la Marcha Solidaria “Corre con Galbán” que se celebró, de forma simultánea, el pasado mes de febrero en los 78 concejos asturianos.

Empatía y receptividad

Su participación en la carrera solidaria para lograr recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil fue algo más que un gesto. Fue su forma de mostrar su empatía y receptividad a una reclamación que, menos de un mes después, se ha visto reflejada en el anuncio de la entrada en funcionamiento del servicio de cuidados paliativos con horario ininterrumpido.

Su objetivo es garantizar una asistencia integral, humana y permanente a menores con enfermedades de alta complejidad y a sus familias, que necesitan acompañamiento clínico y emocional continuo.

Acompañamiento clínico y emocional

Esta unidad del HUCA es el dispositivo de referencia en este campo para toda Asturias y actualmente asiste a cerca de 60 menores con enfermedades crónicas complejas o necesidades paliativas.

Hasta ahora, la atención se prestaba en horario de mañana. El paso a un servicio disponible las 24 horas para ofrecer acompañamiento clínico y emocional supone un avance clave para las familias.

Esta unidad del HUCA es el dispositivo de referencia en este campo para toda Asturias y asiste a cerca de 60 menores con enfermedades crónicas complejas o necesidades paliativas. Actualmente solo estaba abierto por las mañanas

“Esta medida se alinea con los objetivos recogidos en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Principado de Asturias 2023–2030 y contribuye a mejorar la continuidad de los cuidados, evitar ingresos y favorecer la asistencia en el domicilio”, aseguran desde el Gobierno asturiano.

Guardias telefónicas y presenciales

Este nuevo recurso tan demandado por las familias se organizará mediante guardias localizadas de pediatras con formación específica en cuidados paliativos. La atención será preferentemente telefónica o por videollamada, lo que permitirá resolver dudas, ajustar tratamientos y coordinar recursos asistenciales.

“En situaciones de especial complejidad clínica o emocional, como los procesos de final de la vida, se podrá activar una guardia presencial, con pediatra y personal de enfermería especializada, que se desplazarán al domicilio correspondiente y puedan acompañar a las familias”, garantizan desde Salud.

Resolver dudas

El servicio está disponible tanto para las familias de menores incluidos en la unidad como para profesionales que atienden a estos pacientes en diferentes recursos, como el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), las urgencias hospitalarias y otros equipos que precisen apoyo o coordinación asistencial. De este modo, se refuerza la colaboración entre diferentes estructuras y se robustece la respuesta en situaciones críticas.

Las funciones del nuevo dispositivo incluyen la resolución de dudas clínicas, el control sintomático, la valoración telemática de urgencias, la coordinación con emergencias y el acompañamiento emocional a las familias. También permitirá certificar fallecimientos o coordinar, si procede, procesos de donación.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha recogido el guante lanzado por el coordinador regional de Izquierda Unida (IU), Ovidio Zapico, que forma parte de su Ejecutivo como consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y ha aceptado reunirse con él para abordar las discrepancias internas que mantienen dividido al gobierno regional. La fecha elegida ha sido el próximo lunes, 9 de marzo.

Las divergencias entre los dos socios de gobierno en temas relevantes para la comunidad autónoma como la aprobación de la implantación de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Antonio de Nebrija, en Oviedo y Avilés respectivamente, junto con la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para la instalación de la multinacional Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, han hecho saltar las chispas.

La oposición de IU

Los socialistas dieron el visto bueno a ambos proyectos, mientras que el consejero de IU votó en contra y mostró su rechazo cuando se analizaron ambos temas en el Consejo de Gobierno. Una situación que traspasó en algunos momentos la fina línea de la simple división de opiniones al transcender públicamente por las declaraciones ofrecidas por Ovidio Zapico en las que indicaba que su grupo político estudiaría la interposición de un recurso contra la llegada de las universidades privadas al Principado.

La dirección de IU de Asturias acordó la pasada semana solicitar un encuentro urgente con el jefe del Ejecutivo para abordar la situación abierta en el seno del Gobierno de coalición ante la “gravedad” de la decisión de abrir la puerta a la implantación de universidades privadas en Asturias y la consideración de proyecto estratégico para la puesta en marcha de un hipermercado de la multinacional Costco.

Una vía de “coordinación”

La comisión colegiada de la coalición reclamó que se celebre ese encuentro “como una vía de coordinación” entre los partidos que sustentan al Gobierno ante el nuevo escenario abierto para el impulso a los centros académicos privados y a la gran superficie comercial.

“Precisamente cerramos hoy la fecha, todavía estamos ajustando la hora, pero va a ser el lunes 9 (de marzo)”, ha informado Barbón, a preguntas de los periodistas durante una visita a Avilés.