Hubo un tiempo en que los presidentes autonómicos viajaban a Moncloa para negociar en nombre de su tierra. Discutían con el Gobierno central, presionaban a sus propios partidos y defendían los intereses de sus ciudadanas y ciudadanos, aunque eso les costara algún disgusto en la dirección nacional. Hoy los barones populares han invertido el orden de prioridades. En nuestra Región, López Miras consulta el argumentario de Ayuso y Feijóo antes de preguntarse por las necesidades de la Comunidad que dice gobernar.

Aunque podría hacerlo de forma más constructiva, el Partido Popular puede permitirse hacer oposición al Gobierno del Estado desde el Congreso. De hecho, es su papel. Lo que resulta más difícil de entender es que esa misma lógica se traslade al Gobierno regional. Una comunidad autónoma se gobierna tomando decisiones, no llevando siempre la contraria a los gobiernos que son de otro signo político. Cuando el “no” se convierte en el único proyecto político, se renuncia a gobernar para la ciudadanía que te ha elegido.

Las últimas polémicas sobre la financiación adicional o de la dependencia son solo un ejemplo más de este desnorte político. La Región lleva años denunciando, con razón, que es una de las comunidades peor financiadas del Estado. Sin embargo, cuando se plantea una medida que supondría casi 1.200 millones de euros adicionales cada año, el Gobierno regional ni siquiera intenta mejorarla. Simplemente la rechaza. Poco importa que hace apenas dos años el propio Ejecutivo regional defendiera un déficit asimétrico para las comunidades infrafinanciadas; hoy no duda en defender exactamente lo contrario. No es que haya cambiado algo en la Región, es que el PP ha decidido que los beneficios que traería esa financiación adicional no compensan todos los titulares que pueden hacer en su contra. Lo que importa es el relato.

Dejarnos sin dinero para financiar las cuentas deficitarias y exiguas de nuestra Región es un problema. Sin embargo, este forma parte de uno más profundo: hace tiempo que nuestra clase política abandonó tener un proyecto de Región. San Esteban ya no es la sede del Gobierno regional, es la sucursal de Génova en la Región. Quizá, por tanto, deberíamos dejar de estar tan preocupados por estar infrafinanciados, y poner sobre la mesa que la ciudadanía de esta Región no tiene quien la represente.

El Gobierno de Asturias quiere retomar los controles poblacionales del lobo el próximo mes de septiembre, al contar ya con “garantías jurídicas”. Es la previsión que maneja el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos Líndez, que este martes ha comparecido en rueda de prensa junto al director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, para anunciar que el Ejecutivo autonómico ha aprobado el decreto que modifica el II Plan de Gestión del Lobo.

El anuncio ha sido duramente criticado por el portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, Fructuoso Pontigo, 'Fruti', quien ha señalado que, con esta revisión, el Principado quiere seguir “intentando saltarse la ley y continuar con las matanzas indiscriminadas”.

Anulado por el Tribunal Supremo

El Principado se ha visto obligado a modificar el II Plan de Gestión del Lobo después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara, el pasado mes de febrero, el programa anual de control del lobo aprobado por el Gobierno asturiano en 2022.

El alto tribunal estimó así el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), que inicialmente había sido desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Una vez más, demostramos con hechos, y no solo con palabras, nuestro compromiso rotundo con el sector ganadero. Queremos hacer posible la coexistencia de la actividad en el medio rural con la fauna salvaje, y ello pasa forzosamente por el control de la población de lobos con plenas garantías jurídicas

Marcelino Marcos Líndez — Consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias

La modificación del plan

Marcelino Marcos ha asegurado que actualmente ya se dispone de “garantías jurídicas”, una vez aprobado el decreto que modifica el plan para seguir adelante con las batidas de lobos.

“Una vez más, demostramos con hechos, y no solo con palabras, nuestro compromiso rotundo con el sector ganadero. Queremos hacer posible la coexistencia de la actividad en el medio rural con la fauna salvaje, y ello pasa forzosamente por el control de la población de lobos con plenas garantías jurídicas”, ha asegurado el consejero.

El consejero ha explicado que la revisión del decreto responde a la necesidad de mejorar la seguridad jurídica. Por una parte, se debe a los cambios normativos ocurridos los últimos años y, por otro, a la sentencia del Tribunal Supremo.

La inclusión en el LESPRE

En 2021, la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) limitó las actuaciones de control previstas en el plan autonómico y posteriormente, un cambio legal (vinculado a la Ley 1/2025) revirtió esta situación y permitió recuperar la capacidad de gestión por parte de las comunidades autónomas.

El nuevo decreto también tiene en cuenta la sentencia del Supremo que declaró la nulidad sobrevenida del artículo 7.5.a del II Plan del Lobo relacionado con los métodos de control de población de lobos. 

Los siguientes pasos

Una vez aprobado el decreto, el paso siguiente será su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y, a partir de ahí, la tramitación del nuevo programa de control.

“El que estaba en marcha, y que fue suspendido a raíz de la sentencia del Supremo, preveía la eliminación de 53 ejemplares. Durante su vigencia fueron abatidos 31 y otros 13 aparecieron muertos, con lo que el grado de ejecución alcanzó el 83%”, según los datos aportados en la rueda de prensa.

Cincuenta manadas

El Gobierno de Asturias ha constatado un aumento del 11% de la población de lobos, que alcanzó en 2025 las 50 manadas, de las cuales 46 son reproductoras.

Además, según ha especificado, en función de los indicios detectados, se está evaluando la posible existencia de otros cinco grupos, que podrían ser nuevos o pertenecer a uno de los ya existentes. 

El actual censo crece en cinco manadas respecto al anterior, en el que se habían contabilizado 45.

Las declaraciones del responsable de Medio Rural y Política Agraria han sido contestadas desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies que pronostica que esta nueva modificación del decreto también volverá a ser tumbada por los tribunales, aunque en el interín, calcula que “el Principado matará otras decenas de lobos sin control”.

'Fruti': “Las matanzas son ilegales”

Fructuoso Pontigo sostiene que estas batidas, que él denomina directamente “matanzas”, son ilegales: “incluyendo en las matanzas a los cazadores, a pesar de que el lobo no es una especie cinegética. Matanzas que en gran parte han sido contra cachorros en un ejemplo de la falta de selectividad, porque disparan a todo lo que ven, sin importar sexo, edad, o papel en la manada”, ratifica.

'Fruti' se remite a la parte de la sentencia del alto tribunal donde se refiere específicamente a esa selección.

Muerte de ejemplares “selectiva”

“La sentencia también dice que la extracción o muerte de ejemplares debe ser selectiva, por lo que no es posible permitir que se aplique de forma indiscriminada a un determinado número de individuos sin otra concreción, dado que la muerte de determinados ejemplares de la manada puede ser particularmente perjudicial”, mantiene.

La Coordinadora incide en que está demostrado científicamente que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería,sino que “por el contrario, los incrementa”, remarca. 

La relación con el ganado

“En los años en que el lobo estuvo incluido en el LESPRE y no hubo controles de población los daños al ganado disminuyeron los daños en relación con períodos anteriores”, advierte.

Los ecologistas recalcan que el lobo es una especie en recuperación, que estuvo a punto de extinguirse y aunque haya aumentado su población sigue siendo una especie amenazada que requiere protección.

“Azuzar el odio al lobo como chivo expiatorio es una estratagema para desviar la atención respecto a los verdaderos problemas de la ganadería asturiana, que se relacionan con el escaso precio de la carne y la leche, el aumento de los costes directos y la lentitud de la administración para abonar los daños causados por la fauna”, matiza.

Las reivindicaciones

Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies reclaman medidas de gestión que atiendan al bienestar de la ganadería extensiva, pero también a la conservación de la biodiversidad.

“Reivindicamos la función fundamental del lobo en el control de ungulados salvajes y la restauración del equilibrio ecológico”, reitera el portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes en Oviedo/Uviéu la “sostenibilidad” del Gobierno “hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene”, ha puntualizado.

Cuerpo ha respondido en estos términos al ser preguntado por los periodistas sobre si el Ejecutivo es sostenible o si son necesarias unas elecciones.

La gestión del Ejecutivo

El vicepresidente primero ha dicho que “los datos hablan por sí mismos” porque el Gobierno ha sacado adelante más del 85% de las votaciones celebradas en el Congreso, donde además ha aprobado 68 normas.

Cuerpo también se ha referido a la gestión del Ejecutivo y a los resultados que ha tenido en materia de crecimiento, de creación de empleo, de reducción de la desigualdad, o de mejora del poder adquisitivo, asuntos que a su juicio “hablan por sí mismos en cuanto a la sostenibilidad de este Gobierno hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía se encuentra este viernes en Oviedo/Uviéu para participar en la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

El Gobierno de Asturias sigue con “enorme preocupación” las noticias procedentes de Venezuela donde dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han arrojado un balance provisional de 164 personas fallecidas, un millar de heridos y cerca de diez mil desaparecidos, según las cifras oficiales facilitadas a las tres de la tarde de este jueves.

No obstante, se prevé que la catástrofe será aún mayor, a tenor de las previsiones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que estima que los terremotos podrían dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

La solidaridad y el cariño

En Venezuela residen actualmente más de 4.000 asturianos, de los que el Principado está “muy pendiente”, al igual que de la comunidad de venezolanos que vive en Asturias.

El propio presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha mostrado su apoyo al país sudamericano en estos difíciles momentos a través de su perfil oficial en redes sociales. A continuación reproducimos su mensaje en X.

“Enorme preocupación por el terremoto en Venezuela y por las personas afectadas. Muy pendientes, además, de la colonia asturiana, tan numerosa, a la que trasladamos todo nuestro cariño. También a la colonia venezolana en Asturias. Nuestro corazón está con Venezuela y su gente. Nuestro corazón está con Venezuela y su gente”, asegura en este mensaje.

La colaboración

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien ha anunciado que desde el Gobierno regional han logrado contactar con alguno de los asturianos residentes en Venezuela, quienes les han trasladado la difícil situación que están viviendo.

El Ejecutivo autonómico también está en permanente contacto con el Gobierno central para hacer un seguimiento de la situación y colaborar “en todo lo posible”, según ha corroborado Llamedo.

Movilización de ayuda

El Gobierno del Principado moviliza ayudas a la población asturiana en Venezuela de manera ordinaria, según ha recordado la vicepresidenta a los periodistas.

Cuatro nietas de emigrantes asturianos de Venezuela se enteraron de los dos terremotos que se han registrado en el país sudamericano durante su visita al Principado, donde están participando en el programa 'Orígenes'.

Teléfonos habilitados

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado también su “plena solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela”.

Para facilitar noticias sobre la situación de los familiares en Venezuela, se han habilitado los siguientes números de teléfono: +34 91 000 1249 y +58 424-2090264 y se ha pedido que se sigan a través de las redes sociales las posibles novedades que puedan ir exponiendo tanto la Embajada de Venezuela en España como el Consulado español en Caracas.

En Venezuela residen 150.000 españoles, muchos descendientes de emigrantes españoles y con doble nacionalidad; y en España reside una importante comunidad venezolana, cercana a las 400.000 personas.

'Doblete sísmico'

Según los datos del Servicio Geológico de EEUU, el primer terremoto fue de una magnitud de 7,2, y su epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de Caracas. El seísmo tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

El USGS informó de un terremoto aún más fuerte, de magnitud 7,5, apenas un minuto después. El segundo seísmo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha calificado el discurso de este jueves del presidente de la Región, Fernando López Miras, en el debate sobre el estado de la Región, como “un hatajo de mentiras y datos manipulados y un refrito de promesas incumplidas que el PP saca a pasear cada año”. “Hoy no hemos visto a un presidente serio y responsable como merece esta tierra, hoy ha venido a la Asamblea Fernando el del Bombo, el de los anuncios, las promesas electorales. Un presidente en campaña. El rey del bulo”, ha denunciado.

La diputada ha señalado que el Plan Climatiza contra el calor en las aulas anunciado por el jefe del Ejecutivo es “un copia y pega” del Plan de Eficiencia Energética que ya anunció en 2020 “y que no se ha cumplido”. Otro ejemplo, ha explicado Marín, es el Plan Oncológico de la Región, algo que también anunció el año pasado y que tampoco ha llegado. “Y todo mientras crecen las denuncias por irregularidades en el cribado del cáncer de mama o de colon”, ha subrayado.

“Pero más que las mentiras de López Miras, nos preocupan sus silencios”, ha esgrimido Marín. “No ha dicho ni una palabra ni ha dado ninguna explicación sobre la trama de las prótesis y la corrupción que desborda el Servicio Murciano de Salud”. La portavoz morada ha destacado asimismo el silencio sobre las cesiones del PP a la ultraderecha “que ya ha firmado para aprobar los presupuestos de este año: racismo, homofobia y negacionismo climático, que han sido durante esta legislatura los verdaderos ejes de la política de este Gobierno”.

Marín se ha referido en última instancia a la “verdadera Región”, la que está “ahí fuera”: los trabajadores del metal “que hoy se han concentrado a la puerta de la patronal para reclamar un convenio y salarios dignos; cuatro de cada diez trabajadores que en esta Región son pobres”; los niños y niñas “a más de 30 grados en las aulas”; las educadoras infantiles “que cobran 1.000€ y que tienen ratios de más de 20 niños y niñas”; o las “más de mil personas que mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia”. “Estas cuestiones son de su competencia. Esta es la Región a la que López Miras le da la espalda. Es la Región que Podemos-IU va a traer mañana a esta Cámara”.

Un discurso “plagado de anuncios que no pasan de esa fase”

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, se ha referido al discurso de López Miras como “más electoralista que de análisis de la gestión realizada en este año” y “plagado” de anuncios “cuya mayor parte no pasa de esta fase”, algunos de ellos “repetidos de discursos anteriores”. Este es el caso, ha proseguido el parlamentario, de “las infraestructuras del desdoblamiento de la vía de alta capacidad de Mazarrón o la carretera de acceso a Altorreal” y del plan de choque “para reducir las listas de espera sanitarias, que no se reducen y sí engordan la inversión en concertación sanitaria”.

“Otros anuncios no son sencillamente creíbles”, ha proseguido Álvarez-Castellanos. En el contexto del Plan Climatiza, el PP “ha votado en contra” de todas las mociones presentadas en la Asamblea para impulsar la climatización de los centros educativos. “El Gobierno regional ha ejecutado apenas un 6% del presupuesto de 2025 destinado a la climatización cuando contaba con el 95% del mismo cofinanciado por la UE”, ha evidenciado.

Lo más “preocupante”, a juicio del diputado de IU, es que López Miras “no ha dedicado ni una frase a analizar las causas de las tremendas desigualdades derivadas del mal reparto de la riqueza” en la Región. “Nada sobre la pobreza, trabajadores pobres, salarios bajos, pensiones bajas o causas de exclusión en el acceso a la vivienda”. “Y, por supuesto, nada sobre el fraude que afecta al Servicio Murciano de Salud. Podría haber aprovechado para explicar por qué cesó al anterior consejero de Salud, el señor Juan José Pedreño”, ha concluido.

Conocer desde dentro los procesos de producción, tecnologías, materiales y dinámicas laborales de las empresas es una experiencia que, además de innovadora, facilita al alumnado de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (Esapa) acercarse a la industria asturiana, verla con otra mirada y pergeñar sus propias propuestas para ofrecer cuáles serían sus alternativas de mejora continua.

Este es el ambicioso reto que se propone en Territorio Productivo, una iniciativa que se enmarca en el programa de difusión de la I+D+i del Principado de Asturias y cuenta con el respaldo de la Consejería de Ciencia, Empresa y Empleo de la que es titular Borja Sánchez.

De las aulas a la fábrica

La propuesta fue muy bien acogida en la ESAPA. El profesorado expuso en las aulas el proyecto, impulsado por elDiario.es Asturias, y un grupo de estudiantes de tercer y cuarto curso de Diseño de Producto y Diseño Gráfico se apuntó de forma voluntaria, ya que se realiza fuera del horario académico.

Esta semana visitaron las instalaciones de las empresas Iquord, Fundación Idonial y Alusín Solar, en Avilés, donde han podido adentrarse en los entresijos de sus procesos de producción, escuchar a través de sus directivos cómo fueron sus inicios, sus objetivos y conocer cómo afrontan su futuro.

Las visitas se desarrollaron los días 22 y 23 de junio. El lunes, conocieron Iquord y la Fundación Idonial y el martes los estudiantes se desplazaron, junto a su profesora de Diseño de Producto Cristina Fleta, hasta las instalaciones de Alusín Solar, ubicada en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA).

La especialidad de Iquord

David Gutiérrez, Managing Director de la compañía Iquord, explicó que la especialidad de la empresa es la construcción modular que “puede aportar múltiples ventajas a este sector”.

Por citar algunos de ellos, destacó los siguientes: “Recorte de plazos de entrega (mientras se están tramitando licencias, los módulos pueden estar construyéndose); reducción de tiempos en puesta en marcha, ya que el nivel de pruebas del que pueden salir de fábrica evita tener problemas en destino; espacio al estar preparados para trabajar en exterior, portabilidad, escalabilidad y flexibilidad”.

David Gutiérrez resaltó igualmente que “es importante la fabricación con exactitud y la creatividad para resolver retos cuando alguna pieza no encaja”.

Diseño y fabricación

Alusín Solar cumple este año su 16 aniversario como especialista en diseño y fabricación de estructuras para paneles solares. Está presente en 32 países y tres continentes y su plantilla está integrada por 54 profesionales.

Es la primera empresa nacional que fabrica pasillos técnicos de seguridad para caminar por cubiertas industriales, lo que facilita andar por ellas sin miedo a sufrir un accidente.

Una idea “innovadora y llamativa”

Su director general es Javier Fernández-Font, quien se ha implicado personalmente en este proyecto al considerar que se trata de “una idea realmente innovadora, diferente y llamativa” y se encargó él mismo de ofrecer todas las explicaciones sobre el proceso productivo.

Los estudiantes no respondían al perfil habitual al que están acostumbrados a ver en sus instalaciones, de ahí que el director general se mostrara especialmente ilusionado por transmitirles toda la información necesaria sobre la empresa y responder a sus preguntas.

Un perfil diferente

El director general de Alusín Solar destaca especialmente el hecho de que alumnado y profesorado, ajeno a este sector, pueda conocer de su mano todo el proceso productivo.

“Es una idea realmente innovadora, diferente y llamativa. Normalmente recibimos a clientes en fábrica. Nunca recibimos este perfil de visitas. Me ha hecho mucha ilusión ver a gente que no tiene absolutamente nada que ver ni con la energía, ni con el metal y poder enseñarles aunque sea un granito de arena de lo que hacemos”, explica a elDiario.es Asturias.

Javier Fernández-Font Pérez, que suma a su cargo de director general en la empresa el de vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asegura que si algo caracteriza a su empresa es que no se dedica a la venta por catálogo, sino que se sumerge desde el principio en el proyecto con el cliente y luego incorpora toda la cadena de valor, de forma que ellos hacen todo el diseño, la fabricación y también el montaje.

La experiencia del alumnado

Diego Sierra y María García son dos estudiantes que se sumaron a estas visitas, tras escuchar la propuesta en clase. Diego terminó cuarto curso de Diseño de Productos y este miércoles presentaba su Trabajo Fin de Carrera (TFC), mientras que María cursa segundo de Diseño Gráfico. Ambos se mostraban muy interesados en la iniciativa.

“Me parece una propuesta interesante porque puede generar una nueva perspectiva de trabajo. También sirve para tener un contacto real con la empresa y ver qué puede salir de aquí. Todo lo que se ve prácticamente está diseñado por alguien, quizá por un diseñador de producto. Lo más habitual y relacionado con el diseño suelen ser las sillas, las lámparas.., es decir, la gente tiene la perspectiva de objetos muy de diseño de galerías, pero la idea pasa por los procesos de fabricación hasta que llega al usuario final. Pueden ser esos productos más domésticos o pueden ser productos más industriales”, comenta Diego.

El futuro laboral

Actualmente su foco lo tiene puesto en intentar patentar su TFG y ya contactó con La Curtidora que le avaló el proyecto para participar en el Clinic de Jóvenes emprendedores, ya que él particularmente ve difícil asumir los 2.000 euros de coste solo del registro, ya que no dispone de un salario, aunque la visita le sirve para ampliar conocimientos: “no le cierro puertas a nada”, afirma sobre su futuro laboral.

María proviene del mundo de la escultura y se matriculó en diseño gráfico para ampliar las posibilidades laborales. En su caso, le llama la atención la maquinaria y considera que es “muy interesante pensar cómo aplicar el diseño gráfico a este tipo de campos”, ratifica.

Esta estudiante no descarta preparar algo colaborativo con la parte de producto. Es una de las ideas que barajaba ayer durante la visita: “Igual nosotros a través del diseño gráfico podemos hacer más visual la propuesta de los compañeros que diseñan un producto”, sopesa.

Ana Isabel Menéndez y Carlos Vega García, de Líderes Comunicación Estratégica, acompañaron al estudiantado, al profesorado y a los participantes en su recorrido por las instalaciones de las empresas adscritas a Territorio Productivo.

Además, les animaron a compartir experiencias, a través de una escucha bidireccional para conectar el mundo industrial con otros sectores (cultural, creativo...).

Acercar la ciencia a la sociedad

Otra empresa que desde un principio se sumó a esta iniciativa es Idonial, que está muy comprometida con acercar la ciencia a la sociedad.

Elena Mielgo es la responsable de Comunicación de Idonial y reitera el compromiso que mantiene con las disciplinas STEAM. Considera que este proyecto tiene una finalidad positiva para la sociedad en general: “tanto para que los jóvenes puedan ver qué posibilidades a futuro hay en ciencia y tecnología en Asturias, como para enriquecer estas ramas relacionadas con el arte y la fotografía, entre otras disciplinas que no están en nuestro día a día”.

La motivación

Una forma de motivar a los jóvenes para que no sientan una desconexión entre ciencia y futuro es abrirles la oportunidad de ir a conocerles y ver cómo trabajan en Idonial: “podrían ver que aquí realizamos investigación aplicada, que buscamos soluciones reales para sectores industriales, como el de la energía, la defensa, la salud y otros, en los que la persona está siempre en el centro”, subraya.

Idonial es el mayor centro tecnológico de Asturias y actúa como la bisagra necesaria entre la investigación básica de la universidad y la realidad tangible de la fábrica.

Su cometido es rediseñar la industria mediante la integración de materiales inteligentes, procesos avanzados de fabricación, tecnologías digitales y sobre todo las personas que lo hacen posible.

Los proyectos

Actualmente trabajan en proyectos de impacto como la fabricación aditiva o impresión 3D de modelos anatómicos para cirujanos, y la bioimpresión de tejidos. También desarrollan aleaciones metálicas especiales para poder trabajar en condiciones de muy alta temperatura y, yendo un paso más allá, funcionalizan las superficies de componentes metálicos, en ambos casos con aplicaciones duales, tanto para sectores como la energía y la defensa, por un lado, como para la fabricación de obra civil por otro.

Otro ejemplo de desarrollo es el gemelo digital humano que, según comenta Elena Mielgo, monitoriza la fatiga física del operario para proteger su salud mientras trabaja con robots autónomos.

Descarbonización y economía circular

En todos los casos se enfrentan a retos actuales como la descarbonización, que la tratan de forma transversal en todos los proyectos, y la economía circular.

“Para nosotros la innovación es tecnología y talento. Por eso desarrollamos iniciativas que certifican la formación técnica a pie de máquina para asegurar que la tecnología va a ser capaz de aumentar las capacidades humanas en la denominada Industria 5.0.”, señala la responsable de Comunicación de Idonial.

La contribución al desarrollo industrial

La empresa aporta valor a una cartera de más de 900 usuarios. La mayor parte de ellos son pymes a las que ayudan a ser más competitivos de diferentes maneras, por ejemplo, haciendo que sus procesos productivos sean más eficientes, transformando los subproductos para convertirlos en materias primas y que vuelvan a entrar en el ciclo o, por ejemplo, ayudándoles a sostener los costes de digitalización.

“Nuestra contribución al desarrollo industrial se materializa a través de la transferencia de conocimiento real, no solamente a través de patentes, sino también facilitando o colaborando en la integración de talento joven al tejido productivo tras un tiempo de formación con nosotros”, corrobora Elena Mielgo.

“Para Idonial ser referente significa que la excelencia es una exigencia y que el motor está en las personas que forman nuestro equipo”, certifica.

El Gobierno asturiano ha escuchado la petición de los representantes municipales y de la Asociación de Ganaderos de Mieres para que les apoyara con alguna solución que les permita ver algo de luz en el contencioso que mantienen con León tras la resolución judicial que les impide subir a más de 1.500 cabezas de ganado al Puerto de Pinos, situado en el término municipal leonés de San Emiliano.

El consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, les ha ofrecido como alternativa que las reses puedan pastar en 450 hectáreas repartidas entre dos montes de propiedad autonómica ubicados en los municipios de Oviedo/Uviéu y Quirós.

Marcelino Marcos así se lo ha trasladado en la reunión que mantuvo ayer, martes, con el alcalde y el concejal de Medio Rural y Ganadería de Mieres, Manuel Ángel Álvarez y Luis Ángel Vázquez, respectivamente, y con el secretario regional de COAG Asturias y presidente de los ganaderos de Puerto de Pinos David Pérez. Al encuentro asistió también el director general de Gestión Forestal Javier Vigil.

Compensar la carencia de pastos

El consejero pidió a los asistentes que valorasen si estos dos pastizales son susceptibles de aprovechamiento para compensar la carencia de pastos para sus rebaños, al igual que también se deberá estudiar si esta medida puede generar un conflicto con otros ganaderos.

El titular de Medio Rural del Principado ha ofrecido “la máxima colaboración” del Principado a los representantes municipales en los pasos que vayan a dar por la vía jurídica.

Mieres sigue batallando

Marcelino Marcos ha asegurado que esta fórmula permitirá dar una solución a un problema “urgente” derivado de una situación “no deseada” en cuya resolución está trabajando el Ayuntamiento de Mieres, propietario de los terrenos ubicados en el término municipal de San Emiliano, en Babia (León).

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo/Uviéu dictó un auto de ejecución forzosa por el que se impide la subida del ganado asturiano al Puerto de Pinos y se advierte al Ayuntamiento de Mieres de que puede incurrir en responsabilidades penales por acción u omisión si desobedece el mandato judicial.

El consistorio recurrió el auto judicial tras sostener que ha paralizado desde hace dos años las concesiones de pastos en cumplimiento de una sentencia de hace dos años de este mismo juzgado.

La conflictividad en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo/Uviéu, ha superado la capacidad de aguante de los trabajadores y de la administración autonómica que ha decidido intervenir y tomar las riendas de la gestión ante la gravedad de los últimos incidentes registrados en la noche del pasado domingo.

Ocho menores protagonizaron un altercado que se ha saldado con un balance de cuatro trabajadores heridos, de los que tres tuvieron que ser atendidos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y numerosos destrozos en el mobiliario en un episodio de violencia que no es aislado.

Justicia toma las riendas

Esta misma mañana, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha anunciado que la gestión del centro pasará a depender directamente de la Viceconsejería de Justicia y se va a crear un grupo de dirección que se encargará de la organización cotidiana de este equipamiento.

El consejero ha realizado estas manifestaciones a la entrada de la reunión de la comisión mixta bilateral entre el Principado y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y posteriormente ha dado trasladado de esta decisión a la opinión pública a través de su perfil oficial en la red social X.

En este grupo estarán la viceconsejera Encarnación Vicente, el jefe de servicio de Justicia del Menor y otra trabajadora de este órgano, además de la directora de Sograndio, los tres coordinadores socioeducativos del equipamiento, el coordinador de seguridad y el responsable de mantenimiento.

“Este grupo se reunirá una vez a la semana para tratar sobre el día a día del centro y se tomarán las decisiones oportunas bajo el mando directo de la viceconsejera”, ha explicado Peláez.

El Gobierno mantiene a la directora

El Gobierno asturiano no solo no se ha planteado cesar a la directora del centro, la educadora Aida Rodrigo Norniella, como solicitan los representantes de los trabajadores, sino que formará parte de ese grupo de dirección.

Aida Rodrigo Norniella fue nombrada para el cargo en junio de 2025 tras la dimisión, dos meses antes, de María José Álvarez, cuya gestión había sido cuestionada en un informe por supuestas “disfunciones”.

Una “intensa ocupación”

La consejería puso en marcha en 2025 una estrategia de reforma integral del centro que supuso la contratación de 12 nuevos socioeducadores y un responsable de mantenimiento, así como la renovación del contrato de seguridad, que pasó de una dotación económica de 1,5 a 2,5 millones.

Peláez ha afirmado que el centro se encuentra eventualmente bajo una intensa ocupación y con un alto número de internos que son ya mayores de edad.

“Ante esta situación, solicitaremos que se revise el régimen al que están sujetos estos internos, aunque es una decisión que le corresponde a la jueza, dentro del marco legal”, ha avanzado.

Las necesidades

Por su parte, los trabajadores consideran que esta intervención no será una medida suficiente por sí sola.

Los profesionales apuntan a la escasez de la plantila actual, los problemas de organización, la falta de recursos, la ausencia de protocolos de actuación “claros”, un proyecto educativo sólido orientado a la reinserción de los menores y el cumplimiento efectivo de las condiciones recogidas en el contrato de la empresa de seguridad.

El Gobierno del Principado ha publicado este lunes dos nuevas instrucciones que endurecen los requisitos exigidos a las empresas para la transmisión de derechos mineros y para la concesión de proyectos de investigación en una explotación.

Las nuevas normas, elaboradas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo tras el informe realizado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente de la mina de Zarréu en el que fallecieron cinco trabajadores en marzo de 2025, tienen como objetivo reforzar los controles administrativos y dotar de mayor claridad a la tramitación de los expedientes vinculados a esta actividad.

Criterios más precisos

Una instrucción regula la transmisión de derechos mineros derivados de concesiones de explotación para establecer criterios más precisos y reforzar la obligación de que la empresa adquirente acredite su capacidad legal, así como su solvencia técnica y económica.

Además, concreta la documentación exigida y amplía el control a operaciones mercantiles, como fusiones, absorciones, escisiones o adquisiciones, que supongan un cambio efectivo en el control de la concesión.

La solvencia

La empresa adquiriente deberá acreditar su solvencia económica y financiera, demostrando que posee los recursos financieros suficientes y la capacidad económica necesaria para ejecutar el proyecto de explotación y su plan de restauración, conforme al programa de trabajos, garantizar la inversión y cumplir con las obligaciones legales, ambientales y de seguridad industrial. 

Podrá acreditar la solvencia a través de su volumen anual de negocios o de su patrimonio neto y, cuando la autoridad minera considere que no es racionalmente viable su programa de financiación, podrá exigir una fianza del 10 % de la inversión prevista para el primer año.

Los adquirentes deberán, además, acreditar su solvencia técnica, demostrando que cuentan con la capacidad profesional, experiencia y medios materiales suficientes para ejecutar el proyecto de explotación y su plan de restauración de manera segura y eficiente.

Permisos de investigación

La segunda instrucción ordena la tramitación de los proyectos de investigación en concesiones ya otorgadas y distingue entre los casos en los que existe un proyecto general de explotación vigente y aquellos en los que no.

Si la concesión ya dispone de este proyecto, las actuaciones de investigación deberán integrarse en el plan de labores.

La tramitación

En cambio, cuando no exista dicho proyecto y la actuación no implique extracción de mineral más allá de catas, sondeos u otros trabajos de similar intensidad, la tramitación se realizará como un permiso de investigación, con su correspondiente documentación técnica, información pública e informes sectoriales.

Por el contrario, si la solicitud contempla una extracción de mayor entidad, deberá tramitarse como un proyecto general de explotación, con todas las garantías propias de este tipo de procedimientos.

Servicio de Seguridad Minera

Junto a estas decisiones, el Gobierno del Principado ha aprobado la segunda modificación del decreto de estructura orgánica básica de la consejería con el fin de reforzar la organización del área minera, cuya principal novedad es la recuperación del Servicio de Seguridad Minera dentro de la Dirección General de Energía y Minería.

Este nuevo servicio asumirá competencias en materia de seguridad y salubridad en explotaciones mineras y establecimientos de beneficio, además de funciones de inspección, control, supervisión y, en su caso, sanción.

También será responsable de la certificación de aptitud en determinadas profesiones, la coordinación de programas de formación en seguridad minera y la elaboración de los planes generales de inspección.

Relevo en Minas

Estos cambios coinciden con el nombramiento de María Elena Colunga como nueva jefa del Servicio de Minas, tras la jubilación de su antecesor.

Nacida en Oviedo en 1965, es ingeniera de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo y funcionaria de carrera tanto de la Xunta de Galicia como de la Junta de Castilla y León.

Inició su trayectoria en la administración en 1994 y, tras desempeñar distintos puestos en la Junta de Castilla y León y en la Sección de Minas de León, se incorporó a la administración del Principado en 2002.

Desde diciembre de 2008, ocupaba la jefatura del actual Servicio de Política Industrial de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. 

La política en la Región de Murcia está viviendo en este mes de mayo una sacudida detrás de otra. El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado las ondas del terremoto que hacen temblar los centros de poder de la Región para realizar un cambio de Gobierno, tal y como hizo a finales de la legislatura anterior. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, abandonan sus responsabilidades y son sustituidos por Joaquín Buendía, por el momento gerente de Esamur y exalcalde de Alcantarilla, e Isabel Ayala Vigueras, hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud, respectivamente. La portavocía la asumirá la hasta ahora consejera de Empresa, Marisa López Aragón, desplazando a Marcos Ortuño, quien retiene la consejería de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias y añade Juventud. López Aragón gana el mayor peso político al asumir también la cartera de Economía, Hacienda, Portavocía Fondos europeos y transformación digital, anteriormente en manos de Luis Alberto Marín, quien se hace cargo de Empresa, Empleo y Economía Social, en lo que supone un intercambio de áreas.

El presidente murciano ha explicado en su alocución el Palacio de San Esteban que la Región se enfrenta a una “etapa clave” y ha subrayado su disposición a proteger el Mar Menor y la agricultura. López Miras ha vuelto a poner sobre la mesa los “problemas” de financiación de la región y el “déficit histórico de infraestructuras”. Frente al ruido, la confrontación y corrupción nacional, el jefe del Ejecutivo ha defendido la estabilidad. “Gobernar es anticiparse”, ha concluido.

“No ha sido un año corriente”. Con esa frase arrancaba el anuncio de la última remodelación de López Miras hace ya dos años. Tampoco este lo ha sido. El murciano Fernando López Miras ha afrontado este jueves una nueva remodelación de su gabinete. Y lo ha hecho en un momento de especial presión política marcado por las crisis institucionales, la inestabilidad en el equilibrio municipal de ayuntamientos como el Cartagena o el desgaste derivado de la gestión de varios frentes judiciales y sanitarios que han tensado la agenda pública en la Región. No en vano, la reestructuración coincide con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

Sara Rubira, consejera de Agricultura, ha sido una de las integrantes del Gobierno regional apartadas por el presidente Fernando López Miras en la remodelación. Su salida se relaciona con el desgaste generado en torno a la gestión de un informe sobre la calidad de los suelos del Campo de Cartagena. Un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por su departamento en 2023 y en el que se detectan concentraciones muy elevadas de metales pesados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. La controversia sobre el tratamiento administrativo del documento, su publicación y las acusaciones de falta de transparencia han intensificado las críticas de la oposición y de colectivos ecologistas, situando la gestión ambiental y agraria en el centro del debate político regional.

Este movimiento de piezas llega dos años después de la última remodelación del Ejecutivo, el 15 de julio de 2024, cuando el presidente Fernando López Miras anunció una nueva composición del Consejo de Gobierno tras la salida de varios consejeros de Vox. Aquella crisis se produjo como consecuencia de la ruptura del partido de Santiago Abascal de los pactos autonómicos a nivel nacional, lo que provocó la salida de José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo del Ejecutivo regional. Tras esa crisis, el PP ha gobernado en solitario en la Región de Murcia, con una estructura de gobierno que ahora afronta su primera reordenación de calado desde entonces.

En aquella remodelación de 2024 se incorporaron Marisa López Aragón como consejera de Empresa, Empleo y Economía Social y Jorge García Montoro, al frente de Fomento e Infraestructuras. Ese ajuste buscó estabilizar el Ejecutivo con perfiles técnicos tras la ruptura de la coalición.

Murcia y Cartagena

A nivel municipal, el tablero también se ha movido con fuerza. En Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo ha logrado desactivar una moción de censura tras la fractura interna de Vox y la retirada de apoyo de exconcejales del partido, en un episodio que ha evidenciado la implosión de la formación en la ciudad portuaria. Y en la capital regional, Murcia ha visto cómo Rebeca Pérez tras el fallecimiento del exalcalde José Ballesta.

En paralelo a la remodelación del Gobierno regional, la crisis interna de Vox en la Región de Murcia se ha traducido también este jueves en la salida de José Ángel Antelo del partido, al que acusa de haber abandonado su papel como alternativa política para convertirse en un proyecto controlado por un reducido núcleo de dirigentes. El hasta ahora diputado regional ha justificado su decisión en lo que considera una deriva interna y en la “falta de coherencia estratégica” de la formación, que, según sostiene, “se ha alejado de sus principios fundacionales y ha perdido cohesión orgánica”.

Antelo sí que ha subrayado que mantendrá el apoyo a aquellas iniciativas que considere “beneficiosas” para la Región de Murcia, especialmente en materias como vivienda, inversiones en infraestructuras o proyectos vinculados al desarrollo regional.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha defendido la validez de los datos de Asturias sobre el lobo que reflejan una situación favorable de conservación en la comunidad y ha reclamado que se respete el procedimiento técnico de evaluación sexenal. El Principado ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sus alegaciones al trámite de información pública abierto con carácter previo al análisis del informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024.

En su escrito, el Gobierno del Principado cuestiona el propio procedimiento impulsado por el ministerio, al considerar que la apertura de una consulta pública sobre este informe carece de encaje en el marco normativo vigente.

Los criterios

La consejería recuerda que el informe sexenal es, por definición, un documento de carácter técnico-administrativo, elaborado a partir de los datos oficiales aportados por las comunidades autónomas conforme a la metodología establecida por el propio ministerio y posteriormente contrastados entre administraciones. Por este motivo, sostiene que su evaluación debe basarse exclusivamente en criterios objetivos de carácter técnico y científico.

Desde esta perspectiva, Asturias entiende que someter el documento a información pública no resulta procedente, ya que desdibuja el proceso técnico de validación de los datos remitidos por las comunidades e introduce aportaciones externas que pueden no estar sustentadas en la metodología ni en el conocimiento especializado que exige la valoración del estado de conservación de la especie.

Los censos

Ese sistema incluye censos periódicos, seguimiento de manadas reproductoras, coordinación técnica con comunidades autónomas limítrofes y una colaboración científica estable con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad.

La información remitida para el periodo 2019-2024 ya evidenciaba esa evolución positiva de la población, según explica el Principado en un comunicado. Es una tendencia que se ha visto reforzada por el censo de 2025, presentado recientemente en el Comité Consultivo del Lobo. Sus resultados confirman la estabilidad poblacional y la continuidad del crecimiento registrado en Asturias durante las últimas décadas.

Un análisis complementario

El documento de alegaciones incorpora también un análisis específico sobre dos cuestiones muy concretas: los incendios forestales registrados en la comunidad el pasado año y las actuaciones desarrolladas en el marco del Programa de Actuaciones de Control 2025-2026.

La consejería señala que ambos elementos son posteriores al periodo de evaluación del sexenio 2019-2024 y, por tanto, no deberían formar parte de la valoración del informe que se remitirá a la Comisión Europea. No obstante, Asturias ha optado por incluir este análisis complementario con el fin de aportar la máxima transparencia y rigor técnico.

Los incendios y el control

Las conclusiones son claras: ni los incendios ni las actuaciones de control han tenido efectos negativos sobre la evolución de la población de lobo en Asturias. Así lo avala el censo de 2025, que mantiene los parámetros poblacionales en niveles compatibles con un estado de conservación favorable.

Junto con las alegaciones, la consejería ha remitido al ministerio documentación técnica adicional que incluye la estimación actualizada de la población —50 manadas, de las cuales 45 son reproductoras en 2025—, un análisis estadístico de la evolución en la última década y un estudio sobre las áreas de campeo de ejemplares radiomarcados así como su relevancia para la gestión de la especie, elaborado en colaboración con el IMIB‑CSIC‑Universidad de Oviedo.

El Gobierno del Principado solicita que todas estas consideraciones sean tenidas en cuenta en la evaluación final del informe sexenal y reclama la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para proceder a su aprobación definitiva antes de su remisión a la Comisión Europea.

El Gobierno del Principado ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Salud Mental, una norma que persigue fortalecer derechos, fomentar la prevención y combatir el estigma, y que, según el Gobierno regional, sitúa Asturias a la vanguardia nacional en participación y atención comunitaria.

“Esta ley es la expresión de un compromiso colectivo. Es la respuesta a un mandato social claro: cuidar más y cuidar mejor. Es una ley que protege, que acompaña y que reconoce la dignidad de todas las personas”, ha valorado la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

En el foco de las políticas públicas

El texto legislativo es el resultado de un trabajo que comenzó al inicio de la legislatura, cuando la salud mental se situó en el foco de las políticas públicas y se abrió el camino para alcanzar un gran consenso social en esta materia.

El acuerdo se materializó el verano pasado mediante la rúbrica, con más un centenar de entidades públicas y privadas, del Pacto por la Salud Mental, el documento que constituye la base ética y política de la nueva norma. Escuchar, comprender y construir desde la realidad de las personas que padecen sufrimiento psicosocial han sido las claves del proceso.

Desinstitucionalización de pacientes

Asturias fue pionera en la reforma psiquiátrica de los años 80 del siglo pasado, cuando apostó por la desinstitucionalización de pacientes y el desarrollo de un modelo de asistencia comunitaria, un enfoque en el que ahora se profundiza.

El proyecto reconoce a las personas con problemas de salud mental capacidad para decidir sobre su vida y sus tratamientos, al tiempo que incorpora derechos específicos, como la voluntariedad de la atención, el plan terapéutico individualizado, la perspectiva de género y la especial protección de la infancia y la adolescencia.

Estrategia frente a la conducta suicida

La nueva ley robustece la promoción y la prevención e incorpora medidas en el ámbito educativo, laboral y local, así como una estrategia específica frente a la conducta suicida. Además, consolida la red de salud mental como sistema organizado, comunitario y coordinado con atención primaria para favorecer la recuperación de las personas y la continuidad de los cuidados.

Una de las grandes novedades que plantea la norma es la creación de una Oficina para la Protección de los Derechos en Salud Mental, que se encargará de comprobar si se respetan los derechos de las personas usuarias de los servicios y recursos de salud mental. También recoge la constitución de nuevos instrumentos de participación y garantía: el Foro de Salud Mental y la Comisión de Salud Mental.

El proceso

A lo largo del mandato se han ido dando pasos, de la mano de asociaciones, entidades, sociedades científicas y el tercer sector para mejorar el bienestar emocional de la población asturiana. Así, en marzo de 2023 se aprobó el Plan de Salud Mental 2023-2030, la hoja de ruta que ha marcado la planificación de medidas y recursos.

Después, a finales de 2024, se constituyó el Foro por la Salud Mental, un órgano asesor para orientar la atención a la ciudadanía desde un enfoque comunitario.Tras la firma del Pacto por la Salud Mental, el verano pasado, la nueva ley viene a poner el broche de todo el proceso.

Niños y niñas de 0 a 3 años permanecen expuestos a temperaturas extremas que este viernes se han movido en una horquilla entre los 33 y 36 grados en el Centro de Alojamiento de Menores 'Los Pilares', ubicado en Oviedo/Uviéu y dependiente del Gobierno del Principado de Asturias.

Pese a su alta vulnerabilidad, la administración autonómica no ha puesto remedio a una situación que ha colocado a bebés y a menores totalmente indefensos en una situación de grave riesgo, según han denunciado representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) e Izquierda Sindical Asturiana (ISA).

Un traslado provisional

Las organizaciones sindicales han comunicado inmediatamente esta situación al Principado y han pedido que los bebés y menores sean trasladados de forma provisional a un espacio seguro mientras se mantengan estas altas temperaturas que se registran en Asturias.

CCOO, CSIF e ISA han advertido a la administración regional del riesgo al que se está exponiendo a los menores. Además, recuerdan que con ello se vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales y se compromete el bienestar integral de los menores, así como la seguridad y salud de los trabajadores.

Una situación “crítica”

Los representantes sindicales sostienen que todos los responsables de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar son “plenamente conocedores” de la situación denunciada.

“Las condiciones ambientales dentro del Centro de Alojamiento de Menores ‘Los Pilares’ han alcanzado una situación crítica”, aseveran.

Las mediciones

Las dependencias que albergan al Grupo de Urgencia de menores de 0 a 3 años han registrado temperaturas extremas, según las mediciones realizadas mediante dispositivos instalados por las propias trabajadoras para controlar la temperatura interior.

Sin embargo, según explican los sindicatos, desde la administración autonómica se sigue sin adoptar “medidas eficaces y definitivas” para corregir esta situación. Ante la gravedad de los hechos, se ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y se ha realizado una comunicación verbal “urgente” ante la Fiscalía de Menores.

Las trabajadoras, también afectadas

“La situación afecta de manera directa a un colectivo de extrema vulnerabilidad: bebés y niños de entre 0 y 3 años que se encuentran bajo el sistema de protección e intervención inmediata de la comunidad autónoma. Las Técnicas de Educación Infantil (TEI), responsables de funciones de atención continuada y cuidados permanentes, desempeñan su labor en condiciones térmicas incompatibles con la normativa de prevención de riesgos laborales, que establece para este tipo de actividad una temperatura máxima recomendada de 25 °C”, señalan los representantes sindicales.

Denuncian que trabajar y residir bajo estas condiciones térmicas supone un posible incumplimiento del Real Decreto 486/1997, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, además de constituir un riesgo evidente para la salud de los menores —incluyendo deshidratación o golpes de calor— y para la seguridad y salud de los trabajadores del centro.

Levantar acta

Ante la falta de actuaciones “efectivas” y la demora en las respuestas logísticas necesarias para climatizar adecuadamente las instalaciones —que recientemente habían modificado sus estructuras organizativas—, las organizaciones sindicales han optado por la vía legal y fiscal con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor e impulsar una intervención técnica inmediata por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

“Esperamos que la Inspección de Trabajo realice una visita extraordinaria a las instalaciones de manera inminente para levantar acta de las condiciones ambientales denunciadas”, confían.

Red de protección infantil

Paralelamente, las organizaciones sindicales han solicitado al Principado la dotación urgente de sistemas de climatización adecuados.

El Centro de Menores ‘Los Pilares’ es una instalación pública integrada en la red de protección infantil del Principado de Asturias. El Grupo de Urgencia de 0 a 3 años tiene como función la acogida inmediata y la valoración diagnóstica de menores en situación de vulnerabilidad familiar o desamparo social.

El grupo 0 a 3 se integró hace apenas un mes al centro 'Los Pilares' y ya han surgido los primeros problemas por la falta de medidas preventivas ante las elevadas temperaturas que se registran este viernes en la comunidad autónoma asturiana. 

El trabajo de la comisión parlamentaria constituida para investigar las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir en el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos, ha concluido este viernes con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se ha desmarcado del resultado.

El dictamen final mantiene la reprobación de las siete personas que con anterioridad habían sido señaladas por su responsabilidad, entre las que figuran cuatro exconsejeros de Industria del Principado y tres altos funcionarios.

Los exconsejeros socialistas

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de otros tres altos funcionarios.

El dictamen también apunta por su presunta responsabiliad a los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y al asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

El clima de trabajo

En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de los fallecidos y a los heridos graves, tanto en el accidente de 2025 como en el ocurrido en 2022, donde fallecieron otros dos mineros.

La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión, si bien se ha mostrado muy satisfecha tanto con el clima de trabajo como con el resultado obtenido, no ha obviado los obstáculos que, según asegura, puso en el camino el PSOE con una “falta de actitud constructiva”.

El texto sale “mejorado”

En su análisis, Tomé ha explicado que “hubo días más tensos y días menos tensos, pero en general el ambiente fue proactivo, de colaboración y con verdadera intención de enriquecer el dictamen”.

Ese ambiente “proactivo” facilitó que, según la diputada, el texto saliera “mejorado” respecto al borrador inicial gracias a las incorporaciones de otros grupos parlamentarios.

Ayudas “directas e inmediatas”

Tomé ha asegurado que el tema de las ayudas económicas es “una parte fundamental del dictamen”, si bien ha contrapuesto esta posición general a la socialista, cuya propuesta genérica de apoyo a accidentes laborales a partir de 2025 “excluiría a las víctimas del accidente ocurrido en 2022, que se saldó con un fallecido y un herido”.

No obstante, tras una corrección en la redacción, estas ayudas “no tendrán carácter de adelanto sobre futuras indemnizaciones judiciales, sino que constituirán -ha señalado- una ayuda directa e inmediata”.

Las críticas a los socialistas

El dictamen ya fue aprobado en comisión con el voto en contra del PSOE, lo que ha llevado a la diputada a pensar que podrá salir adelante en el pleno “con una amplia mayoría”.

Tomé ha tildado el comportamiento del PSOE de “hostil, rayando la pataleta”.

Las reacciones de los partidos

Al término de la reunión, los representantes de los demás grupos políticos también han hecho su propia valoración.

El PSOE, por el momento, no se ha pronunciado sobre el voto particular que previsiblemente presentará al texto en el plazo de quince días que se abrirá el lunes.

Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, las posiciones “opuestas” entre su formación y el PSOE en torno al dictamen debe verse “con normalidad democrática” y sin que comprometa la estabilidad del Gobierno pese a que, a juicio del socialista René Suárez, el texto sale adelante “con correcciones sobre correcciones” y sin atender al criterio de los letrados y dejando abierta la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

El caos “sistemático”

Para el diputado popular Rafael Alonso, el dictamen evidencia tanto que la comisión parlamentaria era necesaria pese a la oposición inicial del PSOE como el “caos sistémico” en la administración que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado que el PSOE “se autoexcluyera” del consenso al no participar, según ha dicho, en la búsqueda de acuerdos sobre el texto final, y ha criticado que el principal grupo de la Cámara actuase “como que esto no va con él” frente al resto de los grupos que “han estado a la altura”.

Las responsabilidades

Vox ya ha avanzado su renuncia a presentar un voto particular al darse por satisfecho con la redacción del texto pese a que finalmente no reclame responsabilidades del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ni del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.

El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para los cuatro exconsejeros socialistas, que deberán sustanciarse “y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses”, como para los tres altos funcionarios de la administración autonómica.

El cuestionamiento de los letrados

Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.

Los letrados de la Cámara redactarán ahora el texto final del dictamen para que el próximo lunes, a las 10 horas, se reúna de nuevo la comisión para su aprobación y posterior elevación a pleno, que lo debatirá y votará a lo largo del mes de junio.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha mostrado nuevamente este martes su “rechazo” ante la posibilidad de implantar en el ámbito local una tasa turística, al considerar que sería “totalmente contraproducente”.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, en una comparecencia ante los medios tras la reunión semanal ordinaria de la Junta de Gobierno.

La opinión

El edil ha sido cuestionado acerca de las declaraciones de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que señalaba ayer lunes que los ayuntamientos tendrán autonomía a la hora de decidir a qué destinarán la recaudación por este impuesto, que quedará en manos del Principado y será transferida trimestralmente a cada consistorio.

Martínez Salvador ha remarcado que, “como pasa a menudo con el Principado”, resulta “difícil emitir una opinión rigurosa” al carecer de información, si bien ha matizado que, “si ya parecía mal” este ingreso, al conocer que el Principado “lo va a recaudar” y a “determinar el destino” del mismo, la opinión es peor.

La crítica

El portavoz del Ejecutivo municipal ha resaltado que el Ayuntamiento “no va a entrar en un planteamiento de este tipo” con el Gobierno del Principado.

Martínez Salvador ha reconocido que la ciudad tiene “un potencial turístico enorme” y, asimismo, que en verano “se vuelve cada vez más atractiva”, pese a que “hay momentos en que la vida diaria se puede ver alterada por este fenómeno”.

La libertad

No obstante, ha puntualizado que “esto no quiere decir que haya que implantar una tasa” que el Gobierno local “rechaza” y considera “totalmente contraproducente”. 

Los ayuntamientos que decidan aplicar la tasa turística que va a regular por ley el Gobierno del Principado “tendrán libertad para poder destinar los fondos que recauden a la mejora de los servicios y a mejorar la conciliación entre turistas y residentes”, según ha señalado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

La inversión

Así, las instituciones locales podrán invertir esos fondos en mejorar el destino turístico, medidas de desestacionalización y de apuesta por el turismo de calidad, la profesionalización del sector, mejoras de movilidad y gastos extraordinarios derivados de esta actividad económica, ha indicado Llamedo, que ha trasladado este lunes el contenido de este proyecto de ley a la Federación Asturiana de Concejos.

Este martes hará lo propio con la Mesa del Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios ya que, según la vicepresidenta, el proyecto de ley se encuentra ya en su última fase y solo está pendiente de algunos retoques antes de que salga a información pública y sea llevada al Consejo de Gobierno del Principado para su aprobación.

Carácter voluntario

Tras recordar que la aplicación de esta tasa tendrá carácter voluntario, Llamedo ha señalado que los municipios que decidan aplicarla deberán desarrollar ordenanzas para establecer la cuantía a aplicar y tendrán autonomía a la hora de decidir a qué destinarán la recaudación, que quedará en manos del Principado y será transferida trimestralmente a cada ayuntamiento.

Además, ha incidido en que esta ley se hace a semejanza de otras que hay en vigor en otras comunidades autónomas en las que hay una parte de recargo municipal, ha mostrado la disposición del Gobierno a colaborar con los municipios más pequeños para la redacción de las ordenanzas que deben aprobar para su aplicación.

La intención del Gobierno del Principado es que la nueva tasa turística autonómica de carácter voluntario para los ayuntamientos, que gravará la estancia de los turistas como suplemento a los alojamientos en los que pernocten y que podrá aplicarse también a los cruceristas, sea aprobada por el Consejo de Gobierno este semestre. 

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para exigir que se ejecute el tramo 1 de la autovía RM-1, conocida como la autovía del Bancal. Morales ha denunciado “el abandono de nuestro municipio, que con 11.000 habitantes es uno de los peor conectados de la Región de Murcia”. Según la alcaldesa, no se trata de una reivindicación nueva ni improvisada: “Llevamos mucho tiempo esperando a que se revierta esta situación”. Y ha señalado directamente al Gobierno regional de Fernando López Miras. “Se trata de una infraestructura de titularidad regional, y cuya financiación compete al Ejecutivo murciano”.

La primera edila ha destacado que no disponer de acceso a la autovía “ha provocado que nuestra industria, nuestro tejido empresarial y nuestro pueblo no tengan las mismas oportunidades que otros territorios de nuestra Región”. Morales, que ha apuntado que cree “firmemente” en el trabajo conjunto de las administraciones, ha asegurado que “alza la voz” después de observar desde hace varios meses “que el Gobierno regional va a volver a abandonar el proyecto”.

“La RM1 finaliza en Zeneta y el siguiente tramo es el que conectaría a nuestro municipio; esa no ejecución nos mantiene aislados y no puede haber municipios que avancen a dos velocidades distintas”. Por eso, Morales ha denunciado la “dejadez” del Gobierno de López Miras, “que una vez más nos condena al retraso, el aislamiento y una red viaria deficiente”. Y ha exigido “un compromiso firme y claro y sin más dilaciones para que se establezca el orden establecido”.

Morales ha recordado que desde que es alcaldesa se ha reunido “con todos los consejeros de Fomento que han pasado por el Gobierno regional, que sí que reconoce que es una infraestructura necesaria pero que aun así sigue sin ejecutarse porque no existe un compromiso”.

En este sentido, ha concretado que el Gobierno de España declaró la autovía de interés general “para ayudar en esa financiación, pero esto no puede implicar un retraso en el tramo que nos afecta directamente”. Y ha reclamado “un calendario con fechas concretas y una asignación presupuestaria acorde a la infraestructura; no podemos ser el punto final olvidado de una autovía que otros sí que han visto avanzar”.

“Estamos limitados”

Morales ha puesto sobre la mesa también que “numerosas empresas se han reunido con nosotros para instalarse en Beniel pero al final no lo hacen porque no contamos con unas comunicaciones adecuadas, estamos limitados”. A esto, ha continuado, “le tenemos que sumar miles de desplazamientos diarios de trabajadores, estudiantes o transportistas por vías secundarias, saturadas, con mayores tiempos de recorrido y un incremento evidente del riesgo”. La infraestructura de la autovía “no es un lujo, sino una necesidad básica para nuestro desarrollo, seguridad vial y calidad vida de nuestros ciudadanos”.

En cuanto a las vías de titularidad regional, ha dicho la alcaldesa, “están en una situación de abandono, con firmes en mal estado, y no hablamos solo de falta de inversión, sino de seguridad”. Otra reivindicación histórica, ha concluido, “es la circunvalación que debería estar construida desde hace más de 20 años y sigue sin desbloquearse: hay estudios e informes y consenso social pero falta la voluntad política”.

El semáforo ya está en verde para la instalación en Asturias de la tercera universidad privada. El Principado ha aprobado este lunes, en la sesión del Consejo de Gobierno, la autorización para que la Universidad Europea inicie su actividad en el polígono empresarial de La Pecuaria en Gijón/Xixón. Da así vía libre apenas seis meses después de dar el visto bueno a la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en la comunidad autónoma asturiana.

La Universidad Europea se sumará así a la lista que inauguraron las universidades de Nebrija, en Avilés, y Alfonso X El Sabio, en Oviedo/Uviéu.

Como ya ocurrió en las dos ocasiones anteriores, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, ha mostrado su rechazo a la puesta en marcha de una nueva universidad privada.

Zapico, de nuevo en contra

Unas diferencias de criterio que habían llegado anteriormente no solo a romper el consenso en el Consejo de Gobierno sino que incluso motivaron una reunión extraordinaria solicitada por Ovidio Zapico con el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón.

El presidente asturiano recogió el guante y, tras la reunión, ambos posaron para la foto, para escenificar que estas discrepancias se enmarcaban dentro de una situación de “normalidad” en el seno de un gobierno de coalición progresista integrado por dos partidos políticos diferentes y que, en cualquier caso, ello no suponía una ruptura. En esta ocasión, la autorización de esta tercera universidad privada le ha 'pillado' al presidente en México donde está de viaje institucional.

El Consejo de Gobierno aprobó la llegada de la Universidad Europea a Asturias a través de un centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. El centro se ubicará en el Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria y contará con una superficie total de 10.000 metros cuadrados.

Las titulaciones

Desde la propia Universidad Europea se ha confirmado que, una vez obtenidas todas las validaciones necesarias, impartirán las titulaciones de grado y posgrado más relevantes en el ámbito de la Salud.

El centro adscrito iniciará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia. A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, los grados en Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, consolidando un proyecto educativo integral.

Un edificio modular y flexible

La propuesta académica se completará, además, con programas de posgrado especializados en el área de la salud, reforzando un ecosistema educativo orientado a la excelencia y la innovación “dando respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario asturiano”, advierten.

El campus ha sido proyectado por el estudio Magén Arquitectos y el equipo local asociado de Verónica Durán Sela Arquitectos. Según los datos facilitados a eldiario.es Asturias, dispondrá de un edificio modular y flexible de 8.000 metros cuadrados.

“Se trata de una infraestructura sostenible, concebida para adaptarse a las condiciones ambientales del entorno, reducir su impacto energético y lograr una plena integración con el paisaje del parque tecnológico”, explican.

La inversión

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias se desarrollará en varias fases, con una inversión acumulada de más de 35 millones de euros e incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la Institución.

Además, dispondrá de espacios comunes como biblioteca, cafetería, áreas de administración y servicios al estudiante, así como entornos de relación y convivencia concebidos para enriquecer la experiencia universitaria y favorecer el aprendizaje, también fuera del aula.

Conexión con la realidad social

La presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, ha resaltado que la llegada a Asturias es un proyecto ilusionante, porque representa mucho más que la apertura de un nuevo centro: “supone la oportunidad de seguir transformando vidas a través de una educación de calidad, innovadora y profundamente conectada con la realidad social y profesional”.

En su opinion, Asturias reúne talento, ambición y un enorme potencial de desarrollo, por lo que quieren formar parte de ese futuro aportando su experiencia, modelo académico y una clara vocación de servicio.

Más de 350 empleos directos

“Llegamos con la voluntad de sumar, de arraigarnos en el territorio y de contribuir a la formación de profesionales preparados para liderar con conocimiento, con humanidad y con capacidad de impacto en un ámbito tan esencial como el de la salud”, ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha celebrado la llegada de la Universidad Europea a la ciudad, un proyecto que permitirá crear más de 350 empleos directos.

Un punto de inflexión

“La llegada de la Universidad Europea marca un punto de inflexión para Gijón y evidencia un crecimiento que permite a la ciudad aspirar a todo. Sumar un centro educativo líder en su sector es una gran noticia en el plano económico y social, pero también un impulso de primer orden para el tejido científico y empresarial de un Gijón que crece con hechos y de forma coherente con su identidad”.

“Al mismo tiempo, a través del proyecto de la Universidad Europea y su proyección a futuro, la ampliación del Parque Científico se consolida como un polo de innovación privilegiado en el norte de España y reafirma la apuesta del Ayuntamiento a la hora de blindar una ciudad de oportunidades”, sostiene la alcaldesa.

A continuación, reproducimos el post que ha difundido en su perfil de la red social X.

La institución académica, en cifras

La Universidad Europea cuenta con un 40% de estudiantes internacionales y, según los datos aportados, un 92,5% de los egresados encuentran empleo en los primeros 15 meses tras finalizar sus estudios.

Actualmente tiene más de 40.000 estudiantes de Grado, Postgrado o Formación Profesional Superior que cada año se forman de manera presencial o semi presencial en alguno de sus campus o en modalidad online.

El plazo

Una vez adoptada esta decisión por parte del Ejecutivo, la entidad promotora dispondrá ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales.

En España, la Institución cuenta con centros universitarios en Madrid, Valencia, Andalucía y Canarias.

Una denuncia ciudadana ha permitido la evacuación de 339 perros que se encontraban en pésimas condiciones en un centro canino ubicado en el municipio de Gijón/Xixón.

La operación policial aún no se ha cerrado y los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Asturias continúan con las investigaciones recogiendo pruebas sobre la actuación de los responsables del centro, que ya ha sido clausurado.

La inspección

Un portavoz de la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha confirmado este miércoles a eldiario.es Asturias que los efectivos de esta unidad especializada ha llevado a cabo una inspección en el centro canino en la que se han detectado diversas irregularidades que pudieran dar lugar a infracciones administrativas e incluso de índole penal.

Todos los perros del centro canino investigado, ubicado cerca del Monte Areo, han sido trasladados al Albergue de Animales de Gijón/Xixón desde donde han sido repartidos a otras localidades tanto de Asturias como de Madrid.

Esta actuación policial se lleva a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Gobierno del Principado de Asturias.

Cuidados higiénicos y veterinarios

Un particular denunció ayer, martes, las pésimas condiciones en las que se encontraban los animales que, una vez realojados, están siendo sometidos a cuidados higiénicos y veterinarios.

Varias protectoras de animales de la comunidad autónoma se han ofrecido a colaborar para lograr el bienestar de los perros evacuados.

El primer día para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes se está desarrollando en Asturias “con normalidad” aunque sí se están produciendo “algunas colas” en las oficinas habilitadas para ello, ha apuntado la delegada del Gobierno en el Principado, Adriana Lastra.

Lastra ha considerado que es “normal” que el primer día se esté produciendo alguna cola porque “la gente quiere informarse” sobre los trámites a realizar para obtener la regularización.

La delegada del Gobierno ha afirmado que esta regularización es “una gran noticia” porque va a beneficiar a muchas personas que ya viven y trabajan en España, fundamentalmente en los sectores de los servicios y la construcción.

Primer día para la solicitud presencial

Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización para todas aquellas personas que hayan solicitado previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites.

El pasado jueves, 16 de abril, comenzó el plazo solo para las peticiones telemáticas, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones de forma presencial a partir de mañana.

Para ello, el Gobierno ha habilitado 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16 a 19 horas; 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 horas a 17.30 horas y cinco Oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16:00 a 19:00 horas.

Los beneficiarios

Se podrán beneficiar de la regularización aquellas personas que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Junto a su solicitud, deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

La autorización

Los beneficiarios obtendrán una autorización para residir y trabajar en España durante un año y, después de este periodo, podrán dar el paso a otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga por un año más.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha asegurado este lunes que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ayudará a que Asturias supere los 400.000 cotizantes a la Seguridad Social y a aumentar la recaudación, con el consiguiente impacto positivo en los servicios públicos.

Asturias cerró el pasado mes de marzo con cerca de 394.000 cotizantes a la Seguridad Social, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las prioridades

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno del Principado, Peláez ha señalado en rueda de prensa que este proceso “no es más que dar carta de naturaleza a una realidad”, a personas que viven y trabajan ya en Asturias y utilizan sus servicios públicos.

“Hay que reconocer esa situación de hecho y que tengan derechos y obligaciones con residencia reconocida y legal”, ha añadido al valorar este proceso, que se ha iniciado este lunes de forma presencial.

Para Peláez, frente a este proceso positivo se ven acuerdos como el alcanzado entre el PP y Vox en Extremadura que plantea dar prioridad nacional en cuanto a concesión de ayudas, una postura que ha calificado de “extraordinariamente grave” y que responde a la “ausencia de un proyecto propio” por parte de los populares “que asumen como propios los discursos de Vox”.

El Gobierno de Asturias acudirá a la vía judicial para defender los intereses generales de la ciudadanía ante la situación de “degradación sustancial, sostenida y generalizada” del servicio de la autopista del Huerna, la AP-66 que comunica Asturias con León.

Un deterioro de la infraestructura que viene arrastrando como consecuencia de la ejecución simultánea de obras, las restricciones de capacidad y las limitaciones de velocidad. Una serie de irregularidades a las que se suma, además, que se sigue imponiendo el pago del peaje completo, a pesar de todos estos inconvenientes que sufren los usuarios.

Los requerimientos

El Principado así lo ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes en Oviedo. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha acordado dar el paso previo a la vía contencioso-administrativa a través del envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la concesionaria Aucalsa.

El acuerdo se ha difundido además a través de las redes sociales. A continuación reproducimos el post publicado en X.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha señalado que, en función de la respuesta que ofrezca el Ministerio, se valorará la decisión de acudir a la vía judicial y ha advertido de que Transportes tampoco ha respondido todavía a la revisión de la solicitud de nulidad del decreto que prorrogó el peaje hasta 2050.

El Consejo de Gobierno debatió este asunto tras analizar previamente las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

La degradación de la autopista

El Principado ha constatado esta situación de degradación de la autopista que, según expone, “afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial”.

A través de una nota oficial, asegura que los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen “reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña”.

El impacto

Todas estas circunstancias provocan un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que a juicio del gobierno regional configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura.

Además, al Principado no le consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, “ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial”.

Medidas correctoras

El Ejecutivo autonómico sostiene que esta situación no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y le plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad.

En este contexto, el requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones.

Asimismo, desde el Principado se requiere al ministerio que ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión.

Revisión de la planificación

Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.

Igualmente, se requiere la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.

Los derechos de los usuarios

El Gobierno de Asturias subraya que estos requerimientos tienen carácter previo a la vía judicial y constituyen una actuación necesaria para defender el interés general y los derechos de las personas usuarias ante la situación actual de la infraestructura.

No obstante, advierte que en el caso de no obtener una respuesta que considere “adecuada”, interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.

La impugnación de la prórroga

Este procedimiento se circunscribe a las condiciones actuales de prestación del servicio. El Ejecutivo recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio.

“Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana”, corrobora el Gobierno de Asturias.