A la Generalitat de Catalunya se le acaban las razones legales para no aplicar ya la eutanasia a la joven N. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado las medidas cautelares para impedir la muerte digna planteadas por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al padre de la solicitante de muerte digna.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección quinta del TEDH, el pasado 10 de marzo, rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Pese a que ninguna instancia judicial española o internacional ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven N., cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso de la joven N. se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de N., de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A día de hoy, la Generalitat ya no tiene ningún impedimento de tipo legal para materializar el derecho a morir de N., una joven de 26 años con tetraplejia, trastorno límite de la personalidad y que desde agosto de 2024, cuando se suspendió su eutanasia, espera que se cumpla la decisión de los juristas y médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya.

Abogados Cristianos lo ha intentado todo, pero ningún juez le ha dado la razón: ni en las distintas instancias del procedimiento contencioso-administrativo, ni en el Tribunal Constitucional, ni en Estrasburgo. Tampoco la jueza de instrucción de Barcelona que admitió una querella de la entidad ultra contra el médico y la jurista que evaluaron el caso de N. ha aceptado la petición de suspender su eutanasia de forma cautelar.

En la resolución con la que terminó el recorrido legal en España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, en enero de este año, rechazó todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideraron los magistrados que la entidad ultra no fundamentó lo suficiente que concurriera alguno de los requisitos legales que permitirían al Alto Tribunal abordar el fondo del caso. Lo mismo apreció el Tribunal Constitucional para rechazar las cautelares solicitadas por la entidad ultra.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla.

“Me robaron mi día”, recordó ante la jueza la joven N. en marzo de 2025 durante la primera vista judicial de la historia de España por una eutanasia ya concedida (y en la que tuvo que comparecer como testigo, en silla de ruedas y trasladada desde el hospital donde vive). Sin impedimento de Estrasburgo, solo queda que la Generalitat fije día y hora para que N. pueda ver cumplida su última voluntad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó este jueves por unanimidad que España violó el derecho a la no discriminación de una trabajadora despedida en 2017 tras denunciar en los tribunales la brecha salarial que padecía y que le fue reconocida en vía judicial. Los tribunales españoles avalaron su despido, por lo que el órgano de Estrasburgo considera que no protegió a la afectada.

Los siete jueces integrantes del tribunal, presidido la checa Katerina Simackova, e integrado por la española María Elósegui, condenaron a España a indemnizar a la demandante con 12.000 euros por perjuicio moral, recoge la agencia EFE.

En su sentencia dictada este jueves por la Sala I, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró en concreto la violación del artículo 14 (prohibición de discriminación), en relación con el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Despido por denunciar una brecha salarial real

La afectada trabajó entre 1994 y 2017 como directora financiera de una empresa que prestaba servicios administrativos a un banco. En este puesto, supervisaba la remuneración del personal, y en abril de 2017, presentó una demanda de conciliación contre su empresa, alegando que recibía un salario inferior al de sus compañeros masculinos en puestos equivalentes y que, como consecuencia, sufría discriminación por razón de sexo.

La trabajadora solicitó la equiparación de remuneración, pero al no llegar a un acuerdo con la compañía, inició el procedimiento judicial en junio de 2017, en el que un juzgado de lo social estimó fundada su demanda por discriminación por razón de sexo.

Antes de esta decisión judicial, en mayo, la trabajadora fue despedida de su puesto de trabajo. En la carta de despido, la empresa alegó que había incumplido su deber de confidencialidad y la política de la empresa en materia de protección de datos al revelar datos personales de sus compañeros en sus reclamaciones contra la brecha salarial que sufría.

La trabajadora recurrió el despido en los tribunales, pero en 2019 un juzgado de lo social de Málaga avaló la decisión empresarial al no estimar que había una causa-efecto entre la denuncia de brecha salarial y el despido, ya que en el pasado también había denunciado esta circunstancia, y debido a que la demandante había incurrido en una falta grave al utilizar y divulgar datos personales protegidos de terceros para fines ajenos a su trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respaldó esta decisión y ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional admitieron sus recursos.

Los magistrados europeos sí ven posible represalia

En su dictamen de este jueves, el Tribunal de Estrasburgo consideró que las razones aducidas por los tribunales nacionales para confirmar el despido del demandante no eran “suficientes”.

Los magistrados concluyen que el despido había tenido como efecto anular la protección contra la discriminación por sexo reconocida en el procedimiento judicial por brecha salarial, y los tribunales nacionales no habían tenido en cuenta esa consecuencia.

El Tribunal europeo considera además que los tribunales españoles no habían dado suficiente importancia a elementos pertinentes que podrían haber indicado un motivo de represalia en la denuncia de la brecha salarial.

En concreto, el TEDH señaló varios aspectos relevantes que podrían sustentar esta represalia y que los tribunales españoles no tuvieron en cuenta, como “el contexto de la persistente discriminación por razón de sexo” de la trabajadora, “la reiterada falta de respuesta de su empleador a sus intentos de ponerle fin internamente, el propósito perseguido con la divulgación de información privada, los efectos limitados de dicha divulgación y la gravedad de las medidas adoptadas en su contra”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha condenado este jueves a España por no haber llevado a cabo una investigación “eficaz” en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química en 2016 en Pamplona y cuyas pruebas fueron pérdidas o manipuladas bajo custodia policial. Las víctimas habían denunciado a un agente de la Policía Nacional por dar un chivatazo a uno de los agresores, que era su cuñado, para que eliminara pruebas de la agresión sexual, pero fue absuelto por la Justicia navarra y el Tribunal Supremo. Ahora Estrasburgo considera que se investigó mal la doble denuncia por violación por la pérdida o manipulación de las pruebas.

Según informa la Agencia EFE, en su sentencia por unanimidad, publicada este martes, los jueces europeos establecen que en este caso se ha producido una violación del artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). Por todo ello, la corte ha determinado que España debe pagar a cada una de las demandantes 20.000 euros en concepto de daño moral y 5.000 euros conjuntamente en concepto de costas judiciales.

El caso se remonta a diciembre de 2016, pocos meses después de los Sanfermines en los que se produjo la violación grupal de 'la manada'. Dos mujeres denunciaron haber sido drogadas con sustancias vertidas en sus bebidas en un bar de Pamplona y agredidas sexualmente mediante sumisión química por dos hombres. Posteriormente denunciaron que uno de los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) había dado un chivatazo a uno de los acusados, que era su cuñado, de que le estaban investigando. También se detectó que este agente había realizado multitud de consultas en la base de datos con los dos apellidos de su cuñado desde el día que se produjo la agresión en adelante, incluso antes de que se denunciara la violación y antes de que llegara a conocimiento de la UFAM.

Pruebas cruciales desaparecieron o se vieron comprometidas mientras se encontraban bajo custodia policial, como por ejemplo un informe forense derivado de los datos de un teléfono móvil perteneciente a uno de los hombres, elaborado por la Policía Nacional en Madrid, y que desapareció en Pamplona. También desaparecieron o fueron manipulados fragmentos de las imágenes de videovigilancia del bar donde se conocieron los cuatro y se descubrió que el disco duro utilizado para almacenar los datos forenses de los teléfonos móviles de ambos sospechosos había sido borrado y sobrescrito, con la pérdida de todo su contenido.

Si bien reconoció la gravedad de las acusaciones y consideró que los relatos de las demandantes eran creíbles y carentes de segundas intenciones, el juzgado concluyó que no había pruebas suficientes para establecer relaciones sexuales no consentidas.

Posteriormente, el juez abrió un procedimiento separado para examinar posibles faltas de conducta y manipulación de pruebas, pero se cerró el 8 de octubre de 2021 sin que se presentaran cargos. Las pruebas recopiladas durante casi cinco años de investigación no habían demostrado más allá de toda duda razonable que los sospechosos hubieran administrado sustancias a las demandantes ni que hubieran tenido conocimiento de que las dos mujeres estaban inconscientes durante las relaciones sexuales.

El tribunal reconoció que la investigación se había visto notablemente afectada por irregularidades procesales y la desaparición de pruebas digitales, pero determinó que estos factores no compensaban la falta de pruebas sustanciales. Concluyó que la investigación había sido exhaustiva, con tres causas separadas con respecto a las irregularidades.

Una de las demandantes no aceptó el archivo de la investigación principal por estar pendientes las tres investigaciones separadas. Sin embargo, en julio de 2022 se dictó auto de sobreseimiento. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de casación de las demandantes y declaró inadmisible su posterior solicitud de anulación, al igual que el Tribunal Constitucional al considerar el recurso de amparo que interpusieron, por lo que elevaron su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora les ha dado la razón.

El Tribunal de Estrasburgo ha concluido que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación eficaz, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias, que iban más allá de “errores aislados” u omisiones menores en la investigación.

Además, según la corte, las medidas adoptadas por las autoridades no habían podido compensar la pérdida de pruebas que había sido fundamental para las acusaciones de sumisión química. Asimismo, las investigaciones sobre posibles faltas de conducta policial se habían iniciado tras un lapso considerable de tiempo y se habían encomendado a los mismos órganos judiciales y policiales que habían supervisado la investigación original, según el Tribunal.

Adrián Barbón ha defendido este miércoles en Estrasburgo que la Comisión Europea aplique una “política muy intensiva” para hacer frente a un doble desafío: continuar avanzando hacia una economía verde y, al tiempo, fortalecer su industria. El presidente del Principado ha sostenido este planteamiento en una nueva conversación con Stephane Sejourné, vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la CE.

Para el presidente asturiano es perentorio que la Comisión Europea haga realidad las recomendaciones del Informe Draghi, que considera imprescindible un importante respaldo económico para garantizar la competitividad de la industria europea y, en particular, de la siderurgia.

Las advertencias sobre las desventajas de la industria europea vienen de lejos. Como los costes de las empresas son mayores por las exigencias ambientales, la producción se encarece. Esa circunstancia favorece la importación de terceros países menos comprometidos con el cambio climático, como China, Turquía o Rusia.

Esa es la razón por la que el Gobierno de Asturias apoya la implantación del ajuste de carbono en frontera (CBAM). La imposición de aranceles al acero y al aluminio europeo por parte del presidente Donald Trump aumenta las dificultades de las empresas comunitarias.

Todas estas cuestiones han centrado las reuniones institucionales que el presidente del Principado ha mantenido desde el lunes en Estrasburgo, con Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; Stéphane Séjourné, vicepresidente para la Prosperidad y la Estrategia Industrial; y Roxana Minzatu, vicepresidenta con competencias en Economía Social.

Barbón, que esta tarde regresará a España, ha invitado a Sejourné a visitar Asturias para que conocer “nuestra realidad industrial y su importancia dentro del mapa europeo”.

“Que la vergüenza cambie de bando”. Supongo que reconocerán estas palabras. Son de Gisele Pelicot, la mujer francesa que fue drogada y violada por su marido y varios hombres más sin su consentimiento y en reiteradas ocasiones y que relató su caso ante el mundo entero. La frase se volvió viral para la lucha feminista y creo que es totalmente extrapolable a los abusos sexuales a menores, una problemática que hemos analizado recientemente en un congreso específico celebrado en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo.

Si algo quedó claro en dicha cita fue que para que la vergüenza cambie de bando las instituciones tenemos que reaccionar. Desde Europa ya se han aprobado varias resoluciones que persiguen eso mismo, la resolución 2533 es buen ejemplo de ello.

Antes de nada, sí me gustaría hacer una fotografía de la situación en el Estado español: según un informe reciente de Save the Children España, se estima que entre el 10 y el 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Si cogemos como referente un 15%, estamos hablando de 7,25 millones de personas. El 80,3% de las víctimas son niñas y adolescentes y la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales es a los 11 años. En cuanto al perfil de la persona agresora, ha cambiado un poco la tendencia. Tras la pandemia de la COVID-19 han aumentado los abusos por parte del entorno conocido no familiar y el entorno desconocido del niño o niña, pasando a un segundo puesto el entorno familiar.

Teniendo esta foto presente y siguiendo la hoja de ruta que nos marca la resolución 2533 del Consejo de Europa, en Euskadi estamos dando pasos en esta materia. En abril de este mismo año aprobamos la ley de infancia y adolescencia, reconociéndose en ella la prevalencia del interés superior de los y las menores, además de reconocer y profundizar en el derecho de los y las menores a ser escuchados y escuchadas. La norma también integra el concepto de buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Otro hito muy importante fue la puesta en marcha en el Parlamento Vasco de la ponencia contra abusos sexuales a menores, recientemente galardonada con el premio “Protección a la Infancia”. Fue una experiencia muy gratificante y sanadora para todas las personas que participamos en ellas, muy dura para las víctimas.

En el Estado también se están dando pasos. Un avance fundamental en la protección frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes se produjo en mayo del 2021, con la aprobación de la llamada LOPIVI (ley Orgánica 8/2021, de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia). Esta ley supuso un cambio de paradigma, confirmando que la prevención es la clave para acabar con la violencia contra la infancia. En esta ley también se prevé la atención integral a las víctimas y la especialización de la justicia en violencia contra la infancia y adolescencia, cuestión vital para lograr procedimientos más garantistas.

Otra iniciativa importante es la proposición de ley propuesta por el Parlament de Catalunya y que el Congreso de los Diputados aprobó este pasado 12 de noviembre, que consiste en modificar el Código Penal y Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, incluyendo en los casos de no prescripción de los delitos, junto con los de lesa humanidad o genocidio, los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima fuere menor de edad y la pena máxima señalada fuere de prisión de 5 años o más.

Todos estos son hitos que en épocas anteriores resultarían impensables. Ahora nos sirven para mirar al futuro, nos sirven para sanar a las víctimas y a quienes les rodeamos, y sobre todo nos sirven para que la vergüenza –en este caso la de los abusos a menores- también cambie de bando.

Juan Cuatrecasas (Bilbao, 1996) sufrió agresiones sexuales de máxima gravedad cuando empezaba Secundaria en el colegio exclusivamente masculino del Opus Dei Gaztelueta, ubicado en Leioa y concertado con fondos públicos. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2010. Su familia empezó a denunciarlo en 2011 y públicamente en 2012 en medio de una fortísima presión y mensajes de que estaba acusando falsamente al victimario, José María Martínez Sanz, un numerario que era profesor del adolescente y también su preceptor o tutor. Él era familiar de un importante cargo público de la época. Gaztelueta llegó a deslizar que la responsabilidad del gravísimo estado de salud de la víctima era de su propia familia. En 2018, tras cumplir la mayoría de edad, Cuatrecasas fue otra vez a los tribunales y los hechos quedaron probados en un juicio en la Audiencia de Bizkaia y en 2020 el Tribunal Supremo rebajó la pena, pero sin cuestionar la veracidad de la denuncia original. De nada sirvieron las nuevas maniobras del entorno del Opus Dei. La Iglesia católica, formalmente, aún no reconoce lo ocurrido, aunque se espera en breve una resolución al proceso canónico abierto. Pero Cuatrecasas ya ha ganado. Este viernes, en inglés, el ahora abogado con dos másteres ha intervenido a 1.310 kilómetros de Gaztelueta, en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo. Ha contado su verdad ante representantes de decenas de países y es ya una referencia de otros “supervivientes” de casos de violencia sexual y abusos en la infancia.

El viaje a Estrasburgo es la guinda final al recorrido que, durante años, han seguido tanto él como su padre, del mismo nombre, y su madre, Ana. Los tres lideran una asociación que se llama Infancia Robada y que, al menos, ha enviado ya al Vaticano una sesentena de episodios. Juan Cuatrecasas ya no es el nombre que los periodistas tenían que evitar publicar para minimizar las represalias. Tampoco el chico que tuvo que declarar en su propio juicio detrás de un biombo mientras el agresor sonreía a los fotógrafos y tenía a su disposición una web contratada por el Opus Dei para ofrecer una versión ‘alternativa’ de lo ocurrido en Gaztelueta. Su identidad y una gran fotografía suya -en blanco y negro- forman parte de una exposición que ha recorrido Europa y también Bilbao, Basauri o Madrid. En ella hay víctimas de violencia sexual en el marco de la Iglesia católica pero también en el deporte o en otros ámbitos. El título de la colección de imágenes es ‘Shame’, la voz inglesa para ‘vergüenza’. Pero existe consenso en que esa ‘vergüenza’ no tiene que ser la de las víctimas, que prefieren catalogarse como “supervivientes”. El autor de los retratos es el italiano Simone Padovani. Y él discrepa: elige la palabra “héroe” para los protagonistas de ‘Shame’.

“Que la vergüenza cambie de bando”, ha razonado la parlamentaria vasca del PNV Maitane Ipiñazar, que ha acompañado también a la familia en su viaje a las instituciones europeas y que ha hecho suya esta sentencia de Gisèle Pelicot, la mujer francesa drogada y violada por su marido y por otros hombres y que ha sacudido conciencias. El Gobierno de España ha enviado también a una representante al evento, Andrea García Vidal, directora general del Ministerio de Juventud e Infancia. Ante las víctimas españolas presentes, se ha comprometido a mejorar la normativa estatal de protección de la infancia y de la adolescencia.

Una postal de Navidad y una reunión con el papa

Cuatrecasas ha intervenido en Estrasburgo, pero también ha viajado antes a París, a la Asamblea Nacional francesa. Y a Vitoria, al Parlamento Vasco, que aprobó un informe con propuestas. O a Madrid. El joven estuvo en el Congreso durante la presentación informe del Defensor del Pueblo sobre esta lacra y se ha quejado de que algunos diputados prefirieron entretenerse con sus teléfonos móviles antes que atender las explicaciones. Y ha dicho que Vox prefirió hablar de ETA que de la Iglesia católica. En estos años la familia ha estado igualmente en Berna, en Bruselas o en Roma. Allí, pero no en el Vaticano, grabó para Disney + un documental. Fue el 28 de junio de 2022. Él y otros jóvenes de habla hispana se reunieron con el pontífice de la Iglesia católica, Francisco.

-¿Cómo fue?

-Tener la posibilidad de sentarte frente al papa y denunciar los abusos y la revictimización que sufrí fue importante. La estancia durante la grabación en Roma fue amena. Aunque no todo fue agradable. Pese a que el papa tuvo una actitud cordial y cercana, soltó alguna declaración y respuesta propia de épocas arcaicas, dejando de lado los problemas de la actualidad. Posturas ante el sexo, el aborto, el feminismo, los derechos LGTBI y, por supuesto, la pederastia en la institución que preside, dejaron mucho que desear. Sin embargo, a nivel más particular, prometió encargarse personalmente de mi caso y ponerle solución, cuestión que dos años después sigue sin llegar.

Años antes, el pontífice ya había enviado una postal de Navidad a la familia. La carta llegó a una iglesia de Logroño, desde la que contactaron con los destinatarios finales, que desconocían su contenido, perfectamente oculto en un sobre dentro de otro sobre. La comunicación fue enviada a La Rioja. Los Cuatrecasas se trasladaron a Haro porque Bilbao les era hostil. Literalmente, tuvieron que huir ante la presión tras haber denunciado lo que entonces la legislación española tipificaba como “abusos” y que ahora ya son considerados “agresiones sexuales”. Fue en 2013. Estos hechos también dificultaron que la víctima pudiera continuar su recorrido académico con normalidad y que perdiera algunos cursos. A la agresión sexual se le unió acoso escolar de otros compañeros tolerado por el preceptor. Todavía en el juicio muchos de esos jóvenes declararon a favor del profesor.

En ese entorno se siguió cuestionando la veracidad de la víctima, no solamente plasmada en una sentencia firme sino validada por todos los profesionales que lo trataron de niño. Ya no oculta que incluso intentó suicidarse. El colegio Gaztelueta, que contribuyó en el juicio a la defensa de su exprofesor instigando a exalumnos y docentes a firmar unas actas notariales que lo exoneraban, llegó a convocar una rueda de prensa cuando ya había una sentencia judicial para mostrar que la denuncia era falsa. La aderezó con una visita guiada al despacho donde se produjeron los hechos para insistir en esa tesis. Es ésa la “revictimización” que critica en cada uno de sus discursos el joven.

-¿Mantienes la fe?

-Es difícil.

Cuatrecasas no es creyente. Entiende que lo que le ha sucedido “influye” en esa decisión, pero concede que hay muchos más factores que la apuntalan. Sus padres, sin embargo, mantienen un profundo sentido religioso. Le dan vital importancia a contar con un pronunciamiento canónico a su favor aunque poco o nada pueda añadir a la verdad ya después de que exista una sentencia firme de la jurisdicción penal. Infancia Robada, la asociación, ha mantenido también reuniones con la Conferencia Episcopal. Tienen una pancarta en la que recuerdan que el Consejo de Europa aprobó a comienzos de 2024 una resolución para el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas y en la que se preguntan “por qué la jerarquía eclesiástica española no atiende y repara a sus víctimas”.

El periplo de años sobre este caso en Gaztelueta ha llevado a esta familia a encontrarse con víctimas de otros lugares. Una de esas personas que han aparecido en ese camino es Ciro Molina, que sufrió violencia sexual siendo niño de manos de su párroco. Él también menciona la “revictimización”. “Es grave el abuso en sí, pero grave fue también el terrorismo social que vino después. La reacción de la sociedad no fue de apoyo a mi familia y a mí, sino fue de condena”, cuenta. Canario, no dudó en plantarse en el norte de la península para conocer a los Cuatrecasas. Ahora organiza movilizaciones, denuncia su caso y otros. Dar la cara es una “liberación” después de años de “bloqueo evolutivo” e, incluso, de intentos de suidicio.

Otra canaria, Eva Díaz Bethencourt, lidera Protect Children, una entidad asentada en los países nórdicos. Ha presentado en Estrasburgo los resultados de una encuesta sobre violencia sexual a menores. “Si no rompemos el silencio y de forma oficial, ya no solamente a nivel individual, y no facilitamos que las víctimas y los sobrevivientes puedan acceder a justicia y a recursos, realmente estamos no permitiendo su recuperación”, sostiene. Decenas de ponentes han intervenido en Estrasburgo, desde ministros hasta más víctimas, incluidos algunos llegados de fuera de Europa, como una mujer de Jamaica. Se ha expuesto con más detalle el modelo de atención a las víctimas de Suiza, impulsado por la fundación Guido Fuiri, detrás de Justice Initiative y de la exposición 'Shame'. “Era un tema tabú, algo silenciado. Ahora hay nuevas dimensiones mucho más próximas para las víctimas. Europa está a punto de despertar”, se ha felicitado la madre de Cuatrecasas. “Yo ya no puedo estar a salvo del abuso sexual, pero desde esta tribuna solicito al Consejo de Europa y a los Estados miembros que hagan lo posible para que sus hijos puedan estar a salvo. El futuro de la Unión Europea pasa por la infancia. Pido a la Unión Europea que la proteja”, ha dicho su hijo como colofón de su parlamento.

El Consejo de Europa, que ha acogido el evento, aglutina a 46 estados del continente. Es mucho más amplio que la Unión Europea, por ejemplo. Aquí están Suiza, Ucrania o el Reino Unido. Sin embargo, no admite a todos los países. Han de ser democracias homologables. En 2022, por ejemplo, Rusia fue expulsada como consecuencia de la invasión de Ucrania. La Ciudad del Vaticano es uno de esos estados no invitados, aunque tiene estatus de “observador”. De hecho, uno de los anteriores pontífices, Juan Pablo II, pronunció un discurso en 1988 inmortalizado en un cuadro en el lugar.

El Gobierno mantiene los equilibrios ante el tribunal de Estrasburgo. El Ejecutivo ha comunicado a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que defender que en la causa de los líderes independentistas el Tribunal Supremo no vulneró los derechos fundamentales es “compatible” con haber aprobado la ley de amnistía. Así consta en el último escrito de alegaciones de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El escrito, presentado el pasado 15 de noviembre, supone la recta final de los trámites de las partes antes de que los jueces del TEDH puedan decidir si dan la razón a los independentistas y condenan a España por vulneraciones de derechos del Supremo en la causa del procés o si, por contra, rechazan sus demandas y respaldan la actuación del Alto Tribunal.

El proceso se ha visto demorado por la aprobación de la amnistía, un asunto que tras el verano ha desaparecido del foco en España pero que sobrevuela la causa en Estrasburgo. Al negarse el Supremo a aplicarla, ninguna de las partes ha podido alegar la amnistía como una forma de poner fin al pleito y archivar la causa. El convenio y la jurisprudencia del TEDH exigen que los demandantes puedan acreditar a lo largo de todo el procedimiento su condición de víctimas de vulneraciones de derechos.

La posición de España en el procedimiento de los independentistas ante el TEDH es compleja. El Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, tiene que defender que la prisión preventiva o las condenas del Supremo no supusieron una vulneración de derechos de los líderes del procés y, a la vez, constatar que ha aprobado una amnistía para los encausados. En suma, presentar la amnistía no como una corrección al Alto Tribunal sino como una apuesta por la “normalización” de la situación política, tal y como se viene defendiendo desde el Ejecutivo.

El escrito definitivo del abogado del Estado Alfonso Brezmes llega después de que los jueces de Estrasburgo requirieran información adicional al Gobierno tras unas alegaciones incompletas. En ese primer escrito, del pasado mes de agosto, la Abogacía del Estado mencionó la aprobación de la amnistía, pero obvió el hecho de que el Supremo se negó a aplicarla a los soberanistas.

A raíz de esa omisión, los magistrados del TEDH requirieron, el pasado octubre, a la Abogacía del Estado para que expusiera las “consecuencias” de la ley de amnistía sobre los líderes independentistas que demandaron a España por la vulneración de derechos fundamentales que, a su juicio, realizó el Tribunal Supremo en la causa del procés.

“De acuerdo con la solicitud del tribunal —responde el abogado del Estado—, se informa que el Gobierno considera compatible la defensa del Reino de España de las decisiones adoptadas por la jurisdicción española [la investigación y juicio al procés del Supremo] con la adopción de la Ley de Amnistía”.

El resto del escrito reseña las resoluciones sobre la amnistía por parte del Tribunal Supremo en la causa del procés de los exconsellers y otras pendientes de recurso. Se cita el auto por el que el Alto Tribunal se negó a aplicar la norma a los líderes del procés al sostener que se lucraron personalmente con los gastos públicos del referéndum porque no los costearon de su bolsillo. También el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, muy crítica con el resto de miembros de la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena.

La Abogacía del Estado añade la resolución por la que el Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, en una causa distinta a la de los líderes del procés, así como la providencia del Alto Tribunal en la que rechaza cancelar los antecedentes penales de Jordi Sànchez y el presidente del Parlament, Josep Rull, hasta que el tribunal de garantías no resuelva los recursos contra la norma.

La representación del Ejecutivo añade que, a diferencia del criterio del Supremo, el Gobierno sí considera constitucional la ley de amnistía al valorar que no vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley ni los principios de seguridad jurídica.

El TEDH admitió a trámite las demandas independentistas el año pasado y dio un plazo de alegaciones a España. Entre otras cuestiones, los jueces europeos preguntaron a España si el Supremo aplicó de forma “expansiva” el delito de sedición o si los líderes del procés fueron condenados por un “ejercicio legítimo” de sus derechos a la libertad de asociación y expresión, extremos que la Abogacía del Estado negó por completo en sus alegaciones. El escrito era un respaldo total a la actuación del Supremo.

De haberse aplicado la amnistía, las demandas de los dirigentes del procés hubieran tenido más opciones para archivarse, aunque el TEDH podría haber decidido igualmente estudiar las vulneraciones de derechos denunciadas durante la instrucción del caso, como la competencia del Supremo o la prisión preventiva. La negativa del Supremo a amnistiar a los líderes del procés, sin embargo, hace que el TEDH no pueda archivar la causa directamente y tenga que estudiarla a fondo.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha destacado que quienes defienden y votan en el Parlamento Europeo los intereses del presidente ruso, Vladimir Putin, conforman una facción “aliada de los españolistas en su cruzada contra la lengua catalana”.

“Seguro que quienes tan preocupados están por las injerencias rusas en la UE ya han empezado a investigarlo a fondo”, ha ironizado en un mensaje en X.

Puigdemont se ha pronunciado así en alusión a una noticia publicada que destaca que la eurodiputada Jana Toom (del grupo Renew Europe) votó a favor de la resolución contra las injerencias rusas en la UE y, por otra parte, ha presidido la misión de eurodiputados sobre la inmersión lingüística en Catalunya.

El líder de Junts ha instado a analizar las votaciones de todos los diputados y comparar: “A ver dónde se ha situado esta aliada del PP, Cs y Vox a la hora de votar, y dónde nos hemos situado los otros”.

La resolución contra las injerencias rusas en la UE se aprobó por 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, y entre los 'sí' estaba el de Toom: el texto constata una manipulación rusa en procesos democráticos en Europa y también señala conexiones entre el independentismo catalán y Moscú.

El 25 de septiembre de 2012 miles de personas se manifestaron en la plaza de Neptuno de Madrid. Bajo el lema 'Rodea el Congreso', las protestas terminaron en disturbios con más de 60 heridos y 35 personas detenidas. Más de una década después los arrestados siguen a la espera de juicio, la Fiscalía ha pedido hasta siete años de cárcel para ellos pero nadie ha investigado sus denuncias de haber sufrido maltrato policial, tanto en comisaría como en el furgón de la Policía Nacional. Varios de ellos, según ha sabido elDiario.es, han llevado hasta Estrasburgo su alegación de que la Justicia española archivó sus acusaciones de abusos policiales sin poner en marcha “ni una sola diligencia” de investigación, explica la demanda.

La convocatoria reunió a unas 6.000 personas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados mientras, dentro de la cámara baja, el pleno debatía sobre pensiones, el sueldo de los políticos o la lucha contra el fraude fiscal. La Policía Nacional cargó y los disturbios posteriores llegaron hasta los andenes de la estación de Atocha. El balance fue de 64 heridos entre manifestantes y policías y 35 detenciones. Arrancó entonces un proceso judicial que pasó por la Audiencia Nacional, generó un enfrentamiento entre el PP y el Poder Judicial y nunca puso la lupa sobre las denuncias de maltrato policial que más de 20 arrestados pusieron encima de la mesa.

El caso tardó varios meses en aterrizar en un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid. La Audiencia Nacional, mediante un duro auto del juez Santiago Pedraz, rechazó la teoría policial que apostaba por acusar a los manifestantes de un delito contra las altas instituciones del Estado. La respuesta del Partido Popular fue llamar “pijo ácrata” al magistrado. Mientras tanto, arrancó en un juzgado de Madrid un proceso que, a día de hoy, se alarga más de una década con un total de 21 acusados a la espera de juicio, que se celebrará finalmente en noviembre de este año, y la Fiscalía pidiendo condenas de entre tres y siete años de prisión por desórdenes, atentado, resistencia y lesiones.

Las presuntas agresiones a policías no es lo único que el juzgado de instrucción 35 de Madrid ha tenido encima de la mesa. Poco después de arrancar la causa, dos decenas de detenidos denunciaron todo tipo de abusos y malos tratos policiales, tanto en la propia manifestación como en el traslado y finalmente en comisaría. Golpes de porra y puñetazos, o la obligación de estar de pie durante horas en comisaría sin poder apoyarse ni ir al baño o beber agua. Dentro de las furgonetas, camino de Moratalaz, varios denunciaron que fueron esposados entre sí, sin cinturón de seguridad, y que los policías se reían mientras chocaban y caían por los volantazos, acelerones y frenazos del conductor.

El juzgado, denuncian ahora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, estuvo casi diez años sin hacer nada. Ni diligencias de investigación ni tomas de declaración a los denunciantes. Tuvieron que acudir a la Audiencia Provincial de Madrid para que un tribunal colegiado reconociera su derecho a tener, al menos, una respuesta. La respuesta llegó poco después: su denuncia de malos tratos policiales quedaba archivada porque lo que pretendían, según el juzgado, era una “investigación prospectiva”.

El resto de tribunales, tanto la Audiencia como finalmente el Constitucional, confirmaron esta decisión, y más de 20 denunciantes han decidido llevar el caso ante Estrasburgo, representados por abogados de la Comisión LegalSol. En sus demandas, todos denuncian que el juzgado no puso en marcha ni una sola diligencia para analizar, al menos, los indicios que ellos mismos habían presentado de que las agresiones y el maltrato policial eran reales.

“No se ha practicado ni una sola diligencia”

Las demandas que ahora estudiará el TEDH afirman que el caso sobre los abusos policiales fue archivado sin “haberse practicado diligencia de investigación alguna”. Existió, dicen los escritos enviados a Estrasburgo por LegalSol, una “ausencia de una investigación judicial efectiva y rigurosa”. “No se realizó una investigación diligente ante una denuncia de malos tratos, no se motivó adecuadamente la denegación de diligencias” y el auto, añaden, dijo que no había indicios “cuando no se había realizado investigación alguna”.

Sus denuncias de malos tratos, añaden, venían acompañadas de “indicios creíbles”: partes de lesiones, coincidencia entre las denuncias de una decena de detenidos y descripción de algunos policías presuntamente implicados.

Toda esta inacción del juzgado para investigar sus acusaciones durante una década, mientras algunos de ellos siguen imputados hoy a la espera de juicio con una acusación pública que pide siete años de cárcel, vulneró su derecho a tener un proceso equitativo, según denuncian. Recientemente los tribunales han puesto fecha al juicio, que será a finales de noviembre de 2024.

España, condenada por la actuación policial

Los disturbios del Rodea el Congreso de 2012 y las manifestaciones de los años sucesivos han estado o siguen, a día de hoy, en manos de los tribunales. Y la primera concentración masiva en Neptuno ya ha sido estudiada en el pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo: en marzo de 2021 la instancia europea condenó a España por la inacción judicial a la hora de investigar hechos similares: la denuncia de una mujer desalojada por la fuerza de un bar cercano al Congreso.

Esa sentencia, también conseguida tras una demanda de abogados de LegalSol, ya repasó la sucesión de resoluciones judiciales españolas que cerraron la puerta a la investigación y entendió que se había vulnerado el derecho de la mujer a no sufrir tortura. Firmó, además, una indemnización de 1.000 euros para la denunciante por daños morales.

“La Corte considera que en las circunstancias particulares del presente caso la investigación llevada a cabo por los tribunales internos no fue lo suficientemente completa y eficaz”, dijo esa sentencia que ahora sobrevuela esta segundo proceso sobre la actuación policial del Rodea el Congreso de 2012. En ese caso estableció una indemnización porque la normativa española no permitía reabrir una investigación y, por tanto, solo se podían “borrar imperfectamente” las consecuencias de la violación de sus derechos.

En otros procesos judiciales, los tribunales de lo contencioso han condenado al Estado a indemnizar a manifestantes que fueron agredidos por la Policía en los aledaños del Congreso de los Diputados de manera injustificada.

En el caso de los más de 20 acusados en la causa principal por los disturbios posteriores a la manifestación, siguen a la espera de juicio 11 años y medio después de los hechos. Según la Fiscalía, cometieron delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y resistencia además de una falta de lesiones. La petición más baja de prisión es de tres años y ocho meses de cárcel y la más alta de siete años y cuatro meses.

Los tribunales españoles no vulneraron la libertad de expresión de Pablo Hasel al condenarle por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona por sus canciones. Así lo ha sentenciado este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo (Francia), que ha desestimado la demanda del rapero, encarcelado desde febrero de 2021.

La base de la condena por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y a las instituciones del Estado que acumula Hasel son 64 tuits y fragmentos de una decena de sus canciones. La sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada por el Supremo y el Constitucional, fue considerada por no poco juristas incompatible con la libertad de expresión y artística, pero el TEDH la avala y niega que fuera “desproporcionada”.

La Audiencia Nacional condenó a Hasel a 9 meses de cárcel. Entendió que los tuits de Hasel no encajaban dentro de la libertad de expresión o la creación artística porque comportaban violencia y enaltecían terrorismo. Sobre el delito de injurias y calumnias contra las instituciones del Estado y la Corona, por el que también fue condenado Hasel, la Sala afirmó que en sus mensajes mezclaba hechos históricos con “intenciones espurias”.

Además de los tuits sobre terroristas y críticas a los cuerpos policiales, Hasel publicó un vídeo en su cuenta de Youtube en el que la cabeza del rey Felipe VI emerge de la de su padre, el rey emérito, y esta, de la del dictador Francisco Franco. De fondo, una canción de su autoría en la que habla de Juan Carlos “el bobón” y califica al monarca retirado de “borracho tirano” y “mafioso”, para afirmar que “la Historia no perdona ni a la escoria con corona”.

Los jueces europeos, al igual que los españoles, consideran que Hasel traspasó los límites de la libertad de expresión y la crítica política, ya que sus opiniones y canciones sí exhortan al uso de la violencia. Las palabras del rapero, dice la sentencia del TEDH, “van más allá de lo que puede ser percibido como un menaje de protesta”.

El TEDH también remarca las diferencias del caso de Hasel con otros casos de crítica al rey en los que sí condenado en el pasado a España: hace una década, Estrasburgo concedió el amparo al líder abertzale Arnaldo Otegi porque consideró que España vulneró su libertad de expresión al condenarlo por haber llamado “jefe de los torturadores” a Juan Carlos I.

Según razona el TEDH, a diferencia de Otegi, Hasel no es un representante electo y no pronunció sus críticas de forma espontánea en una rueda de prensa como Otegi, sino que fueron producto de un proceso de creación artística. “Los mensajes [de Hasel] no se pueden justificar por la inmediatez”, reza la resolución.

Muchos de los tuits de Hasel contra la monarquía y las fuerzas de seguridad, continúa la sentencia, “constituyen acusaciones y acusaciones graves de delitos graves sin ninguna prueba más allá de su propia opinión”. El rapero, observa el tribunal, “acusó repetidamente y sin pruebas a miembros de la policía, a quienes llamó nazis, de delitos como la tortura y el asesinato de inmigrantes”.

Además de coincidir en la censura a los mensajes de Hasel, el TEDH incide en que la Audiencia Nacional evaluó si los insultos del rapero estaban amparados por la libertad de expresión. Este examen de los tribunales nacionales, aunque fuera contrario a los alegato del cantante, resulta suficiente para el TEDH e impide condenar a España.

La Audiencia Nacional, a juicio del TEDH, sentó la culpabilidad de Hasel “sobre la base de los criterios definidos por la jurisprudencia” europea y tuvo en cuenta los requisitos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo, en suma “no ve ningún motivo para sustituir su valoración por la de las autoridades nacionales”.

La amnistía centra el debate político en España, pero su aprobación podría tener efectos fuera de nuestras fronteras. En concreto, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo, que ha empezado a tramitar las demandas que los líderes independentistas interpusieron contra España a raíz de la causa del procés del Tribunal Supremo.

Consultado por elDiario.es, el exmagistrado y exvicepresidente del TEDH y abogado andorrano Josep Casadevall advierte de que una eventual amnistía “no comportará automáticamente” el archivo de las demandas de los independentistas ante Estrasburgo.

No obstante, Casadevall añade varias “posibilidades” que, sobre el papel, permite el reglamento del TEDH. Por ejemplo, que el Gobierno admita los hechos y las partes del pleito “puedan llegar a un arreglo amistoso en las condiciones que convengan”, y que sea aceptado por el tribunal.

Como en todos los procedimientos que pasan el primer filtro del tribunal, los magistrados de Estrasburgo han dado traslado a España de las denuncias que han realizado los independentistas. Le corresponde a la Abogacía del Estado responder y, a priori, defender que España –en este caso, el Tribunal Supremo– no lesionó ningún derecho fundamental de los independentistas.

Fuentes jurídicas coinciden en señalar la situación endiablada para el Gobierno: mientras negocia con los independentistas una amnistía que supone un olvido del rastro penal del procés, al mismo tiempo debe respaldar jurídicamente la actuación del Alto Tribunal, que ya ha sido cuestionada por tribunales alemanes y belgas en los intentos de extradición de los independentistas en el extranjero.

La cuestión de la amnistía y su impacto en las causas en el TEDH es “compleja”, admite Casadevall. El exmagistrado europeo recuerda que el convenio y la jurisprudencia del TEDH exigen que los demandantes puedan acreditar a lo largo de todo el procedimiento su condición de víctimas de vulneraciones de derechos.

“Se puede apreciar que una amnistía a día de hoy no incide en la condición de víctima de los demandantes en la medida que no repara las pretendidas violaciones de derechos invocadas por hechos que se produjeron antes de la amnistía”, razona Casadevall.

El exmagistrado del TEDH remarca que la amnistía borra los delitos imputados a los independentistas, pero no las eventuales violaciones de derechos que se hubieran producido en la causa del procés del Supremo.

“Además de los términos de una posible amnistía, será necesario ver la postura del Gobierno al responder a las preguntas que le ha formulado el TEDH”, advierte Casadevall. Esto es, si el Ejecutivo admite o no los hechos denunciados por los independentistas y las violaciones de derechos invocadas y la eventual reparación que proponga el Gobierno, aunque sea simbólica y pueda satisfacer a los demandantes y permitir un arreglo y archivo del caso en Estrasburgo.

Más allá de las opciones sobre la mesa del Gobierno, fuentes jurídicas recuerdan que la situación es inédita, toda vez que un caso de la envergadura del pleito independentista pendiente de resolución ante el TEDH no ha sido nunca resuelto por una amnistía como la que se negocia entre partidos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Ninguno de los condenados por el Supremo ha mostrado hasta ahora intención alguna de querer renunciar a sus demandas, ya que su objetivo es lograr que el TEDH condene la actuación del Supremo.

España, con más tiempo para responder

Este viernes finalizaba el plazo para que la Abogacía del Estado respondiera a las primeras demandas por vulneraciones de derechos políticos que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el exlíder de la ANC, Jordi Sánchez, presentaron a raíz de su encarcelamiento provisional durante la instrucción de la causa, que les impidió participar de sus propias sesiones de investidura en 2018.

El TEDH había dado de plazo hasta el pasado mes de septiembre a la Abogacía del Estado para responder a las demandas de Turull y Sánchez. Los servicios jurídicos del Estado han pedido hasta en dos ocasiones un mes más de plazo para poder contestar, una solicitud que las fuentes jurídicas consultadas tildan de “excepcional”. Pero los jueces se la han concedido.

Así, ahora el plazo para que la Abogacía del Estado presente su contestación a la primera demanda de los independentistas en el TEDH finaliza el 6 de noviembre. La fecha se sitúa igualmente en plenas negociaciones de cara al debate de investidura y a solo 20 días de que finalice el plazo para evitar la repetición electoral en España.

En la primera demanda de Sánchez y Turull, los servicios jurídicos del Estado deberán argumentar sobre si los dos exparlamentarios vieron mermados sus derechos políticos y sufrieron una detención arbitraria por la negativa del Supremo a dejarles salir de prisión para hacer campaña o presentarse a la investidura; por su suspensión como diputados previo al juicio; y por los 21 meses que el Tribunal Constitucional tardó en resolver uno de sus recursos de amparo.

El encarcelamiento preventivo de los independentistas y la afectación a sus derechos políticos antes del juicio es uno de los focos de esperanza de los demandantes para lograr una condena a España por parte del TEDH.

Las otras dos vulneraciones de derechos denunciadas a las que los soberanistas ven más posibilidades de éxito son la falta de competencia del Supremo para juzgar el caso y la afectación a la libertad de expresión y manifestación que la condena supuso en los dos condenados que no eran políticos profesionales sino líderes sociales, Sánchez y el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

Estas últimas cuestiones forman parte de la segunda demanda interpuesta por los independentistas en Estrasburgo, relativa al juicio y a la condena por parte del Supremo, y que el tribunal también ha empezado a tramitar pese a que los líderes soberanistas ya fueron indultados, lo que muestra que los jueces europeos se toman el caso con interés.

Entre otros temas, Estrasburgo preguntó al Gobierno si, como sostienen los independentistas, el Supremo aplicó de forma “expansiva” o “inimaginable” los delitos de sedición y malversación cuando condenó a Oriol Junqueras y al resto de soberanistas. España tiene de plazo hasta enero para responder. Por entonces, ya se sabrá si hay presidente o repetición electoral.

“¿Por qué hacer; oh necios!, trampas fuera de la ley, siendo tan cómodo hacerlas dentro de ella?”

Carlo Dossi

El sistema es disfuncional porque casi todos lo han permitido. ¿Todos? No, un reducto de galos puñeteros han intentado que al menos en Europa reconocieran que aquí se juega con trampas. Y lo han logrado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de reconocer que el Constitucional español corrió un tupido velo sobre la refriega entre los dos grandes partidos que ha producido la mayor anomalía de la historia constitucional actual, a saber, que un órgano constitucional como es el CGPJ haya doblado su mandato (diez años en vez de cinco). Esta es la historia de cómo los propios jueces españoles han tenido que acudir a pedir amparo a los tribunales europeos a la vista de que en España se había echado una paletada de tierra sobre el caso, impidiendo que se revisara una situación totalmente anómala.

Es y era obvio que los procedimientos democráticos no se gripan sólo porque uno de los actores implicados desista. ¡Menuda chapuza serían si no! Así que, aún siendo cierto que el Partido Popular ha bloqueado en TRES ocasiones los acuerdos alcanzados para renovar el órgano de gobierno de los jueces, no lo es que tal penosa acción institucional cierre el juego y no permita enmendar la cuestión. Escribí hace tres años que era evidente que la legislación española no dicta que dos emisarios del PP y el PSOE se junten para pactar quién va al Consejo. Eso no lo pone en parte alguna. Lo que hay diseñado es un procedimiento completo por el cual los propios jueces proponen candidatos -sí, los jueces y sus asociaciones participan ya en el proceso- que son luego sometidos al Parlamento, donde deben obtener mayoría reforzada. Que para esa mayoría haga falta un acuerdo de PP y PSOE, porque en caso contrario no salen los números, no implica que el procedimiento se reduzca a esas conversaciones extraparlamentarias.

Eso lo saben todos los jueces de este país como lo sé yo y todo el no se quede en la espuma de las narrativas políticas. Así que sí, desde 2018 hay una lista de candidatos esperando a que los presidentes del Congreso y el Senado sometan a votación sus nombres. ¿Se ha hecho? Saben que no. Esta inacción, este incumplimiento de lo que de verdad dice la ley, los dejó en el limbo. Cinco años después sabemos por Estrasburgo que al hacerlo se vulneraron sus derechos. Algo que no sabemos por el Tribunal Constitucional español porque éste, como ha hecho en otras tantas cosas, bloqueó la posibilidad de pronunciarse y poner colorados a los representantes políticos que propiciaron o no resolvieron un bloqueo de tal gravedad. Esa es la vergüenza del Constitucional español, los colores que ahora les sacan sus superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso condenan a España. Por eso el TC va a tener que envainársela y resolver la queja de estos jueces sobre la paralización del procedimiento de renovación previsto.

Lo que los jueces de la Francisco de Vitoria encargaron a su abogado -Vicente Tovar, también magistrado en excedencia- no era lograr una resolución que reconociera que sus derechos habían sido vulnerados, o no solo, sino un resorte legal para conseguir que el TEDH se pronunciara sobre esa anomalía institucional que supone la no renovación. Asunto Bragado contra España, que hasta el nombre es premonitorio. A pesar de que no han llegado a resolver sobre esa falta de votación en las Cámaras, lo que si dicen claramente es que la única posibilidad de recurso que tenían los candidatos al CGPJ era ir al Constitucional y que éste les dio un portazo sin ningún razonamiento válido. Ya les digo yo, no hace falta que lo diga Estrasburgo, que los bienmandados ocupantes del tribunal en aquella fecha no tenían la más mínima intención de meterse en el berenjenal de decir públicamente que el Congreso y el Senado y sus presidentas y los propios grupos parlamentarios -del PSOE y del PP- estaban incumpliendo la ley. Así que se sacudieron la cuestión. Algo que es otra forma preocupante del TC de hacer política partidista, es decir, de no perjudicar o perjudicar, todo depende. Hay admisiones a trámite e inadmisiones que son toda una declaración y no precisamente de principios.

El Constitucional usó en este caso un subterfugio que era más bien el truco del almendruco, a saber, les dijo a los jueces candidatos que rechazaba por extemporáneo su recurso de amparo, dado que se presentaba fuera de plazo, marcando como inicio de éste unas fechas que se sacaron de las puñetas. “El Tribunal Constitucional no dio ninguna razón, ni las más elementales, para elegir esas dos fechas como principio para iniciar la cuenta del plazo” dice Estrasburgo y, por tanto, los recurrentes nunca podían haber previsto cuándo concluía este. Truco del almendruco bien barato y hecho por jueces a jueces sin que les importara una higa. Iura novit curia. Los jueces conocen el derecho. Todos sabían lo que estaban haciendo y lo que significaba. A pesar de ello, de que era evidente el descaro y la chulería con la que les mandaban a esparragar y les vulneraban sus derechos, sólo una asociación judicial, la Francisco de Vitoria, ha tenido los redaños y la perseverancia para iniciar un procedimiento en Europa que ahora, parcialmente, les da la razón. Ni la conservadora APM ni la progresista JpD -ambas con candidatos en las listas- movieron ni un papelito. Ellas sabrán por qué.

Lo importante de esta sentencia del TEDH es que determina que el Tribunal Constitucional debería haberse pronunciado sobre la inacción parlamentaria en la renovación del CGPJ. Recuerden, un parlamento que votó restringir las capacidades del CGPJ no renovado pero que no siguió hasta el fin el procedimiento legal para renovarlo. En el cálculo de los políticos no entraba hacerlo pero en el del sistema deberían haber sometido a los candidatos a votación y, de no salir por falta de acuerdo, haber reiniciado el procedimiento de nuevo y así sucesivamente. Eso, al menos, hubiera dado idea de la gravedad de lo que sucedía, hubiera escenificado una y otra vez la posición de los grandes partidos y, sobre todo, hubiera cumplido lo establecido por las leyes, que tampoco es cosa menor.

Ahora, tarde y supongo que mal, el TC tendrá que pronunciarse. España ha sido condenada. El puñado de jueces que siguió adelante con la cuestión tiene al menos la satisfacción de no haberse callado ante una injusticia y una anomalía manifiesta. Y es que, si hasta los jueces tragan con lo que saben tramposo, qué quieren, la cosa está mala. 

Andrea (nombre ficticio) tiene en su casa de Sentmenat (Barcelona) una habitación dedicada a sus hijos, de siete y cuatro años. Pero hace ya más de dos que no duermen en sus camas ni juegan con sus juguetes. Están en Polonia, país de nacimiento de su otra madre, y Andrea no puede traerlos de vuelta porque un tribunal polaco considera que les “expondría a un peligro psíquico indudable y en una situación intolerable” por ser una mujer trans.

Su “calvario” empezó hace cuatro años, cuando inició una transición de género que puso en jaque un matrimonio largo, del que habían surgido dos niños. “Mi ex me pidió que me reprimiera o lo dejaríamos”, recuerda. Pero no podía esconder más quién era.

Empezó a tomar hormonas a escondidas a finales de 2020 y, cuando su mujer lo descubrió, rompió la relación. “Sé que le hice daño y me dolió que se fuera, pero si no podía aceptarme, igual tanto no me quería”, reflexiona. A raíz de eso, su expareja le comunicó que quería irse un tiempo con los niños a Polonia para reflexionar.

El acuerdo era que sería por poco tiempo. Incluso llegó a solicitar la inscripción escolar en Sentmenat de cara al curso siguiente. Andrea aceptó sin saber que las semanas serían años y que lo que se había acordado como una escapada temporal acabaría convertido en una batalla legal que está lejos de resolverse.

En Polonia se tiene la idea de que toda persona LGTBI es pederasta. Es una combinación de ideas que no entiendo, pero es así

Todo empezó cuando Andrea entendió que su expareja no regresaría. En 2021, interpuso una solicitud judicial en España de restitución internacional de los pequeños y otra de divorcio. Al poco, su ex inició un proceso en Polonia para retirarle la potestad parental en el juzgado de Sandomierz, una localidad que, aunque pequeña en población, tiene bastante peso económico y político en el país. “Es la meca del catolicismo”, resume Andrea.

Los procedimientos civiles en ambos países avanzan a ritmos distintos. En España, la Justicia no se ha pronunciado sobre el fondo pero, como medidas cautelares, ha acordado la custodia compartida de los menores y que Andrea abone a su expareja una pensión. En Polonia, en cambio, el juez decidió retirar la custodia de los menores a Andrea sin siquiera hablar con ella.

El motivo es que, según la ley polaca, no hay que llamar a declarar a uno de los dos progenitores si se considera que los hijos están en riesgo. Y así lo determinó el juez, que apuntó que la transición de género de Andrea era peligrosa para los pequeños. “En Polonia se tiene la idea de que toda persona LGTBI es pederasta. Es una combinación de ideas que no entiendo, pero es así”, asegura esta mujer, que recalca que cuando va a visitar a los niños tiene que hacerlo “bajo vigilancia absoluta”.

Fue entonces cuando la mujer decide poner una querella penal en el juzgado de Sabadell (Barcelona) contra su ex por sustracción internacional de menores. En febrero de 2022 se abrió la causa, donde Andrea ya ha declarado, pero no su ex, que ha desoído los requerimientos judiciales para comparecer. Las letradas de la mujer esperan una decisión judicial sobre su expareja como agua de mayo, pero reconocen que la tardanza es esperable. “Es un caso muy complejo sin apenas precedentes”, asegura la letrada de Andrea, Natàlia Santandreu.

“Una vulneración contra las minorías sexuales”

Mientras tanto, la batalla legal en Polonia sí avanzaba y, contra todo pronóstico, el juez de Cracovia ordenó el retorno inmediato de los niños a España a mediados de 2022 ya que “no existe ni la menor preocupación de que la restitución de los menores [...] conlleve la más mínima posibilidad de daño que se les pueda ocasionar”, tal como reza la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El juez daba 15 días para que los pequeños volvieran. Pero nunca lo hicieron. La madre recurrió ante el tribunal de apelación de Varsovia, que pidió un peritaje psicológico y psiquiátrico. De nuevo, las pruebas apuntaban a que Andrea “no padece de enfermedad mental y, aunque comprueba su supuesta homosexualidad y supuesto travestismo, no hay peligro para la seguridad de los menores”.

Pero el tribunal desoyó a los peritos y consideró que “todas sus actuaciones relacionadas con el cambio de sexo no contemplan en absoluto el interés superior de los menores, criados en familia natural, con el padre y la madre”, además de concluir que Andrea suponía un “riesgo psíquico indudable y perceptible” para sus hijos.

Los togados polacos tomaron su decisión por la condición de persona trans de Neuman y dejaron por escrito que los menores debían criarse en el modelo familiar previo a la transición de género de su madre. Un modelo “constitucionalmente preferido y arraigado mediante la experiencia histórica de la civilización europea”, apostillaron.

Esta sentencia podría suponer “una vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE” y una “extralimitación de las funciones del tribunal polaco”, según apunta Carme Simón, vocal de la Sección de Derecho de Familia del Col·legi de l’Advocacia de Catalunya (ICAB). La letrada explica que no es Polonia quien debe decidir sobre el destino de los niños tras un divorcio, sino la Justicia del país en el que vivían antes de ser retenidos ilícitamente. Es decir, España.

Ante cualquier riesgo para los menores, apunta Simón, Polonia no debería retenerlos, sino exigir a España que garantice su seguridad. Con cualquier otra decisión, el juez polaco “está contraviniendo la ley y anteponiendo sus creencias a lo que dicta la legislación”, asegura Simón.

En línea con la opinión de Simón, el Defensor del Pueblo polaco ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo de su país para que los niños puedan regresar a España. El caso tiene números para terminar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Una carrera contrarreloj

La expareja de Andrea opina igual que el juez polaco y considera que sus hijos “se traumatizarán” si la ven con el pelo largo y pendientes. Pero en su última visita, lo primero que hizo la menor fue peinarla. “No les importa el cuerpo que tenga, me quieren y yo a ellos”, asegura la mujer. Si bien reencontrarse con sus pequeños es siempre “una alegría”, el contexto es “hostil y desesperante”, según la madre, que cuenta que tiene que verles siempre en casa de su ex y bajo supervisión de la familia de su ex o incluso de la policía.

A pesar de que el tribunal polaco determinó que tiene derecho a ver a sus hijos una vez al mes, no puede permitirse tantos viajes y, de hecho, tampoco tiene fuerzas para hacerlos. “No puedo volver a esa casa. No así”, asegura.

Según Andrea, todo son impedimentos en las comunicaciones con sus hijos. De hecho, a pesar de que su expareja hablaba castellano con ellos cuando estaban en España, no han vuelto a escuchar esa lengua. Mientras al mayor aún le quedan nociones, la pequeña no habla ni una sola palabra. “No me puedo comunicar con ella más que por gestos. Y es muy triste que se les niegue un idioma tan importante por inquina”, asegura Andrea.

Pero la pérdida del conocimiento del idioma y del vínculo con el país en el que han residido toda su vida no es sólo por rencor. Según alerta Simón, en este tipo de casos el tiempo corre contra Andrea. “Cuánto más pase, más difícil será justificar que regresar a España será más beneficioso que quedarse en Polonia”, expone la letrada, que explica que la estrategia en este tipo de casos suele ser la de alargar lo máximo posible los periplos judiciales.

No pretendo que mi ex acabe presa porque no quiero separarla de los niños

La intensa batalla legal incluye demandas por sustracción de menores, peleas por la custodia en tribunales de ambos países y denuncias por impago de pensión. Con todo, la cárcel podría ser el destino de alguna de las dos, pero Andrea lo quiere evitar: “No pretendo que mi ex acabe presa porque no quiero separarla de los niños. Pero siento que ejercer esta presión es la única manera de acabar con la pesadilla”.

La querella no avanzará hasta que la madre de los niños venga a España a declarar como investigada, si bien hay pocas posibilidades de que eso pase, porque ella ha demostrado no tener interés en hacerlo por su propio pie. 

Según las abogadas de Andrea, sus posibilidades están en España. Por un lado, cuando se resuelva el divorcio y se establezcan las condiciones de la custodia y la guarda, podrá reclamar a Polonia que restituya a los menores para dar cumplimiento a la sentencia. Todavía tardará más la causa penal abierta en Sabadell, aunque Santandreu explica que la futura sentencia de esta causa, según el Reglamento Europeo, es ejecutoria e irrecurrible y, por tanto, Polonia se vería obligada a cumplirla. 

“Pero no sabemos si saldrá bien, porque no hay antecedentes de ningún caso con estas características”, se lamenta la abogada. De no tener éxito con ninguna de las estrategias, la última opción sería acudir al Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH). Pero Carme Simón define esta opción como “una carrera de fondo con final incierto”. Esta institución recibe miles de demandas al año. 

Andrea se encuentra en un callejón sin salida. Pero no pierde la esperanza: “No dejaré de luchar. No quiero que mis hijos piensen que les he abandonado”, se reafirma. Los últimos dos años han sido un calvario para ella, pero también los define como una etapa liberadora. Sabía que es una mujer desde que era adolescente, “pero tuvieron que pasar 15 años para que pudiera reconocerme como tal, aceptarme y dar el paso para ser feliz”, dice. 

Asegura que no se arrepiente de lo que hizo. “No era un capricho, no podía esconderlo más”, cuenta. La “mejor decisión” de su vida ha sido también “su peor pesadilla”. Ahora dedica todas sus fuerzas y su tiempo a luchar para que un país que no contempla los derechos fundamentales del colectivo LGTBI le devuelva, al fin, a sus niños.

Aunque hay zonas mucho más turísticas a su alrededor, Alsacia es una región de Francia ubicada en la zona noreste del país y que supone buena parte de su frontera con Suiza y Alemania. Su relación histórica y cultural con los germanos es plena y la influencia de la nación vecina se deja ver en su cultura. Siempre que viajes desde España en avión debes hacerlo a Estrasburgo o bien a Stuttgart/Basilea y regresar hacia Francia.

Esta porción del territorio francés es mundialmente conocida por sus fiestas navideñas, que incluyen gran variedad de mercados de gran belleza. Sin embargo, eso no significa que el resto del año no valga la pena. Hay muchos puntos que puedes visitar en cualquier momento.

Ciudades imprescindibles de Alsacia

Estrasburgo

La localidad más importante de esta región es Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo y uno de los secretos del continente. Posee su propia Catedral de Notre Dame y un popular reloj astronómico, que son dos de los símbolos más famosos de toda Alsacia.

Es ideal tomarse un par de días para recorrer y perderse en sus callejuelas, y son muchos los turistas que optan por subir a un barco que les lleva de los barrios antiguos a los barrios modernos. A bordo de las embarcaciones se obtienen unas increíbles panorámicas locales. Otra alternativa es moverse en bicicleta, son tantos estos vehículos en circulación que algunos comparan a Estrasburgo con Ámsterdam.

Colmar

Otra parada obligatoria, sobre todo para los amantes de la fotografía. Basta echar un vistazo a Google Imágenes para saber por qué. Vas a tener la sensación de estar en el set de filmación de una película, con esas pequeñas calles y puentes que atraviesan el río Ill.

Este destino te espera con su Petite Venice y es uno de los lugares más fotogénicos que vas a encontrar en todo el viaje.

Eguisheim

A sólo 15 minutos de distancia en coche de Colmar, este es otro sitio que tienes que incluir para pasar al menos una mañana. Las razones son numerosas, pero el mayor motivo es su trazado circular prácticamente inédito y que puede llegar a confundirte. Existe un camino clásico, el que comunica la Rue du Rempart con la Place du Château y la iglesia de este pequeño pueblo. Actualmente son sólo 1.500 sus habitantes, por lo que es perfecto si valoras la tranquilidad.

Riquewihr

Con los mismos atractivos que los demás, en cuanto a las callecitas de piedra que parecen sacadas de un concurso de escaparates, Riquewihr destaca por la Torre Dolder y la calle céntrica, la Rue du Général de Gaulle.

Ribeauvillé

A excepción de Estrasburgo, Ribeauvillé es la más grande de este listado y te encantarán la Place de la Zinn y la Torre de Bouchers que puedes encontrar en la ciudad. Además, si te gusta el vino, el trayecto en vehículo que une estos puntos está repleto de viñedos y bodegas en las que degustar las uvas francesas, multipremiadas a nivel internacional. Las catas de vino son comunes; un buen plan puede ser participar en las degustaciones.

El Castillo Haut-Koenigsbourg

No se trata de una ciudad, pero esta edificación y su entorno recuerdan a la ciudadela de Minas Tirith, de El Señor de los Anillos. Hacerte un hueco en la agenda para detenerte en el más impresionante de los cerca de 80 castillos de Alsacia es un compromiso que tienes que asumir al iniciar tu periplo. No te vas a arrepentir, porque las vistas desde arriba son espectaculares.

Reconstruido a finales del siglo XIX por los alemanes, más concretamente por el emperador Guillermo II de Hohenzollern, sigue siendo uno de los castillos mejor conservados de Europa. En su interior funciona una especie de museo de la Edad Media, con mobiliarios originales de la época en la que era habitado por los nobles. La excursión puede hacerse de forma libre o con guía.

Son aproximadamente 300 escalones hasta el bastión, donde aún se preservan las máquinas de guerra. Normalmente el clima acompaña y se pueden visualizar a la distancia más castillos alsacianos: el Ortenberg y el Frankenberg.

Al Castillo Haut-Koenigsbourg se suele ir desde Colmar, en una salida de una hora y media en automóvil desde ese pueblo. Pensando en ahorrar, puedes comenzar en la estación de tren de Sélestat y subirte al shuttle que está activo todo el año.

Más consejos para tus vacaciones

¿Cuántos días son recomendables para visitar Alsacia?

Un viaje por esta región de Francia debería ser de unos tres o cuatro días, incluyendo una noche en Estrasburgo y el resto fuera. Existen muchísimos pueblos en los que detenerse pero, si se trata de aconsejar tres de ellos, Colmar, Eguisheim y Riquewihr son los indispensables.

¿Cuándo es la mejor época para conocer Alsacia?

Si bien es una de esas escapadas que se disfrutan independientemente del calendario, nada mejor que ir durante las fiestas navideñas. Aquí se vive con fervor y podrás sumergirte en esta magia especial de la Navidad que está presente en las poblaciones del norte de Europa.

Pueden ser las de fin de año, pero también tienen una conocida celebración de Semana Santa y otras festividades religiosas. Ir en verano es otra opción porque además no es un destino repleto de turistas como pueden representar otros de su entorno y también dentro de Europa.

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Con chaqueta amarilla, blusa azul, lazo y pin de la bandera Unión Europea en la solapa, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, entraba en el plenario de Estrasburgo pocos minutos antes del comienzo de su discurso sobre el Estado de la Unión. La acompañaban la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y Olena Zelenska, esposa del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que ha asistido como invitada al debate.

El apoyo a Kiev frente a la invasión rusa ha ocupado un lugar central en el discurso de Von der Leyen, y también ha impregnado los símbolos en el plenario. En el que ha sido uno de los detalles de la jornada, casi todas las comisarias han asistido a la sesión vestidas con los colores de la bandera ucraniana, azul y amarillo, y han posado para una fotografía junto a la presidenta instantes antes del comienzo del debate.

Entre ellas estaban Kadri Simson (comisaria de Energía), Věra Jourová (Valores y Transparencia), Ylva Johansson (Interior), Helena Dalli (Igualdad), Elisa Ferreira (Cohesión), Dubravka Šuica (Democracia), Margrethe Vestager (Competencia), Stella Kyriakides (Salud), Mairead McGuinness (Servicios Financieros) y Jutta Urpilainen (Asociaciones Internacionales).

Al igual que ya ocurrió al comienzo de la guerra, varios de los presentes, entre ellos Metsola, han portado lazos, chapas y otras insignias en solidaridad con Ucrania.

“Putin fracasará y Europa vencerá”

“Nunca antes este Parlamento había debatido el Estado de nuestra Unión con la guerra asolando el suelo europeo. Todos recordamos aquella fatídica mañana de finales de febrero”, ha comenzado Von der Leyen tras tomar la palabra.

“Desde ese mismo momento, nuestra Unión en su conjunto ha estado a la altura de las circunstancias”, ha dicho. “Hace 15 años, durante la crisis financiera, tardamos años en encontrar soluciones duraderas. Una década más tarde, cuando se produjo la pandemia mundial, solo tardamos semanas. Pero este año, en cuanto las tropas rusas cruzaron la frontera de Ucrania, nuestra respuesta fue unida, decidida e inmediata. Y debemos estar orgullosos de ello. Hemos hecho aflorar la fuerza interior de Europa. Y necesitaremos toda esta fuerza”.

La presidenta de la Comisión ha insistido en que los próximos meses “no serán fáciles”. “Seamos muy claros: hay mucho en juego. No solo para Ucrania, sino para toda Europa y el mundo en general. Esta no es solo una guerra desatada por Rusia contra Ucrania. Se trata de una guerra contra nuestra energía, una guerra contra nuestra economía, una guerra contra nuestros valores y una guerra contra nuestro futuro. Se trata de la autocracia contra la democracia. Y estoy aquí con la convicción de que, con valor y solidaridad, Putin fracasará y Europa vencerá”.

“El coraje tiene un nombre, y ese nombre es Ucrania”, ha dicho antes de dirigirse a Zelenska, que ocupaba uno de los asientos reservados para la Comisión. “Querida Olena, se necesita un inmenso valor para resistir la crueldad de Putin. Pero tú encontraste ese coraje. Hoy, Ucrania es fuerte porque todo un país ha luchado calle por calle, hogar por hogar. Ucrania se mantiene fuerte porque gente como tu marido, el presidente Zelenski, se ha quedado en Kiev para liderar la resistencia”.

Von der Leyen ha reiterado en la Eurocámara que la “solidaridad” de la UE con Ucrania “seguirá siendo inquebrantable”. “Desde el primer día, Europa ha estado al lado de Ucrania. Con armas. Con fondos. Con hospitalidad para refugiados. Y con las sanciones más duras que el mundo haya visto jamás. (...) Y quiero dejar muy claro que las sanciones están aquí para quedarse. Este es el momento de mostrar determinación, no apaciguamiento. Lo mismo ocurre con nuestro apoyo financiero a Ucrania”. En este sentido, ha anunciado que se destinarán 100 millones de euros a la rehabilitación de colegios ucranianos destruidos.

La presidenta de la Comisión Europea ha hecho público en el pleno que este miércoles viajará a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Será la segunda vez que viaje a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa –la primera fue el 8 de abril–. Von der Leyen tiene previsto debatir con Zelenski sobre los avances en el mercado único europeo para Ucrania, tras anunciar la extensión del roaming a este país.

“En el mes de marzo logramos conectar Ucrania a nuestra red eléctrica”, ha dicho Von der Leyen. “Ya hemos suspendido los derechos de importación que se aplicaban a las exportaciones ucranianas a la UE. Integraremos a Ucrania en nuestro amplio espacio europeo de itinerancia gratuita. Nuestros corredores solidarios están siendo un gran éxito. Apoyándose en todos esos logros, la Comisión trabajará junto con Ucrania para asegurar el acceso sin trabas de este país al mercado único, y viceversa”.

Durante el discurso, la jefa del Ejecutivo comunitario ha avanzado también algunos datos de sus propuestas para afrontar el duro invierno. Según Von der Leyen, la nueva tasa europeo sobre beneficios extraordinarios de las energéticas permitirá recaudar “140.000 millones de euros”. Las medidas también prevén recortar un 5% el consumo de luz en horas punta y una tasa del 33% a los súper beneficios de las energéticas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, no ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por las defensas de los jóvenes de Alsasua condenados por la justicia española por la agresión a agentes de la Guardia Civil en un bar de la localidad navarra en octubre de 2015. Con esta resolución finaliza el recorrido judicial del caso que llevó a la cárcel a ocho personas condenadas a penas de hasta 9 años y medio, que ahora ya están en tercer grado o con la pena cumplida.

Ha sido Iñaki Abad, uno de los condenados, quien ha informado este miércoles a través de la red social Twitter que el TEDH desestimaba el recurso interpuesto por las defensas. “Frente al desamparo de todas las instituciones judiciales, queda una sociedad que lo ha entendido perfectamente, pese a perder en el TEDH, seguiremos denunciándolo siempre”, ha señalado.

Fue en noviembre de 2020 cuando los familiares de los condenados por el conocido como 'caso Alsasua', englobados en la plataforma Altsasu Gurasoak, anunciaron que presentarían recurso ante el TEDH. En este caso se juzgó y condeno a varios jóvenes por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad de Alsasua. Tras el recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo dictaminó finalmente unas penas de entre un año y medio y nueve años y medio de cárcel para los ocho encausados. Al agotar las vías judiciales en España, optaron por recurrir al TEDH.

En la presentación del recurso indicaron que “ningún órgano del sistema judicial español con competencias para ello ha demostrado tener voluntad de frenar este montaje, demostrando graves carencias democráticas y violando los derechos fundamentales más básicos”.

En octubre de 2019 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó de forma notable las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) implicados en la agresión a dos guardias civiles y sus novias en la madrugada del 15 de octubre de 2016. Las penas quedaron reducidas a entre 9 años y medio de cárcel la más alta y hasta el año y medio de prisión la más baja.

La sentencia de la Audiencia Nacional había dictado en esta causa condenas de entre 13 y 2 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, aunque no se les penó por delitos de terrorismo que sí aparecían en los escritos de acusación de la Fiscalía tanto en primera instancia como en apelación.

La reducción de penas, que se argumentó en una amplia resolución que se extendía a lo largo de 449 páginas, se debe a la no aplicación de la agravante de discriminación ni la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, así como a la supresión a dos de los acusados de alguno de los delitos de lesiones por falta de pruebas por los que habían sido inicialmente condenados.

No obstante, la sentencia seguía siendo condenatoria porque el Supremo indicó que existió prueba bastante y válida de las agresiones y lesiones físicas y psicológicas causadas a las víctimas para condenar por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La resolución no fue unánime y dos magistrados firmaron un voto particular favorable a haber mantenido la agravante de discriminación.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado este martes que el envenenamiento mortal en 2006 de Aleksander Litvinenko con polonio 210, en Reino Unido, “es imputable a Rusia”, tras la negativa a enviar los documentos de la investigación y al “no refutar la posible implicación del Estado”.

La sentencia concluye así que Rusia violó el derecho a la vida (que está protegido por el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) de Litvinenko, tanto en el aspecto material como procesal, ya que las autoridades rusas “no realizaron una investigación interna efectiva”.

El Tribunal de Estrasburgo ha apoyado la investigación británica, que concluyó que los rusos Andrei Lugovoi y Dimitri Kovtun se reunieron en tres ocasiones en 2006 con Litvinenko y en todas ellas se hallaron restos de polonio 210. La primera fue la cena en un restaurante, tras la cual el exespía del KGB ya tuvo vómitos. La segunda fue en encuentro entre Litvinenko y Lugovoi, y en la tercera quedaron los tres para tomar un té en el bar del hotel donde se hospedaban.

Litvinenko, que había obtenido en 2001 asilo en Reino Unido, murió el 23 de noviembre de 2006 por un envenenamiento por radiación “causado por concentraciones muy elevadas de polonio 210 que había entrado en su cuerpo a través de un compuesto soluble”, según ha recogido la sentencia de Estrasburgo a partir de la investigación británica.

“Bajo órdenes” rusas

Lugovoi y Kovtun fueron acusados de asesinato en Reino Unido y se solicitó su extradición. El primero fue elegido diputado en la Duma rusa en 2007 y contó con inmunidad parlamentaria. La entrega del segundo fue rechazada por Moscú. El fiscal general de Rusia abrió una investigación penal “de la que apenas se tiene información”, según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que ha recordado que el Gobierno ruso “se ha abstenido de aportar la información reclamada”.

La investigación británica “reveló las motivaciones que podrían haber llevado al Estado ruso a desear la muerte de Litvinenko y la existencia de vínculos entre Lugovoi y Kovtun y las autoridades rusas”. Además, establece que ambos “actuaron bajo las órdenes” de los servicios de inteligencia rusos (FSB).

Según el fallo, Rusia tendrá que indemnizar con 100.000 euros por daños morales y 22.500 por gastos y honorarios a la demandante, la viuda de Litvinenko, Maria Anna Carter (Marina Litvinenko), ruso-británica nacida en 1962 y residente en Londres.

La sentencia de la Sala Tercera de la Corte europea ha contado con el voto contrario del juez ruso, Dimitri Dedov.

Por su parte, Moscú no ha aceptado esta decisión del TEDH. “Es poco probable que el TEDH tenga competencias y capacidades tecnológicas para tener información sobre ese asunto”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov ha agregado que los resultados de la investigación del “caso Litvinenko” aún “no están”, por lo que sacar conclusiones es algo “infundado”.

A la pregunta sobre si Rusia aceptará la decisión del TEDH, Peskov ha respondido: “No estamos dispuestos a hacer caso a estas decisiones”.

Envenenamiento de Serguéi Skripal

Este martes también ha habido avances en el caso de los envenenamientos del exagente ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en la localidad de Salisbury (sur de Inglaterra) en marzo de 2018. Un tercer espía ruso, identificado como Denis Sergeev, ha sido acusado de estar implicado, según ha informado la Policía británica.

Sergeev, que en Reino Unido empleaba el alias Sergey Fedotov, se enfrenta a varios delitos que incluyen el intento de asesinato de Skripal y Yulia y del expolicía Nick Bailey por envenenamiento con el agente químico Novichock, un caso que desencadenó una crisis diplomática entre Londres y Rusia.

“El equipo investigador ha recabado evidencias que sugieren que Petrov, Boshirov y Fedotov han trabajado juntos previamente y en nombre del Estado ruso en operaciones llevadas a cabo fuera de Rusia”, ha indicado este martes el subcomisario Dean Haydon, coordinador nacional de la unidad antiterrorista del Reino Unido.

En concreto, la policía acusa a Sergeev de siete delitos, entre ellos tres de intento de asesinato y conspiración para asesinar a Skripal, el de ocasionar daños físicos con intención a Yulia y al agente Bailey, así como posesión y uso de un arma química.

Se trata de los mismos cargos por los que ya rinden cuentas otros dos sospechosos en el incidente ya identificados por la policía en 2018: Alexander Mishkin, que se hacía llamar Alexander Petrov en este país, y Anatoliy Chepiga, que utilizaba la identidad de Ruslan Boshirov en Reino Unido.

Los investigadores han vinculado pruebas que relacionan a los tres sujetos con los servicios de inteligencia militar rusa -GRU- y que demuestran que el trío estuvo antes implicado en operaciones similares en otros países como Bulgaria y la República Checa.

“Los tres son individuos peligrosos. Han intentado asesinar a personas en el Reino Unido, y han traído armas químicas extremadamente peligrosas a este país por medios desconocidos”, ha señalado Haydon. La cantidad de Novichok encontrada en un frasco de perfume era “bastante significativa y si se hubiera puesto en circulación entre la ciudadanía, sin duda habría matado a cientos, sino a miles de personas”, ha recordado el subcomisario.

No habrá extradición

Sergeev aterrizó en el aeropuerto británico de Heathrow el 2 de marzo de 2018 en un vuelo procedente de Moscú y llegó al país unas cuatro horas antes de que lo hicieran Mishkin y Chepiga. Los tres hombres se vieron varias veces los días previos al envenenamiento, tanto en el exterior como en locales cerrados y Sergeev no abandonó Londres.

Por su parte, Nick Price, responsable de la División antiterrorista especial de crimen y antiterrorismo de la Fiscalía británica, ha confirmado este martes que este país no solicitará a Rusia la entrega de Fedotov “pues la Constitución rusa no permite la extradición de sus propios nacionales y Rusia lo ha dejado claro tras peticiones de extradición en otros casos”.

La residencia oficial de Downing Street ha informado este martes de que el Ministerio de Exteriores abordará este asunto este martes con el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin. “Siempre hemos dicho que esta no fue operación clandestina y solo el Estado ruso tenía los medios técnicos, la experiencia y los motivos para llevar a cabo este ataque”, ha señalado un portavoz de Downing Street, y ha resaltado que Reino Unido hará todo lo posible por extraditar a los responsables si salen de Rusia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite los primeros recursos de las defensas de los jóvenes de Alsasua condenados por la justicia española por la agresión a agentes de la Guardia Civil en un bar de la localidad navarra. Esta instancia revisa si los afectados tuvieron un proceso judicial justo en las instancias ordinarias españolas, esto es, no entrará al fondo de la cuestión.

Según EiTB, son cinco de los ocho recursos los que ya han sido admitido a trámite por la corte europea. “Es previsible que el resto de recursos siga el mismo camino, pero por ahora no tenemos la confirmación”, ha escrito en Twitter la plataforma de familiares de los condenados, Altsasu Gurasoak, que ha informado de los dos primeros expedientes que han llegado hasta Estrasburgo.

En noviembre de 2020, familiares de los condenados ya informaron del recurso. “Cuatro largos años inmersos en un proceso judicial evidentemente manipulado”, denunciaron entonces, según recogió Europa Press. “Es obvio que ningún órgano del sistema judicial español con competencias para ello ha demostrado tener voluntad de frenar este montaje, demostrando graves carencias democráticas y violando los derechos fundamentales más básicos”, sostuvieron recordando las acusaciones de terrorismo.

“Somos optimistas y confiamos en un resultado positivo, pero también somos realistas y sabemos que todo no será un camino de rosas”, dijeron. Eso sí, admitieron las limitaciones de esta fase: “En Estrasburgo no tendremos la oportunidad de cuestionar el juicio partiendo de cero, y por supuesto no se investigará a los denunciantes. Sólo pediremos lo mismo que hasta ahora, justicia de garantías y respeto a los derechos humanos”. Las últimas condenas expiran en 2025.

El 15 de octubre de 2014, un joven de camiseta morada permanece encaramado en lo alto de la valla de Melilla junto a otros migrantes subsaharianos. Agotado de resistir, empieza a descender hacia la escalera que la Guardia Civil ha colocado apoyada en la base de la alambrada. Cuando la alcanza, varios agentes empiezan a golpearlo. El hombre cae al suelo, no se mueve y parece estar inconsciente. Es arrastrado y devuelto a Marruecos agarrado de pies y manos. 

Las imágenes, difundidas entonces por la ONG Prodein, provocaron la imputación de 8 guardias civiles en Melilla, pero el caso fue finalmente archivado por no poder contar con la declaración de los afectados, dado que habían sido devueltos en caliente. La causa acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero a finales de junio la Corte ha concluido su inadmisión por “pruebas insuficientes”.

Ese hombre de camiseta morada, apaleado y devuelto por la Guardia Civil, se llama Albert Julio Doumbe Nnabuchi, pero desde pequeño se le conoce como Dany, en recuerdo al nombre de su padre, ya fallecido. Vive en España y, tras casi siete años de los hechos, concede una entrevista por primera vez a un medio de comunicación. Quiere contar su versión sin intermediarios.

“Mi voz no se ha tenido en cuenta”

En su resolución, Estrasburgo considera que no ha quedado demostrado que la identidad del denunciante coincida con la del hombre que aparece apaleado en las imágenes. Y Dany, enrabiado y frustrado, no entiende nada: “El Tribunal me hace sentir como si no existiese, como si estuviera muerto. Mi voz no se ha tenido en cuenta. Me siento silenciado”, sostiene Dany, muy afectado, a través de videollamada.

“La prueba soy yo y ahora estoy aquí, estoy en Europa”, repite atropellado desde su casa de Málaga, la ciudad donde vive en la actualidad. Estrasburgo alegó que “el demandante no compareció ante los tribunales nacionales”, sin embargo, el camerunés y su abogado recuerdan que su devolución a Marruecos por parte de las autoridades españolas impidió la personación del afectado en la causa abierta en los juzgados melillenses. “A veces me pregunto: ¿si me hubiese muerto, como murió George Floyd en EEUU, sí me hubiesen escuchado? Hay que morir para que nos tengan en cuenta?”.

El camerunés, que esperaba nervioso la resolución del caso, transmite una fuerte impotencia tras la respuesta del Tribunal: “Prefería que hubiesen dado la razón a la Guardia Civil, habría entendido que, como siempre, los poderosos ganan. Pero que no me digan que esa persona no soy yo... Soy yo y estoy aquí, con todas mis facultades, trabajando en España para buscarme la vida”.  

Estrasburgo le dice que no tiene pruebas suficientes para determinar que quien denuncia los hechos es de verdad ese hombre de camiseta morada que se desploma en el suelo en las imágenes aportadas, pero él describe con detalle los dolores que sufrió durante los meses posteriores a aquel 15 de octubre de 2014. Se coloca la mano en la zona lumbar para hablar de los fuertes dolores que sufrió durante meses y la complicada manera en la que tenía que entrar en la cabaña del monte Gurugú (Marruecos) tras su devolución, para evitar que una mala postura le hiciese daño. Explica de forma minuciosa los minutos anteriores a ser golpeado en la alambrada, justo antes de que, dice, perdiese el conocimiento.

En el vídeo de la actuación presentada a la Corte no se llega a ver con claridad el rostro de la persona golpeada, pero sí se identifica su ropa: una camiseta morada con un diseño de colores y pantalón por debajo de la rodilla. También se observa el pelo del migrante devuelto, algo largo y con rastas. 

Está dispuesto “a lo que me pidan” para demostrar su identidad, dice, aunque Estrasburgo ya ha respondido. Dany muestra a elDiario.es fotografías suyas, tomadas tanto en la valla de Melilla como en el monte Gurugú (Marruecos), con la misma camiseta morada y el mismo peinado del hombre golpeado. “Tengo todas esas imágenes aquí dentro”, dice tocándose la barriga. “Si alguien me dijese que puedo declarar sobre lo que me pasó, iría a donde me pidiesen mañana mismo para decir: 'yo soy esa persona a la que habéis tratado como a una animal'”.

Su versión de los hechos

Ese día, cuenta, saltaron la valla alrededor de 400 personas. Recuerda estar en lo alto de la alambrada durante horas y que su mejor amigo, con el que emprendió el viaje desde Camerún, le dijese que él iba a bajar, que hacía calor y estaba muy cansado. “Habíamos empezado a caminar desde la una de la madrugada, anduvimos toda la noche. Yo le dije que habíamos puesto mucho esfuerzo, que si bajábamos nos devolverían”. 

Dany quiso aguantar un poco más, en lo alto de la valla más próxima a Melilla. Varios guardias civiles, cuenta, colocaron una serie de escaleras apoyadas en la alambrada y les pedían que bajasen. En la zona ‘entre vallas’, también había agentes españoles y, en el otro lado, esperaban los gendarmes marroquíes. 

“Miré a mi amigo y vi que estábamos rodeados. Por mi propia voluntad, empecé a bajar hacia donde habían puesto la escalera. Y, cuando me estaba acercando, me golpea y asusté. Yo intento volver a subir para explicar que estoy bajando, pero me atrapa otro agente. Son ellos los que me tiraron”

“Recuerdo el dolor y la rabia del momento en que me dieron el primer golpe, ¿por qué, después de un rato convenciéndonos para bajar, cuando lo hago me pegan?”, se pregunta Dany. Cuando estaba arriba, apunta, los agentes le decían que, si bajaba , le darían agua y volvería a Marruecos “sin problemas”. “Confié en ellos, una persona sin defensa, me trataron así”. 

Lo que pasó después, reconoce, lo conoce gracias al vídeo. No tiene recuerdos de su impacto contra el suelo, ni de haber sido arrastrado por los agentes, como muestran las imágenes. Tampoco tiene en su cabeza el momento en que los guardias civiles empujan su espalda con una defensa y, aparentemente inconsciente, su cabeza choca con sus piernas; o cuando es agarrado de pies y manos durante su devolución a Marruecos. 

La siguiente imagen que guarda en su mente, explica, se ubica ya en el autobús en el que le metieron por los gendarmes marroquíes, donde suelen trasladar a los migrantes subsaharianos tras los saltos de la valla a las zonas del sur del país para alejarlos de la frontera con España. “Me dolía mucho, no aguantaba el dolor. Mis amigos se empezaron a preocupar al verme sufrir tanto, temían que me pasase algo grave. Tenían miedo de que me muriese”. 

Sus compañeros empezaron a gritar dentro del autobús y, como no viajaban con ellos muchos agentes, el conductor decidió parar el vehículo, según su testimonio. “Desde allí, mis amigos me llevaron al Gurugú [uno de los montes donde se refugian  migrantes que intentan llegar a Europa]. El camerunés fue trasladado al médico por el jesuita canario Esteban Velázquez, entonces responsable en Nador de la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Tánger, cuenta Dany. Conocido como Padre Esteban, era un referente por su labor de acompañamiento sanitario que prestaba a los migrantes heridos en los saltos de la valla de Melill. También por su denuncia social, razón por la que el Reino marroquí le expulsó del país.

El abogado de Dany, José Luis Rodríguez Canderla, presentó ante Estrasburgo una declaración jurada del sacerdote en la que indicaba haberle acompañado al hospital, donde no se les proporcionó informe médico. “Me hicieron una radiografía y me pusieron una inyección, pero a mí nadie me dio ningún papel”, dice el camerunés. 

“Apenas podía andar”

El dolor se mantuvo durante meses: “Andaba encorvado. Apenas podía andar, iba pasito a pasito. No podía toser ni reir por el dolor que me provocaba”. Según su testimonio, sentía un dolor intenso por la  espalda. “Recuerdo que, si andaba, no pisar una piedra o un bache. Me quedaba parado una hora para pasarlo porque, si no, sentía un latigazo”, dice, mientras describe con gestos todo lo que cuenta, como cuando se tenía que poner de rodillas, con la espalda recta, para introducirse en la cabaña donde dormía.

La lesión le impidió durante un tiempo intentar saltar la valla de nuevo. “Recuerdo una noche que toda la gente del bosque se fue y yo estaba solo… Más adelante, lo intenté, pero a mitad de camino tuve que volver”. 

La primera vez que vio el vídeo, que tuvo una gran repercusión en los medios españoles, fue en un locutorio de Nador. “Había mucho revuelo. Yo me puse a llorar. Aún ahora, cuando lo veo, se me saltan las lágrimas. Me duele verlo. Mi madre me enseñó que lo más importante era respeta a la gente”. 

Durante mucho tiempo, Dany temía represalias si denunciaba los hechos, tanto en los tribunales como ante los periodistas interesados en contar su historia. Prefería callar. “Como había rumores de que estaba muerto, me daba miedo que, si descubrían en Marruecos que no lo estaba, me quisiesen matar”, recuerda el camerunés. 

Hasta que perdió el miedo. La ONG Andalucía Acoge contactó con Dany, a través de Prodein. Pasado un tiempo, el migrante decidió denunciar los hechos ante Estrasburgo, después de haber sido archivada la causa en un tribunal melillense. En el monte Gurugú el camerunés firmó un poder notarial para reconocer como representante legal al entonces abogado de la organización, José Luis Rodríguez Candela.

Dany ya no recuerda todas las veces que intentó alcanzar suelo europeo. Tras años y años malviviendo en Marruecos, conoció a una mujer española con la que se acabó casando en Camerún. El joven llegó a España en avión hace dos años.

Ahora, vive en Málaga, donde trabaja en un restaurante. Las dificultades económicas en su familia le impidieron acabar los estudios en su país por lo que, en Andalucía empezó a estudiar la ESO. No obstante, la pandemia le ha obligado a parar por un tiempo, porque su madre necesitaba apoyo económico debido a la crisis sanitaria ligado a la pandemia. 

Si echa la mirada para atrás, recuerda el largo viaje recorrido hasta llegar hasta aquí:  Nigeria, Benín, Burkina Faso, Mali, Túnez, Argelia y Marruecos. “Fue muy duro, pero lo más peligroso que me ha pasado en todo ese tiempo sucedió en Melilla, con la Guardia Civil española”. 

Ocurre a veces que una derrota es el preludio de una victoria. Así se expresaban este miércoles algunas de las defensas de los líderes del procés tras leer la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazaba el recurso de amparo del exconseller de Presidència Jordi Turull. Más concretamente, el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, crítico con la interpretación que hizo el Tribunal Supremo del delito de sedición y las penas “desproporcionadas” impuestas a los independentistas. Las defensas confían en que la opinión de los dos magistrados sea la palanca con la que lograr una victoria final ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, tal y como ha ocurrido en casos anteriores.

Pese a que el voto particular no hace suya la totalidad de los argumentos de los presos –ya avanza, por ejemplo, que no ve inconstitucional el delito de sedición tal y como alegó el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart–, el magistrado Xiol y la magistrada Balaguer sí enfatizan que técnicamente hubiera cabido un enfoque a la causa del procés que no desembocara en penas tan altas. “La síntesis sería que no discuten el carácter penal del caso pero dudan de que la sedición fuera el camino correcto”, resumía este miércoles una de las defensas.

En todas las causas recurrir una sentencia que no cuenta con la unanimidad del tribunal hace más fácil el ejercicio de las defensas. A ello hay que sumar varios de los precedentes de los casos españoles más relevantes que han acabado en Estrasburgo, en los que la sentencia final del TEDH ha ido en consonancia con los votos particulares de los magistrados del Constitucional o del Supremo que disentían de la mayoría. Y a eso se agarran las defensas del procés.

Cabe recordar por ejemplo que en la condena a España en el caso de la quema de las fotografías del rey Juan Carlos I, el TEDH acogió en su integridad los argumentos expuestos por los votos particulares de cuatro magistrados, entre ellos el propio Xiol, para concluir que la protesta se integraba dentro de la libertad de expresión y no merecía reproche penal, tal y como defendía el abogado de los condenados, Benet Salellas, que hoy representa a Jordi Cuixart.

El magistrado Xiol también redactó el voto particular que cinco jueces del Constitucional formularon en el caso Bateragune. Advirtieron los magistrados, como finalmente sentenció el TEDH, de que el juicio a Arnaldo Otegi y a otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale era nulo por falta de imparcialidad del tribunal sentenciador de la Audiencia Nacional. Precisamente Xiol y Balaguer citan la sentencia de la quema de las fotos del rey del TEDH y otra relativa a Otegi por llamar “jefe de los torturadores” a Juan Carlos I para fundamentar que al examen de la proporcionalidad en el caso de la sedición y el procés no le hubiera venido mal “profundizar” en la jurisprudencia europea en la materia.

Turull, el primero a Estrasburgo

La defensa de Turull, que ejerce el penalista Jordi Pina, consideró que en la causa del procés el Supremo había vulnerado hasta seis derechos fundamentales. Según Xiol y Balaguer, las penas “desproporcionadas” por sedición que impuso el Supremo –12 años y medio, en el caso de Turull– vulneran el derecho fundamental a la legalidad, lo que a su vez provoca un efecto contrario a otros dos derechos básicos, como el de reunión y a la libertad ideológica, además de ir en contra del derecho a la libertad personal reconocido en la Constitución. Es decir, al imponerse penas demasiado altas en relación a la gravedad de los hechos se desincentiva el ejercicio de derechos fundamentales. El llamado 'chilling effect'.

Traducido al procés, Xiol y Balaguer expresan sus dudas sobre que la protesta del 20-S en la conselleria de Economía y la movilización del 1-O, los dos actos sediciosos según el Supremo, representen actos típicos de alzamiento “público y tumultuario por la fuerza o la vía de hecho”, tal y como castiga este delito. El motivo es que ambos se encuentran, en general y salvo algún “exceso” aislado de algún manifestante, protegidos por el derecho de reunión y manifestación. Y los incidentes, en cualquier caso, no serían atribuibles a Turull, al que Xiol y Balaguer creen que el Supremo condenó por su “posición genérica” como conseller de Presidència. Una reflexión en consonancia con lo que los jueces alemanes argumentaron para descartar que se pudieran atribuir a Carles Puigdemont actos violentos del 1-O, por ejemplo el lanzamiento de una silla a un guardia civil en un colegio.

Pero además, los dos magistrados ven cierta contradicción en que el Supremo castigara a penas tan altas a los acusados cuando, en la misma sentencia, acogía algunas de las tesis de las defensas –en especial la ejercida por el penalista Xavier Melero– en referencia a que la democracia española pudo controlar en todo momento, a través de la aplicación del 155 y de los tribunales, el “riesgo pretendido” por los independentistas en el procés. Creen también Xiol y Balaguer que “no cabría prescindir” a la hora de imponer las penas del hecho que varios acusados reconocieron que con el 1-O no buscaban la independencia sino negociar con el Estado.

En la crítica más directa a la sentencia dictada por el tribunal presidido por Marchena, Xiol y Balaguer afean que el Supremo justificara la proporcionalidad de la pena de Turull en base a la petición de decenas de años de cárcel realizada por la acusación popular que ejerció la formación de extrema derecha Vox, cuando la propia sentencia calificaba su presencia en la causa como “perturbadora” e instaba al Gobierno a suprimir que los partidos pudieran acusar en estrados.

Bajar la pena, pero no eximirla

Es más, Xiol y Balaguer creen que había “circunstancias suficientes” para que el Supremo, en aplicación del principio de proporcionalidad, hubiera “atemperado” las penas impuestas a los líderes del procés, habida cuenta de la “indeterminación” de la sedición en el Código Penal, la casi inexistente jurisprudencia contemporánea respecto a este delito y la afectación del delito sobre derechos fundamentales. ¿Cómo se hubiera conseguido bajar –que no eximir– la pena? Xiol y Balaguer enumeran varias vías que el Supremo descartó: condenar por un tipo penal atenuado, las eximentes o atenuantes contempladas en el Código Penal, o proponer al Gobierno en la propia sentencia un indulto parcial.

Los dos magistrados llegan a estas conclusiones tras un análisis contrario al de la mayoría de siete magistrados del Constitucional –que avalan al 100% la labor del Supremo en el procés– pero que Xiol y Balaguer, sin cuestionar la calidad técnica de la sentencia de Manuel Marchena, consideran “de mayor corrección constitucional y más respetuoso con el actual estándar en el derecho nacional y europeo de los derechos humanos”. “Sin garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible, pero sin una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es”, zanjan.

Turull se convertirá así en el primer preso del procés que emprende la vía de Estrasburgo una vez agotados los recursos en España. Además de la vulneración del derecho fundamental a la legalidad en relación con la libertad, reunión y libertad de expresión y por imposición de una pendra desproporcionada, se alegará la vulneración del juez predeterminado por ley o a no ser discriminado por motivos lingüísticos (derechos que, a diferencia del anterior, Xiol y Balaguer sí ven respetados por el Supremo). La demanda está ultimada y previsiblemente se interpondrá en los próximos días. A Turull le seguirán los otros ocho presos. La carpeta procés está a punto de llegar a Estrasburgo.