Los asesinos en serie repiten gestos cuando eligen a quién atacar, y esa repetición se nota en los rasgos de las personas que acaban siendo sus víctimas. Ted Bundy, por ejemplo, buscaba mujeres con el pelo oscuro y la raya en medio, una elección que se repitió en varios de sus crímenes y que formaba parte de su forma de actuar.

Ese tipo de comportamiento no aparece al azar, porque muchos agresores fijan su atención en caras que recuerdan a alguien de su entorno cercano. En varios casos, esas similitudes apuntan a figuras familiares ligadas a experiencias traumáticas durante la infancia.

Un equipo universitario plantea medir similitudes faciales

Un estudio de la Universidad de Murdoch, publicado en The Police Journal: Theory, Practice and Principles, muestra que los asesinos en serie tienden a elegir víctimas con rasgos faciales similares y propone una herramienta para detectarlo.

El trabajo indica que esa repetición puede medirse con datos, no solo con impresiones, y que esos patrones pueden ayudar a vincular casos sin resolver. Según el equipo, el sistema detecta “rasgos sutiles de la geometría facial” que pasan desapercibidos cuando se revisan fotos sin un método definido.

Los investigadores explican que muchos delincuentes seleccionan a sus víctimas siguiendo criterios como edad, sexo o apariencia, y esos criterios se repiten en varios ataques del mismo agresor. En algunos casos, el parecido se dirige hacia una persona concreta del pasado, como un progenitor, y esa referencia se traduce en elecciones repetidas con características físicas similares.

El patrón observado en Bundy anticipa futuros objetivos

El caso de Theodore Robert Bundy encaja en ese comportamiento, ya que sus víctimas compartían un tipo de peinado y rasgos que se repetían una y otra vez. Ese patrón no solo describe lo que ocurrió, también permite anticipar qué tipo de persona podría ser objetivo en futuros ataques.

Cuando no hay testigos ni restos biológicos, la investigación se queda sin apoyos claros para avanzar, y eso deja muchos casos abiertos durante años. En ese contexto, resulta difícil conectar crímenes cometidos en lugares distintos aunque el autor sea el mismo.

Muchos asesinos en serie han sido detenidos, pero no se ha logrado demostrar su relación con todos los hechos que se les atribuyen. Esa falta de conexión entre víctimas obliga a buscar métodos que permitan comparar casos a partir de otros datos disponibles.

El sistema mide proporciones a partir de 21 puntos del rostro

La técnica que propone el estudio se llama Vínculo de Similitud Facial y se basa en medir partes concretas del rostro en lugar de mirar fotos de forma general. El equipo identificó 21 puntos en cada cara, entre ellos las comisuras de los labios, los bordes de los ojos, la punta de la nariz y el mentón, y midió la distancia entre ellos para construir proporciones.

Ese sistema evita errores provocados por fotos tomadas desde distintos ángulos o con tamaños diferentes, algo habitual cuando las imágenes proceden de redes sociales o archivos personales. Al trabajar con proporciones, las comparaciones se mantienen aunque la imagen esté inclinada o recortada.

Tras aplicar este método, los investigadores obtuvieron 55 medidas faciales que permiten diferenciar a personas relacionadas entre sí de otras que no lo están. Esas medidas funcionan incluso cuando las imágenes no son de buena calidad, y permiten agrupar víctimas que comparten rasgos sin necesidad de otros datos. El análisis no se queda en una coincidencia general, porque define qué partes del rostro coinciden y en qué grado lo hacen. Esa precisión permite separar casos que parecen similares de otros que realmente siguen un mismo patrón.

El sistema también se ha probado con personas sin experiencia previa, y aun así lograron mantener un error cercano al 5% siguiendo instrucciones sencillas. Esa facilidad abre la puerta a que se utilice en distintos equipos de investigación sin necesidad de formación avanzada.

Además, los autores plantean que el proceso puede integrarse con inteligencia artificial para analizar miles de imágenes en poco tiempo. Con ese desarrollo, la policía podría revisar grandes bases de datos y encontrar conexiones entre víctimas que hasta ahora no se habían detectado.

La herramienta se integra con otras pruebas policiales

La herramienta no sustituye a pruebas como el ADN o las huellas, pero se añade cuando esos datos no están disponibles o se han deteriorado. En esos casos, comparar rostros permite orientar la investigación hacia un sospechoso común cuando varias víctimas presentan rasgos similares. Ese uso convierte el análisis facial en una forma de organizar la información disponible y reducir el número de hipótesis abiertas.

El estudio de la Universidad de Murdoch plantea que este tipo de análisis puede incorporarse como parte habitual del trabajo policial, siempre que se utilice junto a otras pruebas. Los autores explican que características como la edad, el sexo o la apariencia influyen en la elección de la víctima, y que esos factores pueden medirse con herramientas como esta. Esa forma de analizar los casos permite revisar investigaciones antiguas con nuevos criterios y comprobar si varias víctimas responden al mismo patrón de elección.

La vida profesional de Antonio Alonso es tan fascinante que ya ha recibido propuestas para convertirla en una serie. Alonso trabajó desde 1984 en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), que dirigió entre 2019 y 2024, y participó como genetista forense en la resolución de algunos de los casos más relevantes para la historia de este país, desde el asesinato de Lasa y Zabala hasta los atentados del 11-M, el accidente del Yak-42 o la identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Alonso recoge su dilatada experiencia en La huella invisible (Crítica, 2026), un libro que le propuso su editora tras escucharle en una entrevista radiofónica y en el que relata los detalles de ocho de estos casos. Una historia que documenta, con una mirada crítica y profundamente humana, cómo la evolución de estas tecnologías de análisis genético ha cambiado la forma en que se identifica a las víctimas y se esclarecen los delitos. Para Alonso, que se emociona cuando habla del dolor de las personas que tienen familiares desaparecidos y sin identificar, las ciencias forenses tienen un valor humanitario y no diferencian entre bandos: solo son la mejor herramienta disponible para reparar la injusticia.  

Cuenta usted que el ADN puede permanecer en la ropa después de pasar por la lavadora, ¿la huella invisible de la que habla en el libro es más pegajosa de lo que creemos?

Efectivamente. Y eso que parece una anécdota, es algo que condiciona muchas investigaciones, porque hoy en día, aparte de llevar nuestro propio ADN en nuestras ropas, llevamos el ADN de las personas con las que convivimos, al menos con las que compartimos la colada de la lavadora. ¿Por qué? Porque en el lavado puede haber transferencia de ADN y, aunque sean pequeñas trazas, con la sensibilidad que tenemos hoy día podemos detectarlas, por ejemplo, en la ropa interior. Imagínate esto en la investigación de casos tan graves como el abuso sexual de niños. Por eso la prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos. Se necesitan otras pruebas testificales o forenses de que efectivamente estas son las circunstancias.  

Paradójicamente, más sensibilidad puede abrir nuevos problemas a la hora de documentar, ¿no?

Por un lado, es una ventaja que hayamos avanzado hasta obtener ADN de la nada, de una docena de células. Pero eso tiene la otra cara, y es que no solo vamos a detectar aquello que nos interesa, lo que se ha producido en el momento del crimen que estamos investigando. También vamos a identificar el ADN de fondo que estuviera en esa escena. Eso lo complica todo de muy diversas maneras, entre ellas por el hecho de que no vamos a obtener perfiles únicos y muchas veces vamos a obtener mezclas. Eso es uno de los temas más complejos en el ámbito de interpretación forense.

La prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos

Otro de los asuntos controvertidos son los cribados poblacionales para buscar a un culpable, hay pendiente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que esto quede regulado, ¿verdad?

El proyecto de reforma, que ya está presentado en el Congreso de los Diputados, incluye la investigación de ADN de manera sistemática en determinados cribados, cuando las técnicas tradicionales no han dado ningún resultado. Se trata de delitos graves, agresiones sexuales, homicidios, etcétera y siempre bajo un estricto control judicial o fiscal que asegure todas las condiciones con respecto a la preservación de los datos genéticos. 

¿Ustedes ya resolvieron un caso así?

A pesar de que no hay una legislación en el ámbito judicial, ya en el año 2003 hicimos una investigación de este tipo, que fue un cribado genético en un ámbito rural en Campo de Criptana para identificar a través del cromosoma Y a un determinado individuo. Porque el cromosoma Y que heredamos los varones de nuestros padres se transmite de manera inalterada a lo largo de las generaciones. Se hizo una primera investigación en todas aquellas personas que habían estado con la víctima de una agresión y se encontró una coincidencia, pero con una mutación. Eso nos llevó pensar que el responsable podía ser un familiar de ese individuo y los buscamos por el apellido paterno. La Guardia Civil, con consentimiento y con conocimiento de la juez instructora, hizo un barrido. Y en el individuo 55 detectamos un perfil de cromosoma idéntico, que al final se delató.

¿Cuáles son los riesgos de hacer el cribado? ¿Estigmatizar a comunidades?

Entre otras cosas. También pueden producirse errores, dependiendo del tipo de relación de parentesco. Imagina que tenemos el cromosoma Y de este individuo y vemos que tiene un origen ancestral magrebí. Cuidado, porque hay que valorar eso. Hay que tratarlo con mucha confidencialidad, porque todo ese tipo de datos pueden llegar finalmente a estigmatizar a determinados grupos sociales o raciales.

Hay ya varios casos en los que se ha encontrado al culpable gracias a los test recreativos de ADN a través de alguien que tiene una relación familiar, ¿ese también es un terreno resbaladizo?

El primer caso de este tipo fue el del “asesino de Golden State”, en California, cuando el FBI comparó una muestra hallada en el lugar del crimen con los datos que se obtienen en este tipo de compañías que venden kits comerciales y localizaron a un familiar lejano que les permitió llegar hasta el culpable. Esto ha obligado a las compañías a incluir cláusulas para que la gente esté informada y sepa que su material genético se puede usar para buscar a sospechosos.

A veces los asesinos tienen creencias erróneas, como la capacidad de la cal viva para hacer desaparecer restos orgánicos, ¿cómo de determinante fue esto en el caso de Lasa y Zabala?

Hasta ese momento había una falsa creencia de que la cal viva producía una destrucción tanto de los tejidos blandos como del esqueleto, y que por lo tanto esa era la manera de destruir o de hacer desaparecer un cadáver. En ese momento incluso los forenses pensábamos que esto era así. Yo, cuando me enfrenté a ese caso, lo primero que pensé fue que no quedaría nada de ADN. Pero resulta que es más bien al contrario. La cal viva produce una reacción exotérmica que produce desecación al contacto con el agua con los tejidos, y eso produce de alguna manera una inhibición de la putrefacción que está dirigida por el crecimiento bacteriano. No produce un olor tan fuerte y, por lo tanto, las alimañas no aparecen. Todo eso hace que al final el cuerpo se esté preservando, que es lo contrario que se pretendía. En el caso de Zabala, lo de la cal viva además fue como una firma y lo que llevó a un policía a relacionarlo con los GAL, porque [José] Amedo había dicho que en el caso de Segundo Marey habían valorado hacer lo mismo.

A lo largo de su carrera usted se ha enfrentado a casos terribles, crímenes de lesa humanidad, torturas como en este caso, y asesinatos. ¿Qué momento recuerda como especialmente impactante?

Bueno, en principio, y aunque eran unos cadáveres ya desprovistos de carne, el caso de Lasa y Zabala. Hubo un momento en esa mesa de autopsia que me produjo una impresión importante, un quebranto emocional. Porque no eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura. Pero, para mí, desde luego, la situación más grave fue encontrarme con la muerte en la mesa de autopsias del 11-M. Aquello creo que nos sobrepasó absolutamente a todos, a la población general, a los equipos forenses, absolutamente a todos. Y esa noche, gracias a la solidaridad de un montón de equipos de, no solamente forenses, sino todos los equipos de asistencia psicológica, policías, etcétera, creo que eso fue lo que sirvió para sobreponernos y dar una respuesta que yo creo que fue muy rápida, con sus errores.

La autopsia de Lasa y Zabala me produjo un quebranto. No eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura

Habla en el libro con mucha honestidad de que hubo un error que ha servido para mejorar el sistema…

El error fue que solo se tomó el ADN de los cadáveres que no estaban identificados con la huella dactilar, pensando que ya bastaba. Eso fue un error muy grave, porque desgraciadamente en el 11-M se produjo una fragmentación de los cuerpos muy grande como consecuencia de las explosiones, con lo cual esos restos que estaban en lo que llamaban las bolsas cero no se pudieron reasociar completamente con todos los cuerpos. De eso aprendimos y, gracias a esa experiencia y a la autocrítica posterior, se desarrolló un protocolo de actuación médico forense en casos de catástrofes, que se publicó como Real Decreto en el año 2009 y que hoy es la referencia en España para que no vuelvan a ocurrir esos errores y otros que se produjeron.

Justo antes había ocurrido una negligencia grave por parte de las autoridades militares sanitarias de ese momento con el caso del Yak-42. Siendo usted forense en aquel proceso, ¿qué sintió cuando los responsables políticos no fueron encausados ni pidieron perdón?

Fue tremendo, tremendo. Fíjate que se trataba de compañeros. El general y el capitán eran militares médicos, a los que se supone una serie de valores, de lealtad, etcétera. Y realmente no se hizo nada, ¿no? Es decir, hay pruebas de cuando hicimos las exhumaciones de que en algunos ataúdes había restos de más de tres personas o dos pies de distinto tamaño. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres. Sobre los políticos, yo recuerdo en aquellas épocas cuando vinieron los militares familiares a darnos la muestra para identificar a sus cadáveres, que eran todos votantes del PP y lo que decían todos: “Son unos sinvergüenzas cómo nos han tratado”. En el libro hay bastantes testimonios de esto, decían que en la vida volverían a votar a esta gente, porque aquello fue una infamia.  

En algunos ataúdes [de las víctimas del Yak-42] había restos de más de tres personas. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres

Entonces se puso el ejemplo del problema de los sombreros. ¿En qué consistía?

Básicamente era una metáfora. Se dice que si 37 personas que han bebido y están borrachas llegan a un bar y dejan el sombrero en sus percheros, la probabilidad de que cada uno coja su propio sombrero al salir es muy baja. Y esto es lo que ocurrió, que de los 30 cadáveres que no analizaron los turcos —que sí habían hecho bien su trabajo—, todos estaban mal identificados. Y menos mal que el equipo turco tuvo la prudencia de tomar una muestra de tejido que nos sirvió después para obtener el ADN de todos los cadáveres y poder hacer la reconstrucción.

Y darle a cada familia los restos de su familiar fallecido…

Siempre que se pudo. Porque, claro, el problema es que 11 de los cadáveres se habían incinerado e intercambiaron cenizas y con dos de ellos las familias las habían esparcido.

Este desprecio por los hechos científicos y esta voluntad de desprestigiar a los técnicos la hemos vuelto a ver más veces, ¿es la firma de un partido político?

Lo vimos también en el 11-M. No es ya que todas las pruebas inmediatas de las primeras horas, todas las pruebas periciales, indicaran que se trataba de un terrorismo islamista, que así lo decían. Es que con anterioridad ya había avisos del CNI y de los servicios de inteligencia de Policía y de Guardia Civil, de que esto podría pasar, de que lo más seguro es que hubiera un atentado terrorista en Madrid. Y sin embargo, este equipo, por las intenciones que fueran, intentó mantener el tema de que estos atentados provenían del terrorismo vasco de ETA. Y no solamente eso, sino que años después de que haya una sentencia en la que la verdad científica judicial se ha establecido, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso. 

A pesar de la verdad científica judicial del 11-M, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso.

El análisis de ADN ha resultado ser fundamental para la memoria histórica. ¿Por qué fue tan importante para usted la caja 198 del Valle de Cuelgamuros?

La caja contiene restos de una de esas inhumaciones que se produjeron en 1936 en Ávila, en dos localizaciones una fosa en Aldeaseca y otra en Fuente el Saúz, dos pueblos de Ávila. Cuando se inaugura el Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, se exhuman y se llevan al valle, como otros muchos.

También del bando nacional, como recalca en el libro.

Sí, sí, porque creo que es importante decirlo. Hay muchos vascos, porque el bando nacional llegó allí y reclutó forzosamente a muchos jóvenes que al final murieron. Y muchos de ellos están en el Valle de los Caídos. Hay bastantes solicitudes. Esto quiero transmitirlo para que veamos que las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida. La incertidumbre. Toda la gente con la que tú hables de este tema que tiene una persona desaparecida te va a decir lo mismo: yo puedo vivir con la muerte, puedo hacer un duelo y puedo pasar página, pero con un desaparecido no puedo vivir. Y te lo dicen los de la Guerra Civil y te lo dice Pili Zabala, que pasó diez años sin saber qué le pasó a su hermano. Hasta que se pudo encontrar. Todo eso que parece que es una tontería es algo fundamental. Tiene que ver con la dignidad humana y tiene que ver con la necesidad de pasar página y de poder vivir. Yo he conocido a mucha gente que ha estado 30 años dedicada a esa búsqueda, es en lo que han convertido su vida, porque no pueden más.

Las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos de diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida

¿Qué siente uno cuando ve todos esos restos en el valle de Cuelgamuros y ve la dimensión de lo que pasó en este país?

Efectivamente es muy grave y a veces piensas: joder, parece que el dictador hizo las cosas de manera que nunca se pudieran identificar o que fuera muy difícil identificarlos. Yo visité el Valle de los Caídos en el año 2010. Fue una de las primeras visitas que se hizo. Abrimos las paredes, no entramos y vimos lo que pasaba allí. En muchas de las criptas las cajas de madera se han deshecho completamente y aquello es un osario en el que es muy difícil trabajar. En el sepulcro, donde se ha encontrado a las víctimas de Aldeaseca y Fuente el Saúz, tuvimos suerte porque se hizo primero un trabajo excelente arqueológico por parte del equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dirigidos sobre todo por Paco Etxeberria. Creo que es admirable el trabajo que se ha hecho, pero en muchos casos no se podrán identificar los cuerpos, por la dificultad.

Me imagino que generará cierta impotencia saber que trabajar en crímenes contra la humanidad es como ir sacando el agua del mar con una cuchara, porque los siguientes casos están ahí esperando, en Gaza, Ucrania…

En el capítulo de la masacre de Suva Reka, en Kosovo, que es el caso por el que tuve que ir a declarar al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, hago referencia a ese espectro mundial, que es una desolación enorme y que produce cientos de miles de víctimas sin identificar en todos estos países y en situaciones de una precariedad tremenda. Y luego, además, [tenemos que soportar] que nos digan que ya se ha acabado la guerra en Gaza cuando se ha exterminado completamente una zona. Y las personas que son responsables de esto, como Netanyahu o Estados Unidos, que no reconocen el tribunal, tienen la libertad para seguir haciendo estas barbaridades. Es muy grave. 

La localidad pacense de Hornachos intenta recuperar la normalidad tras una semana intensa y dolorosa siendo en epicentro informativo nacional tras el esclarecimiento del caso de Francisca Cadenas, nueve años después de su desaparición.

En declaraciones a EFE, su alcalde, Francisco Buenavista, ha explicado que la población atraviesa un proceso de transición tras el “estado de shock” inicial provocado por la rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos y ahora existe “bastante indignación” porque “hay detalles del caso que no deberían hacerse públicos”, ya que “atentan incluso contra la dignidad de la víctima”.

“La gente no da crédito a todo lo que hemos ido sabiendo”, ha señalado, en referencia a que en la última semana se han sucedido los momentos clave de la investigación, el hallazgo de restos óseos, su confirmación como pertenecientes a la víctima, la detención de dos vecinos, hasta llegar a la filtración de aspectos del sumario judicial con todos los detalles de lo que pude pasarle a Francisca el día que desapareció.

El clima de rabia inicial en el pueblo, que se pudo ver con las pintadas en la fachada de la casa de los detenidos por la muerte de Francisca, ha ido dando paso a una cierta calma sin producirse “ningún incidente destacable”, ha afirmado Buenavista. “La gente va retomando sus trabajos, sus vidas”, ha añadido el alcalde, aunque reconoce que hay cierto cansancio entre los vecinos por la continua presencia todavía de medios de comunicación.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad informativa y al respeto hacia la familia en un momento en el que la presión mediática sigue estando visible en el municipio. De hecho, algunos vecinos han llegado a recriminar a equipos de televisión desplazados su actitud durante la cobertura, especialmente en las zonas cercanas a la familia de Francisca.

Por otra parte, Hornachos mira ya hacia adelante sin olvidar a Francisca Cadenas y, como ya anunció la familia, el próximo 9 de mayo, cuando se cumplan nueve años de su desaparición, está prevista una nueva concentración que servirá como homenaje y despedida, coincidiendo con la tradicional convocatoria anual.

La localidad afronta ahora una nueva etapa centrada en “acompañar y apoyar a la familia durante un proceso judicial que se prevé largo” y en recuperar poco a poco la normalidad tras unos días que han dejado una profunda huella en todo el municipio. 

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 y cuyos restos fueron hallados en la vivienda de dos vecinos la semana pasada, ha afirmado que si se confirma un móvil sexual en este caso llegará “hasta las últimas consecuencias” y pedirá la prisión permanente para ambos.

“Si durante la instrucción sigo teniendo elementos que a mí me hagan pensar que ha habido un móvil sexual, lucharé hasta el final para que se sepa toda la verdad”, ha afirmado Verónica Guerrero en declaraciones a EFE. Lo hará, ha añadido, para que “se esclarezcan los hechos, proteger y hacer justicia a la familia y a la memoria de Francisca”.

Sobre las informaciones que se están publicando sobre cómo falleció Francisca y las pruebas que está analizando la Guardia Civil, como unos dientes y mechones de pelo encontrados en la casa de los investigados, ha indicado que en muchos casos se está enterando de estos pormenores por los medios de comunicación.

“No sé si son de Francis -los dientes- o no lo son, no tengo idea”, ha señalado la letrada, pues “me preguntan por cosas que ni conozco”, como por ejemplo también si Francisca acudió a casa de los investigados a interesarse por el estado de salud de un tío suyo. “¿Cómo puede dar tiempo a salir tantas cosas en tan poco tiempo?”, se ha preguntado la abogada ante las incesantes llamadas que recibe de los medios de comunicación, lo que a su juicio demuestra que “claramente alguien tiene el sumario”.

Sobre esta situación, ha confesado que le ha pillado por sorpresa, pues “nunca me imaginé -ha dicho- que esto fuese a ser así”. “Me parece demasiado doloroso todo, muy doloroso”, ha añadido. “Que si el móvil fue sexual, que si la autopsia, que si el descuartizamiento..., me parece que esta familia está sufriendo lo indecible”, ha advertido.

Guerrero ha lamentado que la familia de Francisca lleva ya “nueve años sufriendo lo indecible y sigue sufriendo lo indecible con todo esto”, por lo que ha confesado sentirse “muy muy triste” por ellos. “Es gente a la que yo tengo muchísimo aprecio, que conozco desde hace muchísimos años y me da muchísima pena que estén pasando por esto”, ha agregado. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba vigilando desde hacía mucho tiempo a Julián y Manuel González, los dos hermanos acusados de la muerte de su vecina, Francisca Cadenas, que había desaparecido misteriosamente en mayo de 2017. Los agentes habían colocado micrófonos en la vivienda y en sus vehículos y esos audios han permitido que la investigación acabara con éxito la semana pasada, nueve años después.

Las grabaciones, que forman parte del sumario, al que ha tenido acceso Prensa Ibérica, apuntan a una posible motivación sexual en el crimen porque los hermanos, a pesar del tiempo transcurrido seguían haciendo referencia a “zonas íntimas” del cuerpo de la víctima y han permitido conocer la fijación que Julián, el hermano menor que confesó el crimen el viernes, tenía con su vecina.

La UCO instaló los micrófonos en febrero de 2025. Según consta en esas grabaciones, el 4 de ese mes vio al salir de su casa carteles con la fotografía de Francisca Cadenas que habían dejado en la puerta y sobre su coche. Cuando entró en el vehículo con uno de esos carteles, Julián empieza a hablar de las partes íntimas de la mujer y murmura: “vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas?”. Al día siguiente habla solo dentro de su coche y dice: “No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo”.

Dos meses después, en mayo de 2025, el Ayuntamiento de Hornachos instaló una placa en el callejón donde desapareció Francisca Cadenas y Julián, también en su coche a solas afirmó en alto: “Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?”.

El hermano mayor, Manuel González, reprochó a Julián su fijación con su vecina y en una grabación del pasado octubre se le escucha decir en su vehículo tras hablar con su hermano: “O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca”, lo que la Guardia Civil interpreta como “cierta obsesión” de Julián con Francisca Cadenas.

En las últimas semanas antes de la detención de los acusados del crimen y del hallazgo de los restos de la víctima, la UCO realizó reconstrucciones de la noche en la que desapareció Francisca Cadenas. Los hermanos sentían sobre ellos la presión y vigilancia de la UCO. El pasado 4 de marzo, Manuel trató de calmar a Julián, según se recoge en el sumario:“Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar”.

Tres días más tarde, el 7 de marzo, los agentes realizan otra reconstrucción. Julián entonces le comenta a su hermano: “Van a por ti y ya está, van a por ti”, pero Manuel le corrige y le dice que van “a por los dos”. Entonces el mayor trata de calmar a su hermano: “Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ningunas ni ná y están intentando arrascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin ná ni ná”.

Pero Julián seguía nervioso en los últimos días al sospechar que el cerco de la Guardia Civil se estrechaba. “Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando”, le dice a su hermano, que le pide que no “se coma el coco”. Esa frase grabada por la UCO es la que hace pensar a la Guardia Civil que el cadáver puede estar aún en el domicilio.

Los investigadores de la UCO escriben al juez porque consideran “muy relevante la preocupación mostrada por Julián” sobre “lo del rincón” y afirman que el investigado pudiera estar refiriéndose “directamente al lugar donde pudieran tener oculto los restos de Francisca Cadenas”. Por eso, el pasado miércoles, medio centenar de agentes registran la vivienda de Manuel y Julián y encuentran ese “rincón”. Los restos óseos de Francisca Cadenas estaban enterrados bajo el suelo del patio.

La Guardia Civil detuvo la madrugada del pasado jueves a tres varones de nacionalidad española, en el marco de una investigación, denominada 'Heliosencia', con la finalidad de esclarecer el asesinato de un joven de 29 años, ocurrido a finales de 2025 en Plasencia de Jalón, si bien responsables de la investigación barajan como principal hipótesis la deuda de dinero y drogas que la víctima tenía contraída con sus asesinos, a los cuales conocía y con dos de ellos quedó el día de autos.

El pasado 2 de diciembre de 2025, unos vecinos hallaron de forma casual el cadáver carbonizado de un varón en un paraje de la localidad de Plasencia de Jalón (Zaragoza) próximo a una planta fotovoltaica, si bien murió por los disparos recibidos previamente en una zona cercana, a donde se trasladó el cadáver. Tras las oportunas gestiones fue identificado, resultando ser un vecino de Urrea de Jalón de nacionalidad española. El grupo criminal está acusado de tres delitos, entre ellos el asesinato, ya que según la Guardia Civil, en el crimen concurren ensañamiento y premeditación. Además, se les acusa de tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública.

Nada más tener conocimiento del hallazgo del cadáver la Guardia Civil por parte de unos vecinos, se acordonó la zona en el paraje conocido como 'La Lomaza', donde un grupo de agentes especializados realizaron inspección técnica del lugar, para recabar cuantos indicios pudieran contribuir a esclarecer los hechos. Durante semanas se ha llevado a cabo un examen exhaustivo de la zona, donde se han utilizado drones para el mapeo del entorno, y han intervenido efectivos del GEAS (grupo especial de actividades subacuáticas) en la balsa de agua, ubicada cerca del cuerpo. No obstante, en su interior no se ha hallado nada, salvo el terminal móvil de la víctima en sus proximidades, tal como ha explicado el Teniente Coronel y jefe de la Policía Judicial de la Benemérita, Óscar Vergara.

Durante estos meses la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Jueza titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina, ha desarrollado una investigación que derivó la pasada madrugada del 12 de marzo en un operativo policial con actuaciones coordinadas en cinco localidades de tres provincias diferentes.

Los investigadores han mantenido numerosas entrevistas con su entorno familiar y de amigos durante estos meses, en lo que se abrieron varias líneas de investigación que han concluido en la “presunta” atribución de la autoría del crimen a los detenidos y en los registros efectuados tras su detención, donde se incautó nuevo material que podría reforzar las primeras conclusiones y aportar mayor carga probatoria para el esclarecimiento del mismo. Vergara no descarta más detenciones, sobre todo relacionadas con el encubrimiento, en una operación que sigue abierta. Sin embargo, no esperan represalias por el crimen.

Así, la madrugada del 12 de marzo, la Guardia Civil desarrolló un operativo policial, robusto y complejo, para detener a los “presuntos” autores en Sabiñánigo (Huesca), Lumpiaque (Zaragoza) y Paterna (Valencia). De forma casi simultánea se efectuaron cinco registros en las localidades zaragozanas de Lumpiaque, Bárboles y Grisén, así como en Paterna (Valencia). En esta última localidad se localizó al tercero de los detenidos, ya que tras el crimen “se autodesterró”, huyendo para refugiare en su entorno familiar.

En las inspecciones de dichos inmuebles se localizaron numerosas armas de fuego, armas blancas, munición de distintos calibres, 12.000 euros en efectivo, distintas cantidades de estupefacientes, tales como marihuana, metanfetamina, sustancia de corte y elementos para la distribución de las sustancias estupefacientes. Además, se hallaron otros indicios relevantes que refuerzan la presunta implicación de los detenidos en el presunto asesinato.

La información recabada en esta operación por parte de los investigadores, sumada a la reconstrucción de los hechos, ha permitido inferir cómo podrían haberse desarrollado los hechos la noche del pasado 2 de diciembre, cuando la víctima se reunió con sus agresores y, tras trasladarse a un camino ubicado en el término municipal de Plasencia de Jalón, recibió varios disparos de arma de fuego cuando trataba de huir de ellos, siendo esta la causa de su muerte. Posteriormente, los miembros del grupo criminal trasladaron el cadáver hasta el lugar donde fue hallado y prendieron fuego a su cuerpo. De forma análoga quemaron el vehículo de la víctima abandonándolo a unos 300 metros del cuerpo.

A los tres detenidos, tres varones españoles de 23, 37 y 53 años, se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal y asesinato. A dos de ellos, se les imputa, además, un delito de tenencia ilícita de armas. Al principal autor del hecho, se le imputa otro delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Quedaron a disposición judicial el sábado 14 de marzo y se ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos. La operación Heliosencia (nombre que une `Helio´ (sol) y Plasencia), cuyo secreto judicial ha sido levantado parcialmente, sigue abierta en un proceso “tenaz y meticuloso”, según el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán.

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 y cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles en Hornachos (Badajoz), pedirá la prisión provisional para los dos hermanos detenidos en este caso.

A su llegada al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde los dos detenidos pasarán este sábado a disposición judicial, ha declarado que realizará esta petición por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

También por la fase en que se encuentra el caso, dado que “lo que tenemos son unos restos que han aparecido en una casa”, y porque aún quedan muchas pruebas por practicar.

Guerrero, que ha sido recibida por aplausos de los vecinos congregados en el lugar, ha vuelto a poner en tela de juicio las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos exculpando al otro. “La versión que ellos tengan es su versión, hay que esperar a las pruebas, a que se levante el secreto”, ha expresado.

Al ser preguntada por si confía en que hoy se pueda conocer algo sobre el móvil del crimen, ha señalado que muy pocas veces ha visto que en una situación así que se diga toda la verdad. “Tengo dudas de que podamos sacar alguna información que sea certera”, ha añadido.

Respecto a lo que le manifiesta la familia de Francisca Cadenas sobre el punto en el que se encuentra el proceso, ha indicado que le transmiten confianza en su persona, en la justicia y “sobre todo” en la investigación llevada a cabo por la UCO. “Están con los nervios de no saber, pero están esperanzados”, ha expresado. 

Declaración ante el juez

Los dos hermanos detenidos han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar.

Al lugar han llegado en vehículos con cristales tintados, por lo que no han podido ser vistos. Ambos han pasado a disposición judicial permanecer tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra tras ser detenidos el pasado miércoles, cuando el instituto armado encontró huesos óseos debajo del patio de su vivienda, que al día siguiente fueron confirmados como pertenecientes a Francisca Cadenas.

Los dos hermanos se encuentran en las dependencias judiciales después de que Juli, el menor de ellos, se declarara este viernes autor de la muerte y exculpara al otro, conocido como Lolo.

Para la llegada de los detenidos la Policía Local ha cortado la calle impidiendo el acceso a ciudadanos que desde las esquinas han mostrado su repulsa hacia los investigados.

Antonio Sanz Fuentes desmonta en Diario de un criminólogo incomprendido (Alrevés Editorial) el tópico de que la gente de izquierdas no habla sobre seguridad. Este experto lo hace, pero fuera del marco basado exclusivamente en incrementar las penas de cárcel que propone la extrema derecha. Para empezar, reivindica el buenismo en materia de Justicia ante la ola reaccionaria que lo menosprecia, y recuerda clásicos que los partidos progresistas, en ocasiones, parecen haber olvidado.

¿Qué es el populismo punitivo?

El populismo punitivo consiste en hacernos creer que un mayor castigo implica una mejor prevención de la criminalidad. Es una falsa expectativa de control, porque en realidad el endurecimiento de las normas o el Código Penal no conlleva una alteración ni una prevención efectiva del crimen. No persigue un cambio real, sino que es una medida para mantener el status quo.

¿Nos centramos demasiado en el castigo en vez de la reinserción?

El castigo de por sí no es algo necesariamente malo, lo necesitamos para reconocer que una conducta es rechazable y se debe perseguir como sociedad. Pero es muy populista enfrentarse y relacionarse con el castigo siempre desde la dureza. Deberíamos reflexionar sobre otros aspectos como la certeza del castigo, la rapidez en su aplicación, que no sea arbitrario y que sea proporcional…

En España la izquierda gobierna desde hace ocho años y no ha derogado la prisión permanente revisable, que fue muy criticada cuando la aprobó el PP.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad o incluso cuando hace referencia a la seguridad personal. Parece que la seguridad sea un problema que ocupa el centro de nuestras vidas y realmente existen otros muchos problemas sociales a los que quizás deberíamos prestar más atención.

Ha habido algunas propuestas legislativas que eran menos populistas punitivas. Las catedráticas María Acale y Patricia Faraldo, con sus propuestas para la ley de libertad sexual, ponían el foco en la prevención, la creación de centros de prevención de violencias sexuales, la educación, la obligatoriedad de crear actuaciones concretas para proteger la libertad sexual en las empresas… Pero todo el mundo se terminó fijando solo en el tema de las penas, cuando era una ley mucho más compleja.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad

¿La izquierda también cae en la tentación del populismo punitivo?

La izquierda también ha caído en el populismo punitivo, y además tiene un problema: se muestra muy firme respecto a las violencias sexuales que sufren las mujeres, y luego resulta que los partidos encubren casos de acoso sexual dentro de sus filas. Algo parecido ocurre con la corrupción.

¿El último ejemplo de populismo punitivo en España es la ley para endurecer las penas por robos, que ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Vox y Junts?

Esta ley me preocupa mucho. No hay nadie experto en la materia, ya sea desde la criminología, la sociología o el derecho penal, que no tenga una opinión crítica sobre este tipo de propuestas legislativas. Hay decenas de estudios que nos dicen que este tipo de reformas no tienen ningún tipo de capacidad preventiva, y que además probablemente acentuarán los problemas: si las personas que cometen los robos callejeros ya se encuentran en una situación de exclusión social, su paso por prisión posiblemente la acentuará.

¿Por qué los políticos hacen caso omiso a estos expertos?

Es muy difícil ofrecer un debate ético sobre el populismo punitivo porque parece que cuestionarlo supone estar en contra de la seguridad. ¡A ver quién es el valiente que está en contra! Decir en el debate público que más castigo no es mejor tiene un coste social (se te señalará casi como un hereje) y electoral que ningún partido está dispuesto a asumir, incluso los partidos de izquierdas lo temen.

Cuando tratan la criminalidad, los medios de comunicación lo hacen de manera demasiado rápida, poco reflexiva y contextualizada

¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en la creación de este caldo de cultivo?

En el libro encajo a los medios de comunicación en un capítulo que se llama ‘rabia’. Cuando tratan la criminalidad, los medios lo hacen de manera demasiado rápida y poco reflexiva y contextualizada. Nos hacen creer que la delincuencia se comete por parte de sujetos excepcionales, monstruos, personas que son imposibles de reinsertar. Este relato impacta en la percepción de las personas, les hace sentir que son seres que han tomado una decisión racional cuando realmente puede estar fundamentada en un contexto social muy complejo de exclusión social, problemas de consumo, de salud mental…. Son tantos los problemas que realmente pueden motivar que esa elección parezca racional, pero no lo es tanto.

Y si los medios tradicionales ya hacemos esto, no quiero preguntarle por Tik Tok…

El algoritmo termina fomentando la confrontación directa hacia ese tipo de sujetos. Los medios de comunicación tradicionales todavía están sujetos a unas normas deontológicas, aunque hagan ciertas trampas porque tienen que atraer al público, ser los más rápidos… Pero cuando hablamos ya de algunos influencers que parece que no están sujetos a nada, que hablan desde la ignorancia y se sienten capaces de afirmar cualquier cosa… Lo que más me preocupa es que tienen un público bastante más amplio quizás que los medios tradicionales y que es el futuro de la sociedad. Es clave apuntar hacia lo que están haciendo.

En el libro dice que vivimos en un caos ético que se origina cuando el mal ya no se esconde ni se opone, sino que se celebra. ¿Hay alguna manera de revertirlo o ya no podemos escapar de él?

Me encantaría haber propuesto algo más concreto, porque es algo en lo que pienso a menudo. Es difícil no reconocer que existe un malismo que está de moda. Yo no era del todo consciente hasta que leí el libro sobre ello de Mauro Entrialgo. Hay una tendencia a apreciar más al malo y parece que ser bueno es ser un pringado. En política criminal, pasa un poco lo mismo: se nos tilda de buenistas, dicen que la justicia es buenista, por lo que la alternativa es una justicia malista.

Lo primero es no olvidarnos de reivindicar el buenismo. Y no achantarnos ante los malistas. Cuando desde el malismo se señala como buenista una idea progresista (o incluso una conservadora o liberal, como las garantías procesales penales), parece que nos acobardemos y no queremos contestar. Debemos decir que sí, que es una medida buenista y a mucha honra. El hecho de ser buenos nos ha llevado a ser mucho más civilizados. El hecho de abandonar la violencia y la agresividad nos ha llevado a resolver los conflictos de una manera pacífica. Y eso nos ha hecho mejores.

¿Esta reivindicación del buenismo se le ha olvidado a la izquierda? Pienso en el acto del otro día de Emilio Delgado y Gabriel Rufián, donde se asumía que había barrios en los que los niños no podían bajar a la calle.

Parece que la propia izquierda tiene que comprar este discurso sobre seguridad para no perder votantes. El miedo siempre ha sido una estrategia de manipulación y una herramienta muy poderosa para controlar a la población. En los 80 en Estados Unidos se descubrió que vender la idea del incremento del castigo era infalible: el votante tiene la sensación de que mejora su seguridad, y la izquierda quiere apuntarse a ese tanto porque este discurso ha calado.

Pero si analizamos las cosas con algo más de profundidad, observamos que las mejores decisiones de los seres humanos siempre han apuntado hacia un modelo buenista, que se aleja del ideal de venganza y del abuso de poder. Lo que ha hecho mejor a la humanidad siempre han sido ideas que apuntaban hacia un progreso, no hacia un retroceso.

Aquí en Barcelona se da la paradoja de que los datos oficiales no dejan de desmentir los discursos alarmistas sobre seguridad, pero igualmente estos calan en la sensación de los habitantes.

En Barcelona existe una narrativa, muy extendida, en el resto de España, de que la delincuencia está desbordada. Además, existe un cierto esfuerzo por ligarla a la inmigración. Pero basta con venir a Barcelona para constatar que es una ciudad normal y corriente, probablemente con una delincuencia bastante común a cualquier otra gran ciudad.

De hecho, Barcelona fulmina el relato ultra y reduce la mayoría de delitos pese al gran aumento de la inmigración.

El problema no está ahí. Tenemos que hacer un análisis crítico de cómo lo hemos estado haciendo. Creo que hemos sido incapaces de asimilar la inmigración. Hemos apuntado hacia un modelo multicultural en el que el país de acogida parece que tan solo tolera al que viene, y esa sensación de superioridad no fomenta una verdadera convivencia. No se valora suficientemente el desarraigo y el desconocimiento del migrante cuando llega. Apuesto por una interculturalidad en la que nos conozcamos, dialoguemos y mejoremos.

¿La vinculación entre delincuencia y migración ya no es monopolio de la extrema derecha?

Es curioso que determinados discursos, para perseguir sus propios fines políticos y señalar a las personas migrantes, recurren a las mujeres y a las personas LGTBI cuando también son negacionistas de este tipo de violencias. Nos venden la moto, por ejemplo, de que la violencia de género no va a descender porque están viniendo personas migrantes que son menos civilizadas, cuando la realidad no es así: un estudio del catedrático de Psicología Antonio Andrés Pueyo mostró que la prevalencia de la violencia de género había disminuido conforme se incrementaba la inmigración.

Me perturba que existen numerosos estudios científicos, académicos que han dedicado toda su vida a estudiar las potencialidades de la reinserción, las causas de la delincuencia, las limitaciones del derecho penal para prevenir el delito e incluso reflexiones realmente profundas sobre la necesidad del garantismo penal y de que el derecho penal sea mínimo. Y sin embargo, todas estas personas, están siendo silenciadas, apartadas y olvidadas del debate público.

E incluso se les critica por no querer hablar de inmigración o seguridad, cuando a lo mejor lo que pasa es que no quieren hablar en los términos de la extrema derecha.

La izquierda tendría que ser un poco más valiente y reivindicar el buenismo cuando se le ataca por no hablar de seguridad o no hablar de inmigración. Si somos capaces de alejarnos de la idea individualista y asumir que la delincuencia es un problema que tiene una dimensión colectiva, quizás también podamos adoptar decisiones más adecuadas. Y si todo esto es buenista, pues sí, soy buenista. Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista.

Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista

¿Cómo podemos abordar y cómo podemos luchar contra esta sensación de inseguridad?

La seguridad es un sentimiento mucho más complejo y mucho más amplio. Cuando hablamos con familia o amigos, todo el mundo expone algún problema. El más común es el acceso a la vivienda, pero los que vivimos en ciudades también las reconocemos cada vez menos. Donde estaba nuestro bar de confianza, ahora hay hamburguesería que te pone salsas extrañas y que podría estar lo mismo en Brooklyn que en Cádiz.

A eso hay que sumar los grandes problemas globales, como las guerras o las crisis económicas. En este contexto todo el mundo tiene mucha inseguridad y siente mucha incertidumbre. El trabajo como institución ya es incapaz de resolver muchas necesidades básicas, porque trabajando honestamente se paga el alquiler y se compra en el supermercado, pero poco más. La seguridad personal ofrece ese chivo expiatorio, cuando ese miedo puede estar vinculado a una sensación de inseguridad mucho más amplia y a una incertidumbre que se ha instaurado en nuestras personalidades como una forma de vida.

¿La agenda de la seguridad ha desplazado el foco de la política pública de otros ámbitos como la prevención o la rehabilitación?

La priorización de la seguridad busca un confort rápido, que es lo que abre la puerta a discursos populistas como expulsar a los migrantes o meter en la cárcel de por vida a determinados delincuentes. En este contexto, en el que existe además esa creencia popular tan arraigada sobre el castigo, el político encuentra algo extraordinario: la posibilidad de vender un cambio legislativo o proponer medidas que son una porquería, como poner una cámara de vigilancia, para pretender que resuelve los problemas, cuando seguramente la solución pasa por procesos mucho más complejos.

¿Y más caros a nivel de recursos?

Mucho más caros y mucho más difíciles de vender. Una política social que apunta a largo plazo es muy difícil de vender. Es mucho más fácil proponer una modificación legislativa o una medida simplista pero que permite al político salir en una foto rápida. En cambio, algo que va a empezar a tener efectos dentro de 10 o 20 años, puede resultar poco atractivo porque posiblemente no será el mismo político el que se pueda poner la medalla en el futuro.

Este libro es una apuesta para que la gente reflexione y encuentre herramientas más allá de ese discurso simplista. Creo que todo el mundo es consciente de que la criminalidad no es un problema simple. Es un problema muy complejo y difícilmente lo vamos a resolver apuntando a una única causa.

Lo cierto es que John Dillinger se ganó a pulso la fama del criminal más peligroso y amenazante de Estados Unidos en la década de 1930. Sus crímenes sirvieron para que John Edgar Hoover, el primer director de la historia del FBI, incluso lo incluyera en la lista de la agencia como “el enemigo público número uno” del país.

La historia del gángster podría haber acabado el 22 de julio de 1934, cuando este fue abatido a tiros por el FBI cuando salía del Biograph Theatre de Chicago junto a dos mujeres. Una de ellas era Anna Sage, migrante checoslovaca que, a cambio de impedir su deportación, accedió a traicionar a Dillinger y facilitar su ubicación a las autoridades.

Pero aunque la lápida del cementerio en el que se enterró aquel cuerpo abatido dice que allí yace John Dillinger, su familia siempre defendió que el hombre no murió aquel día. La teoría continuó hasta 2019, cuando la sobrina de Dillinger solicitó la exhumación del cuerpo para confirmar su identidad mediante pruebas de ADN. 

El FBI respondió entonces calificando la petición como una auténtica “teoría de la conspiración”. ¿Cómo no iba a ser Dillinger el que salió del cine aquel día de 1934 y acabó muerto? Aunque la autorización fue finalmente concedida por el Departamento de Salud del Estado de Indiana, la exhumación no se llevó a cabo. La familia de Dillinger dejó el tema, y el “misterio” sobre su muerte sigue alimentando teorías hoy. 

El historial delictivo de Dillinger

John Dillinger nació en Indianápolis en 1903 y, desde joven, estuvo metido en líos. Abandonó la escuela, empezó a robar coches y más tarde se alistó en la Marina de Estados Unidos, aunque desertó meses después. Condenado por robo, pasó años en prisión antes de quedar en libertad condicional en 1933, momento en el que volvió rápidamente a la delincuencia.

Tras su salida, Dillinger protagonizó varios robos a bancos y se convirtió en uno de los criminales más buscados por el FBI. Volvió a ser arrestado en 1933, pero logró escapar de la cárcel con la ayuda de cuatro amigos que se hicieron pasar por agentes de la policía. Un año después, volvió a entrar a prisión y su salida fue digna de película: utilizó una pistola de madera para engañar a los guardias y que lo liberaran.

“Investigar cada pista sobre Dillinger fue un esfuerzo exhaustivo”, recuerda la Oficina del Censo de los Estados Unidos en su página web. De no ser por Sage, que contactó con el FBI dispuesta a acompañar al gángster al cine y ponérselo en bandeja a la policía, no sabemos cómo se habría desarrollado el enorme historial delictivo del “enemigo número uno”. 

El Parlamento de Navarra no ha sido capaz de aprobar una declaración institucional de condena por el asesinato de una mujer el pasado viernes en Sarriguren presuntamente cometido por su pareja, un hombre que ya ha sido detenido y ha pasado este lunes a disposición judicial. Ha sido Vox el partido que con su abstención ha tumbado la declaración, que posteriormente ha sido aprobada mediante un acuerdo de la Mesa, donde no tiene representación. El partido de extrema derecha ha recurrido a ETA para justificar su rechazo al texto y ha afirmado que “nunca” va a firmar “nada con Bildu”.

“Nos parece una prueba de hipocresía absoluta que los bilduetarras hablen de condena hacia la mujer cuando ellos han sido los culpables durante muchos años de esas muertes”, ha señalado el portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez.

El resto de partidos ha afeado al partido de extrema derecha que haya tumbado la declaración institucional. “Denota un tufo xenófobo y machista”, ha condenado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán. Especialmente crítico ha sido el portavoz de UPN, Javier Esparza, que ha reprochado a Vox que “lo mezcle todo” y “busque excusas burdas” para no condenar el asesinato y no solidarizarse con la familia de la víctima. “Ya está bien. Contra la violencia machista no debe de haber excusas”, ha solemnizado Esparza. PSN, EH Bildu y Geroa Bai también han condenado el veto de Vox a la declaración.

El texto tumbado por el partido de extrema derecha, pero aprobado en la Mesa del Parlamento contiene seis puntos y en ellos se expresa la “máxima repulsa e indignación” por el asesinato “de violencia machista”, se traslada apoyo a los familiares de la víctima, se “rechaza rotundamente todas las violencias machistas que sufren las mujeres”, se reitera el “compromiso por conseguir una sociedad más justa e igualitaria”, se “hace un llamamiento a la ciudadanía a jugar un papel activo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres” y se anima a participar en las concentraciones de condena al asesinato.

Los fans del género true crime tendrán nueva serie que ver en muy poco tiempo. El próximo 6 de marzo, Netflix estrenará El asesino de TikTok, una docuserie de dos capítulos sobre uno de los casos criminales más perturbadores de la historia reciente de España: el de José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla.

El hombre fue acusado de haber asesinado al menos a seis personas, por lo que su detención en 2024 puso fin a una vida marcada por la violencia y los crímenes. Pero su caso fue más allá de los crímenes que cometió. Lo más llamativo de esta historia es la doble vida que llevó Montilla y que quedó reflejada en sus perfiles de redes sociales, especialmente en TikTok.

Todo empezó con una desaparición

El caso arrancó con Esther Estepa, una mujer sevillana de 42 años desaparecida en agosto de 2023 en Gandía. Su cadáver fue encontrado un año más tarde y todas las pruebas apuntaron directamente a Montilla como posible autor del crimen. La policía encontró una fotografía de ambos junto al cuerpo, lo que dejó patente que los dos se conocían. 

Tras su desaparición, Montilla realizó una videollamada a la madre de Esther, ofreciéndose a colaborar en la búsqueda. Posteriormente, se descubrió que este también utilizó el móvil de la víctima para enviar mensajes a la madre simulando que seguía viva y diciéndole que había decidido marcharse a Argentina con unas amigas. 

El hombre, que finalmente fue acusado del asesinato, llegó a publicar vídeos en su perfil de TikTok en los que aseguraba echar de menos a Esther. Lo que entonces no se esperaba la policía al investigar a Montilla es que este tendría relación con otros asesinatos ocurridos años antes.

Un asesino en serie

José Jurado Montilla cometió su primer delito con solo 18 años, cuando fue condenado por un asalto con violencia. En los años 80, se le atribuyen al menos cuatro asesinatos, entre ellos los de un turista alemán y otro británico. En 1987, fue detenido y condenado a 128 años de prisión. Sin embargo, fue puesto en libertad en 2013 tras la aplicación de la doctrina Parot, lo que le permitió regresar a Badajoz, su tierra natal, y volver a actuar.

El documental de Netflix pondrá el foco, entre otras cosas, en el contenido digital del asesino, reflejando cómo su huella en su perfil de TikTok, donde compartía numerosos vídeos, creó un “archivo involuntario” que fue clave para la investigación del crimen de Esther Estepa. 

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán investiga a un hombre de 80 años por haber supuestamente participado en unos viajes organizados para disparar a los vecinos de Sarajevo durante el asedio de la capital de Bosnia durante la guerra de los años 90. Se trata de un camionero jubilado natural de la provincia de Pordenone (norte de Italia), según avanzan los medios locales.

El escritor que denunció estos supuestos hechos, Ezio Gavazzeni, ha asegurado a EFE que el fiscal Alessandro Gobbis ha identificado a este primer investigado y le ha citado a declarar el próximo lunes, precisando que esto no implica necesariamente su culpabilidad, y ha anticipado que no será el único.

La Fiscalía de Milán, dirigida por Marcello Viola, empezó una investigación en noviembre a raíz de las pesquisas de Gavazzeni sobre los supuestos viajes de italianos para disparar a hombres, mujeres y niños asediados entre 1992 y 1995 en Sarajevo.

Su tesis es que durante el trágico sitio de esa ciudad, que atrapó a miles de civiles durante casi cuatro años bajo el fuego de la artillería serbobosnia, algunos italianos y nacionales de otros países se sumaron al sitio para disparar por mero ocio, apostados como francotiradores en las colinas alrededor de Sarajevo.

La caza de civiles en Sarajevo por millonarios extranjeros había sido denunciada en otras ocasiones en el pasado. El documental Sarajevo Safari (2022) del director esloveno Miran Zupancic sostiene que estos “cazadores” procedían de Italia, Estados Unidos o Rusia, aunque no aporta nombres.

La Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió en noviembre de 2022 a analizar las informaciones de esta película tras una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Bengamina Karic.

El delito ahora barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con las agravantes de “motivos abyectos” y “crueldad”, lo que hace que estos hechos no puedan prescribir.

Gavazzeni, que publicará un libro sobre sus indagaciones el 15 de marzo, ha vaticinado que habrá más investigados. “Sé que mucha gente no está durmiendo bien por la noche”, afirma.

Un exgeneral de brigada bosnio, Edin Subasic, confirmó en noviembre, tras conocerse la investigación en Italia, que italianos adinerados participaron en cacerías humanas en el sitio de Sarajevo. El caso ha salpicado incluso al presidente serbio, Aleksandar Vučić.

Los bombardeos y los francotiradores durante el asedio de la capital bosnia mataron a más de 11.000 civiles.

Los aldeanos se reunieron al borde del bosque con faroles de aceite y perros ladrando. El aire olía a humedad y cera derretida, y alguien murmuraba que había huellas frescas en el barro. Detrás de los matorrales, un ruido seco rompió el silencio. No era el viento. Una sombra menuda se movió entre los árboles, y un anciano dijo que esa noche la luna estaba llena y que el peligro andaba suelto.

A la mañana siguiente, el rumor era unánime: el hombre que decían que se transformaba había vuelto a matar, pero pronto se sabría que ni los colmillos ni la maldición eran reales, solo el miedo y la mentira que él mismo había alimentado.

Manuel Blanco Romasanta acabó juzgado por creerse un hombre lobo

El caso de Manuel Blanco Romasanta, conocido como el Hombre Lobo de Allariz, se convirtió en el primer proceso judicial español en el que un acusado fue juzgado por licantropía. Nacido en 1809 en Regueiro, Ourense, Romasanta medía poco más de 1,30 cm y trabajaba como tejedor y vendedor ambulante.

Entre 1846 y 1852, sus crímenes se extendieron por pueblos gallegos donde atraía a mujeres y niños con falsas promesas de empleo. Confesó trece asesinatos, aunque solo se probaron nueve, y aseguraba extraer grasa humana para venderla como ungüento, lo que lo llevó a ser conocido como sacamantecas.

La sentencia que inicialmente lo condenó a muerte se transformó en cadena perpetua por orden de Isabel II en 1854. La intervención de un hipnólogo francés, el doctor Philips, resultó determinante: consideró que Romasanta no era plenamente consciente de sus actos y padecía una enfermedad mental. Ese informe persuadió a la reina de que el reo debía ser internado, no ejecutado. Romasanta fue enviado al penal de Ceuta, donde murió en 1863 a los 54 años.

En el juicio aseguró que una bruja lo había condenado a convertirse en lobo

Durante sus años de actividad, Romasanta actuó en zonas rurales de Galicia, sobre todo en Allariz y Redondela. Se ganaba la confianza de las víctimas y las llevaba a lugares apartados donde las mataba, a veces estrangulándolas, otras degollándolas. Después enviaba cartas a las familias fingiendo que las mujeres habían encontrado trabajo o emigrado, un método que mantenía la sospecha lejos de él durante meses. Los vecinos empezaron a hablar de un hombre capaz de devorar a sus víctimas y de vender sus restos como grasa animal.

En el juicio, celebrado en 1852 bajo el nombre Causa contra el Hombre Lobo, Romasanta declaró haber actuado bajo una maldición. Afirmó que una bruja lo había condenado a convertirse en lobo durante las noches de luna llena y que cazaba junto a otros dos hombres, Antonio y don Genaro. “La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso”, explicó ante el juez. “Me revolqué tres veces en el suelo y me convertí en un lobo”. Sus palabras sorprendieron al tribunal y marcaron un precedente en la historia judicial española.

El impacto del caso se extendió por toda Europa. La historia del supuesto licántropo apareció en periódicos y estudios de la época. En Galicia, el personaje pasó a ser parte del folclore popular y con los años inspiró relatos, cómics y ensayos.

Antes de sus crímenes, Romasanta ya tenía antecedentes: en 1844 había matado a un hombre en León y escapó de prisión. Su experiencia como guía de caminos le permitió moverse sin control por las montañas gallegas. Esa movilidad le dio ventaja para desaparecer tras cada asesinato y reanudar su vida de vendedor ambulante, hasta que fue detenido en Toledo tras una larga persecución y devuelto a Galicia. El proceso no solo sacó a la luz las dos caras de Romasanta, también hizo que se empezara a hablar en serio de hasta qué punto alguien enfermo puede ser responsable de lo que hace.

Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años por presuntamente haber matado a su madre de forma violenta en la tarde de este miércoles en El Vendrell (Tarragona).

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, alrededor de las 13:40h., los Mossos d'Esquadra han sido alertados de la localización del cuerpo de una mujer sin vida en su domicilio. Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones policiales y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que confirmaron su muerte.

En el mismo domicilio donde habría tenido lugar el crimen también se ha localizado a un hombre de 37 años, que ha quedado detenido por su presunta relación con la muerte de su madre. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos como un caso de violencia doméstica.

El Juzgado pacense que instruye la causa del crimen de la funcionaria hallada el pasado septiembre en su vivienda incendiada determinará si ordena un nuevo dispositivo de búsqueda para localizar el arma del crimen, después de que el intento realizado el pasado viernes finalizara sin éxito.

A preguntas de los medios tras realizar un balance de los recursos destinados por el Estado a Extremadura, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha explicado que “se llevan a cabo las indagaciones oportunas en la búsqueda del arma”, lo cual está “judicializado”, por lo que a partir de ahora “se trabajará en función de lo que determine el juzgado”.

Los “técnicos” son en este marco “quienes deben determinar los siguientes pasos a tomar”, después de que el primer intento “no haya fructificado”. “En esta cuestión se sigue trabajando, después de no encontrarse el arma”, ha incidido.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado por su parte también este lunes a EFE que se está a la espera de la decisión del juzgado a este respecto para conocer si las tareas se reanudan en los próximos días.

Los efectivos policiales contaron el pasado viernes con la colaboración de integrantes de la Asociación Extremeña Multisectorial de Emergencias, entidad formada por bomberos y por otros voluntarios. Las tareas se desarrollaron en el entorno del río Guadiana, y no en vano la vivienda donde se encontró fallecida a la mujer se ubica muy cerca del río.

El abogado del joven detenido por este caso (el otro detenido es el padre de éste) pidió al juez que se buscase el arma en el entorno del Guadiana convencido de que fue el progenitor del varón el autor de la muerte de la mujer. 

Las familias de Dolores García y Francisca Reche llevan más de tres décadas viviendo en la incertidumbre. Ambas desaparecieron en el norte de la provincia de Granada en 1983 y 1994 respectivamente sin que se supiese de ellas durante muchos años. Hasta que, en diciembre de 2023, la casualidad hizo que un pastor encontrase unos restos humanos compatibles con las descripciones físicas de Dolores, de apenas 10 años, y Francisca, que tenía 65 cuando se le perdió el rastro. Algo que devolvió esperanza a dos familias, desconocidas entre sí, pero desde entonces están unidas por la desgracia de la pérdida y, quizás, por el destino final de ambas desaparecidas. Sin embargo, pese al paso del tiempo, nadie les ha confirmado aún, pese a que se han tomado muestras de ADN a los familiares, si los restos corresponden a ambas personas.

Esta es la lucha, tras el duelo por la pérdida asumida tras más de 30 y 40 años sin rastro de ellas respectivamente, en la que están embarcadas las familias. Pues ni siquiera supieron del hallazgo casual de los restos por fuentes oficiales -los encontró el citado pastor, pero se requirió de la ayuda para su extracción de un equipo de espeleólogos y de la Guardia Civil por hallarse en una cueva-, sino que supieron de ellos a través de la prensa. Un silencio institucional que persiste, pese a la constante petición de información que han hecho en estos dos años y a someterse a unas pruebas de ADN la pasada primavera de la que aún no han tenido noticias.

Mientras la Guardia Civil se limita a explicar que los restos fueron analizados junto con las pruebas genéticas extraídas, pero evitan pronunciarse sobre los resultados o sobre las dudas que mantienen las familias por el silencio al que se están viendo sometidas, fuentes próximas a la investigación aseguran a este medio que las pruebas no salieron bien y que no arrojaron “resultados concluyentes”. Una cuestión que sorprende a los allegados de Dolores y Francisca porque nadie les ha informado al respecto, aunque las citadas fuentes afirman que se han puesto en contacto con ellos para solicitarle una nueva prueba.

Dos años desde el hallazgo

No obstante, las dudas persisten en todo lo relacionado con estas desapariciones y el cotejo de los restos óseos. Sobre los mismos, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Sevilla y cuyo registro digital está alojado en el Instituto Nacional de Toxicología, según explican desde la Guardia Civil, también parece haberse pedido el rastro. Desde ambas instituciones guardan silencio ante las preguntas de este medio y lo único concluyente hasta la fecha es que el delegado del Gobierno en Granada, Pedro Fernández, confirmó que, por la tipología de los huesos, coincidían con los de una persona de unos 10 años y otra de unos 65. Lo que invita a pensar que sean los de Dolores, que desapareció en Cúllar Baza en 1983 y los de Francisca, que hizo lo propio en Huéscar en 1994.

Para sus familias, todo está envuelto en un halo de misterio que ahonda en el pesimismo y la desazón que sienten para aclarar qué sucedió con las desapariciones y si podrán dar algún día un descanso digno a los restos, de confirmarse que correspondan con los de ambas mujeres. Mientras, la investigación sigue bajo secreto de sumario en un juzgado de Baza.

A partir de ahí, el tiempo ha pasado sin respuestas. Este mes de diciembre se cumplen ya dos años del hallazgo de los restos y más de ocho meses desde que los familiares directos se sometieron a las pruebas de ADN, sin que ninguna autoridad les haya comunicado oficialmente resultado alguno ni el estado real del procedimiento. Una espera que contrasta con los propios protocolos técnicos: según explican fuentes forenses consultadas por este medio, el cotejo genético de restos óseos puede resolverse en un plazo máximo aproximado de un mes y, en casos considerados urgentes, en apenas unos días. Un dato que refuerza la sensación de anomalía que trasladan ambas familias.

En el caso de Francisca Reche, desaparecida en Huéscar en 1994, fue su nuera, Adela Collados, quien dio la voz de alarma dentro de la propia familia al enterarse del hallazgo de los restos a través de una publicación en redes sociales. “Nadie nos llamó. Ni Guardia Civil ni juzgado. Me enteré por Facebook y fui yo la que tuvo que avisar a la familia”, cuenta. Desde entonces, asegura haber llamado de forma reiterada a Guardia Civil, al juzgado y al Instituto de Medicina Legal sin obtener respuesta. “Yo no pedía información confidencial, sólo saber si es mi suegra o no”, resume.

Décadas de angustia

La familia de Francisca trasladó sus muestras genéticas la pasada primavera, después de que se les asegurara que el proceso podría resolverse en poco tiempo. Ocho meses después, no han recibido ninguna comunicación formal. “El hermetismo es total. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni para decir que las pruebas van retrasadas”, explica Collados, que describe el desgaste emocional que supone una espera que parecía haber quedado atrás tras décadas de ausencia de noticias. “Esta incertidumbre es peor que antes. Ahora necesitamos saberlo para poder cerrar este capítulo y darle sepultura con los suyos”.

Una vivencia muy similar describe Isabel Rodríguez, prima de Dolores García, la menor desaparecida en Cúllar-Baza en 1983 cuando tenía 10 años. En su caso, el impacto llegó acompañado de una exposición mediática que la familia considera especialmente dolorosa. “Se dio por sentado públicamente que era la niña cuando no había pruebas de ADN”, denuncia. La familia supo del hallazgo a través de los medios y las redes sociales y, tras ese revuelo, se les pidió que se sometieran a pruebas genéticas. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto.

Rodríguez recuerda el daño causado por la difusión de imágenes del cráneo y de una fotografía de Dolores -una imagen tomada en la boda de la propia Isabel y que era prácticamente la única que conservaba la familia- sin confirmación científica. “Esto es un dolor gratuito para personas que llevan cuarenta años con su hermana dada por muerta”, afirma. La familia insiste en que no busca responsabilidades penales ni reabrir investigaciones prescritas, sino una respuesta clara: “Lo único que queremos es saber si es ella, para poder cerrar el capítulo y darle un entierro digno”.

Ambas familias coinciden en otro punto: la ausencia total de acompañamiento institucional. Las llamadas desde Girona o Alicante, donde residen hoy la mayoría de los familiares, no han obtenido respuesta. Tampoco explicaciones sobre posibles incidencias técnicas ni sobre la necesidad de repetir las pruebas. “Si hay que volver a hacer el ADN, que nos lo digan. Pero que nos digan algo”, reclama Adela Collados. En el caso de Dolores García, los allegados aseguran no haber recibido ninguna notificación oficial en los últimos ocho meses.

Desde la Guardia Civil insisten en que los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Sevilla y que su registro digital consta en el Instituto Nacional de Toxicología, pero evitan concretar plazos o resultados. Mientras, fuentes próximas a la investigación apuntan a que los primeros análisis no fueron concluyentes y que tendrán que repetirse, una información que tampoco ha sido trasladada formalmente a las familias. Un vacío que alimenta las dudas y la sensación de abandono.

En pleno diciembre, con fechas especialmente sensibles para quienes arrastran duelos sin cerrar, las dos familias afrontan un nuevo aniversario marcado por la espera. Tras más de treinta y cuarenta años de ausencia, y dos desde que aparecieron unos restos que devolvieron la esperanza, siguen reclamando lo mismo: una respuesta oficial que confirme si esos huesos pertenecen o no a Dolores García y Francisca Reche. Sólo entonces, insisten, podrán poner un punto final a una historia que, por ahora, sigue suspendida en el silencio.

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó este martes Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles.

Hochman anunció que su oficina acusará a Nick Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona.

El fiscal señaló también que además de los homicidios, se le imputa haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes y añadió que los cargos podrían conllevar “cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”.

“Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza”, apuntó Hochman.

El fiscal destacó que los cargos imputados al hijo de Reiner no eran pruebas y que la evidencia sería presentada ante un jurado especial que aprobará los cargos.

El hijo mediano de la pareja fue arrestado la noche del domingo sin incidentes: “No había indicios de que fuera a resistirse o necesitar asistencia de alguna manera. No intentó huir ni nada por el estilo”, detalló Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles.

Los cargos contra Nick Reiner se presentarán oficialmente hoy más tarde, según informó Hochman, y una vez que el acusado reciba el alta médica, comparecerá ante el tribunal para ser procesado por los cargos y declararse culpable o inocente.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como 'When Harry Met Sally' o 'The Wolf of Wall Street' fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

Los Reiner fueron encontrados muertos por una de sus hijas, que llamó a la Policía y dijo que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según TMZ.

Poco después fue arrestado su hijo Nick, quien vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado hoy que el asesinato de una vecina de Torrijos (Toledo) de 39 años de edad, presuntamente a manos de su pareja, es un caso violencia machista.

El crimen se produjo el miércoles de la pasada semana en una vivienda de la calle Cirilo Montero de la localidad toledana. Allí Rossmey fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 45 años, para el que se decretó el pasado viernes prisión provisional comunicada y sin fianza.

Rossmery es la primera víctima de violencia machista este año 2025 en la provincia de Toledo. Fue asesinada delante de dos de sus tres hijos (el tercero estaba fuera), todos ellos menores de edad.

La víctima fue apuñalada en el abdomen y el presunto agresor fue trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo presentando diversas heridas. Desde allí prestó declaración por videoconferencia, puesto que continuaba ingresado. Se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato.

La semana pasada se supo que no había denuncian previas y la mujer no contaba con medidas de protección. La víctima no había interpuesto denuncia contra este hombre, aunque sí que estaba siendo atendida en el centro de la mujer desde el pasado mes de octubre.

44 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas

También se ha confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer de 30 años en Sevilla el pasado 6 de diciembre, presuntamente cometido por su pareja. Tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía también tres hijos menores de edad.

Con la confirmación de estos dos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género es 44 en 2025 y 1.339 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. El número de personas menores huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 29 en 2025 y a 498 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado de nuevo su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El de la mujer de Torrijos es el segundo crimen machista en Castilla-La Mancha en lo que va de año, después del de Ramy Virginia Taccarelli, a la que su pareja mató en la provincia de Guadalajara el pasado mes de septiembre. Tenía 41 años y era madre de dos hijos, uno de 18 años de una relación anterior y una niña de cinco años con su actual relación.

Es la séptima comunidad autónoma del país con más casos activos en el Sistema de seguimiento policial Viogen. Según los últimos datos, hasta el mes de octubre, en la región hay 5.716 casos activos, 63 de ellos en menores de 18 años. En el conjunto del país, se han recibido 99.762 denuncias recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio.

Como viene siendo tristemente habitual, representantes institucionales han guardado un minuto de silencio por el presunto crimen machista de una mujer en la localidad toledana de Torrijos, que se investiga como violencia de género.

A las puertas del Ayuntamiento han participado en este acto de repulsa la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón; la portavoz, Esther Padilla; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; y el alcalde de Torrijos, Andrés Martín. Todos ellos han querido así apoyar a la familia y condenar el crimen.

la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha lamentado que “hay una vida que se ha truncado”, con “unos niños y un adolescente a los que le han robado la mitad de su vida”, trasladándole su “abrazo más profundo”.

Tras recordar que en la región hay más de 5.700 mujeres que tienen algún tipo de protección o que están en el sistema VioGén, ha resaltado la protección que ofrece la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local y los recursos del Gobierno regional en colaboración con los ayuntamientos, “sistemas que están funcionando”.

“Tenemos que seguir avanzando por este camino. Tenemos que seguir teniendo claro que los sistemas de protección están funcionando, que tendremos que mejorarlos para que ninguna mujer sufra violencia”, ha aseverado Simón.

Igualmente, ha mostrado su deseo de “no consentir más discursos negacionistas de la violencia machista” para que la sociedad en su conjunto se conciencie de que “es una realidad dolorosa” que hay que combatir y erradicar.

“Apelo a que sigamos por este camino, el de la concordia, el de la coordinación institucional, el de trabajar desde todos los ámbitos para poder proteger cada vez a más mujeres, para que sientan que tienen en la sociedad el respaldo necesario”, ha dicho.

Todo el esfuerzo del Gobierno regional se volcará para “dar todo el soporte” a los tres menores que se quedan sin madre, mediante recursos psicológicos y económicos.

La presidenta de la Diputación Concepción Cedillo ha mostrado también su “más enérgica condena” ante estos hechos “atroces” y ha trasladado su solidaridad a los familiares, amigas y allegados de la víctima. Ha enfatizado que “no hay excusas, ni justificaciones para la violencia contra las mujeres y es una lacra social que debe terminar ya”.

El Ayuntamiento ha destacado que este suceso ocurre días después de la conclusión de la programación de actividades en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la cual la concejala de Servicios Sociales y Familia, Marta Flores, procedió a la lectura del manifiesto abogando por una educación basada en el respeto y por que no fallen los protocolos de seguridad.

También ha elogiado la “profesional y rápida” actuación de Policía Local y el Centro de la Mujer, salvaguardando tanto física como psicológicamente a dos de los tres hijos menores de edad de la pareja, que en el momento del crimen se encontraban en la vivienda.

El Consistorio local ha hecho un llamamiento para continuar trabajando en la prevención, la educación en igualdad y la protección efectiva de las mujeres frente a cualquier forma de violencia. Asimismo, ha trasladado su “profundo pésame” a los familiares y amigos de la víctima, a quienes continuará brindando todo el apoyo posible.

Agentes de la Guardia Civil han localizado los restos de una persona en una nave de la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, identificada como un hombre de 67 años.

Según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno a Europa Press, el sujeto, localizado en la noche de este martes, presentaba evidentes signos de violencia, lo que ha llevado a los cuerpos de seguridad a la conclusión de encontrarse ante el escenario de un delito.

Ante los indicios de un crimen, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación del caso.