En los años ochenta del siglo pasado, llegar hasta el Casino de Montesblancos significaba entrar en uno de los lugares más exclusivos del ocio en Aragón. A unos veinte minutos de Zaragoza, próximo al municipio de Alfajarín, el complejo reunía un hotel, restaurante y salones de fiesta en una época en la que el juego comenzaba a abrirse paso en España tras décadas de prohibición.

Pero el tiempo del oropel y el champagne terminó enterrado en una montaña de deudas. En la actualidad, la imagen ha cambiado completamente. Donde antes había ruletas, coches de alta gama y clientes que llegaban desde distintos puntos del país, hoy solo se encuentran paredes cubiertas de grafitis, ruina y escombros. La historia del casino quedó además inevitablemente ligada a un asesinato que, treinta años después, continúa sin resolverse.

El Casino Montesblancos abrió sus puertas en 1978 con una inversión que rondó los 250 millones de pesetas, alrededor de 1,5 millones de euros, una cifra muy elevada para la época.

Este gran complejo fue mucho más que una sala de juego. Contaba con hotel de lujo, restaurante, espacios para celebraciones y grandes salones destinados al ocio nocturno. Su ubicación tampoco era casualidad: lo suficientemente próxima a Zaragoza para atraer visitas, pero lo bastante alejada como para mantener la discreción de una clientela formada por empresarios, políticos, famosos y grandes jugadores.

Las dimensiones del antiguo casino comprende unas 300 hectáreas, repartidas en tres fincas que albergan diferentes construcciones e instalaciones. Además del antiguo hotel y casino, de cuatro plantas, el recinto conserva un edificio que actuaba como centro social, varias canchas de tiro de pichón y un palomar, junto a zonas de aparcamiento.

Durante años, Montesblancos fue uno de los principales referentes del entretenimiento en Aragón y uno de los casinos con mayor actividad de la zona.

La decadencia y el crimen

La situación sufrió un gran cambio durante la década de los noventa. Las visitas de los clientes disminuyeron, la empresa cambió de propietario varias veces y las dificultades económicas empezaron a hacerse más evidentes.

En 1996, con Alfonso Fuentes el principal accionista, la empresa se declaró arruinada y se suspendieron pagos frente al Gobierno de Aragón. A estas pérdidas se sumaban importantes deudas derivadas del pago de impuestos, las cotizaciones y las tasas de juego. Las cuentas del casino pasaron entonces a estar bajo foco judicial.

Dos años después, en abril de 1998, el complejo fue vendido a la empresa estadounidense Trans World Gaming por 722.000 euros, aunque el cambio de propietario no consiguió sacar adelante el negocio.

Aquí es cuando surge una nueva voz en la historia. El juzgado nombró a un equipo de tres personas, lideradas por Javier López Aldea, para intervenir la compañía. Ellos serían los encargados de analizar la situación económica de la empresa y aclarar posibles irregularidades en la gestión.

El 21 de noviembre de 1997, un viernes, López Aldea fue asesinado a cuchilladas en el garaje de su vivienda. Su muerte se produjo días después de que elaborara un informe que apuntaba a presuntas irregularidades económicas relacionadas con la gestión del casino. Con la indagación iba a caer, según le había trasladado a su mujer, “hasta la Diputación General de Aragón”, entonces presidida por Santiago Lanzuela (PP).

A pesar de sucesivas investigaciones sobre el caso durante años y de la existencia de dos imputados en el caso –uno de ellos, el propio Fuentes, cuya situación terminó archivada–, el crimen nunca llegó a aclararse y continúa formando parte de los casos sin resolver de Aragón.

Décadas de abandono

Para entonces, el futuro de la empresa de Montesblancos ya era irreparable. Fue en 2001 cuando el casino terminó cerrando definitivamente al público. Un año después, en junio de 2002, la Dirección General de Patrimonio anunció la subasta del local con el objetivo de recuperar parte de la deuda que presentaban.

Tras la clausura empezó una caída que nunca pudo llegar a frenarse. La ausencia de vigilancia allí facilitó numerosos robos. Ventanas, puertas, cableado, mobiliario y cualquier elemento con valor desaparecieron poco a poco del edificio. En 2014, el inmueble volvió a salir de manera infructuosa a subasta por 1,3 millones de euros, apenas una parte de la deuda principal, que no logró devolver a la normalidad a aquel complejo, ya que su deterioro era irreversible.

El Gobierno de Aragón embargó toda la finca para intentar recuperar la deuda, pero vender aquel gran complejo fue imposible. Por ello, desde entonces, todo el recinto continúa en sus manos, que asumió su control tras el embargo de la finca por las deudas acumuladas.

Casi cincuenta años después de su apertura, el Casino Montesblancos permanece abandonado. Hoy, entre todos los restos del edificio, apenas quedan huellas de aquel complejo que llegó a representar lujo, dinero y poder en mitad de la estepa zaragozana.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte a tiros de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona la pasada noche. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha afirmado a través de las redes sociales que los primeros indicios de la investigación apuntan a enfrentamientos entre bandas.

Los Mossos fueron alertados sobre la medianoche por varios testigos que habrían oído tiros en la calle Portugal, en Sant Andreu. Varias patrullas se activaron y localizaron al menor herido por arma de fuego en estado muy grave. Las siete unidades del Sistema de Emergencias Médicas que también se desplazaron hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida al joven.

El cuerpo policial ha desplegado un dispositivo para encontrar a los autores y la División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación, que está bajo secreto de las actuaciones.

Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Barcelona han cargado contra el PSC tras conocer los hechos. En un mensaje a X, el líder de Junts, Jordi Martí, ha constatado que el alcalde, Jaume Collboni, “ha perdido el control de la ciudad”, y que este nuevo homicidio “confirma el fracaso de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad”.

También el líder del PPC, Daniel Sirera, ha sido tajante y ha pedido la dimisión del teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, y de la consejera de Interior, Núria Parlon. La presidenta del grupo de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido al PSC que priorice a Barcelona y exija al Govern “determinación y eficiencia en los recursos de seguridad allí donde tocan”.

El presidente del grupo municipal de Vox, Gonzalo de Oro Pulido, ha advertido que Barcelona “está fuera de control por la incompetencia del PSC”, y ha clamado por un “alcalde valiente que ponga orden ya”.

Un caso sin resolver deja siempre una sensación desagradable porque rompe la idea básica de que un crimen acaba con un culpable identificado y castigado. Esa inquietud se repite en historias muy conocidas, desde el asesino de Whitechapel al que se atribuyen los crímenes de Jack el Destripador hasta el misterioso autor de las cartas del Zodiaco o el secuestrador que saltó de un avión y desapareció como D. B. Cooper.

En todos ellos hay pruebas, sospechosos e hipótesis, pero ningún cierre definitivo, lo que mantiene vivo el debate durante décadas. Ese vacío convierte cada detalle en objeto de análisis y alimenta una fascinación que no desaparece con el tiempo. A veces, incluso cuando hay una persona señalada, el desenlace judicial no consigue disipar del todo la duda.

Las sospechas recayeron sobre Lizzie Borden desde el primer momento

El 4 de agosto de 1892, en la casa familiar de los Borden en Fall River, en el estado de Massachusetts, dos cuerpos aparecieron brutalmente atacados en habitaciones distintas, lo que llevó a una investigación centrada en el entorno más cercano. Según el Fall River Herald, la noticia se extendió con rapidez y atrajo a decenas de vecinos a la calle, conmocionados por la violencia del crimen. El padre, Andrew Borden, fue hallado con heridas devastadoras en el rostro, mientras que su esposa Abby había sido asesinada antes, un detalle que marcó desde el principio la reconstrucción de los hechos.

La atención de la policía se dirigió pronto hacia Lizzie Borden, hija del matrimonio, por sus respuestas contradictorias y algunos comportamientos que no encajaban con la escena. El Boston Daily Globe recogió rumores sobre la mala relación entre Lizzie y su madrastra, mientras que el Boston Herald defendía su reputación al señalar que no había constancia de actos crueles en su vida. Aun así, el hecho de que estuviera en casa en el momento de los asesinatos y su incapacidad para explicar con claridad sus movimientos aumentaron las sospechas.

El juicio comenzó en junio de 1893 en un ambiente de enorme expectación, con tres jueces y un jurado compuesto por doce hombres. La acusación, dirigida por Hosea Knowlton y el fiscal William Moody, trató de construir un relato basado en la oportunidad y el posible motivo, mientras que la defensa, liderada por el exgobernador George Robinson, insistía en la falta de pruebas directas. La escena en la sala fue intensa, con momentos de tensión como cuando se mostraron restos de las víctimas durante la exposición del caso.

Entre los testimonios más relevantes, la empleada Bridget Sullivan situó a Lizzie como la única persona presente en la casa en el momento clave, aunque también afirmó que la convivencia familiar era aparentemente normal. Esa versión chocó con otros relatos que hablaban de tensiones previas. Por su parte, la testigo Alice Russell aportó un elemento decisivo al describir cómo Lizzie quemó un vestido días después de los asesinatos, lo que introdujo la sospecha de que podía estar destruyendo pruebas. La defensa utilizó esos mismos testimonios para subrayar contradicciones y debilitar la versión de la acusación, insistiendo en que no existía un vínculo claro entre la acusada y el arma del crimen.

La falta de evidencias debilitó la acusación durante el proceso

El desarrollo del caso estuvo marcado por la ausencia de pruebas concluyentes. No se encontró un arma identificable ni restos de sangre que vincularan de forma directa a Lizzie con los asesinatos. Además, algunas evidencias clave fueron descartadas por el tribunal, como el intento de compra de veneno el día anterior, al considerar que no se había demostrado su relación con los hechos. Esa falta de conexión permitió a la defensa insistir en que todo el caso se apoyaba en conjeturas.

El veredicto llegó tras una deliberación breve y sorprendió a muchos observadores. El jurado declaró a Lizzie Borden no culpable, lo que provocó reacciones divididas. The New York Times interpretó la decisión como una crítica al trabajo de la policía y destacó la rapidez con la que se alcanzó el fallo. A pesar de la absolución, el debate no se cerró, y durante años persistió la idea de que la justicia no había resuelto completamente el caso.

Tras el juicio, Lizzie regresó a su ciudad y vivió el resto de su vida marcada por la atención pública y las sospechas que nunca desaparecieron del todo. La combinación de un crimen violento, una acusación sin pruebas definitivas y una absolución rápida dejó una historia abierta que sigue generando resquemor en la sociedad estadounidense. Como en otros casos sin cierre claro, el tiempo no ha eliminado la duda, solo la ha convertido en parte esencial del relato.

La Policía Nacional ha desmantelado el grupo criminal presuntamente detrás del violento asesinato de un feriante en el recinto ferial de Villanueva de la Serena en el verano de 2025. Tras 11 meses de complejas e intensas investigaciones bajo la 'Operación Auditor', los agentes han localizado y detenido en la localidad almeriense de Vélez-Rubio a tres personas implicadas en el crimen.

Los hechos se remontan al 22 de julio del año pasado, cuando dos individuos con el rostro oculto irrumpieron a bordo de un coche con las matrículas manipuladas en la zona de atracciones del recinto ferial villanovense. Sin mediar palabra, abrieron fuego a quemarropa contra dos hombres que se encontraban en el interior de una furgoneta. El asalto se saldó con un muerto y un herido de gravedad, mientras que los sicarios huyeron a gran velocidad para poco después abandonar y prender fuego al vehículo en un paraje cercano con el fin de borrar cualquier huella.

Para el arresto de los implicados, que habían fijado su residencia en Andalucía tras la ejecución del crimen, se desplegó un macrooperativo policial de asalto en el que participó el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y unidades caninas y de intervención. En los registros simultáneos realizados en los domicilios de Vélez Rubio y Don Benito, las fuerzas de seguridad intervinieron un auténtico arsenal: una pistola, cuatro cargadores, abundante munición de varios calibres, cinco chalecos antibalas, numerosos teléfonos móviles y 80.000 euros en efectivo. Además de los tres detenidos, la Policía ha confirmado que un cuarto integrante de la red ya se encuentra en prisión cumpliendo condena por otro homicidio diferente.

A la organización desarticulada se le imputan los delitos de homicidio, lesiones, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, hurto de vehículo e incendio intencionado. Pese a la gravedad de los cargos y al arsenal incautado, y tras ser puestos a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Vélez Rubio, el tribunal ha decretado de forma sorprendente la libertad provisional para los tres implicados, una decisión que ha generado un fuerte impacto mientras la causa principal sigue adelante bajo secreto de sumario en los juzgados de Villanueva de la Serena.

El nou fiscal superior de Balears, Adrián Salazar, ha pres possessió del seu càrrec aquest dilluns, amb el qual es marca els objectius de fomentar la transparència, reforçar la col·laboració amb els investigadors i situa com una prioritat l'atenció a les víctimes.

Així s'ha expressat Salazar després de prendre possessió del càrrec en un acte al Tribunal de Justícia de Balears a Palma, en el qual ha agraït la confiança dipositada en ell per assumir aquesta responsabilitat.

El nou fiscal superior ha posat èmfasi en el paper d'atenció a les víctimes que té la Fiscalia, especialment a les persones més vulnerables. Al seu entendre, encara que existeix un marc legislatiu pel que fa a la protecció de la víctima, “moltes vegades es produeix una revictimització”.

També ha assenyalat com a repte l'augment de la litigiositat, especialment “l'auge important” de la delinqüència organitzada, la ciberdelinqüència i el narcotràfic. “Allà s'exigeix que hi hagi una col·laboració encara més estreta amb els investigadors”, ha considerat.

Salazar ha fet referència també a la importància de la “transparència” de la institució amb els mitjans de comunicació. Precisament, en declaracions després de l'acte, ha reclamat la creació de la figura de cap de premsa de la Fiscalia de Balears.

“Cal fomentar el contacte i les relacions amb els mitjans, que compleixen un rol important en la societat democràtica, deixant sempre a resguard l'àmbit afectat pel deure de secret”, ha dit.

Igualment, ha posat en valor “l'excel·lent” qualitat de la plantilla, formada per 73 fiscals, que augmentarà en cinc més després de l'ampliació aprovada recentment, la qual cosa representa un 6,8 per cent més.

En aquest sentit, entre els objectius que s'ha marcat, es troba “aconseguir que hi hagi mitjans materials i personals suficients” perquè els fiscals “treballin en les millors condicions”.

Segons Salazar, aquest augment fins als 78 fiscals és “insuficient” davant l'augment “importantíssim” de la conflictivitat i del crim organitzat, que implica judicis amb desenes d'acusats i llarga durada.

“Això al final està repercutint en la situació de l'Audiència Provincial que té un embús considerable”, ha indicat, per després plantejar la necessitat que hi hagués una nova sala de l'Audiència per revertir aquest embús.

Segons el seu entendre, la situació exigeix un pacte d'Estat, ja que la justícia “ha de ser necessàriament àgil”. Així, ha apel·lat al consens i compromís de tots els grups parlamentaris per assolir aquest pacte.

Substitueix a Julio Cano

Salazar ha ocupat fins ara el càrrec de tinent fiscal de Balears i ha substituït Julio Cano de manera interina des que el passat gener prengués possessió com a nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.

El fiscal superior va ingressar el 1988 a la carrera fiscal i va ser destinat a la Fiscalia Provincial de Balears. El 1996 va passar a ser fiscal coordinador de delictes contra el medi ambient i urbanisme, càrrec que va ocupar fins que el 2004 va assumir la Delegació de la Fiscalia Especial Antidroga i la coordinació d'aquesta secció a la Fiscalia Provincial, càrrec que va exercir durant dues dècades anys. Des del 2024 ha estat tinent fiscal de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma.

El nuevo fiscal superior de Balears, Adrián Salazar, ha tomado posesión de su cargo este lunes, con el que se marca los objetivos de fomentar la transparencia, reforzar la colaboración con los investigadores y sitúa como una prioridad la atención a las víctimas.

Así se ha expresado Salazar tras tomar posesión del cargo en un acto en el Tribunal de Justicia de Balears en Palma, en el que ha agradecido la confianza depositada en él para asumir esta responsabilidad.

El nuevo fiscal superior ha hecho hincapié en el papel de atención a las víctimas que tiene la Fiscalía, especialmente a las personas más vulnerables. A su entender, aunque existe un marco legislativo en cuanto a la protección de la víctima, “muchas veces se produce una revictimización”.

También ha señalado como reto el aumento de la litigiosidad, especialmente el “auge importante” de la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia y el narcotráfico. “Ahí se exige que haya una colaboración todavía más estrecha con los investigadores”, ha considerado.

Salazar ha hecho referencia también a la importancia de la “transparencia” de la institución con los medios de comunicación. Precisamente, en declaraciones después del acto, ha reclamado la creación de la figura de jefe de prensa de la Fiscalía de Balears.

“Hay que fomentar el contacto y las relaciones con los medios, que cumplen un rol importante en la sociedad democrática, dejando siempre a salvo el ámbito afectado por el deber de secreto”, ha dicho.

Igualmente, ha puesto en valor la “excelente” calidad de la plantilla, formada por 73 fiscales, que aumentará en cinco más tras la ampliación aprobada recientemente, lo que representa un 6,8 por ciento más.

En este sentido, entre los objetivos que se ha marcado, se encuentra “conseguir que existan medios materiales y personales suficientes” para que los fiscales “trabajen en las mejores condiciones”.

Según Salazar, este aumento hasta los 78 fiscales es “insuficiente” ante el aumento “importantísimo” de la conflictividad y del crimen organizado, que implica juicios con decenas de acusados y larga duración.

“Eso al final está repercutiendo en la situación de la Audiencia Provincial que tiene un atasco considerable”, ha indicado, para después plantear la necesidad de que hubiera una nueva sala de la Audiencia para revertir este atasco.

A su entender, la situación exige un pacto de Estado, puesto que la justicia “tiene que ser necesariamente ágil”. Así, ha apelado al consenso y compromiso de todos los grupos parlamentarios para alcanzar este pacto.

Sustituye a Julio Cano

Salazar ha ocupado hasta ahora el puesto de teniente fiscal de Balears y ha sustituido a Julio Cano de manera interina desde que el pasado enero tomara posesión como nuevo jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal superior ingresó en 1988 en la carrera fiscal y fue destinado a la Fiscalía Provincial de Balears. En 1996 pasó a ser fiscal coordinador de delitos contra el medio ambiente y urbanismo, puesto que ocupó hasta que en 2004 asumió la Delegación de la Fiscalía Especial Antidroga y la coordinación de dicha sección en la Fiscalía Provincial, cargo que ejerció durante dos décadas años. Desde 2024 ha sido teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

La Fiscalía se ha opuesto al recurso de la defensa de Jonathan Andic contra el millón de euros de fianza que le impuso la jueza, alegando que de los mensajes de su móvil, la geolocalización y el registro de llamadas se desprenden indicios de que mató a su padre, el fundador de Mango.

En una nota de prensa, la Fiscalía de Barcelona ha informado de que se ha opuesto al recurso de apelación que la defensa presentó ante la Audiencia de Barcelona y pide que se le mantenga la fianza para evitar el riesgo de fuga del investigado por su “altísima capacidad económica” y la “severidad” de las penas a que se enfrenta.

Además considera que, según los mensajes obrantes en la causa, no puede inferirse una buena relación entre Jonathan e Isaak, tal como habían defendido los representantes legales del acusado. De la misma forma, los informes de los Mossos contradicen, según asegura la Fiscalía, la versión del primogénito sobre cómo murió su padre.

El hombre detenido por la muerte del varón desaparecido desde el pasado domingo en Badajoz facilitó en uno de los interrogatorios que le realizó la Policía Nacional la localización del cuerpo, hallado la tarde de este miércoles en la barriada pacense de Tulio.

Según fuentes judiciales consultadas por EFE, el detenido, que estaba como franquiciado en un establecimiento de la barriada de Suerte de Saavedra, pasará presumiblemente a disposición judicial el sábado.

La Policía Nacional no ha reconocido este extremo, pero sí ha expresado que en las próximas horas se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para dejar todo bien cerrado de cara a la puesta a disposición judicial del varón.

Desde la Plataforma Adonay, especializada en desapariciones, se ha confirmado que “en el entorno de los allegados y de los familiares se expresa que el autor de los hechos se derrumbó en un segundo interrogatorio con la Policía Nacional”, momento en el cual facilitó la zona donde se encontraba el cuerpo.

Esta asociación ha participado en las labores de búsqueda “por todos lados” para intentar localizar al varón y en apoyo a la familia “en unos momentos tan difíciles”.

Por su parte, la firma propietaria del establecimiento ubicado en Suerte de Saavedra ha aclarado, a través de las redes sociales, que el propietario del local nada tiene que ver con este hecho, ya que lo había arrendado al detenido.

Según las fuentes consultadas por EFE, el detenido tendría una orden de desahucio para que dejara el local, cuyo juicio en este marco se celebrará previsiblemente el próximo octubre.

Por otro lado, está previsto que el cuerpo del fallecido se entregue este jueves a la familia, según estas fuentes.

En cuanto a la investigación de las causas de la muerte, podría estar relacionada con una deuda económica. Sin embargo, en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, no ha confirmado este último extremo debido al secreto de las actuaciones y a que las investigaciones se siguen desarrollando.

Cantabria ha registrado el mayor incremento del país en delitos por tráfico de drogas y lesiones o riñas tumultuarias, con aumentos del 61,9% y 62,3%, respectivamente. Del otro lado, también ha registrado el descenso más pronunciado en los delitos sexuales, en el primer trimestre de 2026, con 30 delitos contra la libertad sexual, siete menos que en el primer trimestre de 2025, lo que supone un descenso del 18,9%, respecto al mismo periodo de 2025.

Por comparación, Cantabria continúa como una de las comunidades autónomas más seguras de España, con una tasa de criminalidad de 43,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, casi siete puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país. Se mantiene como la octava comunidad más segura, por detrás de Extremadura (35), Galicia (35,2), Asturias (36,2), La Rioja (36,6), Castilla y León (40,7), Castilla-La Mancha (41,7) y Aragón (42,2).

Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026 hecho público este jueves por el Ministerio del Interior, en el que se indica que la criminalidad ha crecido en Cantabria un 5,2% --a nivel nacional lo ha hecho un 1%--, con 6.442 infracciones penales.

Se contabilizaron 34 delitos por tráfico de drogas, 13 más que un año antes, y 112 por lesiones y riñas tumultuarias frente a los 69 del primer trimestre de 2025. También crecieron, en este caso un 26,1%, los robos con violencia e intimidación, hasta los 58. En cambio, bajaron un 5,8% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, hasta los 388, pese a aumentar un 7,3% los de viviendas, que supusieron 309.

De los 30 delitos contra la libertad sexual, nueve fueron por agresión sexual con penetración, una menos (-10%), y los 21 restantes (-22,2%) por otro tipo de delitos contra la libertad sexual. En este delito, dentro de los municipios cántabros, el Balance indica que en Castro Urdiales, se produjo en el primer trimestre un incremento del 66,7% en los delitos contra la libertad sexual, con cinco —dos de ellas agresiones con penetración—.

Además, entre enero y marzo, ha habido en la comunidad dos homicidios dolosos/asesinatos consumados, mientras que en el mismo periodo del año anterior no hubo ninguno. En contraposición, no ha habido ninguno en grado de tentativa frente a los cuatro del año anterior.

La delicuencia convencional ha aumentado un 7,6% —6,6 puntos por encima de la media nacional—, con 4.593 delitos, y la cibercriminalidad se ha reducido un 0,3% (en el conjunto de España se ha incrementado un 1,2%), con 1.849 infracciones penales.

Por otro lado, los hurtos crecieron un 6,6%, hasta los 1.195, y las sustracciones de vehículos disminuyeron un 15,8%, con 32 contabilizadas.

Por municipios

En Santander, la criminalidad aumentó un 7,4%, con 2.187 delitos en el primer trimestre, con un aumento de la convencional del 13,9% y de la ciberdelicuencia del 7,1%. Entre la primera, se registraron aumentos, por ejemplo, en los delitos por drogas, que se duplicaron, hasta los 18; lesiones (+82,6%; robos con fuerza en domicilios (+62,2%) y aquellos con violencia (+41,7%).

En el lado contrario, bajaron en la capital un 8,3% los delitos contra la libertad sexual, hasta los 11, dos de ellos por agresión con penetración (-50%) y nueve de otro tipo (+12,5%).

Por su parte, Torrelavega contabilizó en los tres primeros meses del año 660 delitos, un 24,3% más, con un incremento del 26,1% en la criminalidad convencional y, en este caso, también una subida de la ciberdelincuencia del 18,9%.

En este municipio, los delitos contra la libertad sexual se redujeron un 80%, al registrarse uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que, en el otro lado, los delitos de lesiones aumentaron un 150%, con 15; los de tráfico de drogas se duplicaron, hasta los seis; los robos con violencia crecieron un 60%, con ocho; y las sustracciones de vehículos se cuadruplicaron, pasando de una a cuatro.

Por su parte, en Camargo, la criminalidad se incrementó un 10,7%, con 434 delitos, con aumentos tanto en la convencional (+9,1%) como en la ciberdelincuencia (+16%). En este municipio, los delitos contra la libertad sexual cayeron un 66,7%, con solo uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que los de lesiones subieron un 60%, hasta los 8. Además, entre los datos, destaca que en este municipio hubo un homicidio doloso o asesinato consumado en el primer trimestre.

En Castro, además, la criminalidad aumentó un 6,5%, con subidas tanto en la convencional (+5,3%) como en la ciberdelincuencia (+10,5%), destaca el y la caída del 59% en los robos en domicilios (11).

En Piélagos, las infracciones penales bajaron un 5,1% en el periodo enero-marzo, hasta las 205, con un aumento de la criminalidad convencional del 4,7% y una reducción de la ciberdelincuencia del 14,7%.

Recordar una cara puede decidir el destino de una persona. Las ruedas de reconocimiento nacieron para ayudar a testigos y víctimas a señalar a un posible autor entre varias personas o fotografías con rasgos parecidos, de modo que la elección tenga algún valor probatorio. Su organización suele buscar que el sospechoso no destaque frente al resto y que quien dirige el procedimiento influya lo menos posible.

Aunque el cine y las series las han convertido en una imagen muy asociada a Estados Unidos, estos métodos existen en numerosos países y forman parte habitual de investigaciones policiales. El problema aparece cuando una identificación errónea adquiere una importancia excesiva. En los casos más graves, un recuerdo equivocado puede contribuir a condenas de enorme dureza e incluso a ejecuciones.

Un asesinato en Texas terminó en una condena a muerte

Según Nature, un antiguo asesinato ocurrido en Texas ha terminado convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados dentro de la discusión científica sobre la memoria. El reportaje de Ruairi J. Mackenzie relata la situación de Charles Don Flores, condenado a muerte tras un proceso en el que el testimonio de una vecina acabó teniendo un papel decisivo pese a la ausencia de pruebas físicas concluyentes que lo vincularan al crimen.

La revisión de ese caso atrajo la atención de John Wixted, investigador de la Universidad de California en San Diego. Durante años observó que muchos estudios sobre testimonios agrupaban errores muy distintos dentro de la misma categoría estadística. Para él, señalar por error a un sospechoso inocente no equivale a escoger a otra persona de la rueda de reconocimiento.

Junto con la psicóloga Laura Mickes, de la Universidad de Bristol, replanteó la forma de analizar esos resultados mediante un sistema denominado análisis de confianza-precisión. El planteamiento era claro: cuando un testigo identifica a alguien con un determinado grado de seguridad, ¿qué probabilidad existe de que esté acertando?

La discusión surgió porque la memoria llevaba décadas asociada a una enorme fragilidad. Numerosos especialistas defendían que recordar se parece más a reconstruir que a reproducir un hecho pasado. Cada evocación puede alterar parcialmente el recuerdo anterior e introducir detalles que nunca estuvieron allí. Esa idea acabó teniendo una enorme influencia en los tribunales porque obligaba a contemplar los testimonios con cautela.

Entre las figuras más influyentes aparece Elizabeth Loftus, investigadora que ya en los años 70 mostró hasta qué punto las sugerencias podían alterar recuerdos o incluso crear otros completamente falsos. La llegada posterior de las pruebas de ADN reforzó esas dudas. Muchas condenas fueron anuladas cuando los análisis demostraron que los acusados eran inocentes. En una gran cantidad de esos procesos, las identificaciones erróneas de testigos tuvieron un papel destacado.

Gary Wells, psicólogo de la Universidad Estatal de Iowa, también llamó la atención sobre los problemas de las ruedas de reconocimiento. Explicó que los sesgos pueden colarse durante el procedimiento si quien lo dirige conoce la identidad del sospechoso o si determinadas señales influyen en la decisión del testigo. Wells defendió además que rechazar una rueda de reconocimiento aporta información relevante y no debería interpretarse automáticamente como un fallo sin importancia.

Jill Barganier acabó señalando a Flores en el juicio

El caso de Flores contiene varios de esos elementos. Tras el asesinato de Betty Black en 1998, la vecina Jill Barganier describió inicialmente a dos hombres blancos con el pelo largo. Flores era latino y llevaba el cabello corto. La testigo participó después en una sesión de hipnosis forense, práctica abandonada posteriormente en Texas y en otras jurisdicciones. También rechazó una rueda fotográfica en la que aparecía Flores y colaboró en la elaboración de un retrato que tampoco se parecía a él. Sin embargo, más de un año después declaró en el juicio que estaba “más del 100% segura” de que era uno de los implicados. Esa identificación terminó teniendo una posición esencial en la acusación.

Los trabajos revisados por Wixted ofrecieron un matiz importante. En determinadas circunstancias, las identificaciones realizadas con mucha seguridad desde el primer momento alcanzaban niveles de acierto cercanos al 97%. Eso no convierte cualquier recuerdo en una prueba fiable. Los investigadores subrayan que deben cumplirse condiciones estrictas, como ruedas organizadas mediante procedimientos de doble ciego, fotografías similares entre sí y registro inmediato del nivel de confianza del testigo.

La lentitud de la justicia para incorporar estos cambios sigue siendo una de las principales preocupaciones. Innocence Project ha señalado durante años los riesgos asociados a las identificaciones erróneas. Algunos territorios ya han introducido reformas, como protocolos de doble ciego, grabaciones en vídeo y sistemas para registrar de inmediato la seguridad expresada por los testigos.

Mientras tanto, Charles Don Flores continúa esperando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acepte revisar una condena que se ha convertido en uno de los casos más citados sobre la fiabilidad de los testimonios: cuándo un recuerdo merece confianza y cuándo puede conducir a un error irreparable.

El Hotel Eurostars de Toledo, en el barrio de Buenavista, uno de los más ‘exclusivos’ al norte de la ciudad, acoge los días 20 y 21 de mayo, la 53ª Conferencia Regional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con medio millar de asistentes procedentes de más de 50 países.

El evento ha provocado un despliegue policial en toda regla, con casi 200 agentes en esta zona del norte de la capital castellanomanchega, extramuros del Casco Histórico, y con estrictos controles de seguridad que no han pasado desapercibidos para los vecinos y vecinas de la zona, ni tampoco para los taxistas que iban y venían y que han visto cómo los furgones de la Policía Nacional se apostaban en las inmediaciones del hotel.

Entre las unidades participantes en el dispositivo se han desplegado medios aéreos, unidades especializadas de guías caninos o unidades de subsuelo para “garantizar que el dispositivo se desarrolle con total normalidad”.

Los agentes pertenecen en gran medida a la Comisaría Provincial y la Jefatura de la Policía en Toledo, así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete y de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) tanto de la Comisaría Provincial como de Talavera de la Reina. El despliegue se ha preparado desde hace dos meses a través de reuniones operativas con un incremento efectivo de los agentes en las calles de la ciudad.

“Pensábamos que pasaba algo cuando hemos visto tanta policía por aquí y nos hemos asustado un poco, pero nada, que viene mucha gente importante o algo así”, comentaba a este medio Paula, una vecina de las urbanizaciones cercanas. Pablo, un estudiante de la zona que esperaba el autobús urbano, también ha mostrado su sorpresa. Y  su impaciencia: el transporte público se retrasaba. “Lo que nos faltaba”, ha lamentado.

También los taxistas han notado algo de jaleo durante la mañana, con la llegada de muchos de los asistentes desde Madrid, en autobuses desde el aeropuerto facilitados por la organización. “La Policía Local ya nos había avisado, y estamos activos algunos más de los que solemos circular a estas horas, pero no hemos notado nada especial, solo los atascos habituales de entrada a la ciudad. Y como siempre los hay, ahora encima estas cosas... Yo es que estoy flipando”, se quejaba uno de ellos.  

“Aceleración” de obras en la ciudad 

Este mismo conductor también ha destacado el hecho de que justo en los últimos días, ha visto cómo se “aceleraban” algunas obras de la ciudad, principalmente una de las que más atascos está produciendo: el Paseo de la Vega que da acceso a la Puerta de Bisagra, una de las principales vías de entrada al Casco Histórico.

En este paseo ayer mismo se colocaron las estatuas que ya flanquean el nuevo tránsito - un proyecto del gobierno de PP y Vox para visibilizar en la zona a los reyes visigodos y cristianos-, se eliminaron las placas metálicas que impedían ver el desarrollo de las obras y se terminó el nuevo pavimento. La zona sigue vallada pero ya pueden observarse sus avances.  

En el resto de la ciudad no se han percibido especiales incidencias, según la Policía Local, pero sí se prevé que este jueves, día 21 de mayo, y segunda jornada de la reunión de la Interpol, pueda ampliarse el dispositivo debido a la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La elección de la ciudad no es casual y así lo han comentado a este medio desde el departamento de comunicación de la Interpol: “Es un sitio ideal”.

Toledo se ha convertido en los últimos años en un atractivo para la celebración de grandes eventos de este tipo, debido a su cercanía con Madrid y a que se trata de una ciudad pequeña, fácil de ‘controlar’ por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con espacios muy amplios para albergar este tipo eventos de gran asistencia, como el elegido, el Hotel Eurostars, pero también el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ubicado en la antigua Fábrica de Armas, o el Palacio de Congresos ‘El Greco’.

El espacio escogido para este evento internacional de la Interpol es uno de los dos únicos hoteles de cinco estrellas de Toledo. Está ubicado en la orilla este del río Tajo, en el Palacio de Buenavista, un antiguo cigarral histórico construido a finales del siglo XVI por orden del cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, tras recibir los terrenos del rey Felipe II.

Según la tradición local y algunos historiadores, el diseño original fue obra del pintor ‘El Greco’, en la que pudiera ser su única incursión conocida en el mundo de la arquitectura, pero este extremo no esta documentado de forma oficial. Lo que sí es público es que, en su época dorada, sus jardines y estancias sirvieron de punto de encuentro para intelectuales y artistas.  

De los intelectuales a los turistas... y ahora la Interpol

En el siglo XX, la finca fue restaurada y después ampliada a principios del siglo XXI, respetando la estructura original. Como complejo hotelero, primero lo adquirió la cadena Hilton, que en 2014 lo traspasó a Eurostars manteniendo su calificación de cinco estrellas.

El complejo no ha sido reservado en su totalidad para los asistentes al evento, puesto que mientras que se desarrollaba el acto de inauguración, había turistas entrando y saliendo con sus maletas. Esta situación de libre circulación contrastaba en los accesos al hotel con los estrictos controles para los medios de comunicación.

En la programación oficial facilitada por la Interpol, hay una cena de gala programada para este miércoles, en el Cigarral del Ángel, otro entorno de lujo en la orilla oeste del río Tajo, y muy conocido por tener como chef al toledano Iván Cerdeño.

No hay constancia de que los participantes vayan a realizar alguna visita oficial al Casco Histórico de la ciudad, pero la organización no descarta que algunos “vayan por libre” y realicen alguna excursión privada o algún paseo particular.

Lo que sí han recibido todos lo participantes es un kit de regalos. Entre ellos, cuadernos, bolígrafos, una medalla con el sello de la Interpol y una caja con delicias de mazapán, una de las joyas de la repostería toledana. Algunos asistentes ya las degustaban incluso antes del acto de inauguración, al recoger sus regalos en la entrada de la gran sala de conferencias.

Este amplio espacio para el evento ha sido también el lugar idóneo para un solemne acto de apertura en el que ha destacado la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, que ha interpretado el himno de este cuerpo y posteriormente el nacional al inicio de la entrada de las autoridades. Posteriormente, todos los asistentes han guardado un minuto de silencio por los agentes policiales fallecidos en acto de servicio.

Después, la ciudad de Toledo ha estado en boca de todos los intervinientes en la inauguración. La han elogiado durante sus intervenciones el presidente de Interpol, Lucas Philippe; su secretario general, Valcecy Urquiza; y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Esta última ha hablado de un “entorno privilegiado” y un “símbolo de coexistencia entre culturas”.  

“Esta ciudad es la prueba viva de que el entendimiento no es una utopía si sabemos construirlo paso a paso, y de que en los tiempos más difíciles, es posible convivir en paz. y debemos aspirar a convivir en paz”, ha remarcado.

El encuentro de la Interpol aborda en estos dos días, entre otros asuntos, la lucha contra las redes de delincuencia organizada, el abuso sexual infantil en la Red, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas, las amenazas emergentes de drogas en Europa y la trata de personas.

Todas las intervenciones y ponencias son privadas, sin acceso de los medios de comunicación, pero la Interpol hará pública la información analizada en su página web.

La Interpol es la mayor organización de policía internacional del mundo, integrada por 196 países miembros. Su función principal es conectar a las fuerzas de seguridad a nivel global para prevenir, investigar y combatir la delincuencia transnacional.

Entre sus labores se encuentra el intercambio de información mediante bases de datos globales con información sobre delincuentes (huellas dactilares, ADN, pasaportes robados, vehículos) accesibles en tiempo real para las policías de todo el mundo; la búsqueda de fugitivos para su localización, detención y extradición según los casos; la emisión de alertas; y el apoyo operativo, es decir, la asistencia a las autoridades locales en investigaciones sobre terrorismo, cibercrimen, trata de personas, narcotráfico y delitos financieros.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre, fallecido en una caída en la montaña durante una caminata en la que solo estaban el padre y su primogénito. El arrestado ha comparecido ante la jueza del caso, que ha decretado prisión eludible bajo fianza de un milló de euros. En apeas veinte minutos, Andic ha pagado la fianza y ha quedado libre e investigado por homicidio.

El detenido ha llegado a los juzgados de Martorell a las 12.45h., esposado, con las manos en la espalda y custodiado por cinco agentes de la policía catalana (dos de investigación y tres de custodia del juzgado). Un rato antes, habían llegado su abogado, Cristóbal Martell; la fiscal del caso, Teresa Yoldi; y los agentes de investigación de los Mossos con un voluminoso atestado.

La imagen del paseíllo que ha vivido este martes Jonathan Andic es inhabitual ya en los grandes juzgados, pues se considera que atenta contra la presunción de inocencia de un detenido que todavía no ha sido juzgado. Sin embargo, los juzgados de Martorell (una de las instalaciones judiciales catalanas más faltas de inversión, que están en los bajos de un bloque de pisos), solo tienen una puerta, que comparten arrestados, funcionarios y jueces, y no disponen de una entrada exclusiva de detenidos.

En un comunicado, portavoces de la familia Andic han defendido la inocencia de Jonathan y han reclamado que se respete su presunción de inocencia, al tiempo que han sido críticos con la investigación. “No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra” Jonathan, han manifestado.

“El convencimiento sobre su inocencia es absoluto y el desarrollo de las diligencias así lo demostrarán”, han apostillado los portavoces de la familia.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es, la policía catalana ha arrestado a Andic a primera hora de la mañana de este martes. Lo ha hecho en su domicilio, y después lo ha trasladado a la comisaría de Martorell primero y después a los juzgados.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó en un primer momento el caso, pero lo reabrió en marzo de 2025 para incorporar ampliaciones de atestados de los Mossos d’Esquadra. Bajo la dirección del comisario Eduard Sallent, exjefe de la policía catalana, los Mossos primero concluyeron que la caída de Andic fue accidental, tras inspeccionar el lugar y tomar declaración a su hijo Jonathan, el único testigo directo de lo ocurrido.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, dieron un nuevo impulso y pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo. 

El hijo del fundador de Mango ha permanecido un año siendo sospechoso para la policía pero sin una petición formal de los Mossos al juzgado para imputarlo y que pudiera ejercer su derecho a la defensa en la causa.

Contracciones en el relato de Andic

Los Mossos basaron sus sospechas en lo que, a juicio de la policía, eran contradicciones en el relato de Andic tras la muerte de su padre —por ejemplo, sobre el lugar dónde estaba cuando cayó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión— y en que el sendero es un camino en el que creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

Durante estos meses, los Mossos también han indagado si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre en el momento de morir, una hipótesis policial que han negado de forma unánime los allegados del fundador de Mango. Entre las personas que han interrogado los agentes figuran la viuda del fundador de Mango, sus dos hijas, Judith y Sarah, su tío, directivos y trabajadores de la multinacional.

Las filtraciones sobre el caso cuando se encontraba bajo secreto de sumario hicieron reaccionar a los albaceas de Andic, que defendieron públicamente la “inocencia” y la “única condición de víctima” de su hijo Jonathan después de que los Mossos d'Esquadra situaran al primogénito como sospechoso. 

Pesos pesados del mundo empresarial, como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, o el presidente de Planeta y albacea de Andic, José Crehueras, han respaldado públicamente a Jonathan Andic durante los meses que ha pasado bajo el foco de los Mossos d’Esquadra. 

Un hombre ha sido detenido este martes en su domicilio de Oviedo/Uviéu acusado de matar a su hermana y su cuñado con un arma blanca. Había estado en la cárcel por otros dos asesinatos y en varias ocasiones había amenazado con “matar a alguien o quemar el edificio”.

Esta mañana, la Policía Nacional se personó en su vivienda, en el inmueble número 10 de la calle Vázquez de Mella, conocido como “los bloques de la sindical”, en el barrio de Vallobín, para comprobar la denuncia de un hombre que decía que había acudido a la casa “a comprar droga” y le había enseñado los cadáveres. La veracidad de la denuncia superaba cualquier película de ficción.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado la detención y el hallazgo de los dos cadáveres, aunque ha eludido entrar en detalles. Un portavoz ha explicado a este periódico que está todo “en fase de investigación”.

Las amenazas previas

El doble crimen ha impactado a los vecinos que conocen bien al ahora detenido. Es un hombre con antecedentes penales que no pasaron desapercibidos en el edificio. Sabían que había matado con anterioridad y era habitual que amenazara con nuevos episodios violentos.

Quería que llamaran a la Policía

Algunos de estos vecinos han relatado que a pesar de todas estas amenazas no creían que fuera a llevarlas a cabo. Sin embargo, ya había mostrado algunas señales el pasado domingo cuando le pidió a un vecino que llamara a la Policía porque iba a matar a sus familiares. La amenaza finalmente la ha cumplido.

Desde primera hora de esta mañana, agentes de la Policía Científica recogían pruebas en la vivienda, mientras el detenido era conducido a los calabozos.

En las próximas horas se espera que pase a disposición del juzgado de guardia de Oviedo/Uviéu.

La Fiscalía y la familia de Helena Jubany, la joven bibliotecaria asesinada hace casi 25 años en Sabadell (Barcelona), han pedido 26 años de cárcel contra S.L., el único acusado en el juicio, por los delitos de asesinato y detención ilegal.

El caso de Helena Jubany encara un juicio tras la reapertura de la investigación en 2021, impulsada por un capítulo de Crims, el true crime de Carles Porta, que removió conciencias en Sabadell y reabrió una causa archivada sin procesar a ningún sospechoso hace décadas.

La familia se había encontrado con un muro en la Justicia, pero los nuevos indicios se pudieron obtener gracias al avance de las técnicas de ADN. Los trabajos del laboratorio de la Comisaría General de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía han permitido hallar coincidencias con el ADN de S.L. (sospechoso inicial ya en 2001) en el jersey que vestía la víctima cuando fue asesinada, en lo que se ha convertido en una de las principales pruebas de cargo.

Según mantienen las acusaciones, la madrugada del 2 de diciembre de 2001, el acusado suministró sustancias estupefacientes (benzodiazepinas) a la víctima a sabiendas de que Jubany perdería la conciencia.

Aprovechando que la joven había perdido la capacidad “para desplegar conducta alguna de defensa o huida”, continúan las acusaciones, el acusado la transportó a la azotea del edificio donde vivía y la arrojó al vacío.

El acusado pudo no ser el único en particpar estos hechos, pero sobre el resto de sospechosos no pesan suficientes indicios. La otra sospechosa se suicidó en prisión en 2002 cuando empezó la investigación.

Además de la pena de prisión, las acusaciones piden que S.L. abone una indemnización de 600.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil (200.000 para el padre y la madre, y 100.000 para cada uno de los hermanos de Jubany).

En un comunicado, la familia argumenta que si bien “existen indicios” que vinculan a otro investigado, X.J., con los anónimos que Jubany recibió poco antes del crimen, en esta etapa procesal estos elementos no apuntan directamente a su participación directa en la muerte.

La acusación particular ha propuesto la declaración de cerca de 30 testigos en el juicio, que se celebrará ante un un jurado popular en la Audiencia de Barcelona.

Entre ellos, destacan familiares de la víctima, miembros de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), a la que pertenecían tanto Jubany como los investigados, las hermanas de la sospechosa que se sucidió y peritos científicos para que ratifiquen los informes relativos a los análisis de ADN, toxicología y de lingüística.

El siguiente paso procesal será la celebración de una audiencia preliminar, en la que la magistrada instructora decidirá si el procedimiento avanza hacia juicio oral.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado de forma íntegra la pena de 20 años de cárcel a la mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacida en un contenedor de basura de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca en el pasado mes de diciembre de 2023, de nombre Mari Ángeles.

Así, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la acusada frente a la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, al considerar que se llevó a cabo una “valoración completa, detallada y profunda” de las pruebas en el juicio oral y que su valoración responde a un “criterio lógico y racional”, mientras que la letrada se habría limitado a “exponer una valoración” de las pruebas practicadas que responde “a su propia apreciación personal más favorable a sus intereses”.

Según la sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del TSJA y consultada por Europa Press, la representación procesal de la mujer alegó que “en ningún momento dijo José Antonio --el amigo que la ayudó a depositar a la menor en un contenedor y que contaba con un reconocido grado de discapacidad-- que fue conminado a llevar a un bebé a un contenedor concreto” y que “no hubo intención de abandonar a la bebé en una zona aislada”.

Orden “expresa y terminante”

No obstante, el TSJA asevera que el hombre fue “claro y rotundo” al declarar que la acusada le dijo “tírala al contenedor”. “La orden fue expresa y terminante, ello unido a las graves limitaciones psíquicas que padece José Antonio, parece evidente que éste se limitó a hacer lo que Mari Ángeles le ordenó”, y prosigue, según lo expuesto por la médico forense, “el mismo no tiene capacidad para comprender lo que ocurrió, la chica le pidió que lo tirara a la basura y así lo hizo”.

Por otro lado, la apelante quiso impugnar una parte del relato de los hechos, aquella relativa a que José Antonio introdujo la bolsa con la recién nacida en el fondo de los contenedores, pues, según añadía, “si la hubieran arrojado en el fondo del contenedor, se había golpeado, pero la menor no presentaba síntoma alguno”. Además, según el escrito, expresó que “los testigos que hallaron a la bebé incurrieron en contradicciones en este punto”.

No obstante, el tribunal ha considerado que “la bolsa fue arrojada al interior del contenedor, siendo totalmente indiferente e irrelevante saber exactamente dónde se encontró la bolsa con la bebé, a qué altura estaba la bolsa”, misma vez que ha indicado que “lo realmente importante es que la menor fue encontrada en el interior de una bolsa que estaba anudada, que había sido arrojada al interior de un contenedor y que lo que alertó a los testigos fue el llanto o quejido que escucharon proveniente del contenedor”.

Falta de credibilidad

Además, la letrada responsable de la representación procesal de la encausada alegó que la misma “no fue plenamente consciente de que estaba embarazada hasta el momento en el que se puso de parte”, si bien el TSJA ha valorado que “no parece creíble que una persona que ha tenido un embarazo anterior no se dé cuenta de que está embarazada por segunda vez”, a la par que ha apostillado que “la mujer nota y percibe los movimientos del bebé en su vientre y, por tanto, parece evidente que la acusada tuvo que conocer su estado de embarazo y decidió permanecer en silencio y no decir nada a sus amigos y familia”.

Sobre la apreciación solicitada por la defensa relativa a que la acusada no era plenamente responsable de sus actos ni tenía voluntad de matar a la bebé dado que, tal y como quedaba probado en la sentencia apelada, era consumidora de sustancias tóxicas que limitaban sus facultades de entender, el tribunal ha valorado que no aprecia que esta condición “actuara como elemento desencadenante del delito”.

“No puede sostenerse que la acusada intentara causar la muerte de su hija a causa de la drogadicción que padece, no puede establecerse relación funcional alguna entre la condición de consumidora de la acusada y la actividad delictiva”, por lo que “no procede la apreciación de dicha circunstancia atenuante como cualificada, en aras de una posible modificación de la pena.

Además, ha insistido en que no se podría aplicar una circunstancia atenuante de confesión, dado que “siempre ha mantenido que no tenía intención de matar a la recién nacida”, una circunstancia que, por los mismos motivos, ya rechazó la Audiencia Provincial.

Relato de los hechos

La sentencia consideró probado que con el fin de acabar con la vida de la recién nacida“, la acusada utilizó dos bolsas de plástico en las que introdujo a la pequeña tras dar a luz, ”siendo auxiliada“ por el acusado, ”quien se hallaba residiendo provisionalmente en el domicilio pues sus padres tenían estrecha amistad con la familia“.

El hombre “se limitó a obedecer la orden” de la acusada, “la cual le entregó a la niña con el encargo de depositarla en los contenedores ubicados a escasos 100 metros de la vivienda”.

El escrito consideró probado que, seguidamente, el acusado “introdujo la bolsa con la recién nacida en el fondo de uno de los contenedores y regresó al domicilio” de la encausada, “en el que ésta había permanecido limpiando los restos del alumbramiento con el fin de eliminar cualquier indicio del parto, conminando” a su amigo a “no contar nada”.

La acusada “ocultó su embarazo, dando a luz a solas, procurando un entorno adecuado, buscando la soledad al enviar a sus padres al colegio de su hija mayor, y se valió de persona que dada su discapacidad y relación de confianza sabía que le obedecería y que se desharía de la recién nacida, llegando hasta el punto de limpiar y ordenar el baño donde dio a luz, dejándolo en unas condiciones que ni su propia madre pudo sospechar lo allí ocurrido, pues ignoraba el hecho de que la procesada estuviera embarazada”, finalizaba.

El juez de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha enviado a prisión provisonal al hombre que el pasado sábado mató a una mujer en plena calle del municipio. El investigado solo ha contestado a preguntas de su abogado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la causa está abierta por los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

Los hechos ocurrieron sobre las once horas del pasado sábado, cuando el hombre, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, hirió gravemente a una mujer y huyó de Esplugues. Los Mossos d'Esquadra, alertados por las llamadas de los vecinos, arrestaron al agresor ya en Barcelona, en su entrada por la Diagonal.

El hombre asestó varias puñaladas a la mujer en la calle Joan Miró de la localidad barcelonesa, en las inmediaciones del hospital Sant Joan de Déu, tras haber exhibido previamente en la calle un cuchillo.

Los testigos de los hechos ya relataron a la policía que el agresor presentaba síntomas de nerviosismo. Los Mossos d'Esquadra han fijado como principal hipótesis que el atacante sufriera problemas psiquiátricos, y descartaron el móvil machista del crimen porque no había vínculos entre la mujer fallecida y el agresor, que también hirió a otro hombre.

La investigación tampoco ha arrojado indicios de una motivación yihadista, aunque ha sido insinuada sin pruebas por parte de partidos de extrema derecha como Vox y Aliança Catalana.

El alcalde del municipio, Eduard Sanz, ha decretado dos días de duelo por este asesinato y ha expresado su el pésame y la solidaridad con las personas afectadas y el “rechazo firme a la violencia”. “Esplugues responderá con serenidad, unidad y firmeza: al lado de las personas afectadas, contra cualquier forma de violencia y con el compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad”, ha agregado.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha participado en el minuto de silencio institucional para mostrar la repulsa de toda la sociedad por el último asesinato machista, el de Alejandra Maryvin, en Seseña (Toledo). Ha aprovechado para apelar a toda la sociedad a “denunciar estas situaciones” siempre que se tenga conocimiento de ellas y con el objetivo de evitar más muertes.

“No se puede consentir, una democracia no puede admitirlo, no podemos blanquearlo. Por eso, tras transmitir el pésame a su familia y amigos, quiero hacer una llamada a los ciudadanos para que, ante esta lacra, seamos implacables”.

El delegado ha denunciado el machismo que considera a la mujer “inferior”. No se trata de “violencia”, sino de “asesinatos machistas, una violencia que todos tienen la obligación de denunciar”.

Ha pedido a la ciudadanía que siempre que pueda denuncie los posibles casos de violencia que puedan presenciar, bien en el 062 de Guardia Civil, en el 091 de Policía Nacional, en el 016 de atención a víctimas o al propio 112 de gestión de emergencias.

En todo caso, ha mostrado su confianza en el sistema VioGén, con cerca de 5.500 víctimas atendidas en Castilla-La Mancha y solo un asesinato este año. “Se puede seguir mejorando, pero no podemos fiarlo todo al sistema, hay que confiar en la sociedad y en los tribunales”.

Los asesinos en serie repiten gestos cuando eligen a quién atacar, y esa repetición se nota en los rasgos de las personas que acaban siendo sus víctimas. Ted Bundy, por ejemplo, buscaba mujeres con el pelo oscuro y la raya en medio, una elección que se repitió en varios de sus crímenes y que formaba parte de su forma de actuar.

Ese tipo de comportamiento no aparece al azar, porque muchos agresores fijan su atención en caras que recuerdan a alguien de su entorno cercano. En varios casos, esas similitudes apuntan a figuras familiares ligadas a experiencias traumáticas durante la infancia.

Un equipo universitario plantea medir similitudes faciales

Un estudio de la Universidad de Murdoch, publicado en The Police Journal: Theory, Practice and Principles, muestra que los asesinos en serie tienden a elegir víctimas con rasgos faciales similares y propone una herramienta para detectarlo.

El trabajo indica que esa repetición puede medirse con datos, no solo con impresiones, y que esos patrones pueden ayudar a vincular casos sin resolver. Según el equipo, el sistema detecta “rasgos sutiles de la geometría facial” que pasan desapercibidos cuando se revisan fotos sin un método definido.

Los investigadores explican que muchos delincuentes seleccionan a sus víctimas siguiendo criterios como edad, sexo o apariencia, y esos criterios se repiten en varios ataques del mismo agresor. En algunos casos, el parecido se dirige hacia una persona concreta del pasado, como un progenitor, y esa referencia se traduce en elecciones repetidas con características físicas similares.

El patrón observado en Bundy anticipa futuros objetivos

El caso de Theodore Robert Bundy encaja en ese comportamiento, ya que sus víctimas compartían un tipo de peinado y rasgos que se repetían una y otra vez. Ese patrón no solo describe lo que ocurrió, también permite anticipar qué tipo de persona podría ser objetivo en futuros ataques.

Cuando no hay testigos ni restos biológicos, la investigación se queda sin apoyos claros para avanzar, y eso deja muchos casos abiertos durante años. En ese contexto, resulta difícil conectar crímenes cometidos en lugares distintos aunque el autor sea el mismo.

Muchos asesinos en serie han sido detenidos, pero no se ha logrado demostrar su relación con todos los hechos que se les atribuyen. Esa falta de conexión entre víctimas obliga a buscar métodos que permitan comparar casos a partir de otros datos disponibles.

El sistema mide proporciones a partir de 21 puntos del rostro

La técnica que propone el estudio se llama Vínculo de Similitud Facial y se basa en medir partes concretas del rostro en lugar de mirar fotos de forma general. El equipo identificó 21 puntos en cada cara, entre ellos las comisuras de los labios, los bordes de los ojos, la punta de la nariz y el mentón, y midió la distancia entre ellos para construir proporciones.

Ese sistema evita errores provocados por fotos tomadas desde distintos ángulos o con tamaños diferentes, algo habitual cuando las imágenes proceden de redes sociales o archivos personales. Al trabajar con proporciones, las comparaciones se mantienen aunque la imagen esté inclinada o recortada.

Tras aplicar este método, los investigadores obtuvieron 55 medidas faciales que permiten diferenciar a personas relacionadas entre sí de otras que no lo están. Esas medidas funcionan incluso cuando las imágenes no son de buena calidad, y permiten agrupar víctimas que comparten rasgos sin necesidad de otros datos. El análisis no se queda en una coincidencia general, porque define qué partes del rostro coinciden y en qué grado lo hacen. Esa precisión permite separar casos que parecen similares de otros que realmente siguen un mismo patrón.

El sistema también se ha probado con personas sin experiencia previa, y aun así lograron mantener un error cercano al 5% siguiendo instrucciones sencillas. Esa facilidad abre la puerta a que se utilice en distintos equipos de investigación sin necesidad de formación avanzada.

Además, los autores plantean que el proceso puede integrarse con inteligencia artificial para analizar miles de imágenes en poco tiempo. Con ese desarrollo, la policía podría revisar grandes bases de datos y encontrar conexiones entre víctimas que hasta ahora no se habían detectado.

La herramienta se integra con otras pruebas policiales

La herramienta no sustituye a pruebas como el ADN o las huellas, pero se añade cuando esos datos no están disponibles o se han deteriorado. En esos casos, comparar rostros permite orientar la investigación hacia un sospechoso común cuando varias víctimas presentan rasgos similares. Ese uso convierte el análisis facial en una forma de organizar la información disponible y reducir el número de hipótesis abiertas.

El estudio de la Universidad de Murdoch plantea que este tipo de análisis puede incorporarse como parte habitual del trabajo policial, siempre que se utilice junto a otras pruebas. Los autores explican que características como la edad, el sexo o la apariencia influyen en la elección de la víctima, y que esos factores pueden medirse con herramientas como esta. Esa forma de analizar los casos permite revisar investigaciones antiguas con nuevos criterios y comprobar si varias víctimas responden al mismo patrón de elección.

La vida profesional de Antonio Alonso es tan fascinante que ya ha recibido propuestas para convertirla en una serie. Alonso trabajó desde 1984 en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), que dirigió entre 2019 y 2024, y participó como genetista forense en la resolución de algunos de los casos más relevantes para la historia de este país, desde el asesinato de Lasa y Zabala hasta los atentados del 11-M, el accidente del Yak-42 o la identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Alonso recoge su dilatada experiencia en La huella invisible (Crítica, 2026), un libro que le propuso su editora tras escucharle en una entrevista radiofónica y en el que relata los detalles de ocho de estos casos. Una historia que documenta, con una mirada crítica y profundamente humana, cómo la evolución de estas tecnologías de análisis genético ha cambiado la forma en que se identifica a las víctimas y se esclarecen los delitos. Para Alonso, que se emociona cuando habla del dolor de las personas que tienen familiares desaparecidos y sin identificar, las ciencias forenses tienen un valor humanitario y no diferencian entre bandos: solo son la mejor herramienta disponible para reparar la injusticia.  

Cuenta usted que el ADN puede permanecer en la ropa después de pasar por la lavadora, ¿la huella invisible de la que habla en el libro es más pegajosa de lo que creemos?

Efectivamente. Y eso que parece una anécdota, es algo que condiciona muchas investigaciones, porque hoy en día, aparte de llevar nuestro propio ADN en nuestras ropas, llevamos el ADN de las personas con las que convivimos, al menos con las que compartimos la colada de la lavadora. ¿Por qué? Porque en el lavado puede haber transferencia de ADN y, aunque sean pequeñas trazas, con la sensibilidad que tenemos hoy día podemos detectarlas, por ejemplo, en la ropa interior. Imagínate esto en la investigación de casos tan graves como el abuso sexual de niños. Por eso la prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos. Se necesitan otras pruebas testificales o forenses de que efectivamente estas son las circunstancias.  

Paradójicamente, más sensibilidad puede abrir nuevos problemas a la hora de documentar, ¿no?

Por un lado, es una ventaja que hayamos avanzado hasta obtener ADN de la nada, de una docena de células. Pero eso tiene la otra cara, y es que no solo vamos a detectar aquello que nos interesa, lo que se ha producido en el momento del crimen que estamos investigando. También vamos a identificar el ADN de fondo que estuviera en esa escena. Eso lo complica todo de muy diversas maneras, entre ellas por el hecho de que no vamos a obtener perfiles únicos y muchas veces vamos a obtener mezclas. Eso es uno de los temas más complejos en el ámbito de interpretación forense.

La prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos

Otro de los asuntos controvertidos son los cribados poblacionales para buscar a un culpable, hay pendiente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que esto quede regulado, ¿verdad?

El proyecto de reforma, que ya está presentado en el Congreso de los Diputados, incluye la investigación de ADN de manera sistemática en determinados cribados, cuando las técnicas tradicionales no han dado ningún resultado. Se trata de delitos graves, agresiones sexuales, homicidios, etcétera y siempre bajo un estricto control judicial o fiscal que asegure todas las condiciones con respecto a la preservación de los datos genéticos. 

¿Ustedes ya resolvieron un caso así?

A pesar de que no hay una legislación en el ámbito judicial, ya en el año 2003 hicimos una investigación de este tipo, que fue un cribado genético en un ámbito rural en Campo de Criptana para identificar a través del cromosoma Y a un determinado individuo. Porque el cromosoma Y que heredamos los varones de nuestros padres se transmite de manera inalterada a lo largo de las generaciones. Se hizo una primera investigación en todas aquellas personas que habían estado con la víctima de una agresión y se encontró una coincidencia, pero con una mutación. Eso nos llevó pensar que el responsable podía ser un familiar de ese individuo y los buscamos por el apellido paterno. La Guardia Civil, con consentimiento y con conocimiento de la juez instructora, hizo un barrido. Y en el individuo 55 detectamos un perfil de cromosoma idéntico, que al final se delató.

¿Cuáles son los riesgos de hacer el cribado? ¿Estigmatizar a comunidades?

Entre otras cosas. También pueden producirse errores, dependiendo del tipo de relación de parentesco. Imagina que tenemos el cromosoma Y de este individuo y vemos que tiene un origen ancestral magrebí. Cuidado, porque hay que valorar eso. Hay que tratarlo con mucha confidencialidad, porque todo ese tipo de datos pueden llegar finalmente a estigmatizar a determinados grupos sociales o raciales.

Hay ya varios casos en los que se ha encontrado al culpable gracias a los test recreativos de ADN a través de alguien que tiene una relación familiar, ¿ese también es un terreno resbaladizo?

El primer caso de este tipo fue el del “asesino de Golden State”, en California, cuando el FBI comparó una muestra hallada en el lugar del crimen con los datos que se obtienen en este tipo de compañías que venden kits comerciales y localizaron a un familiar lejano que les permitió llegar hasta el culpable. Esto ha obligado a las compañías a incluir cláusulas para que la gente esté informada y sepa que su material genético se puede usar para buscar a sospechosos.

A veces los asesinos tienen creencias erróneas, como la capacidad de la cal viva para hacer desaparecer restos orgánicos, ¿cómo de determinante fue esto en el caso de Lasa y Zabala?

Hasta ese momento había una falsa creencia de que la cal viva producía una destrucción tanto de los tejidos blandos como del esqueleto, y que por lo tanto esa era la manera de destruir o de hacer desaparecer un cadáver. En ese momento incluso los forenses pensábamos que esto era así. Yo, cuando me enfrenté a ese caso, lo primero que pensé fue que no quedaría nada de ADN. Pero resulta que es más bien al contrario. La cal viva produce una reacción exotérmica que produce desecación al contacto con el agua con los tejidos, y eso produce de alguna manera una inhibición de la putrefacción que está dirigida por el crecimiento bacteriano. No produce un olor tan fuerte y, por lo tanto, las alimañas no aparecen. Todo eso hace que al final el cuerpo se esté preservando, que es lo contrario que se pretendía. En el caso de Zabala, lo de la cal viva además fue como una firma y lo que llevó a un policía a relacionarlo con los GAL, porque [José] Amedo había dicho que en el caso de Segundo Marey habían valorado hacer lo mismo.

A lo largo de su carrera usted se ha enfrentado a casos terribles, crímenes de lesa humanidad, torturas como en este caso, y asesinatos. ¿Qué momento recuerda como especialmente impactante?

Bueno, en principio, y aunque eran unos cadáveres ya desprovistos de carne, el caso de Lasa y Zabala. Hubo un momento en esa mesa de autopsia que me produjo una impresión importante, un quebranto emocional. Porque no eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura. Pero, para mí, desde luego, la situación más grave fue encontrarme con la muerte en la mesa de autopsias del 11-M. Aquello creo que nos sobrepasó absolutamente a todos, a la población general, a los equipos forenses, absolutamente a todos. Y esa noche, gracias a la solidaridad de un montón de equipos de, no solamente forenses, sino todos los equipos de asistencia psicológica, policías, etcétera, creo que eso fue lo que sirvió para sobreponernos y dar una respuesta que yo creo que fue muy rápida, con sus errores.

La autopsia de Lasa y Zabala me produjo un quebranto. No eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura

Habla en el libro con mucha honestidad de que hubo un error que ha servido para mejorar el sistema…

El error fue que solo se tomó el ADN de los cadáveres que no estaban identificados con la huella dactilar, pensando que ya bastaba. Eso fue un error muy grave, porque desgraciadamente en el 11-M se produjo una fragmentación de los cuerpos muy grande como consecuencia de las explosiones, con lo cual esos restos que estaban en lo que llamaban las bolsas cero no se pudieron reasociar completamente con todos los cuerpos. De eso aprendimos y, gracias a esa experiencia y a la autocrítica posterior, se desarrolló un protocolo de actuación médico forense en casos de catástrofes, que se publicó como Real Decreto en el año 2009 y que hoy es la referencia en España para que no vuelvan a ocurrir esos errores y otros que se produjeron.

Justo antes había ocurrido una negligencia grave por parte de las autoridades militares sanitarias de ese momento con el caso del Yak-42. Siendo usted forense en aquel proceso, ¿qué sintió cuando los responsables políticos no fueron encausados ni pidieron perdón?

Fue tremendo, tremendo. Fíjate que se trataba de compañeros. El general y el capitán eran militares médicos, a los que se supone una serie de valores, de lealtad, etcétera. Y realmente no se hizo nada, ¿no? Es decir, hay pruebas de cuando hicimos las exhumaciones de que en algunos ataúdes había restos de más de tres personas o dos pies de distinto tamaño. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres. Sobre los políticos, yo recuerdo en aquellas épocas cuando vinieron los militares familiares a darnos la muestra para identificar a sus cadáveres, que eran todos votantes del PP y lo que decían todos: “Son unos sinvergüenzas cómo nos han tratado”. En el libro hay bastantes testimonios de esto, decían que en la vida volverían a votar a esta gente, porque aquello fue una infamia.  

En algunos ataúdes [de las víctimas del Yak-42] había restos de más de tres personas. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres

Entonces se puso el ejemplo del problema de los sombreros. ¿En qué consistía?

Básicamente era una metáfora. Se dice que si 37 personas que han bebido y están borrachas llegan a un bar y dejan el sombrero en sus percheros, la probabilidad de que cada uno coja su propio sombrero al salir es muy baja. Y esto es lo que ocurrió, que de los 30 cadáveres que no analizaron los turcos —que sí habían hecho bien su trabajo—, todos estaban mal identificados. Y menos mal que el equipo turco tuvo la prudencia de tomar una muestra de tejido que nos sirvió después para obtener el ADN de todos los cadáveres y poder hacer la reconstrucción.

Y darle a cada familia los restos de su familiar fallecido…

Siempre que se pudo. Porque, claro, el problema es que 11 de los cadáveres se habían incinerado e intercambiaron cenizas y con dos de ellos las familias las habían esparcido.

Este desprecio por los hechos científicos y esta voluntad de desprestigiar a los técnicos la hemos vuelto a ver más veces, ¿es la firma de un partido político?

Lo vimos también en el 11-M. No es ya que todas las pruebas inmediatas de las primeras horas, todas las pruebas periciales, indicaran que se trataba de un terrorismo islamista, que así lo decían. Es que con anterioridad ya había avisos del CNI y de los servicios de inteligencia de Policía y de Guardia Civil, de que esto podría pasar, de que lo más seguro es que hubiera un atentado terrorista en Madrid. Y sin embargo, este equipo, por las intenciones que fueran, intentó mantener el tema de que estos atentados provenían del terrorismo vasco de ETA. Y no solamente eso, sino que años después de que haya una sentencia en la que la verdad científica judicial se ha establecido, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso. 

A pesar de la verdad científica judicial del 11-M, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso.

El análisis de ADN ha resultado ser fundamental para la memoria histórica. ¿Por qué fue tan importante para usted la caja 198 del Valle de Cuelgamuros?

La caja contiene restos de una de esas inhumaciones que se produjeron en 1936 en Ávila, en dos localizaciones una fosa en Aldeaseca y otra en Fuente el Saúz, dos pueblos de Ávila. Cuando se inaugura el Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, se exhuman y se llevan al valle, como otros muchos.

También del bando nacional, como recalca en el libro.

Sí, sí, porque creo que es importante decirlo. Hay muchos vascos, porque el bando nacional llegó allí y reclutó forzosamente a muchos jóvenes que al final murieron. Y muchos de ellos están en el Valle de los Caídos. Hay bastantes solicitudes. Esto quiero transmitirlo para que veamos que las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida. La incertidumbre. Toda la gente con la que tú hables de este tema que tiene una persona desaparecida te va a decir lo mismo: yo puedo vivir con la muerte, puedo hacer un duelo y puedo pasar página, pero con un desaparecido no puedo vivir. Y te lo dicen los de la Guerra Civil y te lo dice Pili Zabala, que pasó diez años sin saber qué le pasó a su hermano. Hasta que se pudo encontrar. Todo eso que parece que es una tontería es algo fundamental. Tiene que ver con la dignidad humana y tiene que ver con la necesidad de pasar página y de poder vivir. Yo he conocido a mucha gente que ha estado 30 años dedicada a esa búsqueda, es en lo que han convertido su vida, porque no pueden más.

Las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos de diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida

¿Qué siente uno cuando ve todos esos restos en el valle de Cuelgamuros y ve la dimensión de lo que pasó en este país?

Efectivamente es muy grave y a veces piensas: joder, parece que el dictador hizo las cosas de manera que nunca se pudieran identificar o que fuera muy difícil identificarlos. Yo visité el Valle de los Caídos en el año 2010. Fue una de las primeras visitas que se hizo. Abrimos las paredes, no entramos y vimos lo que pasaba allí. En muchas de las criptas las cajas de madera se han deshecho completamente y aquello es un osario en el que es muy difícil trabajar. En el sepulcro, donde se ha encontrado a las víctimas de Aldeaseca y Fuente el Saúz, tuvimos suerte porque se hizo primero un trabajo excelente arqueológico por parte del equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dirigidos sobre todo por Paco Etxeberria. Creo que es admirable el trabajo que se ha hecho, pero en muchos casos no se podrán identificar los cuerpos, por la dificultad.

Me imagino que generará cierta impotencia saber que trabajar en crímenes contra la humanidad es como ir sacando el agua del mar con una cuchara, porque los siguientes casos están ahí esperando, en Gaza, Ucrania…

En el capítulo de la masacre de Suva Reka, en Kosovo, que es el caso por el que tuve que ir a declarar al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, hago referencia a ese espectro mundial, que es una desolación enorme y que produce cientos de miles de víctimas sin identificar en todos estos países y en situaciones de una precariedad tremenda. Y luego, además, [tenemos que soportar] que nos digan que ya se ha acabado la guerra en Gaza cuando se ha exterminado completamente una zona. Y las personas que son responsables de esto, como Netanyahu o Estados Unidos, que no reconocen el tribunal, tienen la libertad para seguir haciendo estas barbaridades. Es muy grave. 

La localidad pacense de Hornachos intenta recuperar la normalidad tras una semana intensa y dolorosa siendo en epicentro informativo nacional tras el esclarecimiento del caso de Francisca Cadenas, nueve años después de su desaparición.

En declaraciones a EFE, su alcalde, Francisco Buenavista, ha explicado que la población atraviesa un proceso de transición tras el “estado de shock” inicial provocado por la rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos y ahora existe “bastante indignación” porque “hay detalles del caso que no deberían hacerse públicos”, ya que “atentan incluso contra la dignidad de la víctima”.

“La gente no da crédito a todo lo que hemos ido sabiendo”, ha señalado, en referencia a que en la última semana se han sucedido los momentos clave de la investigación, el hallazgo de restos óseos, su confirmación como pertenecientes a la víctima, la detención de dos vecinos, hasta llegar a la filtración de aspectos del sumario judicial con todos los detalles de lo que pude pasarle a Francisca el día que desapareció.

El clima de rabia inicial en el pueblo, que se pudo ver con las pintadas en la fachada de la casa de los detenidos por la muerte de Francisca, ha ido dando paso a una cierta calma sin producirse “ningún incidente destacable”, ha afirmado Buenavista. “La gente va retomando sus trabajos, sus vidas”, ha añadido el alcalde, aunque reconoce que hay cierto cansancio entre los vecinos por la continua presencia todavía de medios de comunicación.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad informativa y al respeto hacia la familia en un momento en el que la presión mediática sigue estando visible en el municipio. De hecho, algunos vecinos han llegado a recriminar a equipos de televisión desplazados su actitud durante la cobertura, especialmente en las zonas cercanas a la familia de Francisca.

Por otra parte, Hornachos mira ya hacia adelante sin olvidar a Francisca Cadenas y, como ya anunció la familia, el próximo 9 de mayo, cuando se cumplan nueve años de su desaparición, está prevista una nueva concentración que servirá como homenaje y despedida, coincidiendo con la tradicional convocatoria anual.

La localidad afronta ahora una nueva etapa centrada en “acompañar y apoyar a la familia durante un proceso judicial que se prevé largo” y en recuperar poco a poco la normalidad tras unos días que han dejado una profunda huella en todo el municipio.