Cantabria ha registrado el mayor incremento del país en delitos por tráfico de drogas y lesiones o riñas tumultuarias, con aumentos del 61,9% y 62,3%, respectivamente. Del otro lado, también ha registrado el descenso más pronunciado en los delitos sexuales, en el primer trimestre de 2026, con 30 delitos contra la libertad sexual, siete menos que en el primer trimestre de 2025, lo que supone un descenso del 18,9%, respecto al mismo periodo de 2025.

Por comparación, Cantabria continúa como una de las comunidades autónomas más seguras de España, con una tasa de criminalidad de 43,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, casi siete puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país. Se mantiene como la octava comunidad más segura, por detrás de Extremadura (35), Galicia (35,2), Asturias (36,2), La Rioja (36,6), Castilla y León (40,7), Castilla-La Mancha (41,7) y Aragón (42,2).

Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026 hecho público este jueves por el Ministerio del Interior, en el que se indica que la criminalidad ha crecido en Cantabria un 5,2% --a nivel nacional lo ha hecho un 1%--, con 6.442 infracciones penales.

Se contabilizaron 34 delitos por tráfico de drogas, 13 más que un año antes, y 112 por lesiones y riñas tumultuarias frente a los 69 del primer trimestre de 2025. También crecieron, en este caso un 26,1%, los robos con violencia e intimidación, hasta los 58. En cambio, bajaron un 5,8% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, hasta los 388, pese a aumentar un 7,3% los de viviendas, que supusieron 309.

De los 30 delitos contra la libertad sexual, nueve fueron por agresión sexual con penetración, una menos (-10%), y los 21 restantes (-22,2%) por otro tipo de delitos contra la libertad sexual. En este delito, dentro de los municipios cántabros, el Balance indica que en Castro Urdiales, se produjo en el primer trimestre un incremento del 66,7% en los delitos contra la libertad sexual, con cinco —dos de ellas agresiones con penetración—.

Además, entre enero y marzo, ha habido en la comunidad dos homicidios dolosos/asesinatos consumados, mientras que en el mismo periodo del año anterior no hubo ninguno. En contraposición, no ha habido ninguno en grado de tentativa frente a los cuatro del año anterior.

La delicuencia convencional ha aumentado un 7,6% —6,6 puntos por encima de la media nacional—, con 4.593 delitos, y la cibercriminalidad se ha reducido un 0,3% (en el conjunto de España se ha incrementado un 1,2%), con 1.849 infracciones penales.

Por otro lado, los hurtos crecieron un 6,6%, hasta los 1.195, y las sustracciones de vehículos disminuyeron un 15,8%, con 32 contabilizadas.

Por municipios

En Santander, la criminalidad aumentó un 7,4%, con 2.187 delitos en el primer trimestre, con un aumento de la convencional del 13,9% y de la ciberdelicuencia del 7,1%. Entre la primera, se registraron aumentos, por ejemplo, en los delitos por drogas, que se duplicaron, hasta los 18; lesiones (+82,6%; robos con fuerza en domicilios (+62,2%) y aquellos con violencia (+41,7%).

En el lado contrario, bajaron en la capital un 8,3% los delitos contra la libertad sexual, hasta los 11, dos de ellos por agresión con penetración (-50%) y nueve de otro tipo (+12,5%).

Por su parte, Torrelavega contabilizó en los tres primeros meses del año 660 delitos, un 24,3% más, con un incremento del 26,1% en la criminalidad convencional y, en este caso, también una subida de la ciberdelincuencia del 18,9%.

En este municipio, los delitos contra la libertad sexual se redujeron un 80%, al registrarse uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que, en el otro lado, los delitos de lesiones aumentaron un 150%, con 15; los de tráfico de drogas se duplicaron, hasta los seis; los robos con violencia crecieron un 60%, con ocho; y las sustracciones de vehículos se cuadruplicaron, pasando de una a cuatro.

Por su parte, en Camargo, la criminalidad se incrementó un 10,7%, con 434 delitos, con aumentos tanto en la convencional (+9,1%) como en la ciberdelincuencia (+16%). En este municipio, los delitos contra la libertad sexual cayeron un 66,7%, con solo uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que los de lesiones subieron un 60%, hasta los 8. Además, entre los datos, destaca que en este municipio hubo un homicidio doloso o asesinato consumado en el primer trimestre.

En Castro, además, la criminalidad aumentó un 6,5%, con subidas tanto en la convencional (+5,3%) como en la ciberdelincuencia (+10,5%), destaca el y la caída del 59% en los robos en domicilios (11).

En Piélagos, las infracciones penales bajaron un 5,1% en el periodo enero-marzo, hasta las 205, con un aumento de la criminalidad convencional del 4,7% y una reducción de la ciberdelincuencia del 14,7%.

Recordar una cara puede decidir el destino de una persona. Las ruedas de reconocimiento nacieron para ayudar a testigos y víctimas a señalar a un posible autor entre varias personas o fotografías con rasgos parecidos, de modo que la elección tenga algún valor probatorio. Su organización suele buscar que el sospechoso no destaque frente al resto y que quien dirige el procedimiento influya lo menos posible.

Aunque el cine y las series las han convertido en una imagen muy asociada a Estados Unidos, estos métodos existen en numerosos países y forman parte habitual de investigaciones policiales. El problema aparece cuando una identificación errónea adquiere una importancia excesiva. En los casos más graves, un recuerdo equivocado puede contribuir a condenas de enorme dureza e incluso a ejecuciones.

Un asesinato en Texas terminó en una condena a muerte

Según Nature, un antiguo asesinato ocurrido en Texas ha terminado convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados dentro de la discusión científica sobre la memoria. El reportaje de Ruairi J. Mackenzie relata la situación de Charles Don Flores, condenado a muerte tras un proceso en el que el testimonio de una vecina acabó teniendo un papel decisivo pese a la ausencia de pruebas físicas concluyentes que lo vincularan al crimen.

La revisión de ese caso atrajo la atención de John Wixted, investigador de la Universidad de California en San Diego. Durante años observó que muchos estudios sobre testimonios agrupaban errores muy distintos dentro de la misma categoría estadística. Para él, señalar por error a un sospechoso inocente no equivale a escoger a otra persona de la rueda de reconocimiento.

Junto con la psicóloga Laura Mickes, de la Universidad de Bristol, replanteó la forma de analizar esos resultados mediante un sistema denominado análisis de confianza-precisión. El planteamiento era claro: cuando un testigo identifica a alguien con un determinado grado de seguridad, ¿qué probabilidad existe de que esté acertando?

La discusión surgió porque la memoria llevaba décadas asociada a una enorme fragilidad. Numerosos especialistas defendían que recordar se parece más a reconstruir que a reproducir un hecho pasado. Cada evocación puede alterar parcialmente el recuerdo anterior e introducir detalles que nunca estuvieron allí. Esa idea acabó teniendo una enorme influencia en los tribunales porque obligaba a contemplar los testimonios con cautela.

Entre las figuras más influyentes aparece Elizabeth Loftus, investigadora que ya en los años 70 mostró hasta qué punto las sugerencias podían alterar recuerdos o incluso crear otros completamente falsos. La llegada posterior de las pruebas de ADN reforzó esas dudas. Muchas condenas fueron anuladas cuando los análisis demostraron que los acusados eran inocentes. En una gran cantidad de esos procesos, las identificaciones erróneas de testigos tuvieron un papel destacado.

Gary Wells, psicólogo de la Universidad Estatal de Iowa, también llamó la atención sobre los problemas de las ruedas de reconocimiento. Explicó que los sesgos pueden colarse durante el procedimiento si quien lo dirige conoce la identidad del sospechoso o si determinadas señales influyen en la decisión del testigo. Wells defendió además que rechazar una rueda de reconocimiento aporta información relevante y no debería interpretarse automáticamente como un fallo sin importancia.

Jill Barganier acabó señalando a Flores en el juicio

El caso de Flores contiene varios de esos elementos. Tras el asesinato de Betty Black en 1998, la vecina Jill Barganier describió inicialmente a dos hombres blancos con el pelo largo. Flores era latino y llevaba el cabello corto. La testigo participó después en una sesión de hipnosis forense, práctica abandonada posteriormente en Texas y en otras jurisdicciones. También rechazó una rueda fotográfica en la que aparecía Flores y colaboró en la elaboración de un retrato que tampoco se parecía a él. Sin embargo, más de un año después declaró en el juicio que estaba “más del 100% segura” de que era uno de los implicados. Esa identificación terminó teniendo una posición esencial en la acusación.

Los trabajos revisados por Wixted ofrecieron un matiz importante. En determinadas circunstancias, las identificaciones realizadas con mucha seguridad desde el primer momento alcanzaban niveles de acierto cercanos al 97%. Eso no convierte cualquier recuerdo en una prueba fiable. Los investigadores subrayan que deben cumplirse condiciones estrictas, como ruedas organizadas mediante procedimientos de doble ciego, fotografías similares entre sí y registro inmediato del nivel de confianza del testigo.

La lentitud de la justicia para incorporar estos cambios sigue siendo una de las principales preocupaciones. Innocence Project ha señalado durante años los riesgos asociados a las identificaciones erróneas. Algunos territorios ya han introducido reformas, como protocolos de doble ciego, grabaciones en vídeo y sistemas para registrar de inmediato la seguridad expresada por los testigos.

Mientras tanto, Charles Don Flores continúa esperando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acepte revisar una condena que se ha convertido en uno de los casos más citados sobre la fiabilidad de los testimonios: cuándo un recuerdo merece confianza y cuándo puede conducir a un error irreparable.

El Hotel Eurostars de Toledo, en el barrio de Buenavista, uno de los más ‘exclusivos’ al norte de la ciudad, acoge los días 20 y 21 de mayo, la 53ª Conferencia Regional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con medio millar de asistentes procedentes de más de 50 países.

El evento ha provocado un despliegue policial en toda regla, con casi 200 agentes en esta zona del norte de la capital castellanomanchega, extramuros del Casco Histórico, y con estrictos controles de seguridad que no han pasado desapercibidos para los vecinos y vecinas de la zona, ni tampoco para los taxistas que iban y venían y que han visto cómo los furgones de la Policía Nacional se apostaban en las inmediaciones del hotel.

Entre las unidades participantes en el dispositivo se han desplegado medios aéreos, unidades especializadas de guías caninos o unidades de subsuelo para “garantizar que el dispositivo se desarrolle con total normalidad”.

Los agentes pertenecen en gran medida a la Comisaría Provincial y la Jefatura de la Policía en Toledo, así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete y de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) tanto de la Comisaría Provincial como de Talavera de la Reina. El despliegue se ha preparado desde hace dos meses a través de reuniones operativas con un incremento efectivo de los agentes en las calles de la ciudad.

“Pensábamos que pasaba algo cuando hemos visto tanta policía por aquí y nos hemos asustado un poco, pero nada, que viene mucha gente importante o algo así”, comentaba a este medio Paula, una vecina de las urbanizaciones cercanas. Pablo, un estudiante de la zona que esperaba el autobús urbano, también ha mostrado su sorpresa. Y  su impaciencia: el transporte público se retrasaba. “Lo que nos faltaba”, ha lamentado.

También los taxistas han notado algo de jaleo durante la mañana, con la llegada de muchos de los asistentes desde Madrid, en autobuses desde el aeropuerto facilitados por la organización. “La Policía Local ya nos había avisado, y estamos activos algunos más de los que solemos circular a estas horas, pero no hemos notado nada especial, solo los atascos habituales de entrada a la ciudad. Y como siempre los hay, ahora encima estas cosas... Yo es que estoy flipando”, se quejaba uno de ellos.  

“Aceleración” de obras en la ciudad 

Este mismo conductor también ha destacado el hecho de que justo en los últimos días, ha visto cómo se “aceleraban” algunas obras de la ciudad, principalmente una de las que más atascos está produciendo: el Paseo de la Vega que da acceso a la Puerta de Bisagra, una de las principales vías de entrada al Casco Histórico.

En este paseo ayer mismo se colocaron las estatuas que ya flanquean el nuevo tránsito - un proyecto del gobierno de PP y Vox para visibilizar en la zona a los reyes visigodos y cristianos-, se eliminaron las placas metálicas que impedían ver el desarrollo de las obras y se terminó el nuevo pavimento. La zona sigue vallada pero ya pueden observarse sus avances.  

En el resto de la ciudad no se han percibido especiales incidencias, según la Policía Local, pero sí se prevé que este jueves, día 21 de mayo, y segunda jornada de la reunión de la Interpol, pueda ampliarse el dispositivo debido a la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La elección de la ciudad no es casual y así lo han comentado a este medio desde el departamento de comunicación de la Interpol: “Es un sitio ideal”.

Toledo se ha convertido en los últimos años en un atractivo para la celebración de grandes eventos de este tipo, debido a su cercanía con Madrid y a que se trata de una ciudad pequeña, fácil de ‘controlar’ por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con espacios muy amplios para albergar este tipo eventos de gran asistencia, como el elegido, el Hotel Eurostars, pero también el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ubicado en la antigua Fábrica de Armas, o el Palacio de Congresos ‘El Greco’.

El espacio escogido para este evento internacional de la Interpol es uno de los dos únicos hoteles de cinco estrellas de Toledo. Está ubicado en la orilla este del río Tajo, en el Palacio de Buenavista, un antiguo cigarral histórico construido a finales del siglo XVI por orden del cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, tras recibir los terrenos del rey Felipe II.

Según la tradición local y algunos historiadores, el diseño original fue obra del pintor ‘El Greco’, en la que pudiera ser su única incursión conocida en el mundo de la arquitectura, pero este extremo no esta documentado de forma oficial. Lo que sí es público es que, en su época dorada, sus jardines y estancias sirvieron de punto de encuentro para intelectuales y artistas.  

De los intelectuales a los turistas... y ahora la Interpol

En el siglo XX, la finca fue restaurada y después ampliada a principios del siglo XXI, respetando la estructura original. Como complejo hotelero, primero lo adquirió la cadena Hilton, que en 2014 lo traspasó a Eurostars manteniendo su calificación de cinco estrellas.

El complejo no ha sido reservado en su totalidad para los asistentes al evento, puesto que mientras que se desarrollaba el acto de inauguración, había turistas entrando y saliendo con sus maletas. Esta situación de libre circulación contrastaba en los accesos al hotel con los estrictos controles para los medios de comunicación.

En la programación oficial facilitada por la Interpol, hay una cena de gala programada para este miércoles, en el Cigarral del Ángel, otro entorno de lujo en la orilla oeste del río Tajo, y muy conocido por tener como chef al toledano Iván Cerdeño.

No hay constancia de que los participantes vayan a realizar alguna visita oficial al Casco Histórico de la ciudad, pero la organización no descarta que algunos “vayan por libre” y realicen alguna excursión privada o algún paseo particular.

Lo que sí han recibido todos lo participantes es un kit de regalos. Entre ellos, cuadernos, bolígrafos, una medalla con el sello de la Interpol y una caja con delicias de mazapán, una de las joyas de la repostería toledana. Algunos asistentes ya las degustaban incluso antes del acto de inauguración, al recoger sus regalos en la entrada de la gran sala de conferencias.

Este amplio espacio para el evento ha sido también el lugar idóneo para un solemne acto de apertura en el que ha destacado la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, que ha interpretado el himno de este cuerpo y posteriormente el nacional al inicio de la entrada de las autoridades. Posteriormente, todos los asistentes han guardado un minuto de silencio por los agentes policiales fallecidos en acto de servicio.

Después, la ciudad de Toledo ha estado en boca de todos los intervinientes en la inauguración. La han elogiado durante sus intervenciones el presidente de Interpol, Lucas Philippe; su secretario general, Valcecy Urquiza; y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Esta última ha hablado de un “entorno privilegiado” y un “símbolo de coexistencia entre culturas”.  

“Esta ciudad es la prueba viva de que el entendimiento no es una utopía si sabemos construirlo paso a paso, y de que en los tiempos más difíciles, es posible convivir en paz. y debemos aspirar a convivir en paz”, ha remarcado.

El encuentro de la Interpol aborda en estos dos días, entre otros asuntos, la lucha contra las redes de delincuencia organizada, el abuso sexual infantil en la Red, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas, las amenazas emergentes de drogas en Europa y la trata de personas.

Todas las intervenciones y ponencias son privadas, sin acceso de los medios de comunicación, pero la Interpol hará pública la información analizada en su página web.

La Interpol es la mayor organización de policía internacional del mundo, integrada por 196 países miembros. Su función principal es conectar a las fuerzas de seguridad a nivel global para prevenir, investigar y combatir la delincuencia transnacional.

Entre sus labores se encuentra el intercambio de información mediante bases de datos globales con información sobre delincuentes (huellas dactilares, ADN, pasaportes robados, vehículos) accesibles en tiempo real para las policías de todo el mundo; la búsqueda de fugitivos para su localización, detención y extradición según los casos; la emisión de alertas; y el apoyo operativo, es decir, la asistencia a las autoridades locales en investigaciones sobre terrorismo, cibercrimen, trata de personas, narcotráfico y delitos financieros.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre, fallecido en una caída en la montaña durante una caminata en la que solo estaban el padre y su primogénito. El arrestado ha comparecido ante la jueza del caso, que ha decretado prisión eludible bajo fianza de un milló de euros. En apeas veinte minutos, Andic ha pagado la fianza y ha quedado libre e investigado por homicidio.

El detenido ha llegado a los juzgados de Martorell a las 12.45h., esposado, con las manos en la espalda y custodiado por cinco agentes de la policía catalana (dos de investigación y tres de custodia del juzgado). Un rato antes, habían llegado su abogado, Cristóbal Martell; la fiscal del caso, Teresa Yoldi; y los agentes de investigación de los Mossos con un voluminoso atestado.

La imagen del paseíllo que ha vivido este martes Jonathan Andic es inhabitual ya en los grandes juzgados, pues se considera que atenta contra la presunción de inocencia de un detenido que todavía no ha sido juzgado. Sin embargo, los juzgados de Martorell (una de las instalaciones judiciales catalanas más faltas de inversión, que están en los bajos de un bloque de pisos), solo tienen una puerta, que comparten arrestados, funcionarios y jueces, y no disponen de una entrada exclusiva de detenidos.

En un comunicado, portavoces de la familia Andic han defendido la inocencia de Jonathan y han reclamado que se respete su presunción de inocencia, al tiempo que han sido críticos con la investigación. “No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra” Jonathan, han manifestado.

“El convencimiento sobre su inocencia es absoluto y el desarrollo de las diligencias así lo demostrarán”, han apostillado los portavoces de la familia.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es, la policía catalana ha arrestado a Andic a primera hora de la mañana de este martes. Lo ha hecho en su domicilio, y después lo ha trasladado a la comisaría de Martorell primero y después a los juzgados.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó en un primer momento el caso, pero lo reabrió en marzo de 2025 para incorporar ampliaciones de atestados de los Mossos d’Esquadra. Bajo la dirección del comisario Eduard Sallent, exjefe de la policía catalana, los Mossos primero concluyeron que la caída de Andic fue accidental, tras inspeccionar el lugar y tomar declaración a su hijo Jonathan, el único testigo directo de lo ocurrido.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, dieron un nuevo impulso y pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo. 

El hijo del fundador de Mango ha permanecido un año siendo sospechoso para la policía pero sin una petición formal de los Mossos al juzgado para imputarlo y que pudiera ejercer su derecho a la defensa en la causa.

Contracciones en el relato de Andic

Los Mossos basaron sus sospechas en lo que, a juicio de la policía, eran contradicciones en el relato de Andic tras la muerte de su padre —por ejemplo, sobre el lugar dónde estaba cuando cayó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión— y en que el sendero es un camino en el que creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

Durante estos meses, los Mossos también han indagado si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre en el momento de morir, una hipótesis policial que han negado de forma unánime los allegados del fundador de Mango. Entre las personas que han interrogado los agentes figuran la viuda del fundador de Mango, sus dos hijas, Judith y Sarah, su tío, directivos y trabajadores de la multinacional.

Las filtraciones sobre el caso cuando se encontraba bajo secreto de sumario hicieron reaccionar a los albaceas de Andic, que defendieron públicamente la “inocencia” y la “única condición de víctima” de su hijo Jonathan después de que los Mossos d'Esquadra situaran al primogénito como sospechoso. 

Pesos pesados del mundo empresarial, como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, o el presidente de Planeta y albacea de Andic, José Crehueras, han respaldado públicamente a Jonathan Andic durante los meses que ha pasado bajo el foco de los Mossos d’Esquadra. 

Un hombre ha sido detenido este martes en su domicilio de Oviedo/Uviéu acusado de matar a su hermana y su cuñado con un arma blanca. Había estado en la cárcel por otros dos asesinatos y en varias ocasiones había amenazado con “matar a alguien o quemar el edificio”.

Esta mañana, la Policía Nacional se personó en su vivienda, en el inmueble número 10 de la calle Vázquez de Mella, conocido como “los bloques de la sindical”, en el barrio de Vallobín, para comprobar la denuncia de un hombre que decía que había acudido a la casa “a comprar droga” y le había enseñado los cadáveres. La veracidad de la denuncia superaba cualquier película de ficción.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado la detención y el hallazgo de los dos cadáveres, aunque ha eludido entrar en detalles. Un portavoz ha explicado a este periódico que está todo “en fase de investigación”.

Las amenazas previas

El doble crimen ha impactado a los vecinos que conocen bien al ahora detenido. Es un hombre con antecedentes penales que no pasaron desapercibidos en el edificio. Sabían que había matado con anterioridad y era habitual que amenazara con nuevos episodios violentos.

Quería que llamaran a la Policía

Algunos de estos vecinos han relatado que a pesar de todas estas amenazas no creían que fuera a llevarlas a cabo. Sin embargo, ya había mostrado algunas señales el pasado domingo cuando le pidió a un vecino que llamara a la Policía porque iba a matar a sus familiares. La amenaza finalmente la ha cumplido.

Desde primera hora de esta mañana, agentes de la Policía Científica recogían pruebas en la vivienda, mientras el detenido era conducido a los calabozos.

En las próximas horas se espera que pase a disposición del juzgado de guardia de Oviedo/Uviéu.

La Fiscalía y la familia de Helena Jubany, la joven bibliotecaria asesinada hace casi 25 años en Sabadell (Barcelona), han pedido 26 años de cárcel contra S.L., el único acusado en el juicio, por los delitos de asesinato y detención ilegal.

El caso de Helena Jubany encara un juicio tras la reapertura de la investigación en 2021, impulsada por un capítulo de Crims, el true crime de Carles Porta, que removió conciencias en Sabadell y reabrió una causa archivada sin procesar a ningún sospechoso hace décadas.

La familia se había encontrado con un muro en la Justicia, pero los nuevos indicios se pudieron obtener gracias al avance de las técnicas de ADN. Los trabajos del laboratorio de la Comisaría General de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía han permitido hallar coincidencias con el ADN de S.L. (sospechoso inicial ya en 2001) en el jersey que vestía la víctima cuando fue asesinada, en lo que se ha convertido en una de las principales pruebas de cargo.

Según mantienen las acusaciones, la madrugada del 2 de diciembre de 2001, el acusado suministró sustancias estupefacientes (benzodiazepinas) a la víctima a sabiendas de que Jubany perdería la conciencia.

Aprovechando que la joven había perdido la capacidad “para desplegar conducta alguna de defensa o huida”, continúan las acusaciones, el acusado la transportó a la azotea del edificio donde vivía y la arrojó al vacío.

El acusado pudo no ser el único en particpar estos hechos, pero sobre el resto de sospechosos no pesan suficientes indicios. La otra sospechosa se suicidó en prisión en 2002 cuando empezó la investigación.

Además de la pena de prisión, las acusaciones piden que S.L. abone una indemnización de 600.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil (200.000 para el padre y la madre, y 100.000 para cada uno de los hermanos de Jubany).

En un comunicado, la familia argumenta que si bien “existen indicios” que vinculan a otro investigado, X.J., con los anónimos que Jubany recibió poco antes del crimen, en esta etapa procesal estos elementos no apuntan directamente a su participación directa en la muerte.

La acusación particular ha propuesto la declaración de cerca de 30 testigos en el juicio, que se celebrará ante un un jurado popular en la Audiencia de Barcelona.

Entre ellos, destacan familiares de la víctima, miembros de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), a la que pertenecían tanto Jubany como los investigados, las hermanas de la sospechosa que se sucidió y peritos científicos para que ratifiquen los informes relativos a los análisis de ADN, toxicología y de lingüística.

El siguiente paso procesal será la celebración de una audiencia preliminar, en la que la magistrada instructora decidirá si el procedimiento avanza hacia juicio oral.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado de forma íntegra la pena de 20 años de cárcel a la mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacida en un contenedor de basura de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca en el pasado mes de diciembre de 2023, de nombre Mari Ángeles.

Así, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la acusada frente a la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, al considerar que se llevó a cabo una “valoración completa, detallada y profunda” de las pruebas en el juicio oral y que su valoración responde a un “criterio lógico y racional”, mientras que la letrada se habría limitado a “exponer una valoración” de las pruebas practicadas que responde “a su propia apreciación personal más favorable a sus intereses”.

Según la sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del TSJA y consultada por Europa Press, la representación procesal de la mujer alegó que “en ningún momento dijo José Antonio --el amigo que la ayudó a depositar a la menor en un contenedor y que contaba con un reconocido grado de discapacidad-- que fue conminado a llevar a un bebé a un contenedor concreto” y que “no hubo intención de abandonar a la bebé en una zona aislada”.

Orden “expresa y terminante”

No obstante, el TSJA asevera que el hombre fue “claro y rotundo” al declarar que la acusada le dijo “tírala al contenedor”. “La orden fue expresa y terminante, ello unido a las graves limitaciones psíquicas que padece José Antonio, parece evidente que éste se limitó a hacer lo que Mari Ángeles le ordenó”, y prosigue, según lo expuesto por la médico forense, “el mismo no tiene capacidad para comprender lo que ocurrió, la chica le pidió que lo tirara a la basura y así lo hizo”.

Por otro lado, la apelante quiso impugnar una parte del relato de los hechos, aquella relativa a que José Antonio introdujo la bolsa con la recién nacida en el fondo de los contenedores, pues, según añadía, “si la hubieran arrojado en el fondo del contenedor, se había golpeado, pero la menor no presentaba síntoma alguno”. Además, según el escrito, expresó que “los testigos que hallaron a la bebé incurrieron en contradicciones en este punto”.

No obstante, el tribunal ha considerado que “la bolsa fue arrojada al interior del contenedor, siendo totalmente indiferente e irrelevante saber exactamente dónde se encontró la bolsa con la bebé, a qué altura estaba la bolsa”, misma vez que ha indicado que “lo realmente importante es que la menor fue encontrada en el interior de una bolsa que estaba anudada, que había sido arrojada al interior de un contenedor y que lo que alertó a los testigos fue el llanto o quejido que escucharon proveniente del contenedor”.

Falta de credibilidad

Además, la letrada responsable de la representación procesal de la encausada alegó que la misma “no fue plenamente consciente de que estaba embarazada hasta el momento en el que se puso de parte”, si bien el TSJA ha valorado que “no parece creíble que una persona que ha tenido un embarazo anterior no se dé cuenta de que está embarazada por segunda vez”, a la par que ha apostillado que “la mujer nota y percibe los movimientos del bebé en su vientre y, por tanto, parece evidente que la acusada tuvo que conocer su estado de embarazo y decidió permanecer en silencio y no decir nada a sus amigos y familia”.

Sobre la apreciación solicitada por la defensa relativa a que la acusada no era plenamente responsable de sus actos ni tenía voluntad de matar a la bebé dado que, tal y como quedaba probado en la sentencia apelada, era consumidora de sustancias tóxicas que limitaban sus facultades de entender, el tribunal ha valorado que no aprecia que esta condición “actuara como elemento desencadenante del delito”.

“No puede sostenerse que la acusada intentara causar la muerte de su hija a causa de la drogadicción que padece, no puede establecerse relación funcional alguna entre la condición de consumidora de la acusada y la actividad delictiva”, por lo que “no procede la apreciación de dicha circunstancia atenuante como cualificada, en aras de una posible modificación de la pena.

Además, ha insistido en que no se podría aplicar una circunstancia atenuante de confesión, dado que “siempre ha mantenido que no tenía intención de matar a la recién nacida”, una circunstancia que, por los mismos motivos, ya rechazó la Audiencia Provincial.

Relato de los hechos

La sentencia consideró probado que con el fin de acabar con la vida de la recién nacida“, la acusada utilizó dos bolsas de plástico en las que introdujo a la pequeña tras dar a luz, ”siendo auxiliada“ por el acusado, ”quien se hallaba residiendo provisionalmente en el domicilio pues sus padres tenían estrecha amistad con la familia“.

El hombre “se limitó a obedecer la orden” de la acusada, “la cual le entregó a la niña con el encargo de depositarla en los contenedores ubicados a escasos 100 metros de la vivienda”.

El escrito consideró probado que, seguidamente, el acusado “introdujo la bolsa con la recién nacida en el fondo de uno de los contenedores y regresó al domicilio” de la encausada, “en el que ésta había permanecido limpiando los restos del alumbramiento con el fin de eliminar cualquier indicio del parto, conminando” a su amigo a “no contar nada”.

La acusada “ocultó su embarazo, dando a luz a solas, procurando un entorno adecuado, buscando la soledad al enviar a sus padres al colegio de su hija mayor, y se valió de persona que dada su discapacidad y relación de confianza sabía que le obedecería y que se desharía de la recién nacida, llegando hasta el punto de limpiar y ordenar el baño donde dio a luz, dejándolo en unas condiciones que ni su propia madre pudo sospechar lo allí ocurrido, pues ignoraba el hecho de que la procesada estuviera embarazada”, finalizaba.

El juez de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha enviado a prisión provisonal al hombre que el pasado sábado mató a una mujer en plena calle del municipio. El investigado solo ha contestado a preguntas de su abogado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la causa está abierta por los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

Los hechos ocurrieron sobre las once horas del pasado sábado, cuando el hombre, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, hirió gravemente a una mujer y huyó de Esplugues. Los Mossos d'Esquadra, alertados por las llamadas de los vecinos, arrestaron al agresor ya en Barcelona, en su entrada por la Diagonal.

El hombre asestó varias puñaladas a la mujer en la calle Joan Miró de la localidad barcelonesa, en las inmediaciones del hospital Sant Joan de Déu, tras haber exhibido previamente en la calle un cuchillo.

Los testigos de los hechos ya relataron a la policía que el agresor presentaba síntomas de nerviosismo. Los Mossos d'Esquadra han fijado como principal hipótesis que el atacante sufriera problemas psiquiátricos, y descartaron el móvil machista del crimen porque no había vínculos entre la mujer fallecida y el agresor, que también hirió a otro hombre.

La investigación tampoco ha arrojado indicios de una motivación yihadista, aunque ha sido insinuada sin pruebas por parte de partidos de extrema derecha como Vox y Aliança Catalana.

El alcalde del municipio, Eduard Sanz, ha decretado dos días de duelo por este asesinato y ha expresado su el pésame y la solidaridad con las personas afectadas y el “rechazo firme a la violencia”. “Esplugues responderá con serenidad, unidad y firmeza: al lado de las personas afectadas, contra cualquier forma de violencia y con el compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad”, ha agregado.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha participado en el minuto de silencio institucional para mostrar la repulsa de toda la sociedad por el último asesinato machista, el de Alejandra Maryvin, en Seseña (Toledo). Ha aprovechado para apelar a toda la sociedad a “denunciar estas situaciones” siempre que se tenga conocimiento de ellas y con el objetivo de evitar más muertes.

“No se puede consentir, una democracia no puede admitirlo, no podemos blanquearlo. Por eso, tras transmitir el pésame a su familia y amigos, quiero hacer una llamada a los ciudadanos para que, ante esta lacra, seamos implacables”.

El delegado ha denunciado el machismo que considera a la mujer “inferior”. No se trata de “violencia”, sino de “asesinatos machistas, una violencia que todos tienen la obligación de denunciar”.

Ha pedido a la ciudadanía que siempre que pueda denuncie los posibles casos de violencia que puedan presenciar, bien en el 062 de Guardia Civil, en el 091 de Policía Nacional, en el 016 de atención a víctimas o al propio 112 de gestión de emergencias.

En todo caso, ha mostrado su confianza en el sistema VioGén, con cerca de 5.500 víctimas atendidas en Castilla-La Mancha y solo un asesinato este año. “Se puede seguir mejorando, pero no podemos fiarlo todo al sistema, hay que confiar en la sociedad y en los tribunales”.

Los asesinos en serie repiten gestos cuando eligen a quién atacar, y esa repetición se nota en los rasgos de las personas que acaban siendo sus víctimas. Ted Bundy, por ejemplo, buscaba mujeres con el pelo oscuro y la raya en medio, una elección que se repitió en varios de sus crímenes y que formaba parte de su forma de actuar.

Ese tipo de comportamiento no aparece al azar, porque muchos agresores fijan su atención en caras que recuerdan a alguien de su entorno cercano. En varios casos, esas similitudes apuntan a figuras familiares ligadas a experiencias traumáticas durante la infancia.

Un equipo universitario plantea medir similitudes faciales

Un estudio de la Universidad de Murdoch, publicado en The Police Journal: Theory, Practice and Principles, muestra que los asesinos en serie tienden a elegir víctimas con rasgos faciales similares y propone una herramienta para detectarlo.

El trabajo indica que esa repetición puede medirse con datos, no solo con impresiones, y que esos patrones pueden ayudar a vincular casos sin resolver. Según el equipo, el sistema detecta “rasgos sutiles de la geometría facial” que pasan desapercibidos cuando se revisan fotos sin un método definido.

Los investigadores explican que muchos delincuentes seleccionan a sus víctimas siguiendo criterios como edad, sexo o apariencia, y esos criterios se repiten en varios ataques del mismo agresor. En algunos casos, el parecido se dirige hacia una persona concreta del pasado, como un progenitor, y esa referencia se traduce en elecciones repetidas con características físicas similares.

El patrón observado en Bundy anticipa futuros objetivos

El caso de Theodore Robert Bundy encaja en ese comportamiento, ya que sus víctimas compartían un tipo de peinado y rasgos que se repetían una y otra vez. Ese patrón no solo describe lo que ocurrió, también permite anticipar qué tipo de persona podría ser objetivo en futuros ataques.

Cuando no hay testigos ni restos biológicos, la investigación se queda sin apoyos claros para avanzar, y eso deja muchos casos abiertos durante años. En ese contexto, resulta difícil conectar crímenes cometidos en lugares distintos aunque el autor sea el mismo.

Muchos asesinos en serie han sido detenidos, pero no se ha logrado demostrar su relación con todos los hechos que se les atribuyen. Esa falta de conexión entre víctimas obliga a buscar métodos que permitan comparar casos a partir de otros datos disponibles.

El sistema mide proporciones a partir de 21 puntos del rostro

La técnica que propone el estudio se llama Vínculo de Similitud Facial y se basa en medir partes concretas del rostro en lugar de mirar fotos de forma general. El equipo identificó 21 puntos en cada cara, entre ellos las comisuras de los labios, los bordes de los ojos, la punta de la nariz y el mentón, y midió la distancia entre ellos para construir proporciones.

Ese sistema evita errores provocados por fotos tomadas desde distintos ángulos o con tamaños diferentes, algo habitual cuando las imágenes proceden de redes sociales o archivos personales. Al trabajar con proporciones, las comparaciones se mantienen aunque la imagen esté inclinada o recortada.

Tras aplicar este método, los investigadores obtuvieron 55 medidas faciales que permiten diferenciar a personas relacionadas entre sí de otras que no lo están. Esas medidas funcionan incluso cuando las imágenes no son de buena calidad, y permiten agrupar víctimas que comparten rasgos sin necesidad de otros datos. El análisis no se queda en una coincidencia general, porque define qué partes del rostro coinciden y en qué grado lo hacen. Esa precisión permite separar casos que parecen similares de otros que realmente siguen un mismo patrón.

El sistema también se ha probado con personas sin experiencia previa, y aun así lograron mantener un error cercano al 5% siguiendo instrucciones sencillas. Esa facilidad abre la puerta a que se utilice en distintos equipos de investigación sin necesidad de formación avanzada.

Además, los autores plantean que el proceso puede integrarse con inteligencia artificial para analizar miles de imágenes en poco tiempo. Con ese desarrollo, la policía podría revisar grandes bases de datos y encontrar conexiones entre víctimas que hasta ahora no se habían detectado.

La herramienta se integra con otras pruebas policiales

La herramienta no sustituye a pruebas como el ADN o las huellas, pero se añade cuando esos datos no están disponibles o se han deteriorado. En esos casos, comparar rostros permite orientar la investigación hacia un sospechoso común cuando varias víctimas presentan rasgos similares. Ese uso convierte el análisis facial en una forma de organizar la información disponible y reducir el número de hipótesis abiertas.

El estudio de la Universidad de Murdoch plantea que este tipo de análisis puede incorporarse como parte habitual del trabajo policial, siempre que se utilice junto a otras pruebas. Los autores explican que características como la edad, el sexo o la apariencia influyen en la elección de la víctima, y que esos factores pueden medirse con herramientas como esta. Esa forma de analizar los casos permite revisar investigaciones antiguas con nuevos criterios y comprobar si varias víctimas responden al mismo patrón de elección.

La vida profesional de Antonio Alonso es tan fascinante que ya ha recibido propuestas para convertirla en una serie. Alonso trabajó desde 1984 en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), que dirigió entre 2019 y 2024, y participó como genetista forense en la resolución de algunos de los casos más relevantes para la historia de este país, desde el asesinato de Lasa y Zabala hasta los atentados del 11-M, el accidente del Yak-42 o la identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Alonso recoge su dilatada experiencia en La huella invisible (Crítica, 2026), un libro que le propuso su editora tras escucharle en una entrevista radiofónica y en el que relata los detalles de ocho de estos casos. Una historia que documenta, con una mirada crítica y profundamente humana, cómo la evolución de estas tecnologías de análisis genético ha cambiado la forma en que se identifica a las víctimas y se esclarecen los delitos. Para Alonso, que se emociona cuando habla del dolor de las personas que tienen familiares desaparecidos y sin identificar, las ciencias forenses tienen un valor humanitario y no diferencian entre bandos: solo son la mejor herramienta disponible para reparar la injusticia.  

Cuenta usted que el ADN puede permanecer en la ropa después de pasar por la lavadora, ¿la huella invisible de la que habla en el libro es más pegajosa de lo que creemos?

Efectivamente. Y eso que parece una anécdota, es algo que condiciona muchas investigaciones, porque hoy en día, aparte de llevar nuestro propio ADN en nuestras ropas, llevamos el ADN de las personas con las que convivimos, al menos con las que compartimos la colada de la lavadora. ¿Por qué? Porque en el lavado puede haber transferencia de ADN y, aunque sean pequeñas trazas, con la sensibilidad que tenemos hoy día podemos detectarlas, por ejemplo, en la ropa interior. Imagínate esto en la investigación de casos tan graves como el abuso sexual de niños. Por eso la prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos. Se necesitan otras pruebas testificales o forenses de que efectivamente estas son las circunstancias.  

Paradójicamente, más sensibilidad puede abrir nuevos problemas a la hora de documentar, ¿no?

Por un lado, es una ventaja que hayamos avanzado hasta obtener ADN de la nada, de una docena de células. Pero eso tiene la otra cara, y es que no solo vamos a detectar aquello que nos interesa, lo que se ha producido en el momento del crimen que estamos investigando. También vamos a identificar el ADN de fondo que estuviera en esa escena. Eso lo complica todo de muy diversas maneras, entre ellas por el hecho de que no vamos a obtener perfiles únicos y muchas veces vamos a obtener mezclas. Eso es uno de los temas más complejos en el ámbito de interpretación forense.

La prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos

Otro de los asuntos controvertidos son los cribados poblacionales para buscar a un culpable, hay pendiente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que esto quede regulado, ¿verdad?

El proyecto de reforma, que ya está presentado en el Congreso de los Diputados, incluye la investigación de ADN de manera sistemática en determinados cribados, cuando las técnicas tradicionales no han dado ningún resultado. Se trata de delitos graves, agresiones sexuales, homicidios, etcétera y siempre bajo un estricto control judicial o fiscal que asegure todas las condiciones con respecto a la preservación de los datos genéticos. 

¿Ustedes ya resolvieron un caso así?

A pesar de que no hay una legislación en el ámbito judicial, ya en el año 2003 hicimos una investigación de este tipo, que fue un cribado genético en un ámbito rural en Campo de Criptana para identificar a través del cromosoma Y a un determinado individuo. Porque el cromosoma Y que heredamos los varones de nuestros padres se transmite de manera inalterada a lo largo de las generaciones. Se hizo una primera investigación en todas aquellas personas que habían estado con la víctima de una agresión y se encontró una coincidencia, pero con una mutación. Eso nos llevó pensar que el responsable podía ser un familiar de ese individuo y los buscamos por el apellido paterno. La Guardia Civil, con consentimiento y con conocimiento de la juez instructora, hizo un barrido. Y en el individuo 55 detectamos un perfil de cromosoma idéntico, que al final se delató.

¿Cuáles son los riesgos de hacer el cribado? ¿Estigmatizar a comunidades?

Entre otras cosas. También pueden producirse errores, dependiendo del tipo de relación de parentesco. Imagina que tenemos el cromosoma Y de este individuo y vemos que tiene un origen ancestral magrebí. Cuidado, porque hay que valorar eso. Hay que tratarlo con mucha confidencialidad, porque todo ese tipo de datos pueden llegar finalmente a estigmatizar a determinados grupos sociales o raciales.

Hay ya varios casos en los que se ha encontrado al culpable gracias a los test recreativos de ADN a través de alguien que tiene una relación familiar, ¿ese también es un terreno resbaladizo?

El primer caso de este tipo fue el del “asesino de Golden State”, en California, cuando el FBI comparó una muestra hallada en el lugar del crimen con los datos que se obtienen en este tipo de compañías que venden kits comerciales y localizaron a un familiar lejano que les permitió llegar hasta el culpable. Esto ha obligado a las compañías a incluir cláusulas para que la gente esté informada y sepa que su material genético se puede usar para buscar a sospechosos.

A veces los asesinos tienen creencias erróneas, como la capacidad de la cal viva para hacer desaparecer restos orgánicos, ¿cómo de determinante fue esto en el caso de Lasa y Zabala?

Hasta ese momento había una falsa creencia de que la cal viva producía una destrucción tanto de los tejidos blandos como del esqueleto, y que por lo tanto esa era la manera de destruir o de hacer desaparecer un cadáver. En ese momento incluso los forenses pensábamos que esto era así. Yo, cuando me enfrenté a ese caso, lo primero que pensé fue que no quedaría nada de ADN. Pero resulta que es más bien al contrario. La cal viva produce una reacción exotérmica que produce desecación al contacto con el agua con los tejidos, y eso produce de alguna manera una inhibición de la putrefacción que está dirigida por el crecimiento bacteriano. No produce un olor tan fuerte y, por lo tanto, las alimañas no aparecen. Todo eso hace que al final el cuerpo se esté preservando, que es lo contrario que se pretendía. En el caso de Zabala, lo de la cal viva además fue como una firma y lo que llevó a un policía a relacionarlo con los GAL, porque [José] Amedo había dicho que en el caso de Segundo Marey habían valorado hacer lo mismo.

A lo largo de su carrera usted se ha enfrentado a casos terribles, crímenes de lesa humanidad, torturas como en este caso, y asesinatos. ¿Qué momento recuerda como especialmente impactante?

Bueno, en principio, y aunque eran unos cadáveres ya desprovistos de carne, el caso de Lasa y Zabala. Hubo un momento en esa mesa de autopsia que me produjo una impresión importante, un quebranto emocional. Porque no eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura. Pero, para mí, desde luego, la situación más grave fue encontrarme con la muerte en la mesa de autopsias del 11-M. Aquello creo que nos sobrepasó absolutamente a todos, a la población general, a los equipos forenses, absolutamente a todos. Y esa noche, gracias a la solidaridad de un montón de equipos de, no solamente forenses, sino todos los equipos de asistencia psicológica, policías, etcétera, creo que eso fue lo que sirvió para sobreponernos y dar una respuesta que yo creo que fue muy rápida, con sus errores.

La autopsia de Lasa y Zabala me produjo un quebranto. No eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura

Habla en el libro con mucha honestidad de que hubo un error que ha servido para mejorar el sistema…

El error fue que solo se tomó el ADN de los cadáveres que no estaban identificados con la huella dactilar, pensando que ya bastaba. Eso fue un error muy grave, porque desgraciadamente en el 11-M se produjo una fragmentación de los cuerpos muy grande como consecuencia de las explosiones, con lo cual esos restos que estaban en lo que llamaban las bolsas cero no se pudieron reasociar completamente con todos los cuerpos. De eso aprendimos y, gracias a esa experiencia y a la autocrítica posterior, se desarrolló un protocolo de actuación médico forense en casos de catástrofes, que se publicó como Real Decreto en el año 2009 y que hoy es la referencia en España para que no vuelvan a ocurrir esos errores y otros que se produjeron.

Justo antes había ocurrido una negligencia grave por parte de las autoridades militares sanitarias de ese momento con el caso del Yak-42. Siendo usted forense en aquel proceso, ¿qué sintió cuando los responsables políticos no fueron encausados ni pidieron perdón?

Fue tremendo, tremendo. Fíjate que se trataba de compañeros. El general y el capitán eran militares médicos, a los que se supone una serie de valores, de lealtad, etcétera. Y realmente no se hizo nada, ¿no? Es decir, hay pruebas de cuando hicimos las exhumaciones de que en algunos ataúdes había restos de más de tres personas o dos pies de distinto tamaño. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres. Sobre los políticos, yo recuerdo en aquellas épocas cuando vinieron los militares familiares a darnos la muestra para identificar a sus cadáveres, que eran todos votantes del PP y lo que decían todos: “Son unos sinvergüenzas cómo nos han tratado”. En el libro hay bastantes testimonios de esto, decían que en la vida volverían a votar a esta gente, porque aquello fue una infamia.  

En algunos ataúdes [de las víctimas del Yak-42] había restos de más de tres personas. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres

Entonces se puso el ejemplo del problema de los sombreros. ¿En qué consistía?

Básicamente era una metáfora. Se dice que si 37 personas que han bebido y están borrachas llegan a un bar y dejan el sombrero en sus percheros, la probabilidad de que cada uno coja su propio sombrero al salir es muy baja. Y esto es lo que ocurrió, que de los 30 cadáveres que no analizaron los turcos —que sí habían hecho bien su trabajo—, todos estaban mal identificados. Y menos mal que el equipo turco tuvo la prudencia de tomar una muestra de tejido que nos sirvió después para obtener el ADN de todos los cadáveres y poder hacer la reconstrucción.

Y darle a cada familia los restos de su familiar fallecido…

Siempre que se pudo. Porque, claro, el problema es que 11 de los cadáveres se habían incinerado e intercambiaron cenizas y con dos de ellos las familias las habían esparcido.

Este desprecio por los hechos científicos y esta voluntad de desprestigiar a los técnicos la hemos vuelto a ver más veces, ¿es la firma de un partido político?

Lo vimos también en el 11-M. No es ya que todas las pruebas inmediatas de las primeras horas, todas las pruebas periciales, indicaran que se trataba de un terrorismo islamista, que así lo decían. Es que con anterioridad ya había avisos del CNI y de los servicios de inteligencia de Policía y de Guardia Civil, de que esto podría pasar, de que lo más seguro es que hubiera un atentado terrorista en Madrid. Y sin embargo, este equipo, por las intenciones que fueran, intentó mantener el tema de que estos atentados provenían del terrorismo vasco de ETA. Y no solamente eso, sino que años después de que haya una sentencia en la que la verdad científica judicial se ha establecido, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso. 

A pesar de la verdad científica judicial del 11-M, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso.

El análisis de ADN ha resultado ser fundamental para la memoria histórica. ¿Por qué fue tan importante para usted la caja 198 del Valle de Cuelgamuros?

La caja contiene restos de una de esas inhumaciones que se produjeron en 1936 en Ávila, en dos localizaciones una fosa en Aldeaseca y otra en Fuente el Saúz, dos pueblos de Ávila. Cuando se inaugura el Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, se exhuman y se llevan al valle, como otros muchos.

También del bando nacional, como recalca en el libro.

Sí, sí, porque creo que es importante decirlo. Hay muchos vascos, porque el bando nacional llegó allí y reclutó forzosamente a muchos jóvenes que al final murieron. Y muchos de ellos están en el Valle de los Caídos. Hay bastantes solicitudes. Esto quiero transmitirlo para que veamos que las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida. La incertidumbre. Toda la gente con la que tú hables de este tema que tiene una persona desaparecida te va a decir lo mismo: yo puedo vivir con la muerte, puedo hacer un duelo y puedo pasar página, pero con un desaparecido no puedo vivir. Y te lo dicen los de la Guerra Civil y te lo dice Pili Zabala, que pasó diez años sin saber qué le pasó a su hermano. Hasta que se pudo encontrar. Todo eso que parece que es una tontería es algo fundamental. Tiene que ver con la dignidad humana y tiene que ver con la necesidad de pasar página y de poder vivir. Yo he conocido a mucha gente que ha estado 30 años dedicada a esa búsqueda, es en lo que han convertido su vida, porque no pueden más.

Las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos de diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida

¿Qué siente uno cuando ve todos esos restos en el valle de Cuelgamuros y ve la dimensión de lo que pasó en este país?

Efectivamente es muy grave y a veces piensas: joder, parece que el dictador hizo las cosas de manera que nunca se pudieran identificar o que fuera muy difícil identificarlos. Yo visité el Valle de los Caídos en el año 2010. Fue una de las primeras visitas que se hizo. Abrimos las paredes, no entramos y vimos lo que pasaba allí. En muchas de las criptas las cajas de madera se han deshecho completamente y aquello es un osario en el que es muy difícil trabajar. En el sepulcro, donde se ha encontrado a las víctimas de Aldeaseca y Fuente el Saúz, tuvimos suerte porque se hizo primero un trabajo excelente arqueológico por parte del equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dirigidos sobre todo por Paco Etxeberria. Creo que es admirable el trabajo que se ha hecho, pero en muchos casos no se podrán identificar los cuerpos, por la dificultad.

Me imagino que generará cierta impotencia saber que trabajar en crímenes contra la humanidad es como ir sacando el agua del mar con una cuchara, porque los siguientes casos están ahí esperando, en Gaza, Ucrania…

En el capítulo de la masacre de Suva Reka, en Kosovo, que es el caso por el que tuve que ir a declarar al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, hago referencia a ese espectro mundial, que es una desolación enorme y que produce cientos de miles de víctimas sin identificar en todos estos países y en situaciones de una precariedad tremenda. Y luego, además, [tenemos que soportar] que nos digan que ya se ha acabado la guerra en Gaza cuando se ha exterminado completamente una zona. Y las personas que son responsables de esto, como Netanyahu o Estados Unidos, que no reconocen el tribunal, tienen la libertad para seguir haciendo estas barbaridades. Es muy grave. 

La localidad pacense de Hornachos intenta recuperar la normalidad tras una semana intensa y dolorosa siendo en epicentro informativo nacional tras el esclarecimiento del caso de Francisca Cadenas, nueve años después de su desaparición.

En declaraciones a EFE, su alcalde, Francisco Buenavista, ha explicado que la población atraviesa un proceso de transición tras el “estado de shock” inicial provocado por la rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos y ahora existe “bastante indignación” porque “hay detalles del caso que no deberían hacerse públicos”, ya que “atentan incluso contra la dignidad de la víctima”.

“La gente no da crédito a todo lo que hemos ido sabiendo”, ha señalado, en referencia a que en la última semana se han sucedido los momentos clave de la investigación, el hallazgo de restos óseos, su confirmación como pertenecientes a la víctima, la detención de dos vecinos, hasta llegar a la filtración de aspectos del sumario judicial con todos los detalles de lo que pude pasarle a Francisca el día que desapareció.

El clima de rabia inicial en el pueblo, que se pudo ver con las pintadas en la fachada de la casa de los detenidos por la muerte de Francisca, ha ido dando paso a una cierta calma sin producirse “ningún incidente destacable”, ha afirmado Buenavista. “La gente va retomando sus trabajos, sus vidas”, ha añadido el alcalde, aunque reconoce que hay cierto cansancio entre los vecinos por la continua presencia todavía de medios de comunicación.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad informativa y al respeto hacia la familia en un momento en el que la presión mediática sigue estando visible en el municipio. De hecho, algunos vecinos han llegado a recriminar a equipos de televisión desplazados su actitud durante la cobertura, especialmente en las zonas cercanas a la familia de Francisca.

Por otra parte, Hornachos mira ya hacia adelante sin olvidar a Francisca Cadenas y, como ya anunció la familia, el próximo 9 de mayo, cuando se cumplan nueve años de su desaparición, está prevista una nueva concentración que servirá como homenaje y despedida, coincidiendo con la tradicional convocatoria anual.

La localidad afronta ahora una nueva etapa centrada en “acompañar y apoyar a la familia durante un proceso judicial que se prevé largo” y en recuperar poco a poco la normalidad tras unos días que han dejado una profunda huella en todo el municipio. 

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 y cuyos restos fueron hallados en la vivienda de dos vecinos la semana pasada, ha afirmado que si se confirma un móvil sexual en este caso llegará “hasta las últimas consecuencias” y pedirá la prisión permanente para ambos.

“Si durante la instrucción sigo teniendo elementos que a mí me hagan pensar que ha habido un móvil sexual, lucharé hasta el final para que se sepa toda la verdad”, ha afirmado Verónica Guerrero en declaraciones a EFE. Lo hará, ha añadido, para que “se esclarezcan los hechos, proteger y hacer justicia a la familia y a la memoria de Francisca”.

Sobre las informaciones que se están publicando sobre cómo falleció Francisca y las pruebas que está analizando la Guardia Civil, como unos dientes y mechones de pelo encontrados en la casa de los investigados, ha indicado que en muchos casos se está enterando de estos pormenores por los medios de comunicación.

“No sé si son de Francis -los dientes- o no lo son, no tengo idea”, ha señalado la letrada, pues “me preguntan por cosas que ni conozco”, como por ejemplo también si Francisca acudió a casa de los investigados a interesarse por el estado de salud de un tío suyo. “¿Cómo puede dar tiempo a salir tantas cosas en tan poco tiempo?”, se ha preguntado la abogada ante las incesantes llamadas que recibe de los medios de comunicación, lo que a su juicio demuestra que “claramente alguien tiene el sumario”.

Sobre esta situación, ha confesado que le ha pillado por sorpresa, pues “nunca me imaginé -ha dicho- que esto fuese a ser así”. “Me parece demasiado doloroso todo, muy doloroso”, ha añadido. “Que si el móvil fue sexual, que si la autopsia, que si el descuartizamiento..., me parece que esta familia está sufriendo lo indecible”, ha advertido.

Guerrero ha lamentado que la familia de Francisca lleva ya “nueve años sufriendo lo indecible y sigue sufriendo lo indecible con todo esto”, por lo que ha confesado sentirse “muy muy triste” por ellos. “Es gente a la que yo tengo muchísimo aprecio, que conozco desde hace muchísimos años y me da muchísima pena que estén pasando por esto”, ha agregado. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba vigilando desde hacía mucho tiempo a Julián y Manuel González, los dos hermanos acusados de la muerte de su vecina, Francisca Cadenas, que había desaparecido misteriosamente en mayo de 2017. Los agentes habían colocado micrófonos en la vivienda y en sus vehículos y esos audios han permitido que la investigación acabara con éxito la semana pasada, nueve años después.

Las grabaciones, que forman parte del sumario, al que ha tenido acceso Prensa Ibérica, apuntan a una posible motivación sexual en el crimen porque los hermanos, a pesar del tiempo transcurrido seguían haciendo referencia a “zonas íntimas” del cuerpo de la víctima y han permitido conocer la fijación que Julián, el hermano menor que confesó el crimen el viernes, tenía con su vecina.

La UCO instaló los micrófonos en febrero de 2025. Según consta en esas grabaciones, el 4 de ese mes vio al salir de su casa carteles con la fotografía de Francisca Cadenas que habían dejado en la puerta y sobre su coche. Cuando entró en el vehículo con uno de esos carteles, Julián empieza a hablar de las partes íntimas de la mujer y murmura: “vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas?”. Al día siguiente habla solo dentro de su coche y dice: “No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo”.

Dos meses después, en mayo de 2025, el Ayuntamiento de Hornachos instaló una placa en el callejón donde desapareció Francisca Cadenas y Julián, también en su coche a solas afirmó en alto: “Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?”.

El hermano mayor, Manuel González, reprochó a Julián su fijación con su vecina y en una grabación del pasado octubre se le escucha decir en su vehículo tras hablar con su hermano: “O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca”, lo que la Guardia Civil interpreta como “cierta obsesión” de Julián con Francisca Cadenas.

En las últimas semanas antes de la detención de los acusados del crimen y del hallazgo de los restos de la víctima, la UCO realizó reconstrucciones de la noche en la que desapareció Francisca Cadenas. Los hermanos sentían sobre ellos la presión y vigilancia de la UCO. El pasado 4 de marzo, Manuel trató de calmar a Julián, según se recoge en el sumario:“Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar”.

Tres días más tarde, el 7 de marzo, los agentes realizan otra reconstrucción. Julián entonces le comenta a su hermano: “Van a por ti y ya está, van a por ti”, pero Manuel le corrige y le dice que van “a por los dos”. Entonces el mayor trata de calmar a su hermano: “Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ningunas ni ná y están intentando arrascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin ná ni ná”.

Pero Julián seguía nervioso en los últimos días al sospechar que el cerco de la Guardia Civil se estrechaba. “Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando”, le dice a su hermano, que le pide que no “se coma el coco”. Esa frase grabada por la UCO es la que hace pensar a la Guardia Civil que el cadáver puede estar aún en el domicilio.

Los investigadores de la UCO escriben al juez porque consideran “muy relevante la preocupación mostrada por Julián” sobre “lo del rincón” y afirman que el investigado pudiera estar refiriéndose “directamente al lugar donde pudieran tener oculto los restos de Francisca Cadenas”. Por eso, el pasado miércoles, medio centenar de agentes registran la vivienda de Manuel y Julián y encuentran ese “rincón”. Los restos óseos de Francisca Cadenas estaban enterrados bajo el suelo del patio.

La Guardia Civil detuvo la madrugada del pasado jueves a tres varones de nacionalidad española, en el marco de una investigación, denominada 'Heliosencia', con la finalidad de esclarecer el asesinato de un joven de 29 años, ocurrido a finales de 2025 en Plasencia de Jalón, si bien responsables de la investigación barajan como principal hipótesis la deuda de dinero y drogas que la víctima tenía contraída con sus asesinos, a los cuales conocía y con dos de ellos quedó el día de autos.

El pasado 2 de diciembre de 2025, unos vecinos hallaron de forma casual el cadáver carbonizado de un varón en un paraje de la localidad de Plasencia de Jalón (Zaragoza) próximo a una planta fotovoltaica, si bien murió por los disparos recibidos previamente en una zona cercana, a donde se trasladó el cadáver. Tras las oportunas gestiones fue identificado, resultando ser un vecino de Urrea de Jalón de nacionalidad española. El grupo criminal está acusado de tres delitos, entre ellos el asesinato, ya que según la Guardia Civil, en el crimen concurren ensañamiento y premeditación. Además, se les acusa de tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública.

Nada más tener conocimiento del hallazgo del cadáver la Guardia Civil por parte de unos vecinos, se acordonó la zona en el paraje conocido como 'La Lomaza', donde un grupo de agentes especializados realizaron inspección técnica del lugar, para recabar cuantos indicios pudieran contribuir a esclarecer los hechos. Durante semanas se ha llevado a cabo un examen exhaustivo de la zona, donde se han utilizado drones para el mapeo del entorno, y han intervenido efectivos del GEAS (grupo especial de actividades subacuáticas) en la balsa de agua, ubicada cerca del cuerpo. No obstante, en su interior no se ha hallado nada, salvo el terminal móvil de la víctima en sus proximidades, tal como ha explicado el Teniente Coronel y jefe de la Policía Judicial de la Benemérita, Óscar Vergara.

Durante estos meses la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Jueza titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina, ha desarrollado una investigación que derivó la pasada madrugada del 12 de marzo en un operativo policial con actuaciones coordinadas en cinco localidades de tres provincias diferentes.

Los investigadores han mantenido numerosas entrevistas con su entorno familiar y de amigos durante estos meses, en lo que se abrieron varias líneas de investigación que han concluido en la “presunta” atribución de la autoría del crimen a los detenidos y en los registros efectuados tras su detención, donde se incautó nuevo material que podría reforzar las primeras conclusiones y aportar mayor carga probatoria para el esclarecimiento del mismo. Vergara no descarta más detenciones, sobre todo relacionadas con el encubrimiento, en una operación que sigue abierta. Sin embargo, no esperan represalias por el crimen.

Así, la madrugada del 12 de marzo, la Guardia Civil desarrolló un operativo policial, robusto y complejo, para detener a los “presuntos” autores en Sabiñánigo (Huesca), Lumpiaque (Zaragoza) y Paterna (Valencia). De forma casi simultánea se efectuaron cinco registros en las localidades zaragozanas de Lumpiaque, Bárboles y Grisén, así como en Paterna (Valencia). En esta última localidad se localizó al tercero de los detenidos, ya que tras el crimen “se autodesterró”, huyendo para refugiare en su entorno familiar.

En las inspecciones de dichos inmuebles se localizaron numerosas armas de fuego, armas blancas, munición de distintos calibres, 12.000 euros en efectivo, distintas cantidades de estupefacientes, tales como marihuana, metanfetamina, sustancia de corte y elementos para la distribución de las sustancias estupefacientes. Además, se hallaron otros indicios relevantes que refuerzan la presunta implicación de los detenidos en el presunto asesinato.

La información recabada en esta operación por parte de los investigadores, sumada a la reconstrucción de los hechos, ha permitido inferir cómo podrían haberse desarrollado los hechos la noche del pasado 2 de diciembre, cuando la víctima se reunió con sus agresores y, tras trasladarse a un camino ubicado en el término municipal de Plasencia de Jalón, recibió varios disparos de arma de fuego cuando trataba de huir de ellos, siendo esta la causa de su muerte. Posteriormente, los miembros del grupo criminal trasladaron el cadáver hasta el lugar donde fue hallado y prendieron fuego a su cuerpo. De forma análoga quemaron el vehículo de la víctima abandonándolo a unos 300 metros del cuerpo.

A los tres detenidos, tres varones españoles de 23, 37 y 53 años, se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal y asesinato. A dos de ellos, se les imputa, además, un delito de tenencia ilícita de armas. Al principal autor del hecho, se le imputa otro delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Quedaron a disposición judicial el sábado 14 de marzo y se ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos. La operación Heliosencia (nombre que une `Helio´ (sol) y Plasencia), cuyo secreto judicial ha sido levantado parcialmente, sigue abierta en un proceso “tenaz y meticuloso”, según el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán.

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 y cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles en Hornachos (Badajoz), pedirá la prisión provisional para los dos hermanos detenidos en este caso.

A su llegada al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde los dos detenidos pasarán este sábado a disposición judicial, ha declarado que realizará esta petición por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

También por la fase en que se encuentra el caso, dado que “lo que tenemos son unos restos que han aparecido en una casa”, y porque aún quedan muchas pruebas por practicar.

Guerrero, que ha sido recibida por aplausos de los vecinos congregados en el lugar, ha vuelto a poner en tela de juicio las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos exculpando al otro. “La versión que ellos tengan es su versión, hay que esperar a las pruebas, a que se levante el secreto”, ha expresado.

Al ser preguntada por si confía en que hoy se pueda conocer algo sobre el móvil del crimen, ha señalado que muy pocas veces ha visto que en una situación así que se diga toda la verdad. “Tengo dudas de que podamos sacar alguna información que sea certera”, ha añadido.

Respecto a lo que le manifiesta la familia de Francisca Cadenas sobre el punto en el que se encuentra el proceso, ha indicado que le transmiten confianza en su persona, en la justicia y “sobre todo” en la investigación llevada a cabo por la UCO. “Están con los nervios de no saber, pero están esperanzados”, ha expresado. 

Declaración ante el juez

Los dos hermanos detenidos han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar.

Al lugar han llegado en vehículos con cristales tintados, por lo que no han podido ser vistos. Ambos han pasado a disposición judicial permanecer tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra tras ser detenidos el pasado miércoles, cuando el instituto armado encontró huesos óseos debajo del patio de su vivienda, que al día siguiente fueron confirmados como pertenecientes a Francisca Cadenas.

Los dos hermanos se encuentran en las dependencias judiciales después de que Juli, el menor de ellos, se declarara este viernes autor de la muerte y exculpara al otro, conocido como Lolo.

Para la llegada de los detenidos la Policía Local ha cortado la calle impidiendo el acceso a ciudadanos que desde las esquinas han mostrado su repulsa hacia los investigados.

Antonio Sanz Fuentes desmonta en Diario de un criminólogo incomprendido (Alrevés Editorial) el tópico de que la gente de izquierdas no habla sobre seguridad. Este experto lo hace, pero fuera del marco basado exclusivamente en incrementar las penas de cárcel que propone la extrema derecha. Para empezar, reivindica el buenismo en materia de Justicia ante la ola reaccionaria que lo menosprecia, y recuerda clásicos que los partidos progresistas, en ocasiones, parecen haber olvidado.

¿Qué es el populismo punitivo?

El populismo punitivo consiste en hacernos creer que un mayor castigo implica una mejor prevención de la criminalidad. Es una falsa expectativa de control, porque en realidad el endurecimiento de las normas o el Código Penal no conlleva una alteración ni una prevención efectiva del crimen. No persigue un cambio real, sino que es una medida para mantener el status quo.

¿Nos centramos demasiado en el castigo en vez de la reinserción?

El castigo de por sí no es algo necesariamente malo, lo necesitamos para reconocer que una conducta es rechazable y se debe perseguir como sociedad. Pero es muy populista enfrentarse y relacionarse con el castigo siempre desde la dureza. Deberíamos reflexionar sobre otros aspectos como la certeza del castigo, la rapidez en su aplicación, que no sea arbitrario y que sea proporcional…

En España la izquierda gobierna desde hace ocho años y no ha derogado la prisión permanente revisable, que fue muy criticada cuando la aprobó el PP.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad o incluso cuando hace referencia a la seguridad personal. Parece que la seguridad sea un problema que ocupa el centro de nuestras vidas y realmente existen otros muchos problemas sociales a los que quizás deberíamos prestar más atención.

Ha habido algunas propuestas legislativas que eran menos populistas punitivas. Las catedráticas María Acale y Patricia Faraldo, con sus propuestas para la ley de libertad sexual, ponían el foco en la prevención, la creación de centros de prevención de violencias sexuales, la educación, la obligatoriedad de crear actuaciones concretas para proteger la libertad sexual en las empresas… Pero todo el mundo se terminó fijando solo en el tema de las penas, cuando era una ley mucho más compleja.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad

¿La izquierda también cae en la tentación del populismo punitivo?

La izquierda también ha caído en el populismo punitivo, y además tiene un problema: se muestra muy firme respecto a las violencias sexuales que sufren las mujeres, y luego resulta que los partidos encubren casos de acoso sexual dentro de sus filas. Algo parecido ocurre con la corrupción.

¿El último ejemplo de populismo punitivo en España es la ley para endurecer las penas por robos, que ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Vox y Junts?

Esta ley me preocupa mucho. No hay nadie experto en la materia, ya sea desde la criminología, la sociología o el derecho penal, que no tenga una opinión crítica sobre este tipo de propuestas legislativas. Hay decenas de estudios que nos dicen que este tipo de reformas no tienen ningún tipo de capacidad preventiva, y que además probablemente acentuarán los problemas: si las personas que cometen los robos callejeros ya se encuentran en una situación de exclusión social, su paso por prisión posiblemente la acentuará.

¿Por qué los políticos hacen caso omiso a estos expertos?

Es muy difícil ofrecer un debate ético sobre el populismo punitivo porque parece que cuestionarlo supone estar en contra de la seguridad. ¡A ver quién es el valiente que está en contra! Decir en el debate público que más castigo no es mejor tiene un coste social (se te señalará casi como un hereje) y electoral que ningún partido está dispuesto a asumir, incluso los partidos de izquierdas lo temen.

Cuando tratan la criminalidad, los medios de comunicación lo hacen de manera demasiado rápida, poco reflexiva y contextualizada

¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en la creación de este caldo de cultivo?

En el libro encajo a los medios de comunicación en un capítulo que se llama ‘rabia’. Cuando tratan la criminalidad, los medios lo hacen de manera demasiado rápida y poco reflexiva y contextualizada. Nos hacen creer que la delincuencia se comete por parte de sujetos excepcionales, monstruos, personas que son imposibles de reinsertar. Este relato impacta en la percepción de las personas, les hace sentir que son seres que han tomado una decisión racional cuando realmente puede estar fundamentada en un contexto social muy complejo de exclusión social, problemas de consumo, de salud mental…. Son tantos los problemas que realmente pueden motivar que esa elección parezca racional, pero no lo es tanto.

Y si los medios tradicionales ya hacemos esto, no quiero preguntarle por Tik Tok…

El algoritmo termina fomentando la confrontación directa hacia ese tipo de sujetos. Los medios de comunicación tradicionales todavía están sujetos a unas normas deontológicas, aunque hagan ciertas trampas porque tienen que atraer al público, ser los más rápidos… Pero cuando hablamos ya de algunos influencers que parece que no están sujetos a nada, que hablan desde la ignorancia y se sienten capaces de afirmar cualquier cosa… Lo que más me preocupa es que tienen un público bastante más amplio quizás que los medios tradicionales y que es el futuro de la sociedad. Es clave apuntar hacia lo que están haciendo.

En el libro dice que vivimos en un caos ético que se origina cuando el mal ya no se esconde ni se opone, sino que se celebra. ¿Hay alguna manera de revertirlo o ya no podemos escapar de él?

Me encantaría haber propuesto algo más concreto, porque es algo en lo que pienso a menudo. Es difícil no reconocer que existe un malismo que está de moda. Yo no era del todo consciente hasta que leí el libro sobre ello de Mauro Entrialgo. Hay una tendencia a apreciar más al malo y parece que ser bueno es ser un pringado. En política criminal, pasa un poco lo mismo: se nos tilda de buenistas, dicen que la justicia es buenista, por lo que la alternativa es una justicia malista.

Lo primero es no olvidarnos de reivindicar el buenismo. Y no achantarnos ante los malistas. Cuando desde el malismo se señala como buenista una idea progresista (o incluso una conservadora o liberal, como las garantías procesales penales), parece que nos acobardemos y no queremos contestar. Debemos decir que sí, que es una medida buenista y a mucha honra. El hecho de ser buenos nos ha llevado a ser mucho más civilizados. El hecho de abandonar la violencia y la agresividad nos ha llevado a resolver los conflictos de una manera pacífica. Y eso nos ha hecho mejores.

¿Esta reivindicación del buenismo se le ha olvidado a la izquierda? Pienso en el acto del otro día de Emilio Delgado y Gabriel Rufián, donde se asumía que había barrios en los que los niños no podían bajar a la calle.

Parece que la propia izquierda tiene que comprar este discurso sobre seguridad para no perder votantes. El miedo siempre ha sido una estrategia de manipulación y una herramienta muy poderosa para controlar a la población. En los 80 en Estados Unidos se descubrió que vender la idea del incremento del castigo era infalible: el votante tiene la sensación de que mejora su seguridad, y la izquierda quiere apuntarse a ese tanto porque este discurso ha calado.

Pero si analizamos las cosas con algo más de profundidad, observamos que las mejores decisiones de los seres humanos siempre han apuntado hacia un modelo buenista, que se aleja del ideal de venganza y del abuso de poder. Lo que ha hecho mejor a la humanidad siempre han sido ideas que apuntaban hacia un progreso, no hacia un retroceso.

Aquí en Barcelona se da la paradoja de que los datos oficiales no dejan de desmentir los discursos alarmistas sobre seguridad, pero igualmente estos calan en la sensación de los habitantes.

En Barcelona existe una narrativa, muy extendida, en el resto de España, de que la delincuencia está desbordada. Además, existe un cierto esfuerzo por ligarla a la inmigración. Pero basta con venir a Barcelona para constatar que es una ciudad normal y corriente, probablemente con una delincuencia bastante común a cualquier otra gran ciudad.

De hecho, Barcelona fulmina el relato ultra y reduce la mayoría de delitos pese al gran aumento de la inmigración.

El problema no está ahí. Tenemos que hacer un análisis crítico de cómo lo hemos estado haciendo. Creo que hemos sido incapaces de asimilar la inmigración. Hemos apuntado hacia un modelo multicultural en el que el país de acogida parece que tan solo tolera al que viene, y esa sensación de superioridad no fomenta una verdadera convivencia. No se valora suficientemente el desarraigo y el desconocimiento del migrante cuando llega. Apuesto por una interculturalidad en la que nos conozcamos, dialoguemos y mejoremos.

¿La vinculación entre delincuencia y migración ya no es monopolio de la extrema derecha?

Es curioso que determinados discursos, para perseguir sus propios fines políticos y señalar a las personas migrantes, recurren a las mujeres y a las personas LGTBI cuando también son negacionistas de este tipo de violencias. Nos venden la moto, por ejemplo, de que la violencia de género no va a descender porque están viniendo personas migrantes que son menos civilizadas, cuando la realidad no es así: un estudio del catedrático de Psicología Antonio Andrés Pueyo mostró que la prevalencia de la violencia de género había disminuido conforme se incrementaba la inmigración.

Me perturba que existen numerosos estudios científicos, académicos que han dedicado toda su vida a estudiar las potencialidades de la reinserción, las causas de la delincuencia, las limitaciones del derecho penal para prevenir el delito e incluso reflexiones realmente profundas sobre la necesidad del garantismo penal y de que el derecho penal sea mínimo. Y sin embargo, todas estas personas, están siendo silenciadas, apartadas y olvidadas del debate público.

E incluso se les critica por no querer hablar de inmigración o seguridad, cuando a lo mejor lo que pasa es que no quieren hablar en los términos de la extrema derecha.

La izquierda tendría que ser un poco más valiente y reivindicar el buenismo cuando se le ataca por no hablar de seguridad o no hablar de inmigración. Si somos capaces de alejarnos de la idea individualista y asumir que la delincuencia es un problema que tiene una dimensión colectiva, quizás también podamos adoptar decisiones más adecuadas. Y si todo esto es buenista, pues sí, soy buenista. Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista.

Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista

¿Cómo podemos abordar y cómo podemos luchar contra esta sensación de inseguridad?

La seguridad es un sentimiento mucho más complejo y mucho más amplio. Cuando hablamos con familia o amigos, todo el mundo expone algún problema. El más común es el acceso a la vivienda, pero los que vivimos en ciudades también las reconocemos cada vez menos. Donde estaba nuestro bar de confianza, ahora hay hamburguesería que te pone salsas extrañas y que podría estar lo mismo en Brooklyn que en Cádiz.

A eso hay que sumar los grandes problemas globales, como las guerras o las crisis económicas. En este contexto todo el mundo tiene mucha inseguridad y siente mucha incertidumbre. El trabajo como institución ya es incapaz de resolver muchas necesidades básicas, porque trabajando honestamente se paga el alquiler y se compra en el supermercado, pero poco más. La seguridad personal ofrece ese chivo expiatorio, cuando ese miedo puede estar vinculado a una sensación de inseguridad mucho más amplia y a una incertidumbre que se ha instaurado en nuestras personalidades como una forma de vida.

¿La agenda de la seguridad ha desplazado el foco de la política pública de otros ámbitos como la prevención o la rehabilitación?

La priorización de la seguridad busca un confort rápido, que es lo que abre la puerta a discursos populistas como expulsar a los migrantes o meter en la cárcel de por vida a determinados delincuentes. En este contexto, en el que existe además esa creencia popular tan arraigada sobre el castigo, el político encuentra algo extraordinario: la posibilidad de vender un cambio legislativo o proponer medidas que son una porquería, como poner una cámara de vigilancia, para pretender que resuelve los problemas, cuando seguramente la solución pasa por procesos mucho más complejos.

¿Y más caros a nivel de recursos?

Mucho más caros y mucho más difíciles de vender. Una política social que apunta a largo plazo es muy difícil de vender. Es mucho más fácil proponer una modificación legislativa o una medida simplista pero que permite al político salir en una foto rápida. En cambio, algo que va a empezar a tener efectos dentro de 10 o 20 años, puede resultar poco atractivo porque posiblemente no será el mismo político el que se pueda poner la medalla en el futuro.

Este libro es una apuesta para que la gente reflexione y encuentre herramientas más allá de ese discurso simplista. Creo que todo el mundo es consciente de que la criminalidad no es un problema simple. Es un problema muy complejo y difícilmente lo vamos a resolver apuntando a una única causa.

Lo cierto es que John Dillinger se ganó a pulso la fama del criminal más peligroso y amenazante de Estados Unidos en la década de 1930. Sus crímenes sirvieron para que John Edgar Hoover, el primer director de la historia del FBI, incluso lo incluyera en la lista de la agencia como “el enemigo público número uno” del país.

La historia del gángster podría haber acabado el 22 de julio de 1934, cuando este fue abatido a tiros por el FBI cuando salía del Biograph Theatre de Chicago junto a dos mujeres. Una de ellas era Anna Sage, migrante checoslovaca que, a cambio de impedir su deportación, accedió a traicionar a Dillinger y facilitar su ubicación a las autoridades.

Pero aunque la lápida del cementerio en el que se enterró aquel cuerpo abatido dice que allí yace John Dillinger, su familia siempre defendió que el hombre no murió aquel día. La teoría continuó hasta 2019, cuando la sobrina de Dillinger solicitó la exhumación del cuerpo para confirmar su identidad mediante pruebas de ADN. 

El FBI respondió entonces calificando la petición como una auténtica “teoría de la conspiración”. ¿Cómo no iba a ser Dillinger el que salió del cine aquel día de 1934 y acabó muerto? Aunque la autorización fue finalmente concedida por el Departamento de Salud del Estado de Indiana, la exhumación no se llevó a cabo. La familia de Dillinger dejó el tema, y el “misterio” sobre su muerte sigue alimentando teorías hoy. 

El historial delictivo de Dillinger

John Dillinger nació en Indianápolis en 1903 y, desde joven, estuvo metido en líos. Abandonó la escuela, empezó a robar coches y más tarde se alistó en la Marina de Estados Unidos, aunque desertó meses después. Condenado por robo, pasó años en prisión antes de quedar en libertad condicional en 1933, momento en el que volvió rápidamente a la delincuencia.

Tras su salida, Dillinger protagonizó varios robos a bancos y se convirtió en uno de los criminales más buscados por el FBI. Volvió a ser arrestado en 1933, pero logró escapar de la cárcel con la ayuda de cuatro amigos que se hicieron pasar por agentes de la policía. Un año después, volvió a entrar a prisión y su salida fue digna de película: utilizó una pistola de madera para engañar a los guardias y que lo liberaran.

“Investigar cada pista sobre Dillinger fue un esfuerzo exhaustivo”, recuerda la Oficina del Censo de los Estados Unidos en su página web. De no ser por Sage, que contactó con el FBI dispuesta a acompañar al gángster al cine y ponérselo en bandeja a la policía, no sabemos cómo se habría desarrollado el enorme historial delictivo del “enemigo número uno”. 

El Parlamento de Navarra no ha sido capaz de aprobar una declaración institucional de condena por el asesinato de una mujer el pasado viernes en Sarriguren presuntamente cometido por su pareja, un hombre que ya ha sido detenido y ha pasado este lunes a disposición judicial. Ha sido Vox el partido que con su abstención ha tumbado la declaración, que posteriormente ha sido aprobada mediante un acuerdo de la Mesa, donde no tiene representación. El partido de extrema derecha ha recurrido a ETA para justificar su rechazo al texto y ha afirmado que “nunca” va a firmar “nada con Bildu”.

“Nos parece una prueba de hipocresía absoluta que los bilduetarras hablen de condena hacia la mujer cuando ellos han sido los culpables durante muchos años de esas muertes”, ha señalado el portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez.

El resto de partidos ha afeado al partido de extrema derecha que haya tumbado la declaración institucional. “Denota un tufo xenófobo y machista”, ha condenado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán. Especialmente crítico ha sido el portavoz de UPN, Javier Esparza, que ha reprochado a Vox que “lo mezcle todo” y “busque excusas burdas” para no condenar el asesinato y no solidarizarse con la familia de la víctima. “Ya está bien. Contra la violencia machista no debe de haber excusas”, ha solemnizado Esparza. PSN, EH Bildu y Geroa Bai también han condenado el veto de Vox a la declaración.

El texto tumbado por el partido de extrema derecha, pero aprobado en la Mesa del Parlamento contiene seis puntos y en ellos se expresa la “máxima repulsa e indignación” por el asesinato “de violencia machista”, se traslada apoyo a los familiares de la víctima, se “rechaza rotundamente todas las violencias machistas que sufren las mujeres”, se reitera el “compromiso por conseguir una sociedad más justa e igualitaria”, se “hace un llamamiento a la ciudadanía a jugar un papel activo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres” y se anima a participar en las concentraciones de condena al asesinato.

Los fans del género true crime tendrán nueva serie que ver en muy poco tiempo. El próximo 6 de marzo, Netflix estrenará El asesino de TikTok, una docuserie de dos capítulos sobre uno de los casos criminales más perturbadores de la historia reciente de España: el de José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla.

El hombre fue acusado de haber asesinado al menos a seis personas, por lo que su detención en 2024 puso fin a una vida marcada por la violencia y los crímenes. Pero su caso fue más allá de los crímenes que cometió. Lo más llamativo de esta historia es la doble vida que llevó Montilla y que quedó reflejada en sus perfiles de redes sociales, especialmente en TikTok.

Todo empezó con una desaparición

El caso arrancó con Esther Estepa, una mujer sevillana de 42 años desaparecida en agosto de 2023 en Gandía. Su cadáver fue encontrado un año más tarde y todas las pruebas apuntaron directamente a Montilla como posible autor del crimen. La policía encontró una fotografía de ambos junto al cuerpo, lo que dejó patente que los dos se conocían. 

Tras su desaparición, Montilla realizó una videollamada a la madre de Esther, ofreciéndose a colaborar en la búsqueda. Posteriormente, se descubrió que este también utilizó el móvil de la víctima para enviar mensajes a la madre simulando que seguía viva y diciéndole que había decidido marcharse a Argentina con unas amigas. 

El hombre, que finalmente fue acusado del asesinato, llegó a publicar vídeos en su perfil de TikTok en los que aseguraba echar de menos a Esther. Lo que entonces no se esperaba la policía al investigar a Montilla es que este tendría relación con otros asesinatos ocurridos años antes.

Un asesino en serie

José Jurado Montilla cometió su primer delito con solo 18 años, cuando fue condenado por un asalto con violencia. En los años 80, se le atribuyen al menos cuatro asesinatos, entre ellos los de un turista alemán y otro británico. En 1987, fue detenido y condenado a 128 años de prisión. Sin embargo, fue puesto en libertad en 2013 tras la aplicación de la doctrina Parot, lo que le permitió regresar a Badajoz, su tierra natal, y volver a actuar.

El documental de Netflix pondrá el foco, entre otras cosas, en el contenido digital del asesino, reflejando cómo su huella en su perfil de TikTok, donde compartía numerosos vídeos, creó un “archivo involuntario” que fue clave para la investigación del crimen de Esther Estepa.