Después de que hayan trascendido nuevos audios de María Dolores de Cospedal que forman parte de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo dentro de la investigación de la operación `Kitchen´, el PSOE regional ha cuestionado al líder de los 'populares' castellanomanchegos que siga “respaldando” a la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015.

Unos audios que presuntamente comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos.

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez ha aludido en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, al último informe de Asuntos Internos que indaga sobre esos audios, y ha cuestionado “qué más tiene que pasar para que Núñez se pronuncie al respecto” y se “desmarque” de la investigada.

“Vemos cómo cuando las sospechas son sobre otro partido, el PP de Castilla-La Mancha y el señor Núñez no tardan en salir a hablar de ello y en hacerse vídeos. Sin embargo, cuando pasa en su propio partido, lo único que hacen es callar”, ha criticado.

Jiménez ha añadido que el PSOE lo tiene muy claro, y que va a seguir condenando de forma “rotunda” cualquier acto ilegal y de corrupción, “venga de donde venga”.

Por ello, ha reiterado, hay que pedirle a Núñez que se pronuncie sobre estos últimos audios en los que, presuntamente, se habla de pagos de 100.000 euros a José Manuel Villarejo “por unos supuestos trabajos”.

“¿Son ya suficientes pruebas las que tiene para expulsar a la señora Cospedal de presidenta de Honor del PP, o, por el contrario, la va a seguir manteniendo en ese cargo? ¿Por qué no la expulsa? ¿Teme algo el señor Núñez?, ha manifestado.

Critica el “silencio” de Núñez por el trasvase

Asimismo, la diputada socialista ha llamado la atención sobre el “silencio” de Núñez cada vez que tiene que elegir entre los intereses de Castilla-La Mancha y los de su partido, y ha subrayado que eso es lo que está pasando al no defender el agua de la región.

“Tardó muy poco en salir a defender al presidente de Murcia cuando dijo que quería que el agua de Castilla-La Mancha fuese a Murcia, pero cuando se trata de defender nuestra agua, el señor Núñez siempre calla”, ha lamentado, al tiempo que ha criticado que Núñez tampoco se haya pronunciado respecto a las últimas declaraciones del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRTAS).

Y ha concluido recordando que las sentencias del Tribunal Supremo están para ser cumplidas, y que el PP regional debe indicar a quien pida lo contrario “que hay que cumplir los caudales ecológicos”.

Cuatro años después, las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que acreditan las maniobras ilegales de la policía para eliminar pruebas de la caja B del PP vuelven a la mesa del instructor del caso Tándem, que investiga los manejos de una mafia policial que perpetró numerosas operaciones a espaldas del juez durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

El instructor que tiene ahora sobre la mesa esas pruebas es Antonio Piña, quien sustituyó a Manuel García Castellón, jubilado en 2024. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha elaborado un informe sobre tres archivos de audio por los que preguntó el juez Piña para conocer su autenticidad y su vinculación con los delitos que se investigan.

Uno de los audios grabados por Villarejo fue analizado por Manuel García Castellón en la pieza 34 del caso Tándem, abierta en 2022, sin encontrar suficientes indicios de delito para imputar a la que fue secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. En esa conversación del 20 de enero de 2013, Cospedal mostraba su temor a que existiera, y se publicara en los medios de comunicación, una “libretita” donde el extesorero Luis Bárcenas habría apuntado pagos durante años a los secretarios y vicesecretarios del PP nacional. Esos pagos trimestrales y semestrales nunca se declararon a Hacienda. El dinero procedía de donativos ilegales al PP de empresas privadas, muchas de ellas contratistas de la administración.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”, le pedía Cospedal al comisario Villarejo. Este prometía hacer todo lo posible, ya que conocía a los periodistas de El Mundo, aunque la “libretita” acabó publicada en El País el 31 de enero de 2013.

García Castellón rechazó imputar por estos hechos a Cospedal, pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares. Argumentó que el proceso penal español exige una base sólida para imputar y que no basta con sustentar una acusación en grabaciones troceadas o descontextualizadas. Además, García Castellón sostuvo entonces que el contenido de los audios reflejaba conversaciones informales que no acreditaban de manera automática una participación ejecutiva de Cospedal en la presunta trama ilegal de espionaje del Ministerio del Interior.

Ahora el juez Piña tiene otras grabaciones, del 15 de septiembre de 2014, en las que Villarejo le cuenta a Cospedal que hay que colocar al chófer de Bárcenas como policía nacional para que no hable sobre su trabajo de confidente para robar documentos a la familia del extesorero del PP.

El informe de Asuntos Internos al juez Piña recoge la transcripción íntegra de las conversaciones que acreditan las maniobras policiales conocidas por Cospedal para eliminar los denominados papeles de Bárcenas.

Cospedal a Villarejo: “¿Y la famosa libretita, dónde está?”

COSPEDAL: Ya, ya veo. Oye, y la famosa libretita ¿dónde está? ¿Tú sabes?

VILLAREJO: Yo la libretita eh… a mí no me ha dicho… he hablado con los dos estos.

COSPEDAL: Es que se lo va contando a quien lo quiere oír.

VILLAREJO: Ya, pero, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho a mí es que tiene fotocopias de algunas hojas que el otro se las ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea que la libretita no la tiene físicamente ¿eh? Vamos, no la tiene físicamente, no la… ni siquiera el Inda, creo ¿eh? Vamos, a mí por lo que me ha dicho, que… ¿va por ahí contando cosas? Es que este es un bocazas, el Inda es un bocazas total y ahora se cree el rey del mambo, pero…

COSPEDAL: ¿Y te dice este que cree que gallardín esté en la libretita?

VILLAREJO: Sí, sí, no, no, no y que…

COSPEDAL: El otro.

VILLAREJO: Efectivamente, que… fundamentalmente… que… la campaña contra ti, de que tú eres la… que tú esto lo has pro… vamos, lo has propiciado, no sé cuánto, tal y cuál, es el Javierito de los cojones y tal, y que… lo sorprendentemente ahí, se han hecho una alianza extraña el gallardín y este Javierito… no la acabo de entender.

COSPEDAL: O sea que gallardín está intrigando también.

VILLAREJO: También, totalmente, sí. Está tirando fundamentalmente porque… esta es una de las personas con las que Pedro Jota tiene una curiosa relación de amor odio.

(...)

COSPEDAL: No. Una cosa es decir yo sabía y otra cosa es decir yo trincaba.

VILLAREJO: Hombre, claro.

COSPEDAL: Ah no, es que es muy diferente.

VILLAREJO: Hombre, un testigo de referencia no es un testigo que diga “oye, yo he trincao”.

COSPEDAL: Claro. Y un tío que dice 'yo sabía', ¿pero tú lo has visto con tus ojos? Pues no es un testigo ¿eh? No.

VILLAREJO: Sí, eh… el… el Zaplana todavía por las razones que sea tiene, tiene… su, su enfrentamiento digamos, porque dice que dejaron tirados a sus amiguetes esos de allí de Valencia, de Alicante, de no sé qué, historias. Y sus historias, como además tiene esa relación tan directa con Pedro Jota, mucha relación ¿eh?

COSPEDAL: Sí, sí.

VILLAREJO: Pues este puede haber sido uno de los… y la Espe, no lo entiendo. Esta mujer, esta mujer, piensa… ¿qué quiere, repetir otra vez lo de 2008? Es que no lo entiendo.

COSPEDAL: No lo sé, yo no sé. No, pero bueno, lo que pasa es que a esta mujer se le olvida que después… que sabiendo todo Madrid que López Viejo era un sin vergüenza lo hizo consejero.

VILLAREJO: Claro.

COSPEDAL: Es que nosotros hemos tragado mucho ¿eh?

VILLAREJO: Hombre no y… con el tema de lo de Ignacio González, con la ayuda que se le ha hecho, que se le ha ayudado a tope y tal. No, no es de recibo. Pero ella sigue estando muy, muy vinculada a Pedro Jota ¿eh?

COSPEDAL: Lo sé, lo sé.

VILLAREJO: Por total y absoluto, ¿no?

COSPEDAL: Vale, vale, vale.

VILLAREJO: Pues entonces, algunas cosas yo siempre le digo tanto a él como a Ignacio, oye que quiero hablar con el amigo, tal y cual.

COSPEDAL: Por eso te estoy llamando.

VILLAREJO: Eso es, no, no, digo, que seguimos.

COSPEDAL: Lo de la libretita sería mejor poderlo parar.

VILLAREJO: Eso, eso, no, no te preocupes que… yo voy a estar, voy a estar al loro en esto, voy a hacer todo lo posible estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos, tal cual...

La Operación Kitchen, impulsada desde el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora a la familia del extesorero Luis Bárcenas, fue juzgada hace varios meses en la Audiencia Nacional y pendiente de sentencia. El fiscal del caso pidió 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Tanto Mariano Rajoy como Dolores de Cospedal acudieron al juicio en calidad de testigos y no fueron imputados nunca por estos hechos.

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha conminado al PSOE regional a explicar qué estan haciendo“ el expresidente autonómico José Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ”si quieren hablar de los expresidentes de esta tierra“.

De esta forma se ha expresado Agudo en una rueda de prensa en la que no se ha pronunciado sobre el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que podría, presuntamente, apuntar a una conexión entre las agendas personales del comisario José Manuel Villarejo con los audios que el agente grabó en secreto de sus conversaciones con la expresidenta autonómica 'popular' María Dolores de Cospedal.

Un informe por el que, previamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su “confianza” en que la justicia procese a Cospedal, mientras que desde el PSOE autonómico han exigido al presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, que critique estos “bochornosos” audios.

Tras sacar distintos folios con titulares de prensa en los que aparecían tanto Bono como Pardo, Agudo ha pedido “por coherencia y por valentía” al actual presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, que “critique estos bochornosos chanchullos” a los que hacían referencia esos titulares de prensa.

Asimismo, ha recordado que Bono “su mentor político, su guía espiritual, su padre político”, mientras que de Pardo ha dicho que es “su amigo” y quien fuera presidente de las Cortes autonómicas.

“Muy valientes son desde el PSOE de Castilla-La Mancha para hablar de otros partidos, pero poco para hablar de los propios. Si quiere el PSOE y Page hablar de los expresidentes de esta tierra, que empiecen por explicar qué están haciendo el socialista Bono y el socialista Pardo”, ha remachado.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido hoy “coherencia y valentía” al presidente del PP regional, Paco Núñez, para criticar los “bochornosos” audios de María Dolores de Cospedal, que fuera secretaria general de los 'populares', que aparecen en el último informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y que la vinculan con la agenda de José Manuel Villarejo.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha trasladado, en rueda de prensa en el Parlamento autonómico, que este nuevo informe “conecta” con lo que el PSOE viene diciendo desde hace mucho tiempo y sitúa a Cospedal, y hasta a quien fuera presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, “donde siempre han estado”.

Habla de “estupor” ante estos nuevos audios y dice no entender que el PP de Castilla-La Mancha aún no se haya pronunciado. También se pregunta si Núñez va a aprovechar el pleno de este jueves para, con “coherencia”, criticar esta última información que ubica a Cospedal, una vez más, “a la cabeza o en la máquina de la corrupción de la Kitchen”.

“Sería coherente porque son muy valientes cuando hablan de las conductas dudosas de otros partidos, pero no dicen nada cuando se trata de los suyos, que al menos tengan la mitad de coherencia y de valentía que tiene Page en esta región”, ha apuntado.

Sería coherente porque son muy valientes cuando hablan de las conductas dudosas de otros partidos, pero no dicen nada cuando se trata de los suyos

Abengózar ha insistido en que los socialistas de Castilla-La Mancha siempre critican cualquier conducta en su partido “de dudosa moralidad o legalidad”, y ha instado a los ‘populares’ a hacer lo propio y “distanciarse y pronunciarse sobre quién es su presidenta de honor”, que en esos audios “decía pagar, presuntamente, 100.000 euros de una empresa pública relacionada con los residuos al señor Villarejo por los trabajos prestados”, ha concluido.

“Tengo la confianza en que la Justicia actúe y que se proceda a procesar a Cospedal”. Así de contundente se ha mostrado este jueves el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha José Manuel Caballero, cuando se le ha preguntado en una rueda de prensa por su valoración sobre los nuevos audios de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, que forman parte de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

Unos audios que presuntamente comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos.

“Sin duda los audios de hoy son todavía más graves y espero que se someta al imperio de la ley”, ha dicho el numero tres del gobierno de Emiliano García-Page porque, lamentaba, “hasta ahora se ha estado escapando por los pelos” de lo que, desde su punto de vista “parecen delitos fragrantes para ocultar pruebas”.

ElDiario.es ha tenido acceso a algunas de estas grabaciones.

Y es que, un nuevo informe de la Policía conecta estos audios con los diarios de Villarejo y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha validado a requerimiento del juez Antonio Piña, que instruye todavía decenas de piezas separadas del caso Tándem, las grabaciones. El análisis se ha enviado a la Audiencia Nacional que ha ordenado buscar “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha validado a requerimiento del juez Antonio Piña, que instruye todavía decenas de piezas separadas del caso Tándem, grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos. El informe policial compara las fechas de las grabaciones con las anotaciones de Villarejo en su agenda personal, y les concede la autenticidad sobre la que preguntaba el juez Antonio Piña.

En una de esas grabaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, Villarejo le cuenta su idea de que el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, haga policía a Sergio Ríos Esgueva, chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que colaboró con la policía política para robar documentación sobre la financiación ilegal del partido que entonces presidía Mariano Rajoy. En la misma conversación, fechada el 15 de septiembre de 2014, Cospedal le asegura a Villarejo que el presidente del Gobierno sabe que le han “limpiado” a Bárcenas toda la documentación que comprometía al PP sobre la financiación ilegal. Luis Bárcenas controló durante al menos 20 años una caja b del PP donde ingresaron más de ocho millones de euros de empresarios que a su vez eran contratistas de administraciones gobernadas por la formación conservadora. Barcenas apuntó en esa contabilidad paralela como parte de los ingresos acababan en manos de los principales dirigentes del PP, entre ellos Rajoy, en forma de sobresueldos trimestrales o semestrales.

El informe de Asuntos Internos, adelantado por El País, transcribe la literalidad de una grabación que hace varios años hizo pública RAC-1 y que entregó a la policía. Los audios, a los que ha tenido acceso elDiario.es junto al informe policial, reflejan cómo Villarejo le cuenta a Cospedal los riesgos que entraña la figura del chófer de Bárcenas, al que han pagado 2.000 euros mensuales de fondos reservados y al que habría que meter dentro de la Policía Nacional —cosa que ocurrió— para evitar que en un futuro pudiera hablar sobre esa operación ilegal.

“Cuando pasan los años es cuando aparecen los cadáveres por ahí”

VILLAREJO: El tema de Barcenas ese tema, es que…

COSPEDAL: ¿Y ese tío cómo está?

VILLAREJO: Bueno, ese tío… eh… afortunadamente gracias al personaje que tú ya conoces, que esa es otra, yo le he dicho algo muy simple, le he dicho: “Antes de irme, antes de jubilarme, no me gusta dejar flecos, porque tengo experiencia en los flecos y siempre son malos”

.COSPEDAL: Sí, sí, siempre. ¡Siempre!

VILLAREJO: En la época del Gal fue malo, ¡siempre son malos! Este tío que nos ha estado dando información hacerlo policía nacional…

COSPEDAL: Algo.

VILLAREJO: No, no vale… o sea ¿entiendes? O sea, le estamos dando todos los meses dos mil euros, da igual. Este tío [el chófer de Bárcenas] lo hacéis policía nacional, básico, y ya no puede hablar y ya es un policía nacional que ya no se sabe si era policía antes o después, o si era un infiltrado que habían metido para sacar información. Y claro “y bueno, pero eso va a ser muy complicado”, que no es complicado coño, que es muy simple. Que bueno, ahí están dándole vueltas, ojalá y me hagan caso. ¿Por qué? Porque lo mismo que es un error dejar a la Vicky suelta ¿eh? Es un error dejar a este chico suelto y es un error dejar, pues eso, a toda, a todas esas cosas… ¿Por qué? Porque los años al final te das cuenta de que cuando pasan los años es cuando aparecen los cadáveres por ahí.

COSPEDAL: Y siempre aparecen.

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La Audiencia Nacional juzgó hace varios meses el denominado caso Kitchen, el espionaje a Bárcenas pagado con fondos reservados del ministerio del Interior, en el que se piden fuertes penas de cárcel para media docena de comisarios, el ministro del Interior en aquella época, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Francisco Martínez. El tribunal nunca pudo escuchar estos audios que demuestran el conocimiento de la cúpula del PP sobre las operaciones ilegales de la policía. Tanto Rajoy como Cospedal acudieron al juicio en calidad de testigos. El caso está pendiente de sentencia.

“A mí me lo ha contado el presidente”

VILLAREJO.  A mí… mí…me preguntan claro, a mí me pregunta por ejemplo por el cocinero, que es el nombre guerra que yo le doy al tío de Bárcenas. Claro, me dice “oye que me han preguntado por el cocinero”, y yo… “¡Pero ¡qué dices!”, entonces ¿sabes?, entonces es clarísimo que se lo han dicho… Porque eh, que no lo sabe nadie.

COSPEDAL: Porque la fuente es la misma, joder.

VILLAREJO: Pero te quiero decir que es que no lo sabe nadie, entonces que a mí Javier Iglesias me dice: “No, es que tengo que comunicar con el enlace” que tú sabes quién es, “tengo que comunicar para arriba, porque está pendiente de esto y tal, y quiere tu opinión de esto”, ¿entiendes?, y se ha encontrado hace un mes una documentación complicada, yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.

COSPEDAL: ¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?

VILLAREJO: No, la hemos encontrado nosotros.

COSPEDAL: Vosotros.

VILLAREJO: ¡Perdona! Yo no he tenido acceso porque no me han dejado, o sea, yo he…

COSPEDAL: Bueno, pero ellos han encontrado la del… la del último no lo sé, yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este de todo lo que tenía, ¿no?

VILLAREJO: Bueno, pues eso, ¿eh?, que yo prepare la operación.

COSPEDAL: A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más.

El centro comercial más grande de la ciudad de Madrid, con hasta 400.000 metros cuadrados de superficie construida, acaba de obtener el visto bueno del Gobierno de Almeida. La última reunión del alcalde con sus delegados dio luz verde al plan para abrir una enorme infraestructura sobre cuatro de las parcelas sin construir de Valdebebas.

El acuerdo no fue comunicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, aunque formaba parte del listado de decisiones previas a las vacaciones, según ha podido comprobar Somos Madrid. De esta forma, el planeamiento saldrá a información pública en agosto, un mes en el que tradicionalmente cumplen este periodo obligatorio de transparencia los proyectos más polémicos.

Lo que el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha aprobado es un plan especial para las parcelas 166-A1, 166-A2, 166-C y ZV-019 de Valdebebas. Las tres primeras corresponden a los terrenos donde se situarán los dos edificios del centro comercial y la cuarta el parque municipal sobre el que se establecerán dos espectaculares conexiones en altura.

El proyecto está promovido por General de Galerías Comerciales SA, una empresa que posee más de una decena de centros comerciales a lo largo de la geografía nacional y cuyo dueño, Tomás Olivo, se ha colocado como una de las fortunas más grandes de España al ser ubicado en la sexta posición en la última lista Forbes. El nombre de este empresario murciano saltó a la palestra en Madrid el pasado mes de mayo, al conocerse que había comprado también el icónico Edificio Telefónica de Gran Vía.

Lo que Olivo quiere levantar en el distrito de Hortaleza es el proyecto Valdebebas Shopping, donde hizo una inversión inicial de 55 millones de euros en el año 2020 para la compra de los terrenos. Contará con los citados 400.000 metros cuadrados de extensión, de los que 120.000 serán de alquiler comercial, para dar cabida a unas 280 firmas.

El Ayuntamiento de Madrid ha negociado durante meses los flecos de este proyecto, debido a que las pasarelas proyectadas para unir las parcelas privadas atravesarían el cielo de un parque público. Por ello era necesario un plan especial que ahora ha sido aprobado por el consistorio.

Negociaciones con Cospedal

Entre las reuniones para negociar estos detalles destacó una por la presencia de la que fuera secretaria general del Partido Popular entre los años 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal. La exdirigente del PP representó como abogada a la empresa de Tomás Olivo en uno de sus encuentros con cargos municipales, celebrado en diciembre el año 2024. Por parte del Ayuntamiento de Madrid solo acudió la subdirectora general de Planeamiento, Eva Torres. En el encuentro también estuvieron el director de Chapman Taylor España, compañía que ha diseñado el centro comercial y el jefe de operaciones de la auditora Opciona Gestión y Proyectos.

Los detalles de cómo será el centro comercial no se conocen todavía. El proyecto inicial lo desveló hace más de un año la cuenta de X @HilosValdebebas, aunque está por ver si ha sido modificado en algún punto para obtener el visto bueno municipal.

Valdebebas Shopping obtendrá el permiso municipal pocas semanas después de que la Comunidad de Madrid le facilitara una importante ventaja: la llegada del transporte público hasta sus puertas. La Consejería de Transportes ya tiene cerrada la reserva del espacio para una estación de Metro a sus puertas, que formará parte de la ampliación definitiva de la línea 11 desde Mar de Cristal. La estación no será inmediatamente construida, pero la apertura del centro comercial dentro de unos años podría venir acompañada de esta construcción.

El nuevo negocio de Tomás Olivo abrirá en una de las zonas de la capital por las que más apuestan las administraciones públicas: estará situado enfrente del aeropuerto de Barajas, en el extremo oriental de Valdebebas, el barrio que también acogerá el circuito de Fórmula 1 dentro de poco más de un mes o el distrito tecnológico que prepara el Real Madrid. El plan especial de este último proyecto también fue aprobado en la Junta de Gobierno del pasado jueves.

En verano, en Un tema Al día aprovechamos para recomendarte otros podcasts que nos gustan. Hoy te proponemos escuchar un podcast mítico: Catástrofe Ultravioleta. Es un podcast de nuestro compañero Antonio Martinez Ron, y de Javier Peláez y Javi Álvarez, que va por su segunda temporada, y que te acerca el mundo de la ciencia a través de historias cotidianas, diversas y sorprendentes, siempre con una buena dosis de humor.

Este es el segundo episodio de la segunda temporada de este podcast que se titula Veneno, y habla sobre una carrera trepidante y contrarreloj que desata la picadura de una víbora para encontrar un antídoto. El protagonista de nuestra historia, Marcos (nombre ficticio), tuvo el tiempo justo antes de desmayarse para poner en marcha el operativo de emergencias.

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Enlace al episodio: Catástrofe Ultravioleta

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Te traemos el episodio que hicimos con motivo del arranque del juicio a una de las tramas de corrupción política más graves de los últimos años: el caso Kitchen, o la brigada policial que desde el Ministerio del Interior y pagada con fondos reservados, intentó sabotear la investigación judicial del caso Gürtel mediante seguimientos y destrucción de las pruebas que custodiaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y que implicaban a la cúpula del partido. Es uno de los tres operativos que desde dentro del Gobierno de Mariano Rajoy, funcionaron para atacar ilegalmente a sus enemigos políticos.

El periodista de elDiario.es, Pedro Águeda, nos acompaña en la narración de este capítulo, que hicimos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 6 de abril de 2026***

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha exigido hoy al PP regional “coherencia” para “pedir explicaciones y reprochar” la conducta de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en el ‘caso Kitchen’, tras haberse conocido que la Audiencia Nacional ha requerido sus audios con el comisario José Manuel Villarejo.

“Aquí hay una persona que está en todas las salsas y que tiene una vinculación con Castilla-La Mancha: Cospedal, que todavía sigue estando en esta causa sin que haya afrontado o dado las oportunas explicaciones. Hay un ministro que está siendo juzgado con el riesgo de tener una pena de 15 años de cárcel. Lo mismo puede ocurrir con el director general de Cospedal, y entendemos que la propia Cospedal tiene que contar toda la verdad”, ha señalado.

Ha remarcado así en que el PP tiene que ser, por tanto, “coherente”, y hacer como el PSOE: “Llamar al orden y pedir explicaciones a sus propios compañeros, y reprochar y repudiar este tipo de conductas”.

También ha criticado al presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, por no haberse pronunciado aún al respecto, cuando “sería bueno” tanto que le pidieran explicaciones a Cospedal, como que explicaran “por qué en connivencia guardan silencio”, hasta el punto de haberla nombrado presidenta de honor del partido autonómico cuando “ya estaba en la cuerda floja de la Kitchen”.

El PP pasa la pelota al PSOE

Desde el PP, su portavoz regional, Alejandra Hernández, se ha limitado a mostrar su respeto a la justicia tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional. “Tendrán que ser ellos los que tomen las decisiones oportunas”, ha dicho, y acto seguido ha hecho hincapié en que los principales casos que se están investigando “tienen mucho que ver con el Partido Socialista”.

Además, ha afeado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por seguir “callado” ante todas esas noticias que “vemos que cada día van aumentando en su partido” mientras “guarda silencio” el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. “Les gusta hablar mucho de los demás, pero hacer autocrítica y hablar de lo suyo no”.

En un giro imprevisto, los policías que investigaron el caso Kitchen volverán al trabajo en los próximos días. Con el fin del juicio previsto para el 30 de julio, el actual juez instructor de la causa, Antonio Piña, ha aceptado que la Unidad de Asuntos Internos elabore un informe sobre las comunicaciones entre el comisario José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro acerca de las presuntas entregas de dinero de la antigua secretaria general del PP y su entonces marido al policía.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Piña también ordena que la emisora RAC1 entregue unas grabaciones cuya publicación en marzo de 2025 no consiguió que fueran valoradas por la justicia, permitiendo que María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy se hayan paseado por la vista de Kitchen como testigos, en algunos momentos olvidadizos y en otros, incluso displicentes.

Uno de esos audios muestra cómo el 15 de septiembre de 2014, aproximadamente un año después del grueso de la operación Kitchen, el comisario Villarejo visita a Cospedal en su despacho de la planta séptima de la sede nacional del Partido Popular.

Villarejo: Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada… Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente

Cospedal: ¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?

Villarejo: No. La hemos encontrado nosotros.

Cospedal: Vosotros. No, porque yo sé que han encontrado. Lo del último mes no lo sé; yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este [Bárcenas] todo lo que tenía

Villarejo: Bueno, pues eso…

Cospedal: A mí me lo ha dicho el presidente. No me lo ha dicho nadie más.

Uno de los secretos que quedaba por aclarar de la macrocausa Villarejo era –sigue siendo– el de la pieza 34. El segundo instructor del caso, Manuel García Castellón, decidió abrirla como una suerte de almacén de todos los audios de Villarejo publicados por medios de comunicación, los que fueron volcados en Telegram por el ultra Alvise y los entregados en el juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset. Aún es un misterio si todas estas horas de grabación pertenece al aproximadamente 50% de los audios de Villarejo que siguen encriptados en la Audiencia Nacional.

La pieza permaneció inaccesible para las partes durante dos años. En su interior escondía un informe de Asuntos Internos que a punto estuvo de pasar desapercibido. En él, la Policía advertía de que adjuntaba un anexo con unos audios denominados MDCospedal “para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7 [Kitchen]) por parte de su autoridad”. Esa valoración nunca se produjo.

La acusación popular del PSOE analizó los audios y solicitó, antes del juicio, la imputación de María Dolores de Cospedal, de su exmarido Ignacio López del Hierro y del Partido Popular como persona jurídica. El actual instructor, Antonio Piña, rechazó de plano las aspiraciones de los socialistas con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La acusación popular del PSOE ha conseguido que algunos extractos se reproduzcan en el juicio de Kitchen, pero sin apenas alcance: ni Cospedal ni Rajoy llegaron a la vista como acusados.

Tras insistir, la representación del PSOE ha logrado que el juez Piña dicte un auto de aclaración a aquel que denegó la imputación de Cospedal admitiendo las dos diligencias citadas: que se requiera a RAC1 los audios y que Asuntos Internos elabore un nuevo informe. Si este apreciara indicios de delito y el juez asumiera su tesis se abriría una causa independiente del caso Kitchen sobre los nuevos investigados, explican fuentes jurídicas.

Entre los audios que tendrá que analizar Asuntos Internos existen algunos sobre los que la unidad ya se ha pronunciado. En la pieza 34 está el contenido de la grabación publicada por El País en la que Cospedal ordena a Villarejo que detenga la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad B del Partido Popular. Anticorrupción, con el informe de Asuntos Internos, solicitó que Cospedal volviera a ser imputada, pero García Castellón se negó.

En otro de los audios, Cospedal confiesa a Villarejo que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le hace entrega de los informes de la UDEF sobre la caja B y Gürtel con solo un día de antelación a que lo tenga el juez. Como el anterior, se trata de grabaciones de 2017.

Un tercer audio es posterior, de 12 de septiembre de 2017. Cospedal suma a su puesto de secretaria general del PP el de ministra de Defensa. Villarejo se ve rodeado por todos los escándalos sobre su patrimonio oculto y sus maniobras extraoficiales. El marido de Cospedal lo recoge en un punto del centro de Madrid y lo conduce al despacho de su esposa. Villarejo le pide ayuda. Cospedal contesta: “Yo hablo con quien tenga que hablar”.

La verdad sobre los pagos encubiertos de Cospedal a Villarejo

De otro lado está el informe que ya ha encargado a Asuntos Internos. La Policía se centrará en uno de los asuntos más graves y en que menos se detuvo el juez García Castellón: las alusiones en la agenda de Villarejo y en las grabaciones a los pagos de Cospedal bajo cuerda al comisario.

El 6 de diciembre de 2012, por ejemplo, Villarejo anotó en su agenda “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. “José L. Orti” es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal entonces y quien también fue investigado en Kitchen antes de que la causa contra él se archivara.

Menos de dos años después, Villarejo volvería a escribir el resumen de su cita con Cospedal en el hotel Orfila el 14 de septiembre de 2014: “18:15 en Orfila [hotel próximo a Génova]. Cambio al final a la sede 7ª [planta de la sede del PP]. Pide que haga un análisis de Esquerra. Comprende que quiera jubilarme. Promete pagar la deuda de 100”.

En el juicio del caso Kitchen, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha dirigido toda la investigación contra Villarejo explicó que su método de trabajo sobre las agendas del comisario consistió en cotejar las anotaciones con hechos constatables. La conclusión fue la siguiente: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”,

Ahora, el juez Piña ordena a Asuntos Internos que “identifique si entre el material incautado al señor Villarejo se identifican conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad de este con la señora Cospedal o el señor López [del Hierro], correos electrónicos o transferencias bancarias”.

El juicio del caso Kitchen, la última guerra sucia en España ocurrida hace 13 años, se ha visto desplazado por las investigaciones de corrupción del actual Gobierno y el desinterés de un amplio espectro mediático por informar de la trama más grave ocurrida durante el último Ejecutivo del Partido Popular, justo cuando los conservadores aspiran a recuperar el poder. El desarrollo de la vista tampoco ha ayudado a romper esas barreras: el único mando policial arrepentido, Enrique García Castaño, evitó el banquillo por una grave enfermedad; y el político que amagó con tirar de la manta, Francisco Martínez, se buscó el mismo abogado que otros acusados y nunca lo hizo. Pese a ello, la Fiscalía se ha mantenido inamovible en las convicciones que tenía al comenzar la vista y este lunes volvió a pedir 15 años de cárcel para varios acusados. Entre ellos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes que el juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que finalice el 30 de julio, aunque ya solo resta que las partes expongan sus informes finales, de los que este lunes adelantaron las conclusiones. La foto del banquillo de los acusados fue, desde el primer día, la única instantánea que hay hasta ahora de la guerra sucia del Partido Popular. Pero con notables ausencias. El juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, impuso un “círculo rojo” de protección alrededor de la cúpula del PP, según denunciaron los primeros fiscales del caso cuando recurrieron el archivo de la causa contra María Dolores de Cospedal. También se quejaron de que el magistrado cerrara abruptamente la investigación cuando se empezaba a indagar en los indicios sobre Rajoy. En la fotografía de aquella guerra sucia están todos los que son, pero no están todos los que fueron.

En el banquillo también faltaba 'El Gordo', el comisario más aclamado y temido en la Policía desde la democracia. Mucho más que un Villarejo que nunca existió para la mayoría. García Castaño sufrió un ictus que le mantiene en una situación de extrema dependencia y que, sobre todo, le impide defenderse. Sin su testimonio 'autoinculpatorio' en fase de instrucción nunca hubiera sido imputado el primer político, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y sin la acusación contra este no hubieran aflorado los indicios contra el ministro del Interior, Jorge Fernández.

El testimonio de García Castaño ante el juez y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano se ha reproducido durante nueve horas en el juicio, pero a puerta cerrada. La Audiencia Nacional, como hace con cualquier juicio de trascendencia, facilitó la señal por Internet de la vista, a excepción de la fase dedicada a la reproducción de la prueba. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, argumentó que algunos pasajes de las grabaciones de Villarejo y otro material que se iban a exhibir afectaba a la intimidad de terceros.

Así que nadie que no se plantara en el polígono industrial de San Fernando de Henares, donde tiene una de sus sedes el tribunal, pudo escuchar la frase que cambió el caso Kitchen: “Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay son unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor [Bárcenas]. Por un lado, las donaciones que se le daban (...) Por otro lado, los pagos que hacía en B”. El Gordo asegura que ha recibido la orden de recuperar los discos duros al margen de la investigación judicial de la caja B y que las instrucciones partieron del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y del número dos de Interior, Francisco Martínez.

La prohibición para retransmitir esa frase del juicio también impidió al público no presente en la sala escuchar a María Dolores de Cospedal dar instrucciones a Villarejo para que no fueran publicados los papeles de Bárcenas. La secretaria general del PP entonces ha estado presente en el juicio en varias ocasiones y una de ellas, de cuerpo presente. Declaró como testigo entre olvidos y negaciones de la más absoluta evidencia. Llegó a decir que nunca había hablado por teléfono con Villarejo cuando la orden anterior se la dio en conversación telefónica reproducida durante el juicio.

Más displicente incluso se mostró su enemiga Soraya Sáenz de Santamaría, quien recostada en la silla de los comparecientes aseguró que el asunto de la Kitchen no le había preocupado ni siquiera para preparar una posible pregunta en la rueda de prensa que ofrecía como portavoz del Gobierno tras los consejos de ministros. Entre sus atrevidas afirmaciones negó que el CNI tuviera nada que ver con la Kitchen, incluso desconocía que el servicio de Inteligencia tuviera “animadversión” al comisario Villarejo. Como Cospedal, nunca estuvo acusada, así que sus afirmaciones no tuvieron consecuencia alguna.

A la espera de Francisco Martínez

Los acusados del juicio declararon tras las comparecencias de los testigos y la reproducción de la prueba. La expectación era máxima para conocer qué ocurriría con el secretario de Estado de Seguridad. Hubo un momento, a finales de 2019, en el que Francisco Martínez se vio acorralado. 'El Gordo' le señalaba y el ministro del Interior daba entrevistas asegurando que no tenía ni idea de qué era eso de la operación Kitchen. Así que él se fue a dos notarios a que dieran fe de unos mensajes que guardaba en su móvil. En uno de ellos, Jorge Fernández le trasladaba quién era el topo en la familia Bárcenas, con nombre y apellidos. En otro le informaba sobre los avances del operativo.

El enfrentamiento entre ellos en fase de instrucción había supuesto el momento de psicodrama de la causa. El juez García Castellón organizó un careo en el que se lanzaron duros reproches. El ministro dijo que no tenía duda de que Martínez hubiera recibido esos mensajes, pero tampoco la tenía de que él no era el autor de esos envíos. En el juicio han declarado los dos notarios, que han confirmado que Martínez tuvo en su teléfono esos mensajes, pero también que no comprobaron, porque no son peritos, que el número que tenía en su agenda como “Jorge Fernández Díaz”, y del que procedían los mensajes, fuera realmente el del ministro.

Para entonces ya se había adivinado el pacto entre ambos. El abogado de Fernández Díaz había pedido que su cliente declarara después de Martínez, pese a que el orden era el contrario, alegando que los únicos indicios contra el exministro eran las afirmaciones de Martínez. El abogado de este no se opuso. En las declaraciones, ambos se dedicaron elogios. Martínez llegó a decir que Fernández Díaz había sido “el único” que había confiado en él.

El ex secretario de Estado no conservaba esos mensajes cuando Asuntos Internos y los fiscales entraron en su casa en marzo de 2020. Lo que había en su teléfono, por ejemplo, eran reflexiones sobre las dificultades en las que se encontraba por haber sido leal a los “miserables” de Rajoy y Cospedal. De ahí la posibilidad de que contara más de lo que había hecho hasta ahora, más si se tiene en cuenta que la Fiscalía le considera el “coordinador” de la Kitchen, hay un testimonio directo contra él y la petición de cárcel alcanza a los 15 años. Pero no ocurrió. Su abogado ni siquiera cuestionó al perito de la defensa de Fernández Díaz que puso en duda la trazabilidad de los mensajes que incriminan al exministro.

La mayoría de los acusados han optado por contestar únicamente a sus defensas y a las preguntas que les quisiera hacer la presidenta del tribunal. Solo Villarejo, que apenas se juega nada en este juicio si se enmarca en el alud de condenas y acusaciones pendientes que tiene; el chófer Sergio Ríos, sin vinculación con la brigada política del PP; y, sorprendentemente, José Luis Olivera, contestaron a las preguntas del fiscal.

Esta estrategia conservadora pasaba por defender ante sus abogados que la Kitchen existió –los pagos de fondos reservados o la constancia de seguimientos a la familia así lo atestiguan– pero que estaba destinada a encontrar dinero escondido por Bárcenas y testaferros. Por eso resulta tan importante el testimonio del inspector jefe Manuel Morocho, el verdadero investigador de los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Ruz. Morocho dijo desconocer por completo la operación Kitchen y aseguró que se hizo a sus espaldas. De paso, relató una serie de coacciones y presiones que sufrió mientras investigaba al PP por parte de toda la cadena de mando policial.

Los testigos, miembros de esa cadena de mando, y los acusados que fueron sus superiores, intentaron describir a un Morocho obsesivo y con mal carácter. El último, Olivera. El impulsor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán atribuyó la acusación de Morocho de querer comprarle al “rencor”.

El comisario Andrés Gómez Gordo, suspendido de sus funciones por el procesamiento en el caso Kitchen, ha cerrado este miércoles su declaración con una frase que resume su carrera como policía: “Intentar medrar no es delito”. El agente no ha aludido a que para progresar haya tenido necesariamente que delinquir, pero se da la circunstancia de que se sienta en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, malversación y dos delitos contra la intimidad.

Gómez Gordo, además, tiene antecedentes por haber utilizado su posición de funcionario público, en concreto de policía, para propulsarse a otros destinos y ya instalado en ellos delinquir: está condenado por la Audiencia de Madrid a tres años y medio por prevaricación en concurso con malversación por el caso Ciudad de la Justicia, proyecto fallido del PP madrileño para el que fue elegido jefe de seguridad a razón de 6.000 euros mensuales y 100.000 de indemnización. En Kitchen es defendido por el despacho de abogados que representa a Víctor de Aldama y Julio Iglesias.

La afirmación “intentar medrar no es delito” fue pronunciada por Andrés Gómez Gordo cuando su abogada le preguntó por los intercambios de mensajes con el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, impropios de un jefe de Vigilancias de la UDEF, con un número dos de Interior. Gómez Gordo negó que la información que intercambió con el secretario de Estado sobre la operación Kitchen demostraran su implicación en el operativo ilegal y que respondían a esa intención de “medrar” con el político.

Los miembros de la brigada política del PP fueron recompensados con destinos 'dorados' y medallas pensionadas. El caso de Gómez Gordo es paradigmático. Estuvo cuatro años fuera de la Policía, trabajando para María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. No habían pasado seis meses de su reincorporación a la Policía en 2015 cuando fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito –destinada a quien ha puesto su vida en peligro– y que lleva un aumento de por vida del 10% en la mensualidad. Él ha dicho hoy que con esa condecoración le recompensaban toda su trayectoria en la Policía.

La versión del acusado es que el chófer de los Bárcenas –que también ha declarado este miércoles– se puso en contacto con él porque se conocían de la anterior etapa de Gómez Gordo medrando fuera de la Policía, concretamente a las órdenes del procesado por corrupción Francisco Granados cuando este era consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A Sergio Ríos, el chófer, le habían intentado captar “de forma brusca” Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y el conductor pensó en consultar a su antiguo amigo Andrés Gómez Gordo.

La versión de la acusación es que la magnitud del confidente, que tenía en sus manos recuperar el material que incriminaba a Mariano Rajoy y la cúpula del PP en el caso de la caja B, provocó el inmediato regreso de Gómez Gordo de Toledo a Madrid, con la bendición de su jefa allí, María Dolores de Cospedal. Él, sin embargo, ha contado que estaba harto de viajar con la presidenta autonómica y que habló con sus colegas en la policía para que le buscaran un puesto. Dio la casualidad que la jefatura de vigilancias de la UDEF estaba libre. Luego iría en “atribución especial de funciones” durante tres meses a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el nido de la brigada política del PP.

Gómez Gordo tuvo que encargarse de conseguir la cooperación del chófer de los Bárcenas, siempre por orden de sus superiores, y en lo que creyó siempre que era una operación legal contra “el delincuente número uno” en ese momento, Luis Bárcenas. “A mí el señor Ignacio López del Hierro jamás me dijo nada”. Esta es la vez que más cerca ha estado de mencionar el nombre de María Dolores de Cospedal, contra quien no se dirige la investigación gracias al empeño del juez instructor Manuel García Castellón por despreciar los indicios contra ella.

Villarejo, que llamaba 'Andy' a Gómez Gordo, escribió en sus agendas que este iba a aprovechar el verano para “copiar lo que le quitaron a LB (Luis Bárcenas)” y que se alojaba en un despacho de la DAO. Este miércoles, Gómez Gordo ha dicho que Villarejo escribiría eso porque “a lo mejor estaba cabreado” por la “guerra de comisarios” que se vivía entonces. El jefe de Asuntos Internos que ha investigado Kitchen dio total credibilidad a las agendas del comisario durante su declaración en el juicio: “Villarejo no se engañaba a sí mismo”.

Gómez Gordo fue protagonista del intento de 'blanquear' la operación Kitchen como una investigación para intentar descubrir dinero y testaferros ocultos de Bárcenas. Se trata de la tesis mayoritaria en las defensas para, ante las evidencias de seguimientos y robo de documentación, alegar que se trataba de una operación legal que, sin embargo, no conocían el juez ni los policías que de verdad investigaban a Bárcenas. El modo fue incluir en una base de datos los seguimientos para simular que los compartían con los auténticos investigadores.

“Lo único que he hecho es presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota a Gati [base de datos] porque me lo han ordenado, y hacer los pagos [de fondos reservados al chófer] porque me lo han ordenado. Me dediqué a cumplir las órdenes, ni siquiera fui a la DAO por decisión mía”, ha declarado Gómez Gordo.

Un arcón de Rosalía con doble fondo

Tras él ha sido el turno de Sergio Ríos Esgueva, el chófer de los Bárcenas que actuó como topo de la brigada política y al que Villarejo apodó 'El Cocinero' o 'Coci'. Policía suspendido en la actualidad, Sergio Ríos ha negado todos los hechos delictivos que se le atribuyen: no facilitó la clave del local de Rosalía Iglesias a la brigada política, tampoco le entregó tres dispositivos móviles en el Vips de Velázquez para ser clonados, ni robó papeles de la mujer de Luis Bárcenas para los comisarios acusados.

Ha explicado que él pensaba que estaba colaborando “con la Policía” y que Villarejo le dijo que él era “responsable de un grupo de inteligencia de la Dirección” del Cuerpo. También ha rechazado que además de los 2.000 euros mensuales como confidente fijo hubiera sido recompensado con el ingreso en la Policía a los 42 años y que el mérito fue solo de él. Villarejo comentó la idea de que ingresara en el Cuerpo al número dos de Interior para tenerle atado y que no desvelara la operación en el futuro. “Acaba de entrar una compañera de 53 años y otro de 51”, ha dicho Ríos ante el tribunal como argumento.

El chófer de la familia Bárcenas ha asegurado también que cuando llevaba a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, sufrieron seguimientos que, por su experiencia, no correspondían a policías ni a periodistas. La afirmación se ha producido durante las preguntas del fiscal Anticorrupción, pero por una aclaración que ha solicitado la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, quien ha apelado a su experiencia en seguridad para que diese su opinión sobre quiénes podían seguirles. “Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, que manifestó que tenía enemigos, más dentro del partido”.

Ríos Esgueva ha desvelado una característica del supuesto escondite de las grabaciones de Bárcenas a Rajoy que buscaba el operativo Kitchen que no había surgido hasta ahora en el juicio. El arcón –“cajonera”, le ha llamado él– tenía dentro dos cajones que al moverlos abrían un doble fondo, según le contó la propia Rosalía. Bárcenas dijo en su declaración que ahí guardó una copia de los audios con Rajoy, pero que al salir de la cárcel ya no estaban. El comisario García Castaño afirmó en fase de instrucción que cuando allanó el local dentro del arcón no había nada.

“*medrar: intr. Dicho de una persona: Mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc., especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias” (rae.es)

El juicio del caso Kitchen retoma su actividad tras dos semanas de paréntesis con la declaración de varios mandos de la brigada política que el PP utilizó para sabotear presuntamente el caso de la caja B y también para atacar a independentistas catalanes y Podemos. Entre ellos destaca Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal, quien regresó a la Policía para controlar la colaboración del topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer de la familia, que también declarará este mismo miércoles o en sesiones posteriores.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Andrés Gómez Gordo. Para entender su entidad en la trama sirve que es la misma condena que solicita el Ministerio Público para el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Gómez Gordo es el paradigma de la corrupción policial en democracia. Dos veces ha dejado la Policía para trabajar al servicio del PP, aunque cuando estuvo en servicio activo también se plegó a los intereses del partido, según se juzga en Kitchen.

Andrés Gómez Gordo trabajó para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. En ese periodo conoció al conductor del consejero, un tal Sergio Ríos, exmilitar y guardia de seguridad. De aquel periodo, el comisario Andrés Gómez Gordo se llevó una condena de tres años y medio de cárcel, impuesta por la Audiencia Nacional, en el caso Ciudad de la Justicia.

Su segunda excedencia en la Policía también está en el origen de su otro problema judicial, el caso Kitchen. Cospedal se llevó a Gómez Gordo a la Presidencia de Castilla-La Mancha y lo nombró director de Documentación. Esa denominación era una maniobra de distracción sobre las auténticas funciones del policía, espía para Cospedal y jefe visible de su escolta. Todavía queda la duda de si él informó de la posibilidad de captar al chófer de los Bárcenas o si la cúpula policial recurrió a él cuando Sergio Ríos rechazó colaborar con el primer comisario que se acercó a él, Enrique García Castaño.

Las pruebas contra Andrés Gómez Gordo son contundentes. Durante la instrucción y el juicio ha quedado acreditado que trató directamente con el topo y que le hizo entrega de partidas procedentes de los fondos reservados. Lo cierto es que Andrés Gómez Gordo dejó su trabajo en Toledo para regresar a la Policía. El comisario Eugenio Pino lo ubicó como jefe de vigilancias de la UDEF, aunque compaginaba su destino con la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Al poco de regresar al Cuerpo fue condecorado con una medalla pensionada.

Además, Gómez Gordo aparece también en los estertores de la operación Kitchen en un episodio destacado. Fue el policía encargado de intentar 'blanquear' el operativo. Ingresó datos sobre los seguimientos a la familia Bárcenas en una base de datos policial para poder argumentar que compartieron el operativo con los verdaderos investigadores de los casos Gürtel y caja B. Ocurrió en 2015, dos años después del episodio central de la operación Kitchen.

La Fiscalía Anticorrupción cree que se trata de una maniobra de distracción en la línea de defensa de todos los acusados: si hay seguimientos acreditados a la familia Bárcenas, si los pagos al chófer con fondos reservados están demostrados, es porque hubo un operativo, pero fue legal. Se trataba, defienden todos ellos, de descubrir el dinero supuestamente escondido por Bárcenas y sus testaferros. La versión de la acusación es que eso es solo una excusa: los policías, por orden de Interior, buscaban los discos duros con las supuestas grabaciones de Rajoy hablando de la caja B. Solo querían ponerlas a salvo del juez Pablo Ruz, como confesó el propio García Castaño en fase de instrucción.

Gómez Gordo desvinculó a su antigua jefa, María Dolores de Cospedal, de cualquier conocimiento de la Operación Kitchen. También al exmarido de esta, el empresario Ignacio López del Hierro. Gómez Gordo es defendido por el prestigioso y caro despacho de José Antonio Choclán, defensor de Víctor de Aldama o Julio Iglesias, entre otros. El mismo despacho defiende a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad que ha amagado en varias ocasiones con elevar las responsabilidades de la operación Kitchen pero finalmente ha guardado silencio.

El chófer y topo Sergio Ríos

Después de Gómez Gordo llegará el turno para Sergio Ríos, el chófer recomendado a Bárcenas por el jefe de seguridad del PP para que se pusiera al servicio de la familia. Ríos se convirtió en indispensable cuando el extesorero fue enviado a prisión provisional en junio de 2013. Pero no solo para la familia, también para la brigada política del PP. Cobró en dos años más de 50.000 euros de los fondos reservados y se garantizó el ingreso en la Policía a los 42 años, tal y como propone Villarejo en un audio incorporado a la causa.

Sergio Ríos está hoy suspendido de empleo y sueldo e intenta defender que él creía que colaboraba con una investigación judicial. Robó tres dispositivos móviles a la familia para que los clonara la brigada política, sustrajo notas de Rosalía Iglesias e informó de todos los movimientos de la mujer de Bárcenas. Anticorrupción pide para él 12 años y 5 meses de cárcel.

A continuación declararán José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, que ejercieron en diferentes periodos de mano derecha de Eugenio Pino, el jefe de la brigada política del PP. Ambos están implicados en todas las maniobras de la guerra sucia del PP si bien su participación en la operación Kitchen es tangencial.

Cerrará el turno de declaraciones José Luis Olivera, el comisario que participó en la operación Cataluña e impulsó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Está previsto que el juicio acabe el 30 de julio con los informes finales de las partes y el visto para sentencia.

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha mostrado este martes “sumamente desolado y avergonzado” tras la condena del Tribunal Supremo al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, al tiempo que ha respondido al PP que no está legitimado para “dar lecciones a nadie” y que es “el primero que tiene que limpiar su casa”.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, quien ha apuntado sobre la sentencia del Supremo que la justicia “tiene que funcionar” y que “el que mete la mano en la caja lo paga”.

“El PP no se pronunció igual cuando Bárcenas fue condenado a 33 años”

Hoy el PP regional ha pedido al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page que “fuerce” a Sánchez a convocar elecciones generales. A preguntas de los medios sobre esta cuestión, Maestre ha lamentado que la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, no se haya pronunciado de la manera que lo hacen los socialistas cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado a 33 años de prisión. “Mañana se reanuda la 'Kitchen' y Gómez Gordo va a ser juzgado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, ha añadido.

“Garbanzos negros hay en todos los sitios. Que se aplique la justicia y la ley”, ha manifestado Maestre, quien ha añadido que “cada uno tendrá las sentencias en relación directa con el delito que ha cometido, tanto los 33 años de Bárcenas como los 24 de Ábalos”.

El PP y el juicio por la 'Kitchen'

Precisamente, preguntada por lo que espera el PSOE de la declaración de este miércoles de Andrés Gómez Gordo, que trabajó para el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, en el juicio por la 'Kitchen', ha señalado que espera “lo de siempre: Que el PP tenga una doble cara y no diga ni mú”.

Con todo, Maestre ha querido reivindicar el “enorme trabajo, compromiso y labor” que hacen cada día los “miles” de dirigentes socialistas que hay en España. “Estamos representados por hombres y mujeres con un firme compromiso de labor social”, ha agregado.

La comparecencia de Pedro Sánchez mañana “será muy dura”

Preguntada por la comparecencia este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, la dirigente socialistas ha dicho que no “tiene que ser muy agradable” ponerse en su lugar al haber tenido que “afrontar muchísimos desengaños”. “Será una comparecencia muy dura y estaremos todos escuchándole con la misma sensación de desolación”, ha afirmado.

Del mismo modo, se ha pronunciado sobre el Comité Federal que los socialistas celebrarán este sábado para afirmar que el presidente regional y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va “siempre” con “coherencia, honestidad, sinceridad y valentía”. “Ojalá que sea de ejemplo para otros compañeros que coinciden con el presidente pero no se atreven a hablar”, ha concluido.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha declarado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estaba “obsesionada” por si la prensa publicaba anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre “M.Rajoy”. “Estaba convencida de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente”, ha comentado, informa Europa Press. Así lo ha manifestado durante su declaración como acusado en el juicio sobre la Operación Kitchen, el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

El comisario, que ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, se ha referido a la “libretita” de Bárcenas, esto es, una agenda del extesorero de Bárcenas con supuestas anotaciones relativas a la contabilidad B del PP y de algunos dirigentes del partido como el propio expresidente Rajoy, sobre la que Cospedal pidió “parar” –ha dicho– su publicación en medios de comunicación.

“Había preocupación por las anotaciones que Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso M.Rajoy. (...) La señora Cospedal, como todo lo que era el Gobierno, estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Estaban convencidos de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente a uno y a otro”, ha manifestado el mando policial, negando que presionara nunca a ningún periodista para que sacara a la luz cualquier información.

El exmando policial ha restado importancia a estos apuntes, asegurando que “era una elaboración propia” del extesorero que la Audiencia Nacional “ni siquiera tuvo en cuenta” como prueba y que, a la postre, solo tuvo “utilidad política y de medios de comunicación” y que Bárcenas anotaba estas cuestiones para luego filtrarlas a los periodistas.

“El PP jamás me ha encargado nada”

En cualquier caso, el comisario jubilado ha negado que el PP le haya realizado encargos privados y que le haya remunerado por ello. “El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado, y no me ha pagado nada”, ha resuelto. Respecto a su actividad privada, el comisario jubilado ha aseverado que jamás la ha mezclado con sus funciones en la policía y que su función como agente de inteligencia no la conocía “prácticamente nadie, solo la élite de cada gobierno”, esto es, el ministro del Interior, el secretario de Estado del ramo, el director de la Policía y el DAO, ha puntualizado.

El comisario jubilado ha explicado que lo que se conoció como 'Operación Kitchen' tenía dos objetivos: por una lado, verificar si las cuentas bancarias y el dinero de Bárcenas en el extranjero “existía”; por otro, confirmar si el extesorero disponía de información sensible “que pudiera hacer daño a la seguridad del Estado”.

Asimismo, ha asegurado que no participó en los seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. “Jamás coordiné nada porque ni tenía hombres a mi disposición, ni tenía elementos, ni tenía nada. Era un sujeto que actuaba siempre solo en mis trabajos de inteligencia”, ha explicado.

Villarejo ha señalado que “siempre” estuvo vinculado a la figura del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional “porque era una dependencia directa como agente de inteligencia”, y ha remarcado que se mantuvo en la misma posición bajo los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

En este tiempo de coincidencias y casualidades extraordinarias que nos ha tocado vivir, cuando ya no quedan parientes de Pedro Sánchez sin su correspondiente y urgente informe policial, se constata que, cuanto más avanza el juicio oral por la operación Kitchen, más claro va quedando que Mariano Rajoy no presidía realmente un gobierno sino una alegre pandilla que pasaba el rato por La Moncloa, sin más preocupación que andar de correrías viviendo el momento y sin perder mucho tiempo en las cosas esas de gobernar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En aquel estado de perpetua adolescencia, allí nadie era responsable de nada, sabía algo de nada o preguntaba nunca por nada o por nadie. Aquel ejecutivo azul era como la pandilla de Verano Azul, pero con el barco de Chanquete varado en la Carrera de San Jerónimo, que no llega hasta el mar pero achicharra el sol peor aún que en Nerja. 

Aquella animosa cuadrilla del gobierno azul más que gobernar corría aventuras por Presidencia con esa despreocupación que da la juventud. No discutían jamás entre ellos asuntos oficiales ni analizaban materias sensibles de Estado; de hecho estaba terminantemente prohibido hablar siquiera de asuntos de trabajo. Si tal, comentaban la prensa pero siempre en plan casual. 

Por eso, en aquel gobierno azul, todos desconocían todo y las cosas pasaban solas, porque sí, por casualidad; más o menos como ahora. Saber algo era considerado tan peligroso como fumar porros o beber cerveza. Como cuando éramos chavales, los asuntos en aquel gobierno azul sucedían sin más, la comida se ponía sola en la mesa, la luz era gratis y un señor o una señora muy amables te llevaban a donde quisieras y a la hora que fuese, únicamente había que pedírselo amablemente o llamarles papá o mamá con la voz adecuada.  

El gobierno azul no tenía aquellos padres mágicos igual que nosotros. Tenía algo infinitamente mejor: tenía policías mágicos. Sin pedírselo y sin que hubiera que hacer nada, ellos solos se organizaban para vigilar a Luis Bárcenas, recuperar las pruebas que pudiera tener o destruir lo que fuese menester destruir, ya fuera el independentismo, ya fuera Podemos. Lo que hiciese falta para proteger a sus inocentes ministros y ministras ante los terribles peligros y oscuras amenazas que habitan en el mundo exterior. 

Como a los padres, a los policías mágicos del gobierno azul ni siquiera había que pagarles. Cierto que eran tan chapuceros, o más incluso, que Leire Díaz a la hora de diseñar operaciones encubiertas y ofertas que no se podían rechazar, pero, por lo menos, no cobraban 4.000 euros del ala al mes por andar dando el cante por medio Madrid y hablar del “number one” como si fuera un código secreto indescifrable incluso para Enigma. 

Lógicamente nuestro Mariano sería el enrollado Javi que lideraba el clan porque era el más alto, secundado por un fiel Fernández Díaz en el papel de aquel abnegado Quique, de quien nadie se acordaba hasta que había que hacer algún recado de esos que no apetecen y te parten la tarde. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría eran como Bea y Desi. Amigas, sí, pero con ese beef que no sabían bien cómo disimular. El simpático Javier Arenas sería el simpático Pancho haciendo esas cosas simpáticas de la gente del pueblo. El inefable comisario Villarejo encarnaba al irrefrenable Piraña, dispuesto a comer lo que hubiera que comer para no dejar una miga ni un rastro en el mantel. No se me ocurre quién podría ser Tito, la verdad. Pero se admiten sugerencias.  

Cuando pongan la reposición en la tele dentro de diez o veinte años los recordaremos, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que siempre te queda cuando gobierna la derecha. 

El exministro Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez, han optado por la sordina en el juicio de Kitchen. Contra ambos pide la Fiscalía Anticorrupción una condena de 15 años de cárcel como máximo responsable y coordinador, respectivamente, del espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. 

Al pacto de no agresión entre ambos se suma su decisión de contestar únicamente a las preguntas de sus abogados, con lo que ambos dibujaron el siguiente escenario: ‘nunca conocí la Kitchen’ (Fernández Díaz) y ‘algo hubo, pero fue legal’ (Martínez). 

La conservadora estrategia de ambos acusados de no responder al fiscal auxilia al Partido Popular, que presencia como el expresidente Mariano Rajoy o la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal no son mencionados, o lo son de pasada.

Estas son las cuestiones que ignoraron los dos principales acusados en Kitchen durante su declaración en el juicio. 

Los mensajes ante notario

El ministro Fernández Díaz pudo pronunciarse ampliamente sobre los cuatro mensajes que muestran su conocimiento de la operación Kitchen desde prácticamente su inicio y cómo es informado de los logros que van obteniendo los policías. Su estrategia durante todo el juicio pasa por negar que él sea el autor de los mismos y apoyar su negación mayor, que nunca supo de la operación Kitchen. Y en esa línea respondió a las preguntas de su abogado.

¿Y Francisco Martínez? El secretario de Estado acudió a dos notarios para entregar esos mensajes cuando se adivinaba su imputación y leía entrevistas de Fernández Díaz desvinculándose de la evidencia de que la operación Kitchen había existido. 

Después fue rebajando las expectativas de delatar a sus superiores y en el juicio ha puesto la guinda a esa estrategia. Ni una sola pregunta de su abogado se refirió a los mensajes. Y cuando se vio en la obligación de explicar que el ministro sabía de la identidad y el papel del chófer lo hizo sin precisar que así consta en uno de los textos que Fernández Díaz le envió. 

El 18 de octubre de 2013, Fernández Díaz escribió a Martínez la constatación de cómo seguía al minuto la operación Kitchen y las ilegalidades que ella incluía, como el robo de tres dispositivos a Bárcenas para clonarlos sin autorización judicial. 

“La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica .. Es decir, q no seria información para el J a efectos publicación .. : es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q. esa fuera la intención)”, apuntó. A continuación añadió: “Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información ... veremos. Te informo”. 

Ninguna pregunta al respecto fue formulada por el abogado de Martínez. Tampoco por la presidenta del tribunal, que tenía oportunidad de hacerlo. 

Villarejo y el ministro

Al menos en los últimos años, Jorge Fernández Díaz ha ido amoldando su versión de los hechos a los descubrimientos que hacía la investigación. El ministro había mantenido que no conocía al comisario Villarejo, pero una grabación de diciembre de 2012 le muestra junto a Pino y al citado policía de las cloacas planificando la operación Cataluña. Así que su abogado optó el jueves por preguntarle si había tratado con el comisario entre 2013 y 2015. 

El ministro relató que en el acto de despedida por jubilación de Eugenio Pino como director adjunto operativo de la Policía se saludó con Villarejo. Jorge Fernández se refirió a la escena como si de un primer encuentro se tratara. “Había un policía que estaba de paisano, que se me acercó: 'a la orden, señor ministro, comisario Villarejo'”. En el audio de 2012, cuatro años antes, se oye a Fernández Díaz decirle a Pino y a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”.

El vínculo entre el ministro del Interior y el policía que soporta una petición de pena más alta de Anticorrupción por la Kitchen (19 años) queda así sin aclarar, sin que nadie pudiera repreguntar. El resto de acusados han decidido seguir la senda de los dos primeros y solo contestar, a partir del lunes, a sus defensas. Resta por saber qué hará Villarejo. 

Las grabaciones a Cospedal, los indicios contra Rajoy

Los interrogatorios dirigidos a la exculpación sin posibilidad de contraste con otras preguntas benefician a los antiguos jefes de los acusados, que son los primeros interesados en que su nombre no vuelva a aparecer en la causa. Sin embargo, el presidente del Gobierno de la época, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido una constante en el juicio y no solo durante su declaración como testigos. 

El jefe policial de la investigación confirmó su informe en el que concluía que las continuas alusiones a que un tal ‘Barbas’ y ‘Asturiano’ conocía la operación Kitchen se referían a Mariano Rajoy. De Cospedal se han reproducido grabaciones haciendo encargos a Villarejo, entre ellos frenar la publicación de los papeles de Bárcenas. 

Cospedal, pese no poder mentir como testigo, dijo que nunca había hablado por teléfono con el policía. La grabación se reprodujo durante la vista, pero solo pudo ser seguida por aquel que se desplazara a la sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). El tribunal decidió cortar la retransmisión esos días para proteger la intimidad de cuantos eran mencionados en los audios. 

Fernández Díaz, enrocado en que no supo nada de Kitchen, no fue preguntado por el conocimiento que pudieran tener sus superiores en el Gobierno y en el partido. Martínez, que conoció un operativo “legal”, se limitó a decir que apenas departía con la secretaria general del PP.

La agenda del comisario 

De las únicas agendas de las que se habló durante el interrogatorio a Francisco Martínez son de las que podía guardar Luis Bárcenas. Ni mención a las del comisario Villarejo. El investigador principal del caso Kitchen dijo durante su declaración que las anotaciones de ese dietario merecían toda credibilidad. “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”, respondió el inspector jefe de Asuntos Internos. 

En esas agendas hay anotaciones como esta que habla de una reunión entre Villarejo y otro de los acusados, Andrés Gómez Gordo, el asesor de Cospedal. “ANDY COSP/ Lo que quitaron a L.B está en el despacho de GAGO. Este verano lo va a copiar. CHISCO fue quien ordenó que dejara yo los contactos con SERGI [el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. BIG [el comisario Enrique García Castaño] es el puto amo”. 

Martínez habría tenido oportunidad de desmentir que él no diera órdenes directas de la manipulación del confidente, Sergio Ríos Esgueva, y acerca de qué policía tenía que tratar con él. 

¿Un número dos que no informaba al ministro?

La tesis del escrito de la acusación de la Fiscalía es que todo lo que conocía por los policías Francisco Martínez era puesto en conocimiento del ministro de forma inmediata. Sin embargo, y pese a las evidencias, Fernández Díaz se ha enrocado en que él supo de la operación Kitchen por la prensa, como pronto en 2015, dos años después de su inicio.

Por contra, la defensa de Martínez se basa en defender, ante los indicios del espionaje, que se trató de una “operación de inteligencia” y que, hasta donde sabe él, no incluyó ninguna actividad delictiva. De ser así, nadie en el juicio pudo preguntar –el tribunal no quiso– al ministro Fernández Díaz si su número dos le ocultaba cuestiones tan relevantes como una investigación a Bárcenas y su entorno cuando el Gobierno y el Partido Popular estaban en vilo por los papeles del extesorero. 

El espionaje en la cárcel

El comisario Enrique García Castaño, al que se archivó la acusación por motivos de salud, declaró en fase de instrucción que recibió órdenes de Martínez y de Pino para robar los discos duros de Bárcenas. También dijo que sus agentes siguieron al preso al que el extesorero habría pedido destruir una grabación incriminatoria de Rajoy porque alguien les avisó de su identidad y de a qué hora salía de permiso.

Es uno de los indicios de que Bárcenas también fue espiado ilegalmente dentro de Soto del Real. Todo quedó despachado en el interrogatorio a Martínez con la afirmación de este de que desconocía los hechos y que el régimen en prisión “es muy estricto” y hubiera impedido tal espionaje. Aquí habló por su experiencia de una semana recluido por otro asunto. 

Sin embargo, la brigada política tenía información del interior de la cárcel, lo que implicaría a otro departamento del Ministerio del Interior, dependiente del secretario de Estado de Seguridad, la dirección general de Instituciones Penitenciarias. El juicio tampoco ha servido para ahondar en el espionaje en la cárcel, una de las puertas del caso que el juez García Castellón decidió no abrir durante la instrucción. 

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

Tan protagonistas fueron en una época como irrelevante su participación en el juicio del caso Kitchen. Son una decena de testigos clave en el ecosistema madrileño que alumbró el espionaje a Luis Bárcenas, tanto dentro como fuera de la Administración. A una parte de ellos solo el cargo que ocuparon les confiere un papel sobresaliente, como es el caso del presidente Mariano Rajoy y sus máximos colaboradores en el Gobierno y el PP. Otros testigos estaban acomodados en la penumbra de unos perfiles profesionales que esconden su auténtica impronta, como el padre Silverio o el abogado Javier Iglesias.

En las últimas semanas, todos han comparecido ante el tribunal del caso Kitchen ajenos a la guerra sucia del último Gobierno del PP, ya fuera contra los investigadores del caso de la caja B o contra los adversarios políticos de Podemos y el independentismo catalán. Han reaccionado extrañados a las preguntas de los abogados, que despacharon sin apenas aportaciones. Como si el archivo sonoro del caso Villarejo, las agendas del comisario o los avances en la investigación recogidos en el sumario no hubieran ofrecido suficientes pistas de quiénes son en realidad. 

Javier Iglesias, la abogacía como coartada

“Excelentísima señora”. Es la fórmula elegida por Javier Iglesias para dirigirse a la presidenta del tribunal durante sus dos comparecencias en el juicio de Kitchen. La respetuosísima fórmula no le sirvió para librarse de la advertencia airada de Teresa Palacios ante el intento por no contestar a una sola pregunta. Iglesias esgrimió su condición de abogado, en general, y de letrado de la mujer de Villarejo, en particular. Todo lo que hubiera conocido en el ejercicio de la abogacía está protegido por el secreto. Palacios aplazó la declaración y a la segunda, Iglesias tuvo que contestar a la mayoría de las preguntas que se le formularon: no podía ser que todo lo hubiera conocido como abogado.  

Antes de la comparecencia de Iglesias, Bárcenas había repetido las acusaciones vertidas en el pasado contra él al declarar como perjudicado en Kitchen. El ex tesorero del PP relató los ofrecimientos que le habría hecho Iglesias, primero en libertad, y cuando ingresó en prisión. El abogado habría llevado un mensaje del PP para que los papeles de la caja B quedaran en nada. Uno de los ofrecimientos habría incluido el pago de 500.000 euros. El otro, que el Gobierno libraría a Bárcenas de todos los investigadores judiciales y policiales de Gürtel. Y también del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

“Absolutamente falso”, replicó Iglesias en su turno. “Nunca he sido abogado del PP. Nunca me ha pagado el PP. Y nunca he recibido un mandato del PP”, añadió. Y sin haber trabajado en el PP, Iglesias siempre estuvo ahí. Como abogado de donantes del PP, del tesorero Álvaro Lapuerta y del cabecilla de la Gürtel Francisco Correa. Para este comenzó a trabajar precisamente cuando iba a tirar de la manta del 3% en comisiones para el partido. Hasta que recibió una visita de Iglesias y la colaboración con la justicia acabó.

La figura de Javier Iglesias es inabordable en apenas unos párrafos. Sirvan dos citas. Una es un informe de Asuntos Internos de octubre de 2018 en el que los agentes deben interpretar los audios incautados al comisario Villarejo sobre la operación Kitchen. “Habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano [Rajoy] y El Largo [Iglesias])”, escribieron los investigadores.

Javier Iglesias dijo a este periódico en 2019 que no conocía a Mariano Rajoy. El expresidente desmintió esa afirmación en su declaración en el juicio de Kitchen y aseguró que se había reunido en un par de ocasiones con Iglesias como abogado del tesorero del PP Álvaro Lapuerta. 

La segunda cita es de Luis Bárcenas. Fue durante el juicio de la caja B del PP en la Audiencia Nacional. “El Largo, aunque no es el John Silver de ‘La Isla del Tesoro’, es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados, en todas partes”, afirmó el ex tesorero.

El padre Silverio Nieto, pastor de almas

El padre Silverio da misa en la parroquia de la calle Goya, punto de encuentro del nacionalcatolicismo del barrio de Salamanca, en Madrid. Su relación con al menos tres de los acusados en el juicio de Kitchen era la misma que con cualquiera de sus parroquianos: él se dedica a sanar almas afligidas, explicó ante el tribunal.

Aquellas almas tan atormentadas en 2020 eran las del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que amenazaba con hablar de la implicación del ministro del Interior, amigo del padre Silverio. O del comisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, que había señalado previamente a Martínez. El Gordo también es muy amigo de don Silverio. El cura solo reenvió un mensaje para informar a unos de las intenciones de otros, afirmó ante el tribunal. “Lo estaban pasando muy mal humanamente”, dijo. 

Así que Silverio Nieto era próximo a Martínez y amigo personal del ministro del Interior y del comisario de las cloacas, García Castaño. Pudiera influir que antes de cura fue marino mercante, juez y, hasta el año 1983, inspector de la Policía. “No coincidí con Enrique García Castaño en el Cuerpo”, afirmó en el juicio. Sobre su papel en la Conferencia Episcopal, dijo que había sido responsable del contacto con otras confesiones religiosas, del máximo interés para los Servicios de Información. Y por el interés en esas confesiones conoció a Fernández Díaz, que quería entrevistarse con sus líderes religiosos cuando viajaban a España. 

De lo que no habló el padre Silverio fue del papel que tuvo en la negociación con las víctimas de abusos en la Iglesia en defensa de los intereses de esta. O de cómo influía en Fernández Díaz, al que llegaba a tratar con una vehemencia que rayaba el desprecio, según cuentan responsables de aquel ministerio. Esas fuentes aseguran que el padre Silverio, ahora de 79 años, dictaba nombramientos de policías al ministro.

El 4 de octubre de 2017, tres días después del referéndum soberanista en Cataluña, el padre Silverio escribe a Martínez, quien ya está fuera de Interior. “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, analiza el pastor de almas.

Manuel Vázquez, el cordial ‘Fiti’

Una forma de hacer carrera en la Policía se ha encarnado estos días ante el tribunal de Kitchen. Entre las formas aparecidas, la del comisario ya jubilado Manuel Vázquez, ‘Fiti’ para todos en el Cuerpo. ‘Fiti’ no participó en la brigada política, pero tenía sus aspiraciones. Llegó a jefe de la UDEF y desde ese puesto se ofreció a lo que hiciera falta para acabar su carrera en Galicia, su tierra. De jefe superior.

Así que 'se comió el marrón’ del informe PISA, que no lo había hecho su unidad, la UDEF. Lo envió al Tribunal de Cuentas en el último intento de Interior por sacarle partido a la estrategia contra Podemos, después de que fuera rechazado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Antes, había telefoneado a los magistrados del alto tribunal por si requerían alguna explicación adicional del dosier que había incorporado Manos Limpias a una querella contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

En el juicio, ‘Fiti’ hizo de ‘Fiti’. Él no sabía nada de ningún operativo ilegal. Habiendo sido jefe de la UDEF esa afirmación venía muy mal a los acusados, que defienden que ellos espiaron a Bárcenas para ayudar a la Unidad. Pero ‘Fiti’ no les iba a dejar tirados del todo. Y en un momento dado de su declaración recordó algo: en la toma de posesión de su comisario general, este le preguntó si sabía algo de “una operación inteligencia”, legal, por tanto, sobre el entorno de Bárcenas. 

El comisario Vázquez fue jefe del inspector Manuel Morocho cuando este sufría, según su relato, una campaña de acoso para evitar que su trabajo sobre la caja B del PP no destrozara al partido. Según ‘Fiti’, Morocho exageraba. El chico sentía “autopresión”, según él. 

Más del 'Fiti' en el juicio: “Que aparezca M. Rajoy, el poner a dudar quién es, es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid”. Detrás de la ocurrencia de Vázquez, que recogieron muchos medios, está la explicación completa: él había advertido a Morocho que se precipitaba incluyendo el nombre de Rajoy al aludir a la anotación ‘M. Rajoy’ de los papeles de Bárcenas. Esos papeles, dijo, presentaban anomalías que hacían dudar entonces de su credibilidad, según advirtió a su subordinado.

Mariano Rajoy o como quiera que le llamen

Los testigos del caso Kitchen que querían mostrar tan solo una de sus caras tenían dos ventajas para hacer efectivo su plan: que no se les acusa de nada y que al tribunal solo le interesan los hechos recogidos en los escritos de acusación. 

A esto, Rajoy le sumó un considerable desprecio por el acontecimiento del juicio. El expresidente del Gobierno aseguró que no recordaba unos mensajes con Bárcenas que, sin embargo, comentó ante otro tribunal. Fue en 2017, durante uno de los hechos más trascendentes de su mandato, la declaración como testigo en el juicio de la caja B del PP. En aquellos mensajes, Rajoy intentaba que Bárcenas aguantara y no tirara de la manta que también le cubría a él, como perceptor de dinero negro de los empresarios. 

Siempre confiado en que su ingenio se impone a cualquier otra consideración, Rajoy optó por referirse a los indicios contra él en la causa de Kitchen con un intento por hacer gracia. Sobre los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas' con el que se referían a él Villarejo y sus compinches, dando por hecho su conocimiento de la operación, Rajoy dijo: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”.

Soraya Sáenz de Santamaría, una sonrisa displicente

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría adoptó la postura más relajada de cuantas se han materializado ante el tribunal de Kitchen. Sonriente, la ex jefa política del CNI quiso hacer creer que se había enterado del espionaje a Bárcenas “por la prensa”. Ni recurrió a la salvaguarda de que el trabajo del servicio de Inteligencia está clasificado como secreto. 

El abogado de Podemos le preguntó si aquellas noticias tan inquietantes no le llevaron a hacer alguna averiguación por si le hacían alguna pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, del que era portavoz. “No”, contestó Sáenz de Santamaría. 

María Dolores de Cospedal no hace encargos, solo pregunta

La exsecretaria general del Partido Popular presentó un método aún más atrevido de mostrar solo una cara: negó la evidencia reproducida en el juicio ante ella. Y así sentenció: “[A Villarejo] le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”. La exhibición de los “trabajos puntuales” que propuso al policía su marido entonces, Ignacio López del Hierro, en su presencia, o el comentario sobre los papeles de Bárcenas (“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”), entran en la categoría de preguntas, según Cospedal. Esta última conversación fue por teléfono. La grabó Villarejo y fue publicada por El País en 2022. En el juicio, Cospedal aseguró que nunca había hablado por teléfono con Villarejo.

Ignacio Cosidó, el director ausente

Mención especial merece Ignacio Cosidó, el director general de la Policía durante la operación Kitchen que nunca supo nada de las maniobras sobre la familia de Bárcenas. Cosidó intentó defender su ignorancia por lo que hicieron sus inmediatos superiores y sus inmediatos subordinados hasta que aparecieron las firmas que le delatan. Cosidó estampó su rúbrica en los documentos que avalan las recompensas para los implicados en la operación en forma a de medallas pensionadas y destinos ‘dorados’.

“En las deliberaciones que se hacían en la Junta de Gobierno [sobre las medallas] había un número muy elevado de propuestas y no se podía entrar pormenorizadamente en cada expediente (...) Son muchos miles de expedientes los que a lo largo de mis 5 años de director se valoraron en la Junta de Gobierno”, dijo el exdirector de la Policía. 

Cosidó también chocó con la prensa. Se enteró por ella de la operación Kitchen, pero no leyó las noticias que informaban sobre cómo Interior decidió cesar a uno de sus policías de confianza, Marcelino Martín-Blas, por su enfrentamiento con Villarejo. Ignacio Cosidó dijo que el comisario llevaba al frente de Asuntos Internos cuatro años –en realidad eran poco más de tres– y a él le pareció normal “un cierto grado de rotación” que había decidido su segundo. 

Félix Sanz Roldán y el honor de los espías españoles

Ningún indicio consolidado pudo obtenerse de la participación del CNI durante la instrucción del caso Kitchen, que por otra parte duró hasta que Manuel García Castellón quiso. Pero varios indicios apuntan al servicio de Inteligencia: desde los motoristas con cámaras en el caso que perseguían a Rosalía Iglesias y que no eran policías hasta las cámaras ocultas en el chalé de los Bárcenas en Baqueira. 

Nada de ello resulta suficiente para rebatir una afirmación tan rotunda como la del entonces director, Félix Sanz Roldán: “EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”. 

Una afirmación de Sanz Roldán tan rotunda como incontrastable: toda la actividad del CNI es secreta. Sin embargo, Sanz Roldán volvió a tropezar en su declaración con la obsesión hacia Villarejo. Dijo que había demandado al comisario por las difamaciones contra los miembros del Centro, que por tener identidades ocultas no pueden defenderse. Fue entonces cuando un abogado le preguntó por qué eligió una acusación del comisario contra él para presentar la querella –luego desestimada– en lugar de cualquiera de las otras acusaciones sin pruebas que Villarejo hizo contra los espías españoles. 

Jesús Vicente Galán, el policía que pasaba por allí

El inspector jubilado Jesús Vicente Galán confirmó que Asuntos Internos participó en las vigilancias extrajudiciales a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Responsabilizó a su jefe en Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que se sienta en el banquillo y con el que lleva años enfrentado. “Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, afirmó ante el tribunal. 

Galán se mostró como un mandado, pero su trayectoria lo desmiente. Días después de su declaración, una policía rasa compareció y contó las penurias que Galán le hizo pasar para que cambiara de destino y dejara así de investigar al Pequeño Nicolás a las órdenes directas de un juez. A la cúpula policial de entonces ya no le interesaba el caso del Pequeño Nicolás porque salpicaba a Villarejo. 

Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

Adrián de la Joya, desaparecido ¿en Suiza?

La mejor forma de no delatar el verdadero rostro en el juicio de Kitchen es no aparecer por él. El empresario Adrián de la Joya no ha sido localizado en Suiza, donde supuestamente mantiene su residencia. El tribunal prometió seguir buscándolo, pero se enfrentarán a la máxima de De la Joya: “Estoy vivo gracias a que nadie, nunca jamás, habla de mí”. Así se expresa en una de las grabaciones de su amigo y socio el comisario Villarejo. 

Detenido e imputado en el caso Lezo, Adrián de la Joya se quedó con el dinero que OHL depositó en una de sus cuentas en Suiza, cuyo último destinatario iba a ser Ignacio González, el expolítico del PP que llegó a presidente de la Comunidad de Madrid. En la Audiencia Nacional argumentó que Javier López Madrid y el grupo empresarial le debían dinero. 

Los investigadores del caso Kitchen siempre creyeron que su residencia en Suiza era una farsa y que el empresario siempre ha vivido en Madrid.