El vicesecretario de Territorial del PP de Castilla-La Mancha, Raúl Valero, ha evitado valorar el juicio de la 'Operación Kitchen' y también mencionar a la expresidenta de la comunidad autónoma y ex líder del partido, María Dolores de Cospedal. Por el contrario, ha advertido de que “el PSOE no está para dar ejemplo de altos cargos”.

Preguntado al respecto, ha asegurado respetar todos los procesos judiciales, y más concretamente, éste que está abierto. “No voy a valorar un proceso judicial que está en proceso”, ha argumentado.

Quien sí hablado ampliamente del tema ha sido el PSOE castellanomanchego, que ha criticado la “hipocresía” del PP por su ausencia de manifestaciones ante la implicación de quien fuera director general de Presidencia durante el gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en la 'Operación Kitchen'.

El PSOE se pregunta “si nadie se siente arrepentido”

Se cuestionan los socialistas “si nadie del PP de Castilla-La Mancha tiene nada que decir, si nadie se siente arrepentido ni piensan que hicieron mal al nombrar a Andrés Gómez Gordo”. Todo ello cuando ayer, en la Audiencia Nacional, un testigo clave se refirió a su imputación y a que era una persona conocida por su cercanía a Cospedal, como “Andy Cosp”, según ha trasladado la formación socialista.

El presidente del Grupo del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha preguntado además que más tiene que conocerse de la 'Operación Kitchen' para que el PP de Castilla-La Mancha “deje de mirar hacia otro lado” y se “desligue” de su expresidenta regional, María Dolores de Cospedal.

Ha subrayado que Cospedal sigue siendo la presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha y ha cuestionado “qué más tiene que saber la ciudadanía” de lo que hizo durante su etapa de presidenta de esta tierra, para que el PP le retire su cargo honorífico.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, cree que “hoy por hoy Vox va a ganar al PP en Castilla-La Mancha”, y se ha mostrado convencido de que Emiliano García-Page ganará las próximas elecciones autonómicas con mejor resultado que en 2023.

En una entrevista, Bellido ha augurado un sorpaso de Vox al PP en los próximos comicios autonómicos, que atribuye a una ausencia de liderazgo entre los populares de Castilla-La Mancha, y ve posible que el PP se convierta en la tercera fuerza política en varias provincias de la región.

Ha argumentado que el Partido Popular “encoge a Vox” allí donde tiene “liderazgo”, y ha puesto como ejemplo regiones como Extremadura, Madrid o Andalucía, mientras que “donde no tienen líderes Vox adelanta al PP, y el caso más paradigmático es Castilla-La Mancha”, aunque no descarta que suceda también en Cataluña.

Bellido ha matizado que, salvo que la “despreciable posición de Vox apoyando a Trump y a Netanyahu” en la guerra de Irán le pase factura, el partido de Santiago Abascal puede superar al PP, y ha aseverado: “Creo que no hay prácticamente nadie con menos de 50 años que vote al PP en Castilla-La Mancha”.

Por el contrario, cree que el PSOE “tiene holgura” para revalidar su victoria en la región y, aunque ha recordado que “no se puede confiar”, sí que ha mostrado su confianza en el “nivel de prestigio y de conexión con la ciudadanía” de Emiliano García-Page, que consigue el voto de “personas conservadoras y de otras posiciones políticas”.

“No puedo comprender cómo no se está juzgando a Cospedal”

Preguntado por las causas judiciales contra el exministro Ábalos o el caso Kitchen, Bellido ha afirmado: “No puedo comprender todavía cómo no se está juzgando a Cospedal”, mientras que sobre el juicio de las mascarillas ha sentenciado que quienes se han enriquecido en medio de la pandemia “tienen que pagarlo caro”.

El presidente de las Cortes regionales ha apuntado que “no hay un caso de corrupción comparable a la Kitchen en la historia de la democracia española”, y ha recordado episodios como el asalto a casa del extesorero del PP Luis Bárcenas para destruir pruebas.

“Ese es el legado de Cospedal”, ha lamentado Bellido, que ha recordado a quienes “no han sido capaces de poner tierra de por medio que deberían hacerlo”, porque se trata de “un bochorno y un escándalo colosal” con la “creación de una policía de partido pagada por el Gobierno para tapar el mayor caso de corrupción de la historia democrática, que era la Gürtel”.

Asimismo, ha calificado de “vergüenza absoluta” lo que ha sucedido con el caso Koldo, tanto el uso de dinero público para la “mercantilización y cosificación de las mujeres” como para haberse “forrado” durante la pandemia, aunque también ha apuntado que “parece que ha habido otros actores políticos próximos a dirigentes de comunidades autónomas que lo han hecho”.

Para Bellido “no hay excusas”, y hay que hacer pagar “carísima” a los corruptos, además de sus delitos, “la factura de desprestigio a la democracia”.

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

Recordando al Cesar, la justicia, para serlo, no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Sin embargo, lo que hoy emana de las altas instancias judiciales en España, especialmente tras las últimas decisiones sobre el caso Kitchen, no es precisamente un aroma de equidad, sino el hedor de la descomposición institucional. La noticia de que María Dolores de Cospedal y por extensión la cúpula política de Mariano Rajoy volverá a evitar el banquillo de los acusados no ha sorprendido a nadie. Y esa falta de sorpresa es, precisamente, el síntoma más alarmante de una democracia enferma.

El argumento de que “no hay indicios suficientes” para juzgar a la exsecretaria general del PP choca frontalmente con la lógica ciudadana y con la fonoteca nacional. Los audios con el comisario Villarejo, donde se hablaba de “laminarse” pruebas y de “la libretita” de Bárcenas, parecen haberse disuelto en uno de esos agujeros negros que existen en nuestro sistema jurídico.

El sentimiento de la calle es claro, decepción, convencidos de que estamos asistiendo a una instrucción “quirúrgica”. El papel del juez García-Castellón es señalado es el de un orfebre que, durante años, habría moldeado los tiempos y los plazos para que, al llegar al juicio oral, los peces gordos ya hubieran escapado de la red. Es el triunfo de la verdad procesal (aquella que se construye en los despachos) sobre la verdad real (aquella que toda la sociedad conoce).

Lo que más indigna a la opinión pública no es solo la impunidad de unos, sino la hiperactividad judicial contra otros. La comparación es inevitable y sangrante: mientras la instrucción de la 'Kitchen' bosteza durante 13 años hasta languidecer por prescripción o falta de impulso, otras causas contra figuras de la izquierda o del entorno del actual Gobierno se instruyen a velocidad de crucero, rastreando hasta “la imprenta de las estampitas de su primera comunión”; esta doble vara de medir proyecta la imagen de una justicia que actúa como muchos un búnker corporativo que protege a los suyos bajo el mantra del “atado y bien atado”.

Pero no hago este comentario por enfado con el hecho de que esta señora y sus acólitos se vayan de rositas. Eso es lo de menos frente al daño incalculable que este blindaje judicial hace a España. Cuando el ciudadano percibe que el Código Penal es un instrumento elástico que se estira para el débil y se encoge para el poderoso, la institución se está suicidando. No puede extrañarnos viendo estas actuaciones que se diga a menudo que la justicia española es la mayor fábrica de independentistas y de descreídos del sistema; decisiones como la de salvar a Cospedal en contra del sentido común no hacen más que darles la razón.

Estamos ante una justicia tuerta, que ve con nitidez absoluta los errores de la izquierda, pero sufre de una ceguera selectiva cuando los audios y los papeles apuntan a la calle Génova. Si la instrucción de un caso de corrupción masiva que utilizó fondos reservados para destruir pruebas acaba con un par de mandos policiales en el banquillo y los responsables políticos de rositas, el mensaje que se lanza a los ciudadanos es devastador: delinquir desde el poder sale gratis si tienes a los jueces adecuados de tu parte.

La 'Kitchen' pasará a la historia no como el caso que limpió las cloacas del Estado, sino como el caso que demostró que, en España, las cloacas tienen quien les escriba las sentencias. Cospedal se libra, sí, pero lo que se hunde un poco más es la dignidad de un país que merece jueces que sirvan a la ley y no a las siglas de un partido.

La portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha valorado la exclusión de Cospedal y del PP del juicio sobre la Operación Kitchen a pesar de los audios revelados que mantenía la dirigente 'popular' con el excomisario Villarejo, afirmando que si bien “no sabemos si ella ordenó o no el espionaje sí sabemos, porque lo ha escuchado toda España, que Cospedal estaba en el ajo”.

Padilla ha recordado “frases contundentes” de los audios revelados en que la 'popular' mencionaba que “hay que conseguir esa libretita” o que “hay que laminar al cabrón”.

Por ello, la portavoz ha afirmado que “Cospedal formaba parte de la cadena” de corrupción de la que “los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha no terminan de soltar lastre” a pesar de que los ciudadanos “sí lo hicieron cuando dijeron no a los recortes, no a la soberbia y no a la corrupción” en las últimas elecciones eligiendo a Emiliano García-Page como su presidente.

La portavoz ha señalado que el Gobierno de García-Page “ha demostrado durante los 11 años de gobierno en esta región” que no tienen “casos como el de las mascarillas durante el Covid” y que se ha mantenido “a raya a corruptos y estafadores”.

“Este Gobierno es un Gobierno limpio y transparente y por ello el presidente García-Page tiene cada vez mayor apoyo social”, ha concluido Padilla.

El PP cree que los socialistas “mienten” para “arañar votos”

Sus palabras han tenido respuesta en el PP castellanomanchego. La portavoz del Partido Popular en la comunidad autónoma Alejandra Hernández cree que el PSOE regional “ha vuelto a demostrar que su única estrategia es la de generar ruido, confrontación y mentiras para intentar arañar votos”, tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno autonómico sobre el caso Kitchen.

Hernández subrayaba que “cuando la justicia habla y deja claro que no procede imputar ni reabrir causas, lo que debería hacer cualquier responsable público es respetarla, no retorcer la verdad ni intoxicar a la opinión pública”, aludiendo a la decisión del tribunal de no investigar ni a la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha ni al PP nacional. Ha acusado a los socialistas de estar instalados “en la política del bulo permanente”, intentando sostener “relatos falsos sobre supuestos casos que los tribunales no avalan” y que si lo hacen es para “desviar la atención de los gravísimos casos que afectan al PSOE a nivel nacional y que están siendo juzgados ahora mismo”, en alusión al caso Ábalos o caso Koldo.

La portavoz popular ha exigido al PSOE “que deje de manipular, que respete a la justicia y que abandone de una vez la estrategia del fango”.

El tribunal de Kitchen resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. 

Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. 

Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. 

La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. 

En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. 

Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. 

De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio.

Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. 

Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro.

Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión.

Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí?

Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic).

Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada?

Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos…

Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

Ni Cospedal, ni anulación del juicio. El tribunal del caso Kitchen no ha esperado a la sentencia para resolver las cuestiones previas planteadas por las partes en la primera y segunda jornada de la vista oral. Los tres magistrados han decidido no retrotraer las actuaciones para poder incluir en el caso como investigada a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, ni al propio partido como responsable civil subsidiario. Alega el tribunal que esa decisión es competencia exclusiva del juzgado y su titular actual, Antonio Piña, desestimó recientemente la petición del PSOE, la misma que los socialistas plantearon este lunes al tribunal de Kitchen.

La acusación popular del PSOE alegó un informe de Asuntos Internos que hace casi tres años pidió una valoración al juez de la Audiencia Nacional sobre unos indicios que los socialistas consideran nuevos y sobre los que el magistrado no se había pronunciado. Ese informe aportaba tres audios y en uno de ellos Cospedal admitía a Villarejo que tenía acceso a los informes policiales del caso de la caja B antes que el magistrado del caso, Pablo Ruz. El juez Antonio Piña consideró que no había indicios suficientes para volver a imputar a Cospedal.

Este martes, la presidenta del tribunal de Kitchen ha reprochado al PSOE que intente “bordear la decisión del magistrado instructor” y acuda al tribunal en pleno juicio. “Eso no es correcto”, ha zanjado Teresa Palacios.

Respecto a la petición de que el PP pase a considerarse beneficiario a título lucrativo de la operación Kitchen –como máximo beneficiario de una operación para sabotear una causa judicial contra el partido–, la presidenta del tribunal ha explicado que esa figura significa que el señalado tiene un beneficio “oneroso”. Esto es, su beneficio se debe poder medir en términos materiales. “No estamos hablando de eso. Más que un beneficio fue un perjuicio a las arcas del Estado”, en relación al desvío de fondos públicos para la operación a través de los gastos reservados.

De igual modo, el tribunal ha rechazado no ser competente para juzgar el caso Kitchen, como apuntaban las defensas. Estas alegaban que la carpeta Kitchen fue “un hallazgo casual” y que no había “conexidad” con el resto de encargos al comisario, realizados por particulares, por lo que debía ser investigado y juzgado en un tribunal ordinario. En este punto, los magistrados han asumido el criterio del fiscal Anticorrupción, que en su intervención había recordado que Villarejo sí que recibió un encargo para sabotear el caso Gürtel y una oferta de 15 millones de euros a cambio. Y que ese ofrecimiento es parte de la investigación de Kitchen, lo que asegura la conexidad con el resto de piezas y, por tanto, la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarlo.

Al tribunal le “duelen” los retrasos

Las defensas también habían recurrido a un motivo de nulidad habitual en estos casos, las dilaciones indebidas. Los hechos juzgados se remontan a 2013 y la investigación comenzó en 2018, hace ocho años. “La dilación no es solo para los acusados también para todos los acusados si se manda a otro tribunal distinto”, ha argumentado Teresa Palacios, en alusión a la petición de los abogados de las defensas que, por una parte, pedían mandar la causa a otro tribunal, con los consiguientes retrasos, y por otra pedían un procedimiento nulo por los que ya ha sufrido.

“A los primeros que les duele cuando a la justicia tiene este aquilatamiento temporal es a los propios tribunales. No queremos contribuir a que esto se alargue más. Hace dos años se señaló el juicio y ya tocaba. No ha podido ser antes porque había causas con preso”, ha explicado la magistrada Palacios.  

“Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Con estas palabras ha respondido este lunes el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, a la siguiente pregunta específica de una periodista: “Quería saber si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen y a quienes ha señalado el señor Bárcenas”. Bravo ha evitado respaldar a esos dos exdirigentes de su propio partido y se ha limitado a pedir “respeto” para la actuación de los tribunales. Coincidiendo con el inicio del juicio de Kitchen que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, Bravo ha pedido “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”.

“El PP tiene una posición clara, que la Justicia actúe con clara independencia y los culpables paguen por los delitos”, ha añadido Bravo en una rueda de prensa en la que en su intervención inicial ha hablado de la “semana judicial” sin ni siquiera mencionar el de Kitchen, que sienta en el banquillo de los acusados a un exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, a un secretario de Estado del Ejecutivo de Rajoy como Francisco Martínez, y que llevará a declarar como testigos al propio expresidente del Gobierno, a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

“Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción”, ha dicho Bravo, que ha querido remarcar que “el PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa”. “Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, ha zanjado el vicesecretario popular ante las preguntas de la prensa. Además, ha dado a entender que su partido ya pagó por la corrupción: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”. 

Ayuso: “Son situaciones totalmente diferentes”

Unos minutos antes y en otra comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había querido diferenciar este lunes los dos macrojuicios que comienzan esta misma semana. Del de Kitchen, que investiga la operación del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP para ocultar los llamados papeles de Bárcenas, Ayuso ha dicho que “actualmente el PP quien lo preside no tienen nada que ver”. “Estamos hablando de hace 13 años”, ha dicho.

En cambio, sobre el juicio del caso Mascarillas que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, ha dicho que “se investiga la corrupción de este Gobierno”, en alusión al de Pedro Sánchez. “Son situaciones totalmente diferentes”, ha insistido, en rueda de prensa.

Bravo también se ha referido extensamente a este último caso. “Los españoles vuelven al trabajo y los de Sánchez a los banquillos”, ha ironizado. Según ha dicho, con el juicio sobre el caso Mascarillas el Tribunal Supremo “dirimirá las responsabilidades de una corrupción que los españoles han vivido en directo”. “El clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel”, ha dicho.

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado este lunes en el juicio del caso Kitchen que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.

La abogada Gloria Pascual, en representación del PSOE, ha expuesto el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir.

García Castellón había abierto una pieza, la 34, donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. El contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.

En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”.

Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Este lunes, la abogada del PSOE ha insistido: “Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la causa. Desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”.

El PSOE ha justificado que se convierta al PP en responsable civil a título lucrativo porque era el principal beneficiado de que la Operación Kitchen triunfara, ya que lo que buscaba el operativo parapolicial era sabotear la acción judicial contra el PP en el caso de su financiación irregular.

Acusados y separados

El primero en intervenir en el trámite de las cuestiones previas ha sido el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El abogado Jesús Mandri ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos porque no es uno de los encargos que recibió de particulares Villarejo, como en el resto de piezas de la macrocausa. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”, ha dicho.

Los principales imputados, si se atiende a la jerarquía que mantenían en Interior, han estado de acuerdo en la estrategia inicial. A los argumentos de Fernández Díaz se han sumado los de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y de Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía. Han considerado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos y han pedido que se anule el juicio y que se envíen las actuaciones a un juzgado ordinario.

En el banquillo, los diez acusados siguen el trámite de las cuestiones previas. Solo los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano se sientan juntos –comparten abogada– mientras que el resto de acusados han dejado un asiento de distancia con el siguiente, incluidos Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez.

Hoy comienza el juicio de la operación Kitchen. Llevamos años hablando de ella pero lo primero que hay que entender es exactamente qué juzga el caso Kitchen. Esta es una pata de tres, de los tres operativos del Gobierno de Rajoy con fondos reservados para actuar contra sus enemigos políticos primero en Catalunya, desprestigiando con informes falsos publicados por la prensa a los líderes del proceso soberanista. Luego, repitiendo ese modus operandi contra Podemos y sus responsables. Y en tercer lugar, la tercera pata de esa brigada política es la Operación Kitchen, la operación para sabotear el mayor caso de corrupción del Partido Popular. 

El periodista de elDiario.es Pedro Águeda nos va a acompañar en la narración de este capítulo, que hacemos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo. 

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha preguntado al PP regional si su Comité de Dirección de este martes se ha celebrado en relación “a lo que se les avecina” a unos días de que se celebre el juicio sobre el caso Kitchen.

Abengózar ha ironizado así sobre el hecho de que en el banquillo de los acusados se sentará Andrés Gómez Gordo, número dos y mano derecha de María Dolores de Cospedal durante su etapa de gobierno en la región, y nexo que une a la expresidenta castellanomanchega con el operativo ilegal de espionaje al extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

Tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa, la portavoz socialista ha preguntado en rueda de prensa al PP si, en el caso de que Gómez Gordo entre en prisión, “va a expulsar el PP regional a Cospedal por responsabilidad política” o, de lo contrario, va a seguir “mudo”.

Haciendo mención al Comité de Dirección que celebran este martes los 'populares', Abengózar ha cuestionado si esta cita tiene que ver “con lo que se les avecina”, pero en cualquier caso ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, “que se pronuncien”.

“Se quedan mudos ante estas noticias”

“El PP habla de ocurrencias todos los días, pero ante noticias como esta se quedan mudos. Y el señor Gómez Gordo, para el que la fiscalía pide 15 años de prisión, era la mano derecha de Cospedal. Algo tendrán que decir ante esta noticia tan importante. ¿Qué responsabilidad política tenía Cospedal?”, ha aseverado, en relación a la que es la presidenta de honor actual del PP regional.

Un PP, ha afirmado Abengózar, que, ante la llamada de Génova “ya sabemos lo que hace y esta vez no será una excepción”, continuarán “en silencio del mismo modo que permanecen callados cuando se trata de defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de sus siglas”, ha apuntado.

Denuncia para cambiar las reglas del trasvase Tajo-Segura

Por último, Abengózar también ha preguntado a los 'populares' si serían capaces de interponer una demanda contra un Ministerio de su propio signo político, tal y como ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha en el día de hoy para que el Ministerio de Transición Ecológica cambie las reglas del trasvase del Tajo.

La portavoz ha asegurado que con este recurso se pide que el Gobierno central modifique, de una vez por todas, las reglas de explotación del trasvase, “porque es justo para Castilla-La Mancha que se respete la normativa europea y las distintas sentencias”, ha añadido.

A las órdenes del juez Pablo Ruz y ayudado por una decena de fieles, el inspector jefe Manuel Morocho se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP. Los comisarios por encima del agente 81.067 se esforzaron en convertir el trabajo y la vida del investigador en un suplicio durante cuatro años. Con él fuera de juego, el partido en el Gobierno podría respirar. Pero Morocho resistió. Hasta que llegó su oportunidad de revelar ante un tribunal, en el juzgado del caso Villarejo y ante las comisiones del Congreso lo que había ocurrido en la Policía esos años. El inspector jefe relató las maniobras para que la causa judicial contra el PP fracasara y certificó que Kitchen fue una operación ilegal. 

El testimonio de Manuel Morocho resultará clave en el juicio que empieza el 6 de abril por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Los acusados niegan que trabajaran para encontrar y destruir pruebas de la caja B del PP. Su defensa es que buscaban el dinero escondido por el extesorero del partido y sus testaferros y poner las pruebas a disposición del juez. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política. “Habían hecho una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial”, dijo Morocho en el juzgado. 

El relato del policía mientras se instruía el caso Kitchen, del que ahora ofrece las primeras imágenes elDiario.es, detalla cómo unos mandos policiales a los que se había confiado la labor de esclarecer un delito se empeñan en taparlo. Los mandos de la Kitchen compraron al chófer de los Bárcenas con dinero público, robaron documentación al extesorero, allanaron un local de su esposa y orquestaron vigilancias a la familia 24 horas. 

Mientras eso ocurría, los superiores de Morocho presionaban al verdadero investigador de la caja B para que sus pesquisas no dañaran al PP y al Gobierno. En su declaración ante el juez García Castellón, en junio de 2021, Morocho afirmó: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”, afirmó el policía en la Audiencia Nacional sobre los sobresueldos al líder del PP. 

Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Asuntos Internos para “doblegar” al policía

El Ministerio del Interior implicó a la Unidad de Internos de la Policía en su acoso a Morocho. Acusó al policía y los agentes a su cargo de filtrar un informe de Gürtel sobre los pagos de la red a la ministra de Sanidad Ana Mato, después de que una copia apareciera en el polémico registro de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. Mantuvieron la acusación contra el Grupo XXI pese a que los informes policiales circulaban por todas las redacciones del país en cuanto tenían acceso a ellos los abogados del centenar de imputados en Gürtel. 

Morocho y los agentes a su cargo fueron interrogados por Asuntos Internos, según reveló elDiario.es el 1 de abril de 2014. En ese momento, Asuntos Internos estaba ya convertida en un bastión de la policía política, implicada en la Operación Cataluña, y liderada por uno de los comisarios que se sentará en el banquillo, Marcelino Martín Blas. 

El 14 de abril de 2021, siete años después, Morocho prestó declaración en el juicio por la reforma de la sede del PP con dinero negro. Al ser preguntado por el episodio con Asuntos Internos, el policía respondió: “Se buscaba ganarnos una presión, una tensión, para que nos doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”.

Las presiones a Morocho habían comenzado desde antes de que llegara el Partido Popular al poder. En la oposición, la formación de Rajoy había cargado contra la UDEF llegando a acusar a los policías de “fabricar pruebas” en Gürtel para perjudicar al partido. Expertos en mantenerse a flote, los superiores de Morocho ya se preparaban para el cambio de Gobierno en 2011. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad, creada en tiempos de Zapatero que había investigado los grandes casos de corrupción. También es el comisario que ayudó a Villarejo a que la investigación no alcanzara a los máximos líderes del PP, según confiesan ambos en un audio. 

El grupo de Morocho acabó el informe sobre los regalos de la trama Gürtel al matrimonio de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en enero de 2011. Sin embargo, “el informe fue parado y hasta febrero de 2012 no salió”, después de las elecciones generales que le dieron la victoria a Rajoy y solo ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Morocho explicó a García Castellón que Olivera, el jefe de la UDEF, pensaba que “lo iban a defenestrar”, pero sus temores se disiparon cuando trascendió el nombre del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Él es amigo personal del ministro desde la juventud, por cuestiones familiares y, si bien se le quitó de la unidad, realmente se le dio un puesto de más relevancia dentro del Ministerio”. Morocho se refiere al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Desde ese puesto, años más tarde, Olivera urdiría el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán para atacar a Podemos y garantizar que Rajoy seguiría en Moncloa.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El inspector relató a García Castellón cómo Olivera le ofreció un puesto en Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP. Morocho detalló cómo en medio de la conversación sonó el móvil de Olivera y éste le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó.

“Has cometido un gran error”

Las cosas no mejoraron con el sustituto de Olivera. El comisario fue reemplazado al frente de la UDEF por Manuel Vázquez. Morocho explicó en la Audiencia Nacional que el 29 de abril de 2013 entregó un informe clave en el caso de la caja B y también narró lo que ocurrió a las 8 de la mañana del día siguiente. “Estoy en el ordenador trabajando y recibo una llamada de Manuel Vázquez que me dice: ‘Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que rectificarlo. Hay que cambiarlo, hay que decírselo al juez”.

¿Qué podía haber hecho mal el inspector jefe Morocho, famoso por su carácter introspectivo, minucioso, casi obsesivo? Pronto lo supo. En el informe se daba por hecho que las anotaciones de Bárcenas sobre donantes de dinero negro al PP en las que ponía “López H” y “López Hierro” se referían a Ignacio López del Hierro. El empresario era marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y amigo desde hacía décadas del comisario Villarejo. El nombre no aparecía en el cuerpo del informe porque, como ocurriera con el de Mariano Rajoy, los jefes de la Policía obligaron a que solo figuraran en los anexos, lo más lejos posible del escrutinio de los periodistas. 

La presión sobre Morocho era una operación coordinada desde la brigada política. Así queda de manifiesto al analizar las agendas del comisario Villarejo. En ellas se puede leer: “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”. Sobre el ofrecimiento del puesto en la capital portuguesa el inspector jefe declaró al juez de Kitchen: “Querían que perdiera la credibilidad, la integridad, que perdiera mi dignidad, tanto con el procedimiento como con los magistrados y la Fiscalía, como con el grupo de investigación que estábamos trabajando”.

Y entonces aparecieron los papeles de Bárcenas. El Grupo XXI de la UDEF, estuvo formado, en su época más abundante, por 12 agentes. La estrategia pasaba por sobrepasarlo de tareas. Cuando afloraron los papeles de Bárcenas, Ruz nombró a Morocho y su grupo policía judicial a sus órdenes. El inspector quedaba blindado y no podía ser relevado por sus superiores. Así que estos optaron por hacerle desistir. 

“Me generaban presión pidiendo constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaban, llamándome constantemente. ‘¿Cuándo vas a acabar el informe?’. Buscaban una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, explicó Morocho en el juzgado.

Irrumpe en la escena el policía de Cospedal

En 2013, la UDEF recibió una sorprendente incorporación. Andrés Gómez Gordo era un policía que había dejado el Cuerpo para trabajar con el PP de la Comunidad de Madrid –está condenado en el caso Ciudad de la Justicia– y en aquella época se había convertido en un colaborador clave de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada política intentó captar al chófer de Bárcenas como topo, pero este se resistió. Así que recurrieron al policía que había trabajado junto a él para Francisco Granados. Gómez Gordo dejó de ser la sombra de Cospedal en Toledo y regresó a Madrid para dirigir el trato con el confidente. 

El jefe operativo Eugenio Pino acomodó a Gómez Gordo como jefe de Vigilancias en la UDEF y él intentó colocar en el grupo de Morocho a uno de sus hombres, a lo que el inspector jefe se negó radicalmente. Andrés Gómez Gordo se sentará en el banquillo de los acusados de Kitchen. La Fiscalía solicita para él la pena más alta, junto a la Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino, 15 años de prisión. 

Al tiempo que saboteaban la investigación del Grupo XXI, los mandos de la brigada política intentaban que el chófer de la familia Bárcenas les entregara pruebas que guardara el ex tesorero sobre la caja B del PP o hacían seguimientos a su familia para dar con el supuesto escondite. La Policía llegó a implicar a cerca de 80 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) en la vigilancia de 24 horas al hijo y la mujer de Bárcenas cuando éste entró en prisión. Todo eso dejó rastro. Y en 2015, Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, realizó una maniobra para intentar blanquearlo. 

Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos”, según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción. Aparecieron reflejados partes de vigilancias, los pagos de fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones. La introducción de los datos se hizo con dos años de retraso y la maniobra exculpatoria quedó al descubierto. 

En septiembre de 2020, Morocho entregó al juez del caso Kitchen un informe que le había solicitado sobre la operación. En él concluía que el Ministerio del Interior había buscado “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” con el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular, en alusión a las pruebas que pudiera guardar de su caja B. “Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

La tesis de Morocho es que la brigada política sí encontró parte de la documentación que buscaba en la familia Bárcenas. Los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad” de los conocidos como papeles de Bárcenas, afirma Morocho en su oficio.

“Me enseñaban por allí como a un animal salvaje”

El acoso a Morocho se extendió hasta 2016. En enero de 2015, el jefe operativo Eugenio Pino decide trasladar al incómodo policía al nido de la serpiente, a la propia DAO. “Los primeros días no sabían dónde colocarme. ‘Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí”. Le encargan informes que luego nadie lee, incluido uno sobre la estructura societaria en paraísos fiscales del comisario Villarejo que había desvelado El País. Cuando quiso entregárselo a Pino, el DAO no le atendió. Tampoco quien se lo había encargado, José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del primer y también acusado en Kitchen. “No me lo recibió. No quisieron escucharme”, declaró Morocho. 

Uno de los días que estuvo en la DAO destinado fue a tomar café con sus jefes, uno de ellos Eugenio Pino. Se cruzaron con un individuo grueso, de voz ronca. “El DAO me presenta de una manera así lejana. Este es Morocho y García Castaño [El Gordo] dice dirigiéndose a mi: ¿Y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí… Tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice Yo no le contesté. Seguí mi camino y ya está”.

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que “cualquier cosa es posible” tras conocerse que la Audiencia Nacional ha citado para testificar como testigo a la expresidenta del Ejecutivo regional, María Dolores de Cospedal, junto al expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en el marco del caso Kitchen.

En declaraciones a los medios, García-Page ha manifestado que “muchos tienen la sensación en España de que hay cosas que no se han investigado como debieran y que no han aflorado judicialmente como debieran”. “Tengan en cuenta que el número dos de Villarejo, al que le piden además 15 años de prisión, era director general, pared con pared con Cospedal”, ha añadido el presidente castellanomanchego en referencia a Andrés Gómez Gordo, “el número dos de Villarejo”.

Page ha recordado que Gómez Gordo, al que “le piden 15 años de prisión”, era “director general en la presidencia de Castilla-La Mancha, siendo la presidenta y secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Así que cualquier cosa es posible”.

Sobre el proceso judicial en el que está implicado el entorno de su predecesora en el cargo en el Palacio de Fuensalida, García-Page ha dicho que “en lo personal, no le puedo desear nada mal a nadie, y ni siquiera a Cospedal”. “En mi tierra se cebó, hizo muchísimo daño, durante cuatro años vivimos en un permanente Viernes de Dolores”.

“Hacen falta muchas explicaciones”

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, también ha valorado esta noticia, lamentando que “un día más”, Cospedal esté en las portadas de los periódicos y el Partido Popular de Castilla La Mancha callado. Así, Padilla ha asegurado que “duele” ver que mientras Cospedal era la presidenta de Castilla-La Mancha “y acometía los mayores recortes que se han producido en esta región”, su “única preocupación” era “este tipo de prácticas”.

“Hacen falta muchas explicaciones todavía por parte de ella, pero también explicaciones por parte del PP de Castilla-La Mancha, de Paco Núñez, que se esconde, como siempre, cada vez que sale este tema a relucir”, ha concluido la portavoz.

La lucha por la carrera profesional en Castilla-La Mancha no es un capricho corporativo, sino la expresión de un límite estructural: el sistema sanitario ya no puede sostenerse sobre médicos baratos, silenciosos y sustituibles, mientras la política juega a la sobreactuación y al olvido selectivo.

La carrera profesional es ahora una línea roja. La actual movilización médica no surge de una sola reivindicación salarial, sino del agotamiento de un modelo que ha vivido de estirar hasta el extremo el tiempo, la salud y la vocación de los profesionales.

La demografía médica es adversa: casi un 30 % de los facultativos alcanzarán la edad de jubilación antes de 2030, lo que convierte cada decisión sobre reconocimiento y fidelización en una cuestión de supervivencia del sistema, no de 'privilegio' corporativo. A esto se suma que más del 44 % del gasto sanitario autonómico se destina a retribuciones, por encima de la media de la OCDE, lo que alimenta una cultura política de la contención salarial permanente, disfrazada de responsabilidad presupuestaria.

En este contexto, la carrera profesional es mucho más que un complemento: es el único mecanismo estructurado que vincula formación, experiencia, compromiso y estabilidad al proyecto público. Su paralización desde 2012 ha significado trece y ahora catorce años en los que los sanitarios del SESCAM no han tenido acceso a nuevos grados, mientras todas las demás comunidades autónomas mantenían o recuperaban este derecho. El resultado es una brecha retributiva y de reconocimiento que penaliza precisamente a quienes sostienen guardias de 24 horas, agendas imposibles y urgencias saturadas, mientras el discurso oficial les pide resiliencia y paciencia.

El texto jurídico y la hemeroteca sanitaria dibujan el mismo patrón: la legislación mantiene guardias de 24 horas y una elevada flexibilidad horaria, consolidando al Estatuto Marco como herramienta de contención estructural más que de modernización real. Ese modelo se apoya en un silencio funcional: residentes que llegan a cubrir hasta el 30 % de la actividad en urgencias de hospitales docentes, y cuyo trabajo asistencial intensivo ha sido reconocido judicialmente como abusivo en lo que respecta a funciones no formativas. El sistema se adapta a la escasez usando al aprendiz como sustituto estructural, mientras retrasa sine die decisiones de inversión, estabilización y carrera profesional.

Hoy, cuando se habla de listas de espera, citas en Atención Primaria a 12 o 23 días y riesgo de colapso, convendría recordar que no es solo un problema de gestión coyuntural, sino el resultado de una década larga de vivir del sacrificio personal como variable de ajuste. Lo que chirría en este escenario, es la posición del Partido Popular en Castilla-La Mancha. No es solo contradictoria; es, en términos políticos, abiertamente hipócrita. Fue el Gobierno de Dolores de Cospedal quien, con la Ley 1/2012, suspendió la carrera profesional en el SESCAM, congelando el acceso a nuevos grados y dejando a los profesionales sanitarios como la única plantilla del país sin posibilidad de progresar en este ámbito durante más de una década. Esa cuarta disposición derogatoria sigue siendo, aún hoy, el ancla legal que mantiene paralizado el derecho a la carrera profesional en la región.

Eso también debería decirse para dibujar una realidad completa y no una sesgada. Que el mismo partido que impulsó esa suspensión presente ahora la carrera profesional como una bandera irrenunciable “que avergüenza” no tener, y reclame su blindaje por ley, exige algo más que memoria corta por parte de la ciudadanía.

Resulta especialmente llamativo escuchar al presidente regional del PP apelar a la ambición frente a la resignación después de haber sostenido durante años el marco normativo que colocó a Castilla-La Mancha en una situación de agravio comparativo con el resto del Sistema Nacional de Salud. Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario.

Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble el PP debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario

Frente a esta coreografía partidista, la huelga y las marchas de cientos de profesionales sanitarios por la carrera profesional expresan una demanda profundamente ética: dejar de sostener el sistema sobre una mezcla tóxica de vocación, culpa moral y resignación económica.

Cuando el equilibrio presupuestario depende del sacrificio personal de médicos y enfermeras, el déficit deja de ser financiero para convertirse en un déficit ético y organizativo. La carrera profesional no es un 'extra' en tiempos de bonanza, sino un pilar de equidad interna que evita que dos profesionales con igual formación y responsabilidad cobren distinto según el código postal de su servicio de salud.

Además, es una herramienta de sostenibilidad: en un contexto de jubilaciones masivas, precariedad crónica y fuga de talento, no reconocer el desarrollo profesional equivale a aceptar un modelo de rotación permanente, desmotivación y deterioro asistencial. Sin condiciones dignas, no hay sistema que aguante, por mucho discurso partidista que se le ponga encima.

Si el PP quiere ser creíble cuando exige “blindar por ley” la carrera profesional, el primer paso es reconocer su papel en la suspensión de 2012 y comprometerse explícitamente a derogar por completo el andamiaje legal de la Ley de Medidas Complementarias que cercenó este derecho. Si el PSOE quiere dejar de aparecer como el gestor que normaliza la excepcionalidad castellano‑manchega, debe pasar de los anuncios y las negociaciones eternas a fijar un calendario, una memoria económica y un marco estable que incluya a todo el personal del SESCAM, sin exclusiones arbitrarias.

En esta batalla, o la política se toma en serio el valor del tiempo, la salud y la experiencia de quienes sostienen la sanidad, o la próxima huelga ya no será un síntoma, sino el signo de que hemos traspasado definitivamente el punto de no retorno.

Varios cientos de profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) han marchado este lunes en Toledo capital en señal de protesta para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que inicie un proceso de negociación del complemento de la carrera profesional, cuando se cumplen 14 años desde que este colectivo dejara de percibirlo, bajo el mandato de Dolores de Cospedal, en la legislatura entre 2011 y 2015, sin que hasta ahora se haya podido recuperar.

Representantes de los siete sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial del Sescam --CCOO, UGT, CSIF, SATSE, USICAM, USAE y CESM-- han protagonizado una marcha que ha comenzado en las puertas del Hospital Universitario de Toledo y que ha seguido hasta las instalaciones de la sede del SESCAM.

Trabajadores de la Administración sanitaria de todas las categorías han coreado lemas como 'Carrera profesional para todo el personal' o 'Page, escucha, la carrera no es tu hucha', con alusiones a este complemento con una petición expresa al presidente regional, Emiliano García-Page.

Desde el acceso principal del Hospital Universitario, han recorrido la distancia que les separa de la sede central del SESCAM por la Avenida Río Guadiana y ya en la puertas del edificio de la Administración sanitaria se han detenido durante unos minutos, para seguir coreando las consignas en relación a la carrera profesional.

Antes de comenzar esta marcha, los diferentes representantes sindicales han trasladado esta posición común en declaraciones a los medios.

“No vamos a parar”

El responsable de Sanidad de UGT, Fernando Peiró, ha señalado que tras la concentración en Albacete y esta de Toledo, no van “a parar”. “Llevamos 14 años esperando la reanudación. Somos los únicos de todo el sistema nacional de salud que a día de hoy no tenemos esta posibilidad”, ha afirmado.

El Gobierno regional “está pidiéndole a los demás que no haya desigualdades en materia de financiación con otras comunidades autónomas”, y “están muy enfadados porque otros no cumplen con lo que prometen”, ha afirmado Peiró, pero es la Junta la que “tampoco cumple con lo que prometió a los profesionales del Sescam” cuando “ya ha pasado el ecuador de su tercera legislatura en el gobierno”.

Por su parte, el vicepresidente de Sanidad de CSIF en Castilla-La Mancha, Guillermo Rubio, ha pedido al Sescam que “deje de mentir” a los trabajadores, que lleva “14 años diciendo mentiras y con promesas falsas o incumplidas”.

Ha apuntado directamente a Emiliano García-Page para que derogue “la ley del 2012 de María Dolores de Cospedal --que conllevaba la eliminación de este complemento-- y que a día de hoy sigue manteniendo”.

De su parte, el coordinador regional de USICAM, José Julián Castillo, ha pedido al presidente regional que, en lugar de ir “por los platós de televisión hablando de otras comunidades”, que venga a “arreglar la suya”, visitando el hospital de Albacete o Toledo para “que se dé cuenta de cómo está la sanidad y cómo está su personal”.

“Decimos basta y lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, negociar con nosotros la convocatoria de la carrera profesional porque el personal del SESCAM le está mandando un mensaje de socorro”, ha aseverado.eli

Este sábado se cumplen catorce años de la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, más conocida como 'Ley Cospedal', ya que fue introducida cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha estaba presidido por la ex dirigente del Partido Popular.

Una efeméride que ha recordado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), afirmando que ha significado el “recorte” de derechos fundamentales al personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Uno de los principales cambios que supuso la entrada de esta ley fue el fin de la carrera profesional sanitaria, un incentivo económico a aquellos médicos y facultativos que acumulan mérito, experiencia y formación, y que sí está instaurado en el resto de las autonomías.

Por ello, la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, advierte que tener “este derecho congelado es una discriminación sangrante que tiene consecuencias tremendamente negativas”. Fernández añade que “se está generando una brecha retributiva entre trabajadores que rompe la equidad del Sistema Nacional de Salud, impacta en la motivación y provoca tanto la fuga de profesionales como la dificultad para atraer talento”.

A favor del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad

CSIF pone el foco en la recuperación de este derecho en el Sescam cuando el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco firmado el pasado 26 de enero con el Ministerio de Sanidad vea la luz. El sindicato afirma en un comunicado que el artículo 60 de esta normativa refleja el reconocimiento económico para personal fijo, interino y sustituto en todas las categorías, así como para todos aquellos trabajadores que llegan al Sescam desde otros servicios de salud.

El punto 6 de este artículo 60 es la“ clave” negociada por CSIF: habrá convocatorias de carrera y desarrollo profesional en el Sescam, como mínimo, una vez al año, y las cuales deberán resolverse en el plazo máximo de un año desde su convocatoria.

“Este Estatuto Marco obligará al Gobierno regional a cumplir con su eterna promesa de recuperar la carrera profesional. Llevamos 14 años de propaganda, pero ahora vemos la luz, y es que la aprobación del Estatuto Marco, que abraza a todas las categorías profesionales y que además reconoce las singularidades de cada colectivo, sin olvidar a nadie, conllevará, tal y como ha negociado CSIF, la recuperación de la carrera profesional en Castilla-La Mancha”, concluye Ana Isabel Fernández.

CSIF tiene previstas reuniones con los grupos parlamentarios para acelerar los procesos y promover su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Además de la carrera profesional, la Ley Cospedal también provoca pérdidas retributivas en los complementos de atención continuada y de grados de dispersión geográfica en Atención Primaria, así como reducción del abono en los módulos, en la exención de guardias para mayores de 55 años respecto a años anteriores al 2012.

El juez Antonio Piña (Tui, Pontevedra, 1966) se incorporó hace un año a un juzgado clave en la historia reciente de la Audiencia Nacional para cubrir la vacante por jubilación de Manuel García Castellón. Como tarea pendiente, Piña heredó una de las mayores causas de corrupción política y policial del presente siglo en España. El caso tándem, abierto en 2017, investiga las operaciones policiales perpetradas sin amparo judicial durante al menos seis años contra los adversarios del PP. Las andanzas ilegales de esa brigada corrupta, encabezada por el comisario José Manuel Villarejo, sucedieron durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio del Interior (2012-2016).

El juez García Castellón abrió desde ese juzgado clave una nueva línea de investigación del caso de corrupción policial en septiembre de 2022: la pieza separada número 34. Lo hizo forzado por la publicación de nuevas grabaciones del comisario Villarejo que abarcaban desde mediados de 2012 hasta octubre de 2017 —fecha de su detención y encarcelamiento— con dirigentes del Gobierno del PP, policías, jueces, empresarios y periodistas.

El juez y el fiscal anticorrupción mostraron escaso interés por el nuevo material, a juzgar por las diligencias acordadas, y mantuvieron esa conducta pasiva cuando Javier Pérez Dolset, empresario imputado en una de las piezas y supuesta víctima de Villarejo, añadió meses después al sumario otras 40 horas de grabaciones del comisario en comidas con más jueces, periodistas, policías y algún empresario.

La primera diligencia sólida de investigación ordenada por el juez García Castellón sobre la pieza 34, trece meses después de abrir la causa, fue citar a finales de octubre de 2023 como testigos a directores de los medios que publicaron esos audios. Los interrogatorios duraron escasos minutos, hizo un par de preguntas irrelevantes y remitió parte del material a la Unidad de Asuntos Internos  para su análisis. Lo único conocido de aquel encargo es un pequeño informe donde la Policía advertía de que había tres grabaciones que podrían tener interés para la causa abierta en la Audiencia Nacional. Ese informe permaneció oculto a las partes hasta hace tres meses. El PSOE, acusación popular en el caso, conoció el documento y pidió la imputación de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha cuando sucedieron los hechos.

La prueba era una grabación de la conversación de Villarejo con Cospedal en enero de 2013 donde la dirigente del PP pedía al comisario de policía que hiciera gestiones para impedir la publicación de los denominados papeles de Bárcenas –“la libretita... sería mejor poderlo parar”— en El Mundo. Pero Villarejo no pudo cumplir con la misión pues ese periódico no tenía la contabilidad de la caja B del PP, publicada finalmente por El País.

El nuevo titular del juzgado, Antonio Piña, con el aval del fiscal del caso, consideró insuficiente esa prueba para imputar a la exdirigente popular: “No se puede observar un encargo por la señora Cospedal al comisario Villarejo para la realización de actuaciones delictivas que requiriesen la apertura de una investigación”. Tampoco vio especial trascendencia el instructor Piña en otra conversación donde Cospedal le contaba a Villarejo como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ofrecía conocer un informe policial del caso Gürtel un día antes de que lo recibiera el juez que lo había encargado.

El PSOE atribuyó al juez Piña una especie de lawfare a la inversa consistente en vetar la investigación judicial a Dolores de Cospedal mediante la ocultación de pruebas que la incriminaban. Piña se revolvió acusando al PSOE de presentar un escrito “contrario a la verdad e injurioso”, que afectaba a su honor con la intención de deslegitimarle además de contribuir a “menguar la confianza de la ciudadanía en la justicia”.

La Justicia lleva años sin investigar numerosos indicios de delito en la actuación de una cúpula policial a las órdenes del Gobierno del PP que se sentará en el banquillo dentro de tres meses procesada junto al exministro Fernández Díaz y a su secretario de Estado, Francisco Martínez, por espiar ilegalmente a quien fue tesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle documentación que podría demostrar la financiación ilegal de la formación conservadora. Mientras la operación ilegal orquestada desde el ministerio del Interior para proteger al partido del Gobierno será juzgada en la Audiencia Nacional, el resto de acciones de la cúpula policial para desacreditar a independentistas catalanes, dirigentes de Podemos o el líder socialista Pedro Sánchez, siguen impunes.

Hay decenas de grabaciones en la pieza 34 no analizadas todavía donde se acumulan numerosos indicios de delito que el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional no ha analizado en los últimos tres años.

Aquí se resumen algunas de esas pruebas sonoras de seis años de corrupción de las cloacas del PP pendientes de investigación:

Los planes secretos del ministro del Interior contra dirigentes independentistas catalanes

Jorge Fernández Díaz negó a Villarejo ante el juez García Castellón: “Gracias a Dios, en cinco años no he tenido ni una sola relación con él”. Y también lo hizo ante los diputados en la comisión de investigación del Congreso: “No oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo”. Ambas declaraciones son anteriores a la llegada al juzgado 6 de la Audiencia Nacional de una grabación del exministro del Interior con el comisario Villarejo donde ambos planifican la presentación de denuncias en la Audiencia Nacional contra los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas con información policial, en parte falsa, sobre corruptelas de los dirigentes independentistas. El entonces ministro es consciente en esa cita con Villarejo de la irregularidad de su actuación e insiste en pedir que se mantengan en secreto lo ocurrido allí: “El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”.

La policía filtra las fotos del DNI de jueces favorables al procés

Altos cargos de Interior investigaron en secreto a jueces catalanes firmantes de un manifiesto a favor del derecho a decidir y filtraron al periódico La RAZÓN las fotos del DNI de estos profesionales que apoyaban en ese momento las tesis independentistas. En una de las grabaciones de Villarejo, varios policías hablan de esos hechos y planifican la manera de borrar el rastro de quién consultó las bases de datos policiales para copiar las fotos...

Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, se reúne con Villarejo —que graba la conversación—, y Pedro Esteban, entonces comisario de Información de Cataluña y supuesto autor de la filtración de las fotos.

Pino: Si usted quiere saber quién lo ha filtrado, pregúnteselo al periódico [que lo ha publicado].

Villarejo: Sí, sí, sí.

Pino: Si he sido yo, pues ya dirá que he sido yo.

Esteban: Pero es importante si se pudieran borrar los registros.

Pino: Están intentándolo.

Pedro Esteban: Mejor.

Pino: De todas maneras, a ti, si te preguntan, no digas que…

Esteban: ¿A mí qué me van a venir a preguntar?

Pino: Tú estás protegido por la ley de secretos oficiales, no tienes ninguna obligación de explicar esa información. Le nombras la normativa y ya está. Yo, todo lo que tal… Es que estamos obligados a saber quiénes son estos 25 jueces. Estamos obligados. Entre otras cosas, el fiscal general del Estado el otro día...

Villarejo: De todas maneras, joder, el tema de las fotos del DNI, macho, el tonto de La Razón, es que…

Estos hechos se investigaron y archivaron en un juzgado de Barcelona que nunca tuvo acceso a esta prueba sonora. 

“Hicieron la mierda esa del informe Pisa contra Podemos”

Miembros de la policía política elaboraron un informe titulado Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) para desacreditar al líder de Podemos y lo filtraron a determinados medios de comunicación para lograr el resultado buscado. Después, el comisario jefe de la UDEF lo registró como denuncia de la Policía ante el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal de Podemos. Villarejo, en una de las grabaciones, le cuenta a Cospedal: “Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura, y con eso lo vacunaron”.  El Tribunal de Cuentas archivó la denuncia.

En esa misma conversación grabada, incorporada a la pieza 34 que instruye el juez Antonio Piña, Villarejo también comenta con Cospedal los papeles que la cúpula de Interior filtró para hacer creer que Podemos había cobrado dinero del Gobierno venezolano.

Villarejo: A quien se le haya ocurrido darle la documentación esa de Podemos falsa a Inda ha hecho una jugada buena. De carambola, pero la ha hecho buena (...)

Cospedal: ¿Pero es buena la información?

Villarejo: Es chunga. Y además está mal montada. Porque han tirado de impresos antiguos, que ya ese Ministerio no se llama así y tal… Un desastre.

La investigación a Pedro Sánchez por los negocios de su suegro: “Me lo encargó el del Opus”

La pieza 34 tiene dos grabaciones aún no analizadas por nadie donde Villarejo le cuenta a un empresario en dos comidas que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le había encargado una investigación especial de los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

En la comida grabada del 8 de septiembre de 2014, Villarejo afirma: “Me han pedido un reportaje fotográfico. El señor del Opus [en referencia al ministro Jorge Fernández Díaz] y compañía, ¿eh? Me han pedido un reportaje fotográfico de las de un lado, de las de otro y si es posible interno. O sea que fíjate si tienen todo el interés del mundo en ese tema”.

Quince días después, en otra comida con idéntico interlocutor, Villarejo insiste: “Me han preparado (sic) que organice un reportaje de todos los puticlubs. Cuando lo tenga te lo paso, por si quieres publicarlo antes jajajaja. Te digo que me lo ha encargado formalmente tu amigo que reza mucho [en referencia al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz] que como dice el otro sigue los criterios americanos, por la mañana desayunar en París y por la tarde bombardear Hanoi”.