La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha exigido hoy al PP regional “coherencia” para “pedir explicaciones y reprochar” la conducta de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en el ‘caso Kitchen’, tras haberse conocido que la Audiencia Nacional ha requerido sus audios con el comisario José Manuel Villarejo.

“Aquí hay una persona que está en todas las salsas y que tiene una vinculación con Castilla-La Mancha: Cospedal, que todavía sigue estando en esta causa sin que haya afrontado o dado las oportunas explicaciones. Hay un ministro que está siendo juzgado con el riesgo de tener una pena de 15 años de cárcel. Lo mismo puede ocurrir con el director general de Cospedal, y entendemos que la propia Cospedal tiene que contar toda la verdad”, ha señalado.

Ha remarcado así en que el PP tiene que ser, por tanto, “coherente”, y hacer como el PSOE: “Llamar al orden y pedir explicaciones a sus propios compañeros, y reprochar y repudiar este tipo de conductas”.

También ha criticado al presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, por no haberse pronunciado aún al respecto, cuando “sería bueno” tanto que le pidieran explicaciones a Cospedal, como que explicaran “por qué en connivencia guardan silencio”, hasta el punto de haberla nombrado presidenta de honor del partido autonómico cuando “ya estaba en la cuerda floja de la Kitchen”.

El PP pasa la pelota al PSOE

Desde el PP, su portavoz regional, Alejandra Hernández, se ha limitado a mostrar su respeto a la justicia tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional. “Tendrán que ser ellos los que tomen las decisiones oportunas”, ha dicho, y acto seguido ha hecho hincapié en que los principales casos que se están investigando “tienen mucho que ver con el Partido Socialista”.

Además, ha afeado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por seguir “callado” ante todas esas noticias que “vemos que cada día van aumentando en su partido” mientras “guarda silencio” el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. “Les gusta hablar mucho de los demás, pero hacer autocrítica y hablar de lo suyo no”.

En un giro imprevisto, los policías que investigaron el caso Kitchen volverán al trabajo en los próximos días. Con el fin del juicio previsto para el 30 de julio, el actual juez instructor de la causa, Antonio Piña, ha aceptado que la Unidad de Asuntos Internos elabore un informe sobre las comunicaciones entre el comisario José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro acerca de las presuntas entregas de dinero de la antigua secretaria general del PP y su entonces marido al policía.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Piña también ordena que la emisora RAC1 entregue unas grabaciones cuya publicación en marzo de 2025 no consiguió que fueran valoradas por la justicia, permitiendo que María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy se hayan paseado por la vista de Kitchen como testigos, en algunos momentos olvidadizos y en otros, incluso displicentes.

Uno de esos audios muestra cómo el 15 de septiembre de 2014, aproximadamente un año después del grueso de la operación Kitchen, el comisario Villarejo visita a Cospedal en su despacho de la planta séptima de la sede nacional del Partido Popular.

Villarejo: Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada… Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente

Cospedal: ¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?

Villarejo: No. La hemos encontrado nosotros.

Cospedal: Vosotros. No, porque yo sé que han encontrado. Lo del último mes no lo sé; yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este [Bárcenas] todo lo que tenía

Villarejo: Bueno, pues eso…

Cospedal: A mí me lo ha dicho el presidente. No me lo ha dicho nadie más.

Uno de los secretos que quedaba por aclarar de la macrocausa Villarejo era –sigue siendo– el de la pieza 34. El segundo instructor del caso, Manuel García Castellón, decidió abrirla como una suerte de almacén de todos los audios de Villarejo publicados por medios de comunicación, los que fueron volcados en Telegram por el ultra Alvise y los entregados en el juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset. Aún es un misterio si todas estas horas de grabación pertenece al aproximadamente 50% de los audios de Villarejo que siguen encriptados en la Audiencia Nacional.

La pieza permaneció inaccesible para las partes durante dos años. En su interior escondía un informe de Asuntos Internos que a punto estuvo de pasar desapercibido. En él, la Policía advertía de que adjuntaba un anexo con unos audios denominados MDCospedal “para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7 [Kitchen]) por parte de su autoridad”. Esa valoración nunca se produjo.

La acusación popular del PSOE analizó los audios y solicitó, antes del juicio, la imputación de María Dolores de Cospedal, de su exmarido Ignacio López del Hierro y del Partido Popular como persona jurídica. El actual instructor, Antonio Piña, rechazó de plano las aspiraciones de los socialistas con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La acusación popular del PSOE ha conseguido que algunos extractos se reproduzcan en el juicio de Kitchen, pero sin apenas alcance: ni Cospedal ni Rajoy llegaron a la vista como acusados.

Tras insistir, la representación del PSOE ha logrado que el juez Piña dicte un auto de aclaración a aquel que denegó la imputación de Cospedal admitiendo las dos diligencias citadas: que se requiera a RAC1 los audios y que Asuntos Internos elabore un nuevo informe. Si este apreciara indicios de delito y el juez asumiera su tesis se abriría una causa independiente del caso Kitchen sobre los nuevos investigados, explican fuentes jurídicas.

Entre los audios que tendrá que analizar Asuntos Internos existen algunos sobre los que la unidad ya se ha pronunciado. En la pieza 34 está el contenido de la grabación publicada por El País en la que Cospedal ordena a Villarejo que detenga la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad B del Partido Popular. Anticorrupción, con el informe de Asuntos Internos, solicitó que Cospedal volviera a ser imputada, pero García Castellón se negó.

En otro de los audios, Cospedal confiesa a Villarejo que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le hace entrega de los informes de la UDEF sobre la caja B y Gürtel con solo un día de antelación a que lo tenga el juez. Como el anterior, se trata de grabaciones de 2017.

Un tercer audio es posterior, de 12 de septiembre de 2017. Cospedal suma a su puesto de secretaria general del PP el de ministra de Defensa. Villarejo se ve rodeado por todos los escándalos sobre su patrimonio oculto y sus maniobras extraoficiales. El marido de Cospedal lo recoge en un punto del centro de Madrid y lo conduce al despacho de su esposa. Villarejo le pide ayuda. Cospedal contesta: “Yo hablo con quien tenga que hablar”.

La verdad sobre los pagos encubiertos de Cospedal a Villarejo

De otro lado está el informe que ya ha encargado a Asuntos Internos. La Policía se centrará en uno de los asuntos más graves y en que menos se detuvo el juez García Castellón: las alusiones en la agenda de Villarejo y en las grabaciones a los pagos de Cospedal bajo cuerda al comisario.

El 6 de diciembre de 2012, por ejemplo, Villarejo anotó en su agenda “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. “José L. Orti” es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal entonces y quien también fue investigado en Kitchen antes de que la causa contra él se archivara.

Menos de dos años después, Villarejo volvería a escribir el resumen de su cita con Cospedal en el hotel Orfila el 14 de septiembre de 2014: “18:15 en Orfila [hotel próximo a Génova]. Cambio al final a la sede 7ª [planta de la sede del PP]. Pide que haga un análisis de Esquerra. Comprende que quiera jubilarme. Promete pagar la deuda de 100”.

En el juicio del caso Kitchen, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha dirigido toda la investigación contra Villarejo explicó que su método de trabajo sobre las agendas del comisario consistió en cotejar las anotaciones con hechos constatables. La conclusión fue la siguiente: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”,

Ahora, el juez Piña ordena a Asuntos Internos que “identifique si entre el material incautado al señor Villarejo se identifican conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad de este con la señora Cospedal o el señor López [del Hierro], correos electrónicos o transferencias bancarias”.

El juicio del caso Kitchen, la última guerra sucia en España ocurrida hace 13 años, se ha visto desplazado por las investigaciones de corrupción del actual Gobierno y el desinterés de un amplio espectro mediático por informar de la trama más grave ocurrida durante el último Ejecutivo del Partido Popular, justo cuando los conservadores aspiran a recuperar el poder. El desarrollo de la vista tampoco ha ayudado a romper esas barreras: el único mando policial arrepentido, Enrique García Castaño, evitó el banquillo por una grave enfermedad; y el político que amagó con tirar de la manta, Francisco Martínez, se buscó el mismo abogado que otros acusados y nunca lo hizo. Pese a ello, la Fiscalía se ha mantenido inamovible en las convicciones que tenía al comenzar la vista y este lunes volvió a pedir 15 años de cárcel para varios acusados. Entre ellos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes que el juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que finalice el 30 de julio, aunque ya solo resta que las partes expongan sus informes finales, de los que este lunes adelantaron las conclusiones. La foto del banquillo de los acusados fue, desde el primer día, la única instantánea que hay hasta ahora de la guerra sucia del Partido Popular. Pero con notables ausencias. El juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, impuso un “círculo rojo” de protección alrededor de la cúpula del PP, según denunciaron los primeros fiscales del caso cuando recurrieron el archivo de la causa contra María Dolores de Cospedal. También se quejaron de que el magistrado cerrara abruptamente la investigación cuando se empezaba a indagar en los indicios sobre Rajoy. En la fotografía de aquella guerra sucia están todos los que son, pero no están todos los que fueron.

En el banquillo también faltaba 'El Gordo', el comisario más aclamado y temido en la Policía desde la democracia. Mucho más que un Villarejo que nunca existió para la mayoría. García Castaño sufrió un ictus que le mantiene en una situación de extrema dependencia y que, sobre todo, le impide defenderse. Sin su testimonio 'autoinculpatorio' en fase de instrucción nunca hubiera sido imputado el primer político, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y sin la acusación contra este no hubieran aflorado los indicios contra el ministro del Interior, Jorge Fernández.

El testimonio de García Castaño ante el juez y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano se ha reproducido durante nueve horas en el juicio, pero a puerta cerrada. La Audiencia Nacional, como hace con cualquier juicio de trascendencia, facilitó la señal por Internet de la vista, a excepción de la fase dedicada a la reproducción de la prueba. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, argumentó que algunos pasajes de las grabaciones de Villarejo y otro material que se iban a exhibir afectaba a la intimidad de terceros.

Así que nadie que no se plantara en el polígono industrial de San Fernando de Henares, donde tiene una de sus sedes el tribunal, pudo escuchar la frase que cambió el caso Kitchen: “Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay son unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor [Bárcenas]. Por un lado, las donaciones que se le daban (...) Por otro lado, los pagos que hacía en B”. El Gordo asegura que ha recibido la orden de recuperar los discos duros al margen de la investigación judicial de la caja B y que las instrucciones partieron del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y del número dos de Interior, Francisco Martínez.

La prohibición para retransmitir esa frase del juicio también impidió al público no presente en la sala escuchar a María Dolores de Cospedal dar instrucciones a Villarejo para que no fueran publicados los papeles de Bárcenas. La secretaria general del PP entonces ha estado presente en el juicio en varias ocasiones y una de ellas, de cuerpo presente. Declaró como testigo entre olvidos y negaciones de la más absoluta evidencia. Llegó a decir que nunca había hablado por teléfono con Villarejo cuando la orden anterior se la dio en conversación telefónica reproducida durante el juicio.

Más displicente incluso se mostró su enemiga Soraya Sáenz de Santamaría, quien recostada en la silla de los comparecientes aseguró que el asunto de la Kitchen no le había preocupado ni siquiera para preparar una posible pregunta en la rueda de prensa que ofrecía como portavoz del Gobierno tras los consejos de ministros. Entre sus atrevidas afirmaciones negó que el CNI tuviera nada que ver con la Kitchen, incluso desconocía que el servicio de Inteligencia tuviera “animadversión” al comisario Villarejo. Como Cospedal, nunca estuvo acusada, así que sus afirmaciones no tuvieron consecuencia alguna.

A la espera de Francisco Martínez

Los acusados del juicio declararon tras las comparecencias de los testigos y la reproducción de la prueba. La expectación era máxima para conocer qué ocurriría con el secretario de Estado de Seguridad. Hubo un momento, a finales de 2019, en el que Francisco Martínez se vio acorralado. 'El Gordo' le señalaba y el ministro del Interior daba entrevistas asegurando que no tenía ni idea de qué era eso de la operación Kitchen. Así que él se fue a dos notarios a que dieran fe de unos mensajes que guardaba en su móvil. En uno de ellos, Jorge Fernández le trasladaba quién era el topo en la familia Bárcenas, con nombre y apellidos. En otro le informaba sobre los avances del operativo.

El enfrentamiento entre ellos en fase de instrucción había supuesto el momento de psicodrama de la causa. El juez García Castellón organizó un careo en el que se lanzaron duros reproches. El ministro dijo que no tenía duda de que Martínez hubiera recibido esos mensajes, pero tampoco la tenía de que él no era el autor de esos envíos. En el juicio han declarado los dos notarios, que han confirmado que Martínez tuvo en su teléfono esos mensajes, pero también que no comprobaron, porque no son peritos, que el número que tenía en su agenda como “Jorge Fernández Díaz”, y del que procedían los mensajes, fuera realmente el del ministro.

Para entonces ya se había adivinado el pacto entre ambos. El abogado de Fernández Díaz había pedido que su cliente declarara después de Martínez, pese a que el orden era el contrario, alegando que los únicos indicios contra el exministro eran las afirmaciones de Martínez. El abogado de este no se opuso. En las declaraciones, ambos se dedicaron elogios. Martínez llegó a decir que Fernández Díaz había sido “el único” que había confiado en él.

El ex secretario de Estado no conservaba esos mensajes cuando Asuntos Internos y los fiscales entraron en su casa en marzo de 2020. Lo que había en su teléfono, por ejemplo, eran reflexiones sobre las dificultades en las que se encontraba por haber sido leal a los “miserables” de Rajoy y Cospedal. De ahí la posibilidad de que contara más de lo que había hecho hasta ahora, más si se tiene en cuenta que la Fiscalía le considera el “coordinador” de la Kitchen, hay un testimonio directo contra él y la petición de cárcel alcanza a los 15 años. Pero no ocurrió. Su abogado ni siquiera cuestionó al perito de la defensa de Fernández Díaz que puso en duda la trazabilidad de los mensajes que incriminan al exministro.

La mayoría de los acusados han optado por contestar únicamente a sus defensas y a las preguntas que les quisiera hacer la presidenta del tribunal. Solo Villarejo, que apenas se juega nada en este juicio si se enmarca en el alud de condenas y acusaciones pendientes que tiene; el chófer Sergio Ríos, sin vinculación con la brigada política del PP; y, sorprendentemente, José Luis Olivera, contestaron a las preguntas del fiscal.

Esta estrategia conservadora pasaba por defender ante sus abogados que la Kitchen existió –los pagos de fondos reservados o la constancia de seguimientos a la familia así lo atestiguan– pero que estaba destinada a encontrar dinero escondido por Bárcenas y testaferros. Por eso resulta tan importante el testimonio del inspector jefe Manuel Morocho, el verdadero investigador de los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Ruz. Morocho dijo desconocer por completo la operación Kitchen y aseguró que se hizo a sus espaldas. De paso, relató una serie de coacciones y presiones que sufrió mientras investigaba al PP por parte de toda la cadena de mando policial.

Los testigos, miembros de esa cadena de mando, y los acusados que fueron sus superiores, intentaron describir a un Morocho obsesivo y con mal carácter. El último, Olivera. El impulsor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán atribuyó la acusación de Morocho de querer comprarle al “rencor”.

El comisario Andrés Gómez Gordo, suspendido de sus funciones por el procesamiento en el caso Kitchen, ha cerrado este miércoles su declaración con una frase que resume su carrera como policía: “Intentar medrar no es delito”. El agente no ha aludido a que para progresar haya tenido necesariamente que delinquir, pero se da la circunstancia de que se sienta en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, malversación y dos delitos contra la intimidad.

Gómez Gordo, además, tiene antecedentes por haber utilizado su posición de funcionario público, en concreto de policía, para propulsarse a otros destinos y ya instalado en ellos delinquir: está condenado por la Audiencia de Madrid a tres años y medio por prevaricación en concurso con malversación por el caso Ciudad de la Justicia, proyecto fallido del PP madrileño para el que fue elegido jefe de seguridad a razón de 6.000 euros mensuales y 100.000 de indemnización. En Kitchen es defendido por el despacho de abogados que representa a Víctor de Aldama y Julio Iglesias.

La afirmación “intentar medrar no es delito” fue pronunciada por Andrés Gómez Gordo cuando su abogada le preguntó por los intercambios de mensajes con el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, impropios de un jefe de Vigilancias de la UDEF, con un número dos de Interior. Gómez Gordo negó que la información que intercambió con el secretario de Estado sobre la operación Kitchen demostraran su implicación en el operativo ilegal y que respondían a esa intención de “medrar” con el político.

Los miembros de la brigada política del PP fueron recompensados con destinos 'dorados' y medallas pensionadas. El caso de Gómez Gordo es paradigmático. Estuvo cuatro años fuera de la Policía, trabajando para María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. No habían pasado seis meses de su reincorporación a la Policía en 2015 cuando fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito –destinada a quien ha puesto su vida en peligro– y que lleva un aumento de por vida del 10% en la mensualidad. Él ha dicho hoy que con esa condecoración le recompensaban toda su trayectoria en la Policía.

La versión del acusado es que el chófer de los Bárcenas –que también ha declarado este miércoles– se puso en contacto con él porque se conocían de la anterior etapa de Gómez Gordo medrando fuera de la Policía, concretamente a las órdenes del procesado por corrupción Francisco Granados cuando este era consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A Sergio Ríos, el chófer, le habían intentado captar “de forma brusca” Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y el conductor pensó en consultar a su antiguo amigo Andrés Gómez Gordo.

La versión de la acusación es que la magnitud del confidente, que tenía en sus manos recuperar el material que incriminaba a Mariano Rajoy y la cúpula del PP en el caso de la caja B, provocó el inmediato regreso de Gómez Gordo de Toledo a Madrid, con la bendición de su jefa allí, María Dolores de Cospedal. Él, sin embargo, ha contado que estaba harto de viajar con la presidenta autonómica y que habló con sus colegas en la policía para que le buscaran un puesto. Dio la casualidad que la jefatura de vigilancias de la UDEF estaba libre. Luego iría en “atribución especial de funciones” durante tres meses a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el nido de la brigada política del PP.

Gómez Gordo tuvo que encargarse de conseguir la cooperación del chófer de los Bárcenas, siempre por orden de sus superiores, y en lo que creyó siempre que era una operación legal contra “el delincuente número uno” en ese momento, Luis Bárcenas. “A mí el señor Ignacio López del Hierro jamás me dijo nada”. Esta es la vez que más cerca ha estado de mencionar el nombre de María Dolores de Cospedal, contra quien no se dirige la investigación gracias al empeño del juez instructor Manuel García Castellón por despreciar los indicios contra ella.

Villarejo, que llamaba 'Andy' a Gómez Gordo, escribió en sus agendas que este iba a aprovechar el verano para “copiar lo que le quitaron a LB (Luis Bárcenas)” y que se alojaba en un despacho de la DAO. Este miércoles, Gómez Gordo ha dicho que Villarejo escribiría eso porque “a lo mejor estaba cabreado” por la “guerra de comisarios” que se vivía entonces. El jefe de Asuntos Internos que ha investigado Kitchen dio total credibilidad a las agendas del comisario durante su declaración en el juicio: “Villarejo no se engañaba a sí mismo”.

Gómez Gordo fue protagonista del intento de 'blanquear' la operación Kitchen como una investigación para intentar descubrir dinero y testaferros ocultos de Bárcenas. Se trata de la tesis mayoritaria en las defensas para, ante las evidencias de seguimientos y robo de documentación, alegar que se trataba de una operación legal que, sin embargo, no conocían el juez ni los policías que de verdad investigaban a Bárcenas. El modo fue incluir en una base de datos los seguimientos para simular que los compartían con los auténticos investigadores.

“Lo único que he hecho es presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota a Gati [base de datos] porque me lo han ordenado, y hacer los pagos [de fondos reservados al chófer] porque me lo han ordenado. Me dediqué a cumplir las órdenes, ni siquiera fui a la DAO por decisión mía”, ha declarado Gómez Gordo.

Un arcón de Rosalía con doble fondo

Tras él ha sido el turno de Sergio Ríos Esgueva, el chófer de los Bárcenas que actuó como topo de la brigada política y al que Villarejo apodó 'El Cocinero' o 'Coci'. Policía suspendido en la actualidad, Sergio Ríos ha negado todos los hechos delictivos que se le atribuyen: no facilitó la clave del local de Rosalía Iglesias a la brigada política, tampoco le entregó tres dispositivos móviles en el Vips de Velázquez para ser clonados, ni robó papeles de la mujer de Luis Bárcenas para los comisarios acusados.

Ha explicado que él pensaba que estaba colaborando “con la Policía” y que Villarejo le dijo que él era “responsable de un grupo de inteligencia de la Dirección” del Cuerpo. También ha rechazado que además de los 2.000 euros mensuales como confidente fijo hubiera sido recompensado con el ingreso en la Policía a los 42 años y que el mérito fue solo de él. Villarejo comentó la idea de que ingresara en el Cuerpo al número dos de Interior para tenerle atado y que no desvelara la operación en el futuro. “Acaba de entrar una compañera de 53 años y otro de 51”, ha dicho Ríos ante el tribunal como argumento.

El chófer de la familia Bárcenas ha asegurado también que cuando llevaba a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, sufrieron seguimientos que, por su experiencia, no correspondían a policías ni a periodistas. La afirmación se ha producido durante las preguntas del fiscal Anticorrupción, pero por una aclaración que ha solicitado la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, quien ha apelado a su experiencia en seguridad para que diese su opinión sobre quiénes podían seguirles. “Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, que manifestó que tenía enemigos, más dentro del partido”.

Ríos Esgueva ha desvelado una característica del supuesto escondite de las grabaciones de Bárcenas a Rajoy que buscaba el operativo Kitchen que no había surgido hasta ahora en el juicio. El arcón –“cajonera”, le ha llamado él– tenía dentro dos cajones que al moverlos abrían un doble fondo, según le contó la propia Rosalía. Bárcenas dijo en su declaración que ahí guardó una copia de los audios con Rajoy, pero que al salir de la cárcel ya no estaban. El comisario García Castaño afirmó en fase de instrucción que cuando allanó el local dentro del arcón no había nada.

“*medrar: intr. Dicho de una persona: Mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc., especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias” (rae.es)

El juicio del caso Kitchen retoma su actividad tras dos semanas de paréntesis con la declaración de varios mandos de la brigada política que el PP utilizó para sabotear presuntamente el caso de la caja B y también para atacar a independentistas catalanes y Podemos. Entre ellos destaca Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal, quien regresó a la Policía para controlar la colaboración del topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer de la familia, que también declarará este mismo miércoles o en sesiones posteriores.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Andrés Gómez Gordo. Para entender su entidad en la trama sirve que es la misma condena que solicita el Ministerio Público para el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Gómez Gordo es el paradigma de la corrupción policial en democracia. Dos veces ha dejado la Policía para trabajar al servicio del PP, aunque cuando estuvo en servicio activo también se plegó a los intereses del partido, según se juzga en Kitchen.

Andrés Gómez Gordo trabajó para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. En ese periodo conoció al conductor del consejero, un tal Sergio Ríos, exmilitar y guardia de seguridad. De aquel periodo, el comisario Andrés Gómez Gordo se llevó una condena de tres años y medio de cárcel, impuesta por la Audiencia Nacional, en el caso Ciudad de la Justicia.

Su segunda excedencia en la Policía también está en el origen de su otro problema judicial, el caso Kitchen. Cospedal se llevó a Gómez Gordo a la Presidencia de Castilla-La Mancha y lo nombró director de Documentación. Esa denominación era una maniobra de distracción sobre las auténticas funciones del policía, espía para Cospedal y jefe visible de su escolta. Todavía queda la duda de si él informó de la posibilidad de captar al chófer de los Bárcenas o si la cúpula policial recurrió a él cuando Sergio Ríos rechazó colaborar con el primer comisario que se acercó a él, Enrique García Castaño.

Las pruebas contra Andrés Gómez Gordo son contundentes. Durante la instrucción y el juicio ha quedado acreditado que trató directamente con el topo y que le hizo entrega de partidas procedentes de los fondos reservados. Lo cierto es que Andrés Gómez Gordo dejó su trabajo en Toledo para regresar a la Policía. El comisario Eugenio Pino lo ubicó como jefe de vigilancias de la UDEF, aunque compaginaba su destino con la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Al poco de regresar al Cuerpo fue condecorado con una medalla pensionada.

Además, Gómez Gordo aparece también en los estertores de la operación Kitchen en un episodio destacado. Fue el policía encargado de intentar 'blanquear' el operativo. Ingresó datos sobre los seguimientos a la familia Bárcenas en una base de datos policial para poder argumentar que compartieron el operativo con los verdaderos investigadores de los casos Gürtel y caja B. Ocurrió en 2015, dos años después del episodio central de la operación Kitchen.

La Fiscalía Anticorrupción cree que se trata de una maniobra de distracción en la línea de defensa de todos los acusados: si hay seguimientos acreditados a la familia Bárcenas, si los pagos al chófer con fondos reservados están demostrados, es porque hubo un operativo, pero fue legal. Se trataba, defienden todos ellos, de descubrir el dinero supuestamente escondido por Bárcenas y sus testaferros. La versión de la acusación es que eso es solo una excusa: los policías, por orden de Interior, buscaban los discos duros con las supuestas grabaciones de Rajoy hablando de la caja B. Solo querían ponerlas a salvo del juez Pablo Ruz, como confesó el propio García Castaño en fase de instrucción.

Gómez Gordo desvinculó a su antigua jefa, María Dolores de Cospedal, de cualquier conocimiento de la Operación Kitchen. También al exmarido de esta, el empresario Ignacio López del Hierro. Gómez Gordo es defendido por el prestigioso y caro despacho de José Antonio Choclán, defensor de Víctor de Aldama o Julio Iglesias, entre otros. El mismo despacho defiende a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad que ha amagado en varias ocasiones con elevar las responsabilidades de la operación Kitchen pero finalmente ha guardado silencio.

El chófer y topo Sergio Ríos

Después de Gómez Gordo llegará el turno para Sergio Ríos, el chófer recomendado a Bárcenas por el jefe de seguridad del PP para que se pusiera al servicio de la familia. Ríos se convirtió en indispensable cuando el extesorero fue enviado a prisión provisional en junio de 2013. Pero no solo para la familia, también para la brigada política del PP. Cobró en dos años más de 50.000 euros de los fondos reservados y se garantizó el ingreso en la Policía a los 42 años, tal y como propone Villarejo en un audio incorporado a la causa.

Sergio Ríos está hoy suspendido de empleo y sueldo e intenta defender que él creía que colaboraba con una investigación judicial. Robó tres dispositivos móviles a la familia para que los clonara la brigada política, sustrajo notas de Rosalía Iglesias e informó de todos los movimientos de la mujer de Bárcenas. Anticorrupción pide para él 12 años y 5 meses de cárcel.

A continuación declararán José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, que ejercieron en diferentes periodos de mano derecha de Eugenio Pino, el jefe de la brigada política del PP. Ambos están implicados en todas las maniobras de la guerra sucia del PP si bien su participación en la operación Kitchen es tangencial.

Cerrará el turno de declaraciones José Luis Olivera, el comisario que participó en la operación Cataluña e impulsó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Está previsto que el juicio acabe el 30 de julio con los informes finales de las partes y el visto para sentencia.

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha mostrado este martes “sumamente desolado y avergonzado” tras la condena del Tribunal Supremo al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, al tiempo que ha respondido al PP que no está legitimado para “dar lecciones a nadie” y que es “el primero que tiene que limpiar su casa”.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, quien ha apuntado sobre la sentencia del Supremo que la justicia “tiene que funcionar” y que “el que mete la mano en la caja lo paga”.

“El PP no se pronunció igual cuando Bárcenas fue condenado a 33 años”

Hoy el PP regional ha pedido al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page que “fuerce” a Sánchez a convocar elecciones generales. A preguntas de los medios sobre esta cuestión, Maestre ha lamentado que la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, no se haya pronunciado de la manera que lo hacen los socialistas cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado a 33 años de prisión. “Mañana se reanuda la 'Kitchen' y Gómez Gordo va a ser juzgado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, ha añadido.

“Garbanzos negros hay en todos los sitios. Que se aplique la justicia y la ley”, ha manifestado Maestre, quien ha añadido que “cada uno tendrá las sentencias en relación directa con el delito que ha cometido, tanto los 33 años de Bárcenas como los 24 de Ábalos”.

El PP y el juicio por la 'Kitchen'

Precisamente, preguntada por lo que espera el PSOE de la declaración de este miércoles de Andrés Gómez Gordo, que trabajó para el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, en el juicio por la 'Kitchen', ha señalado que espera “lo de siempre: Que el PP tenga una doble cara y no diga ni mú”.

Con todo, Maestre ha querido reivindicar el “enorme trabajo, compromiso y labor” que hacen cada día los “miles” de dirigentes socialistas que hay en España. “Estamos representados por hombres y mujeres con un firme compromiso de labor social”, ha agregado.

La comparecencia de Pedro Sánchez mañana “será muy dura”

Preguntada por la comparecencia este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, la dirigente socialistas ha dicho que no “tiene que ser muy agradable” ponerse en su lugar al haber tenido que “afrontar muchísimos desengaños”. “Será una comparecencia muy dura y estaremos todos escuchándole con la misma sensación de desolación”, ha afirmado.

Del mismo modo, se ha pronunciado sobre el Comité Federal que los socialistas celebrarán este sábado para afirmar que el presidente regional y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va “siempre” con “coherencia, honestidad, sinceridad y valentía”. “Ojalá que sea de ejemplo para otros compañeros que coinciden con el presidente pero no se atreven a hablar”, ha concluido.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha declarado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estaba “obsesionada” por si la prensa publicaba anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre “M.Rajoy”. “Estaba convencida de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente”, ha comentado, informa Europa Press. Así lo ha manifestado durante su declaración como acusado en el juicio sobre la Operación Kitchen, el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

El comisario, que ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, se ha referido a la “libretita” de Bárcenas, esto es, una agenda del extesorero de Bárcenas con supuestas anotaciones relativas a la contabilidad B del PP y de algunos dirigentes del partido como el propio expresidente Rajoy, sobre la que Cospedal pidió “parar” –ha dicho– su publicación en medios de comunicación.

“Había preocupación por las anotaciones que Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso M.Rajoy. (...) La señora Cospedal, como todo lo que era el Gobierno, estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Estaban convencidos de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente a uno y a otro”, ha manifestado el mando policial, negando que presionara nunca a ningún periodista para que sacara a la luz cualquier información.

El exmando policial ha restado importancia a estos apuntes, asegurando que “era una elaboración propia” del extesorero que la Audiencia Nacional “ni siquiera tuvo en cuenta” como prueba y que, a la postre, solo tuvo “utilidad política y de medios de comunicación” y que Bárcenas anotaba estas cuestiones para luego filtrarlas a los periodistas.

“El PP jamás me ha encargado nada”

En cualquier caso, el comisario jubilado ha negado que el PP le haya realizado encargos privados y que le haya remunerado por ello. “El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado, y no me ha pagado nada”, ha resuelto. Respecto a su actividad privada, el comisario jubilado ha aseverado que jamás la ha mezclado con sus funciones en la policía y que su función como agente de inteligencia no la conocía “prácticamente nadie, solo la élite de cada gobierno”, esto es, el ministro del Interior, el secretario de Estado del ramo, el director de la Policía y el DAO, ha puntualizado.

El comisario jubilado ha explicado que lo que se conoció como 'Operación Kitchen' tenía dos objetivos: por una lado, verificar si las cuentas bancarias y el dinero de Bárcenas en el extranjero “existía”; por otro, confirmar si el extesorero disponía de información sensible “que pudiera hacer daño a la seguridad del Estado”.

Asimismo, ha asegurado que no participó en los seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. “Jamás coordiné nada porque ni tenía hombres a mi disposición, ni tenía elementos, ni tenía nada. Era un sujeto que actuaba siempre solo en mis trabajos de inteligencia”, ha explicado.

Villarejo ha señalado que “siempre” estuvo vinculado a la figura del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional “porque era una dependencia directa como agente de inteligencia”, y ha remarcado que se mantuvo en la misma posición bajo los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

En este tiempo de coincidencias y casualidades extraordinarias que nos ha tocado vivir, cuando ya no quedan parientes de Pedro Sánchez sin su correspondiente y urgente informe policial, se constata que, cuanto más avanza el juicio oral por la operación Kitchen, más claro va quedando que Mariano Rajoy no presidía realmente un gobierno sino una alegre pandilla que pasaba el rato por La Moncloa, sin más preocupación que andar de correrías viviendo el momento y sin perder mucho tiempo en las cosas esas de gobernar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En aquel estado de perpetua adolescencia, allí nadie era responsable de nada, sabía algo de nada o preguntaba nunca por nada o por nadie. Aquel ejecutivo azul era como la pandilla de Verano Azul, pero con el barco de Chanquete varado en la Carrera de San Jerónimo, que no llega hasta el mar pero achicharra el sol peor aún que en Nerja. 

Aquella animosa cuadrilla del gobierno azul más que gobernar corría aventuras por Presidencia con esa despreocupación que da la juventud. No discutían jamás entre ellos asuntos oficiales ni analizaban materias sensibles de Estado; de hecho estaba terminantemente prohibido hablar siquiera de asuntos de trabajo. Si tal, comentaban la prensa pero siempre en plan casual. 

Por eso, en aquel gobierno azul, todos desconocían todo y las cosas pasaban solas, porque sí, por casualidad; más o menos como ahora. Saber algo era considerado tan peligroso como fumar porros o beber cerveza. Como cuando éramos chavales, los asuntos en aquel gobierno azul sucedían sin más, la comida se ponía sola en la mesa, la luz era gratis y un señor o una señora muy amables te llevaban a donde quisieras y a la hora que fuese, únicamente había que pedírselo amablemente o llamarles papá o mamá con la voz adecuada.  

El gobierno azul no tenía aquellos padres mágicos igual que nosotros. Tenía algo infinitamente mejor: tenía policías mágicos. Sin pedírselo y sin que hubiera que hacer nada, ellos solos se organizaban para vigilar a Luis Bárcenas, recuperar las pruebas que pudiera tener o destruir lo que fuese menester destruir, ya fuera el independentismo, ya fuera Podemos. Lo que hiciese falta para proteger a sus inocentes ministros y ministras ante los terribles peligros y oscuras amenazas que habitan en el mundo exterior. 

Como a los padres, a los policías mágicos del gobierno azul ni siquiera había que pagarles. Cierto que eran tan chapuceros, o más incluso, que Leire Díaz a la hora de diseñar operaciones encubiertas y ofertas que no se podían rechazar, pero, por lo menos, no cobraban 4.000 euros del ala al mes por andar dando el cante por medio Madrid y hablar del “number one” como si fuera un código secreto indescifrable incluso para Enigma. 

Lógicamente nuestro Mariano sería el enrollado Javi que lideraba el clan porque era el más alto, secundado por un fiel Fernández Díaz en el papel de aquel abnegado Quique, de quien nadie se acordaba hasta que había que hacer algún recado de esos que no apetecen y te parten la tarde. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría eran como Bea y Desi. Amigas, sí, pero con ese beef que no sabían bien cómo disimular. El simpático Javier Arenas sería el simpático Pancho haciendo esas cosas simpáticas de la gente del pueblo. El inefable comisario Villarejo encarnaba al irrefrenable Piraña, dispuesto a comer lo que hubiera que comer para no dejar una miga ni un rastro en el mantel. No se me ocurre quién podría ser Tito, la verdad. Pero se admiten sugerencias.  

Cuando pongan la reposición en la tele dentro de diez o veinte años los recordaremos, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que siempre te queda cuando gobierna la derecha. 

El exministro Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez, han optado por la sordina en el juicio de Kitchen. Contra ambos pide la Fiscalía Anticorrupción una condena de 15 años de cárcel como máximo responsable y coordinador, respectivamente, del espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. 

Al pacto de no agresión entre ambos se suma su decisión de contestar únicamente a las preguntas de sus abogados, con lo que ambos dibujaron el siguiente escenario: ‘nunca conocí la Kitchen’ (Fernández Díaz) y ‘algo hubo, pero fue legal’ (Martínez). 

La conservadora estrategia de ambos acusados de no responder al fiscal auxilia al Partido Popular, que presencia como el expresidente Mariano Rajoy o la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal no son mencionados, o lo son de pasada.

Estas son las cuestiones que ignoraron los dos principales acusados en Kitchen durante su declaración en el juicio. 

Los mensajes ante notario

El ministro Fernández Díaz pudo pronunciarse ampliamente sobre los cuatro mensajes que muestran su conocimiento de la operación Kitchen desde prácticamente su inicio y cómo es informado de los logros que van obteniendo los policías. Su estrategia durante todo el juicio pasa por negar que él sea el autor de los mismos y apoyar su negación mayor, que nunca supo de la operación Kitchen. Y en esa línea respondió a las preguntas de su abogado.

¿Y Francisco Martínez? El secretario de Estado acudió a dos notarios para entregar esos mensajes cuando se adivinaba su imputación y leía entrevistas de Fernández Díaz desvinculándose de la evidencia de que la operación Kitchen había existido. 

Después fue rebajando las expectativas de delatar a sus superiores y en el juicio ha puesto la guinda a esa estrategia. Ni una sola pregunta de su abogado se refirió a los mensajes. Y cuando se vio en la obligación de explicar que el ministro sabía de la identidad y el papel del chófer lo hizo sin precisar que así consta en uno de los textos que Fernández Díaz le envió. 

El 18 de octubre de 2013, Fernández Díaz escribió a Martínez la constatación de cómo seguía al minuto la operación Kitchen y las ilegalidades que ella incluía, como el robo de tres dispositivos a Bárcenas para clonarlos sin autorización judicial. 

“La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica .. Es decir, q no seria información para el J a efectos publicación .. : es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q. esa fuera la intención)”, apuntó. A continuación añadió: “Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información ... veremos. Te informo”. 

Ninguna pregunta al respecto fue formulada por el abogado de Martínez. Tampoco por la presidenta del tribunal, que tenía oportunidad de hacerlo. 

Villarejo y el ministro

Al menos en los últimos años, Jorge Fernández Díaz ha ido amoldando su versión de los hechos a los descubrimientos que hacía la investigación. El ministro había mantenido que no conocía al comisario Villarejo, pero una grabación de diciembre de 2012 le muestra junto a Pino y al citado policía de las cloacas planificando la operación Cataluña. Así que su abogado optó el jueves por preguntarle si había tratado con el comisario entre 2013 y 2015. 

El ministro relató que en el acto de despedida por jubilación de Eugenio Pino como director adjunto operativo de la Policía se saludó con Villarejo. Jorge Fernández se refirió a la escena como si de un primer encuentro se tratara. “Había un policía que estaba de paisano, que se me acercó: 'a la orden, señor ministro, comisario Villarejo'”. En el audio de 2012, cuatro años antes, se oye a Fernández Díaz decirle a Pino y a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”.

El vínculo entre el ministro del Interior y el policía que soporta una petición de pena más alta de Anticorrupción por la Kitchen (19 años) queda así sin aclarar, sin que nadie pudiera repreguntar. El resto de acusados han decidido seguir la senda de los dos primeros y solo contestar, a partir del lunes, a sus defensas. Resta por saber qué hará Villarejo. 

Las grabaciones a Cospedal, los indicios contra Rajoy

Los interrogatorios dirigidos a la exculpación sin posibilidad de contraste con otras preguntas benefician a los antiguos jefes de los acusados, que son los primeros interesados en que su nombre no vuelva a aparecer en la causa. Sin embargo, el presidente del Gobierno de la época, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido una constante en el juicio y no solo durante su declaración como testigos. 

El jefe policial de la investigación confirmó su informe en el que concluía que las continuas alusiones a que un tal ‘Barbas’ y ‘Asturiano’ conocía la operación Kitchen se referían a Mariano Rajoy. De Cospedal se han reproducido grabaciones haciendo encargos a Villarejo, entre ellos frenar la publicación de los papeles de Bárcenas. 

Cospedal, pese no poder mentir como testigo, dijo que nunca había hablado por teléfono con el policía. La grabación se reprodujo durante la vista, pero solo pudo ser seguida por aquel que se desplazara a la sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). El tribunal decidió cortar la retransmisión esos días para proteger la intimidad de cuantos eran mencionados en los audios. 

Fernández Díaz, enrocado en que no supo nada de Kitchen, no fue preguntado por el conocimiento que pudieran tener sus superiores en el Gobierno y en el partido. Martínez, que conoció un operativo “legal”, se limitó a decir que apenas departía con la secretaria general del PP.

La agenda del comisario 

De las únicas agendas de las que se habló durante el interrogatorio a Francisco Martínez son de las que podía guardar Luis Bárcenas. Ni mención a las del comisario Villarejo. El investigador principal del caso Kitchen dijo durante su declaración que las anotaciones de ese dietario merecían toda credibilidad. “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”, respondió el inspector jefe de Asuntos Internos. 

En esas agendas hay anotaciones como esta que habla de una reunión entre Villarejo y otro de los acusados, Andrés Gómez Gordo, el asesor de Cospedal. “ANDY COSP/ Lo que quitaron a L.B está en el despacho de GAGO. Este verano lo va a copiar. CHISCO fue quien ordenó que dejara yo los contactos con SERGI [el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. BIG [el comisario Enrique García Castaño] es el puto amo”. 

Martínez habría tenido oportunidad de desmentir que él no diera órdenes directas de la manipulación del confidente, Sergio Ríos Esgueva, y acerca de qué policía tenía que tratar con él. 

¿Un número dos que no informaba al ministro?

La tesis del escrito de la acusación de la Fiscalía es que todo lo que conocía por los policías Francisco Martínez era puesto en conocimiento del ministro de forma inmediata. Sin embargo, y pese a las evidencias, Fernández Díaz se ha enrocado en que él supo de la operación Kitchen por la prensa, como pronto en 2015, dos años después de su inicio.

Por contra, la defensa de Martínez se basa en defender, ante los indicios del espionaje, que se trató de una “operación de inteligencia” y que, hasta donde sabe él, no incluyó ninguna actividad delictiva. De ser así, nadie en el juicio pudo preguntar –el tribunal no quiso– al ministro Fernández Díaz si su número dos le ocultaba cuestiones tan relevantes como una investigación a Bárcenas y su entorno cuando el Gobierno y el Partido Popular estaban en vilo por los papeles del extesorero. 

El espionaje en la cárcel

El comisario Enrique García Castaño, al que se archivó la acusación por motivos de salud, declaró en fase de instrucción que recibió órdenes de Martínez y de Pino para robar los discos duros de Bárcenas. También dijo que sus agentes siguieron al preso al que el extesorero habría pedido destruir una grabación incriminatoria de Rajoy porque alguien les avisó de su identidad y de a qué hora salía de permiso.

Es uno de los indicios de que Bárcenas también fue espiado ilegalmente dentro de Soto del Real. Todo quedó despachado en el interrogatorio a Martínez con la afirmación de este de que desconocía los hechos y que el régimen en prisión “es muy estricto” y hubiera impedido tal espionaje. Aquí habló por su experiencia de una semana recluido por otro asunto. 

Sin embargo, la brigada política tenía información del interior de la cárcel, lo que implicaría a otro departamento del Ministerio del Interior, dependiente del secretario de Estado de Seguridad, la dirección general de Instituciones Penitenciarias. El juicio tampoco ha servido para ahondar en el espionaje en la cárcel, una de las puertas del caso que el juez García Castellón decidió no abrir durante la instrucción. 

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

Tan protagonistas fueron en una época como irrelevante su participación en el juicio del caso Kitchen. Son una decena de testigos clave en el ecosistema madrileño que alumbró el espionaje a Luis Bárcenas, tanto dentro como fuera de la Administración. A una parte de ellos solo el cargo que ocuparon les confiere un papel sobresaliente, como es el caso del presidente Mariano Rajoy y sus máximos colaboradores en el Gobierno y el PP. Otros testigos estaban acomodados en la penumbra de unos perfiles profesionales que esconden su auténtica impronta, como el padre Silverio o el abogado Javier Iglesias.

En las últimas semanas, todos han comparecido ante el tribunal del caso Kitchen ajenos a la guerra sucia del último Gobierno del PP, ya fuera contra los investigadores del caso de la caja B o contra los adversarios políticos de Podemos y el independentismo catalán. Han reaccionado extrañados a las preguntas de los abogados, que despacharon sin apenas aportaciones. Como si el archivo sonoro del caso Villarejo, las agendas del comisario o los avances en la investigación recogidos en el sumario no hubieran ofrecido suficientes pistas de quiénes son en realidad. 

Javier Iglesias, la abogacía como coartada

“Excelentísima señora”. Es la fórmula elegida por Javier Iglesias para dirigirse a la presidenta del tribunal durante sus dos comparecencias en el juicio de Kitchen. La respetuosísima fórmula no le sirvió para librarse de la advertencia airada de Teresa Palacios ante el intento por no contestar a una sola pregunta. Iglesias esgrimió su condición de abogado, en general, y de letrado de la mujer de Villarejo, en particular. Todo lo que hubiera conocido en el ejercicio de la abogacía está protegido por el secreto. Palacios aplazó la declaración y a la segunda, Iglesias tuvo que contestar a la mayoría de las preguntas que se le formularon: no podía ser que todo lo hubiera conocido como abogado.  

Antes de la comparecencia de Iglesias, Bárcenas había repetido las acusaciones vertidas en el pasado contra él al declarar como perjudicado en Kitchen. El ex tesorero del PP relató los ofrecimientos que le habría hecho Iglesias, primero en libertad, y cuando ingresó en prisión. El abogado habría llevado un mensaje del PP para que los papeles de la caja B quedaran en nada. Uno de los ofrecimientos habría incluido el pago de 500.000 euros. El otro, que el Gobierno libraría a Bárcenas de todos los investigadores judiciales y policiales de Gürtel. Y también del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

“Absolutamente falso”, replicó Iglesias en su turno. “Nunca he sido abogado del PP. Nunca me ha pagado el PP. Y nunca he recibido un mandato del PP”, añadió. Y sin haber trabajado en el PP, Iglesias siempre estuvo ahí. Como abogado de donantes del PP, del tesorero Álvaro Lapuerta y del cabecilla de la Gürtel Francisco Correa. Para este comenzó a trabajar precisamente cuando iba a tirar de la manta del 3% en comisiones para el partido. Hasta que recibió una visita de Iglesias y la colaboración con la justicia acabó.

La figura de Javier Iglesias es inabordable en apenas unos párrafos. Sirvan dos citas. Una es un informe de Asuntos Internos de octubre de 2018 en el que los agentes deben interpretar los audios incautados al comisario Villarejo sobre la operación Kitchen. “Habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano [Rajoy] y El Largo [Iglesias])”, escribieron los investigadores.

Javier Iglesias dijo a este periódico en 2019 que no conocía a Mariano Rajoy. El expresidente desmintió esa afirmación en su declaración en el juicio de Kitchen y aseguró que se había reunido en un par de ocasiones con Iglesias como abogado del tesorero del PP Álvaro Lapuerta. 

La segunda cita es de Luis Bárcenas. Fue durante el juicio de la caja B del PP en la Audiencia Nacional. “El Largo, aunque no es el John Silver de ‘La Isla del Tesoro’, es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados, en todas partes”, afirmó el ex tesorero.

El padre Silverio Nieto, pastor de almas

El padre Silverio da misa en la parroquia de la calle Goya, punto de encuentro del nacionalcatolicismo del barrio de Salamanca, en Madrid. Su relación con al menos tres de los acusados en el juicio de Kitchen era la misma que con cualquiera de sus parroquianos: él se dedica a sanar almas afligidas, explicó ante el tribunal.

Aquellas almas tan atormentadas en 2020 eran las del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que amenazaba con hablar de la implicación del ministro del Interior, amigo del padre Silverio. O del comisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, que había señalado previamente a Martínez. El Gordo también es muy amigo de don Silverio. El cura solo reenvió un mensaje para informar a unos de las intenciones de otros, afirmó ante el tribunal. “Lo estaban pasando muy mal humanamente”, dijo. 

Así que Silverio Nieto era próximo a Martínez y amigo personal del ministro del Interior y del comisario de las cloacas, García Castaño. Pudiera influir que antes de cura fue marino mercante, juez y, hasta el año 1983, inspector de la Policía. “No coincidí con Enrique García Castaño en el Cuerpo”, afirmó en el juicio. Sobre su papel en la Conferencia Episcopal, dijo que había sido responsable del contacto con otras confesiones religiosas, del máximo interés para los Servicios de Información. Y por el interés en esas confesiones conoció a Fernández Díaz, que quería entrevistarse con sus líderes religiosos cuando viajaban a España. 

De lo que no habló el padre Silverio fue del papel que tuvo en la negociación con las víctimas de abusos en la Iglesia en defensa de los intereses de esta. O de cómo influía en Fernández Díaz, al que llegaba a tratar con una vehemencia que rayaba el desprecio, según cuentan responsables de aquel ministerio. Esas fuentes aseguran que el padre Silverio, ahora de 79 años, dictaba nombramientos de policías al ministro.

El 4 de octubre de 2017, tres días después del referéndum soberanista en Cataluña, el padre Silverio escribe a Martínez, quien ya está fuera de Interior. “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, analiza el pastor de almas.

Manuel Vázquez, el cordial ‘Fiti’

Una forma de hacer carrera en la Policía se ha encarnado estos días ante el tribunal de Kitchen. Entre las formas aparecidas, la del comisario ya jubilado Manuel Vázquez, ‘Fiti’ para todos en el Cuerpo. ‘Fiti’ no participó en la brigada política, pero tenía sus aspiraciones. Llegó a jefe de la UDEF y desde ese puesto se ofreció a lo que hiciera falta para acabar su carrera en Galicia, su tierra. De jefe superior.

Así que 'se comió el marrón’ del informe PISA, que no lo había hecho su unidad, la UDEF. Lo envió al Tribunal de Cuentas en el último intento de Interior por sacarle partido a la estrategia contra Podemos, después de que fuera rechazado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Antes, había telefoneado a los magistrados del alto tribunal por si requerían alguna explicación adicional del dosier que había incorporado Manos Limpias a una querella contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

En el juicio, ‘Fiti’ hizo de ‘Fiti’. Él no sabía nada de ningún operativo ilegal. Habiendo sido jefe de la UDEF esa afirmación venía muy mal a los acusados, que defienden que ellos espiaron a Bárcenas para ayudar a la Unidad. Pero ‘Fiti’ no les iba a dejar tirados del todo. Y en un momento dado de su declaración recordó algo: en la toma de posesión de su comisario general, este le preguntó si sabía algo de “una operación inteligencia”, legal, por tanto, sobre el entorno de Bárcenas. 

El comisario Vázquez fue jefe del inspector Manuel Morocho cuando este sufría, según su relato, una campaña de acoso para evitar que su trabajo sobre la caja B del PP no destrozara al partido. Según ‘Fiti’, Morocho exageraba. El chico sentía “autopresión”, según él. 

Más del 'Fiti' en el juicio: “Que aparezca M. Rajoy, el poner a dudar quién es, es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid”. Detrás de la ocurrencia de Vázquez, que recogieron muchos medios, está la explicación completa: él había advertido a Morocho que se precipitaba incluyendo el nombre de Rajoy al aludir a la anotación ‘M. Rajoy’ de los papeles de Bárcenas. Esos papeles, dijo, presentaban anomalías que hacían dudar entonces de su credibilidad, según advirtió a su subordinado.

Mariano Rajoy o como quiera que le llamen

Los testigos del caso Kitchen que querían mostrar tan solo una de sus caras tenían dos ventajas para hacer efectivo su plan: que no se les acusa de nada y que al tribunal solo le interesan los hechos recogidos en los escritos de acusación. 

A esto, Rajoy le sumó un considerable desprecio por el acontecimiento del juicio. El expresidente del Gobierno aseguró que no recordaba unos mensajes con Bárcenas que, sin embargo, comentó ante otro tribunal. Fue en 2017, durante uno de los hechos más trascendentes de su mandato, la declaración como testigo en el juicio de la caja B del PP. En aquellos mensajes, Rajoy intentaba que Bárcenas aguantara y no tirara de la manta que también le cubría a él, como perceptor de dinero negro de los empresarios. 

Siempre confiado en que su ingenio se impone a cualquier otra consideración, Rajoy optó por referirse a los indicios contra él en la causa de Kitchen con un intento por hacer gracia. Sobre los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas' con el que se referían a él Villarejo y sus compinches, dando por hecho su conocimiento de la operación, Rajoy dijo: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”.

Soraya Sáenz de Santamaría, una sonrisa displicente

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría adoptó la postura más relajada de cuantas se han materializado ante el tribunal de Kitchen. Sonriente, la ex jefa política del CNI quiso hacer creer que se había enterado del espionaje a Bárcenas “por la prensa”. Ni recurrió a la salvaguarda de que el trabajo del servicio de Inteligencia está clasificado como secreto. 

El abogado de Podemos le preguntó si aquellas noticias tan inquietantes no le llevaron a hacer alguna averiguación por si le hacían alguna pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, del que era portavoz. “No”, contestó Sáenz de Santamaría. 

María Dolores de Cospedal no hace encargos, solo pregunta

La exsecretaria general del Partido Popular presentó un método aún más atrevido de mostrar solo una cara: negó la evidencia reproducida en el juicio ante ella. Y así sentenció: “[A Villarejo] le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”. La exhibición de los “trabajos puntuales” que propuso al policía su marido entonces, Ignacio López del Hierro, en su presencia, o el comentario sobre los papeles de Bárcenas (“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”), entran en la categoría de preguntas, según Cospedal. Esta última conversación fue por teléfono. La grabó Villarejo y fue publicada por El País en 2022. En el juicio, Cospedal aseguró que nunca había hablado por teléfono con Villarejo.

Ignacio Cosidó, el director ausente

Mención especial merece Ignacio Cosidó, el director general de la Policía durante la operación Kitchen que nunca supo nada de las maniobras sobre la familia de Bárcenas. Cosidó intentó defender su ignorancia por lo que hicieron sus inmediatos superiores y sus inmediatos subordinados hasta que aparecieron las firmas que le delatan. Cosidó estampó su rúbrica en los documentos que avalan las recompensas para los implicados en la operación en forma a de medallas pensionadas y destinos ‘dorados’.

“En las deliberaciones que se hacían en la Junta de Gobierno [sobre las medallas] había un número muy elevado de propuestas y no se podía entrar pormenorizadamente en cada expediente (...) Son muchos miles de expedientes los que a lo largo de mis 5 años de director se valoraron en la Junta de Gobierno”, dijo el exdirector de la Policía. 

Cosidó también chocó con la prensa. Se enteró por ella de la operación Kitchen, pero no leyó las noticias que informaban sobre cómo Interior decidió cesar a uno de sus policías de confianza, Marcelino Martín-Blas, por su enfrentamiento con Villarejo. Ignacio Cosidó dijo que el comisario llevaba al frente de Asuntos Internos cuatro años –en realidad eran poco más de tres– y a él le pareció normal “un cierto grado de rotación” que había decidido su segundo. 

Félix Sanz Roldán y el honor de los espías españoles

Ningún indicio consolidado pudo obtenerse de la participación del CNI durante la instrucción del caso Kitchen, que por otra parte duró hasta que Manuel García Castellón quiso. Pero varios indicios apuntan al servicio de Inteligencia: desde los motoristas con cámaras en el caso que perseguían a Rosalía Iglesias y que no eran policías hasta las cámaras ocultas en el chalé de los Bárcenas en Baqueira. 

Nada de ello resulta suficiente para rebatir una afirmación tan rotunda como la del entonces director, Félix Sanz Roldán: “EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”. 

Una afirmación de Sanz Roldán tan rotunda como incontrastable: toda la actividad del CNI es secreta. Sin embargo, Sanz Roldán volvió a tropezar en su declaración con la obsesión hacia Villarejo. Dijo que había demandado al comisario por las difamaciones contra los miembros del Centro, que por tener identidades ocultas no pueden defenderse. Fue entonces cuando un abogado le preguntó por qué eligió una acusación del comisario contra él para presentar la querella –luego desestimada– en lugar de cualquiera de las otras acusaciones sin pruebas que Villarejo hizo contra los espías españoles. 

Jesús Vicente Galán, el policía que pasaba por allí

El inspector jubilado Jesús Vicente Galán confirmó que Asuntos Internos participó en las vigilancias extrajudiciales a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Responsabilizó a su jefe en Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que se sienta en el banquillo y con el que lleva años enfrentado. “Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, afirmó ante el tribunal. 

Galán se mostró como un mandado, pero su trayectoria lo desmiente. Días después de su declaración, una policía rasa compareció y contó las penurias que Galán le hizo pasar para que cambiara de destino y dejara así de investigar al Pequeño Nicolás a las órdenes directas de un juez. A la cúpula policial de entonces ya no le interesaba el caso del Pequeño Nicolás porque salpicaba a Villarejo. 

Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

Adrián de la Joya, desaparecido ¿en Suiza?

La mejor forma de no delatar el verdadero rostro en el juicio de Kitchen es no aparecer por él. El empresario Adrián de la Joya no ha sido localizado en Suiza, donde supuestamente mantiene su residencia. El tribunal prometió seguir buscándolo, pero se enfrentarán a la máxima de De la Joya: “Estoy vivo gracias a que nadie, nunca jamás, habla de mí”. Así se expresa en una de las grabaciones de su amigo y socio el comisario Villarejo. 

Detenido e imputado en el caso Lezo, Adrián de la Joya se quedó con el dinero que OHL depositó en una de sus cuentas en Suiza, cuyo último destinatario iba a ser Ignacio González, el expolítico del PP que llegó a presidente de la Comunidad de Madrid. En la Audiencia Nacional argumentó que Javier López Madrid y el grupo empresarial le debían dinero. 

Los investigadores del caso Kitchen siempre creyeron que su residencia en Suiza era una farsa y que el empresario siempre ha vivido en Madrid. 

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves al presidente regional del PP, Paco Núñez, que dé explicaciones y pida “perdón” tras la declaración de inspector jefe Manuel Morocho en el juicio del caso 'Kitchen'. “Con este relato, Cospedal no solo estaba en el ajo sino en la sala de máquinas dirigiendo”.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, quien ha dicho que Núñez “no puede estar mudo” ante las declaraciones del principal investigador de la trama 'Gürtel'.

“Debería pronunciarse y no tendría sentido que no lo hiciera cuando se ha sabido que Cospedal estaba en el ajo: Hemos escuchado audios con Villarejo, cómo decía la señora Cospedal que había que conseguir esa libretita y hoy sabemos que tenía reuniones, no solamente de manera esporádica en alguna cafetería, sino en el propio Ministerio de Defensa”.

A ello ha unido que Morocho ha desvelado en el juicio cómo Cospedal “recibía documentos importantes para que ella tuviera conocimiento de esto”, por ello ha reiterado que “se hace más urgente que nunca que Núñez diga algo de quien es aún su presidenta de honor y fue su presidenta del PP de Castilla-La Mancha de 2011 a 2015”, ha reiterado.

“Creo que ha quedado claro que, en un día como hoy, los castellanosmanchegos y las castellanomanchegas nos sentimos avergonzados de las declaraciones que hemos escuchado de la persona que más sabe de este caso de corrupción”, ha aseverado.

Por todo ello, ha vuelto a pedir al líder del PP en la región, “a quien idolatra o idolatraba a la presidenta de honor de su partido”, que dé algún tipo de explicación, “porque hasta el momento la señora Cospedal, que aparece constantemente en estas investigaciones, sigue siendo la presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha”, ha concluido.

El PP responde aludiendo a Hernández Moltó, Bono o Paco Pardo

El PP ha rebatido este jueves al PSOE para afirmar que el único exalto cargo de Castilla-La Mancha que ha sido condenado por la justicia es el expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, al tiempo que ha aludido a los “asuntos turbios” de la Hípica y del 'Pocero' del expresidente regional Pepe Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo.

En rueda de prensa la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, ha lamentado que los socialistas no hayan puesto el foco en esta jornada de pleno en garantizar que se cumpla el pacto de la carrera profesional o en las necesidades de agua para la región.

“Como el PSOE hace esta casa para lo que le da la gana y utiliza esta sala de prensa para hablar de temas nacionales, lo mismo que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, prohíbe en debate parlamentario, me veo obligada a contestar”, ha argumentado.

Ha dicho así al PSOE que “si quiere seguir ese camino” el PP está dispuesto a llevar al Parlamento autonómico iniciativas en este sentido. “Si hablamos de asuntos turbios hay mucho que hablar, empezando por los expresidente de Castilla-La Mancha. A todos ellos le une Emiliano García-Page porque con todos ha trabajado y con todos ha estado”, ha agregado.

Tras afirmar que hoy es un día complicado para el PSOE porque comparece en el Tribunal Supremo José Luis Ábalos, Agudo ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que se pronuncie para decir si sigue opinado de él que es “un buen compañero que tenía en su actuación el interés del Estado”.

“O qué tiene que decir del 'número 1' de la trama al que lleva manteniendo con sus votos diez años en el Gobierno de España”, ha dicho en referencia a Pedro Sánchez. “Si el PSOE quiere hablar de expresidentes, desde el PP no tenemos ninguna duda en que podemos empezar a hacerlo, pero debatiendo en el pleno de las Cortes”, ha zanjado.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.

Los miembros de la cúpula del Gobierno y del Partido Popular en tiempos de Mariano Rajoy han logrado hacer de sus comparecencias como testigos en el caso Kitchen un cómodo trámite. Su escasa voluntad de colaborar se ha beneficiado de la jibarización del caso por parte del instructor, Manuel García Castellón, que adelgazó la trama hasta dejarla en una idea de Jorge Fernández Díaz ejecutada por un grupo de policías. En consecuencia, ninguna acusación pesa en este juicio sobre Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, cuyos testimonios se han movido entre el desconocimiento y la desmemoria.

El periodista Alfonso Pérez Medina tituló su libro sobre dos décadas de corrupción con tres fórmulas estereotipadas a las que recurrían constantemente los acusados en grandes procedimientos como Gürtel, Púnica o 3%: “No lo sé. No me consta. No recuerdo”. Es el paraguas que han utilizado un expresidente del Gobierno y una antigua jefa del servicio secreto para que los márgenes de protección que estableció García Castellón no se desbordaran durante sus declaraciones. 

Los dos fiscales anticorrupción que impulsaron el caso Villarejo calificaron la actuación de García Castellón como “cordón o inaceptable línea roja” de protección alrededor de quienes han declarado las dos últimas jornadas como testigos. Este martes, su compañero César de Rivas, que representa a Anticorrupción en el juicio, ha saltado como un resorte para cortar una pregunta a Sáenz de Santamaría porque entendía que desbordaba el procedimiento. Es la segunda vez que lo hace. 

Una enfermedad hizo que la oposición renunciara a citar a Soraya Sáenz de Santamaría a la comisión de investigación del Congreso, así que esta era la primera ocasión que tenía de declarar sobre la operación Kitchen. Cuando esta se produjo, la abogada del Estado era vicepresidenta del Gobierno y responsable del Centro Nacional de inteligencia (CNI). 

Sáenz de Santamaría despachó con un monosílabo –“no”– a las primeras preguntas, formuladas por el abogado de Podemos. Luego creció en palabras para decir que se enteró de la operación Kitchen por la prensa, aunque no llegó a pronunciarlo. Solo dijo “sí” cuando le plantearon esta posibilidad. 

La exvicepresidenta contaba para su comparecencia con una carta que no manejan el resto de testigos: la actividad del CNI está clasificada como secreta. La exvicepresidenta no necesitó recurrir a ese comodín. El letrado le preguntaba si algo le constaba. Y ella decía, por sistema, que no. 

Por no constarle, ni supo que en el CNI había “animadversión” a Villarejo. Los hechos dejan en evidencia sus palabras. Esa “animadversión”, justificada o no, está detrás de la caída en desgracia del comisario, como coinciden todos los conocedores del conflicto larvado entre el policía y el servicio secreto. El propio denunciante de Villarejo dijo en un periódico que era colaborador del CNI. 

Además, esa “animadversión” se concretó en uno de los errores cometidos por el director general del CNI entonces, el general Félix Sanz Roldán, subordinado de Sáenz de Santamaría. El general respondió a las bravuconadas del comisario con una querella por injurias y calumnias. En el juicio, Sanz Roldán dijo que había acudido a Londres a “convencer” a Corinna Larsen con que recondujera su animosidad contra su anterior pareja, el rey Juan Carlos I, por “amistad” con el monarca, como una actividad privada. Y cuando se le preguntó por los detalles dijo que no podía darlos porque la actividad del CNI está protegida por el secreto. Todo ello con la asistencia letrada de un abogado del Estado y, por tanto, con cargo a los fondos públicos. Villarejo resultó absuelto. 

La sombra del conocimiento o participación del CNI en el espionaje a Luis Bárcenas, fuera de sus competencias, se cierne sobre el sumario de Kitchen. Su presencia aflora también en el último tramo de la causa. El escrito de defensa de Francisco Martínez, el primero en señalar en sus anotaciones del móvil la participación del CNI, revela un dato desconocido hasta ahora: el Centro colocó cámaras en el chalé de Bárcenas en la estación de Baqueira. Se desconoce con qué autorización judicial. 

En el escrito de Martínez se solicitaba la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Las imágenes, añade, fueron remitidas a Interior el viernes, 2 de agosto de 2013, en pleno apogeo de la operación Kitchen.

Los líderes del PP y la primera línea del Gobierno de Rajoy han trasladado durante el juicio que tres noticias que sacudieron la política española en 2013 apenas interesaron en el partido ni en el Ejecutivo. A saber, la publicación de los papeles de Bárcenas –prueba a la postre de que el partido se financió durante más de dos décadas con dinero negro de empresarios–, la fortuna que su tesorero escondía en Suiza, y la existencia de una operación en el Ministerio del Interior para sabotear el caso de la caja B.

Soraya Sáenz de Santamaría respondió con cierto desdén al abogado Gorka Valle, de Podemos, cuando este le preguntó por si su papel de portavoz del Gobierno le hizo indagar en el asunto de la operación Kitchen. “No”, fue la respuesta de la testigo. Javier Arenas, exsecretario general del PP, miembro de la Ejecutiva del partido cuando se desarrolló el operativo, fue consultado por Gloria Pascual, abogada del PSOE, por la reacción de la dirección de la formación política a las noticias de los ‘papeles’ del tesorero y su botín escondido. “En el partido no observe ninguna inquietud”, dijo Arenas en su declaración en Kitchen como testigo. 

Los miembros de la cúpula del PP y de aquel Gobierno han tenido una senda marcada cuando les ha tocado declarar. El primero en comparecer fue Mariano Rajoy, el jefe de todos ellos. Rajoy no contradijo hechos conocidos y relevantes, sino que se llevó la contraria a sí mismo. Los mensajes con el tesorero que recordó en el juicio de Gürtel, cuando todavía era presidente, se le han olvidado. 

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP de la época, dijo que no recordaba haber hablado en su vida por teléfono con Villarejo. Lo dijo pese a la grabación en la que le encarga “parar” la publicación de los papeles de Bárcenas. 

Unos arqueólogos han descubierto en una momia romana en Egipto un papiro con un fragmento de La Ilíada, atribuida a Homero. Un gran hallazgo. Me quiero imaginar que tal vez en un tiempo muy allá, un grupo de arqueólogos descubrirá en una momia, pongamos que en Madrid, partes o la totalidad de los papeles del juicio de la Kitchen.

Será digno de estudio, quizá de estupor por el tiempo pasado. La civilización que lo descubra no sé si comprenderá qué es eso de las líneas rojas en un proceso penal. Un hallazgo que inmediatamente convocará el auxilio de los forenses judiciales. Nadie lo consiguió aclarar contemporáneamente, constan consultas a magistrados en ejercicio –no se pisan la toga– y a cesantes con opiniones de todo tipo. Lo cierto es que desde que la Fiscalía, refiriéndose a la instrucción del caso Kitchen, que será encontrada en un pendrive, el antiguo papiro, quizá dentro de mil años, señalaba cómo un juez había decidido recortar la investigación, someterla a un adelgazamiento forzoso, para que las aguas de la cocina no llegaran ni a la Moncloa ni a Génova, quizá nombrada para entonces como Palermo, topónimo más adecuado a una inercia que no creo que acabe en este caso.

En el papiro aparecerá el papel, valga la redundancia, de la magistrada presidenta del tribunal, vigilante de que no se ampliara el corralito rojo que había precintado su juez instructor y que el juicio parezca amputado y abiertamente cachondeable. Y los arqueólogos judiciales se preguntarán, ¿en qué consistía la línea roja? ¿Qué naturaleza procesal tenía? ¿Quién determinaba los límites? ¿A quién protegía, quién estaba detrás? Quizá piensen que algo de Estado profundo latía en todo el trasunto del expediente aparecido, pero vaya usted a saber cómo estará España dentro de mil años.

Lo que más sorprenderá a los arqueólogos judiciales será que una operación que amerita el nombre de Kitchen, cocina, no tenga cocinero. Una cocina robotizada

La misma curiosidad arqueológica, consultarán a arqueólogos politólogos, tendrán sobre el papel de un enigmático personaje, M. Rajoy, que no se acordaba de nada ni de nadie, ni tenía remotas ideas de casi nada. Con apoyo de la bibliografía disponible descubrirán que era el presidente del Gobierno de entonces y del partido que mandaba, el PP. Desconcertante, no se acordaba de que era presidente y jefe, por tanto, de su ministro de Interior y de la ministra de Defensa, también secretaria general del mismo partido citado. La conclusión es que declaraban como testigos para decir verdad, pero que debían tener una red, quizá roja, que, si mentían, impediría aunque resbalasen que se dieran de cabeza en el suelo de la sala. Así consta en el papiro hallado.

Uno que fue director general de la Policía también aparece en el papiro. No se había dado cuenta de que más de 70 policías y ocho comisarios a sus órdenes habían estado protegiendo a su partido en una operación subversiva y antidemocrática para estropear todo tipo de pruebas. En el papiro también figura un estrafalario tipo vestido de cura, pero sin más detalles.

Lo que más sorprenderá a los arqueólogos judiciales será que una operación que amerita el nombre de Kitchen, cocina, no tenga cocinero. Una cocina robotizada. Es más, el sospechoso no está claro si era un noble galaico nombrado como M. Rajoy u otros que responden a nombres como el Barbas o el Asturiano.

El papiro termina en el año de gracia de 2026, mes de abril, y queda para nuevos hallazgos de la arqueología judicial cómo quedó el asunto. Algún guasón parece que incluyó en el féretro de la momia madrileña una foto de Pedro Pacheco. Esto inquietará porque los arqueólogos judiciales no sabrán descubrir cómo encaja la foto en el caso, pero creo que acabarán sabiéndolo.

Imaginen que, al comprar un coche, les ofrecen dos opciones: hay una marca cuyos modelos apenas se averían, pero si lo hacen, no los reparan; otra, en cambio, tiene vehículos menos fiables, pero si fallan los arreglan sin demora. ¿Por cuál se decantarían? Imaginen un país donde hay poca corrupción, pero cuando se descubre no se castiga, mientras que en otro, con políticos más corruptos, estos siempre terminan en el banquillo y castigados. ¿Cuál de los dos países entenderían ustedes como más fiel a los principios democráticos propios de una sociedad moderna? ¿Podría ser más honesto y decente el país más corrupto? Probablemente, porque la impunidad es la peor de las corrupciones. Aquí está la clave: los políticos son siempre el blanco de las dianas, pero no sólo está en sus manos la llave de la virtud pública; también está en las manos de los jueces, porque la ejemplaridad ética de una sociedad no depende de que el coche no se averíe nunca, sino de garantizarse los medios para solventar el problema cuando aparece.

Por esta razón el juicio de la Kitchen nos muestra un fracaso especialmente desolador, porque no solo expone ante la ciudadanía unos delitos ejecutados por el mismísimo Gobierno de España, orientados por la villanía de ocultar otros anteriores cometidos por el Partido Popular, sino también porque pone sobre el tapete las maniobras que han conllevado la impunidad programada de sus más altos dirigentes.

En este juicio hijo de la Gürtel, madre de todas las tramas, quedan retratados políticos pero también jueces. Retengamos el nombre de tres, suficientes para triangular el drama de la impunidad: el primero sería Baltasar Garzón, aquel que se atrevió a hincarle el diente a esta urdimbre corrupta; fue expulsado de la carrera por haber tomado una decisión que le había solicitado la Fiscalía y que, cuando el asunto pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue adoptada nuevamente por Antonio Pedreira Andrade, a quien nadie inquietó. “Se va a jubilar pronto, está enfermo”, me dijo un magistrado del Tribunal Supremo para intentar explicarme por qué le habían perdonado a este su (supuesto) delito; la pieza a cazar era otra.

El segundo juez de este drama sería Ángel Luis Hurtado Adrián, el magistrado que protegió a Rajoy de las preguntas de Mariano Benítez de Lugo en el juicio de la Gürtel y que, concluido este, firmó un imaginativo voto particular a la sentencia sosteniendo que Luis Bárcenas había llevado la contabilidad extracontable del Partido Popular “a espaldas del propio partido”. No se rían, no, que aquel voto le llevó directo al Tribunal Supremo.

Y la tercera pata del taburete es, lógicamente, Manuel García-Castellón. Menudo papelón el de este magistrado, que va por las esquinas lamentándose de que le llamen prevaricador. Ignoro si lo es, aunque cualquiera de las crónicas explicando sus maniobras —pueden quedarse con alguna de Pedro Águeda— podría trasponerse sin mucha dificultad como hechos probados en una sentencia. En el Partido Popular suspiraban por el regreso de García-Castellón a la Audiencia Nacional, suplicando (reconozcamos que sin mucha altura lírica) para que el juez provisional se retirara a Ontinyent; regresó el convocado y, con un conjunto de decisiones incomprensibles, fue el encargado de echar el freno al proceso para dejar fuera a los dirigentes del partido que tanto le añoraba.

En la película Algunos hombres buenos, el coronel Nathan Jessup se debate violentamente al afrontar en juicio la pregunta definitiva: ¿ordenó usted el código rojo? En la alternativa de reconocer que dio la orden o, por el contrario, asumir que no se enteraba de lo que pasaba bajo su mando, el prurito profesional del coronel le lleva a reconocer que sí, que la dio, porque en su orgullo prefiere quedar de delincuente que de inepto. Este debate ético entre el mando y el pellejo, que he visto tantas veces en responsables de empresas donde se comete un delito, no le alcanza desde luego a Rajoy, que para salvar el pellejo renuncia al mando. El Partido Popular se financió ilegalmente recolectando dinero de empresarios; su presidente no sabía nada. Reconstruyó la sede de Génova ‘a fundamentis’ con dinero negro; su presidente no se enteró. Pagaron con sobres a ‘M. Rajoy’; su presidente no sabe quién es. Ordenó perseguir a Bárcenas para quitarle la “libretita”; su presidente seguía en Babia. No hay quien se crea este nivel de inopia, pero a Rajoy le sale gratis porque no le votaron por enterarse de las cosas sino por fingir ignorancia sobre ellas, en ese sutil ejercicio de cinismo que consiste en hacerse el tonto y, con ello, hacer quedar de tontos a los demás.

Rajoy purgó su mala conciencia añadiendo que respecto a aquella operación de la que usted me habla y de la que no sé nada, solo sé que fue legal. No hay que descartar que, en caso de condena, acompañe a su ministro del Interior a la puerta de la cárcel, que la lealtad de un subordinado suele ser más barata que la del superior.

¿Y ahora qué hacemos? Pues cualquier opción es complicada. Algunas voces reclaman reabrir la investigación, en la esperanza de que la Audiencia Nacional deduzca testimonio para que se investigue ahora a Rajoy o a Cospedal. Varios de los delitos que son objeto de acusación en esta causa tienen plazos de prescripción de quince años, gracias a las largas penas de inhabilitación que llevan aparejados, lo que ampararía la posibilidad de investigar de nuevo lo sucedido entre 2013 y 2015. Pero, francamente, es poco probable que el tribunal se decante por esta opción, como ya ha adelantado al denegar la cuestión previa solicitada en tal sentido. Bárcenas se ha encargado de dilapidar su propio crédito, así que las pruebas contra estos dirigentes tendrían que ser especialmente elocuentes como para superar las líneas rojas que su día impidieron enjuiciarlos.

Aparte de eso, el transcurso del tiempo pesa como un escollo. “Al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal”, denunciaba Alonso Martínez al presentar en 1882 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía hoy vigente. Recordaba aquella advertencia al ver a las acusaciones forcejear inútilmente con el tribunal para formular a Rajoy alguna pregunta comprometedora. Comprendo sus protestas cuando se las denegaban, como también entiendo las decisiones que protestaban. Se llama a un testigo a juicio para que informe de lo que ha visto u oído, pero no se le puede formular bajo juramento una pregunta cuya respuesta pueda incriminarle. La Audiencia Nacional ha permitido algunas, en lo que entiendo que responde a una práctica cada vez más asentada. Sin ir más lejos, en el juicio de las mascarillas que se tramita en el Tribunal Supremo en paralelo a este, se preguntó a Carlos Moreno si había pedido o recibido un soborno; esa no es una pregunta para un testigo que va a juicio sin abogado.

En cualquier caso, Bárcenas, Rajoy y Cospedal han prestado declaración, exponiendo al tribunal lo que tuvieron a bien. Los tres han declarado como testigos, con obligación de decir verdad; visto que sus declaraciones son contradictorias, sobre todo las de Bárcenas y Rajoy, alguno de los dos ha tenido que mentir al tribunal. Se ha cometido un delito de falso testimonio y espero que los jueces investiguen cuál de los dos ha sido; por aquí se abriría un resquicio para valorar la eventual responsabilidad de Rajoy no tanto por su implicación en la trama sino simplemente por mentir. Por lo demás, Bárcenas reprochó a Rajoy la comisión de un hecho grave que lesiona la dignidad del aludido, así que estemos vigilantes para ver si este pide permiso a la Audiencia Nacional para querellarse contra Bárcenas por injurias, si es que tiene su versión por falsa.

Rajoy compareció en el Congreso en diciembre de 2021 para decir que nunca había pisado la ‘cocina’ que ahora se enjuicia. El delito de falso testimonio en una comisión de investigación, que el Partido Popular pretendió usar contra Santos Cerdán, prescribe a los cinco años, así que se podrá revisar el contenido de aquella comparecencia y contrastarlo con lo que está saliendo ahora en el juicio. Pero también sería una opción de recorrido incierto.

En fin, mucho que decir y poco que contar, como lamentó Arsenio Iglesias en la rueda de prensa más triste del mundo. Reactivar la investigación de esta trama corrupta para dirigirla ahora contra quienes fueron orillados es muy complejo. La estrategia que nos ha llevado hasta esta impunidad ha tenido éxito. Por eso, en mi opinión este juicio no es sólo un proceso contra la operativa político-mafiosa dirigida a eliminar pruebas de delitos; los recientes testimonios lo convierten también en un proceso contra la operativa político-judicial que mediante un peculiar tráfico de destinos (un juez a la calle, otro al Supremo y un tercero “a tomar por culo a Onteniente”) consiguió que los jueces no hicieran lo necesario para que Rajoy o Cospedal se sentaran en el banquillo. En fin, “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte”, dijo Aznar. “El que pueda no hacer nada, que se esté quietecito”, debió añadir.

El expresidente del PP Mariano Rajoy solo tenía “una relación profesional” con Luis Bárcenas, el tesorero del partido, que no le ocupaba “demasiado tiempo” porque él de los asuntos económicos no se encargaba. Cuando supo que Bárcenas escondía 47 millones en Suiza su opinión “cambió”. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, solo vio “ocho o nueve veces” a José Manuel Villarejo. “Siempre” a iniciativa del comisario. “Un café de cinco minutos” en el centro de Madrid y reuniones en su despacho. “No teníamos amistad ni me iba a tomar una copa con él, ni nada por el estilo”.

Así describieron Rajoy y Cospedal sus respectivas relaciones con Luis Bárcenas y el comisario Villarejo durante la comparecencia como testigos en el juicio de Kitchen del pasado jueves. Regresar al contexto político y judicial en el que se dieron algunos episodios de esos contactos cambia por completo el escenario que quisieron dibujar Rajoy y Cospedal. También se debe viajar al 26 de julio de 2017, cuando Rajoy compareció como testigo en el juicio del caso Gürtel, siendo presidente del Gobierno, y recordó y reconoció los mensajes que el pasado jueves olvidó durante su declaración.

Rajoy intentó evitar personalmente que Bárcenas expusiera al PP a la mayor crisis que ha tenido en su historia, con las consecuencias que tendría para él que trascendiera que había cobrado 355.000 euros de dinero negro. Está acreditado que Rajoy interactuó con Bárcenas después de cambiar su opinión sobre él, aunque no lo recordara durante su declaración. Cospedal recurrió al comisario en ese mismo periodo de 2013. Y ya lo había hecho antes, en 2009, cuando estalló el caso Gürtel y le anticipó que le encargaría “trabajos puntuales”. Pero esta parte tampoco ella la recordó el jueves ante el tribunal.

Este es un repaso cronológico por los olvidos y falsedades en las que incurrieron Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados.

26 de febrero de 2012. “Hacemos lo que podemos”

A finales de febrero de 2012, Bárcenas estaba intranquilo. El PP había logrado respirar por fin cuando el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, en quien recayó la instrucción de Gürtel por el aforamiento de varios imputados, archivó la causa contra el tesorero y otros. En marzo, la suerte de Bárcenas cambiaría y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvería a concederle la condición de investigado. El 23 de febrero, el tesorero escribe a Rajoy y este le responde tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”, contestó a la pregunta sobre ese mensaje que le hizo el abogado de Podemos. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le pregunta el letrado Jaime Montero. “No”, contesta Rajoy.

La escena torna en más sorprendente al recuperar la declaración de Rajoy en el juicio de Gürtel de 2017. Entonces fue el abogado del Partido Socialista de Madrid quien le preguntó por los mensajes. “Hacemos lo que podemos significa que hacemos lo que podemos”, respondió Rajoy. “Hasta ahí llego”, replicó el abogado. Y Rajoy, displicente, apuntilló: “Eso es opinable”. Luego, el testigo insistiría en que nunca hizo nada para interferir en la investigación de la caja B del PP.

Rajoy declaró entonces desde el estrado en uno de los episodios más relevantes de su periodo como presidente del Gobierno y que ahora no recuerda. La sentencia que derivó de aquel juicio motivó una moción de censura y su salida de la Moncloa.

18 de enero de 2013. “Luis, sé fuerte”

Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España una comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian el 18 de enero. Esa mañana, El Mundo publicó que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”.

Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda. Pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

5 de marzo de 2013. “Mariano, os estáis equivocando”

En el juicio de Kitchen, Rajoy pasó de negar rotunda y escuetamente cualquier relación o conocimiento del espionaje ilegal al tesorero a presentar importantes lagunas de memoria en otra cuestión que ocurría paralelamente, sus contactos con el tesorero. Las acusaciones populares creen que son dos actuaciones complementarias: ambas buscaban evitar que las pruebas de la caja B le estallaran al PP y sus dirigentes.

A principios de marzo ya habían ocurrido varios acontecimientos que tenían en vilo al Partido Popular. El 31 de enero, El País publicó las anotaciones manuscritas del tesorero del PP con la contabilidad en B de dos décadas. En las primeras semanas, Bárcenas aguanta y niega su veracidad. Pero en marzo, la investigación judicial acorrala a Bárcenas, que ya se siente abandonado por el partido.

“Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles, supuestamente, de Álvaro [Lapuerta] y míos están judicializados penalmente en Plaza de Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras”, escribió Bárcenas el 5 de marzo de 2013. Y Rajoy dijo en el juicio el jueves: “No lo recuerdo, pero bueno, yo no sé si mando este señor o no. Reconocerlo... puedo reconocerlo o no porque no lo he mandado yo”.

6 de marzo de 2013. La llamada perdida de Rajoy

Al día siguiente del mensaje de Bárcenas, a las 9:52 de la mañana, el entonces presidente del Gobierno telefonea al extesorero, que tiene el móvil apagado. Luis Bárcenas escribe a Rajoy: “Tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado, pero no me has cogido”. La abogada del PSOE, Gloria Pascual, le requirió al respecto y pidió que se mostrara el mensaje. La respuesta de Rajoy fue: “¿Esto me lo ha mandado el señor Bárcenas? No tengo la más remota idea”. “Efectivamente, no lo recuerda”, soltó la letrada con ironía y se volvió a llevar una reprimenda de la jueza Teresa Palacios.  

14 de marzo de 2013

Mariano Rajoy tampoco recuerda cómo acabó definitivamente su relación con el responsable de las finanzas del partido que, a la postre, provocaría su salida del Gobierno en la primera moción de censura triunfante de la democracia. A las 20:06 horas del 14 de marzo de 2013, Bárcenas dictó su propia sentencia: “Tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido”. Pese a la trascendencia de la advertencia, Rajoy se permitió decir en el juicio de Kitchen: “Este es un mensaje de hacer más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena”.

La secretaria general, su marido y el comisario

Rajoy no recordó los mensajes incorporados a la causa y Cospedal negó grabaciones en las que ella misma aparece hablando por teléfono con Villarejo. De las que reconoció dio una versión que se enfrenta a la definición, por ejemplo, de la palabra “trabajo” que ofrece la Real Academia de la Lengua y que en ninguna de sus acepciones es sinónimo de “pregunta”. Cospedal declaró, con obligación de decir verdad, que ella no realizó “encargos” de trabajos a Villarejo: solo le formuló “preguntas”.

21 de julio de 2009. Villarejo y Cospedal se conocen

El empresario Ignacio López del Hierro ha explicado en el juicio de Kitchen que conoce al comisario Villarejo “desde hace más de 30 años” y que fue él quien le presentó a quien era en 2009 su esposa, María Dolores de Cospedal. Ella dijo el jueves que el empresario tenía interés en conocerla y que ella aceptó. Le vendría bien, según su versión, para preguntarle por las filtraciones del sumario de Gürtel que afectaban a su amiga Rita Barberá porque el policía “conocía a todos los periodistas”. Además, ella estaba preocupada por el espionaje que el PP estaba sufriendo “de alguien vinculado al Ministerio del Interior”.

La simple escucha de aquel encuentro, recogido por la grabadora de Villarejo, ofrece una versión distinta. Empezando por el final, el comisario se despide de Cospedal y de Ignacio López del Hierro después de que este último, mientras ella asiente, le proponga hacer “trabajos puntuales”. Cospedal aseguró el jueves que Villarejo era un policía que estaba en excedencia y que tenía empresas. Es falso. En 2009 se habían cumplido 16 años del regreso de Villarejo de la década que estuvo fuera del Cuerpo. “Yo le hice encargos. Solo preguntas. Son dos cosas distintas”, afirmó.

El policía estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado en ese momento y el PP vivía una de sus peores crisis con el estallido del caso Gürtel. Villarejo era, y sigue siendo, amigo íntimo del jefe de la UDEF entonces, José Luis Olivera. Y junto a él comenta en una grabación que, si no llega a ser por ellos, el caso habría alcanzado a la cúpula del partido.

6 de diciembre de 2012. “Cospe me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”

Uno de los testimonios más relevantes hasta la fecha del juicio de la operación Kitchen ha sido el de su investigador principal, el inspector jefe Gonzalo Fraga, de la Unidad de Asuntos Internos. En un pasaje de sus más de 12 horas de declaración, Fraga se refirió a las agendas incautadas al comisario Villarejo. Les dio total credibilidad y dejó esta frase: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”.

En esas agendas se recoge uno de los episodios más graves de impunidad que atribuir al juez Manuel García Castellón, artífice de la exculpación de María Dolores de Cospedal. Hasta en ocho referencias comprendidas entre el 6 de diciembre de 2012 y el 6 de septiembre de 2014, Villarejo hace anotaciones sobre pagos ordenados por la secretaria general del Partido Popular al comisario y el método en el que, al menos parte de ellos, debe ser empleado para los mismos, a través de una empresa pública llamada Enresa.

El jueves, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, preguntó a Cospedal por el asunto hasta donde le permitió la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. “¿Le solicitó Villarejo pagos?”, formuló la abogada. “No”, contestó Cospedal. “No tenía por qué”, añadió. Si no tenía relaciones comerciales con el policía, continuó la letrada, “¿cómo interpreta que se dirija a José Luis Ortiz –jefe de gabinete de Cospedal– reclamando un pago pendiente?”, continúa Pascual. En ese momento, terció la jueza: “No conteste”.

En las agendas, Villarejo recogió el 6 de diciembre de 2012: “Cospe. Apoyo a tope en todo. Me enviaron a Jose L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. El 21 de junio de 2013: “Orti. Toque para hablar. Aviso de pago pendiente (...). Queda en comentarlo con la Cospe”. El 6 de noviembre de 2013: “Cospe. Muy preocupada con los 5 pagos de 200. Me pide por favor que le mantenga informada”. El 12 de junio de 2014: “Enresa. Fco. Gil (contacto de Cospe). Opción para abonar el pago pendiente”.

En aquel momento, el presidente de Enresa era Francisco Gil-Ortega, quien había sido vicepresidente del Parlamento de Castilla-La Mancha y alcalde de Ciudad Real. La inacción de la Justicia no ha permitido profundizar en los presuntos pagos y si estos respondían a los trabajos de Villarejo en la Operación Cataluña, a la Kitchen o a cualquier otra maniobra de la cloaca de Villarejo para el Partido Popular.

20 de enero de 2013. “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

María Dolores de Cospedal aseguró ante el tribunal de Kitchen que ella no ha hablado nunca por teléfono con el comisario. Lo dijo pese a que en 2022 fue portada del diario El País su conversación telefónica con Cospedal en pleno estallido del caso de la caja B. El comisario grabó a la secretaria general del PP mientras hablaban de los rumores de las anotaciones manuscritas de Bárcenas sobre la contabilidad extraoficial del partido entonces en el Gobierno. Fue el 20 de enero de 2013, once días antes de que la publicación de los 'papeles de Bárcenas' pusieran del revés la política española.

En la grabación, Cospedal, quien asegura que nunca hizo encargos a Villarejo, le dice al comisario de las cloacas: “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”.

Cospedal también dijo en su declaración que en las “ocho o nueve” veces que vio a Villarejo los encuentros siempre fueron a propuesta del comisario. En una declaración posterior, también el jueves, su jefe de gabinete entonces, José Luis Ortiz, dijo que en alguna ocasión fue su jefa quien mandó llamar al policía.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que José Luis Ortiz, exjefe de Gabinete de María Dolores de Cospedal, ha dejado por “mentirosa” a su jefa ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen'.

A preguntas de los medios en Azuqueca de Henares (Guadalajara), ha dicho -a raíz de la declaración de Cospedal en el juicio Kitchen- que “todos los españoles tienen claro que es verde y con asas”. “Lo que pasa es que lo tienen que ver así de claro también los jueces, que es una garantía constitucional”, ha declarado.

Según ha incidido, “todos los españoles yo creo que tienen muy claro lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas”. Y “si alguien tenía alguna duda”, ha dicho, “es bastante elocuente el desmentido que ha hecho ni más ni menos que el mano derecha de Cospedal”.

“Su jefe de Gabinete no ha dicho cualquier cosa. Ha dejado sinceramente por mentirosa a su jefa”, ha advertido el presidente castellanomanchego, quien ha tildado de “lamentable” e “indecente” la 'Operación Kitchen', una operación para “intentar tapar la corrupción y de frenar las investigaciones policiales y judiciales”.

“De otras personas a lo mejor podría hasta dudarlo”, ha añadido García-Page, “pero visto lo que vimos en Castilla-La Mancha, creo que no hay nadie en Castilla-La Mancha que no se crea” lo que el jefe de Gabinete de Cospedal dice de su jefa. “Al menos en Castilla-La Mancha no hay duda ninguna de qué tipo de comportamiento se podía esperar”.

Amaga con “contar con detalle” el Comité Federal 2016 

García-Page también se ha pronunciado al respecto de los vídeos publicados por The Objective filmados durante el Comité Federal del partido en 2016, asegurando que fue el “peor día” de su vida, en el que lo que se pudo presenciar fue “el intento de un pucherazo cutre”. Ha dicho que ve esos vídeos con “pavor”, algo que no le desea “a nadie”.

Las imágenes muestran cómo se “tocó con los dedos el colapso del Partido Socialista”, un momento en el que “muchos, con opiniones distintas” acabaron “abrazados para que no cayera el PSOE, para que no se viniera abajo”.

“Fue bochornoso, se intentó que mucha gente no pudiera votar, un trampantojo democrático, en definitiva, un pucherazo. Afortunadamente, la situación fue tan esperpéntica que se tuvo que parar la votación. Pero es enormemente doloroso”, ha añadido.

Por ello, ha asegurado que va a explicar “con detalle” lo que ocurrió. “Yo, particularmente, me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Lo voy a hacer con mucho detalle cuando tenga más tiempo para redactarlo, pero lo voy a hacer”.

Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha dicho este jueves ante el juez que no habló nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación del comisario, incorporada a la causa. La exdirigente popular sí reconoció reuniones presenciales, pero no por teléfono.

La conversación telefónica grabada por Villarejo se produjo el 20 de enero de 2013, después de la primera publicación el 18 de enero en El Mundo de la existencia de sobresueldos en negro durante años en la formación conservadora. La entonces secretaria general del PP —partido que en ese momento estaba en el Gobierno— intentaba conocer quién figura en la documentación de Bárcenas como receptor de sobresueldos, averiguar quién lo estaba filtrando e intentar frenar su publicación. Las grabaciones estaban en la vivienda del comisario y fueron requisadas por orden judicial dentro de la Operación Tándem.

La secretaria general del PP dice, al final de ese diálogo: “Por eso te estoy llamando. La libretita... sería mejor poderlo parar”. “Eso es. No, no, no te preocupes, que yo voy a estar al loro”, replica Villarejo.

Ante el juez como testigo, Cospedal negó que hablasen por teléfono, ni fijo ni móvil. Repreguntada de forma posterior al final de su testifical, rebajó su nivel de seguridad: “Yo por teléfono creo que nunca he hablado con el señor Villarejo, pero no se lo puedo asegurar”.