Baltasar Garzón lo tiene claro con el caso García Ortiz: si llega al comité de Derechos Humanos de la ONU, “dirá que es una condena parcial y un juicio arbitrario”. El paralelismo que traza con su expulsión como juez hará que España ignore el dictamen del órgano de Naciones Unidas, augura. “La respuesta del sistema judicial español es una alergia a las resoluciones de los comités de defensa de los Derechos Humanos”, ha dicho en un congreso en Sevilla a preguntas de elDiario.es Andalucía.

“El curso de solución al caso del fiscal general es donde está ahora, con el recurso de nulidad de la sentencia en el Tribunal Supremo”, refiere Garzón. “Y si no resuelve, al Constitucional, y si no, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, continúa. En este recorrido, precisa, “ojalá no tenga que llegar al comité de Derechos Humanos de la ONU porque le auguro el mismo éxito que yo he tenido”, es decir, que cuestionará el procedimiento y pedirá una “reparación efectiva” que el Poder Judicial no acatará. En octubre, el pleno decidió por mayoría inadmitir la solicitud del exjuez, que buscaba un regreso simbólico a la carrera judicial, por considerar que carece “de fundamento” y entender que la sentencia que lo condenó sigue siendo válida.

Baltasar Garzón se ha referido así al caso contra Álvaro García Ortiz o cómo una actuación de la Fiscalía acaba con el jefe de la Fiscalía juzgado y condenado. Un proceso que tiene su origen en las maniobras y los bulos de Miguel Ángel Rodríguez para intentar 'pinchar' la exclusiva de elDiario.es que desestabilizó la carrera política de su jefa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: su pareja, Alberto González Amador, había engañado dos veces a Hacienda.

El ex fiscal general ha denunciado siete motivos de nulidad de su sentencia y la Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia.

“Jueces de extrema derecha”

Sobre el caso, la Fiscalía de Memoria Democrática –unidad adscrita a la Fiscalía General del Estado– ha abierto un expediente gubernativo para estudiar un manifiesto contra la condena “sin pruebas” al ex fiscal general presentado por 49 asociaciones memorialistas, la mayoría de Andalucía, como adelantó este periódico. El texto critica con dureza la sentencia por la filtración de la confesión de fraude fiscal por parte del comisionista González Amador.

“El recorrido pre procesal que pueda tener la iniciativa no lo sé, pero aquí lo más importante es que al menos la institución que recepciona la denuncia –la Fiscalía de Memoria– lo hace y no la rechaza”, manifiesta Baltasar Garzón. “La mayoría de los jueces y fiscales en España son de extrema derecha”, subraya, un grave problema latente porque, a ojos del exmagistrado, “la justicia en España sigue bebiendo de la dictadura de Franco”.

En el país “se está instrumentalizando el derecho con fines políticos y es la antítesis de un servicio público”, señala. El exjuez de la Audiencia Nacional ha realizado estas declaraciones en la 16ª edición del Seminario Internacional de Teoría Crítica de los Derechos Humanos, que se celebra en Sevilla bajo el título ‘Democracia, Soberanía y Derechos Humanos: la humanidad en una encrucijada histórica’.

El congreso, organizado en Sevilla por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Instituto Joaquín Herrera Flores, aborda una “reflexión crítica sobre los desafíos actuales” a escala global, como las “relaciones entre economía, capitalismo y patrimonialización de los derechos” y los “procesos de justicia transicional, memoria histórica y jurisdicción universal”.

“Estamos en una encrucijada, hoy democracia, soberanía y Derechos Humanos son términos opuestos”, asegura Baltasar Garzón. “Tenemos un auge generalizado de la extrema derecha, del puro fascismo”, resalta. “Y la anomia que nos invade está orquestada” por el poder económico “que controla el mundo” mientras, apunta, “los gobernantes tienen la obligación de hacer que la gente no se desconecte de las instituciones”.

“La historia nos indica dónde nos lleva la extrema derecha, cómo es posible que sigan subiendo como la espuma”, cuestiona el exmagistrado. La respuesta, dice, está a la vuelta de la esquina. “Vivimos en tiempos del miedo al futuro en los jóvenes, a aquello que teníamos conquistado… una encrucijada difícil”, continúa, “tenemos el análisis, las normas, el diagnóstico, ahora toca actuar y buscar la solución”.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado que el órgano no anulará los acuerdos que decretaron en 2012 la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial tras su inhabilitación por las escuchas ilegales a la Gürtel. Los vocales han ratificado la decisión de la Comisión Permanente y han acordado por mayoría inadmitir la solicitud del exjuez, que busca un regreso simbólico a la carrera judicial apoyado en el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó en 2021 que fue condenado en un “proceso arbitrario”. El pleno ha considerado la “carencia manifiesta de fundamento” de la petición formulada por Garzón, según ha informado el órgano en un comunicado.

El exjuez de la Audiencia Nacional reclamó que se dejaran sin efecto los acuerdos del CGPJ que supusieron la pérdida definitiva de su cargo de magistrado. Su escrito apelaba al citado dictamen de Naciones Unidas, que dio por hecho que el proceso judicial que acabó con su carrera no garantizó la imparcialidad de los magistrados que lo juzgaron y criticó que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir. Además, instó a que el Estado español le proporcionase una “reparación integral” y se borraran sus antecedentes.

Ante el CGPJ, la defensa de Garzón invocó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mayo que estableció que este tipo de dictámenes “no son irrelevantes jurídicamente” y que reclamaciones como la realizada por Garzón pueden servir para reparar las “lesiones de derechos fundamentales” evidenciadas en esas resoluciones. La mayoría del órgano considera, sin embargo, que mientras la sentencia que condenó a Garzón no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula, es una sentencia válida cuyo cumplimiento para el CGPJ viene obligado por el artículo 118 de la Constitución Española.

Los dos vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Inés Herreros y Carlos Hugo Preciado, se han posicionado a favor de admitir la petición del exjuez, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Ambos presentarán votos particulares. Además, la vocal progresista Argelia Queralt presentará un voto concurrente en el que aboga por reforzar la efectividad de los dictámenes del comité de Derechos Humanos de la ONU dado que, a su juicio, queda diluida en la resolución aprobada por el pleno.

Tres procedimientos

Garzón se convirtió en 2012 en el primer condenado por la trama Gürtel, el caso que él mismo había destapado en su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y que, a la postre, acabó provocando la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa en 2018. Durante la última década también ha llevado sobre sus espaldas el peso de una condena por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación. Aquella fue una actuación controvertida que le hizo perder incluso el favor de juristas de ámbito progresista.

La sentencia, de gran dureza, le acusó de “totalitario” y de actuar “prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho” por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel a pesar de que no había “indicios concretos de una posible actuación delictiva” por parte de algunos de esos letrados. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron los recursos contra su condena.

No fue el único procedimiento al que se enfrentó. En 20 meses frenéticos el entonces juez afrontó la apertura de otras dos causas contra él en el Supremo. De hecho, la suspensión cautelar de sus funciones de juez se remonta a mayo de 2010, cuando el alto tribunal le abrió juicio oral por presunta prevaricación al declararse competente para investigar las atrocidades del franquismo. Finalmente, resultó absuelto. Una mayoría de magistrados entendió que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó.

Solventados ya los juicios de las escuchas y el franquismo, a Garzón le quedaba todavía el tercero de los frentes que el Supremo había abierto contra él: el de la petición de financiación para dos cursos en la Universidad de Nueva York durante una excedencia de la Audiencia Nacional entre 2005 y 2006.

Tras una instrucción de dos años —en la que incluso salieron a la luz las cuentas personales de algunos de sus familiares—, el juez Manuel Marchena acordó archivar el procedimiento por prescripción solo cuatro días después de la condena de inhabilitación por las escuchas a la Gürtel. El centro universitario siempre negó que Garzón fuera beneficiario directo de esos fondos que Marchena cifró en 1,2 millones de dólares. En 2012, Garzón abrió un bufete y ejerce como abogado.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó el pasado julio anular los acuerdos que decretaron en 2012 la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial tras su inhabilitación por las escuchas ilegales a la Gürtel. Los vocales acordaron por mayoría inadmitir la solicitud del exjuez, que busca un regreso simbólico a la carrera judicial apoyado en el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó en 2021 que fue condenado en un “proceso arbitrario”. La decisión ya ha sido recurrida por la defensa de Garzón y será revisada por el pleno, informan fuentes del órgano.

El exjuez de la Audiencia Nacional reclamó que se dejaran sin efecto los acuerdos del CGPJ que supusieron la pérdida definitiva de su cargo de magistrado. Su escrito apelaba al citado dictamen de Naciones Unidas, que dio por hecho que el proceso judicial que acabó con su carrera no garantizó la imparcialidad de los magistrados que lo juzgaron y criticó que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir. Además, instó a que el Estado español le proporcionase una “reparación integral” y se borraran sus antecedentes.

Ante el CGPJ, la defensa de Garzón invocó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mayo que estableció que este tipo de dictámenes “no son irrelevantes jurídicamente” y que reclamaciones como la realizada por Garzón pueden servir para reparar las “lesiones de derechos fundamentales” evidenciadas en esas resoluciones.

La Permanente inadmitió a trámite el escrito del exmagistrado con el voto en contra del vocal Carlos Hugo Preciado, propuesto a iniciativa de Sumar. Las fuentes jurídicas consultadas explican que el órgano basó su decisión en que la sentencia que condenó a Garzón sigue siendo válida y que, en consecuencia, si el fallo no es nulo tampoco pueden serlo los acuerdos del CGPJ que se limitaron a ejecutarlo.

Además, el órgano argumentó que el Supremo ha mantenido en varias ocasiones que los dictámenes del comité de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes, por lo que no está obligado a acatar sus recomendaciones por mucho que pueda tener en cuenta sus argumentos y conclusiones.

En paralelo, el CGPJ acordó derivar el asunto hacia la apertura de un expediente de rehabilitación ordinaria. Se trata de un trámite de reintegración a la carrera judicial que se puede alargar durante seis meses y que exige la cancelación de los antecedentes penales, entre otra documentación. Garzón cumple el próximo octubre los 70 años que constituyen la edad de jubilación ordinaria por lo que es muy probable que no dé tiempo a completar todo el procedimiento antes de esa fecha.

De hecho, en el Registro Central de Penados todavía figuran sus antecedentes penales. En enero de 2022, tras el dictamen de la ONU y después de que el Tribunal Supremo certificara que había cumplido su condena y declarara extinguida su responsabilidad penal, Garzón pidió por primera vez al Ministerio de Justicia la cancelación de esos antecedentes. Insistió después en otras cuatro ocasiones, pero nunca obtuvo respuesta, tal y como recoge la demanda que acabó presentando en la Audiencia Nacional contra ese departamento y que está pendiente de resolución.

En un escrito reciente, la Fiscalía del tribunal especial se posicionó a favor del exjuez y solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ordenara el borrado de los antecedentes penales y que Garzón fuera indemnizado en virtud del dictamen de la ONU. En su escrito, el fiscal Manuel Campoy sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas deben acatarse y aludió a la citada sentencia del Supremo del pasado mayo.

Los jueces de la Sección Tercera todavía tienen pendiente resolver sobre el fondo del asunto. No obstante, el pasado 21 de agosto accedieron a la pretensión del exjuez de que se realice una anotación provisional en el Registro Central de Penados que ponga de manifiesto la existencia de este procedimiento. En paralelo, la defensa del exjuez también reclamó a la Permanente del CGPJ que dejara en suspenso el procedimiento de rehabilitación ordinaria hasta que el pleno tomara una decisión definitiva, pero su pretensión fue desestimada el pasado 18 de agosto.

Tres procedimientos

Garzón se convirtió en 2012 en el primer condenado por la trama Gürtel, el caso que él mismo había destapado en su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y que, a la postre, acabó provocando la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa en 2018. Durante la última década también ha llevado sobre sus espaldas el peso de una condena por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación. Aquella fue una actuación controvertida que le hizo perder incluso el favor de juristas de ámbito progresista.

La sentencia, de gran dureza, le acusó de “totalitario” y de actuar “prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho” por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel a pesar de que no había “indicios concretos de una posible actuación delictiva” por parte de algunos de esos letrados. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron los recursos contra su condena.

No fue el único procedimiento al que se enfrentó. En 20 meses frenéticos el entonces juez afrontó la apertura de otras dos causas contra él en el Supremo. De hecho, la suspensión cautelar de sus funciones de juez se remonta a mayo de 2010, cuando el alto tribunal le abrió juicio oral por presunta prevaricación al declararse competente para investigar las atrocidades del franquismo. Finalmente, resultó absuelto. Una mayoría de magistrados entendió que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó.

Solventados ya los juicios de las escuchas y el franquismo, a Garzón le quedaba todavía el tercero de los frentes que el Supremo había abierto contra él: el de la petición de financiación para dos cursos en la Universidad de Nueva York durante una excedencia de la Audiencia Nacional entre 2005 y 2006.

Tras una instrucción de dos años —en la que incluso salieron a la luz las cuentas personales de algunos de sus familiares—, el juez Manuel Marchena acordó archivar el procedimiento por prescripción solo cuatro días después de la condena de inhabilitación por las escuchas a la Gürtel. El centro universitario siempre negó que Garzón fuera beneficiario directo de esos fondos que Marchena cifró en 1,2 millones de dólares. En 2012, Garzón abrió un bufete y ejerce como abogado.

La Fiscalía reclama que la Audiencia Nacional obligue al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a indemnizar a Baltasar Garzón y a dar cumplimiento a las conclusiones del comité de Derechos Humanos de la ONU que determinó que el exjuez fue inhabilitado en un “proceso arbitrario”, solicitó el borrado de sus antecedentes penales y que se le diera “una compensación adecuada por el daño sufrido”.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Manuel Campoy afirma que Justicia vulneró los derechos fundamentales de Garzón a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por obviar “sin que conste causa justificada” las reiteradas solicitudes del exjuez en las que reclamaba el cumplimiento de esas conclusiones.

En consecuencia, pide que “se acuerde la condena de la Administración Pública demandada, al pago de la indemnización por daños y perjuicios en la cuantía reclamada por el demandante, o subsidiariamente, la que se determine en ejecución de sentencia, conforme a las bases que se establezcan”.

También reclama que el Ministerio de Justicia sea condenado a cumplir las otras conclusiones establecidas en la citada resolución de la ONU: borrar y eliminar los antecedentes penales de Garzón, publicar ese dictamen en el BOE e impulsar reformas normativas que garanticen la “razonable apariencia de imparcialidad” en los procedimientos judiciales.

En 2021, el comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a Garzón y concluyó que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 lo condenó a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, que el entonces magistrado instruía desde la Audiencia Nacional.

Esa resolución daba por hecho que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón fue “arbitrario”, que no garantizó la imparcialidad de magistrados que participaron en la sentencia condenatoria y criticaba que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir su inhabilitación. A la vista de todo lo anterior, el organismo de la ONU exigía al Estado español una “reparación integral” a Garzón, el borrado sus antecedentes penales y le proporcionara “una compensación adecuada por el daño sufrido”.

Desde entonces, el exjuez ha intentado con una solicitud presentada en enero de 2022 y que reiteró después en dos ocasiones que el Ministerio de Justicia diera cumplimiento a las citadas conclusiones. Según el escrito del fiscal, el citado departamento desestimó esa petición “por silencio administrativo”. El escrito del fiscal se produce en el marco del recurso contencioso administrativo por el que Garzón impugnó la citada desestimación de Justicia.

“¿Son comunistas?”. La pregunta la lanzó un agente de la policía chilena, en pleno 2021, al jurista y escritor Philippe Sands y a su ayudante frente a una de las casas de Santiago donde la temible DINA, la 'secreta' de Augusto Pinochet, torturó a decenas de opositores. Una muestra de las huellas que deja una dictadura en una sociedad incluso años después de su fin.

Sands (Londres, 1960) descubre en Calle Londres 38 (editado en castellano y catalán por Anagrama) los secretos más oscuros de la dictadura chilena y del histórico proceso legal internacional, iniciado por el juez español Baltasar Garzón, que condujo a la detención de Pinochet en la capital británica en 1998.

“Pinochet no terminó ante un tribunal español, pero no tuvo impunidad. No pudo salir de casa en sus últimos días en Chile”, valora el jurista. La inmunidad y la impunidad de los dictadores, dos conceptos relacionados a lo largo de todo el libro, que culmina una investigación de ocho años y supone cerrar la trilogía que Sands inició con el monumental Calle Este-Oeste y que siguió con Ruta de escape.

“Todo lo que escribo en el libro lo puedo probar ante un tribunal”, destaca el escritor en un encuentro con periodistas este viernes en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), donde este sábado impartirá una conferencia sobre Justicia internacional, uno de sus campos de experiencia, además del derecho medioambiental, la investigación y la literatura. 

Pinochet no terminó ante un tribunal español, pero no tuvo impunidad

Los descubrimientos (este artículo no contiene spoilers; merece la pena leer el libro) que hace Sands ya han provocado terremotos en Chile, pero también en Alemania y Reino Unido. En clave española, el libro de Sands suma un nuevo hito en el polémico historial del juez García-Castellón al retratar su pasividad para investigar los crímenes cometidos por la dictadura chilena. 

Hay tres grandes secretos revelados por Sands, uno referido a la dictadura chilena y a Walther Rauff, un enigmático alemán que terminó sus días como jefe de una conservera en la Patagonia. Otros dos, relativos al “histórico e inédito”, en palabras del autor, intento de extradición a España de Pinochet que se siguió en Londres y a su trastienda política. Sands los obtiene tras bucear en archivos y entrevistar a decenas de fuentes, tanto colaboradores del dictador como represaliados, además de políticos y juristas de Chile, España y Reino Unido.

El juez Garzón es uno de los personajes destacados de la historia. Aunque fue el “protagonista mediático” del inédito arresto de un exjefe de Estado en un país extranjero con base al derecho internacional que persigue los crímenes contra la humanidad, Sands cree hay otros dos juristas que jugaron un papel indispensable para lograr la detención de Pinochet: el abogado Joan Garcés y el fiscal Carlos Castresana.

El protagonismo español en el arresto de Pinochet hace inevitable una mirada doméstica al pasado. “España buscó con Pinochet la justicia que no hizo con Franco”, zanja Sands, para quien nuestro país tenía “plena legitimidad legal” para pedir la detención y extradición del dictador chileno, pero le faltaba “autoridad moral” debido a la negativa a perseguir los crímenes franquistas.

“España nunca ha hecho justicia con el franquismo”, señala Sands, que, como buen jurista y escritor, sabe de la importancia de escoger las palabras adecuadas. “No es que España fuera incapaz de juzgar los crímenes del franquismo, es que rechazó hacerlo”, destaca.

Lejos de asumir una mirada paternalista sobre la historia española, Sands constata que la impunidad del franquismo se repite en otras dictaduras o conflictos internacionales: “Reino Unido no ha querido investigar los crímenes coloniales, y Obama tampoco quiso indagar en las torturas del ejército en Afganistán e Iraq”.

Lo que sí sorprende (para mal) a Sands del caso español es la ausencia total de un relato oficial (sea a través de los tribunales o de otras instituciones, como una comisión de la verdad o un proceso de paz y reconciliación) sobre el franquismo. “No afrontar los crímenes del pasado tiene consecuencias para la sociedad actual”, apostilla.

Reino Unido no ha querido investigar los crímenes coloniales, y Obama tampoco quiso indagar en las torturas del ejército en Afganistán e Iraq

Quizás porque conoce los tribunales como la palma de su mano, Sands es igualmente consciente de sus limitaciones. “La literatura, el periodismo, la cultura o instituciones como el CCCB pueden jugar un papel importante en hacer entender a la comunidad qué pasó con algunos crímenes contra la humanidad. Hay maneras menos formales que un tribunal de concluir qué ocurrió, e incluso se pueden completar los huecos que los juicios no pueden llenar”, reflexiona Sands.

El lado humano del derecho

Pese a reconocer que el mundo se encuentra en una fase de “regresión” en cuanto a persecución de los crímenes contra la humanidad, Sands no alberga dudas de que, a largo plazo, el orden mundial nacido después de 1945 prevalecerá. “El ataque a la diversidad y a los derechos civiles forma parte del mismo asalto a los valores que representa el derecho internacional”, asevera Sands.

“Creo que Donald Trump se ha dado cuenta de que hay un sistema internacional con toda la polémica de los aranceles”, reflexiona Sands, que además recuerda que, pese a todos los ataques, el sistema todavía impide a Benjamin Netanyahu o Vladímir Putin moverse con libertad por todo el mundo, ya que en algunos países serían detenidos por crímenes contra la humanidad.

Donald Trump se ha dado cuenta de que hay un sistema internacional con toda la polémica de los aranceles

Como todos los libros de Sands, el derecho internacional, la persecución de los crímenes contra la humanidad y el genocidio y las trifulcas legales se entrelazan magistralmente con anécdotas que hacen historia (el juez británico que firmó el arresto de Pinochet era vecino de su familia) y un retrato humano de los protagonistas de los pleitos.

En Calle Londres 38 (la calle de Santiago donde fueron torturados varios militantes socialistas) sobresale, entre todo el amplio elenco de personajes, la inolvidable Jean Pateras, quien asistió a la historia desde un lugar privilegiado y único: fue la intérprete de Pinochet en todo el procedimiento de extradición.

Durante uno de los traslados hospitalarios de Pinochet en Londres, la prensa inglesa confundió a Pateras con una de las hijas del dictador, fallo por el que la intérprete fue indemnizada. De lo que Pateras (y Sands) no tienen duda alguna es de la última gran mentira de Pinochet. “Fingió estar enfermo para no ser extraditado”. El jurista no lo dice porque sí. Lo puede probar ante cualquier tribunal.

“La justicia es una decisión netamente política de los países que componen el Estatuto de Roma”, denunciaba este miércoles el juez Baltasar Garzón durante el debate ‘La esperanza de Justicia en el mundo’, en el que también participó la periodista Olga Rodríguez. El encuentro, organizado por la fundación Éxodus y el Instituto Cervantes, tuvo como objetivo analizar si, en un mundo marcado por la crisis internacional, la desigualdad y las guerras, el principio de justicia universal sigue siendo aplicable hoy en día.

Durante su intervención, Garzón denunció la inacción política de los gobiernos que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos el de España. “No he visto una movilización por parte de los gobiernos más allá de las declaraciones”, afirmó, lamentando la falta de credibilidad en el sistema judicial internacional como motor de transformación. “Hay miedo. Y el miedo anula la esperanza y la vida”, repitió en diversas ocasiones citando al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han.

Por su parte, Rodríguez evidenció “el sentir y la preocupación colectiva al ver cómo se extiende la impunidad”. Parafraseando a una de las voces más reconocidas del activismo internacional, Angela Davis, la periodista reivindicó: “Estamos en tiempos en los que hay que defender la esperanza como disciplina. Y en ese argumentario, hay una obligación en sí misma. No desde la impunidad, sino desde la necesidad absoluta”.

Si bien ambos ponentes reconocen que el derecho internacional ha dado pasos importantes —como la orden de arresto contra dos mandatarios israelíes por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, o el dictamen emitido por el mismo tribunal el pasado julio que recordaba a los Estados miembros que es ilegal dar apoyo o asistencia a la ocupación de Israel en territorios palestinos—, a día de hoy, las masacres continúan.

La semana pasada, Viktor Orbán retiró a Hungría de la Corte Penal Internacional tras recibir a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí buscado por la CPI por crímenes de guerra. Pero su caso no es una excepción: varios países de la UE, entre ellos Alemania y Francia han puesto en cuestión la orden de la CPI.

“Hay mucho cinismo”, recordó Rodríguez. “Sectores que operan con hipocresía y que han pasado de ahí al cinismo. Si no hay justicia, ¿qué es lo que tenemos? La extensión del espacio para la impunidad, y eso es la ley del más fuerte y del que está dispuesto a utilizar la fuerza bruta”. Rodriguez recordó que, Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, invitó a Netanyahu a una visita oficial, según informó la oficina del primer minisro de Israel.

Autoproclamado como un pesimista positivo y sin ninguna intención de querer quedarse callado a sus 69 años, para Garzón la situación es muy clara: “Hay actores que actúan y otros que impiden actuar. Y hasta que no conectemos estos dos ámbitos y nos creamos que la justicia internacional da esperanza, no vamos a avanzar”. Defender la justicia universal “no es cuestión de ser de extrema izquierda o no. Tenemos casi todos los instrumentos, pero solamente hay que creer. Es una cuestión de voluntad”.

Jueces al servicio público

Cuestionando la narrativa oficial israelí sobre Gaza, Garzón desmintió la idea de que todo lo que se encuentra en la Franja es Hamás. “Es un poco sui géneris y, desde luego, falsa”. Según el juez, no hay duda de que Israel está cometiendo un exterminio: “En Gaza se han desbordado todos los límites desde hace mucho tiempo. Y se ha hecho a ciencia y conciencia”.

Pero el juez quiso poner el foco en quienes, desde fuera, sostienen ese horror: “¿Quién está financiando todo esto? Todos aquellos que están suministrando armas para las acciones que se están desarrollando en Gaza. No son armas para proteger a la población. Y eso tiene financiación, tiene empresas detrás. En definitiva, eso también interpela directamente a la CPI”.

En ese sentido, el experto se pregunta por qué el fiscal general de la Corte no ha abierto todavía un procedimiento contra los empresarios —no solo estadounidenses, sino también de países miembros del Estatuto de Roma— que se benefician del negocio armamentístico vinculado al conflicto. “Los jueces son servidores públicos que representan a todos los ciudadanos de la comunidad internacional, y en ese sentido, el fiscal general debe asumir la presión propia de su cargo”, afirmó. “Las preguntas deberían hacerse a los presidentes, como a Pedro Sánchez. Hay acuerdos en casi todos los temas, pero a la hora de la justicia, todo el mundo guarda silencio y desaparece”.

Aunque reconoció las dificultades a las que se enfrentan los fiscales, Garzón recordó que disponen de herramientas suficientes para actuar: “Tienen a su disposición a toda la Policía y la Guardia Civil de España, porque España es un Estado miembro y ha ratificado el Estatuto de Roma. Como también lo es Francia, Portugal y los 127 países que han ratificado el estatuto. Pero otra cosa es que se quiera hacer. O nos creemos la justicia penal internacional o lo dejamos. Porque estamos dando falsas esperanzas a las víctimas”, concluyó.

Defender la jurisdicción internacional

El principio de jurisdicción universal permite a un Estado o tribunal ejercer su autoridad legal sobre crímenes cometidos fuera de su territorio, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores, cuando se trata de delitos especialmente graves como los crímenes de guerra, de lesa humanidad o el genocidio. Sin embargo, no todos los países reconocen o aplican este principio de la misma forma.

En el caso español, la aplicación de la justicia universal fue pionera y ejemplar durante años. Uno de los hitos más recordados fue en 1998, cuando el mismo Baltasar Garzón ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, marcando un antes y un después en la lucha contra la impunidad a nivel internacional.

Sin embargo, con el paso del tiempo, España ha ido restringiendo progresivamente el alcance de este principio. En 2009, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una primera reforma con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV. Desde entonces, la Audiencia Nacional solo puede investigar crímenes cometidos en el extranjero si el acusado se encuentra en España, alguna víctima es de nacionalidad española o existe un vínculo claro con el país. Cinco años después, en 2014, el gobierno del PP impulsó una segunda reforma aún más restrictiva, estableciendo requisitos más estrictos y limitando el margen de actuación judicial.

A día de hoy, las Naciones Unidas no han logrado llegar a ningún consenso a la hora de definir qué es la jurisdicción universal. Pero “su grandeza”, señalaba Garzón, “es que es un principio que se va generando y, por mucho que en algunos países se restrinja, se abren otras puertas”. Ejemplo de ello fue la querella argentina contra los crímenes del franquismo –que nunca se han investigado en España– en 2010 que sigue abierta y se sigue investigando, explicaba el magistrado como ejemplo para hacer entender que la puerta de la justicia universal no se va a cerrar pese a que los gobiernos de cada país impongan muchos condicionantes.

Acciones políticas como la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 han fortalecido la aplicación de la justicia universal en España, al facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Un ejemplo reciente es la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre las torturas sufridas por Blanca Serra, detenida por la brigada político-social en la comisaría de Vía Laietana. Otro caso destacado es la querella presentada este martes en Paterna, que se suma a las más de 115 interpuestas en todo el Estado para exigir la investigación judicial de crímenes del franquismo que, hasta hoy, siguen impunes.

Pero ante los avances que se puedan dar, para el experto, lo que sucede en España es que la justicia española “no sigue la ley de 2022 que dice que tienen que ir a las fosas y que tienen que haber procedimientos”. Y, para cambiarlo, “los jueces tienen que tener las ganas y la convicción de hacerlo”, concluyó finalmente.

“Ante ello, qué tenemos que hacer: convencer a los políticos, al Parlamento y a los grupos políticos de que tienen que modificar la ley de jurisdicción universal, la ley de 2014 hay que reformarla”, concluyó.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, encargada entre otras cosas de comparecer y participar en los procesos penales sobre denuncias de torturas y represión franquistas. La decisión ha sido tomada por cuatro magistrados varones, con un voto particular en contra de una magistrada, en un recurso interpuesto por una asociación de fiscales conservadores que lleva desarrollando desde hace tiempo una batalla política y judicial contra el fiscal general del Estado y contra el propio Gobierno de Pedro Sánchez, una suerte de lucha ideológica corporativa de la que vemos con frecuencia nuevos ejemplos.

Dolores Delgado es una fiscal que ha desarrollado su carrera fundamentalmente en la Audiencia Nacional, donde ha ejercido durante muchos años llevando la acusación en múltiples casos de enorme trascendencia pública, en materia de narcotráfico, terrorismo, blanqueo, crímenes internacionales y delitos económicos. Fue ministra de Justicia y fiscal general del Estado y nadie, tampoco la asociación de fiscales conservadora ni el propio tribunal, ha cuestionado sus méritos indiscutidos para el ejercicio del cargo para el que fue nombrada.

¿Cuál es entonces la causa de la anulación de su nombramiento? No lo es obviamente por sus méritos, sino por una cuestión aparentemente formal, que tiene que ver con su relación de pareja con Baltasar Garzón y las actividades profesionales de éste como abogado y como miembro de una fundación, con una visión que, en mi opinión, difícilmente se habría aplicado de ser un hombre el candidato y su pareja una mujer que ejerciera esas mismas actividades.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que los fiscales no podrán ejercer su cargo, y en consecuencia no podrán ser nombrados para alguno de ellos, si “su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función” (Art.58.1), a la vez que contempla que si su pareja ejerce como abogado o procurador en circunscripciones territoriales de más de quinientos mil habitantes, puede acceder al puesto de fiscal “sin perjuicio del deber de abstención cuando proceda” (Art.58.4).

Baltasar Garzón, pareja de Dolores Delgado, está como abogado al frente de un despacho que, además de otras ramas del Derecho, presta servicios de defensa letrada en “asuntos relacionados con reclamaciones en organismos de Derechos Humanos, y tribunales internacionales”, y preside una fundación, Figbar,  que “trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal”. 

Es obvio que una fundación es una entidad sin ánimo de lucro que por definición no desarrolla una “actividad industrial o mercantil”, porque no es una empresa, ni una industria  o un comercio, pero el tribunal interpreta que la actividad de Baltasar Garzón, sin distinguir la fundacional de la abogacía, “en tanto supone una prestación de servicios profesionales, puede reputarse de carácter mercantil”. Es evidente que desde el propio texto legal y a estos efectos la abogacía no es una actividad industrial ni mercantil, porque como hemos señalado el mismo artículo 58.4  establece que si la pareja ejerce la abogacía a nivel de toda España, como es el caso, no hay incompatibilidad “sin perjuicio del deber de abstención cuando proceda”.  

Estaríamos entonces en que la Sala considera que la fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos a nivel internacional sí es una actividad mercantil. ¿Por trabajar “en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal” o por el simple hecho de ser una fundación sin ánimo de lucro? Si es por lo primero, la interpretación de la sentencia es inverosímil: considerar que la defensa de los derechos humanos es una actividad mercantil va más allá de lo que el propio sentido común nos impone y de cualquier interpretación literal, sistemática y coherente del marco normativo, hasta el punto de que la propia Fiscalía de Derechos Humanos  caería en esa grosería jurídica de tener como función una actividad mercantil. 

Y si es por el hecho de tratarse de una fundación, que se preparen todos los fiscales y fiscalas, y también los miembros de la carrera judicial, que tengan parejas miembros de una de ellas, porque todos serían incompatibles al tratarse de actividades mercantiles. Otra interpretación absurda y sin sentido.

¿Cuál es entonces el sentido? Un exceso que parece partir de un a priori que luego se argumenta. Se considera que las actividades de Baltasar Garzón, pareja de la fiscala nominada, tienen una apariencia de incompatibilidad con la actividad profesional de ésta, un juicio prospectivo, al margen de los casos concretos que se pudieran hipotéticamente producir, si es que alguna vez llegaran a producirse. Y, repito, luego se argumenta con una interpretación tan extensiva y tan forzada que va contra toda lógica: la de la propia ley, en cuanto a la abogacía, y la del sentido real de las cosas, en cuanto a los fines de una fundación internacional para la defensa de los derechos humanos. Y para un supuesto limitativo de un derecho fundamental como el del acceso a funciones y cargos públicos, garantizado en el Art. 23.2 CE no cabe una interpretación expansiva ni analógica, sino necesariamente restrictiva.

Porque la sentencia desliza un mensaje creo que muy peligroso: si tu pareja se dedica a la defensa de los derechos humanos no puedes promocionarte como fiscal que defienda los derechos humanos, no sea que tu pareja te influya. Es obvio que Dolores es una mujer, pero, ¿se aplicaría de la misma manera de ser un varón? Como señalé al inicio, entiendo que difícilmente, porque da toda la impresión de que subyace un implícito, que el varón, siempre fuerte, influye en la mujer que es más débil, y no al contrario; un residuo difuso del patriarcado. 

La sentencia tiene un voto particular también de una mujer, magistrada, que con  rigor y coherencia da la vuelta totalmente a la argumentación de la mayoría del tribunal. Entiende que “resulta aventurado” atribuir actividad mercantil se mire por donde se mire a una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos; que no hay incompatibilidad sino, hipotéticamente, posibles abstenciones futuras; que la sentencia se basa en “conjeturas y suposiciones”; que la aplicación preventiva de eventuales incompatibilidades “reviste especial gravedad”, y que, en definitiva, se está vulnerando el derecho fundamental de Dolores Delgado de acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos y a la promoción profesional. 

Es sabido que la misma Sala del Tribunal Supremo anuló en otra reciente sentencia de 21 de noviembre de 2023 el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo. Son por tanto ya dos sentencias sucesivas de anulación de nombramientos de Dolores Delgado, y parecen anunciarse otras dos similares. Y no me es posible obviar que Baltasar Garzón fue también objeto de tres procedimientos penales al mismo tiempo, casi mezclados unos con otros, uno de ellos por abrir una causa contra el franquismo, esta vez por la Sala II del mismo Tribunal Supremo, de los que en uno fue condenado  e inhabilitado para la profesión de  magistrado. Por cierto, que después el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en agosto de 2021, por unanimidad, dictaminó que las sentencias contra Garzón habían sido parciales, arbitrarias, sin doble instancia y que no existía previsibilidad penal en la conducta imputada porque lo único que había hecho era interpretar la ley razonablemente en el caso Gürtel.

Quizás sea casualidad, pero me parecen demasiados procedimientos para las mismas personas. Los jueces y magistrados son independientes y deben ser imparciales, sin duda, pero conviene recordar cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido interpretando el artículo 6 del Convenio –que protege el derecho al juez imparcial– en clave de que el juez no sólo debe ser imparcial, sino que también tiene que parecerlo, la apariencia de imparcialidad.

“Muchos se rasgan ahora las vestiduras cuando se habla de ‘lawfare’ en la justicia española… pues claro que hay ‘lawfare’, aquí, en Brasil, y si no que se lo digan al presidente Lula”, afirma el juez Baltasar Garzón. El ex magistrado de la Audiencia Nacional ha realizado estas declaraciones, con la polémica sobrevolando cuestiones clave de la política nacional, en la inauguración de la 14° edición del Seminario Internacional de Teoría Crítica en Derechos Humanos que se celebra en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.

“No se puede instrumentalizar la justicia en la línea de un interés político y de persecución política de cualquier grado, y no hacerlo cuando es en defensa de las víctimas”, ha continuado el jurista en el encuentro organizado bajo el título ‘Justicia de transición como antídoto para tiempos de negación’.

Un análisis que casa con la Memoria Histórica y el incumplimiento del derecho internacional humanitario. “En España no ha habido justicia transicional, pero tampoco para los crímenes franquistas”, añade Garzón. “Ni siquiera hay verdad ni una memoria construida desde la institucionalidad o con un relato aceptado hasta, como mínimo, el año 2007 en que se aprueba la primera Ley de Memoria”, afirma.

Otra cuenta pendiente, entiende el juez, “es que no ha habido en gran medida reparación, ha sido parcial y no con el concepto o la extensión que la expresión implica dentro de la terminología del derecho internacional”, sentencia Baltasar Garzón. “Ese es el núcleo”, sostiene, “cómo un sistema trata a las víctimas que el propio Estado propició o fue causante, de sus heridas o la impunidad de los crímenes”.

Poder judicial “preñado” de franquismo

“Y la pregunta es por qué nunca se ha hecho en España. La respuesta es que el poder judicial no ha querido hacerlo porque está transversalmente preñado de concepciones franquistas”, ha planteado Baltasar Garzón. “Se trata de hacer justicia en favor de las víctimas”, y la asunción de este “eje” en el Estado español “no sería descabellado porque está amparado por el derecho internacional y las víctimas lo están esperando”. Pero, prosigue, “no hay voluntad en el poder judicial para que esto cambie”.

El país tiene “un problema” añadido: que “representantes públicos piensan que hay víctimas de primera categoría, de segunda y otras que no existen, que son las del franquismo”

“España es muy mal ejemplo, en todo caso, de todo lo que no hay que hacer” en cuanto a justicia transicional. Y el país tiene “un problema” añadido: que “representantes públicos piensan que hay víctimas de primera categoría, de segunda y otras que no existen, que son las del franquismo”. “Las víctimas son el núcleo y el derecho a la verdad no prescribe, lo único que hace falta en España es aplicar la ley”, manifiesta.

Las palabras de Garzón han resonado en la inauguración de la 14° edición del Seminario Internacional de Teoría Crítica en Derechos Humanos organizado por el Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía, junto con el Instituto Joaquín Herrera Flores (España y América Latina), que en esta edición se celebra bajo el título ‘Justicia de transición como antídoto para tiempos de negación’.

El jurista ha compartido espacio con la Fiscal del Tribunal Supremo, Dolores Delgado, y otros actores como la activista y víctima del franquismo Paqui Maqueda,  además de representantes del Gobierno de Brasil como el Auditor General del Gobierno Vinicius Marqués de Carvalho o el abogado general del Gobierno, Jorge Messias.

“La justicia de transición es un antídoto en tiempos de negación, pero lo primero que hay que hacer es asumir que los hechos han ocurrido y que el quebrantamiento de las personas afectadas ha ocurrido. El problema es cuando la negación se traslada al momento en que ocurren los hechos y se discute si ocurrieron o no, como ocurre en este país”, en palabras de Baltasar Garzón.

“Cuando hablamos de negacionismo, dictadura y represión, todo está inundado de una gran manipulación del lenguaje”, ha dicho el juez, que ponía como ejemplo al dictador chileno Augusto Pinochet, “que decía que tenían una democracia autoritaria”. Y casos como las extremas derechas españolas y chilenas “hablando de ‘libertad’ como lema electoral, como si estuviéramos privados de ella”, insiste.

“En España”, retoma, “hay una tendencia judicial de ser ultrapositivista y ultranacionalistas en la interpretación del derecho internacional de los Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario, que lo aplicamos prácticamente nada”. Y la “ley de Amnistía del 77 no impide juzgar, niego la mayor, no es verdad”, porque al hablar de la represión franquista “nos enfrentamos crímenes contra la humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos”.

“Las Cortes Generales representan al pueblo español”. Así arranca el artículo 66.1 de la Constitución española. Será ante esas Cortes Generales, compuestas por el Congreso y el Senado, ante las que este martes jure la Carta Magna la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, el mismo día de su 18 cumpleaños. Un acto institucional, protocolario, que supone un paso más en la sucesión de la Corona en la persona de la hija mayor de Felipe VI, y en su proyección pública. El acto tendrá lugar en la Cámara Baja, donde se dejarán notar las no pocas ausencias de ministros, muchos diputados y, en menor medida, senadores, que se sumarán a la sonada falta de Juan Carlos de Borbón.

Las más relevantes serán, precisamente, las del Gobierno. Al tratarse de un acto protocolario, la presencia de los miembros del Ejecutivo se da por descontado. Pero el primer Gobierno de coalición en ocho décadas, todavía en funciones, no asistirá en bloque a la jura, de la que se ausentarán la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la de Igualdad, Irene Montero, y el de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón.

“Podemos no asistirá a este acto que solo busca blindar durante décadas una monarquía que nadie eligió”, dejó escrito en Twitter la líder de Podemos. “IU no quiere contribuir a un acto de exaltación de los valores monárquicos en una ceremonia que podría haber sido estrictamente civil y mucho más adaptada al siglo XXI”, indicaron desde la organización que lidera Garzón.

Los únicos representantes de Sumar este martes en el Congreso serán, por tanto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ministro de Universidades, Joan Subirats, y la portavoz del grupo, Marta Lois. Ni siquiera los miembros institucionales de Sumar en la Cámara irán al acto: sí lo hará la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil, pero no el secretario primero, Gerardo Pisarello.

Desde Sumar han restado importancia tanto a las ausencias como a las presencias. Según explicó el portavoz del partido, Ernest Urtasun, el propio grupo pactó una delegación “institucional” con Díaz a la cabeza “por respeto y responsabilidad institucional y ciudadana”.

Ni ERC, ni Junts... ni el 'lehendakari'

De los 31 diputados de Sumar solo asistirán, por tanto, tres: Díaz, Gil y Lois. A los 28 diputados que han optado por declinar la invitación como forma de exponer su rechazo a la monarquía se sumarán los siete de ERC, otros tantos de Junts, los seis de EH Bildu y el del BNG.

Estos partidos suelen ausentarse de este tipo de actos protocolarios e institucionales. Sus representantes nunca están presentes, por ejemplo, en la recepción que organiza el Congreso cada 6 de diciembre para conmemorar la Constitución, o al desfile del 12 de octubre, en el que siempre excusan su presencia los jefes de los gobiernos respectivos autonómicos. Pero tampoco acuden a la llamada del jefe del Estado en la formal ronda de contactos que el rey realiza con los grupos parlamentarios para designar un candidato a la Presidencia del Gobierno. Unas reuniones que también están expresamente recogidas por la propia Constitución, en su artículo 99.

Así que la ausencia de los independentistas catalanes, gallegos y vascos es quizá la menos llamativa de todas. Sí sorprende más la del PNV. Los nacionalistas conservadores vascos han hecho gala durante décadas de un equilibrio institucional que trufaba la reivindicación de la autodeterminación de Euskadi con la de ser un partido central para la gobernabilidad de España. Un papel que compartía con la CiU de Jordi Pujol.

Pero la implosión de la derecha convergente en el procés catalán, y la competición por la hegemonía vasca entre PNV y EH Bildu, ha terminado con este tradicional rol. Ni siquiera el 'lehendakari', Iñigo Urkullu, o el president de la Generalitat, Pere Aragonés, asistirán.

Todos los grupos netamente vascos y catalanes se ausentarán en bloque del Salón de Plenos del Congreso, lo que suma otros 26 diputados ausentes. En total, 54 representantes de los españoles que no refrendarán con su presencia el juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias, heredera legal de la corona que ostenta su padre.

El Hemiciclo presentará este martes un aparente lleno absoluto. La jura se producirá en una sesión conjunta de Congreso y Senado. Tampoco todos los representantes de la Cámara Alta acudirán a la cita, pero la presencia de los grupos autonómicos o de Sumar es mucho menor. La presencia de casi todos los 265 miembros del Senado cubrirán las posibles calvas que se pudieran haber apreciado en una sesión normal del Congreso.

Pero la realidad será que uno de cada seis diputados electos el pasado 23 de julio, que representan a más de 4,6 millones de personas, se ausentarán de un acto que hace más de tres décadas, cuando fue el turno de Felipe de Borbón, congregó casi un lleno absoluto.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió el miércoles una demostración de apoyo popular en el centro de Bogotá y en otras ciudades como Cali, Medellín e Bucaramanga, en medio de la crisis que vive su Gobierno por las revelaciones sobre supuesto financiamiento ilegal provenientes del destituido embajador en Caracas, Armando Benedetti, un hombre clave en la campaña que llevó al líder de izquierda a la presidencia en 2022.

“Tenemos una inmensa movilización popular no solamente en Bogotá sino en toda Colombia. Lo necesitaba. Aquí demostramos que el Gobierno está con el pueblo, que el pueblo quiere las reformas para garantizar sus derechos fundamentales”, dijo Petro al sumarse a la manifestación en las inmediaciones de la presidencial Casa de Nariño.

La manifestación había sido convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para respaldar las reformas de salud, pensiones y trabajo, que se encuentran trabadas en el Congreso. Las acusaciones de Benedetti, en forma de filtraciones sórdidas, dieron marco a la denuncia de un “golpe blando” a la que se sumaron cientos de personalidades de izquierda de todo el mundo.

La declaración internacional que denuncia un “golpe blando” fue firmada por el argentino premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, el líder de Francia Insuma, Jean-Luc Melenchon y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, junto a los españoles Ione Belarra, José Luis Rodríguez Zapatero, Alberto Garzón, Baltasar Garzón y Ada Colau, entre otros.

El Gobierno carece de mayorías en el Congreso donde el plazo para la aprobación de las reformas vence el próximo 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo ordinario, aunque Petro puede convocar a sesiones extras.

“Este es un mensaje al pueblo, al país, al Congreso de Colombia: garanticemos los derechos de la gente, construyamos la justicia social porque esa es la paz de Colombia, no le demos la espalda a la paz, aquí con este pueblo que me acompaña, que demuestra que el Gobierno no está solo”, manifestó Petro.

El mandatario aseguró: “La gente más poderosa tiene que entender que la gente puede tener sus derechos garantizados: derecho a pensión, derecho a una estabilidad laboral, derecho a tener salud, servicios públicos sin que se arruinen por pagarlos, y derecho a vivir en Colombia”.

Según dijo, en más de 200 municipios del país la gente salió a la calle a “hacer unas notificaciones, a hacer unas solicitudes. Aquí el pueblo de Colombia, no sólo su presidente, no solo su jefe de Estado, solicita que sus derechos establecidos en la Constitución Nacional sean garantizados”.

En las calles

En medio de las manifestaciones, matizadas con expresiones artísticas, estuvo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien llamó a los partidos políticos a que “reflexionen” y “no cierren la puerta para que Colombia transite hacia los derechos”.

En esa misma línea se manifestó Fabio Arias, de la CUT, quien lamentó que las reformas “van a un término muy lento” por la decisión de algunos partidos de “no respaldarlas porque toca los intereses de a quienes representan hoy en la situación política del país y del Congreso”.

Estudiantes, médicos, profesores y representantes de diversos sectores sociales, culturales y sindicales se hicieron ver en las calles.

Jóvenes vestidos con los uniformes azul marino, verde y negro del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lideraron la manifestación con una pancarta que reclama “derechos para la juventud trabajadora”.

Al grito de “Hay que saltar, hay que saltar para que aprueben la reforma laboral”, mostraron su respaldo a “las reformas del cambio”, que creen que serán aprobadas porque “dependen del poder de la gente” que hoy está en las calles, dijo a EFE Jhonny Acosta, miembro del comité de estudiantes y egresados del Sena.

Todo ocurrióe mientras los ritmos afrobrasileños de samba y reggae de la batucada Zaperoco cuyos integrantes, vestidos de color naranja, lucían en sus rostros símbolos que evocaban las raíces africanas del país.

Sombra del escándalo

Las manifestaciones concurren al acto con la sombra alargada de la tormenta política desatada por el exembajador en Venezuela Benedetti, quien fue mano derecha de Petro en la campaña electoral, con unos audios divulgados por la revista Semana en los que amenazó con revelar información sobre irregularidades de financiación de esa campaña, incluidos presuntos fondos del narcotráfico.

En ese sentido, quienes convocaron las manifestaciones han impulsado la jornada en las redes sociales con las etiquetas #QuierenPararElCambio y #ElPaísConfíaEnPetro.

“Abracemos con fuerza el Gobierno y nuestro proyecto político”, escribió en Twitter la senadora María José Pizarro, de la coalición izquierdista Pacto Histórico, de la que también forma parte Petro.

“Golpe en marcha”

El documento firmado por cuatrocientas personalidades de izquierda, entre ellos, sindicalistas, parlamentarios, intelectuales, ambientalistas, académicos y exgobernantes, hace un llamado a “los amigos del pueblo colombiano y a los aliados de la democracia a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando”.

El texto denuncia que “el poder institucional, combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país” están confabulando “para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”.

“Desde la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República, respectivamente, Margarita Cabello y Francisco Barbosa están persiguiendo activamente a los representantes del Pacto Histórico, lo que puede resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas como Alex Flórez y Alexander López, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, la representante Susana Gómez, la senadora y líder negociadora de paz, María José Pizarro e incluso el propio presidente Petro”, puntualiza la denuncia titulada “Un golpe blando está en marcha”.

Cabello es señalada por ser una “estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque”.

La avanzada de la exfuncionaria de Duque radica, según el texto, en la oposición de los legisladores afines a Petro a la violencia policial durante las masivas protestas de 2021.

“Entretanto, generales y coroneles en retiro y reservistas miembros de las fuerzas militares colombianas no sólo han proclamado su oposición al presidente Gustavo Petro, sino que incluso han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado contra su Gobierno”, denunciaron los firmantes.

“El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían ”paz total“ al país”, explicaron.

Líderes iberoamericanos congregados en el Grupo de Puebla participaron el martes por la noche de un foro de derechos humanos en el centro de Buenos Aires, en el que denunciaron la “persecución judicial” contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada en diciembre pasado a 6 años de prisión en una causa por presunta corrupción. Entre los participantes, sobresalió el categórico mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero: “Los Kirchner forman parte de mi sentimiento político”.

Zapatero habló cerca de las nueve de la noche en un auditorio del Centro Cultural Néstor Kirchner, minutos antes de que lo hiciera Cristina Fernández, en medio de una gran expectativa política por la inestabilidad económica y la carrera electoral que se avecina.

En su apoyo a Cristina Fernández, el expresidente del Gobierno español afirmó, en relación a los Kirchner y al peronismo de centroizquierda: “Aquí lo digo, lo pronostico: se impondrá el Estado de Derecho. Esa es mi tesis en el caso de Cristina y en todos los que el Poder Judicial tiene que encarar”.

Zapatero contó que estuvo en Buenos Aires a mediados de agosto de 2022, 14 días antes de la noche en que un hombre identificado con la ultraderecha gatilló un arma a centímetros del rostro de Cristina Fernández, cuando ésta se aproximaba a su apartamento, pero el disparo no salió por un error en la manipulación.

“Me impactó extraordinariamente que te quisieran matar. Me afectó por Argentina, por ti, que la violencia política volviera otra vez a este querido país”, dijo Zapatero dirigiéndose a Cristina, ubicada a su izquierda en el estrado. El exgobernante dijo haber quedado impactado por “el odio, el insulto, la injusticia de la descalificación y el rencor” proferidos contra la vicepresidenta. “Estuve unos días muy afectado. Por el afecto, porque trabajamos puntos, porque los Kirchner forman parte de mi sentimiento político”, dijo el expresidente.

En el cierre, Zapatero, quien se declaró “fascinado” e incluso “hipnotizado” por Argentina, abordó asuntos que entusiasmaron al público presente: “Esta nación argentina no sólo gana títulos mundiales sino que tiene el título del mejor escritor en lengua castellana, que es Jorge Luis Borges, y tiene el título de haber sido el país del mundo que en los últimos 40 años mejor y más ha luchado en favor de los derechos humanos. Y habéis sido vosotros y Cristina”.

La interna peronista, siempre presente

El auditorio de la sala denominada La Ballena del Centro Cultural Kirchner, un imponente edificio de arquitectura francesa ubicado a 200 metros de Casa Rosada que funcionó como sede central de Correos entre 1928 y 2002, reaccionó varias veces ante el discurso de Zapatero con la consigna “Cristina, Presidenta”.

En su turno, la vicepresidenta argentina dijo que no le interesa “en definitiva” si le van “a condenar, inhabilitar, meter presa... Lo que importa, fundamentalmente, es que volvamos a reconstruir un estado democrático y constitucional, en el cual las garantías de la Constitución no sean cartón pintado”.

Cristina, presidenta entre 2007 y 2015, agregó que los procesos judiciales que enfrenta constituyen una represalia por la “redistribución del ingreso” impulsada durante sus mandatos y una amenaza latente y efectiva sobre cualquier dirigente del peronismo de centroizquierda, en alusión al presidente, Alberto Fernández, con quien está enemistada. 

Las elecciones presidenciales están convocadas para el 22 de octubre, con una cita previa en las primarias obligatorias del 13 de agosto. En la misma tarde en que resultó condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz a un empresario con el que los Kirchner tenían un vínculo comercial, la vicepresidenta anunció que no participaría en la competición electoral por ningún puesto. La inhabilitación dispuesta por el tribunal se encuentra en suspenso hasta que la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia ratifiquen la sentencia, lo que podría tardar dos años.

Argentina es el país del mundo que en los últimos 40 años mejor y más ha luchado en favor de los derechos humanos. Y habéis sido vosotros y Cristina

José Luis Rodríguez Zapatero

Cristina Fernández y La Cámpora, la agrupación que comanda el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, sostienen que las instancias de apelación podrían acelerar el proceso si ella decidiera ser candidata. La hipótesis se basa en vinculaciones de jueces y fiscales federales con políticos de la oposición conservadora, los servicios de Inteligencia y empresas como el Grupo Clarín (medios y telecomunicaciones), archienemigo de los Kirchner.

Esos nexos salieron a la luz en registros oficiales de visitas, chats telefónicos, testimonios, filtraciones de redes sociales y pruebas surgidas en diversas causas judiciales. Por ejemplo, en el expediente Vialidad, que acabó con la primera condena contra Cristina en diciembre pasado, se conoció que uno de los jueces del tribunal, el principal fiscal de la acusación y otro juez de una Cámara de Apelación habían participado en un torneo del fútbol en la casa de fin de semana del expresidente y jefe opositor Mauricio Macri. Para la alianza conservadora Juntos por el Cambio y los jueces y fiscales involucrados, esas relaciones no son más que eventuales conexiones sociales, sin incidencia en los procesos.

Con mensajes en el mismo sentido que Zapatero, hablaron el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), el ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), el colombiano Ernesto Samper (1994-1994) y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, entre otros. También estaban presentes entre el público el uruguayo José Mujica (2010-2015) y su esposa y exsenadora, Lucía Topolansky.

La mesa del Grupo de Puebla se tituló “Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial. Las nuevas amenazas”, y fue una de las actividades del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se desarrolla en diferentes sedes en la capital argentina hasta este miércoles, con la asistencia de cientos de luchadores, políticos y académicos.

La exfiscal general del Estado y exministra Dolores Delgado, el académico Juan Carlos Monedero (Podemos), Lilith Verstrynge (Podemos), Hana Jalloul (PSOE), Gerardo Pisarello (Barcelona en Comú) y Enrique Santiago (PCE) son otros de los españoles participantes en el foro.

Las jornadas fueron abiertas el lunes por la noche por el presidente Alberto Fernández. Tanto su presentación como la mesa de Cristina Fernández fueron ocasiones para comprobar la frialdad que genera el presidente argentino en el núcleo cristinista: Máximo Kirchner y su entorno acusan a Alberto Fernández de haber traicionado a la vicepresidenta, pese a que La Cámpora sigue manteniendo importantes asientos en el Gobierno.

Algunos ponentes internacionales, como Garzón y Rafael Correa, mencionaron a Alberto Fernández, ante la indiferencia colectiva, que contrastó con las ovaciones cuando aparecieron otros nombres, en especial, el de Cristina Fernández. Su sumó la paradoja de que el presidente argentino es uno de los principales gestores del Grupo de Puebla y tiene fluidos vínculos con políticos latinoamericanos. Pero, el martes a la noche, se ausentó de la mesa. El presidente argentino estaba a la misma hora inaugurando obras en la provincia de Chaco, 935 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Por la mañana, Alberto Fernández había participado de una reunión del Grupo de Puebla en Casa Rosada casi con los mismos integrantes de la conferencia nocturna en el Centro Cultural Kirchner. En ese caso, la ausente fue Cristina.

Muchos referentes internacionales de izquierda y centroizquierda, como Luiz Inácio Lula da Silva, y líderes de derechos humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, suelen valorar a Alberto Fernández y lo aceptan como interlocutor, lo cual da lugar a situaciones complejas en el juego interno del peronismo.

Lula, quien es referenciado por los cristinistas como un caso análogo al de su jefa política por haber sufrido, a su entender, un proceso similar de lawfare, visitó Buenos Aires en enero, en su primer traslado internacional del nuevo mandato. En esa oportunidad, Lula se reunió con el presidente argentino, pero no con la vicepresidenta, lo que se interpretó como un síntoma de que la relación se ha enfriado.

Zapatero, no obstante, citó la reivindicación política y judicial de Lula como un precedente de lo que ocurrirá con Cristina Fernández.

Alejado todavía de los despachos de la Audiencia Nacional, a los que dice querer volver tras el dictamen a su favor del comité de Derechos Humanos de la ONU, Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) ha dedicado los últimos meses a escribir un libro sobre el fascismo al que se enfrentó en varias ocasiones desde los tribunales, con el proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet y su histórica detención o los juicios contra represores de la última dictadura militar en Argentina. 

En 'Los disfraces del fascismo' (Planeta), Garzón rehúsa definir el término pero aporta algunas claves y advierte del peligro de su avance en España, a través de Vox. “El Partido Popular no es consciente o no quiere ser consciente del riesgo que comporta gobernar con la extrema derecha”, censura durante una extensa conversación en la que también aborda las rémoras franquistas que aún quedan latentes en la Justicia y en la que vuelve a pedir al Gobierno que acate el dictamen de Naciones Unidas. 

No hay una palabra unánime para describir este periodo de regresión democrática global. Ultraderecha, supremacismo, populismo. Usted habla de fascismo, ¿por qué?

A partir de la derrota oficial del fascismo y del nazismo en 1945, la palabra prácticamente desaparece. En algunos países incluso es perseguida y comienza a disfrazarse. Es decir, el fascismo no desaparece de la noche a la mañana. Hoy no estamos en presencia del fascismo histórico de esas dos décadas, evidentemente. Pero una de las características de los fascismos es precisamente aparecer en cada momento histórico en función de las necesidades que tiene, con cualquier vestimenta o ropaje que lo disfrace en función del estatus y de la situación. Ese disfraz se lo va quitando. Esa máscara desaparece o porque quienes lo desarrollan se la quitan a sí mismos o porque se les descubre.

Lo que yo digo es que hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que ir a la esencia y ver qué conductas están desarrollándose. Por eso yo renuncio a definir el fascismo en mi libro. Yo lo que hago es enumerar las características que definen una conducta, una ideología o una actitud como fascista: es este supremacismo de la idea grupal, del enemigo externo o el uso de la violencia, aunque esto tiene matices. 

¿Qué matices?

Por ejemplo, en la actualidad, los grupos de extrema derecha o de ultraderecha que ya participan en algunos elementos del fascismo se han dado cuenta de que la violencia no suma en una sociedad como la actual. Entonces, vas a encontrar a los movimientos de extrema derecha, de ideología fascista que rechazan la violencia pero que cuando llega el momento de la condena, no hay una condena clara, hay una comprensión. Es decir, es muy sutil y no es menor el desarrollo que hacen precisamente para generar ese disfraz o que mantenga esa apariencia democrática de grupos, personas, ideologías que no son democráticas y cuya finalidad es implosionar el sistema.

No estamos en este momento. Si a mí me preguntas: ¿usted cree que en este momento está pasando esto? Yo diría que no. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Vamos a analizar los hechos. Vamos a analizar cuáles son los discursos, cuáles son los ataques a derechos consolidados, cuáles son los mecanismos a los que acude, cuál es la vaciedad, banalidad o contundencia de los discursos. Y entonces hagamos el análisis comparativo y nos vamos a encontrar con que hay una expansión muy preocupante en muchos países.

En el libro dedica un capítulo a hablar de los errores que favorecen el fascismo. ¿Cuáles?

Por ejemplo, no prestarle atención. Estamos en una campaña electoral en Andalucía. Ayer mismo (por el miércoles) hubo un debate en televisión donde se percibe uno de los mecanismos que yo creo que es idóneo para combatir el fascismo. El fascismo se nutre del discurso hueco, es pura referencia a valores pero vacíos. Cuando hablan de patria, no hablan de la patria real que yo puedo defender, que es un país diverso como España, que hay que defenderlo, que hay que establecer mecanismos de igualdad, aproximación, justicia social, etc. No, eso no es. Cuando hablan de la inmigración, no hablan de cuál es el problema real; dicen que son delincuentes, que nos quitan el trabajo. Esto está vacío, se comprende a poco que profundices que está hueco. 

Bueno, pues ayer se vio, pero ha habido mucho tiempo en que la izquierda, los partidos progresistas, no lo han combatido. Por supuesto, la derecha, a otro nivel, se ha aprovechado de esa ultraderecha fascista. Primero fue: no hay problema con esto, no alimentemos a la bestia. Claro, pero la bestia come, la bestia sigue avanzando. En 2016, Vox tenía 70.000 votos. En 2018, pegó una subida impresionante en Andalucía y después en las generales, por defectos de la izquierda o de los progresistas de ponerse de acuerdo, de 24 escaños subió a 52 [entre el 28A y la repetición electoral del 10 de noviembre]. En cuatro meses y sin nada que justificara ese aumento.

Antes de que llegara la extrema derecha a España, muchos pensaban que este país era una excepción, porque en no pocos países de Europa ya era casi una normalidad. 

Ese es el error. Pensar que sigue siendo válido eso de que en España somos así, que hay algo diferente. Pero sí es verdad que creíamos que estábamos vacunados porque habíamos vivido 40 años de dictadura y luego una Transición donde aparentemente, no es mi opinión, se había derrotado al franquismo. Yo creo que sigue latente en muchos ámbitos, aunque haya un discurso de que la Transición sanó todo. No, no todo se salvó y dejamos que creciera. Pensábamos que España era diferente y que estaba realmente curada, pero hay un momento en que, desde 2012 o 2013, empieza un discurso cada vez más radical, porque cuando aparecen más partidos políticos es cuando esto se demuestra. 

Mientras había una especie de bipartidismo de hecho, aunque hubiera otros grupos políticos regionales o nacionales más pequeños, el Partido Popular aglutinaba todo. Nadie necesitó salir del Partido Popular. Cuando el partido entra en crisis por múltiples razones, ya sea la corrupción o el liderazgo que se sustituye, se produce una escisión dentro del Partido Popular, que probablemente tendría que haber sido el propio PP el que percibiera que esto iba a ocurrir. Y los partidos de la izquierda venían a decir: bueno, es una cuestión del PP. Se dejó un espacio ahí que dio cabida al discurso facilón, tramposo, de una serie de sujetos que aprovecharon esa especie de calma chicha durante unos años y encontraron el terreno abonado. Si no, ¿qué sentido tiene que Vox surja como de la noche a la mañana en Andalucía? En un territorio, una comunidad que es la mía, donde si ha habido algo son políticas sociales, desarrollo político mayoritariamente, hasta hace cinco minutos, de la izquierda, desde que comenzó la autonomía. 

Por tanto, ¿a quién se le puede echar la culpa del surgimiento de la extrema derecha en Andalucía? Evidentemente a los dos partidos dominantes que no han hecho nada, uno en el Gobierno, otro en la oposición y ahora en el propio Gobierno, para que esto se detenga. ¿Entonces, en este momento, de quién es la responsabilidad de que la extrema derecha no solamente resurja sino que aumente? Está gobernando el Partido Popular y además con apoyos, ¿no? Algo de responsabilidad tendrá.

Vox ha entrado por primera vez en un Gobierno en Castilla y León, ahora puede pasar en Andalucía. ¿Es un punto de inflexión?

Aquí el problema es que, desde mi punto de vista, el Partido Popular no es consciente o no quiere ser consciente del riesgo que comporta gobernar con la extrema derecha. El Partido Popular Europeo es clarísimo. Incluso cuando entró la extrema derecha en Castilla y León manifestó su oposición absoluta a que eso ocurriera. Hay un cordón sanitario, es decir, no se niega el desarrollo de una opción política en ese sentido, pero cuando se trata de entrar a formar Gobierno, al menos en parte de Europa se levantan todas las alarmas. Y sobre todo cuando esos postulados claramente atacan, por ejemplo, a la propia base de la Unión Europea y a derechos consolidados. 

El Partido Popular en España ha roto esa línea de contención y ha optado por el poder, no por la defensa de los ciudadanos. Ese es el discurso. Pero es un discurso falso, desde mi punto de vista. Es el poder. Ha querido tener el poder a cualquier coste y ha aceptado lo que decían que no iban a aceptar, que es la entrada de la extrema derecha. Y la extrema derecha lo ha demostrado con el propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León [Juan García-Gallardo], que ya ha hecho varias manifestaciones en un sentido claramente contrario a esos valores que nos dan sentido como pueblo y como democracia, y a luchas que ya se han librado en pro de la defensa de los derechos de la mujer, de una sociedad más integrada, más plural, más diversa. Es todo lo contrario. 

Hay bastantes discursos que demuestran que se está produciendo una confrontación con los derechos humanos

¿Qué busca esto? La implosión. ¿Cómo? Llegando ya descaradamente al Gobierno. Lo está diciendo en la campaña electoral de Andalucía: no vamos a permitir que esto sea gratis. Hay una expansión de la extrema derecha, están en ese paso que hay del populismo al fascismo cada vez más evidente. El populismo y el fascismo caminan juntos hasta que llega un momento, que yo lo refiero en el libro, en que el populismo se queda quieto y se mueve dentro de los contornos democráticos. Con el culto al líder, buscando un cambio de sociedad contra el capitalismo como tal; y otros siguen avanzando y entran de lleno en el puro fascismo cuando atacan esos valores fundamentales. Una de las características de ese fascismo disfrazado es la confrontación que hacen frente a los derechos humanos. Es decir, fascismo y derechos humanos son incompatibles. Pues yo creo que hay bastantes discursos que demuestran que esa confrontación se está produciendo.

O sea, ¿no pone reparos en considerar que Vox es fascista?

Está en un punto de inflexión. Estamos en un momento clave. Yo lo que defiendo aquí es que no es todavía un partido completamente fascista, es un partido de extrema derecha, de ultraderecha, que tiene componentes clarísimos de fascismo y que está en el tránsito, en el punto de inflexión del tránsito que antes he mencionado de ese populismo ya al fascismo. Esto está exactamente en el núcleo del problema y es muy evidente, no solo en España. La acción que Vox está desarrollando en Latinoamérica también, a través del fenómeno de la estructura de la Iberosfera, o en Europa. 

Hay unos mecanismos claros. Yo me quedé impactado con la final de fútbol del Real Madrid contra el Liverpool, cuando, tras los problemas de seguridad que hubo, el europarlamentario [Jorge] Buxadé hizo unas declaraciones tremendas desde mi punto de vista, que yo no sé si la gente supo calibrar: hasta decir que Saint-Denis, el barrio donde está el estadio, es donde están los inmigrantes, donde está el lumpen, según él, y esto demuestra que la delincuencia se relaciona con esto, con lo otro, con la inmigración, con todas las desgracias que le ocurren al pueblo francés. Bueno, ¿cómo definimos esto? Para mí tiene un nombre, es puro fascismo. 

Usted propone en el libro que hemos llegado hasta aquí porque en ciertos lugares en España, como en la Justicia, el franquismo ha continuado de forma latente. 

Durante la Transición se tomaron varias decisiones que desembocaron en un cambio de sistema, de régimen. Pasamos a un sistema democrático, a la Constitución. La Constitución nunca fue el punto de llegada, es el punto de partida. Ese es un concepto que mucha gente no lo tiene claro. En otras estructuras, como la militar, hubo un punto de quiebre, pero en la Justicia no hubo ese antes y después. A nadie se le ocurrió decir: vamos todos a jurar o prometer la Constitución, porque todos los que habían entrado antes de esa fecha como jueces, magistrados, fiscales, funcionarios públicos… habían jurado las leyes fundamentales del Reino, y entre ellas la del Movimiento Nacional. No hubo nada. Es decir, hubo la Ley de Amnistía del 77, que se ha interpretado extensivamente, se aplicó a los terroristas y se aplicó también para los represores, para todos aquellos que habían participado en hechos criminales y que hasta el día de hoy siguen impunes. 

Tuvimos que esperar hasta 2008 a que a un juez se le ocurriera decir que vamos a investigar estos crímenes como crímenes de lesa humanidad. Y la respuesta fue: cerramos el caso de forma inmediata, le abrimos un procedimiento al juez, lo suspendemos y lo llevamos a juicio y que esto sirva de mensaje y lección, y que en el camino nuevamente se niega todo tipo de Justicia, sea retributiva, si es posible, es decir, penal, si es posible, pero si no de otro tipo, restaurativa. La resolución del Tribunal Supremo, la sentencia contra mí, pero sobre todo una resolución que la gente no conoce, que es un auto del 28 de marzo de 2012, donde el Supremo cierra definitivamente toda posibilidad de defensa de las víctimas, aunque alude a la defensa de las víctimas. ¿Por qué sucede esto? Pues, evidentemente, porque hay unos resabios que no han sido superados, una concepción de la Justicia que se une a un componente ultraconservador de esas estructuras judiciales.

¿En qué se traduce este sesgo conservador?

[Ignacio] Escolar junto con [Joaquim] Bosch lo definen muy bien en su libro. Yo cito una parte de ese libro en el mío en la que describen unas características que yo comparto, que se ve claramente que no ha habido esa regeneración. Eso no quiere decir que los jueces sean malos o muy buenos. Hay de todo, como en todas las profesiones, pero no me refiero a eso, me refiero a la concepción de la Justicia. Es una concepción vicaria, vertical, de arriba abajo, no igualitaria. Todavía la gente tiene miedo de ir a la Justicia, pero no creo que sea porque te vayan a meter en la cárcel, sino porque hay una especie de miedo reverencial que es consecuencia de esa concepción de la Justicia. 

¿Cómo se explica que en una sociedad progresista la composición de la judicatura sea un en un 80% o 90% conservadora o ultraconservadora?

¿Y por qué no generan esa confianza? Evidentemente, porque hay una concepción de la justicia que todavía se nutre de unos valores que están aparentemente superados, pero que no se consiguió aislar. ¿Cómo se puede explicar que siendo la sociedad española una sociedad mayoritariamente progresista, de centro izquierda, la composición de la judicatura, de jueces, juezas, fiscales, de todo el estamento judicial, sea de un 80% o 90% conservador o ultraconservador? Y eso se sabe a través de las asociaciones judiciales, que es el único parámetro para medir que tenemos. 

En los tiempos que corren, yo afirmo que no puede haber una interpretación conservadora del derecho, sino una necesariamente progresiva y progresista. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a unos riesgos y a unos desafíos que, desde el cambio climático a cualquier otra circunstancia de seguridad o inseguridad mundial, necesitan recetas que normalmente han rechazado las visiones conservadoras. Por ejemplo, la jurisdicción universal.

El sesgo conservador que comentaba, ¿cuánto tiene que ver con la politización de la Justicia?

Es un elemento más que también trato en el libro, que es el de la guerra jurídica, el lawfare. Aprovechar y utilizar el derecho en unas contiendas que no corresponde, por ejemplo, como arma jurídica para resolver conflictos políticos. Aquí se ha puesto de moda que esté permitido todo desde que decidieron que el Gobierno nacido de una moción de censura era un Gobierno ilegítimo. Cada decisión del Gobierno en el Parlamento es querellada, recurrida en el Tribunal Constitucional, denunciando a sus promotores, etc. Pero no porque crean que realmente es injusta, sino porque es un arma jurídica en contra del oponente y porque juegan y utilizan las instituciones. Es decir, utilizamos el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) que no renovamos porque el statu quo nos favorece. 

Llevamos casi el doble del mandato. Si seguimos así, van a ser diez años lo que van a estar. Ya van por ocho, ocho y pico. Es una barbaridad. Están ahí como en un nirvana, no hacen nada. Es un órgano que tiene unas competencias muy importantes y estamos sin hacer nada y lo único que se plantea en determinados sectores, incluidos algunos corporativos del poder de la judicatura, es que seamos los jueces los que los pongamos. Yo creo que hay problemas más graves, sobre todo si tienes un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, que tiene unas competencias que van mucho más allá de lo que es la estricta corporación. Porque si el CGPJ fuera solo nombramientos, traslados, vacaciones, temas disciplinares, vale, que lo elijan los jueces, las juezas. No hay problema. Pero es que tiene competencias de política criminal, informa proyectos, hace cosas mucho más extensas que nos afectan a toda la ciudadanía. 

¿Por qué me voy a entregar yo en manos de la corporación judicial que responde a criterios corporativos? Tiene que ser el Parlamento, con las correcciones pertinentes, porque se ha comprobado que en algún momento se ha desnaturalizado con el sistema de cuotas y repartos. Pues corrijamos ese sistema, pero no lo entreguemos a alguien que no creo que vaya a ser el mejor porque se va a producir de nuevo la misma diferencia. Es decir, conservador, ultraconservador, progresista. No hay un equilibrio.

Es una utilización de las instituciones perversa que lleva a lo que yo denomino otro de los disfraces del fascismo, como es el hacer esas guerras jurídicas, y evidentemente se utilizan, aquí y en otros países.

En el libro relata su reunión con Lula da Silva en la celda de Curitiba, en Brasil. Su condena abonó el camino para la elección de Bolsonaro y ahora la Justicia le ha devuelto la razón. 

El caso de Lula no es que sea paradigmático, es impresionante. Un juez con unos fiscales, con unos medios determinados, con unos poderes financieros concretos, se coaligan todos para acabar con quien políticamente le perturba, que es Lula en ese momento, porque era acabar con el PT y Dilma Rousseff, a la que quitan del medio. Eso es puro fascismo. Y, además, para apoyar a un populista fascista como es [el presidente brasileño, Jair] Bolsonaro, que incorpora como ministro de Justicia y Seguridad al artífice de toda esta historia, el exjuez Sergio Moro. Y después las acusaciones contra él se han ido cayendo una detrás de otra. 

Él representa una posición frente a este tipo de populismo y de fascismo que te puede llevar por delante, es verdad, pero esto es lo que hay que hacer. Yo no me puedo comparar con Lula, ni quiero hacerlo, más que en amistad, pero pienso que los funcionarios y las autoridades judiciales, que es el caso que más conozco, porque me incluyo, somos servidores públicos, necesitamos prestar ese servicio público y si ello comporta un riesgo –te puedes equivocar, por supuesto que te puedes equivocar–, lo tienes que asumir. Y si no lo asumes, estás contribuyendo a ese mal desarrollo. 

Usted fue inhabilitado. Este verano un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU le dio la razón, 12 años después. ¿Se siente restituido?

Yo podría decir que desde el principio me sentí al margen de esa decisión judicial, de las decisiones judiciales de aquel entonces. Solo para mí se utilizó el procedimiento, porque el juez de Gürtel que me sustituyó, [Antonio] Pedreira, hizo no solo lo mismo que yo sino que fue más allá. Y no lo molestaron. Aquello fue un caso gravísimo de lawfare desde mi punto de vista. Sucedió. Yo dije lo que creía. En el juicio de Gürtel dije: me voy de aquí y no sé por qué se me está juzgando. Y es verdad. Si me dicen: es que se te juzga porque has ido más allá de donde debías, vale, entonces lo entiendo políticamente; jurídicamente, ni lo entendí ni lo entiendo. Yo en aquella época recibí muchos mensajes para decirme: si haces esto, esto se acaba; si haces aquello, va a ir mejor. Y yo dije que no. ¿Por qué? Si yo creo que no he hecho nada. Me he podido equivocar, lo asumo, pero hay mecanismos para corregir los errores judiciales.

¿Qué supone ahora que un organismo independiente de las Naciones Unidas, 18 miembros por unanimidad, decide que ha habido una sentencia arbitraria, parcial? A mí se me decía en la sentencia que yo había sido eso. Ahora el Comité de Derechos Humanos le dice al tribunal que ha dictado una sentencia parcial, arbitraria, falta de previsibilidad en la conducta penal. Es decir, lo que yo decía y afirmaba: no sé por qué me están juzgando. Tiene que haber un tipo penal, no vale el de prevaricación, resolución manifiestamente injusta. Y también habla de la ausencia de una instancia, que también se ha planteado. 

Quiero que se cumpla el dictamen, que es vinculante para el Estado español

De todos estos cuatro conceptos, hay parte que me afecta directamente en el sentido de que la reparación sería la restitución, el daño moral producido. Y luego hay otros dos que afectarían a toda la sociedad y a los jueces y fiscales en general, que es la modificación del Código Penal del delito de prevaricación judicial. Es decir, que se especifique cuándo se comete ese delito por jueces y fiscales, y de una instancia, quitarle el poder omnímodo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene hoy día frente a todo. Establezca una segunda instancia como se ha establecido la segunda instancia en la Audiencia Nacional. No pasa nada. Así, todos aquellos aforados que vayan a la Sala Segunda del Tribunal tienen un juicio y una apelación. 

¿Me siento reparado? Sí. ¿Quiero volver? Quiero que se cumpla el dictamen, que es vinculante para el Estado español. No quiero que se toque la sentencia porque la sentencia es la que es y ya está. Pero el dictamen es vinculante y lo que el Gobierno tiene que hacer como representante del Estado es poner los mecanismos para que se cumpla, que no lo ha hecho, diez meses después.

¿Sabe por qué?

Pues no lo sé. No sé si es porque no sabe cómo hacerlo, porque es muy fuerte enfrentarse al Tribunal Supremo, que no es un juez de pueblo, porque no le apetece o no sé, pero hay un dictamen desde el 25 de agosto, cuando nos notificaron. Estamos a 7 de junio. Nos dijeron solamente, cuando mi abogada reclamaba el cumplimiento, que ella no acreditaba mi representación. Después de haber estado litigando casi cuatro años con el Gobierno español la misma abogada reconocida en la representación, que digan esto es un poco kafkiano, pero bueno, de todas formas insistimos. Esperaremos, y si no, tendremos que acudir a la vía jurisdiccional, tanto al Comité como a la jurisdicción española, a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para pedir que se cumpla.

El Tribunal Supremo ha certificado que Baltasar Garzón ha cumplido su condena. En un auto, la Sala de lo Penal ha declarado extinguida su responsabilidad penal después de haber completado en mayo su pena de 11 años de inhabilitación impuesta por esos mismos jueces por un delito de prevaricación cometido al pinchar las conversaciones entre imputados encarcelados de la Gürtel y sus abogados. El magistrado, que desde hace años lleva su propio despacho de abogados, puede ahora si lo desea volver a ponerse la toga.

Baltasar Garzón (Jaén, 1955) fue el primer juez que investigó la trama Gürtel de corrupción que, a día de hoy, sigue dejando sentencias condenatorias contra el ovillo empresarial de Francisco Correa, la red clientelar de cargos públicos del Partido Popular y contra la propia formación conservadora. Desde el juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional dirigió la operación que en febrero de 2009 descabezó la trama y detuvo a casi 40 personas entre empresarios, abogados, testaferros y alcaldes y concejales del PP.

Tres años después el que estaba en el banquillo era él. El Tribunal Supremo lo condenó en 2012 porque poco después del estallido de la operación ordenó escuchar y grabar las comunicaciones que Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez mantenían con sus abogados desde la cárcel de Soto del Real. El magistrado y la Policía sospechaban que los tres seguían delinquiendo desde prisión a través de sus letrados y el Tribunal Supremo le condenó tras definir su actuación como “inasumible”.

Once años de inhabilitación que le sacaron del juzgado y empezaron a correr el 9 de febrero de 2012 - justo 3 años después de las detenciones - y terminaron el 1 de mayo de 2021. Ha sido finalmente hace unas semanas, el pasado 25 de noviembre, cuando la sala de lo penal ha dictado el auto del punto y final con un escrito en el que acuerda “declarar extinguida la responsabilidad criminal” del magistrado. Una resolución firmada, entre otros, por el ponente de la sentencia que lo condenó y otros tres magistrados que formaron parte del tribunal: Miguel Colmenero, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo.

El auto es un formalismo obligatorio en el seguimiento de una condena, ya sea de cárcel o inhabilitación o ambas, y pone esta situación en conocimiento del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. En la práctica esto implica que, siete meses después de haber saldado su deuda con la Justicia, Baltasar Garzón puede pedir el reingreso en la carrera judicial si así lo desea. En una reciente entrevista con el diario El País asegura que, por el momento, no ha tomado una decisión al respecto.

La condena del Tribunal Supremo incluía, además de 11 años de inhabilitación por prevaricación, una multa de 2.520 euros y fue confirmada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Ese mismo año 2012 el tribunal de garantías decidía inadmitir el recurso de amparo del magistrado, por lo que ni siquiera entró a examinar el fondo de sus reclamaciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo también inadmitió su recurso y el juez solo pudo esperar a cumplir su condena.

Hubo una instancia internacional que sí le dio la razón aunque eso no tuvo efectos prácticos sobre su condena por prevaricación. El pasado mes de agosto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que la sentencia que condenó a Garzón fue “arbitraria” y dio un plazo de 180 días al Estado español para borrar sus antecedentes y compensarle. Desde hace varios años el Tribunal Supremo, en cualquier caso, ha establecido que un dictamen de este organismo no tiene el poder de conseguir que los magistrados españoles revisen sus propias sentencias como sí lo tienen las sentencias del Tribunal de Estrasburgo o el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Casi una década después de su condena, el legado de esa primera fase de investigación de la trama Gürtel se ha traducido en una cantidad todavía creciente de sentencias, todas condenatorias por ahora, por la actividad corrupta de este grupo de empresarios que convivía en simbiosis con el Partido Popular. Desde la sentencia firme de 'Época I' que condenó al PP por beneficiarse de la trama en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón hasta la más reciente de la Audiencia Nacional que ha hecho lo mismo en el caso sobre el pago de la reforma de la sede central de Génova 13 con dinero de una 'caja B' que, a día de hoy, ya no es una acusación sino un hecho probado.

Las tres causas de Garzón

Baltasar Garzón entró en la judicatura en 1981 y siete años después ya ocupaba el juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional tras pasar por Villacarrillo, Vitoria y Almería. En esa etapa se hizo cargo de importantes operaciones contra el narcotráfico como Nécora y Pitón contra narcos como Laureano Oubiña, Marcial Dorado, Manuel Charlín o Sito Miñanco. En 1994 se ponía al frente de la investigación sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que terminó con las condenas de Barrionuevo y Vera y en 1998 ordenaba la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.

En la década de los noventa dejó brevemente la judicatura para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados por el PSOE y ser Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Y en los últimos 15 años ha tenido otras dos causas judiciales abiertas y archivadas al margen de las escuchas de la trama Gürtel: los cursos en Nueva York y la investigación por los crímenes del franquismo.

El primer caso fue archivado por prescripción y sin llegar, por tanto, a juicio. El juez Marchena dejó por escrito en un auto que Garzón podría haber cometido un delito de cohecho al obtener más de un millón de dólares en patrocinios para unos cursos en la Universidad de Nueva York acordados con empresas españolas entre 2005 y 2006. Empresas que, según el magistrado, pagaron a cambio de obtener trato de favor en la Audiencia Nacional.

El segundo caso llegó después de una querella de Manos Limpias, sindicato cuyo líder, Miguel Bernad, ha sido recientemente condenado por extorsionar a bancos en el marco del caso AUSBANC. Garzón se sentó en el banquillo del Supremo acusado de abrir una causa contra el franquismo a pesar de la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977. El Supremo, pocos días después de condenarle por las escuchas ilegales de la Gürtel, optó por absolverle.

La nulidad de los pinchazos telefónicos que puso en marcha en la cárcel de Soto del Real tampoco se tradujo en la nulidad de toda la causa. En diversas sentencias tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han rechazado que esa nulidad afecte al resto de la investigación. Dijo el Supremo, por ejemplo, en su primera sentencia firme sobre el caso: “La nulidad tiene lugar en los inicios de la investigación, siendo distintos los letrados que intervienen a los que participaron en el juicio oral, sin que la injerencia declarada nula permitiera conocer ninguna situación que afecte” a la defensa de Francisco Correa.

“Las leyes están para cumplirlas”. Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, participaba este sábado en la manifestación en Sevilla por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017. A su juicio, “ocurre como en otros ámbitos del Estado, que el Partido Popular, y en este caso también Ciudadanos, olvidan que las leyes están para cumplirlas”. “Más allá de la ideología de cada uno y en cada momento, la ley debe cumplirse. Si no lo hacen, están incurriendo en responsabilidades desde luego políticas y ciudadanas. Por tanto, son ellos los que tendrían que explicar por qué no cumplen la ley”.

Garzón considera que el apoyo de Vox a los partidos que conforman el gobierno de coalición en Andalucía tiene mucho que ver con ese “incumplimiento” en materia de memoria histórica. “Sin lugar a dudas”, comenta a elDiario.es Andalucía durante la movilización, porque “Vox escenifica la oposición radical a la memoria y muestra con esto su fuerza al controlar el gobierno de Ciudadanos y Partido Popular en Andalucía”. “Lo hemos visto no solo en este caso, que es evidente, sino en otros muchos. De forma pasiva, y a veces también muy activa, como en esta materia, y considero que eso es sumamente grave, no solo por lo que significa el incumplimiento de la ley sino por la falta de respeto a las víctimas”, explica.

No cree Baltasar Garzón, encargado de leer el manifiesto que puso el punto y final a la movilización que reunió a unas 5.000 personas, que la Junta vaya a cambiar su actuación en esta materia en los meses que restan de legislatura en Andalucía para desarrollar la ley, a sabiendas que, entre otras cuestiones, lleva 16 meses sin abordar el estudio de símbolos contrarios a la memoria histórica. “Me temo que no, pero deberían de hacerlo porque de esa forma demostrarían el talante democrático que predican, pero que luego en la práctica no se consolida y no se demuestra. En todo caso, para eso estamos aquí la sociedad civil, las asociaciones memorialistas, los ciudadanos y ciudadanas, para exigir ese cumplimiento”, comenta durante la marcha.

“Es un honor para mí que hayan pensado en que pueda acompañarles para la lectura del manifiesto. Y lo estoy por convencimiento, por convicción y porque creo que es necesario hacerlo, de modo que todo lo que signifique apoyar y ayudar siempre contarán conmigo”, apuntaba Garzón, cuya presencia en la manifestación no era casualidad. Mucho antes, en octubre de 2008, apenas diez meses después de la aprobación de la primera ley de memoria histórica de España, impulsada por el Ejecutivo socialista de José Luís Rodríguez Zapatero y en plena revuelta de los sectores que se oponían a esa norma con el argumento de que reabría heridas y enfrentaba a los españoles, el entonces juez de la Audiencia Nacional se había declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo por considerarlas un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad.

Inhabilitado en “un proceso arbitrario”

Garzón admitió a trámite denuncias de víctimas y autorizó exhumaciones en fosas. El entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le acusó a Garzón de abrir una “causa general” contra el franquismo y la Sala de lo Penal, presidida por el conservador Javier Gómez Bermúdez, le dio la razón y una mayoría de magistrados estimaron que Garzón no era competente. Después vino la querella de Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de la JONS. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acusó a Garzón de “ignorar u orillar” la Ley de Amnistía y le reprochó su “ignorancia inexcusable” en relación con esa norma. Garzón resultó absuelto al entender una mayoría de magistrados que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó. La sentencia se conoció a finales de febrero de 2012, una semana después de su expulsión definitiva de la carrera. A finales del pasado agosto, el comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” y pedía a España “una reparación efectiva”.

Este sábado, Garzón recibía el cariño de los manifestantes, apenas a unos cientos de metros de donde reposa la tumba del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, en la basílica de la Macarena, que podría ser retirada con la nueva ley que pretende aprobar el Gobierno de España. Las últimas declaraciones de la consejera de Cultura, Patricia Pozo, en quien recaen las competencias de memoria histórica en Andalucía, levantaron ampollas en el movimiento memorialista. Preguntada por los restos de Queipo dijo que “no es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”. El exjuez considera que la presencia del militar en ese lugar “es un insulto a la memoria de las víctimas, porque alguien que tiene sobre sus espaldas los hechos tan graves de violación de los derechos humanos, como esta persona, no puede estar en un lugar sagrado para la Iglesia Católica”.

En el manifiesto se ha denunciado “cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas, sino también contra las evidencias de la investigación historiográfica”. Entre las cuestiones concretas que demandan está que la Junta “no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años y medio de legislatura y tres presupuestos” en materia de exhumaciones, que en julio pasado se anunció “por enésima vez” la constitución del comité técnico sobre símbolos contrarios a la memoria o que no se ha dado “ninguna aprobación ni inscripción” de 36 'lugares de memoria' pendientes.

Baltasar Garzón será el encargado de leer el próximo 13 de noviembre en Sevilla el manifiesto que pondrá el colofón a la manifestación organizada por las asociaciones andaluzas en defensa de la memoria histórica y la “paralización” en las políticas públicas por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, presentada el pasado 30 de septiembre. Según fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, el exjuez de la Audiencia Nacional ha confirmado que acudirá a la capital hispalense para ser la voz que denuncie “la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de memoria histórica y democrática”.

En el manifiesto, las dos asociaciones convocantes (la citada Coordinadora y la Asamblea Andaluza de Asociaciones de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo) denuncian en ese sentido “cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas, sino también contra las evidencias de la investigación historiográfica”. Entre las cuestiones concretas que demandan está que la Junta “no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años y medio de legislatura y tres presupuestos” en materia de exhumaciones, que en julio pasado se anunció “por enésima vez” la constitución del comité técnico sobre símbolos contrarios a la memoria o que no se ha dado “ninguna aprobación ni inscripción” de 36 'lugares de memoria' pendientes.

Las últimas declaraciones de la consejera de Cultura, Patricia Pozo, en quien recaen las competencias de memoria histórica en Andalucía, han levantado ampollas en el movimiento memorialista, que ha unido fuerzas para la cita y siguen recabando el apoyo de otras asociaciones, partidos políticos y sindicatos en la comunidad autónoma para que respalden y participen en lo que esperan que sea “una gran movilización”, que también apoya la asociación La Desbandá, porque “se trata de una cuestión de derechos humanos”. Del Pozo, preguntada por la tumba del general franquista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena en Sevilla, dijo que “no es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”.

“Causa general” contra el franquismo

En ese sentido, la presencia de Garzón no es casual. Cabe recordar que en octubre de 2008, apenas diez meses después de la aprobación de la primera ley de memoria histórica y en plena revuelta de los sectores que se oponían a esa norma con el argumento de que reabría heridas y enfrentaba a los españoles, el entonces juez de la Audiencia Nacional se había declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo por considerarlas un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Garzón admitió a trámite denuncias de víctimas y autorizó exhumaciones en fosas. El entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le acusó a Garzón de abrir una “causa general” contra el franquismo y la Sala de lo Penal, presidida por el conservador Javier Gómez Bermúdez, le dio la razón y una mayoría de magistrados estimaron que Garzón no era competente.

Después vino la querella de Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de la JONS. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acusó a Garzón de “ignorar u orillar” la Ley de Amnistía y le reprochó su “ignorancia inexcusable” en relación con esa norma. Garzón resultó absuelto al entender una mayoría de magistrados que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó. La sentencia se conoció a finales de febrero de 2012, una semana después de su expulsión definitiva de la carrera. A finales del pasado agosto, el comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” y pedía a España “una reparación efectiva”.

Este es el manifiesto que leerá Baltasar Garzón el 13 de noviembre en Sevilla:

El Banco de Chile ha logrado hacerse el longuis durante casi 10 meses y hasta ahora había logrado esquivar la notificación formal de la reapertura de la causa en la Audiencia Nacional, que investiga al banco privado por el presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador chileno Augusto Pinochet.

Pero según se desprende del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del pasado 7 de octubre, esta especie de juego del gato y el ratón ha llegado a su fin: la sala ha advertido de que, una vez confirmada la notificación de las actuaciones, debe procederse “a nombrar a los querellados los profesionales que por turno les corresponda” en el caso de que no hayan designado unos de su elección.

La notificación formal de la reapertura de las actuaciones ya ha sido incluso materializada oficialmente en Chile y, por tanto, la cuenta atrás para la asignación de un abogado de oficio en España se ha iniciado tras diez meses de estrategias que en el mundo jurídico se conocen como de filibusterismo, que persiguen dilatar las consecuencias de una decisión. El abogado de los querellantes, Joan Garcés, en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, solicitó formalmente el pasado lunes que se nombren abogados de oficio a la cúpula del Banco de Chile, en un escrito presentado ante el juez de instrucción de la causa, Santiago Pedraz, incorporando el auto emitido por la Sala.

77 millones de fianza

La presente causa es una de las ramas que acabaron surgiendo de las investigaciones del juez Baltasar Garzón entre 1998 y 2010 contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, que en su día utilizó al Banco de Chile para burlar a la justicia a través de esquemas presuntamente fraudulentos en EEUU y en paraísos fiscales. Esta entidad es uno de los principales bancos privados del país suramericano y su cúpula directiva y societaria estuvo muy vinculada a la dictadura pinochetista. En 2009, un auto de Garzón le impuso una fianza cautelar de 77 millones de euros, pero tras la salida de éste de la Audiencia Nacional el banco adujo que los mismos hechos eran investigados en el país suramericano y logró que la fiscalía solicitara, y obtuviera, que España declinara su jurisdicción en favor de la de Chile.

Sin embargo, el tesón de Garcés, que representa también a familiares de víctimas españolas de la dictadura pinochetista como Carmelo Soria, Antoni Llidó y Joan Alsina, logró reabrir la causa al acreditar que los supuestos delitos cometidos en España no han sido nunca investigados en Chile. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó por unanimidad el pasado enero la reapertura del caso. Por tanto, tras un extraño y largo periodo de hibernación de casi una década, la causa resucitó justo donde lo había dejado Garzón: en el auto en que el magistrado imponía al Banco de Chile la medida cautelar de 77 millones.

Y aquí es donde empezó una nueva odisea, esta vez alrededor de un acto administrativo tan aparentemente simple como la mera notificación del auto de reapertura. En todas las sociedades democráticas, la notificación es un punto de partida de cualquier procedimiento, una garantía para la protección de los derechos de los acusados. Y a esquivar la notificación se dirigió la estrategia seguida por el Banco de Chile, cuyo despacho de abogados en España compareció ante el juez para subrayar que ya no representaba a la entidad suramericana, como refleja el reciente auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

“Ciertamente que este tribunal trató de notificar el indicado auto [de enero de 2021] a un letrado que había comparecido como mandatario de los querellados durante la tramitación del procedimiento en el juzgado a los efectos de una cuestión concreta, pero el indicado letrado a través del cual se pretendía hacerles llegar a los querellados la reapertura del procedimiento no asumió las obligaciones que la ocasión merecía al carecer de vinculación actual efectiva por parte de los querellados”, recalcan los magistrados españoles en su auto del pasado 7 de octubre.

Ante la situación de bloqueo, la Audiencia Nacional había cursado antes de verano una comisión rogatoria a Chile, con lo que el alto tribunal del país suramericano examinó la pretensión del banco de que los mismos hechos habían sido investigados en Chile. Y el pasado 23 de agosto, la Corte Suprema de Chile falló, también por unanimidad, que se notificara al banco y a su presidente la comisión rogatoria española.

Notificación en Chile

Los abogados del banco no han comparecido en España, pero obviamente sí que lo hicieron, y muy activamente, ante la Corte Suprema de Chile. No obstante, sus peticiones no prosperaron, la decisión de la Corte Suprema chilena fue rotunda y unánime y a través de este fallo acabaron siendo también formalmente notificados del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del pasado enero, que reabría la causa y que hasta entonces habían intentado esquivar.

Las autoridades chilenas no solo han comunicado ya el famoso auto de reapertura a los abogados del Banco de Chile sino que obviamente han dado cuenta también de ello a los tribunales españoles, con lo que la estratagema de “indefensión” por falta de notificación ha llegado a su fin, como ratifica el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el último escrito presentado esta semana por las víctimas españolas se esgrime además la jurisprudencia europea para el nombramiento de abogados de oficio a los querellados, una obligación ratificada además recientemente por el Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia de marzo de 2020 a la cuestión planteada por un juzgado de Badalona sobre su aplicación vinculante en España.

El departamento de Comunicación del Banco de Chile no ha contestado nunca a las preguntas sobre la causa en España que le ha formulado por escrito elDiario.es. Tampoco a las del pasado lunes sobre si la entidad tenía intención de nombrar letrado en España para evitar que se le asigne de oficio.

La causa que ha reabierto la Audiencia Nacional no persigue únicamente objetivos de reparación simbólicos, sino que puede tener repercusiones económicas muy concretas en beneficio de las víctimas y de sus familiares, sobre todo teniendo en cuenta el precedente del banco estadounidense Riggs, hoy integrado en PNC Bank. Esta entidad, que había diseñado el mismo esquema que el utilizado por el Banco de Chile para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la Fundación Española Presidente Allende para indemnizar a las víctimas con más de ocho millones de dólares e intereses de demora, la exacta cantidad escondida por Pinochet en el Riggs para burlar el embargo cautelar de la justicia española para indemnizar a las víctimas de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas sistemáticas.

La mañana del 14 de mayo de 2010 fue la última vez que Baltasar Garzón subió las escaleras de la Audiencia Nacional como juez en activo. A mediodía, el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió de forma cautelar de sus funciones después de que, dos días antes, el Tribunal Supremo abriera juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar las atrocidades del franquismo. Alrededor de las dos de la tarde, entre aplausos y lágrimas de jueces, fiscales, funcionarios amigos y centenares de ciudadanos allí congregados, Garzón descendió de nuevo esas escaleras, se montó en el coche oficial y abandonó el tribunal en el que había pasado los últimos 22 años centrado en la lucha contra ETA y el narcotráfico. 

De ese primer juicio resultó absuelto, pero detrás vendría otro y ya no volvió a pisar la Audiencia Nacional como magistrado. El órgano de gobierno de los jueces confirmó su expulsión de la carrera casi dos años después, en febrero de 2012, tras ser condenado por unanimidad en la segunda de las tres causas que el Alto Tribunal abrió contra él en un margen de apenas 20 meses, la de la “arbitraria” intervención de las comunicaciones a los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel. La tercera investigación, relativa a los patrocinios por parte de varias empresas de dos cursos en la Universidad de Nueva York, no lo llevó al banquillo. Quedó archivada por prescripción sólo cuatro días después de la condena por autorizar escuchas a los abogados de la Gürtel tras dos años de instrucción. 

Más de una década después de su expulsión de la judicatura —y de que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaran los recursos contra su condena—, Garzón ha recibido una cierta reparación con el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU. La resolución pone el foco en los puntos oscuros de las investigaciones casi paralelas a las que fue sometido y concluye que no tuvo acceso a un tribunal “independiente e imparcial” en los dos procedimientos por los que fue juzgado, en los que además contaba con el respaldo de la Fiscalía. El comité de la ONU, que exige a España una reparación al exjuez y que elimine sus antecedentes, cuestiona que, al ser condenado por el Supremo por su condición de aforado, se le privara de una segunda instancia a la que poder recurrir su inhabilitación. La resolución de la ONU bucea en el entramado de simpatías y enemistades manifiestas que confluyeron en aquella maraña de denuncias que recibió y que, según el exmagistrado, debían haber implicado la recusación de más miembros de los tribunales que lo juzgaron.

Garzón se convirtió en 2012 en el primer condenado por la trama Gürtel, el caso que él mismo había destapado y que, a la postre, acabó provocando la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa en 2018. Durante la última década también ha llevado sobre sus espaldas el peso de una condena por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación. La sentencia, de gran dureza, le acusó de “totalitario” y de actuar “prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho” por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel a pesar de que no había “indicios concretos de una posible actuación delictiva” por parte de algunos de esos letrados. 

De hecho, fueron esos mismos abogados —excompañeros suyos de la Audiencia Nacional que se habían pasado “al otro lado”— los que acabaron sentándole en el banquillo de los acusados. La querella que dio origen al procedimiento la interpuso Ignacio Peláez, exfiscal que defendía entonces como abogado del empresario José Luis Ulibarri, constructor y magnate de los medios de comunicación en Castilla y León que acabó condenado tras reconocer cinco delitos en Gürtel y que está siendo investigado en otros sumarios de corrupción. A la denuncia de este se sumó después José Antonio Choclán, exmagistrado y en ese momento abogado del principal imputado, Francisco Correa. “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”, sentenció el Supremo, que remarcó que el derecho de defensa es un “elemento nuclear” del Estado de Derecho. Ese criterio lo mantuvieron después el Tribunal Constitucional y el de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Pero no aplicó para todos. Tal y como recuerda ahora el dictamen de la ONU, las escuchas ordenadas por Garzón —tras la petición de la Policía y con el amparo de las fiscales del caso— fueron “prorrogadas” después por el juez que le reemplazó en la causa, Antonio Pedreira, quien nunca fue investigado por unos hechos que al primero le costaron su carrera. Pedreira, al igual que Garzón, defendió siempre que esas grabaciones eran válidas porque, según su criterio, algunos de los letrados actuaron como cómplices de sus clientes en determinadas operaciones de ocultación de bienes en paraísos fiscales. El sucesor de Garzón, fallecido en 2015, acordó en septiembre de 2011 archivar la causa para Luis Bárcenas en un movimiento “anómalo” que diversas fuentes vinculan a las presiones recibidas a quien tenía entre manos la instrucción de uno de los principales casos de corrupción de la democracia. 

Como se demostraría años después, Bárcenas no era un investigado más. Era el imputado de más rango ligado al PP y seguía a sueldo de la formación a pesar de que había dejado de ser tesorero dos años antes. En marzo de 2012, la Audiencia Nacional reabrió el caso contra él, fue finalmente condenado a 29 años de cárcel por la llamada Época 1 de Gürtel y espera sentencia por el juicio sobre la caja B que se celebró la pasada primavera. Ahora, tanto él como su mujer cumplen condena en las cárceles de Soto del Real y Alcalá de Henares. 

En los últimos años, muchos imputados en Gürtel han intentado anular todo el caso con el argumento de la irregularidad de las escuchas ordenadas por Garzón. El Supremo hace alusión a esos pinchazos en la reciente sentencia sobre los negocios de la trama con la empresa pública Aena. Los jueces reconocen que “no puede sino concluirse que se produjo una importante transgresión del derecho de defensa” de los imputados que estaban en prisión, aunque eso no debe llevar a “acordar la nulidad de todo el proceso”. Fue suficiente, explica el Supremo, con “la anulación de las conversaciones y la condena del juez instructor”, medidas que “previenen la reiteración futura de actuaciones de esta naturaleza” sin ser necesario ir más allá, informa Alberto Pozas. 

Los crímenes del franquismo

Las escuchas a los abogados de la Gürtel, una actuación controvertida que le hizo perder incluso el favor de juristas de ámbito progresista con los que tenía buena relación, pusieron fin a la dilatada carrera de Garzón. Pero no fue el único procedimiento al que tuvo que hacer frente en veinte meses frenéticos. Tampoco el primero. El 16 de octubre de 2008, apenas diez meses después de la aprobación de la primera ley de memoria histórica y en plena revuelta de los sectores que se oponían a esa norma con el argumento de que reabría heridas y enfrentaba a los españoles, Garzón se había declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo por considerarlas un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Admitió a trámite denuncias de víctimas y autorizó exhumaciones en fosas. 

Este movimiento contó con el rechazo frontal del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Amigos desde hacía dos décadas —ambos impulsaron la operación Nécora contra el narco gallego y se habían fajado juntos contra ETA o el yihadismo— protagonizaron una guerra sin cuartel a propósito de la competencia del magistrado para investigar esos crímenes. Zaragoza acusó a Garzón de abrir una “causa general” contra el franquismo y de promover una “inquisición prohibida en la Constitución”. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que entonces presidía el conservador Javier Gómez Bermúdez —ponente de la resolución— dio la razón al fiscal en noviembre de 2008. La derrota de Garzón fue abrumadora. Sólo le respaldaron los progresistas José Ricardo de Prada, Ramón Sáez y Clara Bayarri, mientras que otros 14 magistrados estimaron que no era competente en la investigación sobre el franquismo.

Las fuentes consultadas coinciden en que aquella resolución puso en bandeja la querella que el pseudosindicato Manos Limpias presentó contra Garzón en enero de 2009 y que fue admitida a trámite cuatro meses después. A la iniciativa de Miguel Bernad, exdirigente de Fuerza Nueva y que fue condenado posteriormente por utilizar su organización por chantajear a empresas y personalidades, se sumaron la organización ultraderechista Libertad e Identidad y Falange Española de la JONS, aunque esta última acabó expulsada de la acusación por una cuestión formal. 

La instrucción de esta causa recayó por sorteo en el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, fundador de la progresista Jueces para la Democracia, que sostuvo que Garzón “decidió conscientemente ignorar u orillar” la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar el franquismo y le reprochó su “ignorancia inexcusable” en relación a esa norma. Tras una instrucción de ocho meses acabó llevándole a juicio con la oposición del fiscal del Supremo, Luis Navajas, que solicitó primero el sobreseimiento y después la absolución. Garzón intentó sin éxito apartar de la instrucción a Varela, con el que siempre fue crítico y al que acusó de “asistir” a Manos Limpias en la “modificación” de sus escritos contra él. 

La vista sobre el franquismo tuvo lugar apenas cinco días después de que se celebrase el juicio sobre las escuchas y fue seguida por media docena de observadores internacionales. El Supremo acabó convirtiéndose en una tribuna de excepción para las víctimas de la represión de la Guerra Civil y la posterior dictadura, que comparecieron como testigos para explicar por qué habían acudido a la justicia. “No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad”, dijo ante el tribunal Olga Alcega, que comenzó a mediados de los setenta a buscar a su abuelo Antonio Alcega, que era cartero en Bureta (Zaragoza) cuando fue fusilado en 1936. Finalmente, Garzón resultó absuelto al entender una mayoría de magistrados que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó. La sentencia se conoció una semana después de su expulsión definitiva de la carrera. 

Los cursos patrocinados

Solventados ya los juicios de las escuchas y el franquismo, a Garzón le quedaba todavía el tercero de los frentes que el Supremo había abierto contra él: el de la petición de financiación para dos cursos en la Universidad de Nueva York durante una excedencia de la Audiencia Nacional entre 2005 y 2006. Tras una instrucción de dos años —en la que incluso salieron a la luz las cuentas personales de familiares del entonces juez—, el juez Manuel Marchena, acordó archivar el procedimiento por prescripción sólo cuatro días después de la condena de inhabilitación en Gürtel. El centro universitario siempre negó que Garzón fuera beneficiario directo de esos fondos que Marchena cifró en 1,2 millones de dólares. 

La querella fue admitida a trámite el 28 de enero de 2010 y Marchena llevó a cabo una investigación exhaustiva hasta que, dos años después, el 26 de enero de 2012, descartó que Garzón hubiera cometido prevaricación en relación con resoluciones relativas a los patrocinadores de esos cursos. Entonces decidió concentrar su investigación en un supuesto cohecho impropio. Es decir, la recepción de pagos simplemente por ser el magistrado de la Audiencia Nacional quien era en la vida pública. Pero apenas dos semanas después, el 13 de febrero, decretó el archivo.

Marchena asumió que los hechos estaban prescritos —la querella se había presentado más de tres años después de haberse celebrado el último de los cursos— pero en su auto dio por acreditado que Garzón había reclamado “ayuda económica” a empresas —Banco Santander, BBVA, Telefónica, Cepsa o Endesa— a cuyos directivos él mismo había investigado en la Audiencia Nacional. El procedimiento contra Garzón había seguido adelante durante varias semanas a pesar de que ese mismo enero, el Supremo archivó por prescripción una querella contra el entonces presidente del Santander, Emilio Botín, en la que se le acusaba de cohecho por esos pagos.

Garzón acabó fuera de la carrera por la condena de las escuchas autorizadas en Gürtel. De los otros dos casos salió indemne tras meses de estruendo mediático. En su dictamen, el comité de la ONU concluye que los tribunales que le juzgaron no gozaron de la “apariencia de imparcialidad necesaria para su enjuiciamiento”. Y, aunque no los cita expresamente, destaca que dos magistrados que lo condenaron en el caso Gürtel —en alusión a Varela y Marchena— lo habían investigado en causas abiertas contra él coincidentes en el tiempo. De hecho, cuando se celebró ese juicio, Marchena todavía no había cerrado las pesquisas sobre los cursos.

La resolución del comité de Naciones Unidas, muy contundente en el fondo, tendrá un alcance y unas consecuencias jurídicas limitadas porque no tiene carácter vinculante. Garzón, que ha visto respaldados en ese dictamen la mayoría de sus argumentos, ya ha anunciado que pedirá su reingreso en la carrera. Está por ver si volverá a subir de nuevo las escaleras de la Audiencia Nacional como juez en activo.

La Sala Especial del Tribunal Supremo considera que un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), como el que ha dado la razón al exjuez Baltasar Garzón, no le vincula, dado que solo las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) habilitan la revisión de las sentencias.

En una sentencia de 12 de febrero de 2020, adelantada por La Razón y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal señala que “no procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos”. Este viernes, fuentes del Supremo han ratificado a InfoLibre esa opinión.

Los magistrados, entre los que firma en el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo Carlos Lesmes, recuerdan que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de junio, dispone que solo las resoluciones del TEDH son habilitantes para la “revisión de las sentencias en que se produjo la vulneración del derecho fundamental”.

Según el artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se podrá interponer recurso de revisión ante el Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el TEDH haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en “violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos”.

La normativa precisa, además, que se revisará la sentencia “siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persigan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión”.

El exjuez Garzón, en el marco de su estrategia de defensa, recurrió su caso al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo. Este jueves el Comité de Derechos Humanos de la ONU le ha dado la razón.

El organismos de la ONU cree que el Supremo vulneró la presunción de inocencia y del exmagistrado se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 lo condenó a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, que instruía entonces desde la Audiencia Nacional. 

La resolución del organismo de Naciones Unidas, a la que ha tenido acceso elDiario.es, da por hecho que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón fue “arbitrario”, que no garantizó la imparcialidad de magistrados que participaron en la sentencia condenatoria y critica que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir su inhabilitación.

A la vista de todo lo anterior, el organismo de la ONU exige al Estado español una “reparación integral” a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”. El dictamen da a España seis meses para “garantizar una reparación efectiva” a Garzón por los derechos lesionados. 

Casi una década después de decir adiós a la carrera judicial tras ser condenado por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, el comité de Derechos Humanos de la ONU ha concluido que Baltasar Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario”. Además de reprochar la parcialidad de magistrados que participaron en la sentencia, la resolución critica que por su condición de aforado —al ser en ese momento juez de la Audiencia Nacional— fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir la condena a once años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo. 

El dictamen, aunque muy contundente en el fondo, tendrá posiblemente un alcance y unas consecuencias jurídicas limitadas pues, como todas las resoluciones de este organismo, carecen de valor jurisdiccional y no tienen carácter vinculante, lo que deja en manos del Estado la adopción de las medidas sugeridas, por mucho que se adhiriera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reconociera la autoridad del comité que lo supervisa, coinciden los juristas consultados por este medio. En este caso, solicita que se borren sus antecedentes penales y se le dé “una compensación adecuada por el daño sufrido”. 

La resolución sí reabre el viejo debate de la situación de los aforados ante el Tribunal Supremo que, por tratarse del más alto órgano jurisdiccional, no tienen derecho a que la resolución final de sus casos sea examinada por otro tribunal. Según establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los miembros del Gobierno; los diputados, senadores y presidentes de ambas Cámaras; y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas, así como los jueces y fiscales de las instancias superiores. 

Es decir, están aforadas ante el Supremo “las personas que ostentan las más altas responsabilidades en todos los poderes”, en palabras del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco Iñaki Esparza, que cuestiona que por el mero hecho de ostentar esas responsabilidades se les someta a procesos “con una evidente merma de garantías”. “Es una cuestión objetiva. Hay determinadas personas que, por su cargo, se les afora ante el Tribunal Supremo y la consecuencia es que tienen una instancia menos cuando la tendrían que tener garantizada”, dice este experto que, junto al profesor Juan Luis Gómez Colomer, publicó hace más de una década el estudio más relevante que se ha realizado en España sobre el aforamiento. 

Entonces, ambos optaron claramente por su “supresión”. “Es una situación única en España que no resuelve ningún problema, no sirve para canalizar correctamente ninguna cuestión y sí genera disfunciones en el sistema como la que vemos en esta resolución, que es vergonzosa, un auténtico escándalo. Es una institución incorporada a la norma jurídica por razones históricas, pero no está de más revisarla”, dice Esparza. Y añade: “Es un problema serio y tenemos encima de la mesa el caso del procés, que es exactamente lo mismo”, sostiene este catedrático, en alusión al cuestionamiento de los líderes independentistas de que esa causa fuera juzgada por el Tribunal Supremo, una cuestión sobre la que se pronunciará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

“El aforamiento ante el Tribunal Supremo es un regalo envenenado porque te deja sin derecho a la segunda instancia, que es un derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, afirma el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que defendió a Garzón en sus procesos ante el Tribunal Supremo, así como a otros aforados como el exdiputado socialista José Blanco cuando fue imputado por el caso Campeón, un procedimiento que acabó archivándose para él. Martínez Fresneda reconoce que la resolución sobre Garzón no tiene carácter vinculante, aunque confía en que pueda servir de base para impulsar un cambio legislativo al respecto. 

El acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos establece el compromiso de reformar la Constitución para “limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”. Nada se dice, sin embargo, del resto de altos cargos aforados ni del inexistente derecho al recurso de los que lo están ante el Tribunal Supremo. Ante una hipotética reforma, Esparza admite que sí se podría instaurar algún tipo de “instrumento intermedio” para, por ejemplo, verificar la calidad de las denuncias contra los parlamentarios, que por sus cargos están muy expuestos y requieren protección. 

El anteproyecto de reforma de la decimonónica Ley de Enjuciamiento Criminal, que se empezará a tramitar en el Congreso próximamente, establece como novedad la garantía del “derecho a la doble instancia” para las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia recaídas en los procesos de aforados, pero sigue dejando fuera a los aforados ante el Supremo. “Contra las sentencias que dicte en única instancia el Tribunal Supremo en los procedimientos contra personas aforadas no cabrá recurso alguno”, dice el borrador del Gobierno. 

El dictamen de la ONU sobre Garzón es claro al respecto y recuerda que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que España se incorporó en 1985, establece que “una persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Y añade que esa coletilla “conforme a lo prescrito por la ley” no tiene la intención de “dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la discreción de los Estados”. 

Aunque el organismo de la ONU admite que la legislación de un país puede disponer que determinadas personas “en razón de su cargo” puedan ser juzgadas por un tribunal de mayor jerarquía que el que les correspondería, subraya que “esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena”. E insiste: “La ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por uno de mayor jerarquía”.

Otras resoluciones sobre España

La de Garzón no es la primera vez que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncia en sentido similar. Lo hizo, por ejemplo, en 2002 cuando declaró que España había vulnerado el citado artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso del diputado regional del PP Jesús Terrón, condenado a dos años de cárcel por el Tribunal Supremo por falsificar un documento privado según el cual su esposa tendría que darle parte de sus bienes en caso de divorcio. Terrón era miembro de las Cortes de Castilla La Mancha cuando tuvieron lugar los hechos pero al haber cometido el delito en Madrid fue el Tribunal Supremo el competente para enjuiciarlo. 

Años más tarde, en 2006, el organismo de la ONU también dio la razón a Luis Oliveró, uno de los condenados por el caso Filesa, el gran escándalo de financiación ilegal del PSOE de finales de los ochenta. Un dictamen reconoció su derecho a presentar un “recurso efectivo” ante un tribunal superior a la condena a diez años de cárcel que le había impuesto en su día el Supremo. Oliveró era administrador de la empresa Filesa —señalada por financiar ilegalmente al PSOE—, pero al estar involucrados en el caso un senador y un diputado, la investigación y enjuiciamiento correspondió al Tribunal Supremo. Oliveró había sido indultado en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar. 

Por contra, el Comité de Derechos Humanos rechazó en 2003 amparar al exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Luis Pascual Estevill, condenado por el Supremo en su condición de magistrado a una pena de seis años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y dos de detención ilegal. En este caso, el organismo de la ONU no estimó que España hubiera violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos porque fue el propio Estevill el que “insistió en repetidas ocasiones” en ser juzgado “directamente” por el Supremo en lugar de por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que le habría proporcionado el “derecho de apelación”. 

Baltasar Garzón ha reaccionado este jueves al dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU: “El daño ya está hecho y ha sido inmenso. La única forma de compensarlo es reponerme en mi cargo y en mi categoría de magistrado”. En un comunicado de la firma Human Rights in Practice, que representa a Garzón, el exjuez ha valorado la decisión del comité, que concluyó este miércoles que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y no le garantizó un proceso justo.

El escrito del organismo de la ONU, al que tuvo acceso elDiario.es, considera que la condena a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, que el entonces magistrado instruía desde la Audiencia Nacional, siguió un proceso “arbitrario”, y exige por tanto una “reparación integral” a Garzón.

En el comunicado difundido este jueves, el exmagistrado insiste en el perjuicio sufrido durante más de una década a raíz de la decisión del alto tribunal: “El daño ya está hecho y ha sido inmenso. Lo he sufrido durante once años, día a día, hora a hora y minuto a minuto, por una decisión arbitraria e injusta”. Para Garzón, lo que vivió a raíz de esa decisión judicial es “es lo peor que le puede pasar a una persona que ha dedicado y dedica toda su vida a la Justicia: la pérdida de la condición de juez de una forma arbitraria”.

Así, además de pedir la restitución de su cargo y su posición de magistrado, el abogado pide que España adopte medidas para evitar que se cometan “violaciones semejantes en el futuro”. “España tiene ahora la obligación de hacer una reparación integral por los derechos que me han sido violentados, deberá borrar mis antecedentes penales y proporcionarme una compensación adecuada al daño sufrido”, pide.

Garzón se alinea así con la solicitud del comité de la ONU, que, como parte de una “reparación integral” que exige, pide que borre sus antecedentes penales y le proporcione una “compensación adecuada” en un plazo de seis meses para “garantizar una reparación efectiva” por los derechos lesionados.

Esta resolución pone fin a seis años de investigación que se iniciaron con la denuncia del propio Garzón, que afirmaba haber sido víctima de “una persecución y de represalias” por las investigaciones que dirigía sobre el caso Gürtel y los crímenes del franquismo. Tras analizar las alegaciones aportadas por el Estado español, el organismo de la ONU ampara al juez Garzón con un contundente informe.

De entrada, recuerda que la decisión de pinchar los teléfonos de los abogados de los principales acusados de Gürtel se adoptó a petición de la policía, contó con el respaldo de la Fiscalía, que como el magistrado también vio indicios de actividad delictiva en los letrados, y fue prorrogada por el juez que sustituyó a Garzón en la investigación. El organismo de la ONU también se coloca del lado de Garzón sobre la falta de imparcialidad de algunos de los jueces que lo condenaron.

“Estoy contento con esta resolución. Lo estoy personal, familiar y profesionalmente; lo estoy por todos y todas aquellos y aquellas que han creído siempre en mí, en la honestidad de mi trabajo”, ha comentado Garzón tras conocer el informe, al tiempo que ha sostenido que está “especialmente contento” por las víctimas “que todavía siguen esperando Justicia en el caso del Franquismo”.

La presidenta de Human Rights in Practice, Hellen Duffy, que ha representado al exmagistrado durante todo este proceso, también ha saludado la resolución del organismo de Naciones Unidas, que ha calificado como una “vindicación tardía pero importante” para él. Pero va más allá: “[El dictamen] reafirma y clarifica las garantías esenciales de la independencia judicial, en un momento en el que están siendo atacadas globalmente”.