Pujol, el 'lehendakari', el abuelo y la España de 1986: la jura de Felipe que ya no será como la de su hija Leonor

La España de 1986 no era la de 2023. El lehendakari José Antonio Ardanza y el president Jordi Pujol asistían a la jura de la Constitución de Felipe VI sin grandes alharacas. Aún faltaban 10 años para el Pujol, enano, habla castellano, que se cantó en el triunfo de Aznar de 1996; y tres décadas para el 1-O, la declaración de independencia del Parlament de Catalunya y el discurso del 3 de octubre de Felipe VI que supuso un punto de inflexión en la relación de la Corona de España con la plurinacionalidad del Estado.

En 1986, además, aún faltaban 12 años para el Pacto de Lizarra, que representó el salto soberanista del PNV y el entierro del Pacto de Ajuria Enea, un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Lizarra intentó ser una pista de aterrizaje para una izquierda abertzale sin ETA, pero el fin de ETA no llegó hasta una década después, en 2011.

Por eso estaba Pujol, que por aquel entonces era el honorable president con el que se entendía Felipe González, era el representante de Catalunya en el mundo, líder de CiU, una organización que tuvo que cerrarse por la acumulación de casos de corrupción, entre otros los que asaltaron al propio Pujol y su familia. Estaban Pujol y Ardanza, sí, pero este martes no estarán ni Iñigo Urkullu ni Pere Aragonès. Y faltó el diputado de ERC, Francesc Vicens; pero esta vez habrá más bajas: las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero; y el de IU, Alberto Garzón; buena parte del grupo parlamentario de Sumar; EH Bildu, Junts, ERC, PNV y BNG.

“Esta España democrática y libre”, dijo aquel día el presidente del Gobierno, Felipe González, “apuesta hoy por su futuro constitucional en la persona de vuestra alteza real. El 30 de enero de 1986 quedará en la historia de España como una fecha especialmente solemne en el funcionamiento de nuestras instituciones constitucionales. Vuestra alteza real sabe que cuenta con la lealtad y la simpatía del Gobierno”.

El editorial de El País de aquel día fue claro: “La Monarquía y la democracia se funden en un proceso de continuidad y de futuro para este país. En el entendimiento actual del valor de las instituciones: poniendo el protocolo al servicio de la política y la política al servicio de los ciudadanos. Hoy la modernidad estará encarnada por el príncipe Felipe en el palacio de Oriente”.

España acababa de entrar en la Comunidad Económica Europea y se encontraba en el último año del primer Gobierno de Felipe González, emanado de las elecciones de 1982 en las que el PSOE logró una mayoría absoluta nunca repetida. La entrada en la CEE supuso en aquellos años un símbolo de normalización política con el entorno europeo y, también, mucho dinero: “España recibió entre 1986 y 2020 unos 240.459 millones de euros en fondos estructurales de la UE: incluyendo fondos FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FSE Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión. Por comparar, el Plan Marshall, fueron 12.000 millones de dólares (1945), equivalentes a 148.000 millones de euros, para toda Europa”.

1986 también es el año de la OTAN. Al día siguiente de la jura del entonces príncipe Felipe se publicó el decreto de convocatoria del referéndum: dos meses después, el 12 de marzo de 1986, se celebraba el plebiscito por el que se aprobó la permanencia de España en la Alianza Atlántica por un estrecho margen debido a la gran movilización por el No a la OTAN, que poco después desembocaría en la creación de Izquierda Unida, en abril de 1986.

Era la España en la que el PSOE gobernaba con 202 escaños (48% de los votos), y AP –porque aún faltaban tres años para la transmutación en el PP– tenía 107 escaños (26,3%). Es decir, los dos principales partidos sumaban el 74% de los votos, cuando ahora, en 2023, PP y PSOE representan al 64%, con 137 y 121 escaños, respectivamente. En aquel entonces, el tercer partido era el CDS (11 escaños y 6,7%) y el cuarto, el PCE (4, y 4%); y hoy ya no existe ningún partido de centro; el PCE no se presentó nunca más en solitario a las elecciones, y los terceros y los cuartos tienen mucho más peso que entonces, tanto la extrema derecha de Vox –33 escaños y 12,9%– como Sumar –31 escaños y 12,5%–.

Además, lejos de tener un gobierno de mayoría absolutísima, España en 2023 se gobierna en coalición –tras el pacto PSOE-Unidas Podemos de enero de 2020, el primer gobierno de fuerzas de izquierdas en ocho décadas– y va camino de una nueva coalición –PSOE-Sumar, pendiente de cerrar el apoyo de fuerzas independentistas y soberanistas–.

Aquella España era otra España. Y no sólo por la Quinta del Buitre, que tantas alegrías daba a unos madridistas que aún tendrían que esperar a 1998 para ganar la Séptima Copa de Europa. Sino porque, entre otras cosas, Juan Carlos I aún era el rey ejemplar y campechano que salvó la democracia el 23F de 1981. Y por eso tuvo un papel protagonista en todos los actos de aquel día, mientras que este martes no acudirá al Congreso ni a la ceremonia del Palacio Real, cosa que sí hizo entonces su padre, Juan de Borbón, que no se perdió un solo acto institucional de la jura de su nieto.

De acuerdo con el plan previsto, la liturgia de este martes será muy parecida a la de aquel 30 de enero de 1986: dos ceremonias diferentes, la primera en el Congreso de los Diputados y la segunda en el Palacio Real, donde el Príncipe recibió el collar de la Real Orden de Carlos III y pronunció unas palabras en las que destacó la adhesión del presidente y del Gobierno a la Monarquía.

“La vigorosa personalidad política de don Juan Carlos, que hizo posible primero la recuperación de las libertades de los españoles y las afianzó después -el 23 de febrero de 1981- con su valiente respaldo del ordenamiento constitucional frente a los militares rebeldes, permitió la plena reconciliación histórica de las fuerzas democráticas con la Corona”, decía aquel día el editorial de El País: “El compromiso hoy adquirido por Felipe de Borbón para guardar la Constitución y respetar los derechos y las libertades de los españoles proyecta hacia el futuro la continuidad de ese demorado encuentro y lo afianza sobre bases institucionales”.

El emérito, escondido

En efecto, esta vez, el abuelo no aparecerá en público. Esa ejemplaridad de Juan Carlos se deshizo poco a poco en una catarata de escándalos económicos que culminaron con el safari a Botsuana a matar elefantes en plena crisis económica y acompañado de la que por entonces era su amante, Corinna Larsen. Un accidente durante una de las noches en África provocó una lesión al por entonces rey, su traslado a España y la propagación de la noticia.

Fue el principio del fin del reinado de Juan Carlos de Borbón, quien abdicó un par de años después. Y también cuando comenzaron a conocerse sus negocios más oscuros. Entre otros, el “regalo” de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí y que acabaron en una sociedad panameña, Lucum Foundation. Pero no solo. Al menos otra sociedad opaca, Zagatka, guardaba dinero para el uso y disfrute de la Familia Real.

El futuro rey aparecía como beneficiario de ambas sociedades, hoy desmanteladas. Pero, al menos en una de ellas, también había una referencia a Leonor de Borbón como “heredera” una vez que su padre asumiera la Jefatura del Estado. Las escrituras de Zagatka especificaban que el “heredero/a del trono español” sería beneficiario en caso de fallecer el rey. Y así de forma infinita para toda la dinastía, según el diseño del instrumento financiero opaco.

Felipe VI mantuvo esta información en secreto durante, al menos, un año. En marzo de 2020, cuando España entraba en un inédito estado de alarma y confinamiento total ante la pandemia del coronavirus, el rey anunció en un comunicado que en 2019 había renunciado ante notario “a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder”, algo que legalmente solo se puede hacer cuando el testador fallece. El jefe del Estado también declaró renunciar en nombre de su hija, menor de edad.

Además, según el comunicado, Felipe de Borbón reclamó a su padre que “dejara sin efecto” su designación “o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios” de Lucum. Una petición que hizo extensible a otras posibles sociedades. El rey quiso ponerse una venda preventiva, a él mismo y a la heredera. Ante el notario, “manifestó no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada”.

Tras el comunicado de marzo de 2020, silencio absoluto. Nunca más la Casa del Rey se ha pronunciado al respecto. Tampoco el rey emérito. La ciudadanía desconoce si Felipe VI y/o Leonor de Borbón son beneficiarios de alguna sociedad nutrida con los negocios de Juan Carlos de Borbón.

elDiario.es ha intentado, sin éxito, que la Casa Real informe si el rey emérito cumplió los requerimientos de su hijo, si la Princesa de Asturias es o ha sido beneficiaria o partícipe de otras sociedades similares y si tiene previsto, una vez alcanzada la mayoría de edad, comprometerse ante notario a renunciar en nombre propio a la posible herencia que pudiera percibir de su abuelo.

Una jura para la continuidad monárquica

La jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias al cumplir los 18 años no es un mero trámite. El artículo 61 de la Constitución dice lo siguiente: “El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”. Y añade: “El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey”.

Es decir, está previsto en la Constitución y es fundamental para consolidar el linaje y la institución monárquica. El presidente del Congreso en 1986, Gregorio Peces-Barba, ponente constitucional, explicó en un discurso el significado del acto: “La presencia del señor presidente del Gobierno significa el respaldo o refrendo simbólico en este acto de quien con su Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar, la defensa del Estado, y que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno es parte del Parlamento y también su interlocutor. Cuando seáis rey, alteza, vuestros actos serán refrendados por el presidente del Gobierno y en su caso por los ministros competentes; ellos serán responsables de los mismos. Esta realidad tan importante en la monarquía parlamentaria no podía estar ausente, en su simbolismo, de este acto”.

Peces Barba tuvo también unas palabras de reconocimiento a Juan de Borbón, presente aquel día, al contrario de lo que pasará con Juan Carlos I: “Hoy celebramos un acto que expresa la continuidad de la monarquía, su prolongación en el tiempo. En presencia de su alteza real el Conde de Barcelona y sus majestades los Reyes, el Príncipe heredero de la Corona va a jurar su acatamiento a la Constitución y su fidelidad al Rey. La monarquía no basa su prestigio sólo en el afecto y el respeto que a todos los españoles nos inspira su majestad el Rey...., se basa también en el esfuerzo, y en el sacrificio del conde de Barcelona, y en la conducta ejemplar en defensa de los valores de respeto al imperio de la ley y de la libertad individual durante muchos años, y se basa en su continuidad”.

No se sabe aún qué dirá la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la ceremonia; ni cuáles serán las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo que sí se sabe es que ni estará el president de Catalunya, ni el lehendakari ni el abuelo de la princesa de Asturias. Y las bajas en el hemiciclo serán mayores que en 1986. La España de 2023 es otra; y la imagen de la monarquía también, después de haberse terminado el estado de gracia en que vivía tras conocerse la multitud de escándalos que han rodeado Juan Carlos I.