Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha de nuevo la maquinaria disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado tras recibir otra queja por su actuación al frente del juzgado. En este caso, el Promotor de la Autoridad Disciplinaria ha abierto diligencias informativas tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue desde hace casi dos años contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes del órgano. 

Hace varios meses, la autoridad disciplinaria abrió otras diligencias contra Peinado por su polémico interrogatorio al ministro Félix Bolaños en esa misma causa y por dictar con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción.

Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas en la causa contra Begoña Gómez. Se trata de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente. Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

OkDiario publicó a las 05:46 de la madrugada del martes 13 de enero de 2026 una información titulada “Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía”. El texto apuntaba textualmente que la decisión de pedir auxilio a la Policía se había tomado en una “providencia dictada este lunes 12 de enero”, según los pantallazos aportados. 

Sin embargo, el juzgado no envió la providencia que recogía esa información a través del sistema LexNet hasta las 20:02 de la tarde de ese mismo día 13 de enero, 15 horas después de la noticia de OkDiario. En un escrito que consta en el sumario, el abogado afirma que considera “metafísicamente imposible que la filtración al medio OkDiario del dictado y contenido de la Providencia haya sido cometida por alguien ajeno al Juzgado”.  

Entre tanto, a las 13:15 horas del 13 de enero, el digital había editado la noticia y cambiado el tiempo verbal. En la nueva versión, la frase en pasado “el Juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita” se cambió por la construcción en futuro “el Juez Juan Carlos Peinado pedirá a la Unidad Adscrita”. También se borró la mención a la providencia, algo que, según el abogado, se hizo para “ocultar la autoría de la filtración”. Sin embargo, en el medio olvidaron modificar el titular, que alude claramente al contenido de la providencia —“el juez pide ayuda a la Policía”—, que es lo que acuerda esa resolución.  

El artículo 417.12 de la ley del Poder Judicial considera una falta muy grave “la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Las faltas muy graves se sancionan con suspensiones de empleo y sueldo, traslados forzosos o separación del servicio. 

Un primer paso

Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias se produce cada vez que se recibe una queja, que son más de medio millar al año. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Después, el promotor tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En los asuntos de interés mediático o de especial relevancia lo “primero” que se hace es contactar con el propio juez o magistrado y se le adelanta por email o por el medio más efectivo que se encuentre el contenido del acuerdo por el que se le abren las diligencias.

En 2024, el último año del que hay datos, se abrieron 617 diligencias informativas, según recoge la memoria de la unidad de actuaciones disciplinarias. Además, se iniciaron 24 expedientes disciplinarios, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa, desde la apertura hasta que se propone la apertura del expediente o el archivo, fue de 97 días. Además, en caso de apertura de expediente, su ejecución se prolonga durante meses. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de apertura de expediente, pueda llegar a concluirse.

Escrito en el juzgado

En todo caso, la apertura de las diligencias obligará al CGPJ a analizar si el magistrado se apartó de los límites que marca la regulación disciplinaria en este caso concreto. Según la documentación que obra en el sumario, el abogado de la asesora reclamó también que se abriera una pieza separada para investigar la autoría de la filtración, aunque el magistrado lo ha rechazado, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

En concreto, reclamó que el letrado de la Administración de Justicia —antiguo secretario judicial— certificara la fecha de la firma electrónica de la providencia y que se identificara a las personas que, dentro del juzgado, conocían que Peinado iba a dictar esa resolución antes de la publicación de OkDiario. Después, solicitaba que esa información fuera derivada a un juzgado distinto para ser analizada. 

En ese escrito, el letrado afirma que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados “con indicios muy similares sobre la procedencia de la filtración” a los denunciados en este caso. 

Pedro Sánchez defiende el “no a la guerra” de España como una posición de principios, no de oportunismo político. En esta entrevista con elDiario.es, el presidente del Gobierno defiende la coherencia de su política exterior, rechaza el giro de Von der Leyen, descarta adelantar las elecciones y asume la responsabilidad por los casos de corrupción en el PSOE.

“Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta”, reivindica el presidente del Ejecutivo. A su juicio, dar respuesta a “la ola reaccionaria en España, Europa y el mundo” es “una obligación para el Gobierno de coalición progresista”. 

¿Le preocupa una represalia de Donald Trump contra España?

No. La posición de España es coherente a lo largo del tiempo en las sucesivas guerras que hemos vivido ya desde hace cinco años: la de Putin en Ucrania, la de Gaza... La defensa de la legalidad internacional es una posición consistente por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, pertenecemos a un espacio que es la Unión Europea, y la Comisión Europea ha sido muy clara al respecto. Y finalmente, porque creo que la coacción no es el camino. Ser aliado de Estados Unidos no es decir sí a todo.

¿Se ha sentido respaldado por el resto de los países europeos ante el anuncio de un bloqueo comercial a España?

Dentro de la Unión Europea no ha habido una posición común, como sí hubo con Ucrania. Pero España siempre ha mantenido lo mismo, con Ucrania, con Gaza o con Irán: la defensa del derecho internacional. Ha sido una posición de coherencia que ha conectado no solamente con determinados gobiernos europeos, que han ido girando su posición a lo largo de estos últimos días, sino también con buena parte de la sociedad y la opinión pública europea, que está en contra de una guerra que no va a traer nada bueno y que nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo la guerra de Irak. Habrá proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán, pero creo que no han aprendido nada y que continúan equivocándose en todo.

Von der Leyen plantea que Europa necesita una política exterior más realista y que no se puede confiar en el sistema basado en reglas. ¿Qué le pareció esta propuesta de la presidenta de la Comisión?

Hay elementos de su discurso con los cuales España puede estar de acuerdo. Por ejemplo, el caso de la política comercial o también el respeto al derecho internacional y la soberanía nacional con Groenlandia. Pero desde el punto de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo [Europeo], Antonio Costa. 

‘El mundo de ayer’ es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional, que nos llevó a dos guerras mundiales. El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar.

¿Le llamó Von der Leyen antes de este discurso? ¿Ha hablado con ella recientemente?

No. Evidentemente, es el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Europea. Ayer [por el lunes] sí tuve ocasión de poder hablar con el presidente del Consejo Europeo.

El Gobierno de España ha sido muy claro en su posicionamiento de respeto al derecho internacional. Estamos hablando de soberanía y de integridad territorial. Estamos hablando de paz, de lucha contra la pobreza, de financiación al desarrollo, de políticas climáticas o de cómo regular la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas

¿Y qué debe hacer Europa?

Europa debe enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. Los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional uno mucho más representativo. Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas. No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán. Si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas tendremos que incorporar a grandes naciones como India, el continente africano, China o Brasil, con una representación mucho más amplia en estos organismos.

¿Es viable esa reforma de Naciones Unidas con Rusia y Estados Unidos en contra?

Debería hacerse, porque el orden internacional al final es lo que nosotros queramos que sea y es en el interés de Europa, que no deja de ser un proyecto multilateral, como lo es también el sistema de Naciones Unidas.

Antes definía a EEUU como un aliado. ¿Alguien que amenaza con anexionarse por la fuerza un territorio vinculado a Europa como Groenlandia sigue siendo un aliado?

Desde el Gobierno de España y desde Europa siempre hemos defendido que tenemos que tener una relación transatlántica fuerte. Aunque suene paradójico, ahora mismo reforzar esa relación transatlántica pasa por reforzar el pilar europeo: nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad y nuestra defensa común. EEUU ya ha manifestado claramente que la seguridad europea tiene que recaer sobre los hombros de los europeos. 

Ahí es donde empiezan los matices, porque cuando hablamos de crecimiento y de competitividad la derecha y la ultraderecha plantean desmantelar las políticas climáticas. Los efectos económicos de la crisis en Irán, por el impacto en el petróleo, demuestran que la autonomía estratégica pasa por la transformación energética que está liderando España y que nos hace más competitivos, con el impulso de las renovables. 

Otro ejemplo: nosotros hemos sido también muy contrarios al 5% del PIB en defensa. ¿Por qué? Porque eso no va a potenciar ni a fortalecer la industria europea de la defensa, sino que nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense. 

La oposición le acusa de que su ‘no a la guerra’ es electoralista. ¿Qué le responde?

Que esta guerra no la ha provocado España. Ha sido una guerra impulsada de manera unilateral por dos naciones. Además, nosotros somos coherentes y consistentes con la política exterior que hemos mantenido durante estos ocho años casi de Gobierno. No vamos a resolver la situación de inestabilidad en Oriente Medio con una ilegalidad tan flagrante. 

Feijóo y Abascal dicen que ‘no a todo’ salvo a la guerra y este ‘noísmo’ que practican el PP y Vox no es nuevo. En todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno, desde la pandemia, siempre hemos encontrado a una oposición que se ha definido simplemente por decir ‘no’ a todo, incluso entrando en contradicciones. Dicen ‘sí’ a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, pero ‘no’ a trasladar la solidaridad de España con un país europeo como es Chipre.

¿Cuánto cree que puede durar esta guerra? ¿Qué escenarios manejan en el Gobierno?

Es difícil de prever porque ayer escuchamos al presidente de Estados Unidos decir que le quedaba poco a la guerra. Ahora que también desde la oposición se están planteando medidas socioeconómicas para amortiguar su impacto, creo que la medida menos onerosa y la que más vidas salva es el ‘no a la guerra’. Que esta guerra acabe cuanto antes.

La Unión Europea ya gasta en armamento más del doble que Rusia. ¿Realmente es necesario aumentar el presupuesto militar o es más importante avanzar hacia una defensa común?

Hace falta más coordinación, hace falta más escala y hace falta que seamos más eficientes en el gasto en defensa. El debate no debe ser en primer lugar en qué vamos a gastar, sino si somos capaces los europeos de generar más riqueza. ¿Tiene sentido que las grandes corporaciones digitales estén al otro lado del Atlántico? ¿Tiene sentido que Europa transfiera en torno a 600.000 millones de euros de ahorro al año europeo para financiar el crecimiento económico estadounidense? Todo eso tiene mucho que ver con deberes pendientes en Europa como son la unión de ahorro y de inversiones, la culminación del mercado único energético o también el mercado único digital. 

La gran paradoja y el gran desafío que tiene Europa es que, además de ser víctima de múltiples shocks no buscados –Putin, Ucrania, Estados Unidos, Irán, Gaza...– tenemos a muchos gobiernos en torno al Consejo Europeo, gobernados por la derecha con la ultraderecha, que lo que buscan es renacionalizar políticas que están hoy en manos de los europeos, en vez de avanzar en ese proceso de federalización que es lo que necesita Europa. 

¿Y qué puede ofrecer Europa al mundo?

El poder tiene, según los teóricos, dos palancas: una, el poder duro y estamos hablando de la capacidad militar, pero luego también hay otro poder que es el blando, que es el poder de hacer pedagogía, de influir o estar comprometidos con los grandes debates que afronta la humanidad y donde Europa es referencia. 

Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español

El mundo necesita referencias, consistencia, coherencia, principios y valores. Y eso es Europa. Está en nuestros tratados y es lo que desde el Gobierno de España defendemos. Por eso, cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta. Eso tiene mucho que ver con que hoy España es sinónimo de orgullo, porque somos sinónimo de principios, valores y también de resultados. Estamos demostrando que con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora de nuestras sociedades. 

Con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora

¿Qué le parece el plan francés de aumentar su arsenal nuclear? Usted habla de poder blando y este es el más duro posible. ¿España va a colaborar?

Desgraciadamente, a finales de febrero caducó el tratado internacional que regulaba la no proliferación de armamento nuclear. Y estamos asistiendo a una acumulación mayor de ojivas nucleares en el mundo. Por eso, en la Conferencia de Múnich sobre seguridad, yo manifesté la exigencia de que las grandes potencias nucleares se sentaran a negociar un nuevo tratado para limitar y reducir las capacidades nucleares. Ya con eso le adelanto cuál es la posición del Gobierno de España: no queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada. Por tanto, nosotros no vamos a participar de ese proyecto.

No queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada

Su Gobierno ha pedido levantar las sanciones de la Unión Europea a Venezuela. ¿Confía en Delcy Rodríguez para esa transición?

La presidenta Delcy Rodríguez está dando pasos hacia esa transición que debe culminar con unas elecciones libres, limpias y con todas las garantías que por desgracia no tuvieron las anteriores, como dijo Naciones Unidas. España ha acumulado experiencia histórica como para poder compartir con los venezolanos y venezolanas y que pueda haber una transición democrática donde los propios venezolanos sean, sin interferencias, quienes decidan su gobierno y el futuro de su país.

Hablemos ahora de la política nacional. ¿Da por perdidos los Presupuestos o espera un cambio de posición por parte de Junts?

Nosotros no damos por perdido nada en absoluto, tampoco los Presupuestos. Pero también digo que con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán, como ocurrió con la crisis de Ucrania.

Con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán

Los objetivos en esta legislatura son bien claros: la culminación del proceso de normalización política en Catalunya derivado de la amnistía. La culminación de los fondos europeos, que nos están permitiendo crecer al doble de la media europea y también crear el triple de empleos en 2025 que Estados Unidos. Y finalmente, hay una obligación por parte del Gobierno de coalición progresista de sostener y de ser referencia de políticas que dan respuesta a esta ola reaccionaria que están sufriendo España, Europa y el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, no es que Vox crezca en España porque crece en todo el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, es que existe un Gobierno de coalición progresista que con sus políticas está haciendo frente de manera eficaz y equitativa a esta ola reaccionaria.

En 2018 usted pidió a Mariano Rajoy que convocara elecciones generales si no lograba aprobar los Presupuestos. ¿Por qué ahora ha cambiado de opinión?

Insisto, yo tengo ya mis presupuestos. Es una administración que tiene unos presupuestos que están respondiendo a los objetivos que nos hemos marcado durante esta legislatura. Los presupuestos no dejan de ser un instrumento para alcanzar un fin determinado. Si no obedeciera a esos fines, evidentemente tendría que pensar en otros escenarios, pero no es el caso. 

Ha repetido en varias declaraciones que las elecciones serán en 2027. ¿Por qué descarta completamente un adelanto electoral?

Primero, porque los fondos europeos terminan su último desembolso el 31 de diciembre de 2026. Incorporar un proceso electoral, como son además los procesos de investidura en nuestro país, tan procelosos y dilatados, creo que no obedece al interés general. Nosotros tenemos que culminar con éxito esta gran oportunidad que son los fondos europeos para la transformación de nuestra sociedad y el refuerzo del Estado del bienestar. 

Lo digo por enésima vez, culminaremos esta legislatura y las elecciones serán en 2027

Segundo, creo que no podemos incorporar más incertidumbre a la que, ya que viene de fuera. Hoy España es sinónimo de estabilidad. Las legislaturas son de cuatro años. Así lo establece la Constitución española y, por lo tanto, el Gobierno manifiesta de nuevo, una vez más, por enésima vez, que culminaremos esta legislatura y que las elecciones serán en el año 2027.

¿Confía en un acuerdo sobre financiación autonómica después de la propuesta que ha lanzado su Gobierno?

Yo espero que los grupos parlamentarios sean al menos capaces de permitir la entrada de este debate en el Congreso. Creo que todos los grupos parlamentarios –incluso el Partido Popular, pero ellos están en el ‘noísmo’– deberían permitir la tramitación de este nuevo sistema de financiación autonómica. 

Que se abra el debate, al menos.

Que se abra el debate. No olvidemos lo siguiente, de todos los niveles de la Administración, la que más renuncia en favor del fortalecimiento del Estado del Bienestar es la Administración General del Estado porque va a prescindir de 21.000 millones de euros para que se puedan transferir esos recursos a las comunidades y fortalecer las políticas del Estado de Bienestar que son de su competencia. 

Las cifras macroeconómicas son en España bastante buenas, pero la crisis de vivienda hace que muchos jóvenes y familias no lo noten. ¿Cuándo llegarán los pisos que el Gobierno ha ido prometiendo?

Están, de hecho, llegando esos pisos. Seguro que no con el volumen y número que demanda la emergencia habitacional que vivimos en nuestro país. El Gobierno no solamente ha creado una empresa pública que por primera vez en la historia de la democracia va a ser la impulsora, la promotora de esas viviendas de protección oficial que se van a poner en manos de las familias. También estamos utilizando todos los instrumentos a disposición del Estado. Por ejemplo, el Banco Público, el ICO, ha puesto no solamente a los promotores de viviendas, sino también a las familias jóvenes sistemas de avales, precisamente para poder hacer frente a la entrada de una hipoteca. O también políticas de alquiler. 

Vivimos en un Estado compuesto y existen también materias que son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros hemos habilitado una Ley Estatal de vivienda que ha bajado un 10% el precio del alquiler allí donde se está aplicando, como en Catalunya. Mientras que en otras comunidades, como Madrid, donde abiertamente no se está aplicando la Ley de Vivienda, el precio del alquiler está creciendo por encima del 10%. 

Hay cosas que podemos hacer desde la Administración General del Estado, pero hay otras cosas que tienen que hacer las comunidades. Yo rogaría también a los ciudadanos de esas comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda que interpelen a sus gobiernos autonómicos, porque son los responsables de que no se pongan en marcha todas esas políticas vinculadas con la especulación de la vivienda.

El ministro Carlos Cuerpo ya ha advertido de que se empiezan a notar los efectos de la guerra de Irán en los bolsillos de los españoles. Si la guerra se alarga, ¿qué medidas económicas planean tomar?

Este Gobierno está contrastado en materia de crisis económica. Hemos demostrado que se puede dar una respuesta diferente a la neoliberal que aplicó los recortes durante la crisis financiera. Una respuesta que permite un rebote económico mucho más intenso. Lo hemos vivido durante la pandemia o durante la guerra de Ucrania. Fuimos el primer país de Europa que recuperó los niveles de inflación del 2% después de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Eso tuvo mucho que ver con la respuesta que dimos. 

Nosotros, por supuesto, no avalamos esta guerra en Irán, pero sí que vamos a proteger a nuestros compatriotas y lo vamos a hacer con todos los recursos del Estado. Ya estamos trabajando en un plan de respuesta. Abriremos una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y también con los agentes sociales: con la patronal y los sindicatos.

Cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa

¿Qué tipo de medidas están barajando?

Ese plan tendrá dos pilares. Uno, de respuestas coyunturales a esta guerra desde el punto de vista socioeconómico. Y dos, otro pilar de medidas estructurales, porque creo que la gran lección que tenemos que extraer de la guerra de Putin en Ucrania, o de la guerra en Irán ahora mismo, es que cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa. 

Yolanda Díaz ha renunciado a repetir como candidata y contó que se puso en contacto con usted para comunicárselo personalmente. ¿Qué le dijo?

Son conversaciones privadas.

Lo que se pueda contar...

Lo que le puedo decir, en todo caso, es que Yolanda Díaz es probablemente una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la democracia española. Creo que es de las mejores políticas que tiene ahora mismo España. Y para mí tengo que decirle que me dio pena. Creo que no solamente el espacio progresista, sino también la política española, va a perder uno de sus principales referentes. Yolanda Díaz lo ha sido y lo es. Pero entiendo también que hay un ámbito de decisión personal que corresponde a cada uno. Desde ese punto de vista, lo único que puedo decir es que respeto absolutamente la decisión, que la echaremos mucho de menos y que espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

Respeto la decisión de Yolanda Díaz, la echaremos mucho de menos y espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

¿Le preocupa que esa izquierda llegue fragmentada a las elecciones?

Todos tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que afronta España y lo inédito de la experiencia española: un gobierno de coalición progresista ante una ola reaccionaria que, por desgracia, está expandiéndose en el mundo. Y si tenemos claro cuál es el objetivo –volver a reeditar una mayoría progresista–, todos tenemos que dar el do de pecho y asumir nuestra responsabilidad. 

La del Partido Socialista, le digo yo que la tenemos clara. Yo hablo por el proyecto político al que represento. Mi responsabilidad, mi deber y mi ánimo es volver a presentarme y volver a reeditar una mayoría progresista. Precisamente en esta coyuntura histórica que atraviesan España, Europa y el mundo. Lo que defienden PP y Vox en España es más o menos el mismo discurso que estamos viendo al otro lado del Atlántico. Es una vuelta al pasado que no va a traer nada bueno. Ni a España ni a Europa, como tampoco está trayendo nada bueno al mundo.

¿Qué le pareció la propuesta de Gabriel Rufián de una candidatura unitaria de la izquierda, incluyendo la izquierda nacionalista?

Son debates que demuestran la necesidad de que el espacio progresista sea consciente de que no puede perder de vista el principal objetivo: continuar con una senda de progreso y de avance que ojalá pueda verse intensificada en la próxima legislatura con una mayoría parlamentaria más rotunda de fuerzas progresistas.

Los resultados electorales del Partido Socialista en Aragón y en Extremadura han sido malos y las encuestas pronostican nuevas victorias de la derecha y la extrema derecha, tanto en Castilla y León como en Andalucía. ¿Cree que es responsabilidad de los candidatos o consecuencia del desgaste del Gobierno?

Desde luego no los candidatos, no las federaciones. Creo que todos somos, desde la organización, conscientes de que tenemos que reconstruir los proyectos políticos en determinados territorios después de haber estado dos legislaturas en muchas de estas comunidades. Es el caso de Extremadura y Aragón. No es el caso de Andalucía, ni tampoco de Castilla y León. 

La estrategia del PP y de Vox es bien clara. Ellos son conscientes de que no hay trasvase y, si lo hay, es marginal, de votantes del Partido Socialista hacia la ultraderecha y la derecha. Juegan a la desmovilización del electorado progresista, que se quede en casa. Y para ello utilizan todo tipo de triquiñuelas y de tácticas, como la deshumanización del adversario político. O hacer algunos elementos en los que efectivamente yo he asumido la responsabilidad y actuado en consecuencia, como son algunos casos de corrupción, pues la norma, la categoría. Es algo que nos está costando desde el punto de vista electoral. 

Soy consciente de ello y también soy consciente de que lo importante es cómo respondemos a estos casos de corrupción que nos han sobrevenido: con contundencia, absoluta transparencia y rendición de cuentas. Ahora tenemos que centrarnos. Ser conscientes de que tenemos un objetivo muy importante y es culminar toda esta agenda de avances sociales y repetir esa mayoría progresista.

¿Qué ha fallado para que los dos últimos secretarios de organización del PSOE estén acusados de corrupción? ¿Ha sido un error suyo o del partido?

En primer lugar, y sin ánimo de eludir la responsabilidad, si ha habido un error es de estas personas. Pero en segundo lugar, el error no se socializa: el error lógicamente se personaliza. Y yo lo he dicho desde el primer momento. Ese error, evidentemente, si se tiene que imputar a alguien, es a mí. A partir de ahí, creo que lo relevante es cómo se ha respondido a estas crisis. Antes veíamos connivencia, cuando no justificación, en estos casos de corrupción por parte de otras administraciones. En mi caso, no solamente he pedido perdón, sino que he actuado en consecuencia. 

Abalos y Cerdan: “Es un error mío pero lo relevante es cómo se ha respondido”

Su hermano se sentará pronto en el banquillo y su mujer lleva dos años imputada por cinco delitos. ¿Cómo valora estos procesos judiciales? ¿Sigue confiando en la justicia después de ellos?

Mi deber como presidente del Gobierno, evidentemente, es el de pedir a la justicia que haga justicia. Y desde luego, en el caso de mi hermano y de mi mujer, como marido y como hermano, pues trasladarles todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo.

Traslado a mi mujer y mi hermano todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo

¿Gestionó bien el PSOE y la Moncloa las denuncias de varias mujeres contra su antiguo asesor, Paco Salazar?

Creo que esta pregunta la hemos respondido tanto yo personalmente como la organización. Lo importante es que la organización tiene un protocolo antiacoso, que se está trabajando en su mejora y que antes o después hemos respondido a las exigencias que el movimiento feminista y, por supuesto, también las víctimas de estas supuestas agresiones han podido sufrir. A partir de ahí, creo que es como la noche y el día lo que hace la izquierda y la derecha, como es el caso del Partido Popular con el Ayuntamiento de Móstoles.

¿Se plantea el Gobierno indultar al fiscal general?

Siempre que hemos hablado de indultos, efectivamente, son plenamente constitucionales. Ahora mismo está en tramitación por parte del Ministerio de Justicia y cuando llegue el momento, el Gobierno se manifestará al respecto. Lo que sí creo que es importante es no olvidar cuál ha sido el posicionamiento del Gobierno de España sobre esta sentencia, que evidentemente respetamos pero no compartimos.

¿Cree conveniente que el rey emérito regrese a España?

No deja de ser curioso que este debate se haya sustanciado como consecuencia de la desclasificación de los archivos del 23F.

Antes de conocerse su contenido, le acusaban de estar intentando un golpe republicano.

Por eso digo que siempre que el PP y Vox posicionados en el ‘noísmo’: cualquier cosa que hagamos siempre se van a manifestar en contra hasta incluso cuando sea en contra de los intereses de España, como es por ejemplo el posicionamiento de la guerra de Irán o dotar de mayor transparencia a nuestra democracia, precisamente con la desclasificación de los papeles del 23F. 

Dijeron eso, dijeron también que era una cortina de humo. Y finalmente, cuando se vio el resultado de ese compromiso que asumimos con un escritor como es Javier Cercas, con la democracia española y con muchísimas asociaciones que así lo pedían, pues realmente lo que se conoció o lo que se supo es lo que ya sabíamos antes de esa desclasificación. 

En lo que respecta a la vuelta o no vuelta del rey Juan Carlos a España. Corresponde a la Casa Real. Desde luego, el posicionamiento que ha manifestado cuenta con mi respaldo y con mi respeto.

Entrevista completa a Pedro Sánchez:

Vídeo: Salvador Fenoll y Alejandro Corral

Es un lugar común en titulares de prensa, uno de los epicentros del poder político y, sin embargo, un gran desconocido para la mayoría de las personas con las que comparte ciudad. El espacio del que hablamos es, claro, La Moncloa. Para arrojar luz sobre sus instalaciones y su funcionamiento, desde 2018 el programa Moncloa Abierta organiza visitas guiadas que permiten conocer el complejo al detalle en recorridos de 90 minutos: las oficinas de Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación o el Departamento de Seguridad Nacional. Y ojo, porque la próxima convocatoria de solicitudes está a punto de abrirse.

Será este mismo martes a las 11.00, según detalla Moncloa Abierta en una nota de prensa, cuando las plazas gratuitas se pongan a disposición en un formulario en este enlace (que detalle también el proceso completo o las condiciones que pueden limitar la presentación de solicitudes). Hay que apuntar bien la hora y conectarse a tiempo, porque normalmente se agotan en menos de un minuto. La escasa oferta y la alta demanda explican lo cotizado del plan, abierto a cualquier persona mayor de edad y a menores acompañados de un adulto

A la hora de aplicar, existen tres tipos de solicitud. Por un lado la individual sin acompañante, para grupos de 25 personas. Luego la individual con acompañante (de dos a nueve personas), también en grupos de 25. Por último, la solicitud de grupos culturales, sociales o educativos de entre 10 y 25 integrantes, cuyo solicitante figurará como la persona responsable. Cuando el formulario quede habilitado a partir de las 11.00 de este martes, es recomendable disponer con antelación de los datos necesarios para completar la solicitud (nombre completo, DNI y fecha de nacimiento de todas las personas visitantes). Desde Moncloa Abierta recomiendan igualmente, debido a la alta demanda,  refrescar la página cada cierto tiempo para comprobar si se han liberado plazas por desistimiento de otras personas solicitantes.

Una vez la plaza quede concedida, los grupos de visitantes serán convocados cuando sea posible, atendiendo a la agenda institucional en la Presidencia del Gobierno. En la inscripción, se requerirán datos sobre la preferencia de horario (mañana o tarde), que servirán para establecer un perfil de solicitante. Teniendo en cuenta la alta demanda de solicitudes, el perfil será considerado de cara a ofrecer un día u hora, pero no será un factor restrictivo para asignar un turno. Al asignarse la cita, la propia Moncloa Abierta establecerá contacto con la persona solicitante mediante correo electrónico. En caso de no poder aceptar la fecha ofrecida o no tener respuesta por su parte, la solicitud pasará a una lista de espera.

En cuanto al día de la visita, al menos la mitad de los asistentes deberán presentarse en el punto de encuentro hasta diez minutos antes de la hora de comienzo asignada. En caso contrario, la organización se reserva el derecho de cancelar o posponer. En Moncloa Abierta recuerdan por último que, atendiendo a la agenda institucional, la visita podría sufrir cambios, y, en determinadas circunstancias sobrevenidas, ser suspendida. Un aviso que dan a la hora de planificar desplazamientos, especialmente en el caso de quienes deseen aputarse desde fuera de la Comunidad de Madrid.

El asalto al cielo industrial de los hermanos Escribano —a través de la probable integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)— ha abierto uno de los debates más delicados del año en España. Lo que nació como el sueño de un “campeón nacional” de defensa en plena escalada del gasto militar europeo, se ha convertido en un caso de libro sobre conflictos de interés, gobernanza y control del poder corporativo. Es un auténtico dolor de cabeza para La Moncloa, para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y para el propio consejo de administración de Indra. Las tres partes llevan meses barruntando cómo llevar a cabo una operación que casi todos los círculos económicos y empresariales —incluso los más críticos con las formas— le ven sentido desde un punto de vista industrial. 

La singularidad del movimiento radica en que la familia propietaria de EM&E, los hermanos Ángel y Javier Escribano, no solo aspira a integrar su empresa en Indra, sino que uno de ellos, Ángel, se sienta en el consejo y preside la compañía. Lo nombró el Gobierno hace un año y medio, tras la marcha de Marc Murtra (que era presidente de Indra) a Telefónica en sustitución del cesado José María Álvarez-Pallete. Un movimiento “sorprendente”, según varias fuentes consultadas, cuando La Moncloa ya tenía la idea de llevar a cabo la operación, como así ha reconocido el propio consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

Ángel Escribano ha defendido desde el minuto uno la necesidad de ganar masa crítica para competir en los grandes programas europeos y consolidar capacidades tecnológicas en sistemas, sensores y electrónica avanzada. Desde esa lógica, una fusión o integración profunda tendría sentido industrial: permitiría unir músculo tecnológico, acelerar sinergias y reforzar la posición internacional del grupo. El problema es que la operación no se produce entre sociedades independientes, sino entre una empresa cotizada estratégica y la sociedad privada de su propio presidente que podría reforzar estructuralmente el peso de la familia en el grupo resultante. Eso ha encendido todas las alarmas en los ministerios económicos y en buena parte del sector. 

El Estado tiene la llave de todo porque, a través de la Sepi, es el principal accionista de Indra, con el 28% del capital. EM&E controla el 14,3%. Otro accionista relevante, aunque significativamente más pequeño que los anteriores, es el grupo industrial vasco SAPA Placencia Holding, de la familia Aperribay. Junto con un grupo de consejeros independientes, SAPA se opone a la operación, especialmente a la idea de que Indra adquiera o fusione EM&E.

“Sin sospechas y manteniendo el control”

El debate no es solo empresarial. El Estado considera a Indra un activo estratégico, igual que Telefónica, que controla a pachas con La Caixa, con un 10% cada uno. Pero no quiere que la operación con Escribano se lleve a cabo de cualquier forma. “No puede haber ni la simple sospecha de corrupción o conflicto de interés y, en paralelo, el Estado tiene que mantener el control como accionista de referencia de la empresa resultante”, asegura una fuente conocedora. “Encajarlo todo no es fácil pero o es así o no hay operación”, añade.

 El mercado está mirando, hasta el punto de que el PP, que hasta ahora no había abierto la boca al respeto, hace diez días aseguró, a través de su vicesecretario económico del partido, Alberto Nadal, que estará “altamente vigilante” a la operación y a las asignaciones de contratos “sin concurso público” a Indra, sin descartar acudir a los tribunales si detectan alguna cuestión que “no fuera legal”.

En la Moncloa llevan ya algún tiempo con las líneas rojas trazadas. En primer lugar, que no haya conflicto de interés y que la valoración de EM&E sea impecable para que no pueda cuestionarse. Por otro lado, que la integración no se lleve a cabo mediante una fusión por absorción. Eso implicaría que Indra ampliaría su capital con la emisión de acciones nuevas que se entregarían a EM&E y, en consecuencia, la participación de la Sepi en la nueva empresa se diluiría y el Gobierno perdería el control en favor de los Escribano, transformándolos de proveedores en dueños y señores de la mayor empresa de defensa del país. El abrazo del oso.

Esa es la opción preferida por la familia Escribano, pero es solo una de las alternativas que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, presentó en el último consejo de administración, celebrado a finales de enero, con el objetivo de que la operación acabe cristalizándose, según fuentes conocedoras. 

Una filial de defensa para Indra

Hay otras dos que gustan más a la Sepi. Una es que Indra acabe comprando una parte mayoritaria de EM&E (con el 51% bastaría) para convertirla posteriormente en una filial. El problema es que eso supondría que la familia Escribano se quedaría en minoría tanto en una como en otra compañía, y no parece que vayan a aceptarlo. La otra, que es la preferida del Gobierno, es que Indra cree una filial solo de defensa y que la fusión con EM&E la lleve a cabo esa filial, pero el control lo seguiría teniendo la matriz, Indra, controlada por la Sepi y manteniendo la misma estructura accionarial. 

Cada una de las opciones redistribuye poder de forma distinta. La primera maximiza integración y sinergias, pero eleva la tensión; la segunda es un punto intermedio con exigencias estrictas de gobernanza; la tercera es la más cómoda para el Ejecutivo, aunque quizá menos ambiciosa en términos industriales. Ángel y Javier Escribano están abiertos a escuchar todas las propuestas, según fuentes cercanas citadas por Expansión. 

Indra las debatirá en el consejo de administración convocado para este miércoles, 25 de febrero, el mismo día que presentará los resultados anuales correspondientes a 2025. Las expectativas son “buenas”, han dicho a EFE fuentes conocedoras, que no han querido anticipar datos, pero que han recordado que ya se han sobrepasado las previsiones marcadas en el plan estratégico.

Además, ya se han firmado los contratos previstos correspondientes a los Programas Especiales de Modernización (PEM) con el Ministerio de Defensa.

En total, se le han concedido más de 16.000 millones de euros en préstamos directa o indirectamente a la compañía repartidos en varios contratos, algunos de los cuales han sido llevados por parte de la empresa Santa Bárbara a los tribunales.

El ruido y las presiones no cesan, pero los Escribano no están solos. El fondo activista Third Point entró en el capital de Indra la semana pasada defendiendo que la integración generaría valor. En una carta remitida a la Sepi, el director ejecutivo del fondo, Dan Loeb, advierte de que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

El fondo Amber Capital, controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, dueño del grupo Prisa, también respalda la operación en los mismos términos que los Escribano. Sorprendió hace unos días la venta del 2% de las acciones de Indra, hasta quedarse con el 5% del capital. La operación, si finalmente se lleva a cabo, se tendría que votar en el futuro en una junta de accionistas, por lo cual todos los porcentajes —también el de Amber— serían claves.

Las acciones de Indra subieron un 5,7% la semana pasada, hasta cerrar el viernes a un precio de 54,05 euros. En los últimos 12 meses, la acción ha subido más del 188%, lo que le ha otorgado a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros.

El papel de De los Mozos

En medio de todo este pulso, la figura de José Vicente de los Mozos, próximo al PP pero que mantiene una estrecha relación con el hoy ministro Óscar López, trata de hacer equilibrismos con todos los focos apuntándole.

El consejo de administración de Indra creó un protocolo para regular la posible operación con EM&E y evitar el conflicto de interés que afecta a la familia Escribano. Hasta ahora se conocía la salida de los dos hermanos de las reuniones del consejo cuando se aborde el tema y la creación de una comisión ad hoc formada por consejeros independientes. Este viernes se conoció que Indra otorga poderes al consejero delegado para que “presente los términos de la Operación al Consejo de Administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra” y al consejo para pactar la fusión con Escribano sin la aprobación de la comisión independiente, según reza el protocolo publicado este viernes por Indra por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El desenlace de este culebrón corporativo y político podría marcar el mapa de la defensa española para la próxima década. Mientras tanto, en algunos mentideros financieros suena con fuerza un nombre, el de Ángel Simón, directivo próximo al socialismo y defenestrado hace diez meses por Isidro Fainé al frente de CriteriaCaixa, el holding industrial de Fundación La Caixa, como posible relevo para una presidencia que ha quedado demasiado expuesta al conflicto de intereses. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado su compromiso y el del Ejecutivo para caminar hacia la igualdad real del pueblo gitano en España y luchar contra la discriminación que sufren especialmente en las redes sociales.

En un acto con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España celebrado en la Moncloa, Sánchez ha puesto en valor la aportación de este pueblo a la cultura y la historia del país, y aunque ha apuntado que se han logrado muchos avances para conseguir la igualdad real, ha reconocido que aún queda mucho camino por recorrer.

Así, ha señalado los “siglos de discriminación y antigitanismo” que “no se borran en unas décadas”, ya que “persisten desigualdades”, en vivienda, empleo o educación, que afectan con más fuerza a las mujeres, y “estereotipos que hieren y limitan oportunidades”.

Una discriminación que, según ha subrayado, se da hoy especialmente en las redes sociales, en las que “arrecian discursos de odio” frente a los que, ha dicho, él estará enfrente.

Sánchez ha subrayado que el pueblo es “parte intrínseca” de la historia de España, del “presente y del futuro” del país, así como de su identidad, su cultura, su forma de sentir, hablar o crear. “España no se podría entender sin la huella del pueblo gitano”, ha aseverado.

El jefe del Ejecutivo ha considerado que a pesar de los siglos de discriminación que ha sufrido este pueblo, ha resistido y ha demostrado convivencia y coexistencia.

También ha recordado que la lengua de los gitanos, el romaní, estuvo prohibida en España durante mucho tiempo y ha defendido la necesidad de protegerla.

Seis siglos después de su llegada a la península ibérica, el pueblo gitano pide algo “sencillo”, ha dicho Sánchez. “Respeto, igualdad y reconocimiento y el Gobierno de España y yo mismo nos comprometemos para que sea una realidad”, ha añadido.

El acto, bajo el título “Gelem, Gelem” (en honor al himno internacional del pueblo gitano) ha reunido a personalidades de la cultura, la política, la universidad y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural.

Durante el homenaje, conducido por la poeta almeriense Noelia Cortés y que ha contado con actuaciones de varios artistas flamencos como Lela Soto, María Terremoto, Israel Fernández y Diego del Morao, Sánchez ha impuesto la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Pepe Habichuela y Lolita Flores, y la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a Juan de Dios Ramírez Heredia, Emilio Fernández de los Santos “Caracafé” y Teresa Peña.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, ha ordenado una nueva batería de diligencias en busca de indicios de delito de malversación que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno y a su asistente en la Moncloa. En un auto fechado este 6 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado insta a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, a que le facilite en un plazo “improrrogable de diez días” el registro de todos los vuelos realizados por ambas desde julio de 2018. 

Exige que concreten “específicamente” los desplazamientos a destinos como República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y la Federación de Repúblicas Rusas. Peinado argumenta que quiere comprobar si esos viajes eran institucionales o “para cuestiones meramente privadas”. Justifica esta petición por la negativa tanto de Gómez como de su asesora a entregar voluntariamente sus pasaportes. Fuentes próximas a las investigadas aseguran a elDiario.es que la asistente Cristina Álvarez no ha viajado con Begoña Gómez a ninguno de esos destinos.

Además, el magistrado reactiva la petición de recabar todos los correos de la dirección utilizada en Moncloa por Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno después de que la Audiencia Provincial le reprochara que no había razonado esa instrucción. El juez da diez días a la Moncloa para remitir esos correos y advierte de un posible “delito de desobediencia judicial” si no se entregan en ese plazo.

Ahora, Peinado afirma que esa medida es “necesaria e idónea” y subraya que es “menos gravoso” que registrar su domicilio. El juez sostiene que “no existe” otra forma de comprobar si Begoña Gómez usó un correo corporativo oficial de la Presidencia del Gobierno para “actividades estrictamente privadas”.

En su escrito, Peinado defiende que se ve abocado a acudir “a otras vías de investigación” debido a la “escasa o casi nula colaboración” de la esposa del presidente del Gobierno. Y alude, en este punto, a su decisión de acogerse a su derecho a no declarar en la mayoría de sus citaciones ante el juez e incluso al hecho de que Sánchez optara también por su derecho a la dispensa de declarar en las causas a los parientes directos de los investigados, entre ellos, los cónyuges. 

El juez apunta además, que la documentación recabada, tanto los correos como los registros de vuelo, será remitida a la Sección de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que la analice.

El Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, ha tumbado este martes el decreto que, entre otras medidas, recogía la subida de las pensiones. Las tres derechas han votado en contra de la medida entre críticas al Ejecutivo por mezclar varios temas en un mismo paquete, entre otras la ampliación del bono energético y la prohibición de los desahucios a familias vulnerables en 2026. Precisamente este último es un punto que rechazan tanto la derecha catalana como las españolas.

Tanto Junts como el PP de Alberto Núñez Feijóo han insistido en separar la subida de las pensiones de otros asuntos que también van en el decreto aprobado por el Gobierno. Y el Ejecutivo se verá obligado a precisamente eso para sacar adelante la revalorización: aprobar un nuevo texto específico para que los pensionistas no vean en ningún momento revertida la subida que automáticamente ha decaído con el rechazo al decreto social, este martes, en el Congreso.

El Ministerio de Seguridad Social ha mandado un “mensaje de tranquilidad a los pensionistas” y ha dicho que el Gobierno “trabaja intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos” y cumplir su “compromiso inquebrantable” para que se revaloricen las pensiones “a pesar de la irresponsabilidad mostrada hoy por algunos grupos parlamentarios”.

“Estos grupos tendrán que explicar por qué han decidido no apoyar la revalorización y dejar en vilo a casi 10 millones de personas”, añaden fuentes del Ministerio.

¿Qué pasa con las pensiones de febrero?

El escenario que se abre ahora es de un vacío legal en numerosos aspectos. Las pensiones de enero ya se abonaron, por lo que su revalorización no está en duda. ¿Pero qué pasa con las de febrero? Legalmente, ahí no se les aplicaría la subida del 2,7% aprobada a finales del año pasado, ya que estaría derogada. Tampoco estará en vigor la extensión de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 o el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el recargo sobre las nóminas para llenar la hucha de las pensiones.

El año pasado, en Moncloa se remangaron y pocos días después cerraron un acuerdo con Junts en el que recuperaron gran parte del ómnibus que había decaído pocos días antes. Si el Congreso rechazó la norma un miércoles, el martes siguiente el Consejo de Ministros aprobó otro Real Decreto-Ley que eliminó cualquier atisbo de duda.

El Real Decreto-Ley es una norma que elabora el Gobierno y que entra en vigor en el momento de su publicación. Pero tiene que ser validada por el Congreso en un plazo de 30 días desde su aprobación y está pensada para situaciones de extraordinaria urgencia.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia en la que solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un nuevo informe con la información que le ha remitido una empresa implicada en su momento en el software para la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez. En esa información remitida al juzgado, Making Science Group S.A incluye un listado de reuniones y participantes de lo que se desprende que Begoña Gómez asistió a 22 reuniones con la empresa y que en tres de ellas también estuvo su asistente, Cristina Álvarez, a quien un tribunal popular juzgará junto a la mujer del presidente del Gobierno por un delito de malversación, relacionado con el desvío de fondos públicos que supusieron presuntamente algunos de los trabajos de la empleada.

La propia empresa presenta la documentación como el “listado de reuniones mantenidas, personas convocadas y ausnot de las mismas”. Asegura que se trataba de reuniones de carácter “eminentemente técnico y mayormente de seguimiento de avance de proyecto” y que “no se levantaba acta formal”. “A las reuniones asistían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados de desarrollar el proyecto”, añade la compañía.

Según el citado listado, las 22 reuniones se celebraron entre 19 de abril de 2022 y el 7 de febrero de 2024. En ellas participan miembros de Making Science y de otras empresas implicadas en el proyecto y cuyos representantes han sido llamados al juzgado por Peinado en varias ocasiones, caso de Google, Telefónica o Deloitte. En ocasiones el organizador es un miembro de la Universidad Complutense y en otras son las empresas implicadas las que convocan.

En dos de las tres reuniones que participó Cristina Álvarez el método fue la videoconferencia. Solo una vez la asistente se desplazó, también junto a Begoña Gómez, a la sede de Making Science. Fue en el último encuentro, celebrado el 7 de febrero de 2024, donde asiste igualmente Begoña Gómez, tres representantes de la emprea y otra persona a la que no se identifica de dónde procede. Tuvo lugar dos meses antes de que Peinado abriera la causa contra Begoña Gómez, en abril de 2024.

“En esta reunión se plantea a Making Science continuar el desarrollo del proyeto en una segunda fase. Desdpués de la reunión, Making Science envió un presupuesto para la segunda fase del proyecto y no se obtuvo respuesta”, escribe la compañía en el escrito al juzgado. Las reuniones estaban dirigidas a la puesta en marcha de un software de uso gratuito para la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Complutense y por la que no cobraba.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes una parte del Palacio de La Moncloa, la llamada Sala del Reloj, en un vídeo difundido por la plataforma TikTok en la que se ha puesto “en plan Isabel Preysler” para acercar la sede del Ejecutivo a la ciudadanía.

Ataviado con traje y chaleco, pero sin corbata, Sánchez informa de que va a hacer “un pequeño 'house tour' (una visita guiada en jerga de redes sociales) por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preysler” y muestra la Sala del Reloj, llamada así porque está presidida por un reloj de cuerda.

El jefe del Ejecutivo relata que en el lugar que muestra los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González presidieron sus Consejos de Ministros, hasta que el socialista construyó lo que hoy se conoce como el edificio de los Consejos. “Aquí pasaron muchas cosas al principio de la democracia”, comenta, y anima a los espectadores a buscar fotos de la época.

Sánchez finaliza el vídeo deseando que “haya gustado” a los ciudadanos y pidiendo “comentarios”. Si la respuesta es positiva, se animará a enseñar otras partes de La Moncloa, finaliza.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una de las decisiones clave del juez Juan Carlos Peinado en los últimos meses: llamar a declarar a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, acusadas de un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal considera “dudoso” e incluso potencialmente delictivo que Álvarez sea “amiga íntima” de la esposa del presidente del Gobierno y no un “funcionario experto” y avala que se investigue si existió una “desviación de sus funciones” para, por ejemplo, ayudar a Gómez en la organización de su trabajo en la Universidad Complutense.

La Audiencia asegura: “Sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza” y para atender a sus “intereses particulares”. Jaime de los Santos, hoy diputado del PP, ejerció estas mismas labores para Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, fotografiado incluso llevando bolsas de compras para ella. De los Santos, según su currículum, no es “funcionario experto en protocolo”.

Que apenas enviara unos pocos correos relacionados con la Complutense a lo largo de los años, explica la Audiencia, “resulta irrelevante” porque ese “no es el único medio” para descubrir si iba o no más allá de su trabajo en la Moncloa. “La labor investigadora se dirige a determinar la desviación de sus funciones en el interés particular de ambas investigadas, entendiéndolo no en el desarrollo de una actividad privada, sino en aquella que sirve para montar un entramado de beneficios personales”.

El tribunal madrileño ya había avalado en resoluciones anteriores que Peinado investigara por malversación el hecho de que Cristina Álvarez, asesora contratada en Moncloa para ayudar a Begoña Gómez, gestionara asuntos relacionados con su cátedra y sus másters en la UCM. Pero es una ramificación del caso que se ha encontrado con varios varapalos de tribunales superiores contra los intentos de Peinado de escalar el caso hasta la Moncloa y varios altos cargos.

El último archivo, obligado por la Audiencia Provincial, fue recientemente para la imputación de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid y entonces alto cargo en la Moncloa. Previamente el Tribunal Supremo también había rechazado imputar al hoy ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su papel en la contratación de Álvarez. El proceso de contratación, recuerda ahora una vez más la Audiencia Provincial, no está bajo sospecha.

La Audiencia reitera en este nuevo aval a Peinado que la investigación debe determinar si Álvarez iba más allá de sus funciones como asesora para promover el supuesto plan criminal que el juez atribuye a Begoña Gómez: usar su matrimonio con Pedro Sánchez para promocionar una cátedra por la que no cobró. Según los cálculos de la Fiscalía, las colaboraciones de Gómez con la UCM arrancaron en 2012 –seis años antes de que Sánchez fuera investido presidente– y le reportaron unos 40.000 euros de beneficio hasta 2022. A una media de 4.000 euros por año.

“Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente”, dice este auto sobre Cristina Álvarez. La instrucción del caso, añade, “sigue viva”, lo que implica que este mismo tribunal tendrá que revisar en un futuro si el caso merece o no llegar a juicio ante un tribunal popular. “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”, llega a asegurar el tribunal.

Un caso camino de juicio

La causa que arrancó hace algo más de año y medio por una denuncia de Manos Limpias plagada de recortes de prensa y un bulo va camino de sentar en el banquillo, ante un jurado popular, a la esposa del Presidente del Gobierno. De las primeras pesquisas sobre su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, su actividad profesional en el África Center y su trabajo en la Complutense la línea de investigación que avanza hacia juicio es la que tiene que ver con su asesora.

A lo largo del último año, la Audiencia Provincial ha obligado a Peinado a levantar la imputación de varias personas: del rector de la UCM Joaquín Goyache, del empresario y exconsejero madrileño Juan José Güemes, entre otros, además de haber sancionado su tendencia a imputar a alguien a quien previamente ha llamado a declarar como testigo.

Otra de las líneas de investigación tiene que ver con su trabajo en la UCM, una colaboración que arrancó en 2012, y la gestión de una cátedra extraordinaria. Recientemente tanto la interventora del centro universitario como una asociación de Abogados del Estado consultada han explicado al juez que es legal que Begoña Gómez, entre otras cosas, firmara pliegos de contratación para la cátedra.

El coronel Pedro Merino Castro será el nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzan a elDiario.es fuentes del instituto armado. Merino Castro ha ascendido a coronel desde su anterior puesto al frente de la Comandancia de Salamanca.

Merino Castro estuvo destinado en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales. Este departamento es el encargado de investigar los casos más mediáticos, como el que afecta al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y al frente del mismo se encuentra el teniente coronel Antonio Balas. 

El coronel Pedro Merino Castro también fue asesor de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil. En 2013 fue a Zarzuela, donde ejerció de ayudante de campo del Príncipe Felipe y también una vez coronado. De allí fue destinado al departamento de Seguridad Nacional en el Palacio de La Moncloa, en 2017, donde permaneció hasta noviembre de 2022. Luego llegó a la Comandancia de Salamanca. Merino Castro sustituye a Rafael Yuste, ascendido recientemente a general, y que había sido nombrado jefe de la UCO por el actual Gobierno.

Lo que no se hizo en cinco meses se hará en poco más de una semana. El PSOE tiene previsto cerrar la investigación del caso Salazar en los próximos días y reunir de nuevo a las responsables regionales de Igualdad para serenar los ánimos entre las mujeres socialistas, que han demandado explicaciones y una acción contundente contra el acoso sexual y el abuso de poder que se le atribuye al exasesor de La Moncloa. 

De momento, las dos víctimas que denunciaron al ya exsocialista no han recibido noticias de la comisión antiacoso, más allá de que el pasado martes, después de que elDiario.es revelara que sus denuncias se habían volatilizado, sí se les remitió un mail para hacerles saber que el partido se ponía a su disposición, que la investigación seguía abierta y que las irían informando del desarrollo y las conclusiones de la misma.

Las dos mujeres denunciantes fueron contactadas entonces por ese canal interno para poner en marcha la tramitación que estipula el protocolo antiacoso de los socialistas. Recibieron sendas notificaciones que certificaban que sus escritos habían sido admitidos a trámite, cinco meses después. Y que, por tanto, la investigación echaba a andar después de casi medio año de no haber obtenido respuesta alguna. Tal y como adelantó en exclusiva este periódico, las denuncias datan del 8 y del 28 de julio, respectivamente, y llegaron a desaparecer del sistema informático del Partido Socialista durante varias semanas.

El órgano contra el acoso es autónomo de la dirección federal y desarrolla sus funciones de forma independiente del resto de los órganos, por lo que no puede recibir instrucciones de ningún tipo, según establece el artículo 7 del protocolo antiacoso del PSOE. Está integrado por especialistas en la materia, que fueron nombrados por la Comisión Ejecutiva Federal del 7 de julio de 2025, si bien como consecuencia del escándalo Salazar se ha decidido reforzar su composición con un experto jurídico especialista en feminismo cuya identidad también se desconoce por el momento.

La intención ahora es zanjar el asunto antes de Navidades, después de que Sánchez y Montero decidieran el domingo destituir de sus funciones en La Moncloa y en la dirección regional del PSOE de Andalucía a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar a quien las víctimas señalaron en sus denuncias como encubridor necesario para que el ex alto cargo actuara con absoluta impunidad con sus subordinadas. 

Tanto el director de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, como la vicepresidenta primera y líder de los socialistas andaluces entendieron, después de que el domingo elDiario.es desvelara también que Antonio Hernández había sido citado en las denuncias de las víctimas, que debían adoptar una decisión drástica porque el que fuera número dos de Salazar no solo había tapado las actitudes de su jefe, sino que en todo momento les restó importancia ante las subordinadas de ambos. 

El clan sevillano del PSOE que controla la organización no ha aceptado de buen grado el cese fulminante de Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y como responsable de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva de la Ejecutiva regional de Andalucía. Del mismo modo, tampoco creyó el pasado julio en las denunciantes que se pusieron en contacto con elDiario.es, por lo que se prevé que sus movimientos abran una nueva crisis en el socialismo andaluz que ahora lidera María Jesús Montero.

No han sido los únicos que han aprovechado el escándalo Salazar para “ajustar cuentas con el pasado” y “tomar posiciones para un futuro sin Sánchez”, aseguran fuentes socialistas. Que el presidente del Gobierno asumiera en primera persona la responsabilidad de lo ocurrido para evitar señalamientos contra la secretaria de Organización, Rebeca Torró, o la de Igualdad, Pilar Bernabé, no ha sido suficiente para los llamados “críticos de guardia”, que es como se refieren en la dirección a todas aquellas y aquellos “que supuran por alguna herida” y han decidido ponerse a la cabeza de la indignación. En este sentido, se señala a Adriana Lastra, actual delegada del Gobierno en Asturias, que fue de las primeras en exigir que se llevara el caso a la Fiscalía ante lo que consideró un claro ejemplo de “violencia contra las mujeres”.

Quien fuera vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria ha aprovechado el caso Salazar para atribuir al “machismo” de sus correligionarios su salida de la primera línea de la política, si bien fueron otros muy distintos los motivos que llevaron a Sánchez a perder la confianza en ella, según admitieron antaño fuentes cercanas al presidente. Ella sostiene, no obstante, que el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán orquestó una operación “de acoso y derribo” contra ella estando embarazada en 2022 y que fue eso lo que la llevó a dimitir. Hoy, como entonces, en La Moncloa y en la dirección federal, se barruntan que la delegada del Gobierno en Asturias “busca recuperar influencia en el partido apoyada por las voces feministas y con la vista puesta en el post sanchismo”. 

Sea como fuere, no fue Lastra ni la federación asturiana, tal y como se ha escrito, quien forzó la reunión telemática que la semana pasada se vio obligada a convocar la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, para dar explicaciones de lo ocurrido a sus homólogas de las distintas federaciones. La primera en exigir el encuentro a través del grupo de WhatsApp que comparten las responsables de Igualdad de todas las federaciones fue la gallega Silvia Fraga, según confirman varias integrantes de ese grupo. Una cita que, lejos de calmar el malestar, provocó aún más indignación entre algunas de las asistentes, cuando Bernabé decidió cortar sus intervenciones en unos casos y no darles la palabra, en otros.

“La coherencia no puede reducirse a un mero recurso discursivo, pues se trata de una condición necesaria para sostener la credibilidad de cualquier proyecto político; y por ello resulta injusto, pero también injustificable, que cuando se evidencian actuaciones contradictorias con los principios y valores que nos permiten avanzar hacia la democracia plena, parezca que debamos ser las mujeres las que demos las explicaciones que no nos corresponden”, escribieron Andrea Fernández, portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso; Carmela Silva Rego, portavoz de la Comisión de Seguimiento de la Violencia de Género en el Senado; y Araceli Martínez, vicepresidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, en un artículo publicado en El País este domingo.

Las feministas del PSOE subrayan la contradicción entre lo que el partido dice defender en público (al feminismo y a las mujeres) y las prácticas desveladas por este periódico, que “debilitan la credibilidad” del partido en esta materia, y exigen determinación para generar entornos protectores con los agresores o silenciar a las víctimas.

En La Moncloa y en el PSOE son conscientes de que el asunto es nuclear para la credibilidad del proyecto político en un momento ya de por sí especialmente delicado para Sánchez por los casos de corrupción de sus dos ex secretarios de Organización. Pero, pese a reconocer errores, no están dispuestos a aceptar lecciones de feminismo del PP del caso Nevenka o el caso Paloma Lago. 

Y es que los de Feijóo han anunciado que llamarán a Francisco Salazar a comparecer en la comisión sobre el caso Koldo, una investigación que empezó siéndolo sobre las comisiones cobradas por la compra de mascarillas en pandemia, luego se amplió a la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, más tarde añadió el rescate de Air Europa y ahora se ha convertido en un cajón de sastre en el que la derecha, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, mete todo lo que le viene en gana.

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste Arenillas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzan a elDiario.es fuentes del instituto armado. El ascenso conlleva la salida de Yuste de la unidad especializada, entre cuyos cometidos tiene el de las investigaciones más importantes en materia de corrupción.

Una costumbre no escrita en la Guardia Civil hace que los coroneles pasen al menos dos años con esa graduación antes de realizar un curso de ascenso y ser evaluados. Yuste superó la primavera pasada el curso, realizado junto a otros miembros de su promoción, de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden).

Con posterioridad, el coronel Yuste ha sido evaluado quedando el número 1 de su promoción. Esa calificación es tenida en cuenta por la Dirección General del Cuerpo en algunas ocasiones, aunque no siempre. Ocurrió con el coronel Diego Pérez de los Cobos, también el número 1 de su promoción, pero que nunca fue ascendido a general.

Las fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a que con Rafael Yuste se han respetado los plazos, pero puntualizan que el ascenso se podía haber dilatado más y que en este caso se ha actuado con agilidad. Antes que él han ascendido otros tres coroneles, uno en verano y dos en octubre. Junto a Yuste también asciende ahora el evaluado en segunda posición en su promoción.

La UCO está en el centro de la tormenta política desde que estalló el caso más grave de corrupción contra el Gobierno del PSOE, que ha llevado a prisión provisional durante meses a su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y que mantiene en la cárcel, también de forma preventiva y desde el pasado jueves al antecesor a este, José Luis Ábalos.

Esta investigación, dirigida por el juez del Tribunal Supremo o la controvertida actuación en el caso del fiscal general del Estado han sido dirigidas por un subordinado de Yuste, el teniente coronel Antonio Balas, que seguirá al frente del Departamento de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El coronel Balas apenas ha informado a sus superiores de los avances en las pesquisas al tiempo que se reúne periódicamente con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y con el juez del caso, Leopoldo Puente, para darles cuenta de sus avances.

El juez Juan Carlos Peinado ha avisado a Moncloa de que si no le remite las agendas de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y de su asesora, Cristina Álvarez, puede cometer un delito de desobediencia.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid reclama “nuevamente a Presidencia del Gobierno” que le facilite varia documentación que le requirió, “o bien indiquen las causas por las que a día de hoy no se han remitido”. Fuentes próximas a la esposa de Sánchez explican que Moncloa está recopilando toda esa información y se la remitirá al magistrado en cuanto la haya reunido.

Peinado indica que entre ella se encuentran las agendas de las dos investigadas, que ha encargado analizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para “determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez”.

“Apercibiéndoles que en caso de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia”, advierte.

“El objeto del proceso es el que es, la Sala de Apelaciones ya retiró esa parte”. El magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzga al fiscal general, ha dedicado la mayor parte de sus intervenciones durante la vista a pedir a abogados y testigos que no divaguen y se centren en el objeto del juicio. Pero en esa intervención concreta, el juez se refería a una porción ya cerrada del caso: cómo llegó la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a una asesora de la Moncloa y, de ahí, al entonces secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. 

La revelación cayó como una bomba en Ferraz y como agua de mayo en las acusaciones del caso. Lobato, rival político directo de Ayuso en la Asamblea regional, había ido a un notario a consignar mensajes que abrían la puerta a que el juez Ángel Hurtado implicase a la Moncloa y a los socialistas en la filtración. En la mañana del 14 de marzo de 2024, la que entonces era una asesora de Presidencia y alto cargo del partido en la capital, Pilar Sánchez Acera, había mandado a Lobato el documento de la discordia. Lo había hecho después de que su contenido se hubiera filtrado a los medios, pero antes de que ningún periódico hubiera publicado íntegramente el correo. 

Las testificales en el juicio de Lobato, Sánchez Acera y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès no reflejan el terremoto que supuso hace un año el acta notarial que compulsó el entonces líder del PSOE madrileño para “cubrirse las espaldas”, en sus propias palabras, después de que el Supremo abriera una investigación. La aparición de mensajes internos del partido y el Gobierno en una de las mañanas más calientes de la política de 2024 instauró la duda de hasta dónde llegaría Hurtado después de mandar a la UCO al despacho del fiscal general. 

La propia Sánchez Acera, entonces asesora en Presidencia del Gobierno con Óscar López y ahora a la mano derecha del ministro en el PSOE de Madrid, confirmó en su testifical lo que ya explicita el acta notarial: ella mandó a Lobato un documento con la confesión de la pareja de Ayuso a las 8.29 minutos de la mañana del 14 de marzo. Y a ella, a su vez, se lo envió un periodista cuya identidad no recuerda. “Pasaron ocho meses, me había olvidado bastante del tema”. 

El paso sin pena ni gloria de estas testificales por el juicio tampoco refleja la intensidad política de ese momento. elDiario.es había revelado el caso de la pareja de Ayuso y ese día la presidenta madrileña comparecía por primera vez en la Asamblea de Madrid. Mientras, la realidad —que su pareja quería reconocer su fraude y pactar— chocaba con el discurso político —que era víctima de un complot— que ella, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y el PP difundían con y sin micrófonos. 

Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación, lo deslizó en el juicio, pero lo dijo de forma mucho más contundente en instrucción: “Es evidente que Miguel Ángel Rodríguez, y esto es política, lo que pretendía es condicionar la sesión de control de Madrid del día siguiente”. Esto es, convertir, mediante bulos y manipulaciones, una confesión en una nueva persecución de Hacienda y la Fiscalía. Los mensajes de Lobato pusieron letra a la canción que, obviamente, cantaban en el PSOE y el Gobierno esos días: “En Moncloa y Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo”. 

“No era novedoso”

El abogado de González Amador lo intentó durante la instrucción y lo ha vuelto a intentar durante el juicio: que los testigos vinculados con el PSOE y la Moncloa, ya que no explican de dónde salió el papel, digan al menos que el caso de la pareja de Ayuso era una prioridad comunicativa para el Gobierno. Pero el juez Hurtado cerró la vía penal en marzo y la Sala de Apelaciones retiró los dardos y especulaciones del magistrado sobre la Moncloa y la filtración. 

Las acusaciones, con la pareja de Ayuso a la cabeza, solicitaron a Hurtado todo tipo de diligencias para investigar a fondo el teléfono de Sánchez Acera. La respuesta del juez llegó en marzo: no iba a imputar a la asesora ni iba a seguir indagando por esa vía. Porque para cuando ella rebota el documento a Lobato para su uso político la filtración que él atribuye a la Fiscalía se había consumado la noche anterior. 

Lo que hizo la asesora fue “continuar poniendo en circulación una información que, de haber sido confidencial, ya había dejado de serlo al haber sido filtrada, aparentemente, por la Fiscalía. No era novedoso lo que transmitía, no está haciendo público secreto alguno”, dijo entonces Hurtado. Además, ella no era la funcionaria pública encargada de velar por esa confidencialidad. 

Hurtado cortó el paso entonces a una investigación penal sobre el papel de la Moncloa y el PSOE en la filtración. Citó incluso la doctrina de sus compañeros de Sala por el caso de un guardia civil condenado por pasar información a un grupo de narcos gallegos: “La revelación consiste en hacer público lo que no deba serlo”. Una sentencia de 2020 firmada por tres de las magistradas que hoy juzgan al fiscal general y que Hurtado interpretó en un sentido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado usan para pedir la absolución de García Ortiz: si el correo ya se conocía —varios periodistas así lo han declarado— no había ningún secreto que revelar. 

Las “indicaciones” de Moncloa

El juez instructor, en ese auto del pasado mes de marzo, cortó el paso a que la investigación avanzara por esa senda, algo que contrarió la pretensión de González Amador y las acusaciones de llevar el caso hasta la Moncloa. Pero Hurtado dejó un resquicio en la puerta que él mismo había cerrado: arrancó el auto de procesamiento, clave en el proceso, con una acusación inédita: la Fiscalía había filtrado la confesión siguiendo “indicaciones” de la Moncloa. 

Aquella afirmación de Hurtado causó sorpresa en el Supremo y felicidad en la calle Génova, donde está situada la sede nacional del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo pidió que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para explicar esas “indicaciones” y el líder del partido pidió la dimisión del presidente del Gobierno: “Es el momento de que se vayan el fiscal general y quien le daba las indicaciones”. 

Ni la investigación ni el juicio han desvelado esas supuestas “indicaciones” que varias acusaciones hicieron suyas en los escritos de calificación. Y que fueron excluidas del caso, tal y como recordó el magistrado Martínez Arrieta, por la Sala de Apelaciones que matizó el auto de procesamiento de Hurtado. “Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”, dijeron los jueces.

Las testificales de Lobato, Sánchez Acera y Vallès terminaron de sellar el final judicial de esta ramificación del caso que sirvió para incluir a La Moncloa en la causa y mostrar como sospechoso que en esos días de alto voltaje político en Madrid el caso de la pareja de Ayuso fuera un punto caliente informativo. Las intervenciones del abogado de González Amador, que llegó a preguntar si el secretario de Estado de Comunicación reportaba o no al presidente del Gobierno, muestran el interés por una vía muerta de investigación que permite a las acusaciones mantener vivo el fantasma de La Moncloa en el caso. 

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez, ha dictado un nuevo auto en el que anuncia la nueva fase de su instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno, que no anticipa un final próximo. Ahora, Peinado cita a nueve testigos, dicta una amplia lista de diligencias por practicar e imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra Gómez, por el hecho de que ocupa el mismo puesto que Félix Bolaños cuando fue contratada Cristina Álvarez, asistente de Gómez también imputada.

El nuevo movimiento del instructor llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara su pretensión de dividir en dos el procedimiento, lo que habría derivado en sendos juicios por el tribunal del jurado. Y también después de que anunciara una prórroga de la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026 a pesar de que una vez transformado un procedimiento en la vía del tribunal del jurado no caben prórrogas de causas como las que se decretan en uno ordinario, tal y como le tuvo que informar la Fiscalía en un escrito. Con el auto, Peinado decide sobre las diligencias que le solicitaron las partes en las dos vistas que celebró por el procedimiento del jurado y a las que los investigados evitaron a acudir, acogiéndose a su derecho.

El magistrado, que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, y que lo intentó con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se fija ahora en la alto cargo que desempeña en la actualidad el puesto que tuvieron los dos anteriores en la Presidencia del Gobierno. En esta última resolución, la cita como investigada para el próximo 12 de noviembre en el juzgado. En esa comparecencia, le comunicará que también corresponde continuar el procedimiento contra ella por una vía que, de prosperar, desembocará en un juicio con jurado popular, al igual que ha hecho con el resto de investigados: la propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el citado Francisco Martínez.

En esta nueva batería de diligencias, el juez acuerda indagar en las agendas de la esposa de Sánchez y su asistente. Reclama a la Moncloa que se las facilite y anuncia que después trasladará esa documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que realice un informe que determine si las citas, reuniones, traslados o viajes de ambas —o sólo de la asesora— estaban relacionados con “actividades personales o profesionales” de Begoña Gómez.

También reclama a la Secretaria General de Presidencia del Gobierno que le informe sobre “todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno”, tal y como había reclamado la defensa de Begoña Gómez. Pide igualmente que esa información vaya acompañada de la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados “de forma simultánea” a cada cónyuge. El juez Peinado exige los pasaportes de la mujer del presidente del Gobierno y su asesora para conocer sus viajes internacionales.

Respecto a la asesora, exige su certificado de su vida laboral; sus datos salariales actualizados, con el detalle de sus nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios. En el absoluto escrutinio del trabajo de la asistente de Gómez, el juez Peinado requiere a cuatro empresas y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales para que le remitan “todos los correos, whatsapp o cualquier otras comunicaciones escritas que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual” entre Cristina Álvarez y ellos, tanto por whatsapp como por correo electrónico.

El juez Peinado rechaza en su auto la petición de la acusación popular, formada por varias organizaciones de extrema derecha, para citar al presidente del Gobierno. Entre los testigos que acepta interrogar Peinado está el vicerrector de la Complutense que aportó los correos con la asistente de Begoña Gómez pese a que ya le tomó declaración.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha descartado que se investigue al Departamento de Seguridad Nacional, tal como pedía una acusación particular de la causa de la dana en un recurso contra un auto de la jueza instructora del pasado 16 de junio que ya impidió esa posibilidad. La resolución de la sección segunda, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Javier Ortolá, recuerda que en el procedimiento de la dana “se debate la causa de los fallecimientos ocurridos con ocasión de un desastre natural, no el ataque terrorista o de otro tipo de infraestructura”.

Se trata de una acusación particular que ha incidido en tesis 'conspiracionistas' y que pedía que se requiriera documentación al Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno central, sobre la presa de Forata. La letrada consideraba que los supuestos informes de Seguridad Nacional, un departamento situado en el Palacio de La Moncloa, podrían “aportar datos” sobre la “información disponible” y las “medidas de protección de infraestructuras y personas que debieron adoptarse”.

La Fiscalía pedía la desestimación del recurso de apelación, al considerar que la resolución de la magistrada instructora era “ajustada a derecho”. La diligencia, además, “no guarda relación” con el objeto del proceso al no haberse declarado la emergencia nacional el pasado 29 de octubre.

La Audiencia de Valencia recuerda que, tal como establece la jurisprudencia constitucional, “el derecho a la prueba no es absoluto ni incondicional”. Por el contrario, en el marco de una instrucción, “debe valorarse” la relación de la prueba propuesta con la relevancia “en orden a acreditar los hechos decisivos para el debido enjuiciamiento de la causa”.

“De modo que, aunque el hecho que se pretende acreditar forme parte del objeto de las diligencias previas, el medio de prueba propuesto debe superar un juicio de pertinencia que incluye valorar su relevancia y utilidad. Así, no será admisible cuando el resultado que cabe esperar de esa fuente de prueba carezca de potencialidad para variar el resultado de la investigación”, según abunda el auto.

Una mera “información aislada” de 'La Gaceta'

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia recuerda que la acusación particular se basa en una mera “información aislada” del diario La Gaceta: “Para el supuesto de que por el Departamento de Seguridad Nacional se elaborasen informes el día 29 de octubre de 2024 no se nos aportan datos que, nos lleven a considerar razonable que tenían el objeto al que alude la recurrente”. “Estamos por tanto ante una diligencia prospectiva sin un pronóstico favorable de utilidad”, concluye el auto.

La resolución también repasa las competencias del Departamento de Seguridad Nacional, centradas fundamentalmente en los ámbitos de “atentados terroristas u otras amenazas que afecten a infraestructuras críticas”. Lo cual, recuerda el auto, no fue lo ocurrido el pasado 29 de octubre. “Es más, ni siquiera consta que la presa de Forata sea una infraestructura crítica (...). Lo mismo cabe objetar de las carreteras”, agrega.

“En definitiva”, concluye, “no se nos ha explicado razonablemente por la recurrente, por qué entiende que se emitieron el 29 de octubre de 2024 informes por el Departamento de Seguridad Nacional que, tengan vinculación o interés para la presente causa”.

Hay algo anómalo en la hora punta de las estaciones reabiertas en la línea 6 de Metro de Madrid. El tramo que volvió a operar a comienzos de septiembre, entre Legazpi y Moncloa pasando por Plaza Elíptica, carga una cantidad de viajeros sensiblemente inferior a la que llevaba antes del cierre. El corte en el resto de la circular, de Legazpi a Moncloa sentido Avenida de América, impide conectar con estaciones de gran uso y reduce el número de trasbordos que los pasajeros pueden llevar a cabo.

La imagen, eso sí, tampoco es desangelada en un tramo vital para el transporte de decenas de miles de personas que viven en el oeste y suroeste de la capital. La afluencia crece en Plaza Elíptica, única conexión con otra línea de la red en la línea 11 (hasta que se complete su ambiciosa ampliación). Aunque la parte del recorrido con más demanda es, sin duda, entre Laguna (que incorpora personas procedentes de la C-5 de Cercanías) y Príncipe Pío (confluencia con la línea 10 de Metro, el Ramal con Ópera o las C-7 y C-10 de Cercanías). De ahí a Moncloa la afluencia vuelve a disminuir.

“Es una paz engañosa. El Metro va más vacío, pero luego pillar el autobús especial y llegar por carretera es más caos”, comenta Roberta, que vive en Opañel y trabaja en hostelería por Sainz de Baranda. Antes solo tenía que pillar la 6 y recorrer ocho paradas. Ahora tiene dos opciones que alterna. Por un lado, andar hasta Oporto, recorrerse la 5 y hacer trasbordo a la 9 en Núñez de Balboa hasta Sainz. Por otro, lo que hace este miércoles: tomar la 6 hasta Legazpi y ahí el SE6, el servicio gratuito y alternativo de buses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que cubre el tramo de Metro sin servicio. “Es más sencillo, pero como me pille el tráfico fatal, hasta tardo más. Y luego en los buses vamos ahogados, aunque pasan con mucha frecuencia no da para cubrir la de gente que somos”.

La “paz” sí es incontestable en otro aspecto: el ruido. El nuevo voltaje de los trenes es la novedad que más se hace sentir después de la reforma, ya que el sonido que hacen los convoyes en su recorrido resulta menos estridente. Así lo explican fuentes de Metro a este diario: “La renovación eléctrica ha traído consigo una notable mejora en el confort acústico y la eficiencia. Antes, los trenes funcionaban con una tensión de 600 voltios y sus motores recibían corriente a través de pulsos eléctricos que se encendían y apagaban miles de veces por segundo. Con la nueva catenaria de 1.500 voltios, el sistema eléctrico trabaja con más tensión pero menos corriente. Esto permite que los pulsos sean más rápidos y cortos. El resultado es evidente: el tren tiene un tono más limpio, fino y agradable. No se trata solo de un efecto acústico, es una electrónica de potencia más eficiente, que genera menos vibraciones y mejora el rendimiento energético”.

“Sí que tiene un puntito relajante”, comenta un pasajero que toma por primera vez la renovada circular de Laguna a Príncipe Pío, donde cogerá el Ramal. Precisamente en Laguna queda claro que los trabajos siguen su curso: no se puede acceder a uno de los andenes (un cartel recuerda a los maquinistas que no abran las puertas en el sentido de bajada a él), donde se acumulan detrás de vallas elementos del mobiliario retirados o por colocar. Hay que señalar que la intervención en la circular para automatizar los trenes y colocar mamparas en los andenes no termina con este período de cierres parciales, se alargará hasta 2027. Así, los trabajos continúan por la noche o en zonas restringidas al tránsito. Por ello los convoyes van todavía con conductor en esta parte reabierta y lo mismo pasará cuando el 31 de diciembre esté de nuevo operativa toda la línea.

Está por ver si con la renovación final los tiempos de viaje descienden de manera más notoria, otra de las grandes promesas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al acometer este proyecto. De momento, recorrer el tramo abierto entre Legazpi y Moncloa (12 paradas), lleva 26 minutos. Unos tiempos similares a los anteriores a la clausura, más si cabe teniendo en cuenta que este trazado transporta una cantidad de viajeros inferior a la que lo utilizarían con toda la circular activa. Igual que a veces Roberta toma las líneas 5 y 9 en vez de la 6, muchas personas han cambiado la circular por combinaciones alternativas de Metro, Cercanías o bus para llegar a sus destinos habituales u ocasionales.

Como apunte curioso, si Roberta toma la línea 9 para llegar a Sainz de Baranda, podría toparse con los mismos trenes en los que se montaba con su ruta anterior. Desde Metro de Madrid detallan que trenes de la serie 5000, que funcionaban a 600 voltios en la línea 6, se han trasladado a la 9, donde ahora prestan servicio junto con los modelos 8000 de la empresa CAF y 7000 y 9000 de la compañía AnsaldoBreda.

Moncloa, la zona cero del corte: “Hay muchísima gente y toda va con prisa”

El tramo abierto y el cerrado de la línea 6 no son compartimentos estancos. Muchas personas cubren parte de sus trayectos entre las estaciones ya operativas para después tomar otro transporte en Moncloa. Es el caso de miles de estudiantes, que ahí echan mano de algunos de los tres servicios especiales de EMT que conectan con Ciudad Universitaria. Además del SE6, que cubre todo lo cerrado, está la lanzadera SE7 (ideada específicamente para alumnado, docentes y personal de las facultades) y el SE5, que va de Moncloa a Cuatro Caminos parando en las estaciones intermedias (Ciudad Universitaria, Vicente Aleixandre y Guzmán el Bueno).

Manu pilla el suburbano en Alto de Extremadura, recorre cuatro estaciones en la circular hasta Moncloa y ahí toma alguno de estos buses: “El que llega a Cuatro Caminos ni lo conocía, la verdad. Desde que han puesto el que va directo a Ciu es el que cojo, pasan más o menos a buen ritmo. Es un poco bajona, con que la 6 cerrara una parada más adelante podría ir en Metro y listo, pero bueno tampoco es un drama. Al menos para mí, vaya”. Según Metro de Madrid, esta lanzadera transportó más de 23.000 personas en su primera semana de funcionamiento. A su vez, ya han utilizado la SE6 más de 3 millones de viajeros y la SE5 unos 136.000.

Es un poco bajona, con que la línea 6 cerrara una parada más adelante podría ir en Metro [a Ciudad Universitaria] y listo, pero bueno tampoco es un drama. Al menos para mí

Cuenta que una de las razones por la que sus compañeros de piso y él se mudaron a su zona era la buena comunicación con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense: “Es una zona no tan carilla y te plantas en la uni en cinco paradas, está muy bien para cuando se te pegan las sábanas”. Un lujo que ya no puede permitirse. O no tanto.

Este estudiante relata, sin embargo, que, más que esta demora en sus viajes, lo que le inquieta del nuevo itinerario es “el mareo de ir de un sitio a otro”. Dice que en el intercambiador “hay muchísima gente y toda va con prisa, es un estrés”. Una sensación de ansiedad acrecentada por la acumulación de cartelería sobre las alternativas por el cierre de la 6. Aunque necesaria por la cantidad de servicios alternativos, las señales amontonadas crean cierto estado de agobio en el viajero.

Claro que mucho mejor eso a su ausencia, como queda claro al salir del Metro en Moncloa para tomar uno de los servicios especiales. La planta del propio Metro y la exterior están repletas de indicaciones, pero en la intermedia (donde se toman buses interurbanos y de larga distancia) se echan en falta señales que aclaren la necesidad de subir al siguiente piso.

Ya en el exterior, destacan el buen ritmo en la salida de buses del SE6 sentido Legazpi y el SE7 a Ciudad Universitaria, aunque los buses parten ya repletos. La congestión del tráfico impide luego que su velocidad en hora punta sea equiparable a la del transporte subterráneo, pero las altas frecuencias mitigan las aglomeraciones y los retrasos. Los hay, pero no tan agudos como los que se vieron a principios de septiembre.

Tampoco como los que se ven en líneas habituales de EMT. En la 164, que conecta Moncloa con El Pardo y cuya parada está pegada a la del SE6, el número de viajeros acumulado es mucho mayor. Obreros, empleadas del hogar y alguna pareja de jubilados llenan el autobús cuando acaba por llegar.

En el caso del SE5 no puede hablarse tampoco de buenas frecuencias. Al menos durante la visita de Somos Madrid mantiene unos tiempos de salida muy mejorables. A las 9.45 parte un bus 12 minutos después de que lo hiciera el anterior, para desesperación de los viajeros que esperan a utilizarlo. Dos de ellos desisten y se van al SE6. Pese a las malas frecuencias, estos buses no van demasiado repletos. Al menos a su salida en Moncloa, ya que luego suelen acumular demoras asociadas al tráfico. Puede que, como decía Manu, mucha gente ni siquiera acaba de enterarse de que existe. No será por falta de carteles.

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente uno de los recursos presentados por las defensas contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado de dividir en dos el procedimiento, lo que habría derivado en sendos juicios por el tribunal del jurado. Los magistrados de la instancia superior obligan al instructor a que indague en una misma causa sobre los cinco delitos que atribuye a Begoña Gómez y los otros imputados.

Aseguran que al dividir la causa, Peinado actuó de forma “prematura e inmotivada”. Y que la resolución por la que acordó abrir una pieza separada para investigar el delito de malversación no incluyó ni una “descripción mínima o sucinta” de los hechos. De este modo, la segunda instancia descarta que, en el caso de que la causa avanzara hasta el juicio, se celebraran dos vistas contra la mujer del presidente. Por el momento, el procedimiento se seguirá tramitando por la ley del Tribunal del Jurado a expensas de que la Audiencia Provincial decida sobre los recursos presentados por las defensas sobre esta cuestión.

En el mismo auto, los jueces de la Audiencia Provincial avalan la investigación por malversación y tráfico de influencias, dos delitos que consideran deben ser investigados, y en su caso juzgados, en un mismo procedimiento. “Ambos comportamientos están íntimamente entrelazados, en tanto que la intervención habitual de quien era Directora Programa de Presidencia del Gobierno [la asistente Cristina Álvarez] era supuestamente utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias”, añaden en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La resolución evidencia el respaldo de la Audiencia Provincial a la investigación sobre las labores de la asesora que gestionaba la agenda de la mujer del presidente. Los jueces admiten que su nombramiento fue legal, pero consideran que pudo haber una “extralimitación” de sus funciones. Así, sostienen que las diligencias practicadas apuntan a que la asistente participó desde su puesto de funcionaria de libre designación “en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente”.

Es más, apuntan que ese presunto exceso en sus atribuciones habría tenido como objetivo “favorecer el plan delictivo” de la mujer del jefe del Ejecutivo, que está siendo investigada sobre hechos relacionados con diferentes etapas de su trayectoria profesional, principalmente en la Universidad Complutense.

“Pertinente” interrogatorio a Bolaños

Los jueces de la instancia superior también avalan el interrogatorio del juez Peinado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien era secretario general de la Presidencia cuando ella la asesora fue contratada en junio de 2018. Consideran que la declaración como testigo del ministro es “necesaria, útil y pertinente” en lo relativo a las funciones de la asistente.

Ante el juez, Bolaños afirmó que no conocía a la asistente de Gómez y que su primer contacto con ella fue “semanas después” de comenzar a trabajar en la Moncloa en el año 2018. Además, aseguró que nunca había sido su jefe, que desconocía sus funciones y enmarcó su nombramiento dentro de la legalidad, puesto que se llevó a cabo siguiendo lo que establece la normativa sobre personal eventual.

Dos meses después de esa declaración, el juez Peinado se acogió a las supuestas “evasivas” y “reticencias” del ministro para pedir al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él por los delitos de malversación y falso testimonio. El alto tribunal se negó a encausar a Bolaños. Los jueces del alto tribunal acusaron al juez de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial.