La condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa no moverá un ápice el apoyo de los socios que le quedan al Gobierno progresista. Es más, tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha descartado el tráfico de influencias y ha rechazado una pena de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, todos esos aliados salieron a mostrar su perplejidad por una condena que no consideran justificada. Desde el propio Gobierno apostaron por remarcar la “inocencia” del condenado y consideraron que el único objetivo del tribunal es “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

Uno de los dirigentes públicos más contundentes fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En el pasillo del hemiciclo, minutos después de conocerse la sentencia, el dirigente republicano la tildaba como “una sobrada” y afirmaba que Sánchez había sido condenado “por la cara”. “Lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara. Adecentar al poder judicial debería ser prioritario”, apuntaba después el dirigente republicano en la red social X.

“Es un momento en el que cuesta mucho discernir la verdad de la mentira”, había asegurado Rufián antes incluso de conocer el fallo. “Los casos del hermano de Sánchez y de la mujer de Sánchez son de primero de lawfare, pero irán pa'lante, como diría según quién en redes sociales”, agregó.

Desde los Comuns, la diputada Aina Vidal consideraba abiertamente “desproporcionada” la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz. A su juicio, “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto por sentencias como esta”. Se pronunció en la misma línea Alberto Ibáñez, diputado de Compromís. Él también habló de “desproporción” y añadió, dirigiéndose a los jueces: “Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”.

El PNV se limitó a considerar “fuerte” la condena a David Sánchez y no hubo dirigentes de EH Bildu que se pronunciaran al respecto aunque desde las dos formaciones no ven razones para dejar caer al Ejecutivo. La sentencia no traspasa algunas de las líneas rojas impuestas por los socios como condición para retirar su apoyo a Pedro Sánchez. Desde el inicio de la legislatura los socios siempre han considerado que no serían capaz de sostener al Gobierno en el caso de que se probara una financiación ilegal del PSOE o de que hubiese una imputación dentro del Consejo de Ministros, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Moncloa cree que “se perseguía un apellido”

Desde la Moncloa la idea también es continuar con la legislatura al considerar que las actuaciones de los tribunales contra Sánchez y sus familiares solo tienen como objetivo hacer descabalgar al Gobierno. Tras conocer la condena al hermano del presidente, fuentes de la Presidencia recalcaron que “la sentencia no es firme” y se recurrirá por parte de la defensa de David Sánchez. Solo unos minutos de que se conociera el fallo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sí quiso mostrar su confianza en “la justicia”, pero también apuntó que cree “que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez”. “Respetamos la sentencia, pero, obviamente, no la compartimos”, añadió, además de insistir en que todo tiene como objetivo “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

“La sentencia no borra la realidad”, insisten desde Moncloa. “Pedro Sánchez no era ni diputado cuando se convocó la plaza y, además, el responsable del proceso de selección, el señor Gallardo [expresidente de la Diputación de Badajoz también condenado por prevaricación] apoyaba a su rival en las primarias del año 2017”. “También es importante recordar el origen de la causa”, añaden fuentes del Gobierno. “Inicialmente, las organizaciones ultraderechistas acusaron al señor Sánchez principalmente de obtener injustificadamente unos millones de euros y de fraude fiscal y todas esas acusaciones fueron cayendo y siendo sustituidas por otras”, señalan.

Para el Gobierno todo ello “puede hacer pensar que no se perseguía el delito, sino que se perseguía una persona y, en concreto, se perseguía un apellido”. “Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante el primer caso donde ha tenido éxito la estrategia de las organizaciones de la derecha y la ultraderecha basada en el acoso judicial a políticos progresistas y sus familiares con fines intimidatorios, porque, efectivamente, estamos ante una causa impulsada en exclusiva por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha”, insisten fuentes de Moncloa.

Otro de los aspectos que destacan en Presidencia es que “la sentencia no tiene efectos prácticos” sobre el hermano de Sánchez porque “él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él”. “Esta dinámica de condena mínima con lógica corporativa recuerda mucho a la condena del antiguo fiscal general del Estado”, añaden, con que se preguntan si “a pesar de la precaución de los jueces para imponer la condena mínima, este tipo de resoluciones pueden erosionar todavía más la confianza de parte de la sociedad en la Justicia y en la imparcialidad de los jueces cuando afrontan causas políticas”.

El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado al juzgado de Juan Carlos Peinado autorización para que pueda viajar al extranjero entre los días 7 y 10 de julio de 2026 y la devolución temporal de su pasaporte para poder realizar ese desplazamiento. Peinado, que la investiga por su actividad profesional en la Universidad Complutense, le retiró el pasaporte el pasado día 20 al considerar que existía riesgo de fuga por la gravedad de los delitos que le atribuye:  tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos

La defensa de la mujer de Sánchez ejercida por el abogado Antonio Camacho explica que “el viaje tiene carácter oficial, ya que acompañará al presidente del Gobierno como parte de la delegación española a la 36.ª Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa del presidente”. “A estos efectos el presente escrito se acompaña de la invitación oficial que ha sido remitida por la Excma. Sra Dª Emine Erdogan, esposa del Presidente de la Republica de Turquía a Dª Begoña Gomez”, apunta el abogado de Gómez en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Gómez no asistió a las dos últimas citas de la OTAN coincidiendo con el periodo en el que lleva imputada.

El regreso desde la ciudad turca se realizará haciendo una parada en Londres para asistir a la graduación de su hija. Asimismo, el abogado argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

En el escrito, la defensa de Gómez señala que “el viaje será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio. Y la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. Realizándose la vuelta en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña”. “En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada”, remarca.

Las decisiones de Peinado

Por último, Camacho solicita “que se comunique debidamente la autorización y que se incluya en el sistema SIRAJ, a los efectos de evitar posibles problemas a la hora de realizar el viaje. Así como que se devuelva el pasaporte a efectos de poder realizar el citado viaje”.

Peinado decidió hace diez días enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia en los juzgados de la Plaza de Castilla.

El magistrado tomó la decisión después de que durante la vista del pasado 15 de junio una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. Peinado también impuso idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La Comunidad de Madrid inició hace unos días los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Jardín Histórico, el Parque del Oeste, un espacio de casi 70 hectáreas en Moncloa-Aravaca que nació a finales del siglo XIX sobre una antigua escombrera y que hoy es uno de los grandes espacios verdes de la capital que cuenta con atractivos como el de La Rosaleda.

Se trata del primer parque público de Madrid concebido como tal desde su creación y diseñado como jardín naturalista, siguiendo las tendencias de la época, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultada por Europa Press.

Su origen está ligado al Ensanche de Madrid. A mediados del siglo XIX, la presión demográfica provocada por la Revolución Industrial obligó a ampliar la ciudad para evitar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida. Isabel II encargó entonces al ingeniero Carlos María de Castro el 'Plan Castro', que preveía nuevos barrios y espacios públicos. En ese escenario comenzó a desarrollarse el barrio de Argüelles, junto a la montaña del Príncipe Pío. La zona tenía un fuerte desnivel hacia la Estación del Norte, inaugurada en 1864. Para corregir esa pendiente, el Ayuntamiento declaró vertedero público la Cuesta de Areneros, donde se comenzó a acumular escombros.

Una vez urbanizado el entorno, esos terrenos debían cubrirse. La respuesta fue la creación de un parque que permitía restaurar una antigua escombrera, ofrecer un espacio de paseo a los nuevos vecinos de Argüelles y completar la cornisa verde del Manzanares.

El Ayuntamiento encargó en 1893 el diseño del parque a Celedonio Rodrigáñez, ingeniero agrónomo y figura clave en la planificación de zonas verdes de Madrid. El proyecto fue aprobado definitivamente en 1898, durante la alcaldía de Manuel Mariátegui, conde de San Bernardo. Rodrigáñez planteó un jardín inspirado en el paisajismo naturalista inglés, adaptado a las necesidades de Madrid. El trazado incorporaba caminos sinuosos, masas de árboles, cursos de agua, puentes, lagos, cascadas, quioscos, construcciones rústicas, estatuas y monumentos. A partir de 1910, Cecilio Rodríguez asumió la ampliación hacia la montaña del Príncipe Pío, con una influencia más francesa, mayor geometría y una disposición más ordenada del arbolado, aunque manteniendo el carácter paisajístico del conjunto.

Años más tarde, el Parque del Oeste se convirtió en uno de los principales escenarios de los combates en Madrid durante la Guerra Civil. De aquel periodo se conservan tres torretas de hormigón fortificadas, situadas entre el Paseo de los Plátanos y la Avenida de Séneca, levantadas a principios de 1939.

Tras la guerra, la restauración se prolongó durante los años cuarenta bajo la dirección de Cecilio Rodríguez. Se renovaron casi por completo las plantaciones, se repusieron los pinares de las zonas altas, se combinaron especies caducifolias y perennes en las zonas bajas y junto al arroyo, se construyeron casetas de guardas y quioscos de bebidas, se creó el Paseo de los Plátanos y se diseñaron nuevas áreas de estancia.

Estanques, fuentes y manantiales en su diseño

El Parque del Oeste se asienta completamente en ladera, desde la Plaza de la Moncloa hasta las inmediaciones del río Manzanares, junto al Puente de los Franceses, con un desnivel de 65 metros. Esa topografía ha condicionado su diseño y es todavía una de sus mayores señas de identidad.

En la zona noroeste destaca la vaguada del antiguo arroyo de San Bernardino de unos 600 metros que discurre entre vegetación de ribera y salva los desniveles mediante pequeños escalones y cascadas. El agua aparece también en el estanque con surtidor, la Fuente de la Salud, el Manantial de la Salud o la Fuente de Juan de Villanueva, elementos que refuerzan el carácter naturalista del parque.

La vegetación es otro de sus grandes valores. El expediente destaca la variedad, número y porte de sus ejemplares, con coníferas y presencia de frondosas que ofrecen paisajes cambiantes durante el año. Entre los árboles más relevantes figura el cedro conocido como 'El Abuelo', catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid.

También destacan ginkgos, magnolios, hayas, glicinias, choperas, pinares de pino piñonero y carrasco, alineaciones de plátanos, grupos de cedros y eucaliptos en la Montaña del Príncipe Pío. En el Paseo de los Plátanos se ubica el Centro de Avifauna, donde pueden observarse especies como el tarro canelo, el herrerillo común, el carbonero común, el gorrión molinero o el mirlo común.

El parque siguió creciendo durante el siglo XX. En 1957 se creó La Rosaleda, diseñada por Ramón Ortiz Ferré y Lucio Oñoro Domínguez. Con 1,8 hectáreas, funciona como jardín dentro del parque y acoge cada año el concurso internacional Rosas Nuevas de la Villa de Madrid.

En 1969 se inauguró el Teleférico de Madrid, que conecta el Parque del Oeste con la Casa de Campo. Entre 1970 y 1972 se incorporó la Montaña del Príncipe Pío, donde se instaló el Templo de Debod, donado por Egipto al pueblo español en reconocimiento a la ayuda prestada en la salvaguarda de los templos de Abu Simbel.

El Parque del Oeste reúne además la Escuela de Cerámica de Francisco y Jacinto Alcántara, La Tinaja y el Pabellón de la Florida, el cementerio de la Florida o del Dos de Mayo, y numerosos monumentos conmemorativos. Entre ellos destacan los dedicados a Federico Rubio y Galí, Concepción Arenal, el general Manuel Cassola, el pintor Rosales o la infanta Isabel de Borbón, “La Chata”.

La vista previa al juicio a Begoña Gómez que se ha celebrado en la tarde de este lunes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dejado la escena de un abogado, el de la mujer del presidente del Gobierno, denunciando la politización del procedimiento judicial y clamando que el único fin de la existencia de esa causa es “erosionar” al Ejecutivo de Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Después de rebatir una por una las acusaciones que intentan sostener los cuatro delitos de los que se acusa a Gómez, el letrado Antonio Camacho ha rematado: “Se está haciendo política, pero se está haciendo política en el sitio equivocado. Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal. Quien quiera hacer política que no utilice la ecuación de un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo. La política no se hace en los juzgados y nadie debería permitir la instrumentalización de un procedimiento penal”.

En esa politización del procedimiento ha abundado Camacho cuando ha advertido de que en su intervención se iba a escuchar mucho el término “presidente del Gobierno” y que iba a ser así porque ha sido el propio Peinado quien viene aludiendo a él reiteradamente en sus escritos, pese a no estar investigado. El abogado ha llegado a calificar de “verdaderamente absurda” la inferencia del juez según la cual, solo por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, cualquier actuación de Begoña Gómez influye “en todo el mundo”.

Tras la intervención de Camacho y el resto de las partes, el juez Peinado debe decidir en los próximos días si impone medidas cautelares a Begoña Gómez y a los otros dos imputados, su asistente Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha visto acceder al juzgado con dificultad, apoyado en un bastón. Para Gómez, las acusaciones populares han solicitado la retirada del pasaporte, comparecencias quincenales en el juzgado y que se le impida hacer uso de la marca Transforma TSC para fines patrimoniales.

Cristina Álvarez se enfrenta a una petición de los ultracatólicos de HazteOir de la retirada del pasaporte y las comparecencias cada quince días mientras que para Barrabés no han solicitado ninguna medida cautelar. La Fiscalía y las defensas se han opuesto a la imposición de cualquier medida. Gómez se enfrenta a una petición de la acusación popular de 24 años de cárcel, 22 en el caso de Cristina Álvarez y seis en el de Barrabés.

El abogado Antonio Camacho ha recuperado esta tarde las figuras de otros asistentes de mujeres de presidentes del Gobierno que no motivaron una investigación judicial, pese a las evidencias de que organizaron la boda de la hija de Aznar o aparecieron retratados llevando las bolsas de la compra de la esposa de Rajoy.

En este punto, Camacho se ha dirigido a HazteOir y el resto de acusaciones de extrema derecha que integran la acusación popular: “Instaría a las acusaciones a que ese ardor guerrero que han demostrado personándose en esta causa, supongo que por el buen hacer de la administración de Justicia, lo llevaran a todos estos supuestos [en alusión a los asistentes de otras mujeres de presidentes]”.

Enfrentamiento de Camacho con Peinado

Camacho ha protagonizado un enfrentamiento con Peinado, provocado por las excentricidades que el juez ha mostrado ya en declaraciones anteriores, como cuando pidió que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Este lunes, el magistrado ha interrumpido la intervención del letrado para exigirle que le mirara al hablar. Camacho, que ha intentado hasta ahora evitar el enfrentamiento directo con el juez, ha replicado: “No hay ninguna norma procesal que diga hacia dónde tengo que dirigir mi vista mientras estoy interviniendo. Por lo tanto, le pido que si no hay norma procesal, me dirijo a las acusaciones, señoría. Y no existe ninguna norma procesal que me imponga a dirigirme a usted visualmente. No existe. Le rogaría que deje de interrumpirme”.

A Peinado se ha dirigido el letrado también para concluir: “Es difícil que alguien pueda sostener que es procedente la apertura del acto de juicio oral cuando no hay ni un solo indicio de ninguno de los delitos, por los cuales la acusación formula tal acusación”.

Pero si la Audiencia Provincial no lo impide y el procedimiento sigue adelante, el letrado se ha preguntado por el juicio que espera a su clienta ante tribunal del jurado y si esto “no viola el derecho al juez imparcial”. Se refería Camacho a que las informaciones sobre el caso de Begoña Gómez han multiplicado por cuatro las que se ofrecieron sobre la muerte del Papa Francisco y que eso, irremediablemente, ha condicionado la opinión que puedan tener los miembros de ese eventual tribunal.

Quinta comparecencia ante Peinado

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. 

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. Ha sido la quinta comparecencia de la mujer del presidente ante el juez.

En la vista preliminar, las defensas aspiraban a poder contar con testimonios que avalaran sus tesis. Peinado se negó. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Durante la vista, el abogado de Begoña Gómez ha calificado de “esencial” el testimonio del codirector de la cátedra, José Miguel Ruano, cuya comparecencia fue denegada por el juez. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que ha lamentado que se le haya privado de un testimonio esencial para su estrategia de defensa, viene defendiendo que es la única persona, junto a su clienta, que dirigía la Cátedra y, por tanto, podía explicar el funcionamiento real del software y desmontar las acusaciones de apropiación indebida.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez tendrá que determinar en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés, así como si les impone alguna medida cautelar. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

Fue la palabra de moda en Internet durante unas semanas, quizá un mes, y luego la New York Magazine le dedicó su portada: «tiene los ojos de su madre… ¡y su agente!». Como explicaba el reportaje, durante unas semanas, parecía que todo el mundo era el hijo de alguien: artistas indies de Brooklyn cuyos padres tienen un artículo dedicado a ellos en Wikipedia, cantantes que son hijos de directores de cine, artistas que son hijos de cantantes, cantantes que son hijos de cantantes. «Un bebé es un montón de alegría; un nepobaby es la prueba física de que la meritocracia es mentira». Todo el mundo es hijo de alguien, pero no de alguien; ser hijo de famoso ayuda mucho, desde luego, a la hora de convertirse en famoso, tener acceso a contactos, una agenda, capacidad de influencia. Donde más se ha visto es en el mundo de las artes, el entretenimiento, el espectáculo. Pero no solo.

Los hijos de Aznar y Ana Botella no serán exactamente nepobebés, ¿pero quién va a negar que les habría sido mucho más difícil montar sus negocios, sus empresas de restauración, navegar entre la jet set madrileña, poder acceder a la gente adecuada, si no fueran precisamente los hijos de sus padres? Hunter Biden, hijo de Joe Biden, llegó a los 25 años a un alto puesto ejecutivo en un banco de Delaware… que financiaba parte de las campañas electorales de su padre. El yerno de Trump, Jared Kushner, aparte de ser hijo de un multimillonario, es directamente “enviado especial para la paz” en el Gobierno de su suegro. Como ha contado este mismo periódico, Felipe González fue socio de Oyauri Investment con su propio hijo, empresa posteriormente adquirida por Indra cuando Indra era presidida por un hombre… nombrado por el propio Gobierno de Felipe González en 1993.

Imagino que, para unos padres, desear el mejor futuro posible para sus hijos es un sentimiento casi universal. Ante la adversidad se está, pues, dispuesto a ayudar, disponer, allanar el camino, recoger y apoyar cuando los niños tropiezan y se caen. Sería difícil obviar que la cultura española, empresarial y, básicamente, la cultura en general, se rige por contactos: quién conoce a quién, y de qué, y a qué colegios iba, y dónde estudió y qué amigos hizo. Nadie se habría escandalizado si la ayuda de Zapatero a sus hijas hubiese consistido simplemente en hacer algunas llamadas y tirar de un par de contactos para asegurarles las mejores prácticas o un pequeño puesto trampolín desde el que comenzar sus carreras. Hay ciertas dosis de nepotismo que no escandalizan, aunque sean igual de sintomáticas de la desigualdad que todas las demás. Hay nepotismos que toleramos, porque culturalmente nos parecen nuestros, casi sanos, no tachables; hay otros, claro, que no.

Será la justicia la que aclare la realidad de la imputación de Zapatero y todo aquello de lo que se le acusa. Entiendo perfectamente el ánimo de consternación e incredulidad que ha reinado esta pasada semana. De lo más extraño me han parecido, de todas las informaciones, las que trataban específicamente la facturación de Whathefav, acusada de ser canalizadora financiera, de mover más de un millón de euros recibidos de empresas como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva sin que ese millón hallara justificación laboral alguna más allá de “la maquetación de un informe”. Por bien que se maquete, me cuesta creer que alguien pague 40.000 euros al año por abrir el InDesign o, en el peor de los casos, el Canva; me cuesta menos creer que alguien pague 40.000 euros al año a la empresa de las hijas del expresidente por ser ellas las hijas del expresidente, pero me perturban las conclusiones a las que eso lleva, los deslices éticos, la torpeza que trasluce.

No deja de tener su parte injusta el foco sobre él de estos días y la permisividad con los otros. Hasta que se demuestre lo contrario, no creo necesariamente que Zapatero haya hecho cosas peores que otros expresidentes; el problema está en que no creo que las acciones de los demás estén tampoco justificadas, ni que podamos zanjar este tema con un “¡es lo que los expresidentes hacen!”. Resulta enormemente incómodo para cualquier persona de izquierdas tener una sombra de duda sobre la presencia de nepobebés en La Moncloa. Resulta un agravio inmenso a cualquier aspiración de justicia social que, mientras la juventud vive sin perspectivas de futuro, sin trabajo decente y sin casa, las hijas de Zapatero, que ya contaban con un negocio aparentemente viable antes de facturar a las empresas relacionadas con su padre, “embolsen” gracias a su padre ese millón adicional. Y, sobre todo, abre la pregunta, la que más desánimo y consternación generará, si lo que escuchamos —y a lo que ya dan credibilidad medios de todo signo, no sólo “la derecha”— acaba revelándose como cierto, en mayor o menor porcentaje: ¿qué necesidad había de todo esto?

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha reclamado hoy a Ferraz y a Moncloa “empatía” con los territorios tras el revés electoral en Andalucía y lo vincula al desgaste provocado por los acuerdos del Gobierno de España con el independentismo catalán.

El barón castellanomanchego reclama a la dirección federal del PSOE mayor sensibilidad con alcaldes y dirigentes territoriales que en 2027 tendrán que enfrentarse a elecciones autonómicas y municipales, tras el varapalo socialista de ayer. Ha dicho estar “preocupado” por la factura que, en su opinión, se está pasando a los socialistas en sucesivos comicios electorales.

“Creo que hay que estar con la cantidad de compañeros y compañeras que además tienen elecciones dentro de un año, si es que terminan queriendo ser candidatos y no quieren ser nuevos emisarios de un mensaje que no va dirigido para ellos”, comentaba durante un acto en Letur (Albacete) y se ha preguntado si en Ferraz o en Moncloa hay preocupación por lo que pueda pasar el año que viene.

García-Page lleva reclamando un adelanto electoral a Pedro Sánchez desde hace meses y hoy ha vuelto a deslizarlo, cuestionando que desde Madrid se esté asumiendo la gravedad de los resultados en Andalucía.

También rechaza cualquier lectura conformista de los comicios y advierte de que confiar en una futura recuperación gracias a la fragmentación de la derecha o a nuevos acuerdos parlamentarios sería “mirar para otro lado en espera de que vuelva a sonar la flauta”.

“Estoy preocupado y mucho por el país y también por las ideas que represento desde el pacto con el independentismo”, ha insistido.

Advierte del peligro de “no querer entender o mirar para otro lado”

En su opinión, “los ciudadanos están hablando elección tras elección y mandando un mensaje muy claro” y advierte a Pedro Sánchez, sin citarle: “Cuando el destinatario no quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez”.

Page defendió que el principio de igualdad entre españoles constituye “el auténtico muro de sustentación de la izquierda” y aseguró que una parte del electorado progresista se está alejando del PSOE por considerar que se han asumido “beneficios y privilegios fiscales” para Catalunya incompatibles con ese modelo.

Cree que España no tiene por qué perder la esperanza en un espacio socialdemócrata ni de izquierdas pero incide en que se está creciendo electoralmente hablando, “a la izquierda y por supuesto mucho más a la derecha del PSOE”, con un determinado planteamiento “pegado al terreno” y que “ataca de raíz el pacto con la extrema derecha independentista catalana, defiende la igualdad, está en contra por supuesto no sólo de la independencia sino de los beneficios y privilegios fiscales”.

Pese al resultado andaluz, el dirigente socialista quiso enviar un mensaje de respaldo a la federación andaluza del partido y reivindicó su peso histórico dentro del socialismo español. “Andalucía y el partido de Andalucía es nuestra principal seña de identidad como socialistas en España y lo volverá a ser”, señaló.

La utilización por parte de las distintas esposas de los presidentes del Gobierno de la democracia de asistentes y personal a su servicio a cargo de la Moncloa es una “práctica habitual” y una “costumbre” con base legal. Son dos de las conclusiones que recoge un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Víctor González García, por encargo de los abogados de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y remitido al juzgado de Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada por corrupción en los negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias y malversación, por entre otras razones haber recibido los servicios de una trabajadora del Palacio de la Moncloa.

El informe, que recoge numerosos ejemplos de los usos de asesores y ayudantes por parte de las mujeres de los siete presidentes del Gobierno desde el final de la dictadura de Franco, señala que “la práctica reiterada ha permitido configurar unos rasgos comunes en el régimen de este personal”. Siempre se ha tratado de “personal eventual” cuya “vinculación con la cónyuge del presidente del Gobierno acostumbra a ser previa (con rasgos de amistad en algunos casos)”. Y además, añade, “cumple una función general de apoyo en todas las actividades que han sido tradicionalmente realizadas por la cónyuge del presidente del Gobierno, tanto de carácter institucional, como de naturaleza privada o profesional en los términos que se ha visto con anterioridad a lo largo de este dictamen”.

Uno de los casos mencionados es el de Ana Botella, que dejó de trabajar en el puesto que venía ocupando como funcionaria del Estado tras el nombramiento como presidente de su marido. No está claro cuál fue el número de asesoras que tuvo, pero fueron al menos dos, como explicaba la propia Ana Botella en su libro Mis 8 años en la Moncloa: Cristina Alonso y María Ángeles Manzano. En ese libro decía que participaron incluso en los preparativos de la boda de su hija y “hasta la ayudaron a arreglarse el día que se casó”.

Según recoge este informe de parte con pasajes de esa biografía, las asistentes de Ana Botella también estuvieron presentes en un desfile de moda al que le había invitado un diseñador y la acompañaban siempre en sus viajes.

La esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa, también contó con dos trabajadoras como personal de apoyo, María Emma Celia Muñoz y Ana María Pérez Santamaría. “Y, al igual que con Ana Botella, consta también la presencia de su equipo personal de asistentes cuando realizaba esta actividad profesional privada”.

El informe menciona —citando a los medios de comunicación— que Elvira Fernández, mujer de Mariano Rajoy, contó con tres asistentes: Valle Ordóñez Carvajal, Jaime de los Santos y Mara García Castro. Y recuerda como característica específica de este mandato el nombramiento de dos asistentes, tal y como contó elDiario.es, para el cuidado personal del padre del presidente Rajoy. “El apoyo y la asistencia completa a los miembros de la familia del presidente del Gobierno, incluyendo sus actividades privadas, ha sido una constante”, insiste.

De la documentación analizada, así como de la jurisprudencia y doctrina considerada para realizar el dictamen el catedrático encargado del informe asegura que “no hay duda de que en el marco de las actividades de la cónyuge del presidente del Gobierno se cumplen todos los requisitos que validan la costumbre como fuente de Derecho en el sentido del Artículo 1.1 del Código Civil”.

Así, concluye que “la cónyuge del presidente del Gobierno realiza ciertas actividades que requieren de apoyo”, un hecho que “se ha ido repitiendo desde hace más de 50 años”. El informe también apunta que “resulta necesario para el cónyuge del presidente del Gobierno contar con el apoyo de asistentes de extrema confianza en el marco de las actividades que realiza de apoyo al presidente” y que “los asistentes de las cónyuges de los presidentes del Gobierno, con base en esa relación de confianza, que responde incluso a una relación de amistad, pueden realizar ciertas actividades necesarias, que no siempre se entienden como 'trabajo' o un 'deber de cumplimiento de las funciones que se les asignan', sino como pequeños favores entre amigos, como los tendría cualquiera con sus amistades”.

“Piénsese que en una posición como la de las cónyuges de los presidentes del Gobierno, lo público y lo privado conviven sin una frontera nítida que permita diferenciarse. Actividades que conviven, ya sea por su repercusión, ya sea por meros motivos de horarios y calendario. Por lo anterior, las características que reúne el personal de apoyo a la pareja del presidente del Gobierno de continuidad en el tiempo, aceptación de su existencia, vinculación con los usos y costumbres internacionales y la necesidad de cubrir un vacío legal determinan que se pueda afirmar que estamos ante una costumbre en el sentido del artículo 1.1 y 1.3 del Código civil”, zanja.

Además, el informe señala que “los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional” recogidos la ley de régimen jurídico del sector público “permiten afirmar que una práctica continuada, como la que se ha seguido desde el año 1977, se ha de mantener hasta ahora, salvo que se regulara en sentido diferente por un acto del poder público”.

Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha de nuevo la maquinaria disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado tras recibir otra queja por su actuación al frente del juzgado. En este caso, el Promotor de la Autoridad Disciplinaria ha abierto diligencias informativas tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue desde hace casi dos años contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes del órgano. 

Hace varios meses, la autoridad disciplinaria abrió otras diligencias contra Peinado por su polémico interrogatorio al ministro Félix Bolaños en esa misma causa y por dictar con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción.

Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas en la causa contra Begoña Gómez. Se trata de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente. Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

OkDiario publicó a las 05:46 de la madrugada del martes 13 de enero de 2026 una información titulada “Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía”. El texto apuntaba textualmente que la decisión de pedir auxilio a la Policía se había tomado en una “providencia dictada este lunes 12 de enero”, según los pantallazos aportados. 

Sin embargo, el juzgado no envió la providencia que recogía esa información a través del sistema LexNet hasta las 20:02 de la tarde de ese mismo día 13 de enero, 15 horas después de la noticia de OkDiario. En un escrito que consta en el sumario, el abogado afirma que considera “metafísicamente imposible que la filtración al medio OkDiario del dictado y contenido de la Providencia haya sido cometida por alguien ajeno al Juzgado”.  

Entre tanto, a las 13:15 horas del 13 de enero, el digital había editado la noticia y cambiado el tiempo verbal. En la nueva versión, la frase en pasado “el Juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita” se cambió por la construcción en futuro “el Juez Juan Carlos Peinado pedirá a la Unidad Adscrita”. También se borró la mención a la providencia, algo que, según el abogado, se hizo para “ocultar la autoría de la filtración”. Sin embargo, en el medio olvidaron modificar el titular, que alude claramente al contenido de la providencia —“el juez pide ayuda a la Policía”—, que es lo que acuerda esa resolución.  

El artículo 417.12 de la ley del Poder Judicial considera una falta muy grave “la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Las faltas muy graves se sancionan con suspensiones de empleo y sueldo, traslados forzosos o separación del servicio. 

Un primer paso

Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias se produce cada vez que se recibe una queja, que son más de medio millar al año. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Después, el promotor tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En los asuntos de interés mediático o de especial relevancia lo “primero” que se hace es contactar con el propio juez o magistrado y se le adelanta por email o por el medio más efectivo que se encuentre el contenido del acuerdo por el que se le abren las diligencias.

En 2024, el último año del que hay datos, se abrieron 617 diligencias informativas, según recoge la memoria de la unidad de actuaciones disciplinarias. Además, se iniciaron 24 expedientes disciplinarios, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa, desde la apertura hasta que se propone la apertura del expediente o el archivo, fue de 97 días. Además, en caso de apertura de expediente, su ejecución se prolonga durante meses. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de apertura de expediente, pueda llegar a concluirse.

Escrito en el juzgado

En todo caso, la apertura de las diligencias obligará al CGPJ a analizar si el magistrado se apartó de los límites que marca la regulación disciplinaria en este caso concreto. Según la documentación que obra en el sumario, el abogado de la asesora reclamó también que se abriera una pieza separada para investigar la autoría de la filtración, aunque el magistrado lo ha rechazado, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

En concreto, reclamó que el letrado de la Administración de Justicia —antiguo secretario judicial— certificara la fecha de la firma electrónica de la providencia y que se identificara a las personas que, dentro del juzgado, conocían que Peinado iba a dictar esa resolución antes de la publicación de OkDiario. Después, solicitaba que esa información fuera derivada a un juzgado distinto para ser analizada. 

En ese escrito, el letrado afirma que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados “con indicios muy similares sobre la procedencia de la filtración” a los denunciados en este caso. 

Pedro Sánchez defiende el “no a la guerra” de España como una posición de principios, no de oportunismo político. En esta entrevista con elDiario.es, el presidente del Gobierno defiende la coherencia de su política exterior, rechaza el giro de Von der Leyen, descarta adelantar las elecciones y asume la responsabilidad por los casos de corrupción en el PSOE.

“Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta”, reivindica el presidente del Ejecutivo. A su juicio, dar respuesta a “la ola reaccionaria en España, Europa y el mundo” es “una obligación para el Gobierno de coalición progresista”. 

¿Le preocupa una represalia de Donald Trump contra España?

No. La posición de España es coherente a lo largo del tiempo en las sucesivas guerras que hemos vivido ya desde hace cinco años: la de Putin en Ucrania, la de Gaza... La defensa de la legalidad internacional es una posición consistente por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, pertenecemos a un espacio que es la Unión Europea, y la Comisión Europea ha sido muy clara al respecto. Y finalmente, porque creo que la coacción no es el camino. Ser aliado de Estados Unidos no es decir sí a todo.

¿Se ha sentido respaldado por el resto de los países europeos ante el anuncio de un bloqueo comercial a España?

Dentro de la Unión Europea no ha habido una posición común, como sí hubo con Ucrania. Pero España siempre ha mantenido lo mismo, con Ucrania, con Gaza o con Irán: la defensa del derecho internacional. Ha sido una posición de coherencia que ha conectado no solamente con determinados gobiernos europeos, que han ido girando su posición a lo largo de estos últimos días, sino también con buena parte de la sociedad y la opinión pública europea, que está en contra de una guerra que no va a traer nada bueno y que nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo la guerra de Irak. Habrá proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán, pero creo que no han aprendido nada y que continúan equivocándose en todo.

Von der Leyen plantea que Europa necesita una política exterior más realista y que no se puede confiar en el sistema basado en reglas. ¿Qué le pareció esta propuesta de la presidenta de la Comisión?

Hay elementos de su discurso con los cuales España puede estar de acuerdo. Por ejemplo, el caso de la política comercial o también el respeto al derecho internacional y la soberanía nacional con Groenlandia. Pero desde el punto de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo [Europeo], Antonio Costa. 

‘El mundo de ayer’ es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional, que nos llevó a dos guerras mundiales. El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar.

¿Le llamó Von der Leyen antes de este discurso? ¿Ha hablado con ella recientemente?

No. Evidentemente, es el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Europea. Ayer [por el lunes] sí tuve ocasión de poder hablar con el presidente del Consejo Europeo.

El Gobierno de España ha sido muy claro en su posicionamiento de respeto al derecho internacional. Estamos hablando de soberanía y de integridad territorial. Estamos hablando de paz, de lucha contra la pobreza, de financiación al desarrollo, de políticas climáticas o de cómo regular la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas

¿Y qué debe hacer Europa?

Europa debe enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. Los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional uno mucho más representativo. Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas. No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán. Si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas tendremos que incorporar a grandes naciones como India, el continente africano, China o Brasil, con una representación mucho más amplia en estos organismos.

¿Es viable esa reforma de Naciones Unidas con Rusia y Estados Unidos en contra?

Debería hacerse, porque el orden internacional al final es lo que nosotros queramos que sea y es en el interés de Europa, que no deja de ser un proyecto multilateral, como lo es también el sistema de Naciones Unidas.

Antes definía a EEUU como un aliado. ¿Alguien que amenaza con anexionarse por la fuerza un territorio vinculado a Europa como Groenlandia sigue siendo un aliado?

Desde el Gobierno de España y desde Europa siempre hemos defendido que tenemos que tener una relación transatlántica fuerte. Aunque suene paradójico, ahora mismo reforzar esa relación transatlántica pasa por reforzar el pilar europeo: nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad y nuestra defensa común. EEUU ya ha manifestado claramente que la seguridad europea tiene que recaer sobre los hombros de los europeos. 

Ahí es donde empiezan los matices, porque cuando hablamos de crecimiento y de competitividad la derecha y la ultraderecha plantean desmantelar las políticas climáticas. Los efectos económicos de la crisis en Irán, por el impacto en el petróleo, demuestran que la autonomía estratégica pasa por la transformación energética que está liderando España y que nos hace más competitivos, con el impulso de las renovables. 

Otro ejemplo: nosotros hemos sido también muy contrarios al 5% del PIB en defensa. ¿Por qué? Porque eso no va a potenciar ni a fortalecer la industria europea de la defensa, sino que nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense. 

La oposición le acusa de que su ‘no a la guerra’ es electoralista. ¿Qué le responde?

Que esta guerra no la ha provocado España. Ha sido una guerra impulsada de manera unilateral por dos naciones. Además, nosotros somos coherentes y consistentes con la política exterior que hemos mantenido durante estos ocho años casi de Gobierno. No vamos a resolver la situación de inestabilidad en Oriente Medio con una ilegalidad tan flagrante. 

Feijóo y Abascal dicen que ‘no a todo’ salvo a la guerra y este ‘noísmo’ que practican el PP y Vox no es nuevo. En todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno, desde la pandemia, siempre hemos encontrado a una oposición que se ha definido simplemente por decir ‘no’ a todo, incluso entrando en contradicciones. Dicen ‘sí’ a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, pero ‘no’ a trasladar la solidaridad de España con un país europeo como es Chipre.

¿Cuánto cree que puede durar esta guerra? ¿Qué escenarios manejan en el Gobierno?

Es difícil de prever porque ayer escuchamos al presidente de Estados Unidos decir que le quedaba poco a la guerra. Ahora que también desde la oposición se están planteando medidas socioeconómicas para amortiguar su impacto, creo que la medida menos onerosa y la que más vidas salva es el ‘no a la guerra’. Que esta guerra acabe cuanto antes.

La Unión Europea ya gasta en armamento más del doble que Rusia. ¿Realmente es necesario aumentar el presupuesto militar o es más importante avanzar hacia una defensa común?

Hace falta más coordinación, hace falta más escala y hace falta que seamos más eficientes en el gasto en defensa. El debate no debe ser en primer lugar en qué vamos a gastar, sino si somos capaces los europeos de generar más riqueza. ¿Tiene sentido que las grandes corporaciones digitales estén al otro lado del Atlántico? ¿Tiene sentido que Europa transfiera en torno a 600.000 millones de euros de ahorro al año europeo para financiar el crecimiento económico estadounidense? Todo eso tiene mucho que ver con deberes pendientes en Europa como son la unión de ahorro y de inversiones, la culminación del mercado único energético o también el mercado único digital. 

La gran paradoja y el gran desafío que tiene Europa es que, además de ser víctima de múltiples shocks no buscados –Putin, Ucrania, Estados Unidos, Irán, Gaza...– tenemos a muchos gobiernos en torno al Consejo Europeo, gobernados por la derecha con la ultraderecha, que lo que buscan es renacionalizar políticas que están hoy en manos de los europeos, en vez de avanzar en ese proceso de federalización que es lo que necesita Europa. 

¿Y qué puede ofrecer Europa al mundo?

El poder tiene, según los teóricos, dos palancas: una, el poder duro y estamos hablando de la capacidad militar, pero luego también hay otro poder que es el blando, que es el poder de hacer pedagogía, de influir o estar comprometidos con los grandes debates que afronta la humanidad y donde Europa es referencia. 

Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español

El mundo necesita referencias, consistencia, coherencia, principios y valores. Y eso es Europa. Está en nuestros tratados y es lo que desde el Gobierno de España defendemos. Por eso, cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta. Eso tiene mucho que ver con que hoy España es sinónimo de orgullo, porque somos sinónimo de principios, valores y también de resultados. Estamos demostrando que con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora de nuestras sociedades. 

Con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora

¿Qué le parece el plan francés de aumentar su arsenal nuclear? Usted habla de poder blando y este es el más duro posible. ¿España va a colaborar?

Desgraciadamente, a finales de febrero caducó el tratado internacional que regulaba la no proliferación de armamento nuclear. Y estamos asistiendo a una acumulación mayor de ojivas nucleares en el mundo. Por eso, en la Conferencia de Múnich sobre seguridad, yo manifesté la exigencia de que las grandes potencias nucleares se sentaran a negociar un nuevo tratado para limitar y reducir las capacidades nucleares. Ya con eso le adelanto cuál es la posición del Gobierno de España: no queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada. Por tanto, nosotros no vamos a participar de ese proyecto.

No queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada

Su Gobierno ha pedido levantar las sanciones de la Unión Europea a Venezuela. ¿Confía en Delcy Rodríguez para esa transición?

La presidenta Delcy Rodríguez está dando pasos hacia esa transición que debe culminar con unas elecciones libres, limpias y con todas las garantías que por desgracia no tuvieron las anteriores, como dijo Naciones Unidas. España ha acumulado experiencia histórica como para poder compartir con los venezolanos y venezolanas y que pueda haber una transición democrática donde los propios venezolanos sean, sin interferencias, quienes decidan su gobierno y el futuro de su país.

Hablemos ahora de la política nacional. ¿Da por perdidos los Presupuestos o espera un cambio de posición por parte de Junts?

Nosotros no damos por perdido nada en absoluto, tampoco los Presupuestos. Pero también digo que con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán, como ocurrió con la crisis de Ucrania.

Con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán

Los objetivos en esta legislatura son bien claros: la culminación del proceso de normalización política en Catalunya derivado de la amnistía. La culminación de los fondos europeos, que nos están permitiendo crecer al doble de la media europea y también crear el triple de empleos en 2025 que Estados Unidos. Y finalmente, hay una obligación por parte del Gobierno de coalición progresista de sostener y de ser referencia de políticas que dan respuesta a esta ola reaccionaria que están sufriendo España, Europa y el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, no es que Vox crezca en España porque crece en todo el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, es que existe un Gobierno de coalición progresista que con sus políticas está haciendo frente de manera eficaz y equitativa a esta ola reaccionaria.

En 2018 usted pidió a Mariano Rajoy que convocara elecciones generales si no lograba aprobar los Presupuestos. ¿Por qué ahora ha cambiado de opinión?

Insisto, yo tengo ya mis presupuestos. Es una administración que tiene unos presupuestos que están respondiendo a los objetivos que nos hemos marcado durante esta legislatura. Los presupuestos no dejan de ser un instrumento para alcanzar un fin determinado. Si no obedeciera a esos fines, evidentemente tendría que pensar en otros escenarios, pero no es el caso. 

Ha repetido en varias declaraciones que las elecciones serán en 2027. ¿Por qué descarta completamente un adelanto electoral?

Primero, porque los fondos europeos terminan su último desembolso el 31 de diciembre de 2026. Incorporar un proceso electoral, como son además los procesos de investidura en nuestro país, tan procelosos y dilatados, creo que no obedece al interés general. Nosotros tenemos que culminar con éxito esta gran oportunidad que son los fondos europeos para la transformación de nuestra sociedad y el refuerzo del Estado del bienestar. 

Lo digo por enésima vez, culminaremos esta legislatura y las elecciones serán en 2027

Segundo, creo que no podemos incorporar más incertidumbre a la que, ya que viene de fuera. Hoy España es sinónimo de estabilidad. Las legislaturas son de cuatro años. Así lo establece la Constitución española y, por lo tanto, el Gobierno manifiesta de nuevo, una vez más, por enésima vez, que culminaremos esta legislatura y que las elecciones serán en el año 2027.

¿Confía en un acuerdo sobre financiación autonómica después de la propuesta que ha lanzado su Gobierno?

Yo espero que los grupos parlamentarios sean al menos capaces de permitir la entrada de este debate en el Congreso. Creo que todos los grupos parlamentarios –incluso el Partido Popular, pero ellos están en el ‘noísmo’– deberían permitir la tramitación de este nuevo sistema de financiación autonómica. 

Que se abra el debate, al menos.

Que se abra el debate. No olvidemos lo siguiente, de todos los niveles de la Administración, la que más renuncia en favor del fortalecimiento del Estado del Bienestar es la Administración General del Estado porque va a prescindir de 21.000 millones de euros para que se puedan transferir esos recursos a las comunidades y fortalecer las políticas del Estado de Bienestar que son de su competencia. 

Las cifras macroeconómicas son en España bastante buenas, pero la crisis de vivienda hace que muchos jóvenes y familias no lo noten. ¿Cuándo llegarán los pisos que el Gobierno ha ido prometiendo?

Están, de hecho, llegando esos pisos. Seguro que no con el volumen y número que demanda la emergencia habitacional que vivimos en nuestro país. El Gobierno no solamente ha creado una empresa pública que por primera vez en la historia de la democracia va a ser la impulsora, la promotora de esas viviendas de protección oficial que se van a poner en manos de las familias. También estamos utilizando todos los instrumentos a disposición del Estado. Por ejemplo, el Banco Público, el ICO, ha puesto no solamente a los promotores de viviendas, sino también a las familias jóvenes sistemas de avales, precisamente para poder hacer frente a la entrada de una hipoteca. O también políticas de alquiler. 

Vivimos en un Estado compuesto y existen también materias que son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros hemos habilitado una Ley Estatal de vivienda que ha bajado un 10% el precio del alquiler allí donde se está aplicando, como en Catalunya. Mientras que en otras comunidades, como Madrid, donde abiertamente no se está aplicando la Ley de Vivienda, el precio del alquiler está creciendo por encima del 10%. 

Hay cosas que podemos hacer desde la Administración General del Estado, pero hay otras cosas que tienen que hacer las comunidades. Yo rogaría también a los ciudadanos de esas comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda que interpelen a sus gobiernos autonómicos, porque son los responsables de que no se pongan en marcha todas esas políticas vinculadas con la especulación de la vivienda.

El ministro Carlos Cuerpo ya ha advertido de que se empiezan a notar los efectos de la guerra de Irán en los bolsillos de los españoles. Si la guerra se alarga, ¿qué medidas económicas planean tomar?

Este Gobierno está contrastado en materia de crisis económica. Hemos demostrado que se puede dar una respuesta diferente a la neoliberal que aplicó los recortes durante la crisis financiera. Una respuesta que permite un rebote económico mucho más intenso. Lo hemos vivido durante la pandemia o durante la guerra de Ucrania. Fuimos el primer país de Europa que recuperó los niveles de inflación del 2% después de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Eso tuvo mucho que ver con la respuesta que dimos. 

Nosotros, por supuesto, no avalamos esta guerra en Irán, pero sí que vamos a proteger a nuestros compatriotas y lo vamos a hacer con todos los recursos del Estado. Ya estamos trabajando en un plan de respuesta. Abriremos una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y también con los agentes sociales: con la patronal y los sindicatos.

Cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa

¿Qué tipo de medidas están barajando?

Ese plan tendrá dos pilares. Uno, de respuestas coyunturales a esta guerra desde el punto de vista socioeconómico. Y dos, otro pilar de medidas estructurales, porque creo que la gran lección que tenemos que extraer de la guerra de Putin en Ucrania, o de la guerra en Irán ahora mismo, es que cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa. 

Yolanda Díaz ha renunciado a repetir como candidata y contó que se puso en contacto con usted para comunicárselo personalmente. ¿Qué le dijo?

Son conversaciones privadas.

Lo que se pueda contar...

Lo que le puedo decir, en todo caso, es que Yolanda Díaz es probablemente una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la democracia española. Creo que es de las mejores políticas que tiene ahora mismo España. Y para mí tengo que decirle que me dio pena. Creo que no solamente el espacio progresista, sino también la política española, va a perder uno de sus principales referentes. Yolanda Díaz lo ha sido y lo es. Pero entiendo también que hay un ámbito de decisión personal que corresponde a cada uno. Desde ese punto de vista, lo único que puedo decir es que respeto absolutamente la decisión, que la echaremos mucho de menos y que espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

Respeto la decisión de Yolanda Díaz, la echaremos mucho de menos y espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

¿Le preocupa que esa izquierda llegue fragmentada a las elecciones?

Todos tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que afronta España y lo inédito de la experiencia española: un gobierno de coalición progresista ante una ola reaccionaria que, por desgracia, está expandiéndose en el mundo. Y si tenemos claro cuál es el objetivo –volver a reeditar una mayoría progresista–, todos tenemos que dar el do de pecho y asumir nuestra responsabilidad. 

La del Partido Socialista, le digo yo que la tenemos clara. Yo hablo por el proyecto político al que represento. Mi responsabilidad, mi deber y mi ánimo es volver a presentarme y volver a reeditar una mayoría progresista. Precisamente en esta coyuntura histórica que atraviesan España, Europa y el mundo. Lo que defienden PP y Vox en España es más o menos el mismo discurso que estamos viendo al otro lado del Atlántico. Es una vuelta al pasado que no va a traer nada bueno. Ni a España ni a Europa, como tampoco está trayendo nada bueno al mundo.

¿Qué le pareció la propuesta de Gabriel Rufián de una candidatura unitaria de la izquierda, incluyendo la izquierda nacionalista?

Son debates que demuestran la necesidad de que el espacio progresista sea consciente de que no puede perder de vista el principal objetivo: continuar con una senda de progreso y de avance que ojalá pueda verse intensificada en la próxima legislatura con una mayoría parlamentaria más rotunda de fuerzas progresistas.

Los resultados electorales del Partido Socialista en Aragón y en Extremadura han sido malos y las encuestas pronostican nuevas victorias de la derecha y la extrema derecha, tanto en Castilla y León como en Andalucía. ¿Cree que es responsabilidad de los candidatos o consecuencia del desgaste del Gobierno?

Desde luego no los candidatos, no las federaciones. Creo que todos somos, desde la organización, conscientes de que tenemos que reconstruir los proyectos políticos en determinados territorios después de haber estado dos legislaturas en muchas de estas comunidades. Es el caso de Extremadura y Aragón. No es el caso de Andalucía, ni tampoco de Castilla y León. 

La estrategia del PP y de Vox es bien clara. Ellos son conscientes de que no hay trasvase y, si lo hay, es marginal, de votantes del Partido Socialista hacia la ultraderecha y la derecha. Juegan a la desmovilización del electorado progresista, que se quede en casa. Y para ello utilizan todo tipo de triquiñuelas y de tácticas, como la deshumanización del adversario político. O hacer algunos elementos en los que efectivamente yo he asumido la responsabilidad y actuado en consecuencia, como son algunos casos de corrupción, pues la norma, la categoría. Es algo que nos está costando desde el punto de vista electoral. 

Soy consciente de ello y también soy consciente de que lo importante es cómo respondemos a estos casos de corrupción que nos han sobrevenido: con contundencia, absoluta transparencia y rendición de cuentas. Ahora tenemos que centrarnos. Ser conscientes de que tenemos un objetivo muy importante y es culminar toda esta agenda de avances sociales y repetir esa mayoría progresista.

¿Qué ha fallado para que los dos últimos secretarios de organización del PSOE estén acusados de corrupción? ¿Ha sido un error suyo o del partido?

En primer lugar, y sin ánimo de eludir la responsabilidad, si ha habido un error es de estas personas. Pero en segundo lugar, el error no se socializa: el error lógicamente se personaliza. Y yo lo he dicho desde el primer momento. Ese error, evidentemente, si se tiene que imputar a alguien, es a mí. A partir de ahí, creo que lo relevante es cómo se ha respondido a estas crisis. Antes veíamos connivencia, cuando no justificación, en estos casos de corrupción por parte de otras administraciones. En mi caso, no solamente he pedido perdón, sino que he actuado en consecuencia. 

Abalos y Cerdan: “Es un error mío pero lo relevante es cómo se ha respondido”

Su hermano se sentará pronto en el banquillo y su mujer lleva dos años imputada por cinco delitos. ¿Cómo valora estos procesos judiciales? ¿Sigue confiando en la justicia después de ellos?

Mi deber como presidente del Gobierno, evidentemente, es el de pedir a la justicia que haga justicia. Y desde luego, en el caso de mi hermano y de mi mujer, como marido y como hermano, pues trasladarles todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo.

Traslado a mi mujer y mi hermano todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo

¿Gestionó bien el PSOE y la Moncloa las denuncias de varias mujeres contra su antiguo asesor, Paco Salazar?

Creo que esta pregunta la hemos respondido tanto yo personalmente como la organización. Lo importante es que la organización tiene un protocolo antiacoso, que se está trabajando en su mejora y que antes o después hemos respondido a las exigencias que el movimiento feminista y, por supuesto, también las víctimas de estas supuestas agresiones han podido sufrir. A partir de ahí, creo que es como la noche y el día lo que hace la izquierda y la derecha, como es el caso del Partido Popular con el Ayuntamiento de Móstoles.

¿Se plantea el Gobierno indultar al fiscal general?

Siempre que hemos hablado de indultos, efectivamente, son plenamente constitucionales. Ahora mismo está en tramitación por parte del Ministerio de Justicia y cuando llegue el momento, el Gobierno se manifestará al respecto. Lo que sí creo que es importante es no olvidar cuál ha sido el posicionamiento del Gobierno de España sobre esta sentencia, que evidentemente respetamos pero no compartimos.

¿Cree conveniente que el rey emérito regrese a España?

No deja de ser curioso que este debate se haya sustanciado como consecuencia de la desclasificación de los archivos del 23F.

Antes de conocerse su contenido, le acusaban de estar intentando un golpe republicano.

Por eso digo que siempre que el PP y Vox posicionados en el ‘noísmo’: cualquier cosa que hagamos siempre se van a manifestar en contra hasta incluso cuando sea en contra de los intereses de España, como es por ejemplo el posicionamiento de la guerra de Irán o dotar de mayor transparencia a nuestra democracia, precisamente con la desclasificación de los papeles del 23F. 

Dijeron eso, dijeron también que era una cortina de humo. Y finalmente, cuando se vio el resultado de ese compromiso que asumimos con un escritor como es Javier Cercas, con la democracia española y con muchísimas asociaciones que así lo pedían, pues realmente lo que se conoció o lo que se supo es lo que ya sabíamos antes de esa desclasificación. 

En lo que respecta a la vuelta o no vuelta del rey Juan Carlos a España. Corresponde a la Casa Real. Desde luego, el posicionamiento que ha manifestado cuenta con mi respaldo y con mi respeto.

Entrevista completa a Pedro Sánchez:

Vídeo: Salvador Fenoll y Alejandro Corral

Es un lugar común en titulares de prensa, uno de los epicentros del poder político y, sin embargo, un gran desconocido para la mayoría de las personas con las que comparte ciudad. El espacio del que hablamos es, claro, La Moncloa. Para arrojar luz sobre sus instalaciones y su funcionamiento, desde 2018 el programa Moncloa Abierta organiza visitas guiadas que permiten conocer el complejo al detalle en recorridos de 90 minutos: las oficinas de Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación o el Departamento de Seguridad Nacional. Y ojo, porque la próxima convocatoria de solicitudes está a punto de abrirse.

Será este mismo martes a las 11.00, según detalla Moncloa Abierta en una nota de prensa, cuando las plazas gratuitas se pongan a disposición en un formulario en este enlace (que detalle también el proceso completo o las condiciones que pueden limitar la presentación de solicitudes). Hay que apuntar bien la hora y conectarse a tiempo, porque normalmente se agotan en menos de un minuto. La escasa oferta y la alta demanda explican lo cotizado del plan, abierto a cualquier persona mayor de edad y a menores acompañados de un adulto

A la hora de aplicar, existen tres tipos de solicitud. Por un lado la individual sin acompañante, para grupos de 25 personas. Luego la individual con acompañante (de dos a nueve personas), también en grupos de 25. Por último, la solicitud de grupos culturales, sociales o educativos de entre 10 y 25 integrantes, cuyo solicitante figurará como la persona responsable. Cuando el formulario quede habilitado a partir de las 11.00 de este martes, es recomendable disponer con antelación de los datos necesarios para completar la solicitud (nombre completo, DNI y fecha de nacimiento de todas las personas visitantes). Desde Moncloa Abierta recomiendan igualmente, debido a la alta demanda,  refrescar la página cada cierto tiempo para comprobar si se han liberado plazas por desistimiento de otras personas solicitantes.

Una vez la plaza quede concedida, los grupos de visitantes serán convocados cuando sea posible, atendiendo a la agenda institucional en la Presidencia del Gobierno. En la inscripción, se requerirán datos sobre la preferencia de horario (mañana o tarde), que servirán para establecer un perfil de solicitante. Teniendo en cuenta la alta demanda de solicitudes, el perfil será considerado de cara a ofrecer un día u hora, pero no será un factor restrictivo para asignar un turno. Al asignarse la cita, la propia Moncloa Abierta establecerá contacto con la persona solicitante mediante correo electrónico. En caso de no poder aceptar la fecha ofrecida o no tener respuesta por su parte, la solicitud pasará a una lista de espera.

En cuanto al día de la visita, al menos la mitad de los asistentes deberán presentarse en el punto de encuentro hasta diez minutos antes de la hora de comienzo asignada. En caso contrario, la organización se reserva el derecho de cancelar o posponer. En Moncloa Abierta recuerdan por último que, atendiendo a la agenda institucional, la visita podría sufrir cambios, y, en determinadas circunstancias sobrevenidas, ser suspendida. Un aviso que dan a la hora de planificar desplazamientos, especialmente en el caso de quienes deseen aputarse desde fuera de la Comunidad de Madrid.

El asalto al cielo industrial de los hermanos Escribano —a través de la probable integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)— ha abierto uno de los debates más delicados del año en España. Lo que nació como el sueño de un “campeón nacional” de defensa en plena escalada del gasto militar europeo, se ha convertido en un caso de libro sobre conflictos de interés, gobernanza y control del poder corporativo. Es un auténtico dolor de cabeza para La Moncloa, para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y para el propio consejo de administración de Indra. Las tres partes llevan meses barruntando cómo llevar a cabo una operación que casi todos los círculos económicos y empresariales —incluso los más críticos con las formas— le ven sentido desde un punto de vista industrial. 

La singularidad del movimiento radica en que la familia propietaria de EM&E, los hermanos Ángel y Javier Escribano, no solo aspira a integrar su empresa en Indra, sino que uno de ellos, Ángel, se sienta en el consejo y preside la compañía. Lo nombró el Gobierno hace un año y medio, tras la marcha de Marc Murtra (que era presidente de Indra) a Telefónica en sustitución del cesado José María Álvarez-Pallete. Un movimiento “sorprendente”, según varias fuentes consultadas, cuando La Moncloa ya tenía la idea de llevar a cabo la operación, como así ha reconocido el propio consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

Ángel Escribano ha defendido desde el minuto uno la necesidad de ganar masa crítica para competir en los grandes programas europeos y consolidar capacidades tecnológicas en sistemas, sensores y electrónica avanzada. Desde esa lógica, una fusión o integración profunda tendría sentido industrial: permitiría unir músculo tecnológico, acelerar sinergias y reforzar la posición internacional del grupo. El problema es que la operación no se produce entre sociedades independientes, sino entre una empresa cotizada estratégica y la sociedad privada de su propio presidente que podría reforzar estructuralmente el peso de la familia en el grupo resultante. Eso ha encendido todas las alarmas en los ministerios económicos y en buena parte del sector. 

El Estado tiene la llave de todo porque, a través de la Sepi, es el principal accionista de Indra, con el 28% del capital. EM&E controla el 14,3%. Otro accionista relevante, aunque significativamente más pequeño que los anteriores, es el grupo industrial vasco SAPA Placencia Holding, de la familia Aperribay. Junto con un grupo de consejeros independientes, SAPA se opone a la operación, especialmente a la idea de que Indra adquiera o fusione EM&E.

“Sin sospechas y manteniendo el control”

El debate no es solo empresarial. El Estado considera a Indra un activo estratégico, igual que Telefónica, que controla a pachas con La Caixa, con un 10% cada uno. Pero no quiere que la operación con Escribano se lleve a cabo de cualquier forma. “No puede haber ni la simple sospecha de corrupción o conflicto de interés y, en paralelo, el Estado tiene que mantener el control como accionista de referencia de la empresa resultante”, asegura una fuente conocedora. “Encajarlo todo no es fácil pero o es así o no hay operación”, añade.

 El mercado está mirando, hasta el punto de que el PP, que hasta ahora no había abierto la boca al respeto, hace diez días aseguró, a través de su vicesecretario económico del partido, Alberto Nadal, que estará “altamente vigilante” a la operación y a las asignaciones de contratos “sin concurso público” a Indra, sin descartar acudir a los tribunales si detectan alguna cuestión que “no fuera legal”.

En la Moncloa llevan ya algún tiempo con las líneas rojas trazadas. En primer lugar, que no haya conflicto de interés y que la valoración de EM&E sea impecable para que no pueda cuestionarse. Por otro lado, que la integración no se lleve a cabo mediante una fusión por absorción. Eso implicaría que Indra ampliaría su capital con la emisión de acciones nuevas que se entregarían a EM&E y, en consecuencia, la participación de la Sepi en la nueva empresa se diluiría y el Gobierno perdería el control en favor de los Escribano, transformándolos de proveedores en dueños y señores de la mayor empresa de defensa del país. El abrazo del oso.

Esa es la opción preferida por la familia Escribano, pero es solo una de las alternativas que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, presentó en el último consejo de administración, celebrado a finales de enero, con el objetivo de que la operación acabe cristalizándose, según fuentes conocedoras. 

Una filial de defensa para Indra

Hay otras dos que gustan más a la Sepi. Una es que Indra acabe comprando una parte mayoritaria de EM&E (con el 51% bastaría) para convertirla posteriormente en una filial. El problema es que eso supondría que la familia Escribano se quedaría en minoría tanto en una como en otra compañía, y no parece que vayan a aceptarlo. La otra, que es la preferida del Gobierno, es que Indra cree una filial solo de defensa y que la fusión con EM&E la lleve a cabo esa filial, pero el control lo seguiría teniendo la matriz, Indra, controlada por la Sepi y manteniendo la misma estructura accionarial. 

Cada una de las opciones redistribuye poder de forma distinta. La primera maximiza integración y sinergias, pero eleva la tensión; la segunda es un punto intermedio con exigencias estrictas de gobernanza; la tercera es la más cómoda para el Ejecutivo, aunque quizá menos ambiciosa en términos industriales. Ángel y Javier Escribano están abiertos a escuchar todas las propuestas, según fuentes cercanas citadas por Expansión. 

Indra las debatirá en el consejo de administración convocado para este miércoles, 25 de febrero, el mismo día que presentará los resultados anuales correspondientes a 2025. Las expectativas son “buenas”, han dicho a EFE fuentes conocedoras, que no han querido anticipar datos, pero que han recordado que ya se han sobrepasado las previsiones marcadas en el plan estratégico.

Además, ya se han firmado los contratos previstos correspondientes a los Programas Especiales de Modernización (PEM) con el Ministerio de Defensa.

En total, se le han concedido más de 16.000 millones de euros en préstamos directa o indirectamente a la compañía repartidos en varios contratos, algunos de los cuales han sido llevados por parte de la empresa Santa Bárbara a los tribunales.

El ruido y las presiones no cesan, pero los Escribano no están solos. El fondo activista Third Point entró en el capital de Indra la semana pasada defendiendo que la integración generaría valor. En una carta remitida a la Sepi, el director ejecutivo del fondo, Dan Loeb, advierte de que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

El fondo Amber Capital, controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, dueño del grupo Prisa, también respalda la operación en los mismos términos que los Escribano. Sorprendió hace unos días la venta del 2% de las acciones de Indra, hasta quedarse con el 5% del capital. La operación, si finalmente se lleva a cabo, se tendría que votar en el futuro en una junta de accionistas, por lo cual todos los porcentajes —también el de Amber— serían claves.

Las acciones de Indra subieron un 5,7% la semana pasada, hasta cerrar el viernes a un precio de 54,05 euros. En los últimos 12 meses, la acción ha subido más del 188%, lo que le ha otorgado a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros.

El papel de De los Mozos

En medio de todo este pulso, la figura de José Vicente de los Mozos, próximo al PP pero que mantiene una estrecha relación con el hoy ministro Óscar López, trata de hacer equilibrismos con todos los focos apuntándole.

El consejo de administración de Indra creó un protocolo para regular la posible operación con EM&E y evitar el conflicto de interés que afecta a la familia Escribano. Hasta ahora se conocía la salida de los dos hermanos de las reuniones del consejo cuando se aborde el tema y la creación de una comisión ad hoc formada por consejeros independientes. Este viernes se conoció que Indra otorga poderes al consejero delegado para que “presente los términos de la Operación al Consejo de Administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra” y al consejo para pactar la fusión con Escribano sin la aprobación de la comisión independiente, según reza el protocolo publicado este viernes por Indra por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El desenlace de este culebrón corporativo y político podría marcar el mapa de la defensa española para la próxima década. Mientras tanto, en algunos mentideros financieros suena con fuerza un nombre, el de Ángel Simón, directivo próximo al socialismo y defenestrado hace diez meses por Isidro Fainé al frente de CriteriaCaixa, el holding industrial de Fundación La Caixa, como posible relevo para una presidencia que ha quedado demasiado expuesta al conflicto de intereses. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado su compromiso y el del Ejecutivo para caminar hacia la igualdad real del pueblo gitano en España y luchar contra la discriminación que sufren especialmente en las redes sociales.

En un acto con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España celebrado en la Moncloa, Sánchez ha puesto en valor la aportación de este pueblo a la cultura y la historia del país, y aunque ha apuntado que se han logrado muchos avances para conseguir la igualdad real, ha reconocido que aún queda mucho camino por recorrer.

Así, ha señalado los “siglos de discriminación y antigitanismo” que “no se borran en unas décadas”, ya que “persisten desigualdades”, en vivienda, empleo o educación, que afectan con más fuerza a las mujeres, y “estereotipos que hieren y limitan oportunidades”.

Una discriminación que, según ha subrayado, se da hoy especialmente en las redes sociales, en las que “arrecian discursos de odio” frente a los que, ha dicho, él estará enfrente.

Sánchez ha subrayado que el pueblo es “parte intrínseca” de la historia de España, del “presente y del futuro” del país, así como de su identidad, su cultura, su forma de sentir, hablar o crear. “España no se podría entender sin la huella del pueblo gitano”, ha aseverado.

El jefe del Ejecutivo ha considerado que a pesar de los siglos de discriminación que ha sufrido este pueblo, ha resistido y ha demostrado convivencia y coexistencia.

También ha recordado que la lengua de los gitanos, el romaní, estuvo prohibida en España durante mucho tiempo y ha defendido la necesidad de protegerla.

Seis siglos después de su llegada a la península ibérica, el pueblo gitano pide algo “sencillo”, ha dicho Sánchez. “Respeto, igualdad y reconocimiento y el Gobierno de España y yo mismo nos comprometemos para que sea una realidad”, ha añadido.

El acto, bajo el título “Gelem, Gelem” (en honor al himno internacional del pueblo gitano) ha reunido a personalidades de la cultura, la política, la universidad y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural.

Durante el homenaje, conducido por la poeta almeriense Noelia Cortés y que ha contado con actuaciones de varios artistas flamencos como Lela Soto, María Terremoto, Israel Fernández y Diego del Morao, Sánchez ha impuesto la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Pepe Habichuela y Lolita Flores, y la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a Juan de Dios Ramírez Heredia, Emilio Fernández de los Santos “Caracafé” y Teresa Peña.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, ha ordenado una nueva batería de diligencias en busca de indicios de delito de malversación que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno y a su asistente en la Moncloa. En un auto fechado este 6 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado insta a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, a que le facilite en un plazo “improrrogable de diez días” el registro de todos los vuelos realizados por ambas desde julio de 2018. 

Exige que concreten “específicamente” los desplazamientos a destinos como República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y la Federación de Repúblicas Rusas. Peinado argumenta que quiere comprobar si esos viajes eran institucionales o “para cuestiones meramente privadas”. Justifica esta petición por la negativa tanto de Gómez como de su asesora a entregar voluntariamente sus pasaportes. Fuentes próximas a las investigadas aseguran a elDiario.es que la asistente Cristina Álvarez no ha viajado con Begoña Gómez a ninguno de esos destinos.

Además, el magistrado reactiva la petición de recabar todos los correos de la dirección utilizada en Moncloa por Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno después de que la Audiencia Provincial le reprochara que no había razonado esa instrucción. El juez da diez días a la Moncloa para remitir esos correos y advierte de un posible “delito de desobediencia judicial” si no se entregan en ese plazo.

Ahora, Peinado afirma que esa medida es “necesaria e idónea” y subraya que es “menos gravoso” que registrar su domicilio. El juez sostiene que “no existe” otra forma de comprobar si Begoña Gómez usó un correo corporativo oficial de la Presidencia del Gobierno para “actividades estrictamente privadas”.

En su escrito, Peinado defiende que se ve abocado a acudir “a otras vías de investigación” debido a la “escasa o casi nula colaboración” de la esposa del presidente del Gobierno. Y alude, en este punto, a su decisión de acogerse a su derecho a no declarar en la mayoría de sus citaciones ante el juez e incluso al hecho de que Sánchez optara también por su derecho a la dispensa de declarar en las causas a los parientes directos de los investigados, entre ellos, los cónyuges. 

El juez apunta además, que la documentación recabada, tanto los correos como los registros de vuelo, será remitida a la Sección de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que la analice.

El Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, ha tumbado este martes el decreto que, entre otras medidas, recogía la subida de las pensiones. Las tres derechas han votado en contra de la medida entre críticas al Ejecutivo por mezclar varios temas en un mismo paquete, entre otras la ampliación del bono energético y la prohibición de los desahucios a familias vulnerables en 2026. Precisamente este último es un punto que rechazan tanto la derecha catalana como las españolas.

Tanto Junts como el PP de Alberto Núñez Feijóo han insistido en separar la subida de las pensiones de otros asuntos que también van en el decreto aprobado por el Gobierno. Y el Ejecutivo se verá obligado a precisamente eso para sacar adelante la revalorización: aprobar un nuevo texto específico para que los pensionistas no vean en ningún momento revertida la subida que automáticamente ha decaído con el rechazo al decreto social, este martes, en el Congreso.

El Ministerio de Seguridad Social ha mandado un “mensaje de tranquilidad a los pensionistas” y ha dicho que el Gobierno “trabaja intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos” y cumplir su “compromiso inquebrantable” para que se revaloricen las pensiones “a pesar de la irresponsabilidad mostrada hoy por algunos grupos parlamentarios”.

“Estos grupos tendrán que explicar por qué han decidido no apoyar la revalorización y dejar en vilo a casi 10 millones de personas”, añaden fuentes del Ministerio.

¿Qué pasa con las pensiones de febrero?

El escenario que se abre ahora es de un vacío legal en numerosos aspectos. Las pensiones de enero ya se abonaron, por lo que su revalorización no está en duda. ¿Pero qué pasa con las de febrero? Legalmente, ahí no se les aplicaría la subida del 2,7% aprobada a finales del año pasado, ya que estaría derogada. Tampoco estará en vigor la extensión de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 o el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el recargo sobre las nóminas para llenar la hucha de las pensiones.

El año pasado, en Moncloa se remangaron y pocos días después cerraron un acuerdo con Junts en el que recuperaron gran parte del ómnibus que había decaído pocos días antes. Si el Congreso rechazó la norma un miércoles, el martes siguiente el Consejo de Ministros aprobó otro Real Decreto-Ley que eliminó cualquier atisbo de duda.

El Real Decreto-Ley es una norma que elabora el Gobierno y que entra en vigor en el momento de su publicación. Pero tiene que ser validada por el Congreso en un plazo de 30 días desde su aprobación y está pensada para situaciones de extraordinaria urgencia.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia en la que solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un nuevo informe con la información que le ha remitido una empresa implicada en su momento en el software para la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez. En esa información remitida al juzgado, Making Science Group S.A incluye un listado de reuniones y participantes de lo que se desprende que Begoña Gómez asistió a 22 reuniones con la empresa y que en tres de ellas también estuvo su asistente, Cristina Álvarez, a quien un tribunal popular juzgará junto a la mujer del presidente del Gobierno por un delito de malversación, relacionado con el desvío de fondos públicos que supusieron presuntamente algunos de los trabajos de la empleada.

La propia empresa presenta la documentación como el “listado de reuniones mantenidas, personas convocadas y ausnot de las mismas”. Asegura que se trataba de reuniones de carácter “eminentemente técnico y mayormente de seguimiento de avance de proyecto” y que “no se levantaba acta formal”. “A las reuniones asistían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados de desarrollar el proyecto”, añade la compañía.

Según el citado listado, las 22 reuniones se celebraron entre 19 de abril de 2022 y el 7 de febrero de 2024. En ellas participan miembros de Making Science y de otras empresas implicadas en el proyecto y cuyos representantes han sido llamados al juzgado por Peinado en varias ocasiones, caso de Google, Telefónica o Deloitte. En ocasiones el organizador es un miembro de la Universidad Complutense y en otras son las empresas implicadas las que convocan.

En dos de las tres reuniones que participó Cristina Álvarez el método fue la videoconferencia. Solo una vez la asistente se desplazó, también junto a Begoña Gómez, a la sede de Making Science. Fue en el último encuentro, celebrado el 7 de febrero de 2024, donde asiste igualmente Begoña Gómez, tres representantes de la emprea y otra persona a la que no se identifica de dónde procede. Tuvo lugar dos meses antes de que Peinado abriera la causa contra Begoña Gómez, en abril de 2024.

“En esta reunión se plantea a Making Science continuar el desarrollo del proyeto en una segunda fase. Desdpués de la reunión, Making Science envió un presupuesto para la segunda fase del proyecto y no se obtuvo respuesta”, escribe la compañía en el escrito al juzgado. Las reuniones estaban dirigidas a la puesta en marcha de un software de uso gratuito para la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Complutense y por la que no cobraba.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes una parte del Palacio de La Moncloa, la llamada Sala del Reloj, en un vídeo difundido por la plataforma TikTok en la que se ha puesto “en plan Isabel Preysler” para acercar la sede del Ejecutivo a la ciudadanía.

Ataviado con traje y chaleco, pero sin corbata, Sánchez informa de que va a hacer “un pequeño 'house tour' (una visita guiada en jerga de redes sociales) por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preysler” y muestra la Sala del Reloj, llamada así porque está presidida por un reloj de cuerda.

El jefe del Ejecutivo relata que en el lugar que muestra los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González presidieron sus Consejos de Ministros, hasta que el socialista construyó lo que hoy se conoce como el edificio de los Consejos. “Aquí pasaron muchas cosas al principio de la democracia”, comenta, y anima a los espectadores a buscar fotos de la época.

Sánchez finaliza el vídeo deseando que “haya gustado” a los ciudadanos y pidiendo “comentarios”. Si la respuesta es positiva, se animará a enseñar otras partes de La Moncloa, finaliza.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una de las decisiones clave del juez Juan Carlos Peinado en los últimos meses: llamar a declarar a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, acusadas de un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal considera “dudoso” e incluso potencialmente delictivo que Álvarez sea “amiga íntima” de la esposa del presidente del Gobierno y no un “funcionario experto” y avala que se investigue si existió una “desviación de sus funciones” para, por ejemplo, ayudar a Gómez en la organización de su trabajo en la Universidad Complutense.

La Audiencia asegura: “Sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza” y para atender a sus “intereses particulares”. Jaime de los Santos, hoy diputado del PP, ejerció estas mismas labores para Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, fotografiado incluso llevando bolsas de compras para ella. De los Santos, según su currículum, no es “funcionario experto en protocolo”.

Que apenas enviara unos pocos correos relacionados con la Complutense a lo largo de los años, explica la Audiencia, “resulta irrelevante” porque ese “no es el único medio” para descubrir si iba o no más allá de su trabajo en la Moncloa. “La labor investigadora se dirige a determinar la desviación de sus funciones en el interés particular de ambas investigadas, entendiéndolo no en el desarrollo de una actividad privada, sino en aquella que sirve para montar un entramado de beneficios personales”.

El tribunal madrileño ya había avalado en resoluciones anteriores que Peinado investigara por malversación el hecho de que Cristina Álvarez, asesora contratada en Moncloa para ayudar a Begoña Gómez, gestionara asuntos relacionados con su cátedra y sus másters en la UCM. Pero es una ramificación del caso que se ha encontrado con varios varapalos de tribunales superiores contra los intentos de Peinado de escalar el caso hasta la Moncloa y varios altos cargos.

El último archivo, obligado por la Audiencia Provincial, fue recientemente para la imputación de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid y entonces alto cargo en la Moncloa. Previamente el Tribunal Supremo también había rechazado imputar al hoy ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su papel en la contratación de Álvarez. El proceso de contratación, recuerda ahora una vez más la Audiencia Provincial, no está bajo sospecha.

La Audiencia reitera en este nuevo aval a Peinado que la investigación debe determinar si Álvarez iba más allá de sus funciones como asesora para promover el supuesto plan criminal que el juez atribuye a Begoña Gómez: usar su matrimonio con Pedro Sánchez para promocionar una cátedra por la que no cobró. Según los cálculos de la Fiscalía, las colaboraciones de Gómez con la UCM arrancaron en 2012 –seis años antes de que Sánchez fuera investido presidente– y le reportaron unos 40.000 euros de beneficio hasta 2022. A una media de 4.000 euros por año.

“Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente”, dice este auto sobre Cristina Álvarez. La instrucción del caso, añade, “sigue viva”, lo que implica que este mismo tribunal tendrá que revisar en un futuro si el caso merece o no llegar a juicio ante un tribunal popular. “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”, llega a asegurar el tribunal.

Un caso camino de juicio

La causa que arrancó hace algo más de año y medio por una denuncia de Manos Limpias plagada de recortes de prensa y un bulo va camino de sentar en el banquillo, ante un jurado popular, a la esposa del Presidente del Gobierno. De las primeras pesquisas sobre su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, su actividad profesional en el África Center y su trabajo en la Complutense la línea de investigación que avanza hacia juicio es la que tiene que ver con su asesora.

A lo largo del último año, la Audiencia Provincial ha obligado a Peinado a levantar la imputación de varias personas: del rector de la UCM Joaquín Goyache, del empresario y exconsejero madrileño Juan José Güemes, entre otros, además de haber sancionado su tendencia a imputar a alguien a quien previamente ha llamado a declarar como testigo.

Otra de las líneas de investigación tiene que ver con su trabajo en la UCM, una colaboración que arrancó en 2012, y la gestión de una cátedra extraordinaria. Recientemente tanto la interventora del centro universitario como una asociación de Abogados del Estado consultada han explicado al juez que es legal que Begoña Gómez, entre otras cosas, firmara pliegos de contratación para la cátedra.