9 de la mañana de este lunes. Conexión en directo: un atril vacío en la escalinata exterior del Palacio de La Moncloa. Antes de que arrancara la esperada declaración institucional del presidente del Gobierno, tres personas se cuelan en el plano que a esa hora emiten todas las televisiones de España. Ellos no saben que la cámara ya está encendida y en el aire: aparecen riéndose, salen de la última reunión en el despacho de Pedro Sánchez. Son Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Diego Rubio, el jefe de gabinete del presidente, y Lydia del Canto, la secretaria de Estado de Comunicación. El núcleo duro con el que Sánchez ha diseñado el adelanto electoral: un plan que empezó a fraguarse hace menos de cuatro días. 

Pedro Sánchez nunca ha esperado a que se le acabe el reloj. En 2019 convocó tras la foto de Colón y la caída de sus Presupuestos. En 2023, a la mañana siguiente de perder las municipales y autonómicas. En ocho años en La Moncloa no ha agotado una sola legislatura: el botón siempre lo ha pulsado él, y siempre antes de tiempo.

No hay dos sin tres. Y esta legislatura, la más inestable de todas, ha vivido con el adelanto en el aire casi desde el primer día. Las especulaciones han sido constantes: Sánchez iba a convocar cuando imputaron a su mujer, cuando condenaron al fiscal general, cuando chocó con Trump por Irán o cada vez que los Presupuestos se quedaban en el cajón. En todas las ocasiones anteriores, no solo no pasó: es que Sánchez ni siquiera se lo planteó. Hasta el jueves pasado, convocar elecciones antes de 2027 nunca estuvo sobre la mesa.

Tampoco el miércoles de la semana pasada. En la rueda de prensa junto a Emmanuel Macron, una periodista le preguntó si iba a convocar elecciones si el Congreso no aprobaba los decretos de vivienda. “Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios”, respondió Sánchez: “Soy razonablemente optimista con la convalidación”.

No era una evasiva. En ese momento, en La Moncloa, todos daban por hecho que el segundo decreto, el del alquiler indefinido, no se aprobaría. Pero sí confiaban en que el primero, donde estaban la mayoría de las medidas, saldría adelante. Estaba pactado con Junts. O eso creían.

El jueves por la mañana arreciaron los rumores de que Junts iba a tumbar ambos decretos. En esas primeras horas, nadie aún lo veía posible en La Moncloa; tampoco el presidente. Era tanta la confianza en el voto de Junts que incluso el mismo viernes en el Pleno, tras escuchar el discurso de Míriam Nogueras, la ministra de Vivienda seguía incrédula y comentaba a algunos próximos que no había escuchado a Nogueras un “no” rotundo. 

Pero volvamos a la noche del jueves, cuando el partido de Puigdemont comunicó su rechazo. La noticia hizo estallar a Pedro Sánchez. “Se cogió un cabreo enorme, estaba indignado”, explican fuentes del Gobierno. No solo por la falta de lealtad de Carles Puigdemont, a días de que el Tribunal Constitucional despeje su regreso a España. También por la frustración de no poder sacar adelante una sola medida en un Congreso donde pactar es sinónimo de traición: donde el acuerdo resulta imposible incluso ante el principal problema de los españoles.

Esa misma noche del jueves, Pedro Sánchez empezó a barajar el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Hizo algunas llamadas a su equipo más cercano para consultarles su plan. Uno de ellos, un ministro, le respondió: “Es ahora o nunca, presidente”. No recibió una respuesta clara de Pedro Sánchez, que se limitó a escuchar sus argumentos. Pero este ministro sacó la conclusión de que ya entonces lo tenía decidido. Es lo mismo que ahora explican otras fuentes de su equipo en el Gobierno y en el partido. 

“Ha sido como revivir la moción de censura de 2018”, explica este ministro: “Sánchez siempre ve estas jugadas al vuelo”.

El viernes, poco antes de las nueve de la mañana, elDiario.es adelantó la información en exclusiva. Nuestro titular era muy claro: “Sánchez baraja convocar elecciones el próximo 29 de noviembre”. La noticia marcó la votación en el Pleno de ese día. Y la primera interpretación de la derecha no pudo estar más errada. “Es un farol para presionar a Junts”, aseguraban desde el PP. “No se atreverá a convocar porque las tiene perdidas”, decían desde el partido de Puigdemont. 

Las derechas llevan años construyendo la caricatura de que Pedro Sánchez se aferraría al poder a cualquier precio. “Se nos ha colado un dictador”, decía Ayuso hace unos días en una entrevista paranormal con Iker Jiménez: “Sánchez quiere perpetuarse en el poder”.

Víctimas de su propia propaganda, muy pocos en el PP pensaban que el malvado Perro Sanxe renunciara a otros diez meses de sillón por pelear una batalla imposible. No solo el viernes: a lo largo del fin de semana siguieron sin creerse el adelanto electoral. Aunque en público el PP le animaba a convocar. “Pedro, no te lo pienses más”, decía Tellado. Habría sido rara otra postura: la derecha lleva pidiendo elecciones desde el primer día de esta legislatura. 

“Estaban nerviosos y por eso salieron a pedir elecciones”, asegura un ministro: “Lo hicieron porque no les va bien esta convocatoria”.

En privado, a lo largo del fin de semana, los líderes del PP no creían que se atreviera a dar el paso. “No habrá elecciones anticipadas porque Sánchez sabe que las perderá”, aseguraba uno de sus diputados. “La naturaleza de Sánchez es aferrarse al poder a cualquier precio”, decía un referente de Junts este domingo. 

Pero la decisión ya estaba en marcha desde el jueves por la noche. También la fecha. Aunque algunos dirigentes plantearon al presidente que antes tratara de aprobar otra vez los decretos y ganar así algo de tiempo, había un problema de calendario. Si no se convocaba ya mismo, empezaban las Navidades. El siguiente domingo posible caía en puente: el 6 de diciembre. Y el 13 de diciembre –que algunos ministros plantearon– tenía el problema de que ese puente de la Constitución partiría la campaña. 

Había otro factor añadido: la principal razón para convocar era justo aprovechar el momento. Cuanto más tiempo se tarde en votar, más difícil será para la izquierda centrar la campaña electoral en los temas sociales, en los que la derecha está incómoda: la vivienda, la sanidad, la educación… No es compatible una campaña relámpago con retrasar su inicio dos semanas.

“Sí había voces partidarias de dar una última oportunidad a la negociación con Junts”, asegura una fuente del Gobierno, “pero se descartó porque la confianza estaba rota”.

También hubo un momento, el viernes por la tarde, en el que parte del equipo de Sánchez dudó de la oportunidad de convocar. Fue por culpa de un bulo, que circuló en esas horas por los medios y las redes sociales: la falsa noticia de que la acampada en la Puerta del Sol se levantaba. Al día siguiente, las protestas masivas del fin de semana despejaron esas dudas y demostraron que hay agua en esa piscina.

El viernes, en el debate parlamentario donde tumbaron los decretos, Sánchez cerró su intervención –que no estaba prevista– con una frase premonitoria: “La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.

Esa misma mañana del viernes, el presidente se reunió en su despacho en la zona de Gobierno del Congreso con varios de sus ministros, también los de Sumar. Aquellas fueron de las pocas reuniones presenciales. Contra lo mucho que se ha escrito, no hubo ninguna cumbre en La Moncloa durante el fin de semana.

Desde el jueves hasta el domingo, Sánchez ha hablado por teléfono en decenas de ocasiones con su núcleo duro: Félix Bolaños, Diego Rubio y Lydia del Canto. Solo ellos tres, los que se colaron en el plano de la tele, sabían al cien por cien cuál era el plan desde el primer momento. Pero Sánchez también ha hablado por teléfono con los dirigentes a los que más consulta en estos trances: entre otros nombres, los ministros Óscar López y Óscar Puente, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El factor Illa era importante. Es uno de los políticos en los que Sánchez más confía. Sabe que le dice la verdad, incluso si no le gusta: a diferencia de todos los demás, el president de la Generalitat ya no es su subordinado. 

Illa tenía motivos para defender que la legislatura resistiera un poco más: la esperanza de que el regreso de Puigdemont permitiera que Junts apoyara la reforma de la financiación autonómica, que ahora rechaza. Pero el ‘no’ a estos decretos de vivienda le abrió los ojos: no es posible pactar con Junts. Según explican fuentes de su entorno, Illa también fue de los que animaron a Pedro Sánchez a dar este paso.

Ante la Ejecutiva del PSOE de este lunes, Sánchez dio las gracias a “los que me habéis ayudado a tomar esta decisión”. “Y gracias también a los que no os he pedido opinión y me la habéis mandado también”, añadió. Durante el fin de semana, muchos de los dirigentes del PSOE que tienen su teléfono le han escrito. 

Además de estos mensajes y estas conversaciones telefónicas, el presidente del Gobierno también repasó algunas encuestas durante el fin de semana. No solo las que hemos publicado los medios de comunicación –entre otras, la de elDiario.es– sobre el masivo apoyo social a las medidas de los decretos. También los datos de un sondeo diario que paga el PSOE, que detectó un pequeño repunte en la intención de voto de los socialistas desde el viernes.

¿Cuándo se tomó la decisión definitiva? “El presidente estaba por el sí desde el primer momento, pero se acabó de decidir el sábado por la noche”, asegura una persona de su equipo. El domingo remataron el plan completo. Moncloa reservó el satélite para retransmitir al día siguiente la declaración institucional a las televisiones. Y el mismo domingo por la tarde, Pedro Sánchez comunicó al rey su decisión de convocar elecciones. Fue por teléfono: no hubo reunión con el rey en La Zarzuela. 

La convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario, para adelantar las elecciones, no se mandó formalmente hasta que terminó la declaración institucional. De esa gestión se ocupó Félix Bolaños, que quería evitar que esa información confirmase la noticia antes de que la anunciara el presidente. 

El discurso convocando las elecciones lo remató Diego Rubio. Y allí aparecen algunas claves de por dónde quieren llevar la campaña: no solo es la vivienda, es también la privatización de la sanidad, que tan bien simboliza Ayuso. “Nosotros hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales”, afirmó Sánchez. 

“La agenda social es un tema muy incómodo para la derecha”, asegura una fuente del Gobierno. 

Pedro Sánchez también espera que la agenda internacional pueda jugar a su favor. La campaña electoral española se va a cruzar con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos: con la probable derrota de los candidatos de Trump al Congreso y el Senado, que se celebran el 3 de noviembre. El Gobierno confía en que ese debate internacional le pueda favorecer. Más aún si Trump –como parece posible– no acepta los resultados.

Por último, hay otro eje que será clave en la campaña: esa idea de las élites frente al interés general de la ciudadanía. Va de tecnoligarcas, pero también de fondos buitre. Junto al debate de la vivienda, son las únicas banderas que están funcionando en todo el mundo para frenar la ola reaccionaria. 

“De momento el primer día tras la convocatoria ha ido bien”, concluye una persona del núcleo duro de Sánchez. “A Feijóo se le ha visto con un lenguaje corporal muy malo en su primer discurso”, asegura otra fuente del Gobierno. Todos ellos están convencidos de que el auge de Vox puede tener un efecto imprevisto: que el PSOE sea el partido más votado. Un escenario que, por ahora, no aparece en ninguna encuesta. 

“El futuro no llega de repente. Se construye en las decisiones cotidianas de millones de personas”, arranca Vidas Futuras, un día en 2050, un estudio en el que Moncloa ha plasmado cómo cree que será España dentro de 25 años. Esas millones de decisiones cotidianas nos van a llevar a un futuro país más diverso, con otra forma de vivir, de moverse, de comer incluso, de relacionarse, en el que la familia tradicional pierde peso y tamaño a cambio de la “elegida” y de las personas que nos vamos encontrando por el camino de nuestra vida más flexible, menos lineal; una nación más obesa en la que, cómo no, lo digital cada día está más presente, convirtiendo lo offline, lo real, en un bien más preciado; un lugar de gente que trabaja menos, se relaciona a distancia y vive sola en casas pequeñas, aunque tenga pareja.

Una España en la que estos cambios abrirán nuevos frentes para el Estado, que tendrá que vigilar las desigualdades que genere la digitalización o asegurar que las nuevas formas de relacionarse, alimentarse o cuidarse, empujadas por la tecnologización de la sociedad, están al alcance de todos.

Tras España 2050, en el que el Gobierno trató de esbozar cómo estará el país a nivel macro en 2050 y hacia dónde quiere que vaya, la Oficina Nacional de Prospectiva Estratégica (ONPE) esboza en Vidas Futuras cómo estarán sus ciudadanos dentro de un cuarto de siglo y qué se puede hacer desde las políticas públicas para adaptarse a estas nuevas realidades. “No se trata de adivinar el futuro”, explican fuentes del organismo, “sino de prever escenarios. Nos basamos en megatendencias sólidas que no cambian según quién gobierne o haya crisis o no. A partir de ahí, los expertos prevén cómo pueden evolucionar, porque no hay un solo escenario posible”. El informe se ha elaborado con la colaboración de 25 expertos independientes, profesores universitarios en su mayoría.

España cuenta con una ventajas para afrontar estos retos futuros: “Nos gusta la vida social”, explican desde la ONPE, y “si uno de los grandes retos dentro del mundo digital va a ser los problemas asociados a la hiperconexión, la soledad no deseada, etcétera., España cuenta con una baza comparativamente positiva con relación a otros países de nuestro entorno”.

España es hoy un país diferente al de hace 30 años: tiene menos hijos, menos personas casadas, más divorcios, trabaja menos, consume menos carne, tabaco y alcohol pero es más obeso, se desplaza mucho más y los extranjeros se han multiplicado

El estudio mira hacia atrás para apuntar hacia delante. España es hoy un país diferente al que era hace 30 años, expone: tiene menos hijos, menos personas casadas, más divorcios, trabaja menos, consume menos carne, tabaco y alcohol pero es más obeso, se desplaza mucho más y los extranjeros se han multiplicado. Esos y otros cambios “que llevan décadas desarrollándose (...) han redibujado profundamente nuestra vida cotidiana”, empieza. Y esas dinámicas, cuando interactúan con las “grandes transformaciones en marcha” —el envejecimiento demográfico, las migraciones, la digitalización o la lucha contra el cambio climático— esbozan “no solo lo que viene, sino, sobre todo, a quién va a afectar y cómo se va a vivir ese futuro”.

El documento se articula en torno a tres generaciones —baby boom, nacidos a finales de los sesenta; millennials, de finales de los 80; y generación alpha, nacidos en la segunda década del siglo XXI— y diez ramas de análisis, “diez ámbitos que sintetizan nuestras trayectorias vitales y muchas de las decisiones que adoptamos en nuestro día a día”: vivienda, educación, trabajo, ocio, relaciones sociales, movilidad, alimentación, salud y cuidados.

Vivir y relacionarse

Esta “transición hacia una sociedad moderna ha traído consigo una gran pluralidad de visiones y preferencias respecto a la manera de afrontar algunos de los principales hitos de nuestra vida” que conformarán en un cuarto de siglo una España más diversa en la que, aunque aún predominarán las parejas, pero serán diferentes y se retrasan decisiones como el matrimonio o la natalidad, aunque esta última se ve condicionada por elementos como la situación económica, pero también la dificultad que muchas mujeres dicen tener para encontrar un potencial padre.

En las parejas perderá peso la convivencia “como una forma de preservar mayores espacios de autonomía sin renunciar al compromiso afectivo”. Esta tendencia ya se da: desde 1980 el porcentaje de mujeres que vive con su pareja de forma estable ha bajado del 90% general a entre el 60% y 70% según la edad, y que las más jóvenes estén en el rango bajo apunta a que la cifra solo va a seguir bajando.

En las relaciones afectivas, la familia tradicional pierde peso en favor de otros vínculos, como amigos, compañeros de trabajo o incluso las mascotas, que estarán en uno de cada dos hogares. El modelo familiar 4-2-1 (abuelos, progenitores, hijo) apunta a convertirse en el más común, lo que creará una generación de hijos únicos y con pocos o ningún primo que “reforzará la importancia de esas otras redes y ”modelos de cuidado más compartidos y adaptados a estructuras familiares cada vez menos extensas“. Lo digital y la vida flexible imponen las relaciones a distancia, que penalizan la presencialidad pero impulsan la frecuencia y variedad.

Cambia la forma de relacionarse y cambia la forma de vivir, con hogares más pequeños, más diversos y más conectados a los espacios colectivos del edificio y del barrio. Bloques en los convivirán personas solas con mayores y jóvenes compartiendo hogar, con mucha movilidad espoleada por el aumento de la movilidad laboral, el peso creciente del alquiler y “los procesos de reconfiguración familiar”. La migración hacia las ciudades continuará: se prevé que casi la mitad de la población viva en una ciudad de más de 300.000 personas en 2050.

La omnipresencia digital

Pero la digitalización de todas las esferas de la sociedad “no va a desplazar la necesidad de contacto físico”, advierte la ONPE. “Al mismo tiempo, a medida que la conectividad constante pueda derivar en saturación, ansiedad o sensación de sobreexposición, podría aumentar el valor atribuido a los encuentros presenciales y a los espacios de desconexión compartida”.

Esta tendencia amerita un capítulo propio en el informe relativo a las formas de ocio. En una sociedad en la que, si sigue el camino que dibujan las políticas públicas, se trabajará menos, “es posible que las generaciones futuras dispongan de más tiempo libre”, aventura el informe, aunque eso no se traducirá “necesariamente” en mayores niveles de bienestar.

Viviremos condicionados por el algoritmo, “capaz de anticipar” nuestras preferencias y hábitos mientras “seguirán volviéndose cada vez más sofisticados, configurando experiencias personalizadas y difíciles de compartir”, lo que no deja de ser una evolución natural de tendencias ya visibles, sostiene Vidas futuras.

Como su contraparte: “La capacidad de regular la exposición digital o de disponer de tiempo para cultivar relaciones presenciales no será igual para todos. Estas diferencias tendrán causas diversas (acceso a terceros espacios, movilidad, uso del tiempo, arraigo, etc.) y podrían convertirse en un nuevo eje de desigualdad en la forma de construir y mantener las redes afectivas”, advierten los expertos.

Salud y cuidados

Viviremos más años, siguiendo la tendencia actual, pero el reto será “mejorar la calidad de esos años reduciendo los efectos de las enfermedades crónicas”. En este sentido, “tener tiempo para descansar, acceso a una alimentación saludable y entornos que favorezcan hábitos de vida sana seguirá condicionando cuántos años vivirán las personas con buena salud”.

En paralelo, los avances tecnológico-sanitarios “harán posible una medicina más preventiva, personalizada y continua”. Herramientas como la telemedicina, la monitorización remota o los análisis avanzados “facilitarán diagnósticos más tempranos y un seguimiento más preciso de enfermedades crónicas”, a la vez que la IA, la secuenciación genómica, la edición genética o las terapias inmunológicas podrían transformar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer o algunas patologías hereditarias, contribuyendo también a esta mayor longevidad.

Pero todos estos elementos, advierten desde la ONPE, son susceptibles de generar grandes desigualdades entre ciudadanos que el estado deberá atender.

Para las generaciones más jóvenes “la salud mental será otro gran desafío”, también siguiendo la estela del presente. El texto explica que “los problemas vinculados al bienestar psicológico y emocional, incluida la soledad no deseada, afectan ya a distintos grupos de edad, aunque algunas señales son especialmente visibles entre los adultos jóvenes atravesados por un contexto de mayor incertidumbre en las trayectorias vitales, así como cambios asociados a las formas de socialización”.

En una sociedad que vive sola, como se prevé sea lo más habitual en 2050, y que además prefiere hacerlo en su propio hogar, según indican los datos disponibles, la necesidad de cuidados se disparará. De nuevo, lo digital puede ayudar a mitigar el problema, pero siempre harán falta personas, sostiene el informe, que además las cifra: unos 400.000 profesionales deberán incoporarse al sistema de aquí a 2050 para mantener un sistema viable.

Imaginen que a su pareja la eligen presidente o presidenta del Gobierno. Es improbable, me dirán, pero hagan el ejercicio. Terminado el cava, empiezan los trastornos: prepare una mudanza a la Moncloa. Si usted da clases en un instituto o es capataz en una fábrica, podrá ahorrarse el abono transporte porque, por motivos de seguridad, irá a trabajar con coche y escolta, que lo acompañará en todo momento; ya no podrá ir a donde quiera. Quizás no lo haya calibrado, pero se verá cargado con obligaciones tan estrafalarias como inevitables, porque el protocolo y la diplomacia se rigen por códigos acartonados que enredan la agenda de los consortes de los gobernantes. Se verá en el compromiso de acompañar a su cónyuge en recepciones y desfiles, de pasear con los mandatarios que vengan a España y viajará al extranjero para confraternizar, en apasionantes programas paralelos, con las parejas de otros dirigentes. En vano reclamará que le enseñen la ley que le obliga a estos menesteres; no existe, es pura costumbre. ¿Y cuánto voy a cobrar por todo esto?, se preguntará. La respuesta es cero euros. Será usted, así, una persona que presta servicios al Estado, para su imagen pública y su proyección internacional, y que lo hace no solo gratis sino también et amore.

Pero imaginemos que usted se empeña en mantener su trabajo: debe asistir a tutorías y claustros, gestionar planes de prevención, preparar cuadrantes de vacaciones, qué sé yo... Decide entonces que algunas reuniones, en días de abrumada agenda, las mantendrá en su casa, y el Estado le pone un asistente para que le ayude en todo lo que usted necesite. Así, mientras esté en Tailandia o asistiendo a recepciones o comidas de boato, su ayudante mandará correos por usted, enviará al instituto las notas de los exámenes, tramitará la documentación que usted haya preparado, gestionará su agenda, tomará nota de las llamadas que reciba... hasta que un juez le diga que usted es un delincuente, porque está usando un empleado público para sus cosas privadas y su casa pública para reuniones particulares. Y tal vez reciba la noticia en Brasil, por decir algo, donde usted se encuentra usando su tiempo privado para una causa pública. Pedirá de nuevo la ley y ahí le llegará otra sorpresa: ninguna norma dice que su ayudante no deba auxiliarle en sus cometidos privados; de hecho, desde que hay memoria los asistentes han servido precisamente para eso. Pero es igual: alguien ha salido de caza y, por no acertar a la pieza mayor, disparan contra usted.

Si me dieran el privilegio de legislar, pondría por ley que un juez a quien, en un solo asunto, la superioridad le revocara más de cinco decisiones, debería ser apartado del caso; si le revocara más de diez, debería ser apartado de la carrera; y si le revocara más de quince, debería ir directamente a prisión. Y lo haría así no por atacar a los jueces, sino por defender la justicia de calidad y rigor que nos merecemos. El juez Peinado ha llevado adelante una instrucción sesgada y ridícula contra Begoña Gómez que, más que retratarle a él, retrata al Poder Judicial que lo ha consentido. Sus excesos han sido gloriosos: comparó al gobierno socialista con el absolutismo de Fernando VII, llenó sus resoluciones de prejuicios de culpabilidad, rechazó pedir la agenda de Begoña porque “previsiblemente ha sido manipulada” (desde ese día debía estar fuera del asunto), insinuó que la policía ayudaría a Begoña a fugarse, imputó sin motivo a Félix Bolaños y a otros muchos, se negó a que el presidente del Gobierno declarara por escrito, tuvo un comportamiento cruel y nulo de pleno derecho con Juan Carlos Barrabés cuando estaba hospitalizado, fue acelerando la tramitación del procedimiento al tiempo que retrasaba los recursos contra decisiones previas, provocando estos síncopes procesales que le llevan a dictar la misma resolución varias veces, tras anularse la anterior... Ahora ha dictado auto de apertura de juicio oral, ¡pero ya lo había dictado en junio! Las sucesivas nulidades le han ido obligando a reformular resoluciones amontonadas sobre lo anulado, con lo que una misma decisión se repite en el tiempo como campanadas nuevas sobre noticias viejas.

Finalmente, habrá juicio. Los hechos que se ventilarán, en realidad, son lo de menos. Empezaron siendo unos y terminaron siendo otros, algo típico de estas causas prospectivas (de ‘cristalización progresiva’ las llaman los modernos). A Begoña la juzgarán por usar a una asesora como ayudante, cosa que parece que es malversación, por pedir dinero para una cátedra extraordinaria en la Complutense por la que recibió cero euros, vinculada a unos másteres que impartía desde 2014, cosa que se tilda de tráfico de influencias, y por el desarrollo de un software gratuito, ofrecido para uso abierto y libre, que se sufragó con aportaciones de empresas y que le reportó a Begoña cero euros, que por alguna razón se considera también malversación. Nada de esto estaba en la denuncia inicial de Manos Limpias, pero con algún botín debía presentarse Peinado a puerto.

El procedimiento ha estado tan cargado de irregularidades que no sorprenderá la última, advertida por la defensa. Y es que la tramitación de un juicio por jurado impone una serie de particularidades técnicas por las que a veces pasamos por alto. Una de ellas especifica que los jurados deben analizar los hechos valorando exclusivamente las pruebas que se practican ante ellos, con total abstracción de lo realizado hasta entonces. Por eso los escritos de acusación y defensa deben limitarse a exponer los hechos sometidos a juicio y nada más; estos escritos, que se leen ante el jurado, no pueden incluir datos de lo que haya pasado fuera de la sala y que puedan influir en el veredicto; no pueden incluir, por ejemplo, lo que hayan declarado los testigos durante la investigación, o lo que haya dicho la UCO ni, mucho menos, lo que hayan decidido los magistrados de la Audiencia Provincial, que los jurados tendrán por sabios. La incorporación de esta información vulnera la ley porque contamina el debate y confunde a los jurados con unos prejuicios que, sin duda, condicionarán su decisión. La queja de la defensa estaba justificada: el escrito de acusación que incluye este contenido está mal hecho y debería ser apartado de la causa; sin embargo, en un procedimiento que se ha instruido con la delicadeza de una patada, parece claro que la queja tenía pocas esperanzas de prosperar.

Y se celebrará el juicio. Tal vez entonces se advierta una peculiaridad en el asunto que quizás explique el empeño de Peinado en llevarlo ante un jurado. En un caso ordinario, al jurado se le pregunta por el hecho, el resultado y la consecuencia, y estas tres cosas suelen estar anudadas indisolublemente: el acusado disparó, en consecuencia mató, en consecuencia asesinó. Pero en el caso de Begoña es tan dudosa y forzada la calificación de los hechos como delictivos, que podría darse la circunstancia de que el jurado declare sustancialmente ciertos los hechos de la acusación y sin embargo absuelva; declare como cierto que Begoña utilizó a su asesora para que le ayudara en sus asuntos privados, pero entienda que eso no es malversación; que pidió dinero a patrocinadores, pero que eso no es el tráfico de influencias por presión moral que se pretende; que participó en el registro de la herramienta informática gratuita, pero que eso no es delito alguno.

Esta singularidad, a la que se ha llegado por la incompetencia de una instrucción retorcida, resulta disfuncional. Habrá quien defienda que al jurado únicamente se someten cuestiones de puro hecho; pero como los hechos no son ilícitos, entonces para absolver el jurado deberá articular una opinión sobre ellos. No le bastará con decir ‘pasó esto o aquello’ sino ‘sé lo que pasó y, a mi juicio, no es delito’. Esto no es sencillo; decidir si un hecho es delictivo o no requiere de unos conocimientos que no pueden exigirse a una persona lega en derecho. Sin embargo, introducir estos elementos valorativos en el veredicto será imprescindible, a mi parecer, porque si al jurado solo se le fuera a preguntar si se utilizó a una asistente para labores privadas (que es probablemente el escenario que imaginó Peinado al dirigirnos a un jurado), entonces Begoña entrará a juicio ya condenada.

En fin, este juicio tan extraño no es más que el resultado de una instrucción atrabiliaria que nadie supo parar, en manos de un instructor que contó siempre con la permisibilidad de sus compañeros, que nunca le pidieron cuenta de sus excesos. La inercia corporativa de este Poder Judicial es tan apabullante que no encontrará motivo para reclamar responsabilidad a un juez cuya ineptitud jurídica es tan flagrante que la superioridad no le ha revocado en este asunto ni cinco ni diez ni quince, sino más de veinte decisiones en dos años. ‘Nada que decir’, habrá dicho el Consejo, ‘es uno de los nuestros’.

El juez Juan Carlos Peinado ha cumplido con los tiempos que se marcó para el final de su carrera profesional. Antes de su jubilación, efectiva desde el próximo 27 de septiembre, ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que sea juzgada por un tribunal del jurado. Le imputa delitos de tráfico de influencias y malversación, y se sentará en el banquillo junto a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.

Peinado no ha impuesto medidas cautelares antes del juicio a las dos acusadas si bien establece “la obligación de permanecer en todo momento a disposición” del juzgado y del tribunal que les vaya a corresponder, así como de “comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero” y de comparecer si son requeridas.

Además, como preveían fuentes de las defensas, el magistrado ha desestimado la tesis del nuevo abogado de Begoña Gómez que sostuvo en la audiencia preliminar que el escrito de acusación de HazteOir era ineficaz por cuanto recogía en su contenido datos y referencias a informes policiales de los que no debía conocer el jurado popular.

Sobre la alegación de Álvarez de que no había sido citada personalmente para la audiencia preliminar y por tanto se le había provocado indefensión, el juez responde que esa situación “ha sido creada y provocada voluntariamente por la propia acusada” porque eludió la orden de estar en todo momento a disposición del juez. Y añade que su ausencia en la vistilla “no le ha causado menoscabo alguno en su de derecho de defensa, ni perjuicio real y efectivo a sus intereses” porque tuvo representación letrada.

Sí acuerda, en cambio que se averigüe la capacidad económica de la esposa de Sánchez a través del Punto Neutro Judicial y que se libre para ello un oficio a la Agencia Tributaria para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta. Esto lo acuerda por petición de HazteOir “a fin de concretar la multa proporcional interesada por el delito de tráfico de influencias”. El juez recuerda además que el gasto directo asumido por la Universidad Complutense de Madrid por el desarrollo del software investigado es de 113.509 euros, cantidad que reclama como actor civil.

La causa abierta por Peinado tras admitir una denuncia del pseudosindicato de funcionarios Manos Limpias ha sido avalada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Fue en julio cuando cinco magistrados de esa sección respaldaron la investigación llevada a cabo por el juez instructor contra Gómez, al menos en lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias y malversación.

Descartaron, sin embargo, seguir el procedimiento contra ella por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y sacaron de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Contra el empresario, los magistrados acordaron seguir la investigación en procedimiento abreviado para ventilar lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos investigados.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense -Transforma TSC-, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias.

El tribunal de la Audiencia Provincial sostuvo, por otro lado, que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirmaron para justificar que sea juzgada por el delito de tráfico de influencias: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

Ahora, la Audiencia Provincial debe asignar a uno de sus jueces como magistrado-presidente. Éste será el responsable de acotar el hecho justiciable, y de dictar la sentencia en la que recogerá el veredicto del jurado popular. También impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda. La ley recoge que también resolverá, en su caso, sobre la responsabilidad civil del penado o de terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado reclamación.

Peinado regresa a Fernando VII

En el auto que ha trascendido este lunes, Peinado vuelve sobre lo ya escrito en resoluciones anteriores. Así, sostiene que, con la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018, Begoña Gómez vivió “un cambio inmediato y significativo en su trayectoria profesional”. Para el juez, la investigada logró “el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno” para lograr ser la directora de la cátedra extraordinaria que impartió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y para que esto ocurriera “de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.

Considera, además, que su posición le facilitó acceder “a interlocuciones institucionalmente excepcionales” y que desde la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudo obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”.

Para el juez, por mucho que se busque en la jurisprudencia una resolución que analice o interprete el tráfico de influencias, no se puede hallar un supuesto parecido al que ha investigado él. “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, indica, para volver a hacer alusión por similitud al reinado de Fernando VII.

A Gómez también le imputa el delito de malversación de caudales por el uso que hizo de su asistente “en favor de intereses estrictamente privados o particulares” porque entiende que Álvarez “habría intervenido de manera continuada en actividades ajenas a las funciones propias de su puesto”.

En cuanto a la malversación que se les imputa a ambas, el juez dice en su nuevo auto que de los hechos investigados se desprende que el software o plataforma digital surgido en el entorno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva “fue concebido, impulsado y desarrollado bajo el paraguas institucional de la UCM con intervención de personal universitario, financiación y colaboración de diversas empresas tecnológicas y participación activa de tanto de Gómez como de Álvarez. Y añade que si bien ”se intentó inicialmente su encauzamiento por la vía institucional“ a través de un departamento de la UCM, dicho procedimiento no llegó a culminarse.

En paralelo, explica que la esposa de Sánchez “fue asegurando el control privado de los elementos identificativos y de explotación del proyecto mediante el registro de marcas vinculadas a TSC y a TransformaTSC, el alta y posterior control del dominio transformatsc.org y la constitución de la sociedad Transforma TSC, S.L.”. Y el juez explica que existe “un cconjuntoindiciario relevante acerca del destino final del software y de su desplazamiento desde el ámbito universitario al ámbito privado”.

El Gobierno: “Es incuestionable la intención política”

El Gobierno ha “condenado” la apertura de juicio oral y la ha calificado de “arbitraria”. “Condenamos la decisión del Juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Fuentes de Moncloa aseguran que “es intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del presidente del Gobierno. Así como que se haga público antes de ser notificado a las partes. Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción”.

La crisis de Ceuta sigue muy lejos de ver la luz al final del túnel, pero ha entrado esta semana en una fase distinta tras la puesta en marcha de miles de nuevas plazas de acogida. Los dos puntos de la ciudad en situación más crítica, Loma Colmenar y El Trampolín, se han visto aliviados ostensiblemente con la habilitación por parte del Gobierno de 2.500 alojamientos en solo cinco días. Sin embargo, aún son miles las personas migrantes que permanecen en la calle, una parte de ellas niños y niñas solas bajo tutela del ejecutivo local. Y tanto la gestión de esos menores como la discusión sobre los nuevos emplazamientos para adultos ha derivado en un choque frontal entre administraciones que escala ya al cruce de acusaciones directas entre Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas.

El reproche más explícito por parte del presidente del Gobierno llegó el miércoles, tras la sesión de control en el Congreso. Y sorprendió por el tono y porque Sánchez nunca suele responder en los pasillos de la Cámara Baja a las preguntas al aire que le lanzan los periodistas al salir del hemiciclo. Pero esta vez sí lo hizo. “Presidente, ¿cómo explica que haya todavía mil menores en las calles de Ceuta?”. “Eso pregúntenselo a Vivas”, contestó. El dardo saltó inmediatamente a las portadas de los periódicos y los informativos de radio y televisión.

Después de la lluvia de reproches del presidente de Ceuta, que esta misma semana aseguró que Sánchez “no está capacitado” para seguir en el cargo por no estar a la altura “de sus obligaciones constitucionales”, el Ejecutivo ha decidido pasar a la ofensiva. En la Moncloa explican que detrás de ese “desahogo” del presidente, que algún otro miembro del Gobierno y del PSOE considera “inapropiado”, hay una motivación fundada. “Hasta ahora le guardábamos el aire a Vivas, pero, ante tanta mentira y tantos ataques, hemos decidido defendernos. Nosotros entendemos que haya mil niños en las calles porque es difícil de gestionar, porque es mentira que se puedan devolver sobre la marcha y porque hay problemas de espacio. Pero si nosotros empatizamos con esa situación, que es competencia exclusiva suya, lo que le demandamos es que empatice él con nosotros y deje de machacarnos con populismo barato”, apuntan en la Moncloa.

Un ejemplo claro del choque del Gobierno con Vivas tiene que ver, precisamente, con esa situación de los menores bajo tutela legal de la ciudad autónoma. Desde principios del mes de agosto, el Ministerio de Juventud e Infancia plantea a la administración ceutí el traslado temporal a la Península de 500 niñas solas en situación de especial vulnerabilidad. Una acogida que tendría lugar con recursos del Estado y bajo la gestión de entidades especializadas en la atención a la infancia. Esa propuesta se ha trasladado de manera recurrente y a todos los niveles, desde las reuniones más técnicas con la consejería de Infancia hasta conversaciones personales entre la ministra Sira Rego y Juan Jesús Vivas. Pero es la ciudad, como depositaria de la tutela, quien tiene que dar el visto bueno. Y, por el momento, se niega a hacerlo.

En el departamento de Sira Rego defienden que ese traslado temporal, mientras se tramitan los expedientes de reagrupamiento familiar o de inserción en el sistema de acogida, no solo garantizaría una atención digna a medio millar de niñas solas, sino que ayudaría a aliviar la presión asistencial que soporta ahora la ciudad autónoma. Pero lamentan chocarse continuamente con el bucle de la contradicción de Vivas, que clama por el colapso de la ciudad al mismo tiempo que impide la fórmula que permitiría destensarla. Y todo, con alrededor de mil niños y niñas que, según el cálculo de las administraciones, permanecen sin atender por falta de capacidad de acogida.

Desde el Ministerio aseguran que la propuesta de traslado no solo está vigente, sino que se ofrece de manera sistemática a los responsables locales de Infancia para ponerla en marcha “en cuanto den el 'ok'”. Aunque se muestran cautos a la hora de entrar al choque político con sus interlocutores de la consejería ceutí, de los que destacan su plena disposición a la búsqueda de soluciones, en el Gobierno existe el convencimiento de que se trata de un bloqueo que traspasa la responsabilidad tanto de los técnicos como del Ejecutivo de Vivas en su conjunto, atado de pies y manos por las directrices políticas de la calle Génova, a juicio del Gobierno central.

“No son capaces de darnos una razón o explicarnos qué pasa. Tan solo nos ponen excusas y nos trasladan que eso tienen que negociarlo. Y no sabemos con quién, pero nos lo imaginamos”, sostienen fuentes del Ejecutivo involucradas en primera persona en el dispositivo de coordinación ministerial que trabaja en Ceuta. Esta semana, la Cadena SER desveló un correo electrónico remitido el 28 de agosto en el que se daba traslado nuevamente de la propuesta y que no recibió respuesta. El Consejero de Presidencia de Vivas, Alberto Gaitán, aseguró en TVE no tener conocimiento de ese mensaje, pero insistió en la única idea que repite insistentemente el Gobierno ceutí y el PP de Feijóo: “Esta era una opción más, pero para nosotros la prioridad es la repatriación de menores”.

Los continuos choques con “un Vivas muy diferente”

La lectura política que se hace en el Gobierno de los choques con el presidente de Ceuta es que el Partido Popular ha encontrado un filón en la crisis migratoria en plena cuenta atrás de un año electoral. Y que esa presión de Génova se está llevando por delante el perfil de gestor moderado que hasta ahora ostentaba Juan Jesús Vivas. “La verdad es que nos hemos encontrado un Juan Jesús Vivas muy diferente al de 2021, cuando gestionamos codo con codo otra crisis migratoria muy grave también”, dijo en laSexta Pedro Sánchez este pasado lunes.

Lo que más sorprende en las filas del Ejecutivo es el giro de Vivas respecto a las devoluciones a Marruecos. Un cambio de posicionamiento drástico que es, además, constatable. Porque el 29 de julio de este año, el día antes del paso fronterizo masivo, el presidente de Ceuta afirmó durante una comparecencia institucional: “Puede existir la percepción de quien diga que, si llegan inmigrantes de manera irregular, ¿por qué no se devuelven? Pues hay que decir que porque, con la legislación en la mano, no se puede hacer. Quien lo haga estaría cometiendo un delito (...) Una condición necesaria para que el menor pueda retornar es que el menor quiera retornar. Y ninguno quiere retornar. Por tanto, es imposible, y ya sabemos lo que dijo el Supremo de lo que pasó en esta ciudad. En el caso de que los adultos soliciten asilo, y todos lo solicitan, ya no se pueden retornar al país de origen. Sencillamente, la ley no lo permite”. El vídeo continúa visible en las redes sociales oficiales del Gobierno ceutí.

Antes de que todo saltara por los aires los días 30 y 31 de julio, los posicionamientos del Ejecutivo de Vivas en el mismo sentido eran constantes. En septiembre de 2024, por ejemplo, el Partido Popular de Ceuta votó en contra en la Asamblea de la propuesta de Vox para instar al Gobierno “a activar los mecanismos necesarios para la repatriación inmediata de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma”. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, llegó a hablar de “temeridades ilegales” y reconoció que la ciudad había remitido 600 expedientes a Marruecos y no había sido respondido ninguno.

Ahora, el gobierno de la ciudad alega que se dan “nuevas circunstancias” por la entrada masiva de finales de julio y se pone sus ojos en la supuesta cobertura legal que otorgaría el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y el reglamento de Retornos. Según el PP, esas normas eliminan la opinión del menor a la hora de realizar o no su reunificación familiar, aunque la realidad es que ambas siguen exigiendo garantías individualizadas. Y, en cualquier caso, el reglamento no está en vigor.

Boicot a los emplazamientos

El otro gran campo de batalla política en la gestión de esta crisis tiene que ver con la búsqueda de emplazamientos. Ya a principios del mes de agosto, mucho antes de que Pedro Sánchez aceptara al fin la figura del mando único que reclamó Vivas desde el primer día, los departamentos implicados lanzaron la voz de alarma por el bloqueo a la búsqueda de plazas de acogida que encontraron en el gobierno de la ciudad. Las negociaciones entre el Ejecutivo ceutí y el Ministerio de Migraciones se prologaron días con vetos explícitos a poner carpas en el entorno del hospital militar, en la antigua fábrica de harinas o en las naves del Tarajal. Con argumentos siempre parecidos: rechazo de las asociaciones vecinales, presión de algunos empresarios con negocios en las zonas afectadas y portazo final de la propia administración local.

Cuentan en el Gobierno central que a menudo se han consensuado ubicaciones en reuniones al más alto nivel entre ambas administraciones y que, posteriormente, han sido boicoteadas. Y ponen el ejemplo de los 16.000 metros cuadrados del Puerto habilitados desde este viernes para acoger a 1.700 personas. Tras pactarlo, la autoridad portuaria se desmarcó con un informe desfavorable. Y entonces el Ministerio de Transportes tomó la decisión de manera unilateral. El nivel de desconfianza ha llegado a tal punto que, según ha podido saber elDiario.es de fuentes directas de los equipos ministeriales implicados, en algunos de los operativos desplegados en los últimos días para el realojo de personas migrantes se ha evitado trasladar información precisa a las autoridades locales con demasiada antelación por temor al boicot.

Y en mitad de ese clima, la situación de Ceuta, de los ceutíes y de las personas que se jugaron la vida a nado los días 30 y 31 de julio en busca de un futuro digno continúa lejísimos de solucionarse. El mismo viernes, tras la recepción de 1.700 personas en las naves del Puerto, el Gobierno actualizó los datos para asumir implícitamente, una vez más, su fracaso en la gestión. Las cifras oficiales hablan ahora de al menos 10.000 el número de personas migrantes que quedan en Ceuta. Muy lejos de las 2.000 que dijo el Ejecutivo a principios de agosto, de las 5.000 que apuntó Pedro Sánchez a principios de septiembre y, en cualquier caso, muchas más de las 6.000 plazas comprometidas y que ya están en marcha. Asegura el presidente del Gobierno que espera tener la situación arreglada a final de año.

“Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero], como he contado siempre en las campañas electorales”. Con esas palabras ha contestado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado en TVE por Esther Palomera sobre si invitará al expresidente Zapatero a la campaña electoral de las generales de 2027 pese a estar imputado por su presunta mediación en el rescate de Plus Ultra.

Tras recalcar que “la campaña electoral será en 2027”, Sánchez ha querido dejar claro que “tanto la trayectoria como el legado de Zapatero” son “muy importantes para el PSOE y para España”. “Defendemos su presunción de inocencia. Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”, ha insistido, ante las preguntas tanto de Palomera como de Jesús Cintora. El presidente del Gobierno ha recordado que “hay partidos y medios que creen a personajes” como el empresario Víctor de Aldama, “que llegó a decir que había hecho de chófer” del propio Sánchez. “¿Se le da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que tiene todo el derecho a defenderse?”, se ha preguntado.

Sánchez ha asegurado, además, no temer una imputación del PSOE en esa misma causa de Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional. “No sé si nos imputarán o no, pero le puedo asegurar que no hay financiación ilegal del PSOE”, ha añadido.

Gran parte de la entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE se ha centrado en dos temas candentes de la actualidad como la decisión del Tribunal Supremo del martes de anular cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados a través de la conocida como 'ley de nietos' y la crisis por la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el pasado 30 de julio.

“No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, ha remarcado Sánchez, que ha recordado que la decisión cautelar trastoca la ley de memoria democrática que dio la ciudadanía a los familiares de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura. El presidente del Gobierno ha acusado a las partes que solicitaron esa suspensión del derecho a voto (Vox y Iustitia Europea), pero también al PP de querer “cercenar los derechos de ciudadanía” de españoles, “como hicieron obligándoles a exiliarse”.

El “cuestionamiento de los regímenes democráticos” por parte del PP

A continuación, Sánchez ha recordado que la ley que ahora ha cuestionado el Supremo “lleva en vigor desde 2022” y que “en 2023 hubo unas elecciones generales en las que el PP ganó en el voto exterior”. Así, se ha preguntado “por qué el PP hoy cambia de posición” sobre una ley que lleva años en vigor. “El denominador común es el cuestionamiento de los regímenes democráticos”, ha concluido. El jefe del Ejecutivo ha acusado a las derechas de lanzar por ellos “bulos” sobre supuestos “pucherazos” en esa estrategia de la ultraderecha mundial. Sánchez, en todo caso, ha negado que haya un “choque” institucional entre poderes del Estado y se ha limitado a señalar que lo que existe es una “discrepancia en la lectura de determinadas leyes que se están aprobando en las Cortes”.

Ante lo sucedido en Ceuta, la única autocrítica que ha verbalizado ha consistido en pedir unos servicios de inteligencia más “sofisticados” para poder prever movimientos en redes sociales como los que considera el origen de la crisis alentando la entrada masiva el 30 de julio. “Tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro de la frontera”, ha añadido, antes de reclamar también “infraestructuras de acogida de mayor envergadura”. Se ha presentado, además, como el “presidente que más ha ido a Ceuta” en democracia. “He estado al pie del cañón, hemos estado desde el principio en la crisis de Ceuta”, ha dicho frente a las críticas por su estancia en Lanzarote en agosto, cuando la crisis se prorrogó.

También ha negado cualquier intento de complacer a Marruecos por no responsabilizarle directamente de lo sucedido en la frontera. “Se me podrán criticar muchas cosas, pero he puesto en marcha una política exterior coherente y respetuosa con el derecho internacional”, ha añadido, en alusión a su postura frente a Donald Trump o a la hora de denunciar el “genocidio” de Gaza. “Este Gobierno nunca acepta ningún chantaje porque no tenemos nada que ocultar”, ha dicho, además de recordar que este mismo miércoles “se conocerán todos los papeles y documentos” que el CNI y las Fuerzas Armadas publicaron en agosto sobre Ceuta tras su desclasificación aprobada en el Consejo de Ministros.

Sánchez sí ha adelantado que se trata de “informes de situación” y ha asegurado que, en base a esos documentos, su conclusión es que “los días previos al 30 y 31 de julio se registró un ligero pico en el número de llegadas a nado”. “Pero hablamos de cientos, no de 70.000”, ha señalado. “No se previó en absoluto la llegada masiva de tantos migrantes”, ha zanjado. Y preguntado por una posible visita del rey, Sánchez ha afirmado que “hoy Ceuta necesita del arrope y del cariño de todas las instituciones”, por lo que es “más necesario que nunca que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla”. “Estamos trabajando en fechas próximas”, se ha limitado a señalar, sin concretar más.

“Máxima confianza” en la investigación judicial sobre Ceuta

Sí ha recalcado que tiene la “máxima confianza” en la justicia al ser preguntado por la investigación abierta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ante la crisis en Ceuta. Sí ha recordado que es “un hecho objetivo” que Tardón fue concejala dentro de la candidatura del PP en el Ayuntamiento de Madrid. “Ese es un hecho objetivo, pero evidentemente no está reñido el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza”, ha respondido. Después ha afirmado que por parte del Gobierno “no hay nada que ocultar” y, por tanto, tienen “máxima confianza” en el proceso.

También ha pedido Sánchez “solidaridad por parte de las comunidades autónomas” a la hora de acoger a menores migrantes, aunque hasta ahora el Gobierno había descartado desplazarlos de Ceuta a la Península. “No descartamos ninguna opción, estamos priorizando la reubicación en Ceuta. El PP si realmente está interesado en resolver y contribuir a la solución de Ceuta le pido más solidaridad y responsabilidad. En este tipo de crisis se necesita altura de Estado. Les pido que arrimen el hombro, que critiquen lo que quieran pero arrimen el hombro”, ha señalado.

En defensa de la gestión del Gobierno, Sánchez ha insistido en que la alternativa a dejar pasar a los más de 70.000 migrantes que se avalanzaron en la frontera hubiera sido “liarse a tiros”. “¿En qué situación estaríamos hoy si la respuesta no hubiera sido la que se dio?”, se ha preguntado. También ha considerado “normal y cotidiano” que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reuniera con el rey y otros mandos militares para hablar de Ceuta, tal y como desveló el martes la Casa Real.

El “aticazo” de Ayuso

Sánchez, además, ha pedido al líder del PP que exija “responsabilidades” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica compra del ático de Chamberí. “Entiendo que el señor Feijóo tenga dificultades en hacer lo que hizo el señor Casado, porque vio cuál fue la consecuencia. El señor Feijóo tiene que exigirle a la señora Ayuso responsabilidades”, ha dicho. El presidente ha repasado cronológicamente los hechos y ha dicho que, aunque él no es “detective”, los “indicios” apuntan a que el inmueble era para uso personal de Ayuso. Entre ellos, ha mencionado la puesta en venta en Idealista de su vivienda con González Amador, la entrevista en la que Feijóo contó que ya conocía desde hace meses la intención de hacer un traslado a una oficina por las obras en Sol y la visita al ático de la propia Ayuso.

“Yo creo que son demasiadas huellas que claramente nos indican que a la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados. Quería vivir en Chamberí, no en un ático, en un aticazo, porque son 400 metros, porque además otro de los indicios, que yo creo que es una huella bastante incontestable, es el hecho de que esa vivienda no tenía licencia para oficina, sino para un uso residencial”, ha añadido.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto por el que acuerda citar a Begoña Gómez y a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, este martes para la celebración de la última audiencia preliminar antes de llevarlas a juicio ante un jurado popular por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación o apropiación indebida. En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado ordena citar “personalmente” a ambas investigadas a las 18 horas. Gómez ha pedido un aplazamiento de la cita porque su abogado, Jaime Campaner, volará este martes a Barcelona para atender a otro proceso judicial; y Álvarez ha notificado que “se encuentra actualmente de vacaciones fuera de España”.

La resolución se adopta después de que las defensas presentaran sus escritos de conclusiones provisionales y anunciaran que no renuncian a la celebración de esta comparecencia. Se trata de un trámite previsto en la ley que debe celebrarse antes de la apertura del juicio oral.

Por otro lado, Peinado ha negado la petición de la defensa de Begoña Gómez de que se tomara declaración como testigo al profesor José Manuel Ruano, codirector de la cátedra que la mujer del jefe del Ejecutivo colideró en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado argumenta que su comparecencia no es imprescindible para resolver sobre la apertura del juicio oral.

El nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Jaime Campaner, presentó el pasado viernes de nuevo su escrito de conclusiones después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid avalara el grueso de la investigación del juez Peinado. La defensa de la esposa del presidente pidió su absolución con el argumento de que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”.

La defensa de la asistente Cristina Álvarez también solicitó su absolución. Su abogado, José María de Pablo, sostiene en ese escrito que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”.

El Gobierno y comunidades autónomas han aprobado 25 millones de euros para Ceuta por la crisis tras la entrada de miles de personas de Marruecos, que acabó con una tragedia humanitaria y la muerte de más de 140 personas. La ayuda extraordinaria irá para atender a los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma. “Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido para la aprobación”, ha expresado la ministra Sira Rego, que ha reconocido que se deberán mantener más reuniones con las comunidades para aprobar nuevas partidas.

A la Conferencia Sectorial de este jueves no han acudido los representantes de Vox que dirigen las consejerías de infancia en Extremadura, Aragón y Castilla y León, que han rechazado directamente sentarse en la mesa con el Ministerio de Infancia dirigido por Sira Rego. Sobre esta ausencia, Rego ha asegurado que el PP en estas comunidades “han decidido abandonar y castigar a [Juan Jesús] Vivas”, que también es del mismo partido. “Feijóo ha decidido escoger a Vox en lugar de a Ceuta. Es lamentable”, ha añadido.

Los consejeros remitieron una carta a la ministra en la que insistían en que “todos” los menores de edad tenían que ser devueltos “vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción”. Una postura que comparten con las regiones del PP, cuyos representantes sí que han asistido a la reunión. Aunque no se ha incluido formalmente otro punto distinto a debatir, el Ministerio sí que ha comentado otras opciones sobre la posibilidad de trasladar a menores no acompañados. “He querido situar al menos una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país, que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para acoger a niños y niñas”, ha indicado Sira Rego.

La propuesta del Ministerio

El plan de Infancia principal propuesto para Ceuta es que la ciudad autónoma convenie el traslado de 500 niñas —por ser el perfil más vulnerable— a dos entidades de la península. “Lo más urgente es sacar a los niños”, han indicado fuentes del Ministerio, que explican que la tutela de estos menores corresponde a Ceuta. Para este convenio no haría falta el visto bueno de las autonomías, ya que el convenio se firmaría con las propias entidades. Por ahora, Navarra ha sido la única comunidad que abiertamente se ha ofrecido a acoger migrantes de Ceuta, según han expresado tras la propia reunión de este jueves.

Un plan que, según indican desde el Ministerio, ya se podría aprobar: “Corresponde a Ceuta tomar la decisión”, ha indicado la ministra en la rueda de prensa, en la que también ha pedido la solidaridad de otras comunidades autónomas para que lleguen a acuerdos con la ciudad autónoma con el fin de acoger a menores y aliviar la presión. En cuanto a las palabras del presidente autonómico, Juan Vivas, Rego ha asegurado que le trasladó “las diferentes opciones” el día 8 de agosto: “Me sorprende que dijera que no sabía nada”, ha asegurado.

Durante la comisión previa a la reunión de este jueves, las comunidades del PP se negaron a incluir un punto del día en el que se debatiera de la situación de Ceuta. Sin embargo, el Ministerio pretendía igualmente hablar del tema durante la conferencia sectorial, pero para ello necesitaba que todas las comunidades asistieran. Ante la falta de las consejerías de Vox, finalmente no se ha podido debatir. “Me gustaría que hubiera habido más flexibilidad para poder incluir otro punto en el que hubiera podido hablar la ciudad de Ceuta para conocer su situación y sus necesidades”, ha comentado Sira Rego en una rueda de prensa posterior, en la que ha reconocido que “no ha sido posible” incluir este punto por una “cuestión procedimental”.

“No hemos venido a debatir otras cosas”, ha asegurado en declaraciones posteriores a la reunión la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. “Hemos venido aquí a apoyar a Ceuta”.

Comunidades como Madrid ya habían mostrado anteriormente su rechazo a cualquier cosa que no sea devolver a dichos menores a Marruecos. Precisamente este miércoles, la consejería de Familia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había adelantado que iría al encuentro pero que no iban a “asumir la incompetencia del Gobierno”, por lo que exigían a Pedro Sánchez “control y defensa de las fronteras, refuerzo de la Guardia Civil y lucha contra las mafias”, así como la “reagrupación de todos los menores con sus familias” o su “entrega al sistema de protección de menores de Marruecos”.

El traslado de menores

Sira Rego también ha explicado durante la rueda de prensa que el perfil migratorio de estos niños y niñas es complejo y diferente, con lo que la petición de “reunificación familiar” no se podría aplicar a todos los casos. “En la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. Ahí lo que nos toca como sociedad democrática [...] es acoger y cuidar de esos niños”, ha indicado durante la rueda de prensa posterior al encuentro. “Entendemos que la manera de destensionar el territorio es trasladar a los niños a la península”.

El Ministerio ha rechazado de plano una “deportación masiva de niños”, que sería contraria al derecho y al interés superior del menor. E

El Gobierno ha cesado de su cargo a una funcionaria del departamento de Seguridad Nacional tras publicar en la web el pasado viernes la cifra de que unas 49.000 personas que habrían entrado en Ceuta procedentes de Marruecos. Una decisión que se ha adoptado, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo este lunes, por pérdida de confianza en esa persona y que supone su cese en el cargo que tenía hasta ahora, pero no implica la pérdida de su condición de funcionaria.

Tras la llegada de personas desde el país vecino, esta funcionaria, encargada de comunicación en el departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, publicó en la web de este organismo un informe en el que se señalaba que la estimación existente en esos momentos sobre el número de entradas era de 49.000.

Ese informe fue retirado poco después de la web, y fuentes del Gobierno aseguraron que no se trataba de ninguna cifra oficial. El Ministerio del Interior informó ese mismo día con posterioridad de que se calculaba que habían sido unas 50.000 personas las que habrían cruzado la frontera, cifra que se incrementó posteriormente.

La condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa no moverá un ápice el apoyo de los socios que le quedan al Gobierno progresista. Es más, tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha descartado el tráfico de influencias y ha rechazado una pena de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, todos esos aliados salieron a mostrar su perplejidad por una condena que no consideran justificada. Desde el propio Gobierno apostaron por remarcar la “inocencia” del condenado y consideraron que el único objetivo del tribunal es “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

Uno de los dirigentes públicos más contundentes fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En el pasillo del hemiciclo, minutos después de conocerse la sentencia, el dirigente republicano la tildaba como “una sobrada” y afirmaba que Sánchez había sido condenado “por la cara”. “Lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara. Adecentar al poder judicial debería ser prioritario”, apuntaba después el dirigente republicano en la red social X.

“Es un momento en el que cuesta mucho discernir la verdad de la mentira”, había asegurado Rufián antes incluso de conocer el fallo. “Los casos del hermano de Sánchez y de la mujer de Sánchez son de primero de lawfare, pero irán pa'lante, como diría según quién en redes sociales”, agregó.

Desde los Comuns, la diputada Aina Vidal consideraba abiertamente “desproporcionada” la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz. A su juicio, “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto por sentencias como esta”. Se pronunció en la misma línea Alberto Ibáñez, diputado de Compromís. Él también habló de “desproporción” y añadió, dirigiéndose a los jueces: “Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”.

El PNV se limitó a considerar “fuerte” la condena a David Sánchez y no hubo dirigentes de EH Bildu que se pronunciaran al respecto aunque desde las dos formaciones no ven razones para dejar caer al Ejecutivo. La sentencia no traspasa algunas de las líneas rojas impuestas por los socios como condición para retirar su apoyo a Pedro Sánchez. Desde el inicio de la legislatura los socios siempre han considerado que no serían capaz de sostener al Gobierno en el caso de que se probara una financiación ilegal del PSOE o de que hubiese una imputación dentro del Consejo de Ministros, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Moncloa cree que “se perseguía un apellido”

Desde la Moncloa la idea también es continuar con la legislatura al considerar que las actuaciones de los tribunales contra Sánchez y sus familiares solo tienen como objetivo hacer descabalgar al Gobierno. Tras conocer la condena al hermano del presidente, fuentes de la Presidencia recalcaron que “la sentencia no es firme” y se recurrirá por parte de la defensa de David Sánchez. Solo unos minutos de que se conociera el fallo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sí quiso mostrar su confianza en “la justicia”, pero también apuntó que cree “que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez”. “Respetamos la sentencia, pero, obviamente, no la compartimos”, añadió, además de insistir en que todo tiene como objetivo “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

“La sentencia no borra la realidad”, insisten desde Moncloa. “Pedro Sánchez no era ni diputado cuando se convocó la plaza y, además, el responsable del proceso de selección, el señor Gallardo [expresidente de la Diputación de Badajoz también condenado por prevaricación] apoyaba a su rival en las primarias del año 2017”. “También es importante recordar el origen de la causa”, añaden fuentes del Gobierno. “Inicialmente, las organizaciones ultraderechistas acusaron al señor Sánchez principalmente de obtener injustificadamente unos millones de euros y de fraude fiscal y todas esas acusaciones fueron cayendo y siendo sustituidas por otras”, señalan.

Para el Gobierno todo ello “puede hacer pensar que no se perseguía el delito, sino que se perseguía una persona y, en concreto, se perseguía un apellido”. “Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante el primer caso donde ha tenido éxito la estrategia de las organizaciones de la derecha y la ultraderecha basada en el acoso judicial a políticos progresistas y sus familiares con fines intimidatorios, porque, efectivamente, estamos ante una causa impulsada en exclusiva por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha”, insisten fuentes de Moncloa.

Otro de los aspectos que destacan en Presidencia es que “la sentencia no tiene efectos prácticos” sobre el hermano de Sánchez porque “él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él”. “Esta dinámica de condena mínima con lógica corporativa recuerda mucho a la condena del antiguo fiscal general del Estado”, añaden, con que se preguntan si “a pesar de la precaución de los jueces para imponer la condena mínima, este tipo de resoluciones pueden erosionar todavía más la confianza de parte de la sociedad en la Justicia y en la imparcialidad de los jueces cuando afrontan causas políticas”.

El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado al juzgado de Juan Carlos Peinado autorización para que pueda viajar al extranjero entre los días 7 y 10 de julio de 2026 y la devolución temporal de su pasaporte para poder realizar ese desplazamiento. Peinado, que la investiga por su actividad profesional en la Universidad Complutense, le retiró el pasaporte el pasado día 20 al considerar que existía riesgo de fuga por la gravedad de los delitos que le atribuye:  tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos

La defensa de la mujer de Sánchez ejercida por el abogado Antonio Camacho explica que “el viaje tiene carácter oficial, ya que acompañará al presidente del Gobierno como parte de la delegación española a la 36.ª Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa del presidente”. “A estos efectos el presente escrito se acompaña de la invitación oficial que ha sido remitida por la Excma. Sra Dª Emine Erdogan, esposa del Presidente de la Republica de Turquía a Dª Begoña Gomez”, apunta el abogado de Gómez en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Gómez no asistió a las dos últimas citas de la OTAN coincidiendo con el periodo en el que lleva imputada.

El regreso desde la ciudad turca se realizará haciendo una parada en Londres para asistir a la graduación de su hija. Asimismo, el abogado argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

En el escrito, la defensa de Gómez señala que “el viaje será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio. Y la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. Realizándose la vuelta en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña”. “En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada”, remarca.

Las decisiones de Peinado

Por último, Camacho solicita “que se comunique debidamente la autorización y que se incluya en el sistema SIRAJ, a los efectos de evitar posibles problemas a la hora de realizar el viaje. Así como que se devuelva el pasaporte a efectos de poder realizar el citado viaje”.

Peinado decidió hace diez días enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia en los juzgados de la Plaza de Castilla.

El magistrado tomó la decisión después de que durante la vista del pasado 15 de junio una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. Peinado también impuso idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La Comunidad de Madrid inició hace unos días los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Jardín Histórico, el Parque del Oeste, un espacio de casi 70 hectáreas en Moncloa-Aravaca que nació a finales del siglo XIX sobre una antigua escombrera y que hoy es uno de los grandes espacios verdes de la capital que cuenta con atractivos como el de La Rosaleda.

Se trata del primer parque público de Madrid concebido como tal desde su creación y diseñado como jardín naturalista, siguiendo las tendencias de la época, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultada por Europa Press.

Su origen está ligado al Ensanche de Madrid. A mediados del siglo XIX, la presión demográfica provocada por la Revolución Industrial obligó a ampliar la ciudad para evitar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida. Isabel II encargó entonces al ingeniero Carlos María de Castro el 'Plan Castro', que preveía nuevos barrios y espacios públicos. En ese escenario comenzó a desarrollarse el barrio de Argüelles, junto a la montaña del Príncipe Pío. La zona tenía un fuerte desnivel hacia la Estación del Norte, inaugurada en 1864. Para corregir esa pendiente, el Ayuntamiento declaró vertedero público la Cuesta de Areneros, donde se comenzó a acumular escombros.

Una vez urbanizado el entorno, esos terrenos debían cubrirse. La respuesta fue la creación de un parque que permitía restaurar una antigua escombrera, ofrecer un espacio de paseo a los nuevos vecinos de Argüelles y completar la cornisa verde del Manzanares.

El Ayuntamiento encargó en 1893 el diseño del parque a Celedonio Rodrigáñez, ingeniero agrónomo y figura clave en la planificación de zonas verdes de Madrid. El proyecto fue aprobado definitivamente en 1898, durante la alcaldía de Manuel Mariátegui, conde de San Bernardo. Rodrigáñez planteó un jardín inspirado en el paisajismo naturalista inglés, adaptado a las necesidades de Madrid. El trazado incorporaba caminos sinuosos, masas de árboles, cursos de agua, puentes, lagos, cascadas, quioscos, construcciones rústicas, estatuas y monumentos. A partir de 1910, Cecilio Rodríguez asumió la ampliación hacia la montaña del Príncipe Pío, con una influencia más francesa, mayor geometría y una disposición más ordenada del arbolado, aunque manteniendo el carácter paisajístico del conjunto.

Años más tarde, el Parque del Oeste se convirtió en uno de los principales escenarios de los combates en Madrid durante la Guerra Civil. De aquel periodo se conservan tres torretas de hormigón fortificadas, situadas entre el Paseo de los Plátanos y la Avenida de Séneca, levantadas a principios de 1939.

Tras la guerra, la restauración se prolongó durante los años cuarenta bajo la dirección de Cecilio Rodríguez. Se renovaron casi por completo las plantaciones, se repusieron los pinares de las zonas altas, se combinaron especies caducifolias y perennes en las zonas bajas y junto al arroyo, se construyeron casetas de guardas y quioscos de bebidas, se creó el Paseo de los Plátanos y se diseñaron nuevas áreas de estancia.

Estanques, fuentes y manantiales en su diseño

El Parque del Oeste se asienta completamente en ladera, desde la Plaza de la Moncloa hasta las inmediaciones del río Manzanares, junto al Puente de los Franceses, con un desnivel de 65 metros. Esa topografía ha condicionado su diseño y es todavía una de sus mayores señas de identidad.

En la zona noroeste destaca la vaguada del antiguo arroyo de San Bernardino de unos 600 metros que discurre entre vegetación de ribera y salva los desniveles mediante pequeños escalones y cascadas. El agua aparece también en el estanque con surtidor, la Fuente de la Salud, el Manantial de la Salud o la Fuente de Juan de Villanueva, elementos que refuerzan el carácter naturalista del parque.

La vegetación es otro de sus grandes valores. El expediente destaca la variedad, número y porte de sus ejemplares, con coníferas y presencia de frondosas que ofrecen paisajes cambiantes durante el año. Entre los árboles más relevantes figura el cedro conocido como 'El Abuelo', catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid.

También destacan ginkgos, magnolios, hayas, glicinias, choperas, pinares de pino piñonero y carrasco, alineaciones de plátanos, grupos de cedros y eucaliptos en la Montaña del Príncipe Pío. En el Paseo de los Plátanos se ubica el Centro de Avifauna, donde pueden observarse especies como el tarro canelo, el herrerillo común, el carbonero común, el gorrión molinero o el mirlo común.

El parque siguió creciendo durante el siglo XX. En 1957 se creó La Rosaleda, diseñada por Ramón Ortiz Ferré y Lucio Oñoro Domínguez. Con 1,8 hectáreas, funciona como jardín dentro del parque y acoge cada año el concurso internacional Rosas Nuevas de la Villa de Madrid.

En 1969 se inauguró el Teleférico de Madrid, que conecta el Parque del Oeste con la Casa de Campo. Entre 1970 y 1972 se incorporó la Montaña del Príncipe Pío, donde se instaló el Templo de Debod, donado por Egipto al pueblo español en reconocimiento a la ayuda prestada en la salvaguarda de los templos de Abu Simbel.

El Parque del Oeste reúne además la Escuela de Cerámica de Francisco y Jacinto Alcántara, La Tinaja y el Pabellón de la Florida, el cementerio de la Florida o del Dos de Mayo, y numerosos monumentos conmemorativos. Entre ellos destacan los dedicados a Federico Rubio y Galí, Concepción Arenal, el general Manuel Cassola, el pintor Rosales o la infanta Isabel de Borbón, “La Chata”.

La vista previa al juicio a Begoña Gómez que se ha celebrado en la tarde de este lunes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dejado la escena de un abogado, el de la mujer del presidente del Gobierno, denunciando la politización del procedimiento judicial y clamando que el único fin de la existencia de esa causa es “erosionar” al Ejecutivo de Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Después de rebatir una por una las acusaciones que intentan sostener los cuatro delitos de los que se acusa a Gómez, el letrado Antonio Camacho ha rematado: “Se está haciendo política, pero se está haciendo política en el sitio equivocado. Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal. Quien quiera hacer política que no utilice la ecuación de un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo. La política no se hace en los juzgados y nadie debería permitir la instrumentalización de un procedimiento penal”.

En esa politización del procedimiento ha abundado Camacho cuando ha advertido de que en su intervención se iba a escuchar mucho el término “presidente del Gobierno” y que iba a ser así porque ha sido el propio Peinado quien viene aludiendo a él reiteradamente en sus escritos, pese a no estar investigado. El abogado ha llegado a calificar de “verdaderamente absurda” la inferencia del juez según la cual, solo por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, cualquier actuación de Begoña Gómez influye “en todo el mundo”.

Tras la intervención de Camacho y el resto de las partes, el juez Peinado debe decidir en los próximos días si impone medidas cautelares a Begoña Gómez y a los otros dos imputados, su asistente Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha visto acceder al juzgado con dificultad, apoyado en un bastón. Para Gómez, las acusaciones populares han solicitado la retirada del pasaporte, comparecencias quincenales en el juzgado y que se le impida hacer uso de la marca Transforma TSC para fines patrimoniales.

Cristina Álvarez se enfrenta a una petición de los ultracatólicos de HazteOir de la retirada del pasaporte y las comparecencias cada quince días mientras que para Barrabés no han solicitado ninguna medida cautelar. La Fiscalía y las defensas se han opuesto a la imposición de cualquier medida. Gómez se enfrenta a una petición de la acusación popular de 24 años de cárcel, 22 en el caso de Cristina Álvarez y seis en el de Barrabés.

El abogado Antonio Camacho ha recuperado esta tarde las figuras de otros asistentes de mujeres de presidentes del Gobierno que no motivaron una investigación judicial, pese a las evidencias de que organizaron la boda de la hija de Aznar o aparecieron retratados llevando las bolsas de la compra de la esposa de Rajoy.

En este punto, Camacho se ha dirigido a HazteOir y el resto de acusaciones de extrema derecha que integran la acusación popular: “Instaría a las acusaciones a que ese ardor guerrero que han demostrado personándose en esta causa, supongo que por el buen hacer de la administración de Justicia, lo llevaran a todos estos supuestos [en alusión a los asistentes de otras mujeres de presidentes]”.

Enfrentamiento de Camacho con Peinado

Camacho ha protagonizado un enfrentamiento con Peinado, provocado por las excentricidades que el juez ha mostrado ya en declaraciones anteriores, como cuando pidió que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Este lunes, el magistrado ha interrumpido la intervención del letrado para exigirle que le mirara al hablar. Camacho, que ha intentado hasta ahora evitar el enfrentamiento directo con el juez, ha replicado: “No hay ninguna norma procesal que diga hacia dónde tengo que dirigir mi vista mientras estoy interviniendo. Por lo tanto, le pido que si no hay norma procesal, me dirijo a las acusaciones, señoría. Y no existe ninguna norma procesal que me imponga a dirigirme a usted visualmente. No existe. Le rogaría que deje de interrumpirme”.

A Peinado se ha dirigido el letrado también para concluir: “Es difícil que alguien pueda sostener que es procedente la apertura del acto de juicio oral cuando no hay ni un solo indicio de ninguno de los delitos, por los cuales la acusación formula tal acusación”.

Pero si la Audiencia Provincial no lo impide y el procedimiento sigue adelante, el letrado se ha preguntado por el juicio que espera a su clienta ante tribunal del jurado y si esto “no viola el derecho al juez imparcial”. Se refería Camacho a que las informaciones sobre el caso de Begoña Gómez han multiplicado por cuatro las que se ofrecieron sobre la muerte del Papa Francisco y que eso, irremediablemente, ha condicionado la opinión que puedan tener los miembros de ese eventual tribunal.

Quinta comparecencia ante Peinado

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. 

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. Ha sido la quinta comparecencia de la mujer del presidente ante el juez.

En la vista preliminar, las defensas aspiraban a poder contar con testimonios que avalaran sus tesis. Peinado se negó. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Durante la vista, el abogado de Begoña Gómez ha calificado de “esencial” el testimonio del codirector de la cátedra, José Miguel Ruano, cuya comparecencia fue denegada por el juez. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que ha lamentado que se le haya privado de un testimonio esencial para su estrategia de defensa, viene defendiendo que es la única persona, junto a su clienta, que dirigía la Cátedra y, por tanto, podía explicar el funcionamiento real del software y desmontar las acusaciones de apropiación indebida.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez tendrá que determinar en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés, así como si les impone alguna medida cautelar. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

Fue la palabra de moda en Internet durante unas semanas, quizá un mes, y luego la New York Magazine le dedicó su portada: «tiene los ojos de su madre… ¡y su agente!». Como explicaba el reportaje, durante unas semanas, parecía que todo el mundo era el hijo de alguien: artistas indies de Brooklyn cuyos padres tienen un artículo dedicado a ellos en Wikipedia, cantantes que son hijos de directores de cine, artistas que son hijos de cantantes, cantantes que son hijos de cantantes. «Un bebé es un montón de alegría; un nepobaby es la prueba física de que la meritocracia es mentira». Todo el mundo es hijo de alguien, pero no de alguien; ser hijo de famoso ayuda mucho, desde luego, a la hora de convertirse en famoso, tener acceso a contactos, una agenda, capacidad de influencia. Donde más se ha visto es en el mundo de las artes, el entretenimiento, el espectáculo. Pero no solo.

Los hijos de Aznar y Ana Botella no serán exactamente nepobebés, ¿pero quién va a negar que les habría sido mucho más difícil montar sus negocios, sus empresas de restauración, navegar entre la jet set madrileña, poder acceder a la gente adecuada, si no fueran precisamente los hijos de sus padres? Hunter Biden, hijo de Joe Biden, llegó a los 25 años a un alto puesto ejecutivo en un banco de Delaware… que financiaba parte de las campañas electorales de su padre. El yerno de Trump, Jared Kushner, aparte de ser hijo de un multimillonario, es directamente “enviado especial para la paz” en el Gobierno de su suegro. Como ha contado este mismo periódico, Felipe González fue socio de Oyauri Investment con su propio hijo, empresa posteriormente adquirida por Indra cuando Indra era presidida por un hombre… nombrado por el propio Gobierno de Felipe González en 1993.

Imagino que, para unos padres, desear el mejor futuro posible para sus hijos es un sentimiento casi universal. Ante la adversidad se está, pues, dispuesto a ayudar, disponer, allanar el camino, recoger y apoyar cuando los niños tropiezan y se caen. Sería difícil obviar que la cultura española, empresarial y, básicamente, la cultura en general, se rige por contactos: quién conoce a quién, y de qué, y a qué colegios iba, y dónde estudió y qué amigos hizo. Nadie se habría escandalizado si la ayuda de Zapatero a sus hijas hubiese consistido simplemente en hacer algunas llamadas y tirar de un par de contactos para asegurarles las mejores prácticas o un pequeño puesto trampolín desde el que comenzar sus carreras. Hay ciertas dosis de nepotismo que no escandalizan, aunque sean igual de sintomáticas de la desigualdad que todas las demás. Hay nepotismos que toleramos, porque culturalmente nos parecen nuestros, casi sanos, no tachables; hay otros, claro, que no.

Será la justicia la que aclare la realidad de la imputación de Zapatero y todo aquello de lo que se le acusa. Entiendo perfectamente el ánimo de consternación e incredulidad que ha reinado esta pasada semana. De lo más extraño me han parecido, de todas las informaciones, las que trataban específicamente la facturación de Whathefav, acusada de ser canalizadora financiera, de mover más de un millón de euros recibidos de empresas como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva sin que ese millón hallara justificación laboral alguna más allá de “la maquetación de un informe”. Por bien que se maquete, me cuesta creer que alguien pague 40.000 euros al año por abrir el InDesign o, en el peor de los casos, el Canva; me cuesta menos creer que alguien pague 40.000 euros al año a la empresa de las hijas del expresidente por ser ellas las hijas del expresidente, pero me perturban las conclusiones a las que eso lleva, los deslices éticos, la torpeza que trasluce.

No deja de tener su parte injusta el foco sobre él de estos días y la permisividad con los otros. Hasta que se demuestre lo contrario, no creo necesariamente que Zapatero haya hecho cosas peores que otros expresidentes; el problema está en que no creo que las acciones de los demás estén tampoco justificadas, ni que podamos zanjar este tema con un “¡es lo que los expresidentes hacen!”. Resulta enormemente incómodo para cualquier persona de izquierdas tener una sombra de duda sobre la presencia de nepobebés en La Moncloa. Resulta un agravio inmenso a cualquier aspiración de justicia social que, mientras la juventud vive sin perspectivas de futuro, sin trabajo decente y sin casa, las hijas de Zapatero, que ya contaban con un negocio aparentemente viable antes de facturar a las empresas relacionadas con su padre, “embolsen” gracias a su padre ese millón adicional. Y, sobre todo, abre la pregunta, la que más desánimo y consternación generará, si lo que escuchamos —y a lo que ya dan credibilidad medios de todo signo, no sólo “la derecha”— acaba revelándose como cierto, en mayor o menor porcentaje: ¿qué necesidad había de todo esto?

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha reclamado hoy a Ferraz y a Moncloa “empatía” con los territorios tras el revés electoral en Andalucía y lo vincula al desgaste provocado por los acuerdos del Gobierno de España con el independentismo catalán.

El barón castellanomanchego reclama a la dirección federal del PSOE mayor sensibilidad con alcaldes y dirigentes territoriales que en 2027 tendrán que enfrentarse a elecciones autonómicas y municipales, tras el varapalo socialista de ayer. Ha dicho estar “preocupado” por la factura que, en su opinión, se está pasando a los socialistas en sucesivos comicios electorales.

“Creo que hay que estar con la cantidad de compañeros y compañeras que además tienen elecciones dentro de un año, si es que terminan queriendo ser candidatos y no quieren ser nuevos emisarios de un mensaje que no va dirigido para ellos”, comentaba durante un acto en Letur (Albacete) y se ha preguntado si en Ferraz o en Moncloa hay preocupación por lo que pueda pasar el año que viene.

García-Page lleva reclamando un adelanto electoral a Pedro Sánchez desde hace meses y hoy ha vuelto a deslizarlo, cuestionando que desde Madrid se esté asumiendo la gravedad de los resultados en Andalucía.

También rechaza cualquier lectura conformista de los comicios y advierte de que confiar en una futura recuperación gracias a la fragmentación de la derecha o a nuevos acuerdos parlamentarios sería “mirar para otro lado en espera de que vuelva a sonar la flauta”.

“Estoy preocupado y mucho por el país y también por las ideas que represento desde el pacto con el independentismo”, ha insistido.

Advierte del peligro de “no querer entender o mirar para otro lado”

En su opinión, “los ciudadanos están hablando elección tras elección y mandando un mensaje muy claro” y advierte a Pedro Sánchez, sin citarle: “Cuando el destinatario no quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez”.

Page defendió que el principio de igualdad entre españoles constituye “el auténtico muro de sustentación de la izquierda” y aseguró que una parte del electorado progresista se está alejando del PSOE por considerar que se han asumido “beneficios y privilegios fiscales” para Catalunya incompatibles con ese modelo.

Cree que España no tiene por qué perder la esperanza en un espacio socialdemócrata ni de izquierdas pero incide en que se está creciendo electoralmente hablando, “a la izquierda y por supuesto mucho más a la derecha del PSOE”, con un determinado planteamiento “pegado al terreno” y que “ataca de raíz el pacto con la extrema derecha independentista catalana, defiende la igualdad, está en contra por supuesto no sólo de la independencia sino de los beneficios y privilegios fiscales”.

Pese al resultado andaluz, el dirigente socialista quiso enviar un mensaje de respaldo a la federación andaluza del partido y reivindicó su peso histórico dentro del socialismo español. “Andalucía y el partido de Andalucía es nuestra principal seña de identidad como socialistas en España y lo volverá a ser”, señaló.

La utilización por parte de las distintas esposas de los presidentes del Gobierno de la democracia de asistentes y personal a su servicio a cargo de la Moncloa es una “práctica habitual” y una “costumbre” con base legal. Son dos de las conclusiones que recoge un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Víctor González García, por encargo de los abogados de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y remitido al juzgado de Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada por corrupción en los negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias y malversación, por entre otras razones haber recibido los servicios de una trabajadora del Palacio de la Moncloa.

El informe, que recoge numerosos ejemplos de los usos de asesores y ayudantes por parte de las mujeres de los siete presidentes del Gobierno desde el final de la dictadura de Franco, señala que “la práctica reiterada ha permitido configurar unos rasgos comunes en el régimen de este personal”. Siempre se ha tratado de “personal eventual” cuya “vinculación con la cónyuge del presidente del Gobierno acostumbra a ser previa (con rasgos de amistad en algunos casos)”. Y además, añade, “cumple una función general de apoyo en todas las actividades que han sido tradicionalmente realizadas por la cónyuge del presidente del Gobierno, tanto de carácter institucional, como de naturaleza privada o profesional en los términos que se ha visto con anterioridad a lo largo de este dictamen”.

Uno de los casos mencionados es el de Ana Botella, que dejó de trabajar en el puesto que venía ocupando como funcionaria del Estado tras el nombramiento como presidente de su marido. No está claro cuál fue el número de asesoras que tuvo, pero fueron al menos dos, como explicaba la propia Ana Botella en su libro Mis 8 años en la Moncloa: Cristina Alonso y María Ángeles Manzano. En ese libro decía que participaron incluso en los preparativos de la boda de su hija y “hasta la ayudaron a arreglarse el día que se casó”.

Según recoge este informe de parte con pasajes de esa biografía, las asistentes de Ana Botella también estuvieron presentes en un desfile de moda al que le había invitado un diseñador y la acompañaban siempre en sus viajes.

La esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa, también contó con dos trabajadoras como personal de apoyo, María Emma Celia Muñoz y Ana María Pérez Santamaría. “Y, al igual que con Ana Botella, consta también la presencia de su equipo personal de asistentes cuando realizaba esta actividad profesional privada”.

El informe menciona —citando a los medios de comunicación— que Elvira Fernández, mujer de Mariano Rajoy, contó con tres asistentes: Valle Ordóñez Carvajal, Jaime de los Santos y Mara García Castro. Y recuerda como característica específica de este mandato el nombramiento de dos asistentes, tal y como contó elDiario.es, para el cuidado personal del padre del presidente Rajoy. “El apoyo y la asistencia completa a los miembros de la familia del presidente del Gobierno, incluyendo sus actividades privadas, ha sido una constante”, insiste.

De la documentación analizada, así como de la jurisprudencia y doctrina considerada para realizar el dictamen el catedrático encargado del informe asegura que “no hay duda de que en el marco de las actividades de la cónyuge del presidente del Gobierno se cumplen todos los requisitos que validan la costumbre como fuente de Derecho en el sentido del Artículo 1.1 del Código Civil”.

Así, concluye que “la cónyuge del presidente del Gobierno realiza ciertas actividades que requieren de apoyo”, un hecho que “se ha ido repitiendo desde hace más de 50 años”. El informe también apunta que “resulta necesario para el cónyuge del presidente del Gobierno contar con el apoyo de asistentes de extrema confianza en el marco de las actividades que realiza de apoyo al presidente” y que “los asistentes de las cónyuges de los presidentes del Gobierno, con base en esa relación de confianza, que responde incluso a una relación de amistad, pueden realizar ciertas actividades necesarias, que no siempre se entienden como 'trabajo' o un 'deber de cumplimiento de las funciones que se les asignan', sino como pequeños favores entre amigos, como los tendría cualquiera con sus amistades”.

“Piénsese que en una posición como la de las cónyuges de los presidentes del Gobierno, lo público y lo privado conviven sin una frontera nítida que permita diferenciarse. Actividades que conviven, ya sea por su repercusión, ya sea por meros motivos de horarios y calendario. Por lo anterior, las características que reúne el personal de apoyo a la pareja del presidente del Gobierno de continuidad en el tiempo, aceptación de su existencia, vinculación con los usos y costumbres internacionales y la necesidad de cubrir un vacío legal determinan que se pueda afirmar que estamos ante una costumbre en el sentido del artículo 1.1 y 1.3 del Código civil”, zanja.

Además, el informe señala que “los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional” recogidos la ley de régimen jurídico del sector público “permiten afirmar que una práctica continuada, como la que se ha seguido desde el año 1977, se ha de mantener hasta ahora, salvo que se regulara en sentido diferente por un acto del poder público”.

Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha de nuevo la maquinaria disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado tras recibir otra queja por su actuación al frente del juzgado. En este caso, el Promotor de la Autoridad Disciplinaria ha abierto diligencias informativas tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue desde hace casi dos años contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes del órgano. 

Hace varios meses, la autoridad disciplinaria abrió otras diligencias contra Peinado por su polémico interrogatorio al ministro Félix Bolaños en esa misma causa y por dictar con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción.

Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas en la causa contra Begoña Gómez. Se trata de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente. Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

OkDiario publicó a las 05:46 de la madrugada del martes 13 de enero de 2026 una información titulada “Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía”. El texto apuntaba textualmente que la decisión de pedir auxilio a la Policía se había tomado en una “providencia dictada este lunes 12 de enero”, según los pantallazos aportados. 

Sin embargo, el juzgado no envió la providencia que recogía esa información a través del sistema LexNet hasta las 20:02 de la tarde de ese mismo día 13 de enero, 15 horas después de la noticia de OkDiario. En un escrito que consta en el sumario, el abogado afirma que considera “metafísicamente imposible que la filtración al medio OkDiario del dictado y contenido de la Providencia haya sido cometida por alguien ajeno al Juzgado”.  

Entre tanto, a las 13:15 horas del 13 de enero, el digital había editado la noticia y cambiado el tiempo verbal. En la nueva versión, la frase en pasado “el Juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita” se cambió por la construcción en futuro “el Juez Juan Carlos Peinado pedirá a la Unidad Adscrita”. También se borró la mención a la providencia, algo que, según el abogado, se hizo para “ocultar la autoría de la filtración”. Sin embargo, en el medio olvidaron modificar el titular, que alude claramente al contenido de la providencia —“el juez pide ayuda a la Policía”—, que es lo que acuerda esa resolución.  

El artículo 417.12 de la ley del Poder Judicial considera una falta muy grave “la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Las faltas muy graves se sancionan con suspensiones de empleo y sueldo, traslados forzosos o separación del servicio. 

Un primer paso

Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias se produce cada vez que se recibe una queja, que son más de medio millar al año. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Después, el promotor tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En los asuntos de interés mediático o de especial relevancia lo “primero” que se hace es contactar con el propio juez o magistrado y se le adelanta por email o por el medio más efectivo que se encuentre el contenido del acuerdo por el que se le abren las diligencias.

En 2024, el último año del que hay datos, se abrieron 617 diligencias informativas, según recoge la memoria de la unidad de actuaciones disciplinarias. Además, se iniciaron 24 expedientes disciplinarios, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa, desde la apertura hasta que se propone la apertura del expediente o el archivo, fue de 97 días. Además, en caso de apertura de expediente, su ejecución se prolonga durante meses. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de apertura de expediente, pueda llegar a concluirse.

Escrito en el juzgado

En todo caso, la apertura de las diligencias obligará al CGPJ a analizar si el magistrado se apartó de los límites que marca la regulación disciplinaria en este caso concreto. Según la documentación que obra en el sumario, el abogado de la asesora reclamó también que se abriera una pieza separada para investigar la autoría de la filtración, aunque el magistrado lo ha rechazado, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

En concreto, reclamó que el letrado de la Administración de Justicia —antiguo secretario judicial— certificara la fecha de la firma electrónica de la providencia y que se identificara a las personas que, dentro del juzgado, conocían que Peinado iba a dictar esa resolución antes de la publicación de OkDiario. Después, solicitaba que esa información fuera derivada a un juzgado distinto para ser analizada. 

En ese escrito, el letrado afirma que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados “con indicios muy similares sobre la procedencia de la filtración” a los denunciados en este caso.